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¿Se acabó la mancuerna entre IEEPO y SEP frente a la Sección 22?

Moises Robles

+ SEP emite duro comunicado puntualizando quién ordenó los pagos


Desde que Moisés Robles Cruz llegó a la dirección del IEEPO, siempre pareció procurar un buen entendimiento, y hasta trabajo coordinado, entre el gobierno estatal y las dependencias federales encargadas de lidiar con la Sección 22 del SNTE. En varios momentos, pareció que ambos órdenes de gobierno actuaban coordinadamente… hasta esta semana, cuando la polémica por el pago íntegro de la quincena no laborada por los maestros oaxaqueños llevó a la confrontación a ambos gobiernos. Si esto es un augurio del fin de la buena relación, entonces sería necesario que pronto haya noticias sobre el proceso judicial respecto a la no armonización de las leyes educativas locales con la nueva legislación federal.

En efecto, el año 2015 ha sido muy intenso para los gobiernos estatal y federal en la negociación con la Sección 22 del SNTE. En diversos momentos se firmaron minutas de trabajo entre la SEP y Gobernación, como representantes del gobierno federal, y del IEEPO como representante del gobierno de Oaxaca, en las mesas de trabajo con el magisterio. Del solo contenido de esas minutas se desprende que siempre hubo coordinación entre ambos órdenes de gobierno incluso para establecer los términos y las palabras que contenían los documentos.

En esas minutas y documentos firmados en varios momentos con la Sección 22 y la CNTE, ambos gobiernos siempre coincidieron en establecer compromisos abstractos que nunca tenían intención —porque ello habría sido inconstitucional, y además constitutivo de responsabilidades administrativas para los funcionarios firmantes— de desglosar en posibles prestaciones u obligaciones concretas. Incluso, durante meses el IEEPO se prestó abiertamente a seguir la estrategia del gobierno federal de tener un negociador bueno y un malo; siendo Gobernación el bueno (porque concedía) y la SEP el malo (porque era quien acotaba o de plano rechazaba lo cedido por Segob, aduciendo las nuevas reglas establecidas en la reforma educativa.

En esa mancuerna, todos sabían —el gobierno federal, y el de Oaxaca— que el estallamiento del paro indefinido de labores era inevitable. Ambos gobiernos sabían que tenían que emprender una acción coordinada (en la cual el gobierno federal tenía que enseñar el músculo, y el de Oaxaca esconderse, para no incendiar la pradera) para mantener a raya las acciones magisteriales de cara a los comicios. Eso fue lo que hicieron. Pero al parecer ninguno de ellos estuvo lo suficientemente preparado para afrontar el costo político que tendría la reacción de la opinión pública ante sus decisiones.

El gobierno federal probó el amargo sabor del cuestionamiento-público-nacional-unánime, cuando dos días antes de los comicios anunció, por vía de la SEP, la suspensión indefinida de las evaluaciones docentes. Políticamente, ese era un claro mensaje de buena voluntad a la CNTE para que evitara cumplir sus amenazas de boicot a los comicios del 7 de junio. Pero ni la misma Coordinadora reaccionó de forma tan virulenta como lo hizo la opinión pública —la prensa tradicional, unánime en el rechazo, además de las imparables redes sociales, que cumplieron con su cometido de reflejar la postura de la ciudadanía en general— que de inmediato cerró filas en torno al rechazo a la medida anunciada por el gobierno federal.

Luego de los comicios, vino el cuestionamiento —también emergido desde la Ciudad de México— sobre si se pagaría a los profesores luego de los 17 días de paro de labores. La respuesta federal fue que no, hasta que volvieran a clases. Y luego vino el segundo tiro: ¿por qué habrían de pagarles por los días no laborados?

El IEEPO dijo inicialmente que era responsabilidad de la SEP; ésta dijo que era, en realidad, responsabilidad del instituto educativo estatal; IEEPO aceptó su responsabilidad, pero dijo que el área de incidencias estaba en manos de la Sección 22; y finalmente, ante el miedo de volver a ser el señalado como alcahuete del magisterio oaxaqueño, la SEP decidió publicar con todo detalle quién y cómo se ordenó, desde Oaxaca, que se pagara la quincena íntegra que no laboraron los profesores adheridos a la Sección 22.

LA SEP SE DESLINDA

“La Secretaría de Educación Pública —dice el Comunicado 155, emitido ayer a las 16:44 horas—, a través del oficial mayor de la dependencia, Jorge Carlos Hurtado Valdez, aclaró respecto a las constantes declaraciones del director general del IEEPO, Moisés Robles Cruz, quien ha expresado no estar en posibilidades de retener el pago a los maestros que no asistieron a laborar durante la primer quincena del mes de junio, ya que esta responsabilidad recae supuestamente en las atribuciones de la Secretaría de Educación Pública federal. El oficial mayor puntualizó al respecto lo siguiente:

“El artículo 26 fracción VI de la Ley de Coordinación Fiscal establece como obligación de la SEP de (sic) retener y enterar las cantidades que por ley deban pagarse por concepto de impuestos federales y aportaciones de seguridad social, así como las demás cantidades que deban retenerse con base en la instrucción correspondiente de la autoridad educativa de la entidad federativa”.

