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Independientes: En Oaxaca vale más la estructura que la popularidad

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+ Que aquí independientes ganen con “gente independiente”, un sueño


 

En los últimos días, al menos tres aspirantes a una candidatura a Gobernador han deslizado la posibilidad de buscar una candidatura independiente. La mayoría de ellos lo han declarado por pose, por moda, o por chantajear al partido en el que militan. Sin embargo, la ruta de un independiente en Oaxaca pasa por algunas particularidades que deben ser claramente consideradas no sólo por los aspirantes, sino por los oaxaqueños. La posible vía de una candidatura como esas debe llamar a una reflexión profunda sobre el valor de la política, y también de la ciudadanía.

En efecto, hasta el momento el senador Benjamín Robles Montoya, la ex diputada federal del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, y el también ex legislador federal Samuel Gurrión Matías, han dejado ver la posibilidad de buscar una candidatura independiente. Esa posibilidad encierra una serie de interrogantes y cuestionamientos propios de una entidad como la nuestra, que no está de más repasar y no perder de vista para los meses siguientes. Al final, quien de verdad quiera explorar esa ruta, tendrá que pasar por estos puntos de revisión.

El primero de ellos, es que en Oaxaca no hay un electorado independiente, ni fuerte, ni identificado con causas que no sean las de los partidos. Pensemos, ¿cuánta gente hay, fuera de los centros urbanos, que de verdad esté convencida de que los partidos no valen la pena, y que entonces la dádiva, la compra del voto, o la coacción, no sean vehículos para la captación de sufragios? Esa es una pregunta dolorosa y reveladora. En Oaxaca hay muy poca ciudadanía independiente: la mayor cantidad de ciudadanos está en los espacios rurales. Y esas personas votan en función de otros factores que no son —para mal de todos— el del voto informado, el del libre albedrío, o el de la capacidad de discernir entre candidatos.

Por esa razón, en Oaxaca la preferencia de un candidato independiente no pasa por los factores de Nuevo León, con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; o de Jalisco, con el diputado local independiente de origen, Pedro Kumamoto. Las candidaturas de ambos, se centraron en el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su proselitismo electoral; y en el caso de Kumamoto, llamó la atención el bajo presupuesto con que se financió.

Según su página de internet, sólo recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

El resultado fue, en ambos casos, de victorias apabullantes; pero logradas a través de personas que no militan en un partido; que tienen un nivel socioeconómico medio o alto; que no son susceptibles de la compra de su voto —no lo venderían por una despensa o un programa social, y la mayoría de ellos definitivamente no cambiaría su voto prácticamente por nada—; y personas a las que finalmente su propia situación social les permitió ejercer su ciudadanía, primero para apoyar a una persona que utilizaba en esa misma lógica el calificativo de independiente; y segundo, para darle su voto de manera libre e informada, como se supone que debería ocurrir con todos los ciudadanos… pero que no pasa en democracias tan incipientes y desiguales como la de Oaxaca.

 

INDEPENDIENTES, ¿CÓMO?

Aquí, hay aspirantes a la gubernatura —como Benjamín Robles Montoya— a los que no les costaría ningún trabajo conseguir las firmas que fueran necesarias para conseguir una candidatura independiente. De hecho, la pregunta para él no sería si las consigue o no, sino cómo lo haría. Y la respuesta apuntaría irremediablemente al uso de la estructura electoral que ha venido armando a través de las organizaciones sociales que lo respaldan.

Sí. En el fondo parece que en Oaxaca una candidatura independiente —que se conforma básicamente con apoyo ciudadano manifestado con firmas y datos de la existencia de esas personas en el padrón electoral— pasa por las estructuras electorales y no por la verdadera concientización ciudadana. Lo que han hecho, Robles y otros candidatos, es utilizar sus estructuras clientelares tradicionales, o para ponerlas al servicio de un partido político que los postule, o en su caso para ponerse la careta de independientes y lograr, artificialmente, una candidatura de esa naturaleza.

Pues resulta que según la lógica con la que aparecieron las candidaturas independientes, éstas debieran servir para que los ciudadanos del país pudieran acceder a la candidatura a un cargo de elección popular, gracias al apoyo de la gente que no tiene partido; pero según el sesgo local, éstas van a servir para quienes pretendan poner su estructura electoral al servicio de una causa diferente a la de los partidos políticos. ¿La gente da su apoyo de forma libre e informada? No: lo hace por la dádiva. ¿Apoyaría con plena conciencia y discernimiento de lo que haría? No: lo haría presionado o coaccionado por el beneficio antes o después otorgado. ¿Ese es el “espíritu” de una candidatura independiente? No: sería una abierta y grosera impostura, contraria al sentido que se busca con esa novedosa figura política.

Así, al final parece que las candidaturas independientes en Oaxaca pasarán por las estructuras electorales —lo mismo de siempre—, y no por el convencimiento ciudadano. Si intentan hacerlo a través de las fórmulas del norte o el occidente del país, se toparán con pared: aquí la mayoría de los electores no tiene un teléfono celular; ni redes sociales; ni un nivel de escolaridad que le permita entender perfectamente la importancia de mantener su voto en la voluntad y no en la dádiva o en el engaño.

¿Qué si tienen miles de oaxaqueños? Hambre, miseria, marginación. Es decir, la combinación perfecta para que hasta los independientes utilicen a las organizaciones y sus estructuras para darle una revolcada a su ingeniería electoral de siempre.

 

INDEPENDIENTE=CHANTAJE

En esa, y sólo en esa lógica, se entiende el mensaje de Agustín Basave en Oaxaca: no habrá chantajes ni condicionamientos. Eso se lo dijo a quien reiteradamente ha hablado de la ruta independiente, dentro de la izquierda oaxaqueña. Ese es Benjamín Robles Montoya.

Martínez Neri quiso ser el Aureoles oaxaqueño… pero no podrá

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+ El PRD tiene mucho que definir, y Neri no tuvo tanto para crecer


Cuando en los últimos días de agosto, el diputado federal por Oaxaca Francisco Martínez Neri, fue súbitamente ungido como Coordinador de la bancada del PRD en la cámara baja, hubo una idea —entonces creíble— de su partido, o las circunstancias, lo habían metido en la carrera sucesoria de Oaxaca. A Neri se le vio —y él mismo así lo asumió— como una posible reedición de Silvano Aureoles, que desde esa misma posición brincó a la candidatura a Gobernador de Michoacán, y hoy es mandatario de aquella entidad. Sólo que los hechos indican que nada de esto será así, justamente porque Martínez Neri no es Silvano Aureoles.

En efecto, en su edición de ayer domingo, la columna Bajo Reserva Express, del periódico El Universal, daba cuenta de una desesperación que no debiera ser propia de un político bien plantado en su cargo. “El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, está dispuesto a prometer lo que sea necesario para que el partido le de la candidatura al gobierno de Oaxaca, nos comentan. Nos explican que aún sabiendo que los números no le alcanzan al interior del partido, ha alzado la mano debido a que asegura cuenta con el respaldo de los profesores que conforman la CNTE.

“Además don Francisco, quien fue rector de la UABJO, ha dicho a los perredistas que de obtener la candidatura irá en una alianza con todas las fuerzas de la izquierda, incluida Morena. El problema, nos dicen, es que ni Morena, ni su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, no quieren saber nada del PRD y la CNTE. Así, Martínez Neri tiene un camino complicado, no solo para lograr que el PRD le de la candidatura, sino para juntar agua y aceite”, remataba la publicación (http://eluni.mx/1P0zWQ4).

