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URO: un audio le mina su proyecto para regresar a Oaxaca

Ulises Ruiz Ortiz (grabación[)

+ Audio deja abiertos varios frentes de batalla rumbo al 2016


Al margen de la intención específicamente electoral que tiene la grabación, que la noche del lunes fue difundida en la red de Youtube de una conversación entre el ex gobernador Ulises Ruiz y el consultor Hugo Scherer Castillo, es indispensable entender los múltiples frentes de guerra que esta conversación traerá. Sin dejar de señalar la ilegalidad de este tipo de intervenciones telefónicas, es necesario revisar y enumerar los efectos políticos traerá la revelación de este audio.

En efecto, la primera intención, evidentemente, es la electoral. No sorprende que Ulises Ruiz hable de sus adversarios políticos; tampoco sorprende que siga hablando del proyecto sucesorio del senador Eviel Pérez Magaña como si fuera el propio, y que desde esa lógica se refiera a las personas con las que habla y planea el futuro político de quien fuera su Candidato a Gobernador en 2010.

¿Qué sí sorprende? Que en las primeras declaraciones que el senador Pérez ofreció a medios locales luego de la difusión del audio, abiertamente se desmarcó del ex Gobernador argumentando que todo esto constituye una forma poco seria de concebir su proyecto político rumbo a 2016. El problema —que implícitamente sí reconoce el senador Pérez— es que este audio provoca un efecto contrario a la percepción que en todos estos él ha tratado de generar, de que él es un político que tiene una ruta propia más allá del ex gobernador Ruiz. Por eso su lógica de renegar de su mentor político.

El segundo efecto que tendrá este audio al interior del ulisismo, es el posible distanciamiento con el director de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. ¿De qué hablamos? De que antes y durante el tiempo que ha sido funcionario federal, Ramírez Puga ha sido un fiel integrante del grupo del ex gobernador Ruiz, a quien siguió considerando y ponderando aún cuando éste terminó siendo un apestado de la política nacional.

Al final, sus nexos, y el padrinazgo de Ruiz hacia Ramírez, terminaron siendo superiores al costo político que éste pagaba por mantenerlo cerca. La lógica de Héctor Pablo era la de ser él el abanderado de ese grupo político rumbo a la sucesión oaxaqueña de 2016. Pero éste audio revela que Ramírez no es, y nunca fue, el proyecto de Ruiz para buscar la gubernatura. En ese sentido, dicho audio tendrá sus propios efectos al interior del grupo compacto ulisista que irremediablemente se verá mermado, y que cambiará algunas variables rumbo a la elección de Gobernador.

El tercer efecto, es respecto al grupo gobernante actual. La grabación deja clarísima la relación que existe entre el golpeteo de diarios de la capital del país como Reforma, y la estrategia política de Ulises Ruiz para reposicionar a su candidato. A la par de celebrar los “reformazos”, Ruiz y su interlocutor —hijo del insigne fundador de la revista Proceso, Julio Scherer García— anuncian la campaña “de obras inconclusas” que está por comenzar, y que no tiene otro destinatario que la administración saliente del gobernador Gabino Cué Monteagudo.

En esta vertiente, el efecto puede ser multimodal. Ulises Ruiz parece haber olvidado que varios de sus funcionarios aún tienen cuentas administrativas y penales pendientes, y que esto no hará sino reavivar esa batalla judicial y política que ha durado los cinco últimos años. La revelación también cancela de hecho la campaña que se supone que ya habían preparado sobre las “obras inconclusas” y generará una intención de cobrar el golpeteo generado en los últimos meses.

Todo esto, sin contar con la pésima situación en que quedan el diario Reforma, y los herederos de la revista Proceso, que a pesar de haber tratado de construir una imagen de críticos al sistema, se revelan como cómplices de uno de los personajes con peores antecedentes en el ámbito político nacional actual.

GUERRA CON LA OPOSICIÓN

Por si todo esto no fuera suficiente, el audio de Ulises Ruiz pone en entredicho el proceso interno del PRD para elegir su candidato a Gobernador. Ruiz ve con mucha simpatía tanto la posibilidad de que José Antonio Estefan Garfias sea el abanderado perredista a la gubernatura, como el hecho de que el senador Benjamín Robles Montoya “no tenga espacio” en el perredismo y pretenda migrar a otras fuerzas políticas.

Si la intención de Ruiz que esa ruta siguiera su curso, necesariamente la revelación del audio tendrá que mover las variables al interior de esa y las demás fuerzas políticas de izquierda en el país. ¿Por qué? Porque pareciera, según lo revelado, que Ruiz tuviera aún mano en el PRD, en Morena y en MC. Como esto no es así, entonces lo que ocasionará es que las dirigencias y consejos nacionales de cada una de estas fuerzas políticas replantee sus estrategias actuales para no quedar como las tontas útiles de un político que está intentando aprovecharse de las circunstancias internas de cada una de las fuerzas políticas contrarias al PRI.

Asimismo, abre un frente claro con el senador Robles, a quien intentó presentar como un personaje manejable. Quién sabe cuál sea la intención de Ruiz, pero es evidente que minimiza el hecho de que Robles sea el único competidor claro de su delfín a la gubernatura. Reiteradamente, las encuestas de todos los partidos han revelado la cercanía numérica de Robles y Pérez, y esto también romperá cualquier posibilidad de que éstos pudieran trabar una alianza, si ese fuera el caso. En la circunstancia actual ya no habría forma de que hubiera una “división del voto” en los comicios, como socarronamente lo celebraban Ulises Ruiz y Hugo Scherer Castillo.

Finalmente, en este país donde la ley es de papel y las grabaciones obtenidas ilegalmente son el pan de cada día, la difusión de esta grabación generará un efecto de largo plazo en todas las fuerzas políticas, que harán todo por escabullirse de que los relacionen con un apestado de la política nacional como lo es el ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz.

REPROBADOS

En el manejo de crisis hay algunas estrategias simples, que a veces sirven, como la de quedarse callado hasta que la tormenta pase. Pareciera que eso fue lo que hizo el senador Benjamín Robles, aunque la reacción de sus asesores de comunicación demostró que en realidad las revelaciones los dejaron pasmados. El primero guardó silencio. Pero su vocero desató una imprudente —y contraproducente— guerra de ataques en Twitter en contra de ciudadanos, periodistas y hasta trolles.

Seis años después, en Oaxaca PRD va por “gobiernos de coalición”

PAN-PRD-PT

+ Que las coaliciones se lleven a los hechos, con sus responsabilidades


Ya nadie lo recuerda, pero cuando la coalición PAN-PRD-PT ganó la gubernatura de Oaxaca en 2010, prometieron a la ciudadanía hacer un gobierno de coalición. Lo cumplieron, sólo en la medida en que partieron la administración estatal en parcelas que entregaron a cada uno de los partidos integrantes de la alianza electoral, pero sin formalizar nunca algún plan o programa relacionado con sus metas y sus responsabilidades. Sólo eso puede explicar que cinco años después, esos mismos partidos vuelvan a hablar de conformar una coalición, aunque aclarando que ahora sí quieren que sean coaliciones de gobierno y no sólo electorales. Esto es —valga la expresión— una burla a la ciudadanía.

En efecto, en declaraciones a Quadratín Oaxaca, el secretario de organización del CEN del PRD, Gelasio Montiel, dijo que la alianza que busca su partido en 2016 es para ser gobierno y no sólo electoral. Después de experiencias como la de Oaxaca, “donde el PRD fue excluido de las decisiones de gobierno”, dijo que se instalará una comisión específica para el análisis electoral y seguimiento a la política de alianzas. “Venimos a integrar un frente amplio, que dé resultados electores pero también a conformar un plan estatal de desarrollo en el que el PRD sea gobierno, con convenios de coalición mas claros (…) Ya no quedarnos en la alianza electoral, la idea es la de gobierno y funcionarios que realmente actúen bajo la premisa del PRD”, señaló.

