Columna Al Margen

Núñez Ginez: luego de la catástrofe, sale por la puerta de atrás

almargenoaxaca

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septiembre 4, 2015

+ Sección 22, sin vocación autocrítica y sin control frente a crisis

La desautorización que hizo la Asamblea Estatal de la Sección 22, a los integrantes de la Comisión Política —entre ellos Rubén Núñez y Francisco Villalobos, principales integrantes del Comité Ejecutivo Seccional del sindicato magisterial— para seguir siendo interlocutores frente a los gobiernos estatal y federal, en los hechos constituye una defenestración del tamaño de la que le hizo el gobierno federal a Monte Alejandro Rubido García, luego de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Aunque de entrada parezca exagerada, hay innumerables similitudes frente a sus respectivas circunstancias.

En efecto, si a Rubido lo responsabilizaron por la fuga del Chapo, luego lo obligaron a encabezar la humillación pública nacional e internacional a nombre del gobierno federal, y finalmente lo cesaron sin el menor decoro posible, algo muy parecido ocurrió con la dirigencia seccional que el fin de semana fue relevada de la responsabilidad de la negociación, pero a la cual no le aceptaron ni su dimisión, y tampoco consideraron su relevo ante la histórica derrota a manos del gobierno federal.

Pues resulta que, en el caso de Rubido García, el gobierno federal rápidamente decidió que él era la pieza sacrificable del ajedrez federal frente a la catástrofe de credibilidad y confianza institucional, que significaba la fuga del capo más peligroso y buscado del mundo, del centro de reclusión que se suponía que era la joya de la corona del gobierno federal en materia de seguridad penitenciaria en el país y, según, en buena parte de nuestro continente.

Por eso, enviaron a Rubido y no a su jefe, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, a que contestara preguntas de los reporteros, a que los paseara por el penal, a que hiciera con ellos el llamado “chapotour”, para finalmente cesarlo sin siquiera darle las gracias por los buenos servicios prestados al gobierno federal durante décadas, y únicamente cargándole la responsabilidad por la “imprevisible” —así calificó él mismo la forma en que se fugó el Chapo— evasión que ocurrió en junio pasado del penal del Altiplano.

¿Qué intentó el gobierno federal? Hacer un control de daños político, frente al débil elemento técnico que no tenía cómo defenderse. En realidad, el verdadero responsable institucional por la fuga del Chapo Guzmán era Osorio Chong como cabeza de sector de la Comisión Nacional de Seguridad, de la cual a su vez depende todo el aparato civil de seguridad en el país. Aunque el responsable material —por acción u omisión— hubiera sido Rubido García, de todos modos Osorio Chong tendría que haber pagado el costo político por la evasión de Guzmán Loera.

No fue así porque al gobierno federal le interesa mucho proteger a sus figuras fuertes, por encima de cualquier circunstancia; pero sobre todo, porque cargándole toda la responsabilidad a una sola figura, el gobierno del presidente Peña Nieto intenta encubrir la otra parte de responsabilidad que pesa sobre quienes aparentemente no tuvieron nada que ver en el hecho, y fueron respaldados por quien comanda el gobierno de la República. ¿Quiénes son? El propio Peña Nieto, su secretario Osorio Chong y toda la cadena de mando superior a la que nadie tocó ni cuestionó, a pesar de compartir responsabilidades con Rubido, que fue el único sacrificado.

Aunque en sus proporciones, algo muy parecido ocurre al interior del magisterio oaxaqueño con Núñez Ginez y compañía.

CATÁSTROFE MAGISTERIAL

Ayer TIEMPO daba cuenta de un documento del Centro de Estudios y Desarrollo Educativo de la Sección 22 (CEDES-22), en el que se establece que la decisión que tomaron las bases del magisterio disidente (de removerlos de la comisión política negociadora) se debió “al enriquecimiento de los representantes, además de que no se consiguieron plazas para los normalistas, no se les permitió participar en el Concurso de Oposición y no pudieron pagar a los más de 81 mil integrantes”.

La nota establece que dicho documento señala la existencia de “corrientes políticas divididas” dentro del sindicato, entre los que se encuentran el exgobernador Ulises Ruiz y Andrés Manuel López Obrador. “En conclusión: el reclamo, la molestia y los disgustos crecieron cuando todo lo que se ganaba en las calles los integrantes de la Comisión Política de la Sección lo perdían en las mesas de negociación con las autoridades estatales y federales. Por lo que se considera que durante los 35 años de lucha, así como 23 años del Instituto (IEEPO), este comité se califica como el peor”.

Esto, básicamente, significa que a Núñez Ginez y los integrantes del Comité Seccional a los que defenestraron de esa responsabilidad política, les cargaron una responsabilidad que en realidad es de todos los poderes formales y fácticos dentro de la Asamblea Estatal, que permitieron que las cosas llegaran hasta estos niveles. Sólo quien no conoce ni entiende la forma en que se desenvuelven los poderes y equilibrios políticos dentro de la Asamblea magisterial, podría dar por válido que en realidad la comisión política negociadora tenía el poder que ahora pretenden atribuirle, o la capacidad de llevar al movimiento a su situación crítica actual. En realidad, pues, esto es responsabilidad de todos pero le están cargando el costo político, y la humillación, a su debilitado comité seccional.

Pues evidentemente en la Asamblea los acuerdos son multilaterales, y las decisiones nunca las toma el Comité Ejecutivo sino que se deciden en las plenarias de delegados. ¿Sólo Núñez tiene responsabilidad? ¿En dónde queda el papel que juegan los titiriteros detrás del movimiento? ¿Ellos estuvieron dormidos mientras un puñado de maestros, herederos de la insurgencia magisterial, terminaban con ésta gracias a sus frivolidades y tentaciones? Tales son argumentos inatendibles en un análisis realista.

Pero lo que ocurre es que los poderes fuertes al interior de la Sección 22 están humillando a Núñez, como carne de cañón para esconder las responsabilidades que ellos también tienen en este desastre político ocurrido en Oaxaca.

FELICIDADES

Darío Castillejos es un caricaturista de talla mundial. Es oaxaqueño, es talentoso, es exitoso y además sabe ser un gran amigo. Desde este espacio le enviamos un afectuoso abrazo, y nuestro reconocimiento, por haber ganado por segunda ocasión el Premio Nacional de Periodismo. ¡Enhorabuena!

Corrupción: los contrastes entre Pérez Molina y Peña Nieto

almargenoaxaca

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septiembre 3, 2015

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+ Ambos, bajo sospecha; Pérez, en capilla… y Peña “informa”

Cometer un acto de corrupción desde el servicio público constituye, en términos objetivos, una conducta inaceptable no sólo porque desvía los bienes y recursos del Estado para beneficios privados, sino también porque rompe con la confianza, que es la base de la legitimidad de los servidores públicos. Aunque eso es lo mismo aquí y en China, lo que dista mucho es la forma de castigarlos. En algunas sociedades el Estado es capaz de sobreponerse a la política para castigar a los corruptos; pero en otras sociedades, todos se ponen de acuerdo para llevar al Estado a la quiebra. Es el contraste entre dos países vecinos como México y Guatemala.

En efecto, ayer el presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje a la nación, conmemorativo de sus primeros tres años de gestión. En sus propias palabras, fue “un mensaje de balance, de ajustes, y de reforzar lo que está funcionando”. No obstante, del propio texto se desprendió que éste tenía más la intención de ser una larga perorata de apologías y excusas sobre lo que ha pasado en el último año, e incluso una proyección de lo que no cambiará de aquí hasta que termine el sexenio.