Más allá de si Martínez Neri podría ser un interlocutor válido en la posible reunificación de las izquierdas (al menos) en Oaxaca, lo que esta publicación revela es lo que ya muchos han visto en los corrillos de la política nacional: que a Martínez Neri se le cumplió la profecía de ser un coordinador parlamentario sólo de membrete, y que además él no fue capaz de acreditarse —ni siquiera entre sus correligionarios—, para poder contar con un capital propio que le abriera el margen para disputar válidamente la postulación del PRD a la candidatura a Gobernador de Oaxaca.

Sobre el arribo de Neri a la coordinación, vale recordar lo que apuntamos en este espacio el 1 de septiembre: que al oaxaqueño lo propuso Jesús Valencia (el cuestionado delegado con licencia en Iztapalapa) y lo respaldó el grupo de Miguel Mancera. Valencia, que es vicecoordinador, vio en el oaxaqueño al adecuado para ocupar temporalmente la coordinación, hasta que fuera nombrado (según él) como candidato a la alcaldía de la capital oaxaqueña en 2016, y él pudiera subir a la coordinación. Sólo que ahí se atravesaron nuevamente los perredistas al mando de Acosta Naranjo.

¿Qué pasó? Que la parte de Nueva Izquierda afín a Naranjo, apuntamos en aquel entonces, vio bien a Martínez Neri, y empujó el acuerdo con Zambrano para que éste fuera Presidente de la Mesa Directiva. Fueron a votación, y lograron que Neri obtuviera el mayor número de votos y se colocara como coordinador. Acosta Naranjo quedó estratégicamente en segundo lugar, y se ubicó como vicecoordinador, y “cuña” de Neri al interior de la bancada. Hoy saben que el encargado de manejar los recursos de la bancada, y el negociador al interior será Acosta, y el rostro público será Neri.

LAS PIFIAS DE NERI

Asimismo, queda claro que al margen de la negociación entre las tribus perredistas para definir a su coordinador, en estos 100 días que lleva Martínez Neri como Coordinador, no logró construir algo sólido a partir de la oportunidad que el perredismo le dio, y a estas alturas ya no podrá hacerlo. En lugar de generar condiciones para tratar de ubicarse como un verdadero factor de respeto y decisión al interior del PRD, Neri prefirió abrazar sus prácticas acaparadoras y egocéntricas de siempre, pero apenas le duró unos días su creencia de que verdaderamente era el mandamás entre los perredistas.

Apenas una semana después de haber asumido como coordinador, vinieron los primeros cuestionamientos por el uso de los recursos de la bancada, y por la intención del oaxaqueño de desplazar a todos los que no fueran estrictamente de su equipo, para hacer el manejo presupuestal, técnico y administrativo de la fracción perredista.

Eso le generó, desde el inicio, un enorme descrédito, que se ha venido profundizando por su incapacidad de tomar el timón en los asuntos importantes. Se dice, incluso, que Neri quiso imponer la práctica de que las reuniones con diputados federales —sus pares— las encabezaran sus asesores. Eso tampoco le fue permitido; y por eso, en las tareas de coordinación, se terminó fortaleciendo la figura de Guadalupe Acosta Naranjo, que había entrado como “guardián” pero ha fungido cada día más como el coordinador de facto.

Al final, Martínez Neri también vio que su antecesor inmediato era Silvano Aureoles y que él había construido, desde la coordinación de la diputación perredista, su candidatura al gobierno de Michoacán. Creyó, básicamente, que el cargo hacía su labor casi en automático, sin considerar que el trabajo político es determinante. Pero se ha llevado una amarga sorpresa, al corroborar, en estas semanas, que no es más que un coordinador de membrete pero ya sin capacidad de generar ningún tipo de sinergia o presión entre sus compañeros, o frente a la dirigencia nacional del PRD, que le sigue dando su lugar como coordinador y como negociador aparente, e incluso como una carta posible a la candidatura a Gobernador de Oaxaca, pero sin concederle ninguna posibilidad real de alcanzarlo.

DE RELLENO

Al final, Neri no tiene nada de lo que se necesita en el PRD para buscar sólidamente una candidatura de ese tamaño: no es un político con los avales políticos de los poderes federales; no tiene el apoyo político del régimen estatal (eso lo trae José Antonio Estefan Garfias); no es un personaje con presencia o capacidad de crecimiento electoral; y ni siquiera podría usar, en las condiciones actuales, el liderazgo entre los diputados federales perredistas para verdaderamente se considerado. Así, Martínez Neri parece más un material de relleno para legitimar la intrincada y enredada carrera perredista por la definición de su candidato, que alguien con auténticas posibilidades de convertirse en candidato.

En Oaxaca, qué bueno que haya muchos aspirantes a la gubernatura

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Gobernador

+ Se debe privilegiar el tiempo de la pluralidad y competencia política


Es una paradoja que la ciudadanía exija democracia, y que en apariencia los partidos políticos la promuevan como un elemento progresivo de la sociedad, pero que en el fondo haya quienes sigan siendo afines a prácticas tan conocidas —e indeseables— como el “dedazo”. Hoy que en Oaxaca estamos en vísperas de definiciones fundamentales en los partidos rumbo a la sucesión gubernamental, la competencia preelectoral parece marcada por cierta repulsión a una competencia abierta. ¿De verdad quisiéramos regresar al régimen de un solo hombre, un solo gobernante, un solo candidato, y un solo “heredero” del poder público?

En efecto, en los últimos diez días hemos visto cómo la competencia en los partidos se ha nutrido de aspirantes. En el PRI, en el que todos suponían que lo que ocurriría es una decisión tajante desde las entrañas del poder federal, hay por lo menos tres aspirantes que hasta ahora han manifestado su intención de participar en el proceso de selección del candidato. En el PRD hay hasta el momento un solo participante, aunque eso no significa que no vaya a haber competencia. En Acción Nacional, igualmente hay hasta el momento una sola persona que ha manifestado abiertamente su deseo de convertirse en candidata. En las demás fuerzas políticas —y dependiendo del rumbo que tome la coalición— irán apareciendo más y más posibles contendientes.

En ese escenario, hemos visto que hay un ánimo que aparenta ser repulsivo a la competencia. En el PRI, por ejemplo, ha habido intentos casi permanentes de desacreditar a los aspirantes. En esa lógica, han desfilado desde los argumentos más atendibles hasta las ideas más absurdas por las que unos creen que sus competidores no deben ser quienes ganen la competencia por la candidatura. Al final, lo cierto es que todos debieran recibir con buen modo la competencia porque finalmente ese es el signo que legitima cualquier proceso dentro de un partido político.

Además de eso, la competencia dentro del PRI es bastante nutrida. El ex director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa tiene, además de sus importantes antecedentes académicos y de experiencia en el servicio público, el factor fundamental de ser un personaje cercano al gobierno federal. Oaxaca necesita urgentemente la atención federal efectiva, y Murat Hinojosa es una garantía de la sinergia que en los últimos tres lustros ha estado rota entre la federación y nuestra entidad por las reiteradas diferencias entre los presidentes y los Gobernadores de Oaxaca.