Todo esto, lo está públicamente aceptando un representante del Comité Nacional del PRD frente a un gobierno en Oaxaca, que si alguna preferencia política ha tenido, esa ha sido justamente la perredista. Lo dice también respecto de un gobierno que, de más a menos, públicamente ha compartido las tareas del gobierno con personajes de las tres extracciones políticas que integraron la alianza electoral que les permitió conquistar la gubernatura en 2010.

Por esa razón, hasta hace algunos meses eran dos titulares de secretarías del gobierno estatal de extracción perredista. Y por eso mismo, en el gabinete diversas dependencias siguen entregadas, como auténticas parcelas con patente de corso, a integrantes de esa y otras fuerzas políticas para que ellos dispongan a placer de los recursos y deberes de dichas dependencias.

Quizá el caso más evidente es el del ex dirigente petista Daniel Juárez López, que desde el inicio de la administración detenta el cargo de Secretario del Trabajo (Setrao), y ni su inoperancia, ni sus nulos resultados, ni los reiterados señalamientos de corrupción que pesan sobre su desempeño, han sido suficientes para removerlo del cargo. Nadie sabe qué hace Daniel Juárez, en qué se invierte el presupuesto que anualmente tiene la dependencia a su cargo, ni qué resultados palmarios ha obtenido la Setrao a favor del empleo en Oaxaca. Sólo se sabe que nada ni nadie, salvo las bendiciones del “gobierno de coalición” al que se enquistó, es tan poderoso como para mantenerlo en su cargo.

Prácticamente ocurre lo mismo con Alejandro López Jarquín en Sedesoh, con Carlos Alberto Moreno Alcántara en la Secretaría de Vialidad y Transporte, o con Víctor Hugo Alejo Torres en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. Cada uno de ellos tiene su isla en la administración estatal, gracias a su militancia petista, perredista, panista y de Movimiento Ciudadano, respectivamente.

Y el problema es que hoy, por esa misma indefinición, nadie asume la responsabilidad de un gobierno al que todos consideran “de otros”, a pesar de los beneficios de que han gozado y los espacios que han ocupado en el gobierno estatal de 2010 a la fecha.

NORMAR LAS COALICIONES

No está mal que un funcionario del CEN del PRD diga que es momento de normar las coaliciones rumbo a las gubernaturas que se disputarán el año siguiente; lo que más bien es inaceptable es que diga públicamente que en el caso de Oaxaca el perredismo ha sido marginado de las decisiones del gobierno. Reconocerlo es tanto como decir que su participación en esta coalición ha sido una caricatura o una burla. Y al tratar de hacerlo pasar por tal, entonces intentan un burdo engaño a la ciudadanía. ¿Por qué?

Porque el PRD ha participado de todas las decisiones trascendentes del Gobernador. Ha sido su aliado permanente en el Poder Legislativo, y de las diputaciones coalicionistas han salido varios de los titulares actuales de diversas dependencias estatales. Más bien, de lo que el CEN del PRD debe estar preocupado, es de que lo electoral no rebase a lo político, y de que lo político no rebase las responsabilidades y las metas específicas que deben tener las coaliciones en los años por venir.

Pues en el fondo, ese ha sido uno de los grandes problemas de los supuestos “gobiernos de coalición” en Oaxaca, y específicamente de la administración que el año que entra culmina sus funciones: que aquí se entendió por coalición un reparto de privilegios y de recursos, pero nadie asumió que las tareas de gobierno tienen también un costo político. Por eso, al evadir esa responsabilidad, y su propio deber de establecer parámetros de cumplimiento del gobierno al que se integraron, entonces los partidos se quedaron con todos los beneficios y le dejaron al Gobernador todo el deber de cargar con el costo político del gobierno y las funciones que en estos cinco años han tomado juntos, no únicamente una persona o una camarilla.

Por eso, qué bueno que en la misma Constitución ya están normados los límites y deberes de los gobiernos de coalición. Qué bueno, para que así el PRD y el PAN y todas las demás fuerzas que se integren a la alianza electoral tengan específicamente tareas que cumplir y responsabilidades por las cuales responderle a la ciudadanía. Hoy es muy fácil lavarse las manos frente a un gobierno del que también fueron parte, y echarle la culpa a otros, como si ellos no hubieran tenido ninguna participación en todas las decisiones que en estos cinco años se han tomado.

LES TOMARON LA MEDIDA

Quién sabe si hayan logrado su objetivo de presionar al gobierno para que instalara una mesa de diálogo urgente, pero la Sección 22 sí consiguió demostrar que puede seguir haciendo lo que se le pega la gana en días de labores. Ayer, con apenas un puñado de profesores, cumplió su promesa de cercar las oficinas centrales del IEEPO, y por la tarde hasta cerraron las calles aledañas. Todo, sin que alguien pusiera algún tipo de oposición. ¿Entonces? ¿Así de bien vamos con la reforma educativa?

En México la esperanza de la educación pública sigue siendo pobre

ANM

+ Nuño: si quiere ser presidenciable, debe subir escolaridad promedio


Aurelio Nuño Mayer quiere ser el candidato a la Presidencia de la República de Enrique Peña Nieto. A su vez, el Mandatario federal parece estar dispuesto a que eso ocurra. Para conseguirlo, colocó a Nuño en una posición estratégica para la política nacional, y estableció también una política de atención mediática denodadamente enfocada hacia la Secretaría de Educación Pública. No obstante, hay datos duros objetivos de la verdadera crisis educativa de nuestro país, a los que nadie en el gobierno federal alude. Y lo que a todos debe quedarnos claro, es que si Nuño no arregla ese problema —como parece que ocurrirá— sus aspiraciones presidenciales serán sólo de papel.

En efecto, Nuño tiene dos meses como titular de la SEP, y en todo este tiempo se ha dedicado a hacer política a costillas de la educación. Primero fue el juego de vencidas que emprendió en contra de la CNTE, y luego fue el anuncio relacionado con los 50 mil millones de pesos que le puso a disposición el erario federal para infraestructura educativa. Con esas dos acciones, Nuño trabó una alianza con los gobernadores del país integrados en la Conago. Y desde esas posiciones pareciera que intentará lanzar sus intenciones de convertirse en un verdadero aspirante a la Presidencia de la República por el Partido Revolucionario Institucional.

La ruta trazada, no deja mayor espacio a la duda. Los dos posibles abanderados priistas para suceder a Peña Nieto, se cayeron con los respectivos escándalos, el primero de la dudosa procedencia de la mansión de Malinalco, y el segundo por la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán del penal del Altiplano. Así, ya no haber ruta sucesoria posible para Luis Videgaray y Miguel Ángel Osorio Chong, Peña Nieto lanzó a Nuño Mayer a través de la SEP y con el tema de la reforma educativa. Por eso, con la bendición presidencial, con un asunto que es crítico pero electoralmente rentable, y con 50 mil millones de pesos en la bolsa para hacer campaña, a Nuño lo mandaron a construir una candidatura, no a solidificar la reforma educativa.

En este sentido, hace algunos días apuntábamos en este espacio que cuando ha habido voluntad y certidumbre en un modelo educativo recién establecido, las naciones se han puesto la misión de, por ejemplo, incrementar en un periodo de gobierno igual número de años promedio de escolaridad en toda su población. En México, los años promedio de educación siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo, y siguen siendo pocos.

