Columna Al Margen

Investigar desfalco al Congreso tiene origen en el miedo a la responsabilidad

almargenoaxaca

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noviembre 20, 2015

Natividad Diaz

+ Naty, obligada por las circunstancias no seguir el periplo de sus antecesores

No extraña que la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, la diputada panista Natividad Díaz Jiménez, tenga ánimos francos por investigar el destino de los recursos públicos que ha ejercido el Congreso local en los últimos dos años. No parece ser una cuestión de transparencia y tampoco un asunto de moral o ética como representantes populares. Más bien, parece ser el miedo a la responsabilidad y el señalamiento que pesaría sobre ella, en el momento más complicado para cualquier político: enfrentar las responsabilidades una vez dejado el cargo.

En efecto, en los últimos días Díaz Jiménez ha reiterado su petición para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Contraloría Interna y un despacho de auditores externos realicen una revisión financiera a todas las áreas del Congreso local “para conocer el destino del presupuesto asignado este año a la Cámara de Diputados”. Lo que concretamente se investiga, es un “subejercicio” de 152.7 millones de pesos, luego de que se confirmara que del presupuesto superior a los 777 millones de pesos que se asignó al Poder Legislativo sólo se justificaron, en los primeros 9 meses del año, 438 millones 426 mil 638 pesos con 31 centavos. El “subejercicio” en realidad parece dinero perdido, sobre el cual la nueva Presidenta de la Junta pretende esclarecer su destino.

Vale la pena entender la inusitada preocupación de Natividad Díaz Jiménez más allá del pleito político y de intereses que ha sido permanente en la LXII Legislatura. En la “grilla” podría explicarse que el presupuesto del Congreso se lo han repartido “equitativamente” todas las fuerzas políticas, y que finalmente la exigencia de transparencia de Díaz Jiménez podría verse ahogada por los intereses. Eso puede ocurrir. No obstante, parece que a la panista la embargan más preocupaciones que el solo conflicto por el reparto del dinero, o por los comunes pleitos entre bancadas. ¿Qué parece?

Parece que a Natividad Díaz Jiménez le preocupa el llamado “cuarto año”. Es decir, ese momento en el que la LXII Legislatura haya concluido, en que habrá nuevos diputados en el Congreso local, en que habrá también una nueva correlación de fuerzas en el panorama político, un nuevo Gobernador, y sobre todo, ese momento en el que ella ya no tenga el fuero que la proteja frente a posibles responsabilidades administrativas o legales, derivadas de su paso por la Junta de Coordinación Política en la inercia actual.

Esa inercia actual es la que todos conocemos: un desenfrenado gasto repartido discrecionalmente entre los legisladores, y decidido desde la Junta de Coordinación Política, en un marco en el que la Tesorería ha utilizado diversos mecanismos financieros para justificar el gasto, pero sin atender a la debida comprobación por la que tendría que pasar el destino real de los recursos.

Así, a través de la compra de facturas, de la fabricación de expedientes y demás esquemas de comprobación, se ha podido utilizar discrecionalmente el presupuesto legislativo. Los anteriores presidentes de la Junta nunca estuvieron preocupados porque sabían que su paso por la Presidencia de la Jucopo podía ser negociado, y limpiado, en una mesa de negociación, por la sencilla razón de que son ellos mismos los que se revisarían el ejercicio de sus recursos.

Este no será el caso de Natividad Díaz. Además de que la revisión del ejercicio de la actual Legislatura ya será realizado por la siguiente camada de diputados locales, también pende como Espada de Damocles las nuevas facultades que están a punto de entrar en vigor respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el ensanchamiento del poder de las auditorías bajo ese nuevo esquema.

NUEVA FISCALIZACIÓN

Es relevante el hecho de que la reforma que estableció en la Constitución federal el Sistema Nacional Anticorrupción, modificó sustancialmente las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, y dispuso que las legislaturas de los estados deberán adecuar sus legislaciones domésticas a la nueva arquitectura de la fiscalización superior, así como adecuarse a los mecanismos propios del SNA. Si Natividad Díaz, y todos los integrantes de la Junta, aún no están preocupados por eso, deberían comenzar a estarlo.

¿De qué hablamos? De que, para el caso de la ASF —que es el modelo establecido para las auditorías locales— se eliminaron principios como el de la anualidad y la posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente. El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.

Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.

Crea, por ejemplo, un Comité de Participación Ciudadana que tiene como una de sus misiones, establecer mecanismos de coordinación para la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y para el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

Que en términos simples, la fiscalización de un ente auditable ya no quedará a la discrecionalidad y la “secrecía” de las autoridades locales, ya que todo el sistema está anclado para que no haya potestades absolutas en las labores de fiscalización y control de los recursos públicos. Por eso Natividad Díaz debe estar preocupada por limpiar el ejercicio de los recursos, o debería, porque ella —más que los demás integrantes de la Jucopo— quedará expuesta a las nuevas reglas de fiscalización. Por eso, con esta reacción pareciera que, como dice el refranero, se está amarrando el dedo antes de la cortada.

El manejo de la frontera sur de México sigue siendo un misterio

almargenoaxaca

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noviembre 19, 2015

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Frontera Sur

+ ¿“Blindar la frontera” es controlar la migración o esconderla?

Parece muy fácil decir que, ante los actos terroristas de la semana pasada en París, y las amenazas que ISIS lanzó en contra de Estados Unidos, México ha “blindado las fronteras” para evitar ataques. Tanta simpleza contrasta con el hecho de que tanto la frontera sur de México, como los límites con Estados Unidos son por naturaleza porosos, y que por ahí diariamente cruzan cientos, o miles de personas, al margen de la situación migratoria de cada uno. Por eso la pregunta no es si las fronteras se blindan, sino qué tratamiento se le da a la migración.

En efecto, en el contexto de los ataques terroristas del viernes 13 en París, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informó que las fronteras de México y zonas estratégicas fueron “blindadas· para evitar ataques terroristas como los de la semana pasada en el continente europeo. Las áreas de inteligencia, dijo, activaron un protocolo de blindaje en esas áreas; no existe ningún temor sobre posibles actos terroristas en México, sin embargo, dijo, se han tomado todas las previsiones para evitar que se presenten hechos “lamentabilísimos”.

Frente a esas afirmaciones, es necesario ubicar un contexto equilibrado de lo que ocurre en la frontera: muchos parecen tener “miedo” de que por alguna de las fronteras mexicanas puedan pasar terroristas que intenten llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. La cuestión a diferenciar, sin embargo, no radica en si la frontera mexicana es porosa o no, o si los yihadistas podrían pasar por ella o no para llegar a la Unión Americana.

Más bien, la pregunta clave sería si los posibles terroristas estarían en la posibilidad, y en la necesidad, de cruzar a los Estados Unidos desde México para poder cumplir sus objetivos y, desde el lado mexicano, qué acciones está tomando la autoridad para “blindar” las fronteras, en un contexto en el que toda la demás inmigración es irrelevante para las autoridades de nuestro país.

Pues resulta que México sigue siendo el infierno de la migración, pero nada de eso le resulta importante a la autoridad migratoria mexicana, que ha continuado con su política de cerrarle todos los pasos conocidos a la inmigración “tradicional” que viene desde Centroamérica, y la ha obligado a utilizar mecanismos de transporte todavía más riesgosos y clandestinos que los que ya eran conocidos.