Junto a él se encuentra el ex secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, que además de tener una amplia trayectoria política en Oaxaca, en los casi dos últimos años que fungió como servidor público, demostró eficacia en la atención de los asuntos que le competían. Fue un funcionario discreto, alejado de escándalos y que además demostró capacidad de interlocución con muchos de los grupos sociales que se convirtieron en elementos críticos de esta administración. La sola lógica política, y su presencia en el escenario actual, explica la decisión de Gómez Sandoval de participar en esta competencia.

En un tercer frente está el senador con licencia, Eviel Pérez Magaña, que si tiene un valor agregado es su presencia permanente en la política local desde el año 2010. A pesar de asegurar que es el puntero en las encuestas, acaso es quien tiene más negativos no sólo por sus sucesivas derrotas en los últimos procesos electorales en los que ha participado, sino además por su cercanía inocultable con el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz.

Es cierto que es un personaje electoralmente competitivo, pero también es quien menos puede crecer dado lo explotada y desgastada que está su imagen luego de tantos altibajos en su trayectoria política reciente. Ello hace relativa su rentabilidad. No obstante, su sola presencia en la competencia electoral fortalece la idea de que finalmente el PRI tomará una decisión importante, consensada y legitimada entre todos los factores políticos dentro de ese partido.

(NO) MUCHOS CANDIDATOS

En el PRD sólo el diputado federal con licencia José Antonio Estefan Garfias, ha manifestado su decisión de buscar la candidatura al gobierno estatal. Ello, como en el caso de Gómez Sandoval, se explica a partir de la lógica: con este proceso electoral, suma tres ocasiones en las que ha aspirado a ser abanderado de un partido político. Por ese solo hecho, no hay razón para suponer que ahora no lo intentara, añadiéndole el hecho de su vigencia política como legislador federal en funciones.

Particularmente, en el PRD hay una indefinición que deberá resolverse en las semanas próximas: el senador Benjamín Robles Montoya se asume como militante de ese partido, y en algunos momentos ha también manifestado su deseo de ser candidato del PRD a la gubernatura. No obstante, Robles intenta generar también una estructura que le permita competir como candidato independiente. Con eso, pareciera que Robles está tratando de generar una especie de chantaje, que no necesariamente pasa por una competencia interna que, para variar, tampoco ha planteado la dirigencia nacional del PRD para definir a su candidato.

Finalmente, en el PAN las cosas tienen un contexto similar. El panismo es una fuerza política minoritaria en la entidad, y se verá muy anclado a la decisión que tome el PRD si es que deciden ir en coalición. Por si solo el PAN ha sido incapaz de ganar distritos en los últimos comicios y eso enturbia su panorama. Esa situación es concomitante a su carencia de cuadros. Por eso la ex diputada federal Eufrosina Cruz parece ir sola en esa competencia, aunque también está cayendo en la tentación del chantaje con la idea de generar una candidatura independiente.

Finalmente, lo lógico y necesario es que se abran las competencias internas y se privilegien las decisiones legitimadas, y no las cupulares. Sólo en esa medida podrán los partidos políticos tener candidatos reales. Los que quieren la verticalidad deberían optar por Morena, que hoy en día es el único partido donde continúan utilizando el verticalismo de un solo líder.

NUEVO TITULAR

Ayer el Congreso local ratificó a Carlos Santiago Carrasco como nuevo Secretario General de Gobierno. La apuesta fue, al parecer, por un elemento operativo experimentado que evite las “curvas de aprendizaje” que pudieran ser innecesarias, y hasta nocivas, en un periodo como el que vive la entidad.

PVEM vs Fepade: que la escoria de unos no disculpe la de los otros

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+ El fiscal cuestionado debe irse; también deben sancionar los excesos


Hace dos semanas la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), dependiente de la PGR, presentó ante un juez conclusiones acusatorias sobre la comisión de delitos por parte de Arturo Escobar y Vega, durante el pasado proceso electoral federal, por su actuación como responsable de la comunicación social del Partido Verde Ecologista de México durante ese periodo. Días después, un diario de la capital del país reveló que el titular de la Fepade había sido asesor de la fracción perredista en el Senado. Es cierto que esto puso en entredicho la actuación del fiscal de delitos electorales; ¿pero ello debe terminar disculpando a Escobar y al Partido Verde de sus tropelías durante las campañas?

En efecto, a Escobar y Vega —que al darse a conocer que la Fepade había solicitado una orden de aprehensión en su contra, se separó el cargo de Subsecretario de Prevención del Delito y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación— se le imputó el delito previsto en el artículo 15 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que castiga a quien destine o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato o partido cuando exista una prohibición legal para ello. Escobar, en aquel momento, se dijo inocente frente a tal acusación. Y ayer se dio a conocer que el juzgado federal al que la Fepade le había solicitado el obsequio de la orden de aprehensión, negó la posibilidad de librar dicho mandato judicial.

¿Qué significa esto? Que ahora mismo está ocurriendo una doble estrategia para disculpar al Verde de los excesos cometidos durante la reciente campaña electoral federal, y provocar una clarísima cortina de humo para que todas las arbitrariedades cometidas queden impunemente en el olvido. ¿De qué se compone dicha estrategia? Por un lado, de exaltar el error —evidente e imperdonable— cometido por el titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, de omitir el trabajo jurídico que había realizado con partidos políticos al presentar su intención de convertirse en titular de dicha fiscalía; y por el otro, del claro contraataque del Verde para victimizarse no por las acusaciones formuladas por la Fepade, sino a partir de la afrenta que ahora tienen con Nieto Casillo.

En un escenario como éste es indispensable no perder de vista los hilos conductores de los dos problemas, que son paralelos pero no similares: por un lado está la situación del Verde durante el periodo de campañas. Si hubo un partido político que quebrantó de forma vil y grosera toda la nueva legislación federal en materia electoral, éste fue el PVEM, que lo mismo utilizó información disfrazada en medios de comunicación, que contrató a personas influyentes en redes sociales (deportistas, artistas, “twitstars” y demás) para que hicieran campañas —positivas y negativas— según los intereses del verde.

Al Partido Verde se le sancionó con multas que llegaron a rebasar incluso su presupuesto anual por las claras contravenciones a la ley electoral; pero esto parecía poco importante frente a la clara intención de dicho partido de convertirse en el complemento impresentable del PRI para la composición de la LXIII Legislatura federal.

El Verde, de hecho, nunca se arredró con las multas y tampoco limitó sus estrategias de campaña, a pesar de que se le documentó el uso indebido de recursos públicos, la compra disfrazada de espacios en medios de comunicación, los llamados “cineminutos” en algunas cadenas de cines, la utilización indiscriminada de redes sociales y el uso de dádivas directas y abiertas al público para que votaran por ese partido.

Incluso, luego del proceso electoral se solicitó al Consejo General del Instituto Nacional Electoral que contemplara la posibilidad del registro por sus violaciones abiertas y sistemáticas a la ley electoral. El INE no lo consideró, permitiendo que fuera el Verde quien le hiciera la campaña sucia al PRI para mantener, juntos, la mayoría en la cámara baja en la segunda legislatura del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

LAS PIFIAS DE NIETO

El pasado 4 de diciembre, el periódico El Universal reveló que Santiago Nieto Castillo laboró por más de un año como asesor del grupo parlamentario del PRD en el Senado, información que omitió declarar dentro del currículum que por ley tenía que entregar para ser nombrado titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

De inmediato, la dirigencia del Partido Verde —que ya lo había acusado de actuar por consigna, sin reconocer sus excesos— de inmediato se le abalanzó para acusarlo de conflicto de interés y, en resumen, exigir su renuncia a la titularidad de la fiscalía. Apenas cinco días después parece estar resultado que el Partido Verde y Arturo Escobar fueron “blancas palomas”, y que el verdadero malo de esta trama es el fiscal Nieto Castillo.