El Presidente se refirió a los logros de su gobierno, pero también con cierta candidez se refirió a los graves problemas de su administración, como la fuga del Chapo Guzmán o la devaluación simulada del peso frente al dólar. En el punto cúspide de su mensaje, se refirió a los casos de conflicto de interés en los que únicamente se limitó a aceptar que éstos habían involucrado hasta al Titular del Poder Ejecutivo Federal y que habían causado agravios a la ciudadanía.

Todos sabemos a qué se refería: a que él, a través de su esposa, y el Secretario de Hacienda, le compraron sendas mansiones a un contratista de obra que había trabajado con ellos en el gobierno del Estado de México, y luego en el gobierno federal, y que esas operaciones financieras habían ocurrido en un marco de excesivos privilegios respecto a las condiciones del mercado.

Aunque esto fue un escándalo, que puso en evidencia no un posible acto de corrupción, sino además un franco abuso en el desempeño de sus responsabilidades públicas, hace dos semanas tanto el Presidente como el Secretario de Hacienda fueron exonerados por la Secretaría de la Función Pública del posible conflicto de interés en que pudieron haber incurrido.

Esa dependencia, que es subordinada al Presidente, dijo que no había existido el conflicto de interés porque el Presidente y su funcionario no habían recibido privilegios desproporcionados por el contratista que les vendió sus respectivas mansiones. También resolvió que no había conflicto de interés, porque uno y otro no eran responsables directos de asignar la obra pública y que por ende no habrían sido capaces de influir en los contratos que le fueron dados a la empresa, y que así no habría manera de ligarlos en un posible acto de corrupción.

La Secretaría de la Función Pública olvidó un pequeño detalle: la legitimidad y la confianza que debe descansar sobre los servidores públicos, y además la parte subjetiva de toda gestión pública: la política. Según la visión estrecha de la SFP un Presidente no puede ordenar, o presionar, para que sus funcionarios cumplan con una orden que él da o que incluso sólo “sugiere”.

En ese llamado “país de uno”, que se niega a desaparecer de nuestro entorno, sigue siendo la hora que dice el Presidente; se sigue haciendo lo que éste manda y cumpliéndose lo que éste ordena. En ese país que nos resistimos a dejar de ser, el Presidente puede incurrir en un acto que merma profundamente su legitimidad y presencia moral ante la ciudadanía, y resolverlo emitiendo un mensaje a la nación en el que simplemente se compromete a que algunas cosas van a cambiar, aunque nada relacionado con la corrupción.

CORRUPCIÓN EN GUATEMALA

Formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea. Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra.

Tras la acusación formal y la decisión del presidente de aferrarse a su cargo, seis de sus 13 ministros y otros altos cargos renunciaron. Y anteayer, en un hecho sin precedentes, los 132 diputados que componen el Congreso de Guatemala votaron retirarle la inmunidad al presidente Pérez, que será investigado en la Justicia por un fraude millonario en las aduanas. Poco más tarde, un juez prohibió la salida del país del mandatario, luego de que la fiscalía general de aquel país le presentó una solicitud para que emitiera una orden de arraigo.

Así, al ya no contar con inmunidad constitucional, y estar obligado a permanecer en el país, con Pérez Molina pueden ocurrir dos cosas: primera, que renuncie del cargo de Presidente y decida salir ilegalmente del país; o dos, que aún en funciones sea procesado judicialmente. Su periodo constitucional culmina en diciembre próximo, así que ya disminuido, posiblemente llegue a su conclusión aunque eso no le garantiza que el juicio no continúe, y que no vaya a prisión.

Si lo vemos objetivamente, ambos son actos de corrupción, pero la diferencia estriba en cómo se conciben, cómo se persiguen y qué mecanismos se utilizan para tratar de castigarlos. En Guatemala, que se supone que es un país con menos desarrollo democrático que el nuestro, hay un Presidente acusado, perseguido y desaforado; en México, frente a un acto igual de grave, el Presidente fue exculpado y celebró su gestión con una perorata que no tuvo la vocación autocrítica que muchos aún esperábamos del Presidente.

MALOS AUGURIOS

El año pasado (antes de Iguala, de la Casa Blanca, del Chapo) el 16 de septiembre al Presidente se le cayó la bandera del asta monumental del zócalo de la Ciudad de México, en pleno desfile militar. Ayer, se le cayó la banda presidencial cuando intentaba que se grabara en video el protocolo relacionado con su mensaje a la nación. Dos malos augurios. Ojalá que sólo para él, y no para el país.

Consejeros de transparencia: que, por fin, el Congreso sea responsable

almargenoaxaca

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septiembre 2, 2015

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+ Deben abandonar simulación y cortoplacismo, y tener visión de Estado

Independientemente de que ayer se haya definido o no la integración del nuevo Instituto de Acceso a la Información en Oaxaca, tanto el gobierno como los diputados de la LXII Legislatura deben considerar que le harían un bien mayor al Estado actuando con responsabilidad y actuando con visión de futuro en esta cuestionada conformación de los órganos constitucionalmente autónomos. Hay varias razones por las que tendrían que apostar a ello. Veamos.

Primera. Los órganos autónomos son de naturaleza especializada, y por eso no pueden seguir sujetos a cuotas. Teóricamente, instancias como la electoral, de transparencia o de fiscalización, son de naturaleza especializada y ese, junto con el de la experiencia, debieran ser los factores fundamentales para determinar su conformación. Las “cuotas” partidistas han demostrado ser desastrosas, porque lo único que se ejerce en los partidos es política. Sin embargo, por definición los especialistas se encuentran en otros ámbitos profesionales, laborales y académicos, y a ellos se debiera acudir cuando de lo que se trata es de conformar estructuras especializadas.

Segunda. Los órganos autónomos no pueden quedar sujetos al arbitrio del corto plazo. Éstos se crearon justamente para eliminar la política como forma de ejercer la administración pública. Parece aún difícil de entender en México, pero una cosa es el partidismo o el “hacer política”, y otra administrar (y fiscalizar, y transparentar, etcétera) los recursos públicos, porque nada de esto puede quedar sujeto a la negociación. Por eso, quien gasta mal, debe ser sancionado; quien se roba el dinero público, también; igual que quien decide esconder los qués y los cómos de la gestión pública a través de la opacidad.

Tercera. En ese contexto, al privilegiar la partidización de las funciones especializadas, lo que el gobierno y los legisladores están provocando es que la prostitución de la gestión pública continúe. Es decir, que si hoy existe la corrupción, entonces lejos de abonar a que ésta termine, los legisladores y el gobierno están también condenando a sus hijos quién sabe si a que sean partícipes de esa corrupción, pero sí, con toda seguridad, a que ellos también sean blanco de esa corrupción que la que hoy se benefician, pero que tanto nos ha quitado a todos como estado, como región, y como país.

Cuarta. Luego de los auténticos desastres en los órganos electorales, de derechos humanos, y de transparencia, el gobierno de Oaxaca debe entender que ya no puede seguir dejando solo al Congreso en la tarea de conformar los órganos autónomos. Esto debiera ser visto como una tarea de autocontrol y de búsqueda de equilibrios políticos. ¿Por qué? Porque ha quedado claro que al haber dejado solo el gobierno al Congreso, éste se ha venido entregando a prácticas que son indeseables hasta para una democracia en construcción.

