+ Congreso adecuará legislación educativa aunque no haya castigo

Es inminente el vencimiento del plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Oaxaca para la armonización de las normas locales en materia educativa. A estas alturas, aún no hay certeza de que eso vaya a ocurrir. Por eso, al margen de cualquier vaivén local, lo que debería ocurrir es una intervención federal más decidida para dar contenido a las lagunas que existen por la ausencia de una ley estatal de educación acorde con la nueva legislación federal.

En efecto, en septiembre del año pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso del Estado de Oaxaca y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, contaban con un plazo perentorio de seis meses para armonizar la Constitución local y sus leyes secundarias con lo que establece la reforma educativa en materia de evaluación docente. En aquel momento, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca han sido omisos en cambiar sus leyes locales por un año y medio.

Asimismo, el Pleno de la Corte explicó que aun cuando el Gobernador de Oaxaca intentó deslindarse de la omisión legislativa en la que incurría el Estado de Oaxaca, argumentando que él entregó una iniciativa de reforma en la materia, su responsabilidad en el proceso concluye hasta que la nueva ley se promulgue, lo que no ha sucedido en el caso de la reforma educativa. Por lo anterior, los ministros concluyeron que la omisión es responsabilidad del Congreso de Oaxaca y del Poder Ejecutivo local, por lo que ordenaron a ambos poderes que en el próximo periodo ordinario de sesiones aprueben, publiquen y promulguen nuevas leyes estatales en materia de educación.

Si tomamos en cuenta que dicha resolución fue dictada por el pleno de la Corte el 29 de septiembre del año pasado, y que en él se estableció un periodo de seis meses para dicha armonización, entonces dicho plazo vencería la semana próxima, el 29 de marzo. Incluso, si se toma en cuenta una interpretación extensiva del plazo otorgado por el Alto Tribunal al Congreso y el Ejecutivo del Estado, entonces éste vencería el 15 de abril, junto con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de la LXII Legislatura local.

Frente a esto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo ayer que la Ley Estatal de Educación que se apruebe en el Congreso del Estado para cumplir con el mandato de la Corte, tendrá que ser armonizada con la Reforma Educativa, toda vez que no pueden ir en contra de la Constitución. Aseguró que desde un inicio dejó en claro a las y los maestros de los Sección 22 del SNTE que no se puede aprobar una ley anticonstitucional. De hacerlo, manifestó, los legisladores locales serían sujetos a juicio político para desaforarlos e incluso podrían ir a la cárcel, “eso ya lo saben y están conscientes (…) “Yo siempre fui claro con ellos (S-22), les dimos todas las facilidades del ejercicio democrático para una iniciativa de ley, yo fui claro de que se tenía que cuidar que no fuera inconstitucional porque la Suprema Corte podría señalar vicios”.

Y aunque de hecho parece que ahora sí hay conciencia tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la urgencia de emitir la legislación faltante, ello no significa ni que se vaya a aprobar una ley educativa en el plazo establecido por la Corte (es decir, antes de que finalice el actual periodo legislativo, que ha tenido más interrupciones que verdaderos momentos de trabajo), ni que su contenido vaya a ser ad hoc a las normas federales correlativas ya vigentes.

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

La posibilidad de una segunda controversia siempre estuvo vigente. Pues, de hecho, el Congreso local puede cumplir con el mandato de la Corte emitiendo una ley educativa, la que sea, independientemente de su contenido. La sentencia emitida en septiembre pasado lo que manda es a que se emita la norma. Por eso, una vez aprobada y publicada, el gobierno federal podría presentar una segunda controversia, ya no por la omisión legislativa —como en este caso— sino ahora sí en contra del contenido de la norma.

Esto plantea una posibilidad real a la que el Congreso local podría acudir para cumplir con la emisión de la ley pero sin romper su ominoso esquema de lealtad y sometimiento al magisterio oaxaqueño, ya que independientemente de lo que la Corte diga en sus sentencias, es imposible que lograra obligar al Congreso a emitir una legislación de contenidos específicos.