Básicamente, parece que la intención es la siguiente: que Santiago Nieto se quede con todo el precio del desprestigio por esta última situación, para que así el Verde pueda pasar de acusado a acusador, y pueda colocar en el banquillo de los acusados a aquellos que intentaron llevarlos ante la justicia. Evidentemente, el fiscal Nieto Castillo es responsable de no haber declarado la totalidad de sus empleos y referencias laborales anteriores, para demostrar que no tenía los vínculos que le impidieran ser el revisor de la actuación de partidos y candidatos durante el proceso electoral. Pero si esto no resultó así, y Nieto sí incurrió en conflicto de interés, nada nos debiera llevar a suponer que ello en automático disculpa al Partido Verde de sus excesos.

La intención es tal. El Verde busca ahora, apenas dos semanas después de ser acusado de incurrir en delitos electorales, en víctima de las consignas de otros partidos, para así dejar escondida —al menos para quienes tienen memoria corta— la realidad de que ellos han sido los mayores infractores de las normas electorales, y los que más se han burlado del sistema electoral sólo para hacerle el trabajo sucio al PRI, que silenciosamente abona al sostenimiento de esa impunidad.

UN MITO URBANO

Por cierto, ¿alguien sabe de la existencia del Partido Verde en Oaxaca, y su supuesta fuerza electoral? ¿Hay alguien que pueda afirmar que está en condiciones de decir que vio a ese partido en nuestro estado, o que al menos sabe de su paradero?

Oaxaca no debe ser cementerio del “efecto cucaracha”

 

 

Reten

+ Autoridades, obligadas a dejar la sorna y la confianza


Aunque las autoridades estatales han tratado de disimular la criminalidad que asola a la entidad, existen regiones del territorio oaxaqueño en las que la delincuencia organizada opera con toda normalidad. A la par de ello, esa misma confianza gubernamental ha permitido que otras regiones se hayan convertido en algo así como “el patio trasero” de las bandas criminales que operan en otras entidades del país. Debe abandonarse la confianza, porque buena parte del problema de la inseguridad tiene que ver con eso, y no con el efecto de la criminalidad en otras regiones del país.

En efecto, en los últimos años las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, han achacado la criminalidad a dos cuestiones que hoy en día ya son simples lugares comunes. Por un lado, aseguran que en Oaxaca ocurren hechos relacionados con delincuencia organizada por la misma razón por la que ocurren en otras entidades: por la fuerza que tienen las organizaciones criminales y por sus amplias redes de operación; por otro lado, han asegurado que es imposible reducir la criminalidad a cero, y por eso ven con cierta normalidad la incidencia delictiva en la entidad. ¿Es eso real?

Para entenderlo hay que entender el fenómeno de la delincuencia organizada en el país. Por ejemplo, en Veracruz hay una importante actividad de la criminalidad, por la misma razón que ésta existe en otros lugares como Michoacán o Colima. En gran medida, la incidencia delictiva tiene que ver con la existencia en esos lugares de los principales puertos mercantes de entrada al país. Al ser éstos sitios por donde ingresan personas, armas y sustancias atractivas para el crimen organizado, ellos se vuelven lugares de fuerte presencia criminal, que por el mismo efecto de la guerra contra el crimen organizado hace algunos años dejaron la sola actividad del narcotráfico, para involucrarse en cuestiones como la trata de personas, el narcomenudeo, la extorsión, el cobro de piso, y las demás que hoy es ampliamente conocido que realizan.

Ahora bien, si esos lugares son atractivos para la criminalidad por los puertos, hay otras regiones que son conocidas como “corredores”, y que no son sino las regiones, zonas, carreteras y hasta entidades federativas por donde se transportan todos los “productos” con los que comercia la delincuencia organizada. Por eso, los corredores que van de la región golfo al norte del país, y las que siguen rutas por el centro de la República, o las del Océano Pacífico hacia los Estados Unidos, son de las que también tienen una incidencia criminal alta.

Así, los grupos delincuenciales protegen sus rutas y sus “corredores”, así como sus respectivas zonas de la frontera norte por donde cruzan sus mercancías hacia la Unión Americana, porque esas son zonas cruciales para sus actividades. Ello permite entender con facilidad que esas regiones sean de amplia incidencia delictiva y que constantemente se encuentren en disputa entre organizaciones criminales que ya no sólo tienen a las drogas como su único negocio, sino que lo diversificaron hacia una serie de actividades en las que la violencia y la impunidad son la moneda de cambio.

 

EL CASO OAXACA

Ahora bien, ¿por qué Oaxaca no es tan atractivo para la delincuencia organizada “nacional”? Parece que por una razón simple: que al menos para el trasiego y la comercialización a gran escala, nuestra entidad no representa ni un mercado importante, ni un lugar insalvable de paso. Esto se entiende a partir de que distintas drogas o llegan al país por rutas que no son las terrestres y que tampoco pasan por la entidad, o de que éstas se producen en laboratorios clandestinos que no necesariamente tienen un asiento importante en la entidad.

A partir de eso puede entenderse que Oaxaca nunca ha figurado dentro de las grandes estadísticas nacionales relacionadas con las actividades criminales, y que —utilizando el lenguaje policiaco, tan común en este país actualmente— tampoco sea una “plaza” en disputa por algunos grupos. Ello no quita que haya presencia de delincuencia organizada o que en la entidad no haya un problema por el trasiego o venta al pormenor de sustancias prohibidas. La diferencia radica en que, hasta ahora, la entidad no ha sido una “plaza” importante de paso como sí lo son la mayoría de las entidades del norte del país, o como ocurre con sitios en los que la venta al consumo de sustancias prohibidas representa un negocio verdaderamente importante.

Esto nos lleva a otra cuestión: ¿Por qué en Oaxaca existe presencia criminal, no únicamente en lo relacionado con las actividades relacionadas con la producción, transportación o venta de droga al menudeo? Esto ocurre, básicamente, por la permisividad que hasta han mostrado las autoridades relacionadas con este asunto, y con la falta de acciones verdaderamente coordinadas no sólo para perseguir lo relacionado con las drogas, sino para ir en contra de todas las demás actividades que tienen que ver con delincuencia organizada. Por eso, en varias regiones de la entidad ocurren secuestros, extorsiones, cobros de piso y diversas actividades ilegales que aunque no tienen que ver con las drogas sí son actividades que lastiman drásticamente a la sociedad.

Lo peor es que esa permisividad, convertida luego en impunidad, se vuelve un problema mayor para la entidad, ya que por eso Oaxaca es una especie de “patio trasero” de las actividades delictivas de otras entidades. El caso más concreto es el de Veracruz, en donde la fuerte presencia criminal arroja violencia en diversos tipos, y Oaxaca resulta ser el receptáculo libre de esa violencia.