De hecho, el Congreso ha negociado los espacios especializados, los ha vendido; los ha condicionado y los ha sujetado a chantajes. ¿La razón? Los partidos que conforman el Congreso siguen en la perniciosa idea de “cuidarse las espaldas” poniendo a afines en los órganos autónomos. No entienden que éstos se crearon no para ir sólo a controlar a los partidos, sino a todo el Estado, en una segunda fase, superior, a la de la división clásica de poderes. Y el gobierno, al no intervenir, ni ha promovido la conformación especializada de esos órganos y tampoco ha fomentado —ni siquiera en apariencias— la noción de contar con órganos legitimados que, a su vez, legitimen sus (buenas o malas) acciones y decisiones.

Quinta. Al insistir, el Congreso termina desacreditando a todo el Estado como institución. Quizá los diputados sueñen con tener a sus alfiles en los órganos autónomos como si fueran auténticas cuotas; pero impiden que haya crecimiento cualitativo de esos órganos como garantes de la democracia. Ellos no lo ven, pero al insistir en sus conformaciones aparentemente autónomas, pero llenas de intereses, con cuadros —en el mejor de los casos— salidos de sus partidos, y sin una verdadera certeza de su especialización, lo que hacen es contribuir a que los órganos autónomos sigan siendo sangrías al gasto público, que no cumplen con su función, y que carecen de los elementos para crecer en el alcance de sus funciones.

PREGUNTAS AL CONGRESO

Hay, desde hace ya más de una semana, existe un “chisme” salido del propio Congreso, y que ha circulado con toda veracidad, que dice que ya hay candidatos por partido, para integrar el órgano de transparencia. El único criterio aceptable entre ellos es el que apunta a que esos posibles candidatos no pertenecen al gobierno. Sin embargo, ¿cumplen con los requisitos que ellos mismos establecieron en la convocatoria para la integración del instituto de acceso a la información?

A los diputados también habría que preguntarles cuáles fueron los criterios utilizados para definir a sus candidatos al órgano de transparencia; porque a decir de las versiones que han circulado, por un lado se encuentran todos aquellos que tienen conocimientos profesionales y experiencia comprobable en las áreas relacionadas con el acceso a la información, y por el otro los que únicamente tienen como carta de presentación el aval de los partidos para participar en la competencia. Los primeros son muy reconocidos, y cuentan toda la experticia necesaria… pero no tienen ninguna posibilidad de acceder a uno de los espacios como consejeros; los segundos, no cuentan con nada de experiencias y conocimientos comprobables, pero tienen un aval político que los respalda. Y en ese mundo raro, resulta que lo segundo termina valiendo mucho más que lo primero.

En ese sentido, ¿dimensionan los diputados el tamaño del descrédito que ellos mismos se infligen con esas decisiones? ¿Al menos como ejercicio, en el Congreso se preguntaron cuál sería la conformación real del órgano de transparencia si el criterio político no hubiera existido y todo se hubiera decidido estrictamente en los términos de la convocatoria? Estamos seguros que, de haber ocurrido ese ejercicio, la conformación final habría sido diametralmente distinta a la que apunta a tener en la realidad el órgano de transparencia.

UNA TRAGEDIA

Sí, es nada menos que una tragedia. En su tercera conformación, Oaxaca seguirá teniendo el mismo órgano de transparencia deslegitimado de origen y con más dudas que certezas sobre su funcionamiento. Así de brutal es la consecuencia de la voracidad legislativa.

¿Qué implica el arribo de Martínez Neri a la coordinación perredista?

almargenoaxaca

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septiembre 1, 2015

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+ El PRD de Oaxaca tendrá que reacomodarse en el panorama nacional

Todavía la mañana del 25 de agosto, el entonces diputado federal electo Francisco Martínez Neri no tenía de que esa misma noche sería ungido como coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. Este resultado fue más producto de los desencuentros propios de la nueva correlación de fuerzas al interior del partido del Sol Azteca, pero tendrá un impacto importante en varias decisiones y momentos políticos que están en vísperas de vivirse en Oaxaca.

En efecto, hace exactamente una semana Martínez Neri fue nombrado coordinador de la bancada de su partido, en medio de una de las peores crisis políticas ocurridas al interior del PRD en los últimos años. Pues desde el inicio quedó claro que no era por sus méritos políticos, sino por una circunstancia, que el ex Rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca accedería a esa importante jerarquía dentro de la cámara baja federal. Lo verdaderamente interesante del asunto, es que a pesar de que esa decisión ocurrió en aras de no enturbiar más las aguas del perredismo nacional, aquí en Oaxaca sí tendrá sus propias y particulares implicaciones que ahora deben comenzar a sopesar diversos personajes y grupos de la vida política de la entidad.

La historia de este episodio es más o menos la siguiente: la tribu Nueva Izquierda, también conocida como “los chuchos” fue el bloque más fuerte del PRD desde hace varios años, el cual incluso aguantó la salida del partido de Andrés Manuel López Obrador y Cuauhtémoc Cárdenas. Dicho grupo comenzó a fracturarse cuando desde hace tiempo Miguel Barbosa, coordinador de la bancada perredista en el Senado, se escindió de dicho grupo; luego vino la estruendosa crisis del perredismo nacional; y finalmente los chuchos vivieron una nueva fractura con el alejamiento de Guadalupe Acosta Naranjo y Carlos Navarrete, que hoy intentan ser considerados ya como otra corriente del perredismo.

En ese contexto, ocurrió la disputa por el reparto de las posiciones en la cámara baja. Básicamente había dos posibles coordinadores del grupo parlamentario: uno era Jesús Zambrano Grijalva (uno de los dos “chuchos” que siguen integrando Nueva Izquierda) y el otro era Guadalupe Acosta Naranjo. Ambos estaban en la puja pero ninguno reunía la votación necesaria para sobreponerse a los demás. Entonces entraron varios márgenes de negociación, entre los cuales se barajó la posibilidad de considerar a un tercero que destrabara el diferendo entre Zambrano y Acosta Naranjo.

Éste último propuso que a Zambrano se le cediera la presidencia de la Mesa Directiva en el año que le tocara encabezarla al PRD, a cambio de que no insistiera en la coordinación de la bancada. El gobierno federal vio esto con buenos ojos, por dos razones: primera, porque a éste le urgía que se renovara la mala apariencia que los chuchos le dan al PRD (como fuerza de oposición, colaborativa con el gobierno federal) como interlocutores orgánicos; y segunda, porque una carta no conocida podría ser la solución a la urgencia de relegitimar el diálogo con un PRD que si bien está disminuido, sí sigue siendo indispensable para la construcción de acuerdos en la cámara baja.

En ese entuerto, el grupo perredista afín al jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, barajó el nombre de Francisco Martínez Neri. Éste bien podría ser el tercero en discordia entre ambos grupos, y tenía los antecedentes que necesitaba el gobierno federal de un coordinador perredista como interlocutor público válido.

De hecho, la promoción de Neri la hizo Jesús Valencia, el ex delegado en Iztapalapa, quien vio en el oaxaqueño al adecuado para ocupar temporalmente la coordinación de la bancada, hasta en tanto sea nombrado como candidato a Presidente Municipal de la capital oaxaqueña en 2016, y —según sus cálculos— él pudiera subir a la coordinación. Sólo que ahí se atravesaron nuevamente los perredistas al mando de Acosta Naranjo.

¿Qué pasó? Que la parte de Nueva Izquierda afín a Naranjo vio bien a Martínez Neri, y empujó el acuerdo con Zambrano para que éste fuera Presidente de la Mesa Directiva. Fueron a votación, y lograron que Neri obtuviera el mayor número de votos y se colocara como coordinador. Acosta Naranjo quedó estratégicamente en segundo lugar, y se ubicó como vicecoordinador, y “cuña” de Neri al interior de la bancada. Hoy saben que el negociador al interior será Acosta, y el rostro público será Neri.