Esa es una de las razones que justifican la reforma educativa. Pero la incógnita es si en realidad el gobierno federal confía tanto en su nuevo modelo, y en su nuevo operador (Nuño) como para proponerse una demostración fehaciente y sustantiva de transformar la realidad educativa del país. Y sobre todo, tendríamos —sociedad y gobierno— que entender que esa sería una buena demostración de eficacia que podría abrirle la puerta de la competencia presidencial a un espontáneo, como parece serlo Aurelio Nuño.

Evidentemente, un logro como éste debiera ser la llave de un presidenciable. El problema es que si un logro como ese constituiría una legitimación sustantiva, en los hechos —y en lo estrictamente educativo— Nuño está perdido en tareas de corto plazo, como la implementación de planes de estudio o programas de evaluación, o en hacer inversión de infraestructura en las escuelas del país. Esos son logros importantes, pero no transformadores. Y si lo que quiere es crecer, entonces tendría que demostrar más que su supuesta capacidad de gestión y aplicación de los 50 mil millones que dice que invertirá la SEP para mejorar las escuelas.

Lo que tendría que demostrar, en términos simples, es que el modelo educativo que impulsa es capaz de revertir la triste realidad de la educación en nuestro país.

MÉXICO, EL PEOR DE LA OCDE

Hay datos que son reveladores. En México, los niños de 5 años tienen la más baja probabilidad de cursar una licenciatura o un posgrado que el resto de los infantes de los países de la OCDE. El estudio ¿Cómo va la vida? 2015 revela que mientras una persona de 5 a 39 años en los países de la OCDE puede aspirar a tener 17.7 años de educación, que equivalen a una carrera técnica, en México esa cifra baja a 14.4 años, es decir, bachillerato inconcluso, siendo la más baja de todas las naciones que pertenecen al organismo internacional (http://bit.ly/1Kyg3bY).

Mientras en Islandia los años de educación pueden llegar a 20, México es el país más pobre en esa aspiración, ya que la mayoría de los niños de 5 años dejarán inconcluso el bachillerato, porque no logran ni 15 años de escolaridad. “En la mayoría de los países de la OCDE, la esperanza de escolaridad para los niños que hoy tienen 5 años es que cursen estudios durante casi 18 años adicionales, en promedio”, indica el análisis. Pero en México esa esperanza de escolaridad se reduce a menos de 15 años, mientras que en Islandia, Finlandia, Dinamarca, Australia y Suecia el número de años de escolaridad al que pueden llegar los niños de 5 años es de 19 o más.

Lo anterior demuestra que en nuestro país un niño que en estos momentos tiene 5 años probablemente no logre terminar el bachillerato antes de cumplir 39 años de edad, de modo que la posibilidad de que estudie una carrera profesional es muy reducida, lo cual repercute en su calidad de vida, porque obtendrá un sueldo más bajo, su salud podría tener más riesgos y su estilo de vida también tendrá alteraciones que perjudican en su bienestar general de vida.

Cuestiones como éstas, son las que un país que confía en la implementación de un nuevo modelo educativo sí puede comprometerse a revertir. El problema es que en México nadie en el sector público habla de ello, aunque al mismo tiempo resulta que la administración de la crisis educativa hoy se está convirtiendo en el pivote de las aspiraciones presidenciales de un personaje, y de la supervivencia de un grupo gobernante que está buscando recuperar su malogrado proyecto sucesorio.

S-22, SIN FUTURO

En su intento por demostrar que sigue unida, la Sección 22 insiste en emprender acciones que sólo revelan su debilidad y su incapacidad de mantenerse cohesionada frente a la autoridad educativa. Para hoy quieren hacer un acordonamiento del edificio central del IEEPO “para retener trabajadores”. Lo harán a las 8 horas… cuando no hay nadie. ¿Así quieren que los tomen en serio?

El cambio del CCCO debe ahora replantear el estacionamiento.

CCCO en construcción

+ La obra actual: ¿de quién, y para quién, será ese gran negocio?


La noche del miércoles, por medio de un comunicado, el gobierno estatal anunció la decisión tomada por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, de cambiar la sede del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca “con el propósito de garantizar la unidad de la sociedad oaxaqueña”. Aunque esa es una decisión a todas luces plausible, y de merecido reconocimiento, ahora lo que el gobierno y la sociedad debemos repensar con toda seriedad es qué va a pasar con la obra del estacionamiento, que ya se construye en una zona anexa al Auditorio Guelaguetza. No se trata de si la obra continuará o no, sino de qué utilidad tendrá, y para quién.

En efecto, según el comunicado de prensa aludido, el gobierno sostiene que aún cuando el proyecto del Centro de Cultural y de Convenciones de Oaxaca cuenta con toda la viabilidad técnica, así como con los estudios de impacto ambiental, geológicos y geotécnicos, factibilidades y permisos correspondientes, el gobierno ponderó la unidad entre los oaxaqueños, y esta decisión confirma su compromiso y vocación democrática, al asumir una decisión de Estado que ofrezca una respuesta responsable a todos los sectores de la sociedad civil.

Asimismo, el boletín de prensa señalaba el Mandatario había iniciado, personalmente, las gestiones ante las dependencias federales vinculadas, para concretar el cambio de la sede del Centro de Convenciones. Y se anunciaba: “Se da a conocer también, que todas las obras de modernización del Auditorio Guelaguetza, las obras de mejoramiento vial y equipamiento urbano continuarán sin cambios, incluida la edificación del estacionamiento para 600 vehículos con avance significativo a la fecha, y que dará servicio al Auditorio y a la zona centro de la capital del estado”.

En este sentido, es evidente que una de las grandes manzanas de la discordia alrededor del proyecto del CCCO en el Cerro del Fortín, fue justamente la premura del gobierno estatal de continuar con la construcción del estacionamiento para 600 vehículos mientras se preparaba la consulta ciudadana, así como su empecinamiento de continuar la construcción a pesar de las suspensiones de amparo que consiguieron varias personas, e incluso de las peticiones hechas por el IEEPCO para que detuviera la obra hasta que se realizara la consulta. El gobierno no oyó ninguna de esas peticiones, y ahora por eso se ve obligado a anunciar la continuación de las obras de dicho estacionamiento, a pesar de las interrogantes que ello genera.

Pues resulta que no por el hecho de que el gobierno haya decidido el cambio de sede del CCCO, ahora la ciudadanía debe olvidarse de todo lo que ya se había ejecutado. Dicho estacionamiento, era en realidad la primera fase de la construcción del proyecto, que ahora con el cambio de sede pierde gran parte de su utilidad, pero sí podría ser provechosa para los negocios que se encuentran alrededor de él. En ese sentido, ahora el gobierno estatal debe informar puntualmente a los oaxaqueños qué plan tiene para ese estacionamiento, y de qué forma hará funcional la inversión millonaria que ya realiza en el Cerro del Fortín.

¿NEGOCIO DE QUIÉN?

Una de las cosas que hacen falta con urgencia en la capital, son estacionamientos. De hecho, el Centro Histórico es un gran estacionamiento permanente, debido a la estrechez de las calles y a la falta de movilidad en los cajones de estacionamiento disponibles. Como han fracasado medidas como los parquímetros, entonces lo alternativo habrían de ser espacios utilizables como estacionamientos públicos, para mitigar el problema que resulta ir a esa zona en un vehículo particular, y no hallar un espacio en la vía pública dónde estacionarlo.