Luego de eso, hace una relatoría en la que detalla nombres, fechas e indicaciones dadas por un funcionario del IEEPO —José Armando Pineda Loredo, enlace operativo para temas de nómina del IEEPO ante la SEP— primero para retener el pago, y luego para que los recursos fueran dispersados.

Y aunque la SEP pretende deslindarse aduciendo que “en cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal”, atendió las solicitudes del IEEPO de suspender y posteriormente, reanudar el trámite de pagos de la quincena 11 en el estado de Oaxaca, lo cierto es que en realidad está enviando más un mensaje de ruptura política que de deslinde, porque entonces pareciera que —por muy paradójico que parezca— legal e institucionalmente el gobierno federal está supeditado en sus facultades a lo que disponga —según dice Moisés Robles— un funcionario que responde no a los intereses del IEEPO, sino de la Sección 22 del SNTE.

AUTORIDAD, DE PAPEL

En Oaxaca, eso es Moisés Robles: una autoridad similar a una roca aparente. Pero si el gobierno federal de verdad quiere apretar a la 22, entonces tendría que darle impulso político y procesal a la controversia constitucional que presentó el año pasado. Ahí está la clave. ¿O sólo simula dureza para esquivar el escarnio ciudadano?

Discusión sobre quién debió descontar a S22, monumento a la ignominia

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Descuentos

+ IEEPO y SEP reeditan el viejo y abominable “acátese pero no se cumpla”


 

Hay versiones de que la conocida frase “acátese pero no se cumpla”, nació en el siglo XIV y su uso se generalizó durante siglos como medio válido para dejar de aplicar aquellas normas que, pese a haber sido promulgadas por autoridad legítima, frecuentemente el Rey, suponían una vulneración de las leyes o fueros propios, normas, usos o costumbres del lugar. Hoy, esa vieja e ignominiosa figura, recupera uso y vigencia plena ante el absurdo diferendo entre el IEEPO y la SEP sobre quién debía descontar a los profesores de la Sección 22 del SNTE que durante dos semanas abandonaron sus labores docentes en Oaxaca.

En efecto, se dice que el uso cotidiano de la figura legaloide del “acátese pero no se cumpla”, fue una manera de uso común a través de la cual la Auctoritas (autoridad) del Rey quedaba salvaguardada, y las normas del lugar, que allí se consideraban justas, seguían rigiendo con plena eficacia. Esto, que bajo alguna lógica tergiversada pudiera considerarse como una especie de pluralidad de sistemas jurídicos (algo así como dos sistemas de derechos rigiendo en un mismo tiempo y espacio), en realidad era una figura que validaba la ignominia de la aplicación selectiva de una norma jurídica.

A través del “acátese pero no se cumpla” se construyó buena parte del sistema mexicano jurídico y de gobierno, y se supone que es uno de los grandes males contra los cuales hemos lucha como sociedad, y es para lo que se supone que adoptamos ese amorfo e incomprendido concepto del “Estado de Derecho”. Pero el problema es que en plena transición hacia la supuesta implementación de las reformas estructurales, resulta todo está terminando en la reedición de esa vieja figura, y lo que está provocando es nada menos que la inutilización material de la reforma educativa, al provocar —en los hechos— que su aplicación carezca de medios jurídicos y administrativos eficaces para sancionar a quien no la cumpla. Veamos si no.

Por un lado, el delegado de la SEP, Jorge Villar Llorens, ha respaldado lo dicho por varias instancias federales como la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, en el sentido de que aun cuando la nómina magisterial está en manos de la federación, es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) quien tendría que notificar el nombre de los maestros faltistas y de esta manera poder ejecutar los descuentos establecidos en la Ley de Servicio Profesional Docente. “Si el IEEPO nos da el nombre maestro por maestro y escuela por escuela quienes no están trabajando, es una obligación de la SEP hacer el descuento”, puntualizó.

Frente a esto, se encuentra la postura del Director del IEEPO. Moisés Robles Cruz, “reviró” a la SEP sobre la falta de reporte de maestros paristas, y le respondió que la federación sabía de un paro masivo y no procedió al descuento de los paristas. Textualmente, dijo lo siguiente: “Hay dos situaciones y es importante dejarlo muy en claro, hay un esquema de corresponsabilidad; la SEP (en el esquema de corresponsabilidad) tenía del conocimiento porque había un paro masivo en toda la entidad, sabía que no había profesores y la instancia que a partir del 1 de enero tiene el control de la nómina en cuanto a los pagos es la instancia federal”.

Mientras que en la responsabilidad del IEEPO, justificó que desde hace más de 23 años la composición funcional y orgánica de la dependencia está en las manos de la Sección 22. “Es inoperante que a través de los supervisores que a los que les corresponde reportar y registrar las faltas, ellos mismos se encuentran en la ausencia porque forman parte de la manifestación. Ahí está la explicación, obvia”.