LAS VARIABLES EN OAXACA

Toda esta historia nos da una idea de que la ascendencia real de Martínez Neri al interior de su bancada es relativa. Acosta será el operador y, dicen, el encargado de manejar los recursos de la bancada. Sin embargo, eso no significa que Neri no acumule poder o que no lo use para incidir en la vida política de la entidad.

Pues contrario a lo que muchos piensan, no hubo apoyo institucional hacia Neri desde el gobierno de Oaxaca, y de hecho algunos de los diputados afines al grupo gobernante habían manifestado abiertamente su apoyo a los chuchos y a Zambrano Grijalva. Lo interesante será ver cómo la recomposición de grupos al interior del PRD, y la cómoda posición en la que quedó Neri, mueve algunas de las variables con las que se está trabajando la ruta sucesoria en la entidad, en la que nuevamente el PRD aparecerá como el partido del gobierno, aunque hoy ya no queda claro con cuál de los posibles prospectos.

Otra de las variables que habrá que considerar es la relativa a que Neri también será nuevamente un factor de poder en la sucesión de la Universidad, que también ocurrirá el año próximo. A todos les quedaba claro que Neri ya no era un factor de decisión y negociación al interior de la Universidad. Pero hoy no hay un solo motivo para descartar que éste pueda recuperarse como factor de negociación a partir de la facilidad que tendrá para apretar o beneficiar a un grupo por el control presupuestal de la UABJO directamente desde el presupuesto de egresos de la federación que se aprueba en la cámara federal, de la que él es una de las cabezas principales.

REACOMODOS

Además, no hay ninguna certidumbre de que el perredismo oaxaqueño tenga una verdadera buena relación con el grupo que quedó mejor posicionado en el PRD nacional. La gran incógnita es qué tan perjudicados, o beneficiados, en realidad fueron los grupos oaxaqueños de cara a este enredado panorama nacional del perredismo. Puede haber muchas sorpresas.

El Congreso viola flagrantemente la Constitución con consejo indígena

almargenoaxaca

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agosto 31, 2015

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+ Consejo de Sistemas Normativos viola la autonomía y rompe principios

La noche del viernes, 24 legisladores de la LXII Legislatura aprobaron la terna, y le tomaron protesta, a los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas (CESNEI), Jorge López Carreño, Raciel Cabrera García y Joel Isidro Inocente. Este acto provocó un duro comunicado por parte del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), que reclamó al Congreso la flagrante violación a la autonomía de la autoridad electoral. Esto se enmarca, además, en el hecho de que el Congreso no observó las normas que éste mismo aprobó la semana previa, y que está rompiendo abiertamente un principio constitucional federal, por el que todos esos actos carecen de validez.

En efecto, dicha sesión ordinaria, programada para el medio día del viernes, y que sólo logró reunir el quórum correspondiente después de las 21 horas, fue conducida por la diputada María Luisa Matus Fuentes, del PRI, en ausencia de la presidenta de la mesa directiva, la panista Leslie Jiménez Valencia. A la sesión acudieron mayoritariamente legisladores priistas y blanquiazules, ante un intento de que no hubiera el suficiente número de legisladores para que pudiera iniciar la sesión. Finalmente se reunieron 24 de los 42 que integran la Legislatura, y así pudieron iniciar una sesión que duró apenas unos minutos.

En la sesión se integró el CESNEI y se eligió al Secretario Ejecutivo del IEEPCO, figura que sustituyó a la de la Dirección General del órgano electoral. Específicamente, la creación del Consejo Estatal de Sistemas Normativos generó un fuerte rechazo porque no sólo significaba una intromisión abierta en la conformación y autonomía del órgano electoral, sino que además constituía un acto impositivo para los pueblos y comunidades indígenas, que ahora quedarán fuertemente sujetadas a un control político ejercido desde el Congreso del Estado a través del Consejo, bajo figuras tan controversiales y cuestionables como la terminación anticipada de mandato de cabildos indígenas, o la calificación que hará el Congreso del Estado de la situación política de una comunidad y el nombramiento, casi en automático, de la legaloide figura de los administradores municipales.

De hecho, había duda de que, una vez emitida la ley del CESNEI, el Congreso del Estado la publicara y estableciera un artículo transitorio en el que intentara ponerla en vigor inmediatamente después de su publicación, ya que de entrada lo que estaría ocurriendo es una flagrante y gravísima violación al principio constitucional establecido en el artículo 105 de la Constitución General de la República que, a la letra, dice: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Seguramente en el Congreso local consideraron que la norma que aprobaron hace dos semanas, que creaba el CESNEI y modificaba la Ley Orgánica Municipal y la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, era de carácter indígena y no electoral. Estruendosa equivocación, cuando en el nombre mismo de la norma, y del Consejo, se establece que es una norma de carácter electoral.

Por si eso fuera poco, hubo más: El Congreso del Estado nombró a los integrantes del citado Consejo, desoyendo las consideraciones que ellos mismos habían aprobado hace apenas unos días. Según, en las disposiciones que rigen la conformación del Consejo, se pedía que los integrantes fueran preferentemente integrantes de una comunidad indígena, que demostraran conocimientos en la materia y que además no tuvieran ligas partidistas.

Sin embargo, lo que ocurrió fue exactamente lo contrario: nombraron a Joel Isidro, un panista que fue diputado local y que ha sido dirigente de ese partido en los últimos años; a Jorge López Carreño, que fue abiertamente respaldado por la fracción priista como una cuota y no por su experiencia en temas electorales; y a Raciel Cabrera García que, según versiones periodísticas, es esposo de la diputada Vilma Martínez Cortés.

LA RESPUESTA DEL IEEPCO

Anteayer sábado, el IEEPCO publicó en su página de internet un comunicado, en forma de entrevistas a Roberto Heycher Cardiel Soto, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE y a Gustavo Meixueiro Nájera, Consejero Presidente del IEEPCO, en el que estruendosamente reprochan la injerencia del Congreso en asuntos que no debieran ser de su competencia, y que violan la autonomía de la autoridad electoral nacional.

“Las autoridades electorales condenan aspectos de la nueva Ley de Sistemas Electorales Indígenas pues vulneran la autonomía del órgano local electoral y socavan los principios democráticos de la reforma Constitucional de 2014”, puede leerse, al tiempo de que, en voz de ambos representantes de la autoridad electoral, éstos “coincidieron que con esta ley, el Congreso del Estado atenta contra la autonomía del órgano local pues al crear el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Indígenas se vulnera al órgano local electoral al establecer un órgano descentralizado dentro de uno autónomo. Aún más, cuando los integrantes de este consejo -que fueron propuestos por la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura- ya han sido designados sin que el Congreso del Estado tenga atribuciones sobre un órgano autónomo como es el IEEPCO”, apuntaron.

“Esta afectación a la autonomía del instituto, lastima también al régimen de sistemas normativos indígenas (…) Ese es el camino que todos debemos seguir y no uno donde se atente contra la independencia y autonomía de dichas instituciones”, señalaban.

¿QUÉ SIGUE?

Varias acciones de inconstitucionalidad, que tienen mucho por delante, y en las cuales tarde o temprano el Congreso del Estado terminará exhibido por sus abiertos intentos de agandallarse el control político de asuntos electorales que, constitucionalmente, ya no están en su competencia. Con estos actos, los diputados demuestran haber perdido ya la razón y la dimensión de su responsabilidad institucional, e incluso demuestran también haber perdido el sentido de la ley y de los límites que no debieran traspasar. Mientras, lo que se aprecia es una enorme tensión entre el órgano electoral y el Congreso, por una ley, y un Consejo, que ni siquiera cumplen con los principios establecidos en la Constitución.