Ahora bien, el señalado anteriormente, es el camino lógico que seguiría una disputa abierta entre la Corte y los poderes locales, a los que técnicamente no podrá obligar a legislar, ya que el acto legislativo es, por naturaleza, colegiado y libre. ¿Qué podría hacer la Corte frente a ese límite de su actividad jurisdiccional, en lo que toca a los deberes de los estados de la república frente al federalismo constitucional? Podría optar por la vía, aceptada en otros sistemas jurídicos, de erigirse en una especie de “legislador sustituto”.

¿A qué nos referimos? A que el hecho de hacer una declaratoria de “omisión legislativa absoluta”, no sirve de nada. No arregla el problema existente ni es suficiente para obligar a dos poderes locales a hacer algo que no quieren o no han tenido condiciones para realizar. Entonces lo que quedaría es que, en virtud de las amplias facultades que le otorga a la Corte tanto el artículo 105 constitucional, como la ley reglamentaria de dicho numeral, para proveer lo que sea necesario para que se cumpla con lo que dispone la Constitución, podría emitir reglas provisionales y extraordinarias —dada la naturaleza del caso— en materia educativa estatal, para aplicarse en tanto el Congreso emite la norma y así evitar que el vacío legal siga generando consecuencias negativas para los dos órdenes de gobierno, y para los mismos trabajadores de la educación que en diversas situaciones deben estar en el limbo jurídico.

INTERVENCIÓN DE LA CORTE, ¿ANTIFEDERAL PERO NECESARIA?

Si la Corte y los poderes federales quieren de verdad contribuir a que haya un marco jurídico funcional para Oaxaca y la federación, entonces deben tomar medidas para subsanar, provisional o definitivamente, la omisión legislativa. Si lo que quieren es seguir utilizando a Oaxaca como piñata política, entonces optará por declarar la “omisión legislativa absoluta” y fijar plazos que de todos modos no tienen manera de hacer cumplir coercitivamente.

+ Combate a la corrupción debe partir de los municipios, no de la federación

Estamos a pocas semanas de que arranquen de nuevo las campañas para elegir autoridades municipales en Oaxaca, y es preocupante que no exista prácticamente ningún avance en la implementación del sistema anticorrupción. Preocupa no sólo por la parálisis del Congreso del Estado para hacer su trabajo, sino sobre todo porque mantener la legislación estatal tal y como se encuentra ahora, significa mantener una enorme puerta abierta a la corrupción y la discrecionalidad entre las autoridades municipales que no siempre están comprometidas con la honestidad y el trabajo a favor de sus comunidades.

En efecto, en Oaxaca parece que vivimos en un círculo vicioso, en el que no puede haber un mayor ejercicio de transparencia y fiscalización de los recursos que reciben las autoridades municipales, porque la gran mayoría de éstas sigue sin respetar las disposiciones relacionadas con la entrega de cuentas a la instancia fiscalizadora del Congreso del Estado. Como ello no ocurre, entonces la Auditoría Superior del Estado se ve en gran medida imposibilitada de hacer una revisión integral de las cuentas públicas municipales. Y ello genera un primer vacío de corrupción que, lamentablemente, tampoco se llena con el trabajo de rectificación legislativa que debieran estar haciendo los propios diputados locales.

En ese sentido, resulta que la Cuenta Pública es un documento fundamental para la rendición de cuentas, porque es nada menos que el informe que los Poderes, Municipios y Entidades Públicas Estatales y Municipales, presentan sobre su gestión financiera ante este Congreso, con el objetivo de verificar los resultados obtenidos en los programas aprobados para cada ejercicio fiscal, así como para comprobar la recaudación, administración, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos durante un ejercicio fiscal comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año.

Por eso, si la Cuenta Pública es un documento esencial para corroborar cómo se ejercieron los recursos públicos durante un ejercicio anual, la falta de cumplimiento de este deber genera un verdadero estado de indefensión tanto para las autoridades fiscalizadoras, como para la ciudadanía, porque entonces no es posible saber con exactitud qué se hizo con los recursos asignados.