Es evidente que dicho plan federal dice tener el objetivo de evitar que los migrantes crucen a nuestro país en su afán de llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero lo único cierto es que han terminado alimentando la incertidumbre sobre la situación de quienes cruzan, y ha alimentado grandemente el negocio del tráfico de personas, con todas las ilegalidades y los riesgos que eso conlleva.

En ese sentido, no es de extrañarse que por esa razón desde hace meses el gobierno federal decidió impedir por completo que los migrantes centroamericanos cruzaran el país a bordo del tren conocido como “La Bestia”. Hay una idea de que esta ruta inicia en la frontera sur del país, y que esa es la razón por la que los migrantes la preferían. En realidad, el punto de partida del tren es en la comunidad chiapaneca de Arriaga, que ya es limítrofe con el estado de Oaxaca, y que se encuentra a escasos minutos por carretera de la primera comunidad en territorio oaxaqueño, que es Chahuites.

Esto significa que, en sí mismo, que el tren no era la atracción principal de cruzar la frontera; que ésta es lo suficientemente amplia como para permitir el tránsito fluido de personas al margen de los cruces fronterizos; y que finalmente el mecanismo de tránsito ya en territorio mexicano era un punto importante de control de la migración, que es el que, más que blindando, se tendría que estar vigilando escrupulosamente para saber quién y para qué se cruza la frontera sur, hacia los Estados Unidos.

¿UNA FRONTERA ATRACTIVA?

Los fanáticos de las teorías fatalistas y xenófobas sostienen que el terrorismo podría entrar a los Estados Unidos a través de la frontera sur con México, y ese es el argumento que les sirve para insistir en el argumento de que la frontera entre México y la Unión Americana debe ser sellada. Es, de hecho, una forma de evolución coyuntural de las promesas del republicano Donald Trump como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, de cerrar completamente la frontera e instalarle un muro más amplio del que ya existe.

En esas condiciones, ¿sería atractiva una frontera como la que comparten México y Estados Unidos? Por varias razones, la respuesta es negativa, y vale la pena repasar por qué lo decimos. Una razón inicial es que los posibles terroristas que pudieran amenazar la seguridad o a la ciudadanía norteamericana, no necesitan cruzar ilegalmente la frontera.

Los integrantes de esos grupos pueden ser extremistas o fundamentalistas, pero no son marginados ni subsisten en la pobreza como para no poder ingresar a ese país legalmente. Tienen todos los recursos, el tiempo y los documentos migratorios para hacerlo, porque la razón de su lucha no es un asunto de clases sino de motivaciones religiosas. Al Qaeda, y ahora ISIS, están respaldados por fuertes capitales que financian sus operaciones y una forma de vida en la que el dinero no es su principal preocupación.

Ahora bien, ¿arriesgarían terroristas una operación del tamaño de las que hemos visto en los últimos años, a una cuestión tan fuera de su alcance como lograr cruzar una frontera dominada por tratantes, coyotes y bandas criminales? Evidentemente no es la mejor opción. Tampoco están en condiciones de cruzar de una manera totalmente clandestina, ya que todas las rutas de migración entre México y Estados Unidos están controladas o por la delincuencia organizada, o por los coyotes, o por las propias autoridades que toleran cierta cantidad de migración bajo la idea de que es imposible sellar completamente la frontera entre ambos países.

PROBLEMA DOMÉSTICO

Finalmente, una cosa más que queda claro es que el terrorismo no necesita tener pasaporte extranjero. En el caso de los atentados de la semana pasada, éstos fueron perpetrados por una mayoría dominante de europeos, varios de ellos nacionales franceses. Es decir, que el argumento de la migración y las fronteras sólo está sirviendo para legitimar otras intenciones más relacionadas con la criminalidad y las políticas extraviadas del gobierno federal, que con una determinación real por tener un control preciso sobre la frontera.

Las acciones de la delincuencia organizada también son terrorismo

almargenoaxaca

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noviembre 18, 2015

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Terrorismo em México

+ Por atentados en Francia, mirada internacional revira hacia México

En México hay una lista larga de acciones perpetradas por la delincuencia organizada, que mañosamente sociedad y gobierno han presentado como “ajustes de cuentas” entre bandas criminales, y no como acciones de terrorismo o cuando menos como cuestiones dramáticas que debieran consternar y alarmar al Estado en su conjunto. Hoy que los atentados terroristas en París ponen de nuevo en la perspectiva internacional los horrores del terrorismo, irremediablemente esa atención tiene un eco claro en nuestro país por la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por diversos hechos que —aunque no nos guste— son de alguna forma equiparables a lo ocurrido el viernes pasado en la llamada Ciudad Luz.

En efecto, hoy que las coberturas informativas de medios mexicanos están presentes ante la tragedia de los parisinos, las referencias hacia lo que ocurre en nuestro país han sido insistentes. Académicos, periodistas y analistas de diversas naciones, han puntualizado en entrevistas con la televisión o la prensa mexicana en Europa, que los hechos del viernes 13 en París de alguna manera son comparables con los hechos de Iguala, en septiembre del año pasado.

¿La razón? Que la de los normalistas de Ayotzinapa también fue una masacre; también fueron jóvenes los ejecutados; también fue en una acción premeditada; y también tenía por objeto aterrorizar y “dar una lección” a la población y al Estado sobre el poder de fuego de quienes lo perpetraron. En ese sentido, los franceses tienen muy claro que dichos ataques fueron, además del acto terrorista que fue en sí, un atentado directo contra su juventud, contra su tranquilidad y contra la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de los flagelos que los amenazan. ¿No es esta la misma situación que ocurre en México?

Frente a esto, es evidente que el concepto conocido de terrorismo evoluciona. Según el diccionario, el terrorismo es la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Esto es lo que ha ocurrido históricamente con grupos subversivos o separatistas que buscan lastimar al Estado por medio de sus ciudadanos. Es lo que han hecho diversos grupos en países como Colombia o España, y más recientemente en Estados Unidos con Al Qaeda, o los hechos del viernes pasado a manos deISIS en contra de Francia.

No obstante, debemos asumir que al acuñar ese concepto no existían las amenazas actuales de los grupos criminales en contra no sólo del Estado, sino de la ciudadanía en general. Si lo vemos en la lógica de los fines, es evidente que, en la actualidad, los grupos criminales en México no sólo buscan proteger sus negocios, sus territorios o sus redes financieras, sino que en muchos casos también buscan establecer un clima de terror para que, en medio de él, ellos puedan ya no nada más traficar o vender drogas, sino establecer un dominio sobre la generalidad de la población.

Es decir, que ellos también persiguen la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. La diferencia es que inicialmente su objetivo no era político, pero llegó a serlo en la medida en que se dieron cuenta que ese control político era necesario para la consecución de sus fines.

REPENSAR A

NUESTROS DESAPARECIDOS

No es nuevo el señalamiento de que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional clara y concreta por la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. La tiene porque en esa operación hay indicios claros de la participación de agentes del Estado, en las personas de los elementos de las corporaciones policiacas de Iguala y Cocula, que capturaron y entregaron a los jóvenes normalistas a los criminales, quienes los habrían ejecutado o desaparecido a partir de entonces. Sin muchos rodeos, esa conducta configura el delito de lesa humanidad tipificado como desaparición forzada de personas.

El reconocimiento de esa responsabilidad internacional, es sólo cuestión de tiempo. No obstante, junto a eso hay otros hechos que nunca motivaron ninguna indignación de la ciudadanía en México o el extranjero, y que son igual de graves y relevantes que la detención de los normalistas, ya no como un asunto de “ajustes de cuentas” entre bandas criminales sino como hechos directamente enfocados a personas que nada tenían que ver con la lucha entre cárteles, o entre éstos y el Estado, y que de todos modos fueron blanco de ataques.