Los cambios en el gabinete son indicador de nada

Columna

almargenoaxaca

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agosto 28, 2015

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+ EPN, tan acrítico como autista ha sido su gestión

Ayer el presidente Enrique Peña Nieto anunció una serie de cambios en su gabinete de gobierno. En muchos había la expectativa de ver a quién iba a enfilar el Mandatario rumbo a 2016, y qué sorpresas daba con los cambios anunciados. No hubo nada de eso, porque resulta que todos los cambios fueron enroques y no incorporó a nadie a la palestra política de un gobierno que apunta al desastre. Acaso el único que tendría posibilidades reales de crecer es el recién nombrado secretario de Desarrollo Social, José Antonio Meade. Pero falta ver qué perspectiva tiene —y le pintan— rumbo a los tres años siguientes.

En efecto, los cambios han sido esperados desde hace prácticamente un año, pero este fue el momento escogido de cara al tercer informe de gobierno, y no a las circunstancias. Pareciera que el Presidente decidió hacer estos movimientos, pero no como reacción alguna a las circunstancias del país, sino a su proyecto político. Hoy, sin embargo, la duda está en si su proyecto político concuerda con lo que el país necesita; y si la decisión del gobierno de no reaccionar frente a las vicisitudes y omisiones —Ayotzinapa, la Casa Blanca, la fuga del Chapo, etcétera—, sigue siendo una muestra de fortaleza y no una actitud anodina y arrogante frente a la realidad agobiante que enfrenta el país.

Básicamente, estos son los enroques —que no cambios— que ayer anunció Peña Nieto en varias secretarías de Estado y organismos federales: Claudia Ruiz Massieu, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en sustitución de José Antonio Meade. José Antonio Meade, en la Sedesol, en sustitución de Rosario Robles. Rosario Robles, secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en sustitución de Jesús Murrillo Karam. José Calzada Rovirosa, titular de Sagarpa, en sustitución de Enrique Martínez y Martínez.

Rafael Pacchiano Alamán, titular de Semarnat, en sustitución de Juan José Guerra Abud, quien a su vez será el próximo embajador de México en Italia. Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, en sustitución de Claudia Ruiz Massieu Salinas. Francisco Guzmán, jefe de la Oficina de la Presidencia, en sustitución de Aurelio Nuño. Renato Sales Heredia, comisionado Nacional de Seguridad, en sustitución de Monte Alejandro Rubido. Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, en sustitución de Emilio Chuayffet. Y José Reyes Baeza, director del ISSSTE, en sustitución de Luis Antonio Godina Herrera.

¿Qué cambios reales hubo? Ninguno. ¿Cuál de esos enroques responde a necesidades concretas del gobierno federal de cara a los últimos tres años de la gestión? Ninguno. Más bien, lo único que parece es una sacudida al gabinete federal para reorganizar trabajo y para permitir que sus funcionarios se “despejen” y se relajen, para asumir tareas que antes les tenía encomendadas a otros que únicamente fueron movidos a otros asuntos.

Todos los que aparentemente se quedaron sin responsabilidad en las áreas federales, o fue porque su proceso de agotamiento político o personal fue extremo (como el caso de Jesús Murillo Karam o Emilio Chuayfett, respectivamente), o porque les fueron concedidos premios en el servicio exterior mexicano. Tal fue el caso del ahora ex secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan José Guerra Abud, que será nombrado representante diplomático en Italia.

Frente a todo esto, cabe una pregunta: ¿Por qué no hubo cambios en las áreas del gobierno federal donde también éstos eran urgentes? Tres botones de muestra, brutales, son Gerardo Ruiz Esparza, de SCT, Luis Videgaray, de Hacienda, o Miguel Ángel Osorio Chong, de Gobernación.

Al primero lo persigue el antecedente de la licitación del Tren rápido México-Querétaro, que fue cancelado por el propio reconocimiento presidencial de que había irregularidades en el mismo. En una democracia madura, ese solo reconocimiento habría sido motivo moral del cese del titular del área responsable. Y bueno, frente a eso ya ni mencionar todo lo referente a Videgaray y Osorio Chong, a quienes los persiguen temas tan sensibles como el conflicto de interés o la fuga del Chapo Guzmán, respectivamente.

¿UN PERFILADO?

José Antonio Meade Kuribreña es el único de todos los funcionarios recién re-ungido, que no es producto de los afectos del Presidente. Meade va por su cuarta Secretaría de Estado al hilo, en dos administraciones federales distintas, emanadas de dos fuerzas políticas distintas, a pesar de tener un perfil técnico complejo pero un perfil político por demás básico. Meade lleva, sin parar, la Secretaría de Energía, de Hacienda y Crédito Público, de Relaciones Exteriores y ahora de Desarrollo Social. Si el Presidente pensara en un hombre académicamente fuerte y experimentado en las lides políticas, tendría que comenzar a voltear a ver al ex Canciller.

Pues resulta que México necesitaría ahora sí un hombre de Estado, formado en la academia pero templado en la vida pública; con roce con la más alta diplomacia del mundo, y con sensibilidad y conocimiento de la realidad social del país. Si ya tiene todos esos elementos, y el que le faltaba era conocer y palpar el país, ahora la oportunidad se encuentra en su nombramiento en Desarrollo Social.

¿Cuál es el riesgo no para el país, sino para el acendrado grupo priista que gobierna actualmente el país? Que Meade no es priista; es, más bien, un técnico, casi un tecnócrata, que además no es priista, y que ha trabajado lo mismo para un gobierno fundamentalista del PAN (el del presidente Felipe Calderón), que para el actual fundamentalismo priista en el que la llamada “sana distancia” quedó eliminada en aras de tener un partido fuerte, y según un presidente fuerte, de cara a 2018. ¿Meade puede ser una opción sucesoria? Si la hacen pensando en el país, es probable. Pero si lo hacen, como siempre, pensando en sus afectos, entonces no pensemos que eso podría suceder.

SOLIDARIDAD

Qué lamentable que mientras en el Nuevo IEEPO están tratando de sortear el vendaval magisterial, haya cretinos que se dediquen a generarle problemas a la administración y al Director para el que trabajan. Es el caso de un empleado de esa institución que, cargado de petulancia y soberbia, tuvo el atrevimiento de amenazar abiertamente a nuestro compañero Juan Carlos Medrano por cumplir con su labor periodística. Mal haría Moisés Robles si mantiene a ese lastre en esa institución, donde pretenden demostrar que las cosas están cambiando pero empleados como ese, demuestran lo contrario.

Robles y Gurrión: depredadores de las candidaturas independientes

almargenoaxaca

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agosto 27, 2015

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+ Tentación por congraciarse con la gente los lleva a lanzarse al vacío

Fue hasta burlona la escena en la que el senador Benjamín Robles Montoya se desmarcó del grupo gobernante, al anunciar que presentó una denuncia penal en contra de Jorge Castillo Díaz “por cometer actos fuera de la ley”. Esto ocurrió justo al día siguiente en que su grupo político —nacional— quedó definitivamente relegado de las decisiones importantes del PRD, pero también en el contexto de que él, y otros como el priista Samuel Gurrión Matías, están invadidos por la tentación de convertirse en candidatos independientes a la gubernatura en 2016. Los ciudadanos debemos estar alertas ante este temprano intento de depredación de las candidaturas ciudadanas.