Así, la única certeza que existe, en ese escenario, es que dichos recursos sí fueron gastados. Y lo más preocupante es que esas mismas lagunas han permitido que esa falta de cumplimiento en las obligaciones de las autoridades municipales, no pueda ser objeto de sanciones directas, en los ámbitos administrativos o penales.

¿Por qué prevalece la impunidad? Porque los señores diputados no han mostrado ningún interés en arreglar las deficiencias que presentan las normas estatales vigentes en la actualidad, y que son conocidos y plenamente identificados prácticamente desde el momento en que se emitió la Ley Orgánica Municipal, hace ya varios años. Lejos de tratar de enmendar las normas, para evitar que estas lagunas legales continúen generando “fugas” que son directamente traducibles en corrupción, se han dedicado a mantener y acrecentar la connivencia con las autoridades municipales corruptas.

Sólo así puede entenderse que, lejos de tratar de reforzar a los órganos de fiscalización de la entidad, hayan venido demostrando una voluntad sostenida por debilitarlos y un desinterés hasta sospechoso por no hacer las modificaciones que requiere la ley para cerrar la puerta a la corrupción galopante y la impunidad que priva en esas cuestiones. Son contadas las autoridades municipales que han pisado la prisión por actos de corrupción directamente imputables a su gestión como concejales. Y en la mayoría de los casos la autoridad fiscalizadora ha dado esos golpes más con una intención mediática que con la certeza de que de verdad podrá procesarlos. Esa es una tragedia.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN “MOCHO”

A nivel federal, todavía no existe una legislación secundaria que haga operativo el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que resultó de una reforma a la Constitución federal realizada hace casi un año. Como el SNA no tiene aún forma legal, sólo existen los elementos constitucionales que, por el mismo mandato de la reforma, debieron ser reflejados en las constituciones locales.

En el caso de Oaxaca ya se creó un sistema anticorrupción pero no con los alcances que el mismo Ejecutivo proponía para hacer más ágil y posible la presentación ante la justicia de las autoridades municipales y estatales corruptas. De hecho, tal pareciera que en el fondo se sigue procurando la debilidad estructural de la Auditoría Superior del Estado, a la que no se le han brindado las atribuciones necesarias para ser ésta misma quien tenga la posibilidad de iniciar acciones penales —una cuestión que claramente debe ser discutida, por los alcances que representa y el doble filo que en un momento pudiera constituir como una herramienta de amedrentamiento político— en contra de las autoridades sobre las que tenga información sobre actos indebidos, y tampoco se ha hecho una adecuación correcta de los principios que establece el SNA a nivel nacional.

En ese sentido, la eliminación de los principios de anualidad y posterioridad en el ejercicio de la fiscalización son fundamentales para un mejor trabajo de cualquier auditoría del país, que ahora ya no debe esperar a la fiscalización de ejercicios concluidos, y tener sólo un año de plazo para revisar las cuentas municipales…

Pero todo se queda en un problema casi tan grave como la antigua existencia de esas limitantes, como lo es el hecho mismo de que cada año la ASE en Oaxaca tiene menos recursos para realizar auditorías. Ese es un problema material de gran calado, que ni el gobierno ni el Poder Legislativo han querido enfrentar, porque pareciera que es una forma de mantener de fondo la debilidad del órgano fiscalizador.

ASE, DÉBIL

La Auditoría Superior sólo puede revisar anualmente a unos 100 municipios, de los 570 que existen. Es así porque ni poniendo a todos sus empleados, a todos, a hacer una auditoría por municipio, por empleado, le alcanzarían para cubrir el universo de entes auditables que tiene ante sí. Todo eso parece que nadie lo ve. Pero es una cuestión que mientras no se resuelva, seguirá generando una puerta abierta a la corrupción, que cada año deja enojados —e indefensos, para variar— a miles de oaxaqueños frente a sus autoridades municipales.