Repasemos —como lo hacía Ciro Gómez Leyva ayer en su columna de El Universal—algunos de los muchos hechos que debieran también indignarnos: el coche bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010. O el asesinato de los muchachos de Villas de Salvárcar. O las ráfagas en los bares de la comarca lagunera. Podría preguntarse qué fue la masacre de migrantes en Tamaulipas, o la reacción en Tabasco de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva después de que la Marina lo mató en Cuernavaca; o los cadáveres arrojados en La Marquesa o en la periferia de Mérida o en el bulevar comercial de Boca del Río; o las balaceras a un lado de las escuelas de Reynosa, Matamoros, Tijuana, en fin. Pero hechos masivos para matar a terceros serían Morelia y el Casino Royale.

Al final, lo que debemos considerar es que el terrorismo ya no es sólo un asunto exclusivo de las naciones desarrolladas cuando sus minorías deciden enfrentarlo; o una cuestión ajena a nuestro país. El terrorismo finalmente se manifiesta por sus fines, y en eso debemos considerar seriamente lo que ocurre en México. No se trata de no indignarse por los hechos del viernes 13 en París, sino de reconocer que así como allá hay acontecimientos abominables, en México también enfrentamos una amenaza real a la seguridad de todos, a la que no le hemos querido dar la importancia y la relevancia que en realidad debiera tener.

UN “AVISO”

Ayer una nota de El Universal (http://eluni.mx/1H6bI5b) revelaba que la Policía Federal le debe a hoteleros de varios estados del país, una cifra superior a los 563 millones de pesos, desde 2014, por concepto de alojamiento de sus elementos al ser enviados a operativos en zonas donde no tienen instalaciones. ¿Será esto un aviso para quienes, en Oaxaca, están felices por el “turismo policiaco” que hoy florece en la entidad?

¿Con qué cuento buscarán marearnos quienes quieren otra coalición en Oaxaca?

almargenoaxaca

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noviembre 16, 2015

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+ Los partidos deben dejar de apostar, como estrategia, al fracaso del gobernante

Cada que hay un evento importante, como los informes de gobierno, en Oaxaca se convirtió en una costumbre generalizada criticar a la administración estatal en turno, como si el éxito o fracaso de la tarea pública fuera responsabilidad de una sola persona. Los ciudadanos debemos reconsiderar la conveniencia de subirnos inopinadamente a ese barco de la crítica fácil, máxime cuando estamos en vísperas de ser nuevamente arrollados por la efervescencia electoral, en la que las coaliciones volverán a ser un tema que los partidos políticos buscarán vendernos.

En efecto, en lo que va de la administración, ha sido una característica que con cada informe de gobierno haya un aluvión de críticas y reproches de todos los partidos al Gobernador, y nadie asuma que, al menos en el planteamiento político del actual régimen, éste debía ser un gobierno de coalición. Y si se supone que una coalición es un pacto o unión entre personas, grupos sociales o estados para lograr un fin común, entonces las críticas debieran ser más prudentes porque, en el fondo, la responsabilidad del éxito o fracaso del gobierno debiera ser tomado como un asunto compartido entre el gobierno y los partidos políticos.

No es así. Cuando Gabino Cué asumió la gubernatura del Estado estableció que su gobierno sería una cuestión de responsabilidades compartidas con los partidos con los que ganó los comicios de 2010. Los partidos públicamente lo aceptaron, y hasta establecieron una agenda de trabajo de lo que sería un gobierno de coalición. El problema es que rápido se dieron cuenta que la rentabilidad electoral y política de ser un partido de oposición, se convierte en un asunto de pago de costos políticos cuando se es gobierno. Por eso pronto dejaron solo a Gabino Cué, y a pesar de que cada partido ha tenido su parcela intocada durante todo este tiempo en la administración estatal, todos asumen que el Mandatario gobierna solo, y que por eso las vicisitudes de su gestión son únicamente de él.

Este, en buena medida, es un problema que tiene que ver con la falta de un diseño de gobierno de coalición, pero sobre todo es un asunto de responsabilidades. Desde siempre se sabe que en otras democracias, los gobiernos de coalición están enmarcados en programas específicos en los que cada uno de los integrantes de dicho gobierno de coalición asume responsabilidades, a cambio de tener ciertos privilegios políticos a través del ejercicio del poder público.

Incluso, en los sistemas parlamentarios los gobiernos de coalición funcionan en la medida que los partidos que integran esa alianza convalidan la confianza en sus funcionarios, y que al momento de retirar esa confianza —a través de las mociones de censura, o la cancelación de las coaliciones— el gobierno mismo debe replantearse. Pero el problema es que, cuando menos aquí, la censura de los partidos al gobierno de coalición es un chantaje y no un asunto de preocupación, y por eso todos siguen jugando a la farsa de la coalición sólo en la medida que les beneficia, pero nunca para asumir responsabilidades.

RÉGIMEN SIN FORMA

La forma más cercana a los gobiernos de coalición con los que nos han engañado en Oaxaca —e intentan seguirlo haciendo partidos como el PAN, el PRD y otras fuerzas políticas que ya piensan en una nueva alianza para los comicios de 2016—, es el parlamentarismo.

En ese modelo, la integración del gobierno se da a partir de los acuerdos y división de responsabilidades que se hace desde los partidos políticos que integran la coalición en el Poder Legislativo. Por eso, técnicamente, el gobierno sale del Parlamento, y por esa misma razón el gobierno siempre está sujeto al escrutinio y vigilancia de los legisladores, ya que éstos se asumen como depositarios de la responsabilidad de que el gobierno funcione. Una vez que esto deja de ocurrir, es el propio Parlamento quien retira la confianza al gobierno que ellos mismos crearon, y debe haber una reintegración para que el ejercicio del poder público vuelva a ser funcional y benéfico para la sociedad.

¿Qué pasa en Oaxaca? Que aquí se creó un gobierno de coalición pero éste únicamente se parcelizó sin que nadie asumiera el deber de establecer el marco en el que se desarrollarían las tareas del gobierno, sin ubicar el marco de responsabilidades a las que ellos se comprometían a cumplir voluntariamente, y sin establecer los mecanismos para hacer funcional esa coalición a través de medidas políticas de control entre el gobierno y los partidos. Por eso, lo único que se hizo fue establecer ínsulas para cada fuerza política dentro del gobierno estatal; el propio Mandatario tomó sus espacios exclusivos sobre los que no consensa con nadie; y en ese “equilibrio” oprobioso entre partidos y gobernantes se da esta convivencia en la que nadie asume sus responsabilidades porque todos están seguros que el débito frente a la ciudadanía es de otros.

En una democracia más madura, a los partidos que integran una coalición de gobierno debiera darles vergüenza ser tan descarados en la forma de señalar al gobierno que ellos mismos integran. Y es que no se trata de que vean irregularidades y se las callen, sino que las observaran y asumieran su corrección como parte de un gobierno de coalición y no como agentes externos. No rompen la coalición porque no les conviene perder sus privilegios. Pero sí hacen todas las críticas —hasta las destructivas— porque asumen que lo conseguido o no por el gobierno no es responsabilidad de ello.

Al final, los oaxaqueños debiéramos estar muy expectantes porque es inminente que los partidos intenten vendernos una nueva coalición. Como ciudadanos debemos entender que coaliciones así no sólo no sirven, sino que hasta resultan ser contrarias al interés público. En la medida en que sigan siendo coaliciones superficiales, frívolas y de abierta conveniencia, seguiremos teniendo una sociedad y un ámbito político polarizado, en el que todos prefieren el fracaso del otro para hacer escarnio, sin darse cuenta que ellos son parte de lo mismo que critican.