Una alternativa sería ese estacionamiento de 600 cajones. Pero el problema es que el nuevo estacionamiento está demasiado lejos de prácticamente todo el centro de las actividades comerciales y gubernamentales, en el primer cuadro de la ciudad. Así, aún ofreciendo amplio espacio para estacionar vehículos, este estacionamiento sería poco utilizado por la población en general debido a que tendrían que caminar al menos ocho o diez cuadras para llegar a cualquier oficina pública, comercio o institución bancaria, de las que se encuentran en el Centro Histórico de la capital.

Ahora bien, lo único que sí tendría cerca dicho estacionamiento son los hoteles Victoria y Fortín Plaza, además del nuevo Centro de Iniciación Musical de Oaxaca. Sería muy lamentable que dicho estacionamiento terminara siendo un espacio para el uso preferente de esos dos hoteles. Ninguno de ellos cuenta con estacionamiento propio, aunque al menos el Fortín Plaza habilitó un espacio más o menos amplio en una de las calles aledañas, que en alguna medida mitiga su falta de cajones de estacionamiento para sus comensales, visitantes y huéspedes. El Hotel Victoria, sin embargo, carece casi por completo de estacionamientos.

Todo esto, abriría la tentación para esas negociaciones de contratar personal para fungir como “valet parking”, y cobrar a los clientes un ticket de estacionamiento superior al que pagarían ellos por utilizar ese espacio. Si hay incertidumbre sobre qué oficina del Gobierno del Estado sería la encargada de administrar y mantener en buen estado dicho estacionamiento, entonces desde ahora el propio gobierno tendría que comenzar por establecer bien la delegación de funciones, y cuáles serían los límites para la firma de convenios de uso preferente de dicho espacio.

Finalmente hay dos cuestiones más que deben ser clarificadas: la primera de ellas es si el CIMO tendrá su propio estacionamiento, ya que por reglamento todas las construcciones deben contar con espacios suficientes para el aparcamiento de vehículos, para no saturar la vía pública. La segunda es aún más importante: ¿vale la pena toda la inversión millonaria que se está haciendo al Auditorio Guelaguetza —estacionamiento incluido— a pesar de que este es un espacio que se utiliza apenas en un puñado de ocasiones en todo el año?

Son algunas de las dudas que aún con el cambio de sede del CCCO, deben ser consideradas por la sociedad y el gobierno en Oaxaca.

CONDOLENCIAS

Con profundo pesar, nos unimos a la pena que embarga a nuestro director y amigo, Wenceslao Añorve Martínez, y a toda su familia, por el sensible fallecimiento de su señora madre, doña María Martínez Melo, acaecido la mañana de ayer en la ciudad de Oaxaca. Respetuosamente. Descanse en paz.

La SCJN ahora, tira por completo Ley de Sistemas Electorales Indígenas

Usos y Costumbres

+ La corte reprueba el agandalle del Congreso local sobre pueblos indígenas


El lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico estatal la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. En su resolución, el más alto tribunal de justicia en el país decidió no entrar al estudio del contenido de la norma impugnada e interpretando de forma extensiva uno de los conceptos de invalidez presentado por el Partido Social Demócrata de Oaxaca en una acción de inconstitucionalidad, la Corte censuró abiertamente el agandalle que la LXII Legislatura intentó consolidar a través de esta norma.

En efecto, en su sesión del lunes la Corte dio cuenta de tres acciones de inconstitucionalidad, acumuladas para su resolución, que fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, Unidad Popular y Social Demócrata sobre la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. Aunque los ministros habrían podido entrar al estudio de la norma, para verificar si su contenido se apegaba a la Constitución, al final decidieron invalidarla completamente a partir de un argumento que ellos mismos perfeccionaron. Ello, para el Congreso local, constituye un revés igual de trascendente que el relacionado con la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, que fue también expulsada del orden jurídico por la Corte el 5 de octubre pasado.

Es necesario repasar algunos argumentos vertidos por los integrantes de la Suprema Corte el pasado lunes. Pues como lo apuntó el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en este caso la Corte tomó una decisión trascendente al invalidar toda la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, al considerar que el Congreso local quebrantó un principio establecido en el artículo 2 de la Constitución federal. Dicho principio —relacionado con el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas— fue medianamente esgrimido por el PSD en su demanda, pero fue particularmente ampliado por los Ministros para permitir una invalidación total de la norma sin siquiera entrar al estudio de su contenido.

En su demanda, el PSD señaló como concepto de invalidez lo siguiente: “Asimismo, por disposición expresa del artículo 2o —constitucional— el Estado debe establecer instituciones necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, además, dichas instituciones deberán ser diseñadas y operadas en conjunto con dichos pueblos, por lo tanto, la designación o elección de los consejeros que integran el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, así como las normas que rigen su integración y forma de elección, contravienen estas disposiciones constitucionales, ya que no toma en cuenta a los pueblos indígenas con las esfericidades (sic) que le deben ser garantizadas”.

UN NUEVO REVÉS DE LA CORTE

No siempre ocurre, pero en este caso los ministros decidieron anclarse a ese concepto de invalidez para ampliarlo, y concluir en la invalidación total de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. En su exposición, el ministro Pardo Rebolledo estableció como argumentos centrales los siguientes:

“En este asunto se impugna la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, en donde se pretende generar una serie de disposiciones y de instituciones que tienden, desde luego, a proteger los derechos de estos grupos indígenas relacionados con aspectos electorales, pero que de las constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al proceso legislativo que antecedió́ a la expedición de esta norma no se advierte de ninguna de ellas que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas en relacion con la expedición de estas normas.

Si retomáramos estos precedentes y consideráramos que en este caso hay violación al artículo 2o constitucional, tomando, desde luego. la causa de pedir porque —insisto— no hay un argumento explícito o concreto sobre el punto de esta participación o esta consulta a los pueblos indígenas, sino sólo de violación al 2o constitucional, me parece que, conforme a la causa de pedir y habiéndose señalado como violado el 2o constitucional pudiéramos tomar en cuenta este argumento para llegar a la conclusión de que al no haber evidencia de que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas para la expedición de esta ley, ese solo motivo traería como consecuencia la invalidez de la ley en su integridad, en su totalidad”.

Con estos argumentos centrales, nueve de los diez Ministros respaldaron plenamente la propuesta, y ésta se convirtió en la segunda ley emitida por la LXII Legislatura de Oaxaca, que en menos de un mes es expulsada del orden jurídico estatal, por los vicios y violaciones constitucionales en que incurrió al momento de emitir esta norma, que en este caso consistieron en no considerar el derecho a la consulta que tienen las comunidades indígenas cuando se pretende emitir normas que incidan en su vida económica, social o política.

Esto era previsible. En nuestra entrega del pasado 24 de agosto, apuntamos que sobre este conjunto de determinaciones [la emisión de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, y el nombramiento de los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que adscribieron al IEEPCO pero que quedó de hecho sometido al Congreso local] “vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación”.

CONGRESO REPROBADO

Ya vimos cómo, finalmente, tomando como base estas mismas razones, la Corte terminó invalidando esta norma, e implícitamente reprobando de manera hasta escandalosa la actitud oprobiosa de la LXII Legislatura de creer que su soberanía era total, y que podía emitir normas a placer y a su conveniencia, y sin considerar el marco constitucional federal al que —les guste o no— se encuentran también sometidos como una más de las partes integrantes de la federación mexicana.