En efecto, la mañana de ayer el senador Robles ofreció una conferencia de prensa para anunciar la presentación de una denuncia penal, pero también para demostrar su distanciamiento con el régimen asegurando que “el gobierno estatal se extravió y sucumbió ante las medidas del gobierno federal”. Y como para que no quedara duda de su posición de rebeldía frente al grupo que lo llevó a la posición que hoy ocupa en la cámara alta federal, Robles remarcó que “la pobreza en Oaxaca se ha agudizado”, y que “hay más corrupción y faltan de oportunidades de desarrollo en todos los sectores”.

Evidentemente, todas esas declaraciones, y el artificial desmarque del gobierno actual, ocurre a menos de un año de la jornada electoral para renovar la gubernatura, y en un contexto de profundos reacomodos en el PRD nacional, en donde las cosas han sido por demás adversas al grupo que cobijó a Robles Montoya desde que en 2012 se integró a ese partido.

¿Qué busca el senador Robles? Evidentemente, no es justicia ni resarcimiento para Oaxaca. Más bien, lo que está buscando es, por un lado, tomar distancia formal del gobierno y el grupo gobernante, ahora que las variables dentro de las fuerzas de izquierda cambiaron a partir del anuncio de la expropiación del IEEPO a la Sección 22 del SNTE; y en el otro extremo, lo que Robles parece intentar hacer es abrirse paso hacia una posible ruta como candidato independiente.

Pues todo apunta a que el senador Robles tiene muy claro —aunque en un sentido por demás demagógico, y sólo en función de sus intereses— que la ciudadanía hoy está ávida de políticos “broncudos” que se rebelan al sistema y que hacen declaraciones y promesas estruendosas —aunque no quieran ni sepan cómo cumplirlas— respecto a cuestiones como la corrupción y la justicia.

Por esa razón, Robles parece haber elegido al villano favorito de los últimos años en el gobierno estatal, para enfilar las baterías en su contra y llamar así la atención de todos los que están inconformes con el actual régimen —cosa que a estas alturas del sexenio es casi natural— y con los que dicen querer una segunda alternancia de partidos en el poder estatal.

En el lado partidista, con esta decisión Robles hace un claro guiño a Andrés Manuel López Obrador y su Movimiento de Regeneración Nacional, que ahora que ya trabaron alianza con la Sección 22 está ávida de tener un candidato. Así, a Morena le hace falta un candidato competitivo; y a Robles, en esa vertiente de las izquierdas partidistas, le urge un partido que lo haga candidato.

Esto ocurre, además, en el contexto de que la corriente de “los chuchos” quedó totalmente desplazada de las posiciones importantes en el PRD, y que en ese contexto el grupo oaxaqueño contrario —el del Gobernador, que tiene como elementos importantes a Francisco Martínez Neri y José Antonio Estefan Garfias— resultó ampliamente fortalecido.

La otra ruta es la de una candidatura ciudadana. No por nada Robles Montoya se está “enrudeciendo” y nada menos que hacerlo, para caerle bien a la ciudadanía, enfilando sus críticas hacia el propio régimen de donde él emanó. Ya durante años le fue muy rentable criticar al PRI; pero hoy —con la oposición caricaturesca del PRI en la entidad— ese discurso está agotado. Y entonces qué mejor que pavimentar la ruta de una candidatura independiente, aprovechando el desgaste natural del grupo gobernante. Aunque en realidad Robles sea un “ciudadano” sólo por su calidad jurídica.

GURRIÓN, OTRO IMPOSTOR

Pareciera que de lo que se trata es de llamar la atención. Pues así como Benjamín Robles está haciendo movimientos para allanarse una ruta alterna hoy que en el PRD los caminos se le cierran casi por completo, en el PRI tienen a Samuel Gurrión Matías. ¿Qué tenía que decirle a la ciudadanía en su “informe”? Bagatelas. ¿Qué pretendía demostrar su acto artificialmente multitudinario? Fuerza y respaldo ciudadano. ¿Para qué gastó docenas de millones de pesos al tapizar la capital oaxaqueña, y algunas regiones del Estado, con publicidad sobre su imagen? Para ubicarse entre la ciudadanía. ¿Con qué objeto? Ya lo dijo: para buscar convertirse en candidato independiente.

Y es que resulta que hasta un político hecho por las circunstancias, con una actividad legislativa improductiva e intrascendente, pero con mucho dinero en la bolsa, puede también apostarle a la impostura de una candidatura ciudadana. Eso es lo que hará: nunca se acercó genuinamente a los oaxaqueños, no es un líder natural, y tampoco tiene la estatura y la ascendencia dentro de su propio partido para verdaderamente pensar en que puede ser candidato.

¿Cuál es la ruta? Incrustarse y caerle bien a la ciudadanía —bien puede hacerlo con los regalos y el clientelismo que se la ha pasado ofreciendo en los cinturones de pobreza— para luego ir a intercambiarles todo eso por un apoyo a su “candidatura ciudadana”. Por un lado apuesta a una encuesta (que sólo mide popularidades, pero no calidades como posibles gobernantes); y por el otro, a abrirse el camino que se supone que la ley le reservó a los ciudadanos para participar en la política, pero que hoy pretende ser utilizado por los bribones que, disfrazados de ciudadanos, pretenden depredar esta incipiente figura, y ver si pueden “cuajar” como émulos del también engañoso “Bronco” en Nuevo León.

¿Y LA CIUDADANÍA?

No está de más la pregunta. ¿Dónde está esa gente que tiene todos los méritos y las capacidades de hacer algo mejor por el Estado, pero que no es ni diputado federal, ni senador, ni tiene un cargo público? De seguro hay muchos. El problema es que ante el silencio ciudadano surgen los aprovechados que, como falsos independientes, pretenden tomar el control de lo que se supone que fue hecho para la gente sin partido. ¿A poco no?

El Nuevo IEEPO debe moderar sus promesas sobre los aviadores

almargenoaxaca

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agosto 26, 2015

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+ No debe repetir historia demagógica de la mayoría de autoridades

El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, debe tener mucho cuidado en las aseveraciones que está realizando sobre los aviadores y los excesos cometidos en el Instituto durante el tiempo que estuvo bajo la connivencia del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. Si bien es cierto que nadie quiere impunidad frente a quienes cobraron y no laboraron, también lo es que la posibilidad de que éstos reintegren lo que cobraron indebidamente no es sencilla, y sobre todo que la mayoría de los oaxaqueños apuesta a un funcionamiento eficaz del nuevo Instituto, por encima de los ajustes de cuentas.

En efecto, en entrevista con TIEMPO publicada ayer martes, Robles Cruz dijo que quien haya cobrado de forma indebida en el IEEPO, “deberá regresar los recursos que recibió pues no laboró para ganárselo como sucedió con muchas personas que han aparecido en nómina y no ejercieron alguna labor”.

Dijo además que “se debe tener una investigación, pues algunas personas pidieron licencia, pero como abogado puedo decirte [a nuestro compañero reportero Iván Castellanos] que, quienes cobraron de manera indebida, deberán regresar los recursos”. Incluso, Robles Cruz indicó que se mantiene el proceso de revisión para analizar los casos, verificar las personas, con qué director de la institución llegaron, con qué líder sindical; sin distinción, deberán estar sujetos a estos procedimientos.

¿De qué tipo de procedimiento habla Robles Cruz? Debe referirse a procedimientos resarcitorios, aunque en realidad debiera ser prudente en señalar posibles responsabilidades de quienes devengaron salarios indebidamente, porque de forma irremediable esto podría alcanzar a la misma institución. A estas alturas, lo que ha sido el medio sancionador más eficaz es la exhibición pública de quienes gozando de una plaza administrativa o docente en el instituto educativo, realizan funciones políticas, partidistas o legislativas, demostrando fehacientemente con ello que cobran un salario que no desquitan con trabajo.