 

DIME CON QUIÉN TE JUNTAS…

Sobre el relevo de ministros en la Corte, el periodista Darío Celis (http://bit.ly/1SN7C2M) apuntaba un dato por demás interesante: el aspirante a Ministro, Javier Laynez Potisek, siendo procurador fiscal de la Federación, encargado de perseguir la evasión fiscal, hizo la presentación del libro Epítome Fiscal 2008, de editorial Porrúa, de la autoría de uno de los principales precursores de esquemas fraudulentos de outsourcing, llamado Sergio Castro López. De acuerdo con información del SAT —dice Celis—, Castro López ha evadido a través de sus esquemas, más de 50 mil millones de pesos en impuestos y actualmente es buscado por la Interpol, ya que tiene varias órdenes de aprehensión y diversos procedimientos penales por delitos de defraudación fiscal. Este es un caso evidente de conflicto de interés que habrá de pesarle al aspirante a ministro.

¿Por qué PRI no quiere que se regulen las candidaturas comunes?

Dip PRI

+ Los diputados exigen con razón; el problema es que la falla es suya


 

Mediante un comunicado, la diputada local priista María del Carmen Ricárdez Vela, aseguró que “por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (Ieepco) debe regular las candidaturas comunes”. Según la Legisladora, esto rompería con los principios de certeza y legalidad que deben regir los procesos electorales, a pesar de que fue el Congreso quien generó el vacío legal que, de hecho, inutilizó las nuevas figuras electorales establecidas en la Constitución local. ¿Hay más razones, además de las legales, por las que el PRI quiere que no se utilice la figura de las candidaturas comunes?

En efecto, de acuerdo con la diputada Ricárdez Vela, su exigencia de que no se reglamenten las candidaturas comunes por la autoridad electoral ocurre en atención a los lineamientos que el OPLE-Ieepco ha estado emitiendo “a consecuencia del proceso electoral 2015-2016” (sic). Según el comunicado emitido por la fracción del tricolor en el Congreso local, la legisladora priista propone “que la Legislatura del Estado exhorte a esta institución electoral para que no regule las candidaturas comunes”.

Por lo tanto, dice la diputada Ricárdez, “el OPLE-Ieepco deberá realizar su función electoral, en los términos que establece la Constitución [federal], la LGIPE, la Ley General de Partidos Políticos, la Constitución Local, el CIPPEEO y los lineamientos que al efecto tenga emitido el INE, en lo que resulte pertinente para la organización, desarrollo, vigilancia y calificación de las elecciones locales”.

Y sostiene que para el proceso electoral 2015-2016, el IEEPCO únicamente podrá establecer las reglas que hagan efectivo el derecho de participación de los partidos políticos, en la modalidad de coaliciones totales, parciales o flexibles, más no en la de candidaturas comunes, toda vez de que esta forma de participación no se encuentra regulada y desarrollada en ninguna de las disposiciones generales y locales aprobadas, tanto por la legislatura federal como local.

A pesar de esas consideraciones, la postura planteada por la diputada Ricárdez es insostenible. Lo es porque si bien no hay reglamentación aplicable en lo que se refiere a las candidaturas comunes, lo cierto es que esa figura ya se encuentra en la Constitución local y ella no fue declarada inconstitucional en la sentencia emitida por la Corte en la Acción de Inconstitucionalidad 53/2015 y sus acumuladas. De hecho, lo que existe es un vacío que no impedirá a los partidos políticos llevar, incluso a los tribunales, su derecho a utilizar una figura establecida en la Constitución, así como el deber de la autoridad electoral de proveer lo necesario para hacerla operante.

De hecho, el problema de fondo en este asunto no radica sólo en si el IEEPCO tiene o no facultades reglamentarias para emitir un reglamento que haga operable una figura establecida en la Constitución, sino sobre todo en el hecho de que la abrumadora decisión tomada por la Suprema Corte, de expulsar del sistema jurídico oaxaqueño todo el contenido de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, dejó un enorme hueco que ahora no puede ser solventado por la LXII Legislatura —la responsable de haber cometido errores en el procedimiento para aprobar esa norma— y sobre el cual tampoco existe claridad de si el OPLE-IEEPCO tiene facultades reglamentarias.

Pues resulta que en medio de todos los matices se encuentra el hecho de que, por un lado, ni el mismo PRI tiene claro si es el IEEPCO, o el Consejo General del INE, quien pudiera tener la facultad de reglamentar esta figura, en una circunstancia tan particular como la que enfrenta Oaxaca.

En el otro extremo está el intento del órgano electoral de cumplir con lo que marca la Constitución. Por eso, ante el vacío, lo que terminará ocurriendo es la judicialización del proceso electoral, a partir de que hay enormes lagunas legales, y de que no existe claridad sobre quién, cómo y con qué alcance la autoridad electoral (recordemos que ya es una sola, el INE, que tiene alcances nacionales). Esa incertidumbre se la debemos agradecer a la LXII Legislatura, que no deja de hablar de legalidad y de grandes hombres, pero que resulta ser la provocadora de esta incertidumbre, que es lo único seguro para este proceso electoral.

 

¿POR QUÉ FRENAR LAS CANDIDATURAS COMUNES?

Aquí dijimos (Al Margen 07.10.2015) por qué las candidaturas comunes eran una tentación para los partidos, y por qué entre las fuerzas coaligadas había tanto interés porque dicha figura se aprobara. Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

 

PÉRDIDA

Las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde fueran débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías. Por eso, las candidaturas comunes fueron las “letras chiquitas” de la malograda reforma electoral a favor de la coalición. Cuando esto fue declarado inconstitucional, la afectada fue la coalición. Por eso tanto interés del PRI en que esta figura no opere en estos comicios, pues ello implicaría reinstalar una ventaja para sus competidores, que ellos ya creían cancelada.

Oaxaca en contexto nacional: ¿por qué los partidos no se definen?

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+ En el contexto electoral, ¿por qué puede ser importante Oaxaca?


Entramos en el proceso electoral, y en Oaxaca muchos creemos que las definiciones nacionales se juegan aquí. ¿Qué tan cierta es aquella vieja idea de que nuestra entidad es una especie de “caja de resonancia” de lo que ocurre en el país, y que por esa razón el gobierno y los partidos políticos estarían obligados a darle la mayor importancia a las definiciones políticas en nuestra entidad? Debemos considerar la importancia real que tiene Oaxaca en el contexto nacional, para poder entender también sus procesos políticos y las definiciones electorales que están en puerta.

En efecto, la semana pasada vimos cómo ocurrieron diversas renuncias de personajes que aspiran específicamente a convertirse en candidatos a la gubernatura del estado. La separación del cargo de Alejandro Murat Hinojosa marcó el banderazo de inicio del proceso político para la sucesión, y detrás de ésta vinieron otras dos dimisiones que también deben ser entendidas en tal contexto. Por un lado, el senador Eviel Pérez Magaña, y por el otro el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval, formalizaron su participación en el proceso de designación del próximo candidato a gobernador por el PRI.

Las lecturas de esos hechos, en su mayoría, han sido excluyentes. La impermeabilidad de los grupos políticos ha impedido entender el momento por el que atraviesa Oaxaca a partir de una visión de conjunto. Pareciera, pues, que el PRI oaxaqueño es en realidad cuatro o cinco partidos políticos distintos, que tienen menos afinidades entre ellos que respecto a las fuerzas políticas contrarias. Sólo a partir de eso puede entenderse que la semana pasada haya sido álgida en señalamientos y escollos entre los diversos grupos priistas, básicamente porque cada grupo habría querido que su candidato fuera el único en separarse del cargo, y por ende el “elegido” fácticamente para la candidatura.