CAJA DE PANDORA

¿Algún día saldrán a la luz las corruptelas de quienes han manejado el presupuesto legislativo con discrecionalidad y opacidad galopante? Que hasta dentro del Congreso aparezcan pintas al respecto, es señal de que hay una bomba de tiempo que no tarda mucho en explotar.

EPN no quiere mando único sino centralizar la seguridad pública

almargenoaxaca

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noviembre 13, 2015

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+ El federalismo, derrotado por el chantaje presupuestal de Segob

El llamado “mando único” es una de esas cosas de las que todo el mundo habla, pero nadie sabe exactamente qué es. El año pasado, al proponer un decálogo de acciones para recuperar el Estado de Derecho en el país, el presidente Enrique Peña Nieto propuso fusionar a las corporaciones municipales y estatales de cada entidad, para crear una sola Policía Estatal en cada entidad federativa. La medida era intransitable por el quebranto al federalismo que esto significaba. Y sin embargo, el gobierno federal va nuevamente a la carga a través del chantaje presupuestal para que se cumpla su capricho centralizador.

En efecto, hace un año, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas, y del escándalo que ocurrió por la revelación del origen y detalles de la mansión que habita la familia del Presidente, éste anunció una serie de medidas para, según, rescatar el Estado de Derecho y que la ciudadanía recobrara la confianza en las instituciones. Así, anunció que el 1 de diciembre de 2014, Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reforma para crear policías estatales “más confiables, profesionales y eficaces” que sustituirían a “más de mil 800 policías municipales débiles”.

Asimismo, el Presidente envió otra polémica iniciativa para crear una Ley Contra la Infiltración del Crimen Organizado en las autoridades municipales. Ambas iniciativas sí fueron presentadas pero, concretamente, ambas resultaron intransitables en las cámaras legislativas que ni siquiera las establecieron como prioridad para su discusión y análisis, a pesar del énfasis que el Presidente les había puesto como asuntos prioritarios para la recuperación de la seguridad pública. Nada se supo de ello, hasta que esta misma semana el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong retomó el tema pero ya no en un sentido propositivo sino desafiante.

Concretamente, Osorio Chong, advirtió que el gobierno federal retirará su apoyo y respaldo a los estados que no cumplan y no integren el mando único policial, a los estados que no demuestren, comprueben y evalúen el mando único. “Se trata de articular esfuerzos en torno a un objetivo primordial, contar con policías más profesionales y contar con la confianza ciudadana en sus autoridades. Se trata de tener corporaciones efectivas, de acompañar a este convenio de esquemas de formación y evaluación permanentes para cada uno de sus integrantes, para lograr nuestro gran objetivo que es contar con policías profesionales y plenamente confiables”, dijo el secretario Osorio.

¿Qué significa esto último? Que el gobierno federal decidió utilizar su recurrido “botón de pánico” presupuestal para obligar a las entidades federativas a crear, de iure o de facto, los mandos únicos; y para —asimismo de hecho o de derecho— tratar de tomar el control fácticamente de las corporaciones policiacas estatales a través de los esquemas que lo que buscan en el fondo, es centralizar la seguridad para que sean las corporaciones federales las que tengan el control de la fuerza pública y, según ellos, puedan realizar una mejor labor de seguridad pública.

ADIÓS FEDERALISMO

La crisis de seguridad que ocurre en varias regiones del país, es eso que teóricamente se conoce como Estados fallidos. Pues de acuerdo con un estudio sobre el concepto y los alcances de los Estados fallidos, editado por la Cámara de Diputados (http://bit.ly/1t3rHcs), lo que se quiere decir, es que un estado “tiene éxito” si mantiene un monopolio en el uso legítimo de la fuerza física dentro de sus fronteras. Cuando este monopolio está quebrantado, por ejemplo, por la presencia dominante de señores de la guerra, de milicias o de terrorismo, la misma existencia del Estado llega a ser dudosa, y se convierte en un Estado que ha fallado o Estado fallido.

El término, dice el estudio aludido, también se utiliza en el sentido de un Estado que se ha vuelto ineficaz. Es decir, un estado que tiene control nominal militar y policial sobre su territorio, solamente en el sentido de no tener grupos armados desafiando directamente la autoridad del Estado, pero que no puede hacer cumplir sus leyes uniformemente debido a las altas tasas de criminalidad, corrupción extrema, un extenso mercado negro y/o informal, burocracia impenetrable, ineficacia judicial, interferencia militar en la política, grupos de poder fácticos que imponen sus decisiones sobre la aplicación de la ley, la ley misma y el interés general, situaciones culturales en las cuales los líderes tradicionales gastan más energía que el Estado sobre ciertas áreas aunque no compitan con el Estado, y otros factores.

Ahora bien, confrontemos esto con el anhelo vacío del presidente Peña Nieto sobre el federalismo. Pues la pregunta no es si quiere o no promover un federalismo renovado, sino cómo va a hacerlo si las condiciones económicas, sociales, políticas, de debilidad y de inseguridad que prevalecen en el país son alarmantes. Cada municipio, cada estado y hasta la propia federación, demuestran reiteradamente no poder ser capaces de mantener su situación mínima de gobernabilidad y predominancia institucional frente a las calamidades.

Y si a todo esto se le suma ya no una voluntad de colaboración, sino una abierta amenaza a las entidades federativas, entonces el resultado será el desastre que hoy vemos. El gobierno federal tiene razón en reconocer que hay debilidad en las corporaciones policiacas del país. Pero ésta no se arreglará aglutinando todas las corporaciones en un solo mando. De hecho, ésta figura existe en la mayoría de las leyes de seguridad pública de los estados, pero no se ocupa con mayor fuerza, porque hacerlo implicaría romper los límites entre los distintos ámbitos de gobierno. No obstante, parece que la intención no es recuperar la seguridad sino continuar con el ánimo recentralizador que ha caracterizado a la administración federal presente. Debieran primero reconocer sus fallas: concentraron la seguridad pública federal en Gobernación. Y el país sigue siendo un caos, con el añadido de que hasta el Chapo Guzmán está nuevamente en las calles.

UNA “NOTICIA”

En Oaxaca el mando único ya existe desde hace mucho. La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Oaxaca claramente dispone (artículo 48 y siguientes) que las autoridades municipales tienen el control de las corporaciones municipales sin perjuicio de que el Gobernador pueda asumir libremente el mando de las mismas cuando lo juzgue conveniente.

Quinto informe, o el signo de reprobación a la anarquía legislativa

almargenoaxaca

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noviembre 12, 2015

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+ Formato, un problema; pero lo es más la ilegitimidad para evaluar

No sorprende que el gobernador Gabino Cué Monteagudo haya decidido no acudir al Congreso del Estado, a entregar personalmente su informe anual de gobierno y a dar un mensaje en la tribuna legislativa. En sentido estricto, la Constitución local no lo obliga a asistir. Y si en los cuatro primeros años de su gestión el Gobernador acudió por vocación democrática, hoy el desastre y la anarquía legislativa explican la decisión del Mandatario de cumplir con la Constitución en su sentido más simple, pero sin acudir físicamente a la apertura de sesiones del tercer año de trabajo de la LXII Legislatura.