Nuño ¿“presidenciable”?: que rescate educación, más allá del discurso

Aurelio Nuño

+ Descentralizar atención educativa es un paso; elevar su calidad, esencial


Es muy sintomático, políticamente hablando, que hoy el gobierno federal promueva que toda la atención de la opinión pública, y de la clase política del país, esté puesta en el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La intención es evidente: ante la carencia de liderazgos sustantivos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca hacer crecer a un tercer elemento rumbo a la sucesión presidencial de 2018. Ese tercer elemento es Nuño. Sólo que, desde ahora, es importante comenzar a vislumbrar qué circunstancia podría abrirle las puertas presidenciales al Secretario de Educación.

En efecto, a pesar de que la reforma educativa fue la primera que se concretó en el gobierno del presidente Peña Nieto, y que es la que más se ha puesto en entredicho por los titubeos federales en su implementación, es claro que prácticamente desde que tomó posesión de su actual cargo, Nuño Mayer ha concentrado toda la atención de los medios informativos, de los estímulos del gobierno federal sobre su agenda política, y de buena parte de los actores políticos en el ámbito federal, en las entidades federativas y en el sector educativo. Básicamente, Nuño apareció como el hombre que lograría aterrizar la reforma educativa. Y han intentado explotar esa percepción, fabricada desde el propio gobierno federal.

Desde hace tiempo, a Nuño se le presentó como el verdadero orquestador de la reforma educativa. Cuando Emilio Chuayffet era el Titular de la SEP, Nuño parecía ser su contrapunto dentro del gobierno federal, a tal grado que Chuayffet siempre pareció un actor secundario en el manejo político del tema educativo. Ello, sin embargo, nunca significó que el conflicto con la CNTE fuera mejor, o más ordenado, porque en realidad quien lo tenía en las manos era Nuño, o porque en ello se le había marginado a Chuayffet como el portavoz y el negociador político del gobierno de la República ante quienes se resistían a la reforma.

Hace algunas semanas vino el cambio formal del Titular de la SEP, y Nuño se centró en la implementación de la reforma educativa, que tuvo un impulso claro luego de la expropiación que el gobierno federal y el de Oaxaca hicieran del IEEPO a la Sección 22 del SNTE. Ese, que fue más un golpe moral que operativo, tuvo la intención política de demostrar a la sociedad mexicana que el gobierno federal estaba dispuesto a no perder su condición de autoridad, luego de hechos tan bochornosos como la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, o las revelaciones sobre la gangrenosa corrupción existente en los cuerpos de seguridad federales.

Así, al requisar el IEEPO a la CNTE, la federación jaló la atención nacional y con toda intención reubicó al tema educativo como uno de los centrales de su agenda política, presentándolo incluso como un tema sustancial no de su interés, sino de la agenda de todos los mexicanos.

A Nuño, a la par, lo puso como un actor central de este manejo político. Y la finalidad que ha perseguido es que el Titular de la SEP esté presente en todos espacios de discusión y atención relacionados con este conflicto, y prácticamente no ha habido semana, desde que tomó posesión de la SEP, que el asunto de la reforma educativa no tenga una medida o paso que anunciar, o el establecimiento de una posición frente a las reacciones de la CNTE, que involuntariamente ha contribuido a posicionar a Aurelio Nuño como un personaje central de la vida nacional.

Sin embargo, vale la pena distinguir que toda esta “vida” que ha recibido Aurelio Nuño como actor de la vida política nacional, ha sido artificial. Intencionalmente, se le ha presentado como un personaje fuerte, que es capaz de encarar el reto de enfrentarse a la beligerante CNTE, y de —según— transformar la realidad educativa del país.

Ante esta intención, vale la pena preguntarnos qué debería hacer Nuño, en el mejor de los casos, para ganarse un lugar en la carrera presidencial, a partir de replantear la situación de la educación pública en México.

ACCIONES DE PAPEL

Cuando ha habido voluntad y certidumbre en un modelo educativo recién establecido, las naciones se han puesto la misión de, por ejemplo, incrementar en un periodo de gobierno igual número de años promedio de instrucción en toda su población. En México, los años promedio de educación siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo, y siguen siendo pocos.

Esa es una de las razones que justifican la reforma educativa. Pero la incógnita es si en realidad el gobierno federal confía tanto en su nuevo modelo, y en su nuevo operador (Nuño) como para proponerse una demostración fehaciente y sustantiva de transformar la realidad educativa del país. Y sobre todo, tendríamos —sociedad y gobierno— que entender que esa sería una buena demostración de eficacia que podría abrirle la puerta de la competencia presidencial a un espontáneo, como parece serlo Aurelio Nuño.

El Titular de la SEP no es un político de carrera, ni está antecedido por una carrera como gobernante o como representante popular. En otras palabras: éste es su primer cargo público relevante en una administración federal, y no ha ocupado ninguna responsabilidad ni como Gobernador de una entidad federativa, o como diputado federal o senador. Por esa razón, nos atrevemos a denominarlo como un “espontáneo” no por voluntad propia sino del gobierno federal. Y frente a esa circunstancia, lo único que le quedaría por demostrar es una enorme capacidad operativa como para fijarse una meta que verdaderamente reflejara una transformación en el rubro que le encargó Peña Nieto.

El problema es que no es así. Nuño en realidad está perdido en tareas de corto plazo, como la implementación de planes de estudio o programas de evaluación, o por hacer inversión de infraestructura en las escuelas del país. Esos son logros importantes, pero no transformadores. Y si lo que quiere es crecer, entonces tendría que demostrar más que su supuesta capacidad de gestión y aplicación de los 50 mil millones que dice que invertirá la SEP para mejorar las escuelas.

SOCIEDAD, ATENTA

Nosotros como sociedad también debemos estar atentos a eso, y no dejarnos engañar. Nuño podría ser presidenciable si eleva los índices de calidad de la educación. No hacerlo, y quedarse en la planeación para “sentar las bases” podría hacerlo prácticamente cualquiera. Esa es la pequeña gran diferencia que todos debemos distinguir.

Gobierno-CNTE: ¿cómo van a hallar el equilibrio para convivir?

Demandas CNTE

+ Magisterio: moderados y radicales, necesitan sus vías de escape


En apariencia, hoy sólo existe un canal de diálogo entre el Estado y el magisterio disidente aglutinado en la CNTE. Ese diálogo parece versar únicamente en la lógica de la exigencia magisterial de condiciones para negociar las condiciones de implementación de la reforma educativa, y la negativa gubernamental a abrir esos canales, mientras ello constituya la apariencia de un chantaje. Esa idea de la inexistencia de canales de entendimiento debe quedar sólo en la corteza. Pues debiera ser un asunto de consideración seria, el cómo va a hacer el Estado para ofrecer las vías de despresurización necesarias al interior de la CNTE, y cómo a su vez ésta parece estar intentando equilibrar sus posiciones entre radicales y moderados.

En efecto, a lo largo del presente mes hemos visto cómo la Coordinadora emprendió dos intentos abiertos de paros regionales de labores docentes para exigir mesas de diálogo con la federación, y cómo el gobierno federal respondió con un solo argumento: que cada maestro que abandonara las aulas sería sancionado con su correspondiente día de salario descontado, y que quien acumulara tres faltas injustificadas durante octubre, sería despedido.

En medio de esos argumentos —que corren en paralelo sin tocarse— surgieron las posiciones de los gobiernos estatales de Oaxaca y Guerrero. Mientras el gobierno oaxaqueño anunció, a través del IEEPO, que descontaría salarios a los maestros faltistas, el Gobernador de Guerrero pidió comprensión y tolerancia con los profesores de aquella entidad. Ante ésta última consideración, el gobierno federal volvió a responder argumentando que no compartía la postura del gobierno guerrerense, y que si la administración del gobernador Rogelio Ortega no hacía lo necesario para efectuar los descuentos, los funcionarios involucrados también serían sancionados.