No habría podido ocurrir eso, porque además de que el PRI es un partido plural, una decisión de tal magnitud debe tomarse en consideración al contexto político que ocurre en el país. ¿Cómo se vería el PRI ungiendo a un solo candidato desde el primer momento, al margen de la competencia, sin pataleos de los demás, sin oposiciones internas, y sin un proceso interno real o simulado? Esencialmente, esto acercaría la decisión de ese partido a las prácticas totalitarias del lopezobradorismo. Por eso puede entenderse que aún con los matices que puedan ponerse, desde la capital del país el PRI está alentando la posibilidad de una competencia interna por la candidatura a Gobernador de Oaxaca, y está atajando la posibilidad de imponer un solo liderazgo.

Hay más razones para alentar la competencia. ¿Cuánto desgaste podría llevarse un solo candidato, al que le faltan seis meses de trecho político, y en el que todos los días estaría sujeto, como un blanco perfecto, a todo tipo de tiroteos políticos y señalamientos, y descalificaciones, de todos sus adversarios? Evidentemente, esa sería una mala estrategia que, según se ve, el PRI está intentando atajar a partir del aliento a la competencia entre candidatos.

En el fondo, el PRI intenta cuidar en el contexto nacional, el relativo prestigio y la imagen democrática que con trabajo y errores ha venido construyendo. Es cierto que Oaxaca es importante, pero no como para que el partido del Presidente se juegue su desgastado bono democrático en el cumplimiento de una estrategia que no es productiva, ni es democrática, ni es “políticamente correcta” o bien aceptada entre la ciudadanía que espera todo, menos el regreso de un partido vertical y autoritario, que no ha podido darle a la ciudadanía la estabilidad, la paz y el crecimiento, como para pedirle a cambio el monopolio de la democracia representativa, como era en el pasado.

¿Y EL PAN Y PRD?

Este escenario, del PAN y PRD solos o por separado, es mucho más interesante. El PRD, por ejemplo, está lejos de poder cumplir caprichos. El PAN se encuentra en una situación también bastante compleja en su contexto nacional. Sólo que en el caso de Oaxaca saben que si no caminan juntos la derrota será común para los dos. Por esa razón, van a buscar generar el mejor consenso posible, a partir o de las encuestas, o de la postulación de un candidato con un bono democrático potencial.

¿De qué hablamos? De que difícilmente habremos de ver que el PRD nacional, o el PAN, o ambos, se replieguen al capricho de un Gobernador. Ambos partidos tienen como imperativo la urgencia de triunfos electorales, y de retener los estados en donde ya gobiernan. Tal es el caso de Oaxaca. ahí tendrá que haber una negociación mayor para establecer un candidato que puede ser competitivo, pero que además pueda ser bisagra entre todas las fuerzas políticas que intentarán integrar, primero la campaña, y después un potencial gobierno.

Esto significa un reto mayor por varias razones. En el PRD no se van a arriesgar a postular a un candidato en Oaxaca o Puebla, que no tenga al menos posibilidades de crecimiento electoral; sólo que tampoco postularán a alguien que pretenda convertirse en un pequeño mesías amparado por su supuesto crecimiento electoral, y que sólo pretenda utilizar a los partidos como comodines para acceder a la candidatura, y después olvidarse de ellos.

Este es el panorama que pone en entredicho particularmente las aspiraciones del senador Benjamín Robles Montoya. Éste, ciertamente, es quien tiene el mejor escenario electoral si únicamente se analiza el contexto estadístico, pero no el político. Pues el problema que enfrenta, y que conforme transcurre el tiempo se vuelve insalvable, es que lejos de ser un posible candidato integrador, cada vez lanza mensajes más acendrados de exclusión al interior de las fuerzas que podrían integrar la coalición.

UN TERCERO

Otro mensaje específico es la poca identidad que tiene con las fuerzas electorales por las que pretende postularse. El senador Robles no ha sido exitoso en generar las sinergias necesarias para no terminar dando la idea de que los utilizará como trampolines para después gobernar solo. Esos son factores que tempranamente juegan en su contra. Faltará ver qué tanto puede revertirlos en los pocos meses que les quedan de margen, a todos, para definir su rumbo a los comicios de junio próximo. Esos elementos mantienen también abierta la puerta para un posible “tercero en discordia”. Éste será quien logre integrar los intereses del gobierno saliente con los de los partidos. No lo descartemos.

La tenencia se va por ser un impuesto costoso e inviable

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+ Nunca lo pudieron legitimar con alguna contraprestación


Aunque no lo acepta públicamente, con la eliminación de una franja importante del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, el gobierno de Oaxaca está reconociendo tácitamente el fracaso de su política de continuar cobrando ese impuesto impopular, costoso y rechazado por parte de los contribuyentes oaxaqueños. Esto ocurre en año electoral, aunque resulta ser más trascendente por lo económico que por lo político.

En efecto, hace algunos días se anunció que el Ejecutivo local, al confeccionar la ley de ingresos del año siguiente, incluyó en el paquete económico 2016 el cobro de un peso por concepto de tenencia vehicular. Esta medida aplicará para vehículos con un precio de factura por debajo de los 250 mil pesos, sin importar su marca, modelo o año de fabricación. El secretario de Finanzas de la entidad, Enrique Arnaud, presentó la semana pasada la propuesta del ejecutivo local de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, donde destaca la reducción en el costo del impuesto vehicular. Con este descuento, explicó, se recaudarán alrededor de 100 millones de pesos menos que en otros años.

Cuestionado sobre el hecho de que el descuento coincida con que el año que entra se llevarán a cabo elecciones en el estado, Arnaud se limitó a responder: “No le puedo decir si lleva un mensaje (esta medida) político-electoral”, pero recordó que el paquete económico también incluye un aumento del uno por ciento en el Impuesto sobre la Nómina, que ahora será del 3% del salario del trabajador. Con este aumento, recalcó, se recuperarán los 100 millones que dejarán de percibirse por tenencia, y se recaudarán 100 millones más.

¿Qué significa esto? Que luego de cinco años de intentarlo, el gobierno de Oaxaca finalmente reconoció que el cobro de la tenencia vehicular no era viable por la sencilla razón de que los contribuyentes oaxaqueños nunca respondieron al llamado de cumplir con este impuesto, y porque el gobierno nunca encontró un mecanismo eficaz para conseguir que por la vía de la coacción se obligara a la ciudadanía a pagar en la entidad el emplacamiento de sus vehículos. Esto era, de forma anunciada, un fracaso que sólo intentó disimular el gobierno estatal.

En ese sentido, los oaxaqueños debemos tener presente la historia trastabillante de la tenencia como impuesto estatal. Pues resulta que por disposición de una reforma ocurrida en 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal federal, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 el gobierno federal dejaría de cobrar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen federal, y lo dejaría a la libre determinación de las entidades federativas para que cada una de ellas decidiera si continuaba aplicando su cobro pero ahora como gravamen de tipo local.

Cuando eso ocurrió, en Oaxaca la administración del gobernador Gabino Cué anunció que mantendría este gravamen, fundamentalmente por dos razones: primera, porque la recaudación estatal es de por sí mínima frente a la dependencia que tiene el gobierno estatal de los ingresos que cada año se transfieren a la entidad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre eso, la Secretaría de Finanzas sostenía que la recaudación estatal no podía darse el lujo de perder un impuesto como ese, debido a que esos recursos eran necesarios para acceder a más dinero del presupuesto federal.

El segundo argumento versaba sobre la imposibilidad de eliminar dicho impuesto, debido a que la administración anterior había llevado a cabo un proceso de bursatilización de recursos comprometiendo los ingresos por concepto de derechos vehiculares a cambio de obtener préstamos para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, y para otras inversiones. Así, decían, eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible.