En efecto, conforme se acerca el arranque del tercer año legislativo del Congreso local, se han ido conociendo los pormenores del informe de gobierno. En los cuatro años de Gabino Cué como gobernador, hubo la disposición no sólo a cumplir con la entrega del informe que señala la Constitución, sino también de acudir a la sede del Congreso para hacer la entrega física del mismo, y a emitir un mensaje de la tribuna legislativa como un símbolo republicano de la convivencia respetuosa entre poderes. De hecho, acudir al Congreso fue uno de los actos con los que Gabino Cué intentó diferenciarse de su antecesor, que nunca se preocupó por cumplir con este tipo de formalidades, ni de cuidar las formas que aparentaran una relación civilizada entre poderes.

Hoy todo eso se acabó. Los preparativos entre el gobierno y el Congreso para el acto de entrega del informe, revelaron que en esta ocasión el Gobernador no acudirá a la sede del Congreso, y que será el secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, quien acudirá en representación del Poder Ejecutivo a cumplir con el acto constitucional de la entrega del informe por escrito, que establece el artículo 43 de la Constitución del Estado.

Esta decisión de que por primera vez en su mandato el Gobernador no acuda a la entrega del Informe, se explica, en su sentido político, en el desastre que ha sido el Congreso en los últimos meses, y en su notable incapacidad de aportar elementos a la solución de los muchos problemas que presenta la entidad. Como tal, el Congreso ha sido productor de las más importantes pifias que han puesto a Oaxaca en una situación de incertidumbre en aspectos como la estabilidad de las normas y los procesos político electorales que se avecinan.

Asimismo, los diputados han sido además protagonistas de los más absurdos y vergonzantes escándalos relacionados con la opacidad y la discrecionalidad con la que conducen su labor y administran sus recursos, lo cual incluso ha provocado que, en varias ocasiones y de forma pública, los diputados le hayan exigido cuentas a sus órganos de dirección, y hasta a sus subordinados por (según) desconocer cómo se ejerce el presupuesto legislativo. Lo más grave es que su producción legislativa es escasísima, y las únicas normas que pudieron consensar, y que eran muy importantes para la gobernabilidad y la certidumbre en la entidad, les fueron declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A todo esto, hay que agregar el hecho de que la LXII Legislatura no ha tenido la voluntad y la capacidad política de aprobar una ley educativa que, al margen de su contenido, al menos saque a Oaxaca del estado de omisión legislativa en que se encuentra, y conjure la posibilidad de que la Suprema Corte les aplique medidas coactivas, a los diputados y al Gobernador, por no cumplir con el mandato constitucional, y con el fallo respectivo, que los obliga a emitir la armonización de las leyes educativas, a más tardar en el mes de marzo de 2016.

OTRA OMISIÓN LEGISLATIVA

Sobre el informe del Ejecutivo, dice el artículo 43 de la Constitución local: “El quince de noviembre, a las once horas, en sesión solemne, se declarará abierto el primer periodo de sesiones por parte del Presidente de la Legislatura. En la misma sesión, el Gobernador del Estado presentará un informe por escrito sobre el estado que guarda la Administración Pública del Estado…”.

Como puede verse, la Constitución establece el deber de la entrega del informe, pero ni establece que esto deba hacerlo el Ejecutivo personalmente, ni que deba hacer alguna manifestación verbal ante la entrega. De hecho, el formato del informe fue uno de los temas discutidos en los años anteriores, pero éste era un diálogo (y hasta negociación) que ocurría entre el Ejecutivo y los integrantes de la Legislatura, para cumplir con el protocolo que establece la Constitución, pero también para que el Informe de Gobierno sirviera también como una demostración republicana del diálogo y la convivencia entre poderes, y como un acto significativo de rendición de cuentas.

En los años anteriores, si hubo alguna discusión provechosa sobre sobre el tema, se supone que era para mejorar el formato y que éste sirviera para algo más que ser el “día del Gobernador”. En algún momento, algunos diputados propusieron que, en el acto de la entrega del informe, y en el mensaje que emitiera el Gobernador, hubiera un diálogo con los legisladores, o que se establecieran condiciones para que el informe pasara de ser un monólogo a un acto más real de rendición de cuentas.

Lo trágico es que ahora esta situación retrocede. La actual Legislatura no tendrá forma de componer las pifias por las que se canceló dicho acto, y el Gobernador deberá entregar su último informe de gestión ante una Legislatura distinta a la actual, con una conformación que se definirá en los comicios de junio próximo. A menos que el o los partidos del Gobernador tengan una mayoría holgada, y el proceso electoral no arroje un resultado polarizado, Gabino Cué tampoco irá personalmente al acto de entrega de su sexto informe de gobierno. Este es un retroceso provocado por la anarquía de la LXII Legislatura, y por su incapacidad de ser parte de la solución —es, de hecho, origen o parte de muchos de sus problemas— a algunos de los muchos problemas que tiene Oaxaca.

TIERRA DE NADIE

Como ya es costumbre, nadie en el Congreso cargará con la responsabilidad de este significativo paso en reversa que significa la disminución del acto del informe. Por eso, ni Jesús López Rodríguez, ni los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política, tienen la menor intención de dar la cara ante esto.

Rito: la debilidad de su proceso le ganó a sus acusadores

almargenoaxaca

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noviembre 11, 2015

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+ El ulisismo gana un “activo” en su “galería de corruptos”

Debe causar mucho desconsuelo el efecto social que provoca gente como el ex titular de Coplade, Bulmaro Rito Salinas: cuando en julio del año pasado fue aprehendido por agentes de la Procuraduría General de Justicia, nadie en la sociedad, en su partido o en el ámbito político estatal, se inmutó o protestó por su captura, y menos hubo quien acusara una motivación política en el hecho; y ayer que —luego de 16 meses en prisión— se anunció su liberación caucional, las únicas manifestaciones que generó la recuperación de su libertad fueron de protesta. A pesar de todo, la realidad se impuso a la ficción sobre la aparente persecución de los “saqueadores” de las arcas estatales del gobierno de Ulises Ruiz Ortiz.

En efecto, en las primeras horas de ayer martes en redes sociales se dio a conocer, como un “trascendido” la posibilidad de que Rito Salinas hubiera abandonado, durante la madrugada, la penitenciaría de Santa María Ixcotel, donde permaneció recluido desde julio del año pasado. Horas más tarde, el propio gobierno de Oaxaca confirmó la liberación del ex funcionario, pero aclaró que esto ocurrió al exhibir una fianza “a satisfacción del Juzgado Séptimo Penal del Distrito Judicial del Centro”.

De acuerdo con información de Quadratin Oaxaca, el Juzgado Séptimo de lo Penal en Oaxaca informó que Bulmaro Rito Salinas garantizó una fianza de 3 millones de pesos y la reparación del daño por más de 4 millones para obtener su libertad bajo caución la madrugada de este martes. De acuerdo con información del Juzgado, el inculpado exhibió en efectivo 800 mil pesos para gastos de ejecución y 8 mil 170.50 pesos para garantizar la multa.

Según Quadratin, los 3 millones de pesos que le fueron fijados por caución, así como los 4 millones 104 mil 976 pesos de reparación del daño, fueron asegurados por la defensa del inculpado mediante una fianza hipotecaria. Luego de asegurar esta cobertura, Bulmaro Rito obtuvo su libertad, aunado a que modificaron la condición de individuo peligroso a la sociedad, situación que había sido impugnada por los abogados.

Respecto a esta forma de recobrar su libertad a través de una cuestión de procedimiento, vale la pena recalcar que esto era cuestión de tiempo, porque prácticamente desde el momento de su aprehensión, aquí se dijo que en realidad la apariencia de justicia era un espejismo, y que el procedimiento mediante el cual se le había encarcelado encerraba debilidades evidentes.