Pero ni uno solo de los que han sido exhibidos como aviadores del IEEPO, ha manifestado su disposición a devolver lo ya cobrado, e incluso hay quienes —como en el caso de la diputada María Luisa Matus— ni siquiera hicieron manifestación alguna ante las evidencias de que aparecen como trabajadores en activo de la educación en la entidad, cuando al mismo tiempo ocupan responsabilidades en otros ámbitos como el Congreso del Estado, o la administración pública.

Junto a eso, hoy en día ni siquiera hay certeza de que el gobierno federal pretenda iniciar los procedimientos respectivos, e incluso de que cuente con las herramientas jurídicas idóneas para conseguir que se devuelvan al fisco federal los recursos que fueron cobrados indebidamente.

Con lo que Moisés Robles debe tener aún más cuidado es con no seguir la ruta del clásico nuevo funcionario —o gobernante, da lo mismo— que gasta el primer tercio de su gestión persiguiendo a sus antecesores; luego ocupa el segundo tercio en reconocer los propios y crecientes problemas de su administración; y el tercero, en tapar sus propios faltantes y hacer lo necesario para garantizar que su sucesor no lo persiga y, si lo hace, no llegue a los asuntos que a esas alturas ya sabe que fueron incorrectos de su propio desempeño.

EL CICLO FUNESTO

Puede decirse que Robles comenzó a ser Director del IEEPO el 21 de julio pasado, cuando los gobiernos estatal y federal anunciaron la expropiación del instituto educativo a la dirigencia magisterial. Antes de entonces, Robles era un Director de membrete que, paradójicamente, también era de los que cobraba sin realizar las funciones para las que fue designado, simplemente porque las condiciones políticas no permitían que ejerciera plenamente el cargo de Director del IEEPO que en noviembre del año pasado asumió.

Si tomamos esa fecha como punto de arranque de su verdadera gestión como titular del IEEPO, Robles estaría hoy entonces —a 35 días de haber asumido el cargo— en la fase de perseguir a sus antecesores, y de revisar el pasado como forma de legitimarse. Es claramente lo que está haciendo, aunque seguramente ni él tiene del todo claro el derrotero que le espera, o las vicisitudes legales o de hecho a las que habrá de enfrentarse intentando perseguir el pasado.

En ese sentido, Robles debe considerar que desde el momento mismo en que emergió el llamado Nuevo IEEPO, éste ha realizado funciones y actos de autoridad que generarán sus propias consecuencias sobre las cuales no podrá responsabilizar al pasado. Aquí dimos cuenta ya de algunas, como por ejemplo lo que apuntamos el 5 de agosto pasado en este espacio, en el sentido de que los oficios de cambios de adscripción notificados a cientos de trabajadores que laboraban en las oficinas centrales del instituto educativo, no fueron realizados conforme a derecho. Como ese, que es apenas un botón de muestra, están ocurriendo a diario actos y decisiones que pueden generar todo tipo de consecuencias a este nuevo IEEPO.

Así pues, dentro de no mucho tiempo Robles tendrá que dejar cualquier tipo de actitud desafiante, para ponerse a reconocer los claros y oscuros de su propia gestión. Evidentemente, esto no significa que todo lo que haya hecho esté mal, pero tampoco que no haya negativos. Y más o menos dentro de 11 meses, Robles tendrá que comenzar a preparar lo necesario para su propio proceso de entrega-recepción. Pues a más tardar el 30 de noviembre del año próximo tendrá que abandonar su cargo.

¿Qué significa todo esto? Que Robles sólo debe invertir el tiempo indispensable en revisar el pasado, y debe asegurarse que su propia gestión sea lo más eficaz posible, y que cumpla la expectativa educativa del nuevo Instituto. Aunque suene a lugar común, a Robles le tocó un momento histórico que debe aprovechar de la mejor manera. Ojalá haya claridad para entender su circunstancia y las verdaderas prioridades para la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños.

¿CUÁNDO RESARCIRÁN?

Es lo que muchos nos seguimos preguntando, por ejemplo, de Bulmaro Rito y las tres docenas de personas a las que la ex Contralora acusó de “saqueadores” del erario en el gobierno de Ulises Ruiz. ¿Cuándo devolverán lo que se llevaron? En la respuesta, y el silencio frente a esa pregunta, está el futuro de lo que hoy se exige respecto a los aviadores del IEEPO.

Samuel Gurrión, muestra de la demagogia que debe desaparecer

almargenoaxaca

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agosto 25, 2015

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+ Es un diputado sin producción; sus “logros” son sólo faramalla

Muy pocas veces se ha visto en Oaxaca un despliegue tan amplio de recursos para un evento de tan poca importancia, y protagonizado por un personaje que tiene todo menos un compromiso con su estado. Es lo que ocurre con el diputado federal Samuel Gurrión Matías que ha gastado una suma millonaria de recursos para promover un “informe de resultados” tan insustancial como su producción legislativa.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta en su primera plana de los evidentes actos anticipados de campaña en los que está incurriendo el Legislador federal al promover su informe de actividades, así como del despliegue millonario de recursos y del sospechoso silencio de la autoridad electoral ante esta abusiva muestra de protagonismo y dispendio de recursos. En las últimas dos semanas los oaxaqueños vimos cómo la capital fue verdaderamente tapizada de anuncios espectaculares y todo tipo de publicidad impresa, además de insistentes mensajes transmitidos a través de diversos medios informativos. Hasta donde se recuerda, nunca un diputado federal oaxaqueño había gastado tanto dinero en promover su imagen.

Esto se explica, por el momento político por el que atraviesa Oaxaca, en la intención clarísima de Samuel Gurrión de posicionarse como uno de los aspirantes a la gubernatura en 2016. Sólo a partir de ese afán es que puede entenderse su disposición a gastar cantidades millonarias de dinero en promoción de su imagen, aprovechando como mero pretexto el final de su gestión como legislador federal. Lo más sorprendente de todo, es que Gurrión se presenta como un “diputado de resultados”, en una Legislatura en la que la diputación federal oaxaqueña que debiera quedar inscrita en la historia de las vergüenzas nacionales.

Pues a pesar de que no tuvo ninguna relevancia como legislador, de que no participó en uno solo de los debates e intercambios importantes ocurridos en la Legislatura, y que más bien fue medianamente conocido en el Congreso federal por su interminable cauda de frivolidades y excentricidades personales y políticas —su “informe” mismo de este fin de semana, es muestra de ello— pero nunca por haber presentado alguna iniciativa trascendente o por haber demostrado cualidades políticas o negociadoras, en una Legislatura en la que lo que sobraron fueron temas para participar y lucirse.

Nada de eso importó a Samuel Gurrión, que decidió invertir su dinero pretextando un informe en el que hasta de obras habló, únicamente para conseguir dos cosas: una percepción de fortaleza política que no sabemos si en algún espacio político se la den por buena; y dos, que la gente viera su nombre hasta en la sopa, a pesar de no tener ningún antecedente político, para que eso le permita aparecer en la encuesta que, según, va a definir la candidatura a Gobernador por el PRI, el próximo año.

Evidentemente, Gurrión no tiene ninguna posibilidad de convertirse en el candidato. Pero está utilizando la conocida estrategia de “posicionarse” en las encuestas, para demostrar que —según— representa algún capital político, y después negociar alguna posición de cara al proceso electoral del próximo año, en el que el PRI no tiene ninguna seguridad aún de recuperar la gubernatura.