IMPUESTO RECHAZADO

El problema es que nunca dieron una alternativa a los particulares, ni establecieron incentivo alguno para motivar a que éstos continuaran pagando la tenencia, aún cuando en varias entidades federativas vecinas el cobro de dicho impuesto había sido ya eliminado. ¿Qué hicieron en Oaxaca? Que a partir de 2012 el gobierno inició una agresiva campaña para el cobro de dicho impuesto. Finanzas comenzó a enviar requerimientos a los domicilios advirtiendo a los tenedores de vehículos registrados en sus archivos, que de no pagar se les impondrían todavía más gravámenes, por concepto de multas y recargos.

A la par de ello, la Dirección de Tránsito, y la Policía Estatal, iniciaron operativos de verificación de la documentación de los vehículos. Así, sacando automóviles de circulación, y asustando a los contribuyentes, intentaron mantener la recaudación que tenían cuando la tenencia era un impuesto federal. Pero lo único que consiguieron fue fracasar estruendosamente.

Fue así, primero porque no tuvieron claridad ni ganas de convencer al contribuyente de que pagar ese impuesto en Oaxaca era benéfico para la economía gubernamental pero también para gozar de mejores derechos como ciudadano. Pero fracasaron también porque la misma regulación federal que rige el tránsito de vehículos, no prohíbe —porque es una garantía constitucional, de las más importantes— que un automotor circule libremente por una entidad federativa distinta a la que registró su emplacamiento, y el cobro de los derechos vehiculares.

Además, nunca pudieron hacer ese impuesto socialmente amigable, porque ni siquiera las vialidades mejoraron. Y es que las calles de Oaxaca, que son la banda de rodamiento por la que transitan los vehículos de motor por los que el gobierno estatal nos cobra un impuesto altísimo, se encuentran parcialmente destruidas. Eso no es privativo de la capital oaxaqueña sino que más bien se replica en prácticamente todas las ciudades de importancia en la entidad, y no se diga en las carreteras que están bajo la tutela estatal.

¿AÑO ELECTORAL?

Eliminar la tenencia, sin embargo, ya no parece algo tan atractivo como hubiera podido serlo en años anteriores. Todos los que tienen vehículos que pagan una tasa relativamente alta de impuestos, han preferido emplacar sus vehículos en otras entidades federativas. Eso no va a cambiar. Quienes tienen vehículos de menor precio, tampoco tienen un incentivo real —alguna mejora por pagar ese impuesto en Oaxaca— como para dejar sus placas foráneas y regresar a las locales. Y lo realmente fuerte está en el impuesto sobre nóminas, que lastimará la economía de los empleadores… en año electoral. ¿Entonces?

En el PRI, convención de delegados significa una definición a legitimar

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+ PAN y PRD sólo entrarán en la ruta de no hacer gobiernos de coalición


La tarde del martes, el Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca estableció que la elección de su candidato a Gobernador será a través de una convención de delegados. Al mismo tiempo, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática no hallan la forma de legitimar la ruta que seguirán para conformar una nueva alianza electoral para 2016. En nuestra entidad esas son definiciones esenciales que desde ahora marcarán el rumbo de la sucesión gubernamental.

En efecto, el martes el Consejo Político del PRI en Oaxaca aprobó el método de convención de delegados para elegir al candidato a la gubernatura del Estado para el Proceso Electoral del 2016. Los priistas refrendaron los principios de equidad, objetividad, transparencia y unidad para la elección de los aspirantes a los puestos de elección popular. Y también establecieron un mecanismo diferenciado (entre la convención de delegados, y las postulaciones directas de candidatos) para la definición de quiénes serán sus abanderados a las diputaciones locales, y las presidencias municipales.

Básicamente, lo relevante de esa sesión de Consejo Político, es lo tocante a la definición de cómo elegirán a su candidato a Gobernador. ¿Por qué? Porque según lo establecen los estatutos de ese partido, bien pudo haber una contienda interna abierta; bien pudo haber sido el Comité Ejecutivo Nacional quien decidiera la postulación del candidato; y también estaba en el catálogo de posibilidades la de la Convención de Delegados, que fue la finalmente establecida. Esto apunta, a pesar de todo, a que no habrá sino la construcción de una sola precandidatura, y la legitimación política de esa sola candidatura, previamente decidida en los altos círculos del priismo, pero pasada por la formalidad democrática de la Convención de Delegados.

Ahora bien, en este contexto resulta necesario saber cómo se integra una convención de delegados. Sobre esto, dicen los estatutos del PRI (artículo 184) que las convenciones de delegados deberán conformarse de la siguiente manera: I. El 50% de los delegados estará integrado por: a) Consejeros políticos del nivel que corresponda, consejeros políticos del nivel inmediato inferior y consejeros políticos de los niveles superiores que residan en la demarcación (en este caso, los consejeros políticos estatales y nacionales del PRI que residan en Oaxaca). b) Delegados de los sectores y organizaciones electos en sus asambleas respectivas, en proporción a su participación en el Consejo Político del nivel correspondiente; y II. El 50% restante serán delegados electos en asambleas electorales territoriales.

¿Qué significa esto? Que aún cuando hablen de democracia y de una competencia pareja entre todos los aspirantes a la gubernatura, en realidad todo se definirá a partir de que, desde ahora, toda la estructura priista trabajará para la conformación de una convención de delegados que responda al interés de quien será el próximo candidato a Gobernador. En un asunto como éste no hay democracia participativa ni deliberativa, porque más bien la tradición priista apunta a que las asambleas de delegados se construyen para legitimar decisiones y no para que sean los representantes del priismo los que libremente decidan a su candidato.

Así, pues, dependerá de quién conforme la asamblea, y escoja a los delegados, el rumbo que ésta tome en la definición de su candidato. Pudo haber sido una elección interna, en la que los aspirantes hicieran precampaña y en la que al final hubiera una elección abierta a toda la militancia. No ocurrió así. Y eso refuerza la idea de que finalmente el Presidente de la República (en su vieja calidad del “primer priista del país”) ya escogió a su candidato, y ahora las formas estatutarias trabajarán para legitimarlo como abanderado.

LA COALICIÓN, REVUELTA

Al mismo tiempo, el PAN y PRD luchan por conseguir la legitimidad que les permita formalizar una nueva coalición en Oaxaca. En esta lógica, el presidente del PRD, Agustín Basave ha señalado que la estrategia de alianzas para enfrentar al PRI en las urnas “será asumida en breve por el Comité Ejecutivo Nacional, con pleno respeto a quienes se oponen a la alternativa de un bloque opositor”. No obstante, mientras hace esta mueca de respeto a las definiciones internas de su partido, sostiene reuniones con Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, para negociar la conformación de esa alianza.

Según Basave, el sentido de las alianzas electorales es “detener la restauración autoritaria, que está en marcha en el país y que el PRI impulsa”, y ha explicado que se trata de “alianzas amplias, de amplio espectro, en las que no hay nada decidido”. Y el problema es que, como él mismo reconoce, “no ha votado el Comité Ejecutivo Nacional; no hay todavía estados específicos (en los que irían juntas las fuerzas políticas participantes). No hay nada. Hay la intención de formar bloque opositor, reconoce Basave.