El lunes 14 de julio de 2014 —cuatro días después de su detención— aquí apuntamos: Rito no está en prisión por alguno de los negocios presuntamente hechos al amparo del poder durante la administración de Ulises Ruiz, los cuales le dieron una fortuna económica incuantificable. Más bien, la Procuraduría le instruyó una averiguación previa al detectar que durante su gestión pudo haber desviado poco más de cuatro millones de pesos para su beneficio personal (…) lo que está ocurriendo es un conjunto de acciones oficiales para encerrarlo y, ahora, para mantenerlo en prisión”.

Un día después, sobre este mismo asunto, aquí apuntamos: “Sólo dos cosas son claras hasta ahora: primera, que Rito no está preso ni por los llamados ‘crímenes del 2006’; y segunda, que Rito tampoco está recluido en prisión porque el gobierno de Gabino Cué haya logrado desenmarañar el enredo que presuntamente le permitió hacer inmensos negocios al amparo del poder, o porque de fondo hubiera descubierto la forma en cómo habría hurtado recursos de las arcas estatales. No, porque aún con todas las afirmaciones infundadas y las especulaciones, lo único cierto es que Rito está preso por una acusación aislada, que es mucho menos trascendente y robusta de lo que parece”.

16 meses después, quedó claro que esa acusación poco trascendente y nada robusta fue de presunto peculado, y que el candado de su estadía en prisión, le fue puesto a través de la consideración de la juez de la causa de que Rito era un peligro para la sociedad. Una vez que ésta última cuestión resultó insostenible, y de que el imputado garantizó una fianza de ocho millones de pesos, no hubo objeción para que recobrara su libertad.

APARIENCIA DE INJUSTICIA

Es muy importante entender que Rito nunca estuvo en prisión por alguna de las razones que abrevaron su mala fama pública como político y como traficante de influencias y favores para hacer negocios y dinero al amparo del poder. Su estadía en prisión tampoco tuvo que ver con alguna de las múltiples exigencias de justicia que siguen pendientes respecto al régimen gobernante que antecedió al gobernador Gabino Cué. El encarcelamiento de Rito fue sólo un acto aparente de justicia que, para cuestiones de entendimiento práctico, ayer quedó sin efecto.

Con Rito en libertad, ahora lo que debe ocurrir es una nueva revisión al interior del gobierno sobre qué salió mal y por qué no han podido verdaderamente ir tras de quienes ellos mismos acusaron como “saqueadores”, y sobre quienes particularmente decían que habían cometido un gran fraude, y un enorme endeudamiento, por el descomunal negocio que fue la construcción de Ciudad Administrativa, y Ciudad Judicial, que ahora la Secretaría de Finanzas con tanta suficiencia anuncia que pronto terminará de pagar a sus constructores.

Al final, con Rito en las calles el ulisismo pierde ganando. ¿La razón? Pueden de momento ver su liberación como una victoria política y como un aliento para buscar recuperar la gubernatura en 2016. Pero en realidad lo que hizo el gobierno fue liberarlo para permitir que la galería de horrores de corrupción del ulisismo recuperara su alineación completa y original, para que los oaxaqueños valoren serenamente si quieren verlos de nuevo gobernando la entidad.

¿A DÓNDE VA LA IZQUIERDA?

Flavio Sosa asumió una parte importante del control de Morena en Oaxaca, a través de Nancy Ortiz Cabrera, que el fin de semana fue electa como lideresa estatal, y lo primero que hizo fue reiterar que no habrá alianza con el PRD. A su vez, algunas expresiones perredistas nacionales exigen que ese partido no se siga aliando con el PAN. En medio está el dilema de la competitividad, en una entidad como la nuestra, que es de las pocas donde aún les queda presencia. ¿En ese escenario de complejidad, alguien si aún existe, y qué rumbo lleva, el PRD local?

La 22 soslaya el futuro institucional de la educación en Oaxaca

almargenoaxaca

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noviembre 10, 2015

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+ ¿Tiene futuro la 59, la profesionalización docente… y el IEEPO?

Perdida en su testarudez, y en la pequeñez de miras que significa combatir sólo la evaluación docente, la Sección 22 del SNTE ha olvidado por completo que la reforma educativa significa mucho más que someter a los profesores a un proceso de revisión periódica de su desempeño frente a sus alumnos. Al menos en Oaxaca, la discusión educativa debiera pasar por una pléyade de temas que hasta ahora no han sido abordados por el propio magisterio, y que tampoco parecen tener un derrotero visible por la autoridad del IEEPO. Al no haber diálogo, ni propuestas, y mucho menos consenso entre los actores estatales inmersos en la educación pública, lo único que queda es seguir esperando los manotazos federales.

En efecto, éstos días serán intensos por los amagues de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE en contra de los procesos de evaluación que ya comenzaron a implementarse en Oaxaca. La semana pasada hubo un primer anuncio del magisterio, que amenazó con intentar boicotear la realización de los primeros exámenes que formalmente se aplican en la entidad en el marco de la reforma educativa. El gobierno de Oaxaca respondió que de haber intentos de sabotaje, se ordenaría el uso de la fuerza pública para garantizar la realización de las pruebas.

En ese diálogo de sordos, en el que hay amenazas pero no amagues, el propio magisterio debiera preguntarse qué más existe después de la evaluación docente, que es el símbolo de la reforma educativa, pero no su único contenido. Pues hasta ahora, es evidente que todo lo han centrado en resistir a la evaluación, y a tratar de revertir la pérdida de su principal coto de poder, que era el control del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, pero no han reparado en que este conflicto tiene mucho más de fondo y que deberían estar pensando en un contexto real a mediano y largo plazo, y no únicamente en sus postulados trasnochados de lo que no podrán recuperar.

En ese sentido, resulta que los profesores insisten en que se abrogue la evaluación, pero ésta ya se les está aplicando. Ellos tienen todo el derecho de pedir que se deje sin efectos la ley que establece dicho requisito. Pero centrar toda su lucha a eso significa no reconocer que más allá de la evaluación hay mucho más camino por andar, y que ahora su lucha tendría que incluir el hecho mismo de que ellos fueran considerados en la planificación de los procesos educativos en el mediano y largo plazo.

Pues mientras los profesores de la CNTE insisten en esta cuestión parcial, el gobierno federal tiene un interés inusitado (el interés de que Aurelio Nuño, titular de la SEP, crezca como figura con la reforma educativa como herramienta política de cara a la sucesión de 2018) en que la implementación de la reforma educativa camine rápido, y que se haga con la menor oposición posible. En ese contexto, los maestros están desperdiciando la oportunidad de incidir en el debate aún vigente sobre el contenido de las normas estatales en materia educativa, y sobre las decisiones que se están tomando respecto a la implementación de la reforma federal.

Así, aunque parezca muy paradójico, este es el mejor escenario para el gobierno federal: tiene totalmente “entretenido” al magisterio oaxaqueño en su resistencia a una evaluación que ya no pueden parar. Y mientras los tiene distraídos y metidos de lleno en ese asunto irremediable, sigue tomando decisiones trascendentes para la educación sin ningún tipo de oposición, y ya sin considerar la postura de la autoridad educativa estatal, que está cada vez más disminuida y absorbida en funciones por las autoridades federales.

¿QUÉ SIGUE?