¿Qué queda en medio de todo esto? Evidentemente, en medio queda, por un lado, el mosaico de posiciones que convive al interior de los órganos de dirección de la CNTE; y por el otro, la preocupación —y la responsabilidad— que deben tener el gobierno federal y los de las entidades federativas involucradas (Oaxaca y Guerrero, básicamente) sobre el control de las bases radicales del magisterio, que tienen incluso identidad con sectores de la guerrilla, y otras organizaciones que sí están en posibilidad de optar por la violencia como forma de resolver sus demandas. ¿De qué hablamos?

De que desde siempre se ha sabido que el magisterio de la CNTE no es homogéneo, y que dentro de él confluyen grupos moderados y radicales, que permanentemente luchan por imponer sus determinaciones al interior de sus órganos de dirección, sobre los mecanismos y los fines que deben perseguir en su lucha política. Por eso hemos visto cómo esa confluencia de moderados y radicales, y sus crecidas y caídas, impactan en las formas de lucha que plantean, y en los fines que establecen para su lucha.

Y ese, de hecho, era uno de los temas que causaban más preocupación en los estratos gubernamentales, primero cuando se emitió la nueva legislación educativa, y después cuando en entidades como Oaxaca se requisó el IEEPO a la estructura de la Coordinadora para que el gobierno de Gabino Cué —e indirectamente el gobierno federal— tomara el control de la educación pública en la entidad.

En el escenario de crisis, finalmente lo que se demostró es que la CNTE pudo procesar moderadamente la situación, y que se plantearon un escenario de mediano plazo, antes que buscar el choque directo e inmediato, como sí lo sugirieron las alas más radicales cuando el gobierno de Oaxaca anunció la expropiación del IEEPO a la Coordinadora. Lo particular, ahora, es que la Coordinadora entró nuevamente en la ruta de conflicto entre sus grupos moderados y radicales. Y eso es lo que parece explicar las acciones de las últimas semanas, el endurecimiento retórico de las posiciones federales respaldando a Oaxaca, y la “moderación” que pide el gobierno de Guerrero. ¿A algo hay que temerle?

MODERACIÓN, ¿PARA QUÉ?

Hay que leer con atención lo que afirmó el Gobernador de Guerrero cuando se pronunció por no descontarle a los maestros que realizaron un paro de labores el pasado 12 de octubre. Según declaraciones publicadas en medios informativos, Rogelio Ortega insistió en que no se debe descontar el día a los maestros de la CNTE. Ortega dijo que pidió al titular de la SEP, Aurelio Nuño, no hacer efectivos los descuentos, ya que es parte del trabajo que ha hecho para reconstruir la gobernabilidad en el estado.

¿Es este entonces un asunto de gobernabilidad o de administración educativa?, debiéramos preguntarnos. Y la respuesta es que, en un primer momento, sí es un tema administrativo, pero que en el fondo es también —y sobre todo— un asunto de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la mayor presión la ha ejercido el gobierno federal en Oaxaca, donde sí hay una comunión federal-estatal para aplicar la reforma educativa y para no ceder frente a la CNTE; pero parece que en Guerrero están buscando la forma de abrir una válvula de escape. Esa presión es la que insiste en una respuesta “combativa” a las acciones gubernamentales para implementar la reforma educativa.

Sobre esto, los grupos más radicales de la Coordinadora siguen dando luces. Por ejemplo, en El Insurgente, órgano de difusión del EPR (núm. 165, 09/2015, pág. 20), intentan responder a la pregunta de qué hacer frente al intento del Estado de implementar la reforma educativa: “(responder) de manera organizada y decidida, sin titubeos, con determinación y con la táctica de la resistencia popular activa y combativa. La lucha contra las reformas burguesas neoliberales debe trascender los marcos del espontaneísmo, localismo y dispersión orgánica, política e ideológica; organizarse y desarrollarse desde una perspectiva de clase, es decir, desde la concepción marxista de la lucha de clases, en donde no hay espacio a la ingenuidad política, posiciones conciliadoras y derrotistas, por tanto no hay espacio a las formas burguesas de hacer política en tanto que éstas están diseñadas para que la burguesía salga fortalecida”.

SITUACIÓN DELICADA

¿Debe haber moderación? En algún punto, sí. Pues los radicales no quieren negociar, conciliar o aceptar derrotas. Ellos quieren todo o nada. Lo cual significaría, en algún punto, violencia. Por eso, a pesar del discurso federal duro, la posición del gobierno de Guerrero es no justificable, pero sí entendible.

El Congreso y los partidos deben promover, no derruir, la democracia

Elecciones desleales

+ OPLE-IEEPCO debe dejar de estar bajo el asedio del interés partidista


Frente a las circunstancias, no está de más la pregunta siguiente: ¿a quién le conviene socavar la democracia representativa en Oaxaca? Si las dirigencias o representaciones políticas de los partidos se vieran obligados a responder tal cuestionamiento, necesariamente tendrían que decir que, a cualquiera, menos a ellos. Si a los partidos no les conviene el descrédito de la democracia y los procesos electorales, como el que está en puerta en la entidad, ¿por qué son ellos quienes lo promueven?

En efecto, la pregunta no es menor, y más bien debe verse a la luz de las propias circunstancias: como la autoridad electoral quedó políticamente debilitada por el efecto que causó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma político-electoral realizada por la Suprema Corte, entonces todos —partidos, candidatos, organizaciones y camarillas— asumieron que Oaxaca es tierra sin ley en materia electoral, y desataron una feroz guerra por la gubernatura y las posiciones políticas que se disputarán en 2016.

Hasta ahora, lo han hecho con libertad porque la autoridad electoral pareciera que no alcanza a reorganizarse. Pero si lo que se pudiera esperar es que el propio Estado sentara la bases para una competencia prudente, equitativa y democrática, resulta que éste promueve exactamente lo contrario. Y el resultado es una competencia fuerte y “nutrida” pero también corrosiva y con altos riesgos de convertirse en suicida, porque pareciera que está matando toda la credibilidad y certeza en la democracia representativa que encuentra a su paso.

Esta cuestión es seria. Pues pareciera que de nueva cuenta los partidos pasan por alto que no es lo mismo luchar por el poder, que luchar contra el poder. En los hechos, al tratar de hacer lo primero, terminan haciendo lo segundo. Y el problema es que si bien ambas cuestiones tienen por objeto conseguir el poder, en la primera se lucha dentro de las reglas y las instituciones establecidas por el propio Estado, en la segunda lo que se hace es socavar todas las bases en las que descansa el sistema democrático, hasta dinamitarlas, para —según— construir un nuevo sistema basado en reglas distintas.

Así, si se supone que el ejemplo clásico de la primera definición debiera ser la lucha entre partidos, y el de la segunda sería la lucha armada, resulta que en los hechos es el propio sistema de partidos, por sus propios vicios, quien intenta socavar las bases de la democracia representativa en aras no de construir un nuevo sistema, sino simplemente de alcanzar el poder.

Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Parece que los partidos ya perdieron toda noción sobre los límites que deben guardar. Por eso alientan disimuladamente las campañas anticipadas, no moderan a quienes aspiran a un cargo público bajo sus siglas, y a través de sus representaciones legislativas continúan tratando de colonizar al órgano electoral. El conjunto de ese quebranto de normas, y de debilitamiento de la autoridad electoral, es una ciudadanía incapaz de creer en su sistema de partidos.