Samuel Gurrión debía preguntarse cuántas de las personas que fueron a su informe lo hicieron convencidas de su asistencia, o al margen de alguna dádiva. Evidentemente, lo que hubo de por medio fueron diversos mecanismos de clientelismo político que, como suele ocurrir, al final no son más que un espejismo para quien decide invertir en ellos. Pues hubo caminata, acto multitudinario y hasta una especie de verbena. ¿Eso lo hace tener, en automático, el mismo número de votos del total de personas que asistieron a su evento? Evidentemente no.

Pero en el juego de las percepciones entre políticos, esas muestras de apoyo cuentan mucho. Incluso después de su “informe de resultados” —y de las millonarias cantidades de dinero que gastó—, ¿Samuel Gurrión sería capaz de ser competitivo legítimamente en una elección como la que se avecina, en un escenario como el de la capital en el que no tiene ni el arraigo ni los antecedentes de la región por la que es diputado?

La respuesta es tan incierta como sus resultados como legislador.

DIPUTADOS GESTORES

Es un escándalo que los congresos legislativos en México consideren presupuestos anuales millonarios para satisfacer las demandas de recursos para “gestión” de sus diputados. Y es, o cuando menos debiera ser, un escándalo que en nuestro país la gestión se pague con recursos públicos en los poderes legislativos, porque la función de los legisladores no es la gestionar recursos como dádivas para sus representados; porque, además, la gestión de recursos es en sí mismo un símbolo del fracaso institucional del gobierno; y porque nadie debiera aceptar que la gestión fuera uno de los mecanismo más idóneos para construir el recurrente futurismo político de los legisladores.

Pues resulta muy común afirmar, por ejemplo, que se desea llegar a cualquiera de las cámaras legislativas “para seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”. Dicha frase es uno de los mayores engaños demagógicos, de los que todos los mexicanos ya debiéramos estar curados.

Frente a esto, debiéramos preguntarnos. ¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. Pues la función principal de un legislador es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen al estado o a toda la nación. Todo eso, lamentablemente, parecen no entenderlo quienes inopinadamente se presentan como “diputados de resultados”.

FRAGUAS, OTRA VEZ

Aseguran que finalmente será Miguel Ángel Carballido Díaz, a quien la bancada priista apoye como “su cuota” para ser consejero del nuevo Instituto de Acceso a la Información. La votación es pasado mañana. Y a estas alturas quedan claras dos cosas: primera, que José Antonio Hernández Fraguas no quita el dedo del renglón en los órganos autónomos locales; y segunda, que este es el resultado del berrinche, y el chantaje, con el que hace unas semanas el ex Munícipe citadino anunció que iba por la gubernatura. Es la misma maniobra que ha utilizado en repetidas ocasiones, y que sorprendentemente sigue dando resultados.

El Congreso consolida el agandalle en el control de líos electorales

almargenoaxaca

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agosto 24, 2015

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+ Legislatura quebranta principios de autonomía y autodeterminación

Si fue escandalosa la forma en que el Congreso se agandalló el control político de la controversial figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas, hoy ya no sorprende que la ominosa Junta de Coordinación Política (Jucopo) también se haya engullido la facultad de nombrar y controlar a los integrantes del Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. El quebranto a varios principios constitucionales es obsceno, y desde ahora puede preverse que con esto el Congreso se consolida como un gran generador de problemas, y no de soluciones, para Oaxaca.

En efecto, en su sesión del jueves pasado la Jucopo presentó una iniciativa que crea la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. Al remitir la propuesta a la Mesa Directiva —junto con otra iniciativa para elevar la jerarquía del Contralor del IEEPCO-OPLE, y también someterlo al control y nombramiento de la Legislatura local—, sin ofrecer ningún tipo de explicación los integrantes de la Junta de Coordinación Política solicitaron que se le diera el tratamiento como de obvia y urgente resolución, para eliminar los requisitos de la remisión de la iniciativa a comisiones y la elaboración del dictamen correspondiente. Ávidos de consolidar el agandalle, los legisladores locales votaron a favor de la urgencia en la resolución del asunto, y elevaron a rango de ley una de las mayores aberraciones jurídicas de que se tenga memoria en Oaxaca.

¿De qué hablamos? De que, por principio de cuentas, la semana pasada en este espacio dimos cuenta de cómo la Jucopo impulsó la adición de un capítulo a la Ley Orgánica Municipal, y la derogación implícita del artículo 282 de la ley electoral, a través de una nueva regulación de la figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas. ¿Qué dice esta nueva reforma?

Establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio, como lo establecía el ahora derogado artículo 282 de la LIPEEO. Es decir, que irresponsablemente el Congreso redujo de forma drástica el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, y establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del Tribunal Estatal Electoral, para remitirla al IEEPCO, y básicamente al Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declararán la procedencia de la terminación anticipada de mandato, para que se realice la Asamblea en la que todo un Cabildo de procedencia indígena puede ser destituido, dejando sin ningún tipo de regulación y protección, varios principios básicos que deben tener las autoridades que pueden ser sometidas a este procedimiento, como su derecho de audiencia, sus garantías de seguridad jurídica o el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento —es decir, que conozca por qué se le demanda la destitución, que tenga posibilidad de contar con una defensa, de presentar y aportar pruebas, de formular alegatos y de tener derecho a un fallo fundado en derecho—, entre otros.

VAN POR TODO

Según la nueva Ley, el Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas concentrará un enorme poder respecto a la substanciación de las peticiones de terminación anticipada de mandato. Será algo así como un censor de las comunidades indígenas, que tendrá amplio margen para decidir en qué casos procede, y en cuáles no, el inicio y desarrollo de estos procedimientos; y después, qué determinaciones de asambleas comunitarias —en las que retira el mandato a sus autoridades— remite al Congreso local para su aprobación por una (increíblemente baja) mayoría simple.

La semana antepasada, la Junta tomó el control de este procedimiento de terminación anticipada de mandato, pero no hizo lo relativo al Consejo de Sistemas Normativos Internos sino hasta el jueves pasado. Pues al presentar una Ley de Sistemas Electorales Indígenas establecieron que los integrantes de este Consejo serán nombrados directamente por el Congreso del Estado a propuesta de la Jucopo.

Asimismo, quienes aspiren a integrar el citado Consejo, no necesitan probar indubitablemente los conocimientos y la experiencia en cuestiones electorales relacionadas con los sistemas normativos internos —a través de exámenes de oposición, trabajo en órganos electorales o conocimientos profesionales—, sino únicamente convencer a los integrantes de la Jucopo, quienes tienen a su criterio, como único parámetro de suficiencia sobre el cumplimiento de este requisito.

Así, sobre este conjunto de determinaciones vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación.

Y finalmente, si hubo una intención clara en la reforma política nacional de brindar de autonomía, profesionalización e independencia a los órganos electorales en sus distintos niveles, con este verdadero asalto a sus funciones también queda de manifiesto que al Congreso local lo último que le importa es lo que dice la ley, si esto se contrapone a sus intereses.

TRANSPARENCIA, UNA FARSA

No hay un solo viso de que vaya a haber un proceso competitivo de elección de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia. Los partidos y sus fracciones parlamentarias, voraces, van con todo al reparto de algo que se supone que debería ser ciudadano. Anticípenlo: todo el que tenga “padrino” dentro del Congreso, quizá tenga futuro. Los que no, de nuevo irán de comparsa para legitimar este mal chiste. Triste, pero cierto.

Al MarganColumna

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