En el ámbito de la autoridad educativa estatal, debería fijar una postura concreta sobre cuál es el futuro de cuestiones como la Sección 59, que sigue sin merecerles ninguna consideración, a pesar de que han sido sus aliados silenciosos en la decisión sobre la confiscación del IEEPO a la Sección 22 y la aceptación de la reforma educativa como criterio educativo en la entidad.

Al IEEPO, además, debiera corresponderle hacer, públicamente, los planteamientos que son urgentes respecto a cómo se debe establecer la reforma educativa en la entidad. Toda la tarea se le quedó a los diputados, pero el Instituto ni por supervivencia, ni por olfato político, e incluso ni por dignidad, ha sido capaz de al menos delinear cómo piensan ellos que debe ser el planteamiento legal de la educación en Oaxaca.

Así, por sentido básico de subsistencia, el IEEPO debiera asumir que la iniciativa presentada por el Ejecutivo al Congreso local en agosto del año pasado es un modelo agotado frente a las circunstancias, y por esa razón debería provocar un diálogo público para seguir presionando al Congreso del Estado a que tome con seriedad el asunto y emita una ley educativa al menos en el plazo que le concedió la Corte para dicho efecto.

Y a la 22 debiera corresponderle lo relativo a su propio papel en el mediano plazo. No es viable pensar en sindicato magisterial atrapado en la discusión bizantina de la abrogación de la ley educativa, y desdeñando todos los temas que están relacionados con el presente y futuro de la educación en la entidad.

En el fondo, como todos los actores de la educación en Oaxaca siguen administrando sus posturas, lo que va a terminar ocurriendo es la toma de más decisiones federales. Quién sabe si éstas sean correctas, pero sí serán articuladas. ¿Qué puede ocurrir? Por ejemplo, más golpes a la Sección 22, con la aprehensión de líderes y la utilización de la fuerza pública para inhibir sus acciones y para continuar reduciendo su capacidad de acción. ¿Qué más? Puede ocurrir —y no lo descartemos— la absorción federal del IEEPO y la reducción del Director General del Instituto a la figura testimonial, que es hoy la delegación de la SEP en la entidad.

Por todo eso, el Oaxaca debiera haber más diálogo y menos silencio. El problema es que nadie lo entiende y eso deja todo el campo llano para que la federación siga con sus planes de hacer la reforma educativa una herramienta electoral de cara al 2018.

BOICOT

Y bueno, en ese contexto de luchas suicidas y sin sentido, la 22 ya se prepara para su tradicional boicot anual al Buen Fin. Bastante harían con asegurarse que sus propios agremiados no ocupen la fecha para comprar sus pantallas de leds, previendo el apagón analógico… no vaya a ser que ya no puedan ver las telenovelas y a Joaquín López Dóriga.

Evaluación: tras su aplicación está el efecto de la riña Estado-S22

almargenoaxaca

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noviembre 9, 2015

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+ Concursos se han aplicado desde hace tiempo; falta marco jurídico

Ayer finalmente ocurrió sin incidentes la aplicación de la evaluación a profesores oaxaqueños. Antes había ocurrido una serie de escarceos entre el gobierno y la Sección 22, que había amagado con boicotear la jornada de aplicación de exámenes a los docentes. El gobierno de Oaxaca respondió amagando con la utilización de la fuerza pública si la 22 insistía en su intención. ¿Está en riesgo la evaluación? No, porque ésta ya se aplica en la entidad de diversas formas; la disputa más bien radica en cómo se presenta públicamente —si como victoria o como derrota— lo que ya ocurre.

En efecto, ayer ocurrió formalmente la primera evaluación aplicada a los docentes oaxaqueños en el marco de lo que disponen la Ley General de Educación, y la Ley del Servicio Profesional Docente. Ésta, como lo dispone la ley, tiene como objeto que los trabajadores de la educación dejen testimonio de sus propias capacidades, y puedan participar en los mecanismos de estímulo y ascenso salarial según sus resultados, o recibir capacitación para elevar los resultados de sus evaluaciones. Todo esto es lo que ha sido rechazado por el magisterio oaxaqueño, pero sin siquiera entrar a una discusión seria sobre el fondo de la evaluación, sino por un criterio político impulsado por la Sección 22 del SNTE.

Pues resulta que en el fondo, la aplicación y la resistencia a la evaluación a cargo del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) está centrada en una cuestión política, y además en la negativa, por una parte del gobierno federal, de ceder ante la exigencia del magisterio de la CNTE de no aplicarles la evaluación a sus militantes; y por la otra, la resistencia de la propia Coordinadora, de aceptar que fueron derrotados en la medición de fuerzas relacionada con el cambio de modelo educativo, y en la implementación de la evaluación como el mecanismo de mejora salarial de los maestros, ya sin la participación del criterio político del sindicato para su otorgamiento.

Lo cierto es que, en los hechos, esta no es la primera evaluación que se aplica a los trabadores de la educación en la entidad. La CNTE no lo reconoce, pero tampoco está en posibilidad de negarlo. Pues de hecho a los profesores se les ha venido aplicando un proceso gradual de implementación de las evaluaciones, que al menos en la entidad ya era muy urgente debido a que desde hace al menos ocho años se dejó de aplicar todo lo relacionado con el programa de carrera magisterial, y sólo se podría reactivar cuando los profesores decidieran participar en los procesos de evaluación que primero tuvo la extinta Alianza por la Calidad de la Educación en el gobierno del presidente Felipe Calderón, y en la actualidad con la reforma constitucional en materia educativa, que le transfirió todas las facultades de evaluación al INEE.

Otro de los procesos en los que la evaluación está formalmente presente al menos desde el año pasado, es en la asignación de nuevas plazas. ¿Qué ya no se recuerda que desde que Azael Santiago Chepi, se inició el proceso de someter a concurso las plazas que se ofertaban a los normalistas?

Oaxaca es de las entidades en donde menos se han otorgado nuevos espacios de trabajo a los normalistas recién egresados. Sin embargo, eso no significa que no haya habido el otorgamiento de nuevas plazas, o que las que se han otorgado se hubieran seguido dando bajo el criterio de participación político-sindical impuesto por la Sección 22, o a través de la llamada “contratación automática” que operó por décadas en la entidad, y que atiborró la nómina magisterial estatal, únicamente para alimentar las bases de movilización del sindicato magisterial.

ACEPTAR LA DERROTA

La Sección 22 no dejó de manifestar su rechazo a la evaluación, pero ya no hicieron nada para impedirla. Hace algunos meses todavía fueron a aplicar la fuerza para boicotear la aplicación de los exámenes, cuestión que ahora ya no ocurrió. ¿Qué sigue? El último reducto que les queda está en tratar de impedir que, algún día, el Congreso del Estado decida subir a su agenda de trabajo la aprobación de la legislación en materia educativa. Ese será otro golpe determinante a la “moral” magisterial que aún cree que puede revertir las decisiones tomadas y mantener el coto de poder que tuvo por años entre los trabajadores de la educación.

Hay varios aspectos que deben considerarse alrededor de esto. La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio hace algunas semanas, un plazo de seis meses para que el Congreso del Estado culmine el proceso de armonización de las normas educativas estatales. Dicho plazo está corriendo en contra de la parsimonia legislativa. Irremediablemente, los diputados se verán obligados, a más tardar en el los dos primeros meses de 2016, a establecer como parte de su agenda la legislación en materia educativa para finalmente tener una ley aprobada antes de que venza el plazo que les concedió el Alto Tribunal para cumplir con ese deber.