Pues si ven que los mismos partidos son los promotores de la ruptura únicamente para tratar de sacarle algo de ventaja a sus adversarios, entonces a todos termina quedándoles claro que sólo se puede ganar una competencia electoral rompiendo las reglas, minando a la autoridad y tomando superioridad “a la brava”.

Eso finalmente no beneficia a nadie. Porque gane quien gane, y pierda quien pierda, de todos modos el resultado electoral va a ser cuestionado e impugnado, y de todos modos al final todos van a acusar las mismas irregularidades de las que todos son asimismo copartícipes. ¿Quién pierde? Pierde la democracia; pierde la ciudadanía y, en el fondo, pierden los mismos partidos que con esa competencia feroz y caníbal están engullendo su propio valor como fuerzas representativas de la ciudadanía organizada.

VAN TRAS LA AUTORIDAD

Uno de los aspectos relevantes que invalidó la Corte respecto a la ley electoral en Oaxaca, y que se le ha dado poca importancia, es lo relacionado con la excesiva injerencia que el Congreso del Estado se otorgó en la conformación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque la tendencia nacional apunta a que éstos órganos sean cada vez más ajenos a las tentaciones colonizadoras de los partidos y poderes locales, resulta que aquí ocurrió exactamente eso.

¿Qué facultades se dio el Congreso? Por ejemplo, la de continuar interviniendo en la conformación de las direcciones ejecutivas y órganos técnicos del Organismo Público Local Electoral; en la creación de un Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que también rompía con la autonomía del organismo, y con la dependencia que éste debe tener únicamente al Instituto Nacional Electoral. Y así como esas, la Corte invalidó diversas disposiciones que tenían por objeto justamente que los grupos parlamentarios en el Congreso local —es decir, los partidos— continuaran “metiéndole mano” a la autoridad electoral, como si con ello ganaran algo.

Ayer justamente, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntaba en un texto denominado “En defensa de la autonomía de los OPL” y publicado en El Universal, lo siguiente: “Dado el sentido de la reforma electoral, es fundamental que el personal directivo de los OPL (en sus oficinas estatales, distritales y/o municipales) sea designado sin ningún tipo de injerencia de algún poder o autoridad. Lo contrario implicaría contravenir el concepto de los organismos constitucionales autónomos y los propósitos mismos de la reforma…

“No puede haber confusiones: la autonomía constitucional de los OPL se estableció respecto de los poderes locales, y en contraparte, estableció los vínculos y herramientas para que el INE intervenga en el funcionamiento de esas autoridades electorales para garantizar la imparcialidad de los comicios en los estados. Por ello los nombramientos son decisiones que deben tomarse con amplios consensos, no con mayorías simples, menos de manera unipersonal, e invariablemente deberán hacerse honrando la autonomía que gozan frente a los poderes locales”.

QUE EN OAXACA LO ENTIENDAN

Eso es lo que falta: que los grupos políticos en Oaxaca entiendan que no pueden continuar socavando todo lo que encuentran a su paso únicamente porque no se ajusta a sus intereses políticos. Y eso está en riesgo de provocarle un daño total y permanente a nuestra incipiente democracia en Oaxaca.

En Oaxaca los tiempos electorales se volvieron tierra sin ley

Electorales sin ley.

+ Los aspirantes deben moderarse; el excederse es contraproducente.


El proceso electoral está en fase de preparación, y en todos los partidos las cosas están que arden. La falta de reglas electorales claras, el revés de la Suprema Corte a la legislación electoral de la entidad, y la incapacidad tanto del órgano electoral, como de partidos y candidatos por establecer una línea de moderación, están provocando un desbordamiento anticipado y total de los ánimos electorales. Si seguimos como hasta ahora, llegaremos a la mitad del proceso electoral en medio de una guerra política, y esto culminará con un resultado cuestionado por todos. Si esa es la expectativa, entonces vamos muy bien. Pero si no, es buen momento para detenerse.

En efecto, el proceso electoral se declaró abierto el 8 de octubre, y a muchos todavía les queda duda por qué, si apenas tres días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado prácticamente toda la reforma constitucional y legal en materia político electoral de nuestra entidad. Quienes tienen esa duda, se encuentran en un dilema válido: pareciera que al echar por tierra la legislación electoral, lo que quedaba vigente era el anterior sistema y calendario, en el que todo arrancaba en la primera semana de noviembre para que los comicios ocurrieran el primer domingo de julio.

Lo particular, en este caso, es que la jurisdicción de las normas electorales cambió, para pasar de un sistema federalizado de sistemas electorales, a uno centralizado. Es decir, que si antes había una “convivencia” entre normas y órganos electorales que se dedicaban a organizar los procesos electorales federales, y los correspondientes en las entidades federativas, ahora existe un solo espectro electoral que es nacional. Por eso el antiguo Instituto Federal Electoral pasó a ser nacional, y por eso las normas electorales emitidas por el Congreso de la Unión ahora son de observancia general en todo el país. Ese es un problema mayor, a la luz del vacío de autoridad y de la anarquía política que se vive en Oaxaca.

Pues resulta que aquí la legislación electoral se emitió al cuarto para las doce, y con un cúmulo desbordado de fallas que provocaron la invalidación de prácticamente toda la legislación estatal por parte de la Suprema Corte. Este hecho en específico generó una reacción en cadena que de inmediato desacreditó al órgano electoral (que ya no es de integración local, sino que es una extensión del INE) y que abrió un espacio en el que muchos suponen que sólo hay vacío. Ese vacío, creen —quizá válidamente—, es de normas, pero también de autoridad y de límites, sobre lo que pueden o no hacer quienes aspiran a un cargo público en los comicios estatales del año próximo.

¿Por qué el proceso electoral arrancó la semana pasada, si hubo invalidación de la legislación electoral estatal? Porque el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en los procesos para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en las entidades federativas, los comicios deben ocurrir el primer domingo de junio, y por ende los tiempos para la preparación del proceso electoral debían anticiparse a los establecidos en el régimen anterior, en virtud del esa y otras disposiciones de orden nacional.

Ello significa, claramente, que a pesar de que no hay ley electoral local, y que supletoria y complementariamente se aplicarán algunas de las normas del régimen anterior, sí existe una observancia de las reglas establecidas en la legislación nacional vigente de la materia, aunque evidentemente el problema radica en la forma en cómo los partidos y candidatos están entendiendo esta circunstancia.

NO HAY AUTORIDAD

El problema es que todos creyeron que con la caída de las normas electorales, Oaxaca se convertiría en tierra sin ley, para efectos políticos. Eso se alimentó con el enorme descrédito que, gratis, se ganó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al convertirse en cómplice del régimen en la legitimación del Centro Cultural y de Convenciones a través de una consulta que, salvo a sus impulsores y organizadores, no dejó convencido a nadie. Todo eso hizo crecer la estela de ingobernabilidad electoral que hoy es cosa de todos los días en Oaxaca.

Pues a simple vista se puede observar que nadie tiene el menor pudor por al menos guardar ciertas formas de cara al proceso electoral que ya arrancó. Vemos a aspirantes a la gubernatura, en su calidad de servidores públicos, realizando “giras de trabajo” constantes a la entidad, en las que abiertamente ocupan recursos del Estado para la organización de eventos masivos que no tienen otro fin más que el de un acto proselitista.

Vemos a legisladores, ex legisladores y “ciudadanos comunes” impulsando campañas costosísimas a la vista del público, en la que abiertamente promueven sus “logros” —como si no hubieran cobrado dietas y salarios por realizar esa función— o los supuestos beneficios que le llevaron a la ciudadanía. Hay quienes abiertamente ya promueven su nombre, iniciales y propaganda de cara a las encuestas que se realizarán próximamente para medir la popularidad de quienes aspiran a la gubernatura, las diputaciones y los cargos municipales que estarán en disputa el año próximo.