En este sentido, puede ser que la coalición se integre al menos para el caso de Oaxaca, pero lo cierto es que no se puede esperar mucho de ella. Como ocurrió en el 2010, los partidos coaligados tienen como objetivo de fondo la meta coyuntural de no permitir el avance electoral del Partido Revolucionario Institucional, pero sin reparar en que una alianza electoral convertida en un gobierno de coalición, pero sin plan o programa, se reduce a una repartición de espacios y parcelas de poder, pero no a un gobierno funcional que responda a equilibrios repartidos entre distintas fuerzas políticas.

Y nuevamente, como en el pasado, esas fuerzas están haciendo el trabajo de encontrar el argumento adecuado para legitimar las alianzas: el PRD apela a la competitividad que necesita recuperar; y el PAN alude su fobia histórica al PRI. ¿Por qué esto lo están decidiendo en la Ciudad de México? Porque conformar las alianzas en las entidades federativas, al menos en el PRD es una atribución del Consejo Nacional, y no de los consejos estatales como pudieran seguir creyendo algunos.

NÚMEROS

Según el PRI, la meta para los comicios del próximo año son: 810 mil votos, es decir el 57 por ciento de los sufragios del día de la elección, para poder ganar la gubernatura. Otros aspirantes, en otros partidos, hablan de la necesidad de captar una cifra cercana al millón de votos para ganar holgadamente. ¿Quién de ellos estará más apegado no a lo deseable, sino a lo posible?

Inminente definición en el PRI apresurará la ruta de la coalición

A Murat

 

+ Partidos deberán dejar en ensimismamiento y activar sus tácticas


La renuncia a la dirección general del Infonavit del priista Alejandro Murat Hinojosa, tendrá efectos inmediatos no sólo al interior de su partido, sino en todas las fuerzas políticas que buscarán la gubernatura del estado el año siguiente. Este hecho constituye nada menos que el banderazo de salida de la sucesión en el gobierno de Oaxaca. habrá que observar con detalle los pasos siguientes de todas las fuerzas políticas, que abruptamente tendrán que dejar la zona de confort para activar sus estrategias rumbo a junio de 2016.

En efecto, la noche del lunes se dio a conocer la renuncia de Murat Hinojosa a través de las redes sociales. El periodista Joaquín López Dóriga anunció la dimisión alrededor de las 20 horas del lunes, y desde ese momento se esperaban algunas reacciones, particularmente de otros actores dentro del Revolucionario Institucional, que habían manifestado su voluntad de buscar la candidatura a Gobernador por ese partido. En lo inmediato no hubo ninguna reacción. Pero sí se apresuró la ruta para la legitimación del proceso interno del priismo local para definir sus candidaturas.

Ayer mismo se le dio forma a la reunión del Consejo Político Estatal del PRI, en el que se hicieron algunas definiciones importantes. Se delineó, por ejemplo, la ruta para que sea una convención de delegados lo que defina la candidatura al gobierno estatal, y se establecieron los mecanismos y algunos detalles de cómo se desenvolverán algunas definiciones relacionadas con las diputaciones locales y las alcaldías, que también estarán en juego en la misma jornada electoral. Aún no es tiempo formal para el establecimiento de nombres. Pero la renuncia en solitario —y sin aspavientos de los otros sectores priistas— de Murat Hinojosa, fue de entrada un mensaje bastante claro de cuál será la ruta que pudiera tomar la sucesión dentro del priismo.

Llama la atención, sin embargo, que junto a eso hay otras definiciones —en otros partidos— que también habrían de apurarse si se constata la ruta del priismo con Murat Hinojosa, que desde la noche del lunes es el único aspirante franco a la gubernatura estatal, en un panorama atiborrado de aspirantes pero ausente por completo de determinaciones sólidas. Básicamente, los partidos que han manifestado su voluntad de volver a ir en coalición a los comicios de 2016 tendrán que dejar el marasmo y establecer rutas específicas para el desahogo de sus candidaturas. ¿De qué hablamos?

De que en Oaxaca, por primera vez en los comicios jugará la variable de la posibilidad de acceder a las candidaturas independientes; y que en los respectivos partidos que integran la coalición, no existe ninguna definición concreta sobre quiénes son sus posibles candidatos, y cuál será la forma de definir su rumbo. La primera de estas cuestiones será determinante para apurar el proceso de las segundas, debido a que como no hay definiciones más de uno pretendería buscar una candidatura independiente si es que alguno de los partidos de la coalición, o toda, decide no brindarle su candidatura.

En las semanas siguientes, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca emitirá las reglas bajo las cuales habrá de regirse el proceso de la postulación de candidatos independientes en la entidad. Este proceso tendrá que desahogarse a más tardar en el mes de enero de 2016. Por eso es poco probable que después de esas fechas los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática aún no hayan perfilado a quien será su abanderado.

GUERRA EN LA COALICIÓN

Nada ni nadie ha podido detener al senador Benjamín Robles Montoya en su definición de repudiar al grupo político que lo encumbró. Éste, que tiene como único respaldo las encuestas que le dan ventaja sobre los demás posibles abanderados de la coalición PAN-PRD, ha tratado de desmarcarse del régimen saliente a través de una ruta que puede ser un verdadero camino de terracería: ha señalado a sus ex correligionarios, ha cuestionado a su Jefe Político, ha machacado tardíamente la corrupción, e insiste en establecer una postura crítica, que más bien ha rayado en la soberbia.

Evidentemente, lo que intenta es generar una distancia, aunque por nada más que un cálculo electoral hacia el año próximo. A la par de ello, hay otros actores y otros grupos que intentan capitalizar la ascendencia del Gobernador del Estado en las cúpulas nacionales del PAN y PRD, para tratar de ubicarse en un mejor escenario para la obtención de la candidatura. Todo esto se ha enredado por la falta de claridad en las definiciones del PRD, que con su nuevo dirigente nacional, Agustín Basave, se ha pronunciado por recuperar la competitividad electoral pero no ha establecido rutas específicas para definir a sus candidatos en la mayoría de las entidades donde habrá comicios en 2016.

¿Qué es lo previsible? Que luego de la definición en el PRI, Robles Montoya trate de presionar para apurar la definición de la candidatura a Gobernador, a través de la exigencia de que el PRD cumpla su palabra de preferir la competitividad de sus cuadros, sobre el fiel de la balanza de los gobernadores en esas definiciones. Quién sabe si lo logre, porque la pulverización del perredismo nacional, y su incapacidad de generar posturas serias y consistentes, dificultan la posibilidad de contar con una previsión específica de lo que puedan finalmente decidir, en un panorama nacional tan descompuesto como en el que ahora se encuentran.

Mientras, sus competidores internos (el diputado federal José Antonio Estefan Garfias, en específico) tratarán de capitalizar las indefiniciones del perredismo, y no desperdiciarán ninguna posibilidad de seguir generando la percepción de que la balanza podría definirse a su favor. En Morena, al final, podrían no haber sorpresas en la definición de una candidatura propia a la gubernatura. Y los partidos minoritarios tratarán de amalgamarse o con el PRD, o con Morena, básicamente para no perder el registro que una de las recientes sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mantuvo en tres por ciento, y no en dos como ellos lo habían decidido por ser partidos políticos de integración indígena.

¿MÁS RENUNCIAS?

Es muy probable que las haya pero no en el contexto electoral sino en la reconfiguración del régimen de cara a su último tramo de gestión. Sería interesante ver si alguien decide una ruta libre. Pero la conocida verticalidad del PRI inhibe las sorpresas.