El problema que existe es que el Congreso no es homogéneo. Es decir: a pesar de que la reforma educativa federal fue impulsada por el presidente priista Enrique Peña Nieto, y que hoy dicha legislación cuenta con todo el respaldo del gobernador Gabino Cué, que decidió romper con el magisterio, ello en ningún sentido significa ni que toda la bancada priista en la LXII Legislatura local esté a favor de la reforma, y mucho menos que los partidos que respaldan al gobernador Cué en el Congreso estén también a favor de la armonización lisa y llana de la normatividad educativa.

Al final, parece que la Sección 22 podría utilizar con inteligencia esa heterogeneidad legislativa para incidir en la discusión. ¿Lo harían? Si deciden intercambiar los gritos y la protesta callejera por un verdadero cabildeo entre los diputados, quizá lograrían algo. El problema es que no lo harán, y eso servirá de ocasión para el oportunismo de diversos legisladores que, sin considerar algún otro criterio, decidirán si apoyan al gobierno a la Sección 22 según intereses, y no según lo que pudiera ser lo mejor para la educación en Oaxaca.

FIN DE SEMANA NEGRO

Sí: pocas veces en nuestra ciudad hemos tenido un fin de semana tan trágico como éste. Lo peor es que son ciudadanos comunes los involucrados en varios homicidios. ¿Tan mal estamos como sociedad que somos capaces de comenzar a ver eso como “normal”?

Certificados de infraestructura educativa: impulso electoral de Nuño

almargenoaxaca

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noviembre 6, 2015

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+ No hipotecan al Estado sino a los municipios, a través de su Ramo 33

Ayer el Congreso del Estado sesionó para aprobar reformas a la Ley de Deuda Pública, no como un favor al gobernador Gabino Cué sino, implícitamente —y a cambio de la millonaria inversión prometida para las instalaciones donde se imparte educación básica en la entidad— para dar su anuencia a los afanes electorales del titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. Esto cobra sentido cuando se analiza la naturaleza de los certificados de infraestructura educativa prometidos por el gobierno federal en el marco de la reforma educativa, así como la urgencia de comenzar a realizar dicha inversión.

En efecto, hace dos meses, en el mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció un paquete de medidas encaminadas a fortalecer el Estado de derecho, impulsar el crecimiento económico y combatir la desigualdad. Entre estas medidas destacó la creación de nuevos “vehículos de inversión” que según los dichos del Mandatario, “permitan impulsar el desarrollo de infraestructura a partir de la conjunción de capital público y privado”.

Dichos instrumentos fueron los Certificados de Infraestructura Educativa Nacional (CIEN), que días después anunció el Titular de la SEP, y que en su momento presentó con la apariencia de una inversión federal. Sólo que conforme ha transcurrido el tiempo, y ha venido avanzando el proceso de implementación de dichos mecanismos, se ha ido descubriendo la verdadera naturaleza de los mismos. Y básicamente, resulta que no se trata de una inversión federal extraordinaria, sino de “adelantos” bursatilizados, a través de los cuales el gobierno federal está inyectando recursos para la rehabilitación de instalaciones escolares en el país, pero a cambio de descontarlos, a largo plazo, de uno de los fondos que reciben los municipios directamente de la federación.

Y es que, como lo explica la investigadora del Die-Cinvestav, Alma Maldonado (http://educacion.nexos.com.mx/?p=20), en el 2009 se modificó la normatividad para permitir la existencia de Certificados de capital de desarrollo (CKDs) o de los Fideicomisos de Inversión y Bienes Raíces (Fibras). En el caso de la infraestructura educativa el instrumento propuesto sería un “Certificado Bursátil Fiduciario (Cebure) cuya fuente de pago es el Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM-Ramo 33) de las entidades federativas” (Salgado, 2005). En otros términos, apunta la investigadora, estos bonos funcionarían como una especie de hipoteca en donde los recursos que de todas maneras se recibirían (vía Ramo 33-FAM) para infraestructura educativa se concentrarán en un fondo que lanzará bonos a la venta en la Bolsa Mexicana de Valores. Con ello, el gobierno federal y los estados dispondrán de una gran cantidad de recursos inmediatos para invertirlos en este sector. Las interrogantes sobre estos certificados deben considerar al menos a tres actores diferentes: los futuros inversionistas, los usuarios de los servicios educativos y los involucrados en la política educativa.

Nada menos que de esto se tratan los CIEN, anunciados por el secretario Aurelio Nuño Mayer, y por lo que las Legislaturas de todo el país están modificando sus legislaciones domésticas para poder acceder a dicha modalidad de recursos, que aunque formalmente no constituye deuda pública, sí es una forma disfrazada de hipotecar los recursos que reciben los municipios a través de uno de los fondos que integra el Ramo 33 a que tienen derecho todas las municipalidades del país.

AFANES POLÍTICOS

En las últimas semanas, se ha insistido en que el presidente Peña Nieto “le metió en la bolsa 50 mil millones de pesos a Aurelio Nuño” para hacerlo crecer electoralmente, como uno de sus posibles prospectos presidenciales para 2018. El problema que hoy está surgiendo es que ese dinero en realidad no es una dádiva ni una estrategia federal, sino un préstamo a través del cual un funcionario federal podrá hacer campaña a costa de las entidades federativas y los municipios del país. A pesar de que ello no constituye un esquilmo, sí es una forma poco decorosa de hacer política con sombrero ajeno.

¿Por qué? Porque evidentemente, dicha inversión, distribuida en las 32 entidades del país, permitirá al Titular de la SEP tener una amplia presencia en prácticamente todo el territorio nacional, eliminando aquella vieja idea de que desde la SEP no era posible hacer política con fines electorales, y que tampoco era un espacio propicio para tener contacto directo con la ciudadanía.

Al estar Nuño en la posibilidad de prometer —y cumplir— inversiones en centros educativos, le pega a un tema sensible de prácticamente todas las comunidades apartadas o con algún grado de marginación —que no son pocas en el territorio nacional— que tienen escuelas en ruinas o en el abandono. Sólo que el “sombrero ajeno” con el que hará caravanas por todo el país, radica en el hecho de que en realidad esa no es una inversión federal sino eminentemente municipal, que silenciosamente se irá pagando en los lustros siguientes.

Además, esta situación margina todo cuestionamiento de cómo se financiará el mantenimiento que, en las décadas por venir, se le deberá dar a esa infraestructura educativa que en los meses siguientes será rehabilitada, si los recursos económicos con los que podría hacerse estarán destinados a solventar el proceso de bursatilización de esos instrumentos de inversión, con los que además Aurelio Nuño buscará hacer política y ser conocido en todo el país con una intención eminentemente electoral. Así pues, esta es la forma en cómo debemos ir entendiendo los instrumentos que sí tienen un fin loable, que es el rescate de las escuelas del país, pero que también tienen la intención de Aurelio Nuño tenga mecanismos para ubicarse en la ya próxima carrera presidencial de 2018.

BURSATILIZACIÓN

Para que entendamos mejor eso de la bursatilización: como ejemplo, el gobierno estatal bursatilizó en 2009 los ingresos producto de los impuestos vehiculares estatales por los siguientes 20 años, para tener dinero fresco dizque para inversión productiva. No hay claridad de qué destino tuvo esos recursos que obtuvieron al vender certificados en la bolsa de valores. Lo que sí sabemos es que por eso en Oaxaca es técnicamente imposible eliminar el impuesto a la tenencia y uso de vehículos, ya que lo que se recauda sirve para pagar ese “adelanto” que hicieron de esos impuestos futuros, los tenedores de esos certificados. Algo así.

Al MarganColumna

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