¿Por qué lo hacen sin ningún pudor? Porque no hay autoridad. Porque el IEEPCO parece ser el gran pasmado en todo este devenir de acontecimiento, y parece ser también el gran pagador de las facturas por la incertidumbre jurídica que priva en la entidad no sólo después del revés de la Corte, sino del desaseado trabajo que realizaron los legisladores al impulsar una legislación electoral confeccionada de prisa, y sobre las rodillas.

EL DESCRÉDITO

Al final, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Un proceso electoral salpicado por la ilegalidad, dominado por la incertidumbre y, en resumen, un proceso que terminará siendo cuestionado por todos. Lo que no ven es que con esta rienda suelta al desorden todos promueven la incredulidad por el resultado. Sea cual sea. Esto no lastima a nadie más que a los que hoy invierten tiempo, recursos y capitales en esta lucha. La gran ausente es la autoridad, que desde ahora se ve liquidada y desacreditada, y que no alcanza a generar las condiciones ya no para que alguien la respete, sino al menos para que los actores políticos distingan que a pesar de todo, sigue ahí para ser árbitro de la contienda.

El problema no es la alianza; la cuestión es quién será el candidato

Elecciones

+ En Oaxaca el PAN irá tras el PRD; en Puebla ocurrirá lo contrario


El escenario electoral en Oaxaca está determinado por las circunstancias nacionales, y en ellas ya se dibujan algunas definiciones rumbo al 2016. En la alianza de partidos que gobierna la entidad ya se vislumbra una reedición de la coalición que llevó a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura en 2010. Lo que sigue siendo una incógnita es quién será el abanderado de esa alianza. Y para entender esta situación es necesario considerar no sólo el escenario y las definiciones locales, sino los roles que juegan los distintos grupos políticos al interior del PAN y el PRD en el escenario nacional, y la influencia que eso puede tener en Oaxaca.

En efecto, este fin de semana el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, lanzó la convocatoria “a los institutos políticos que en 2010 coincidieron en la búsqueda de la alternancia”, así como a la sociedad civil, “a construir una gran coalición para impedir que Oaxaca tenga una regresión democrática”. Mendoza dijo que el PAN cuenta con cuadros sobresalientes para la contienda, pero resaltó que esperarán los tiempos dictados por el CEN y, en caso de concretarse la unión de partidos, efectuar la propuesta ante los mismos.

En paralelo, en el PRD —porque el PT perdió su registro como partido político nacional— hay una enorme rebatinga entre la dirigencia estatal, que tiene su propia agenda política, y el Comité Ejecutivo Nacional que atraviesa por un profundo proceso de transformación luego del reconocimiento de las inconsistencias que lo llevaron al peor descalabro electoral de toda su historia, en los comicios federales de 2013, que lo llevaron a una lejana tercera posición como fuerza política nacional y como grupo parlamentario en el Congreso federal.

¿Qué ocurre en el PRD? Que la dirigencia estatal ha delineado una agenda en la que parece estar seguro de poder dictarle a la dirigencia nacional quién será el Candidato a Gobernador por ese partido, y por ende de la coalición de partidos, ante la debilidad del PAN como fuerza política en la entidad.

El problema que parece haber en esa intención, es que la agenda local no corresponde con la agenda nacional del perredismo. Pues mientras en Oaxaca hay un grupo cerrado que pretende impulsar una candidatura en base a intereses políticos y no a competitividad electoral, en el perredismo nacional parecen estar muy claros que la ruta hacia los años siguientes, debe ser la de la búsqueda de triunfos, y no necesariamente la de la satisfacción de caprichos de grupos políticos estatales.

Esta situación tiene un elemento adicional que, con el paso del tiempo y el avance del proceso electoral, incrementará el nivel de complejidad en la toma de la decisión final de quién será el candidato a Gobernador. Pues por un lado, Cué tratará de hacer valer su posición y su fuerza política al interior del PRD como uno de sus gobernadores que más triunfos electorales le ha reportado al perredismo; y por el otro estará la posición delineada por Agustín Basave —inminente dirigente nacional de ese partido— que ha establecido la necesidad de que sea la competitividad quien determine las candidaturas.

Y todo esto se enmarca en el hecho de que las definiciones relacionadas con la conformación de coaliciones y todo lo relacionado con ellas —incluyendo lo relacionado con la definición del Candidato a Gobernador— está definido estatutariamente como una facultad exclusiva del Consejo Nacional del PRD, sin injerencia de los grupos locales, las llamadas tribus, los consejos estatales o los factores materiales de poder en ese partido.

PUEBLA Y OAXACA

En Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle llegó al cargo gracias a una coalición de partidos similar a la que impulsó a Gabino Cué al gobierno de Oaxaca. La diferencia entre Moreno Valle y Cué es que mientras éste último se ha definido como un Gobernador de izquierda, y específicamente del PRD, Moreno Valle está claramente definido como un Gobernador del PAN, que se entrevera con las fuerzas de izquierda de acuerdo con las circunstancias.

En Puebla, el gobernador Moreno Valle tiene claro que la ruta del establecimiento de su sucesor será a través del PAN. Por esa razón, desde hace meses impulsó al ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, como representante de Puebla en la Ciudad de México, no necesariamente como una forma de representación institucional del gobierno poblano, sino como el impulso abierto de quien es su interlocutor político con el panismo. En esa ruta tan delineada en la preferencia del gobernador Moreno hacia el PAN, parece que al PRD no le quedará otro camino que secundar la decisión que ellos tomen de cara a la coalición.

En Oaxaca, las cosas van en un rumbo distinto. Aquí, por la definición de la candidatura a Gobernador, hay una clara disputa entre el senador Benjamín Robles Montoya y el grupo que aparenta ser el respaldado por el grupo gobernante. El primero tiene el soporte de su competitividad electoral, y del respaldo que le han manifestado diversos sectores del perredismo nacional; los segundos, se sienten respaldados por el apoyo institucional del gobierno oaxaqueño y por la influencia del Gobernante oaxaqueño, que intentará hacer valer su posición frente al perredismo nacional.

Al final, será el CEN del PRD quien tenga la definición sobre Oaxaca. Entregarán la candidatura a Gobernador de Puebla al PAN, a cambio de que éste no cuestione la definición perredista en el caso de Oaxaca. Y si la ruta marcada por el consenso perredista nacional, apunta a que debe ser la competitividad electoral lo que determine las candidaturas, entonces lo que se espera en Oaxaca es un fuerte choque de trenes entre lo que quiere el perredismo local, y lo que finalmente decida el Consejo Nacional del PRD.

UNA PERLA

Se lee en un comunicado enviado por el diputado federal Oscar Valencia: En el marco del “Día de la Raza”, Valencia (…) dijo: “con la conquista de los españoles en 1492, hace más de 500 años, los pueblos de México, muchos de ellos aún siguen sin alcanzar su desarrollo integral”. ¿Notan por qué se dice que la educación básica es tan deficiente en Oaxaca? Al diputado Valencia nunca le enseñaron en la primaria —o nunca lo aprendió— que en 1492 sólo ocurrió el descubrimiento de América, y no la conquista de México, que se dio en 1521 a través de la expedición comandada por Hernán Cortés; por esos mismos años ocurrió la conquista de otras civilizaciones en nuestro continente. ¡Pero en 1492 España no conquistó nada!