Es decir, que no habrá descuentos a los maestros paristas luego de haber abandonado las aulas durante una quincena completa, porque la SEP se sentará a esperar a que el IEEPO le informe qué maestros y en qué fechas faltaron a su trabajo. Y el IEEPO nunca podrá hacer esto porque acepta sin ningún pudor que esa función del Instituto se encuentra en manos de la propia Sección 22.

Algo así como un perro persiguiéndose la cola indefinidamente…

 

LA IGNOMINIA ANDANTE

Ante este dilema, lo que se aprecia es que hay plena disposición, mancomunada, de los gobiernos estatal y federal, porque el contenido de la reforma educativa se acate pero no se cumpla. Se acate, sí, porque en los discursos y en las declaraciones públicas todos hablan de compromiso con la educación, de mejoramiento del sistema educativo, de evaluación y de urgencia por cumplir con el mandato constitucional de la reforma educativa. Pero en los hechos lo que todos hacen es simular ese compromiso, y quedarse en la inaceptable fase de creer que con esas declaraciones vacías salvan el momento pero sin comprometerse ni pagar algún tipo de costo político por tomar decisiones difíciles.

¿Qué no es suficientemente claro que todos los maestros adheridos a la Sección 22, todos, abandonaron sus aulas, y quién sabe si asistieron a actividades sindicales (marchas, plantones, toma de oficinas o espacios públicos, etcétera), pero lo que sí es sustantivo y corroborable es que todas las escuelas de educación básica, media básica y media superior adheridas a la Sección 22 estuvieron cerradas durante dos largas semanas, en las que ningún profesor ni personal administrativo cumplió con su trabajo?

Ante esa circunstancia no se necesitaría ser selectivo, porque el paro de labores fue generalizado, y por ende el descuento debiera ser similar. El problema es que a la hora de verdaderamente hacer valer uno de los principales “dientes” de la reforma educativa, todos comienzan a echarse la responsabilidad, como si el mandato de descontar el salario por cada día no laborado, y de rescindir el contrato luego de tres inasistencias injustificadas, se encontrara en un texto bíblico y no en las leyes derivadas de la Constitución de la República.

 

ES UNA BURLA

Ayer por la tarde, en una entrevista radiofónica, el Secretario de Gobernación decía que es responsabilidad del gobierno de Oaxaca que se descuente a los profesores. Lo paradójico es que remarcaba, una y otra vez, que la nómina magisterial ya está centralizada. Sin embargo, decía, es deber del gobierno estatal reportarnos quién falta a su trabajo para proceder al descuento. Esto es, cuando menos, un callejón sin salida. En realidad, es una burla para los mexicanos y para la ley y, en el último de los casos, una zancadilla que se ponen ellos mismos.

+ IEEPO y SEP reeditan el viejo y abominable “acátese pero no se cumpla”

 

Hay versiones de que la conocida frase “acátese pero no se cumpla”, nació en el siglo XIV y su uso se generalizó durante siglos como medio válido para dejar de aplicar aquellas normas que, pese a haber sido promulgadas por autoridad legítima, frecuentemente el Rey, suponían una vulneración de las leyes o fueros propios, normas, usos o costumbres del lugar. Hoy, esa vieja e ignominiosa figura, recupera uso y vigencia plena ante el absurdo diferendo entre el IEEPO y la SEP sobre quién debía descontar a los profesores de la Sección 22 del SNTE que durante dos semanas abandonaron sus labores docentes en Oaxaca.

En efecto, se dice que el uso cotidiano de la figura legaloide del “acátese pero no se cumpla”, fue una manera de uso común a través de la cual la Auctoritas (autoridad) del Rey quedaba salvaguardada, y las normas del lugar, que allí se consideraban justas, seguían rigiendo con plena eficacia. Esto, que bajo alguna lógica tergiversada pudiera considerarse como una especie de pluralidad de sistemas jurídicos (algo así como dos sistemas de derechos rigiendo en un mismo tiempo y espacio), en realidad era una figura que validaba la ignominia de la aplicación selectiva de una norma jurídica.

A través del “acátese pero no se cumpla” se construyó buena parte del sistema mexicano jurídico y de gobierno, y se supone que es uno de los grandes males contra los cuales hemos lucha como sociedad, y es para lo que se supone que adoptamos ese amorfo e incomprendido concepto del “Estado de Derecho”. Pero el problema es que en plena transición hacia la supuesta implementación de las reformas estructurales, resulta todo está terminando en la reedición de esa vieja figura, y lo que está provocando es nada menos que la inutilización material de la reforma educativa, al provocar —en los hechos— que su aplicación carezca de medios jurídicos y administrativos eficaces para sancionar a quien no la cumpla. Veamos si no.

Por un lado, el delegado de la SEP, Jorge Villar Llorens, ha respaldado lo dicho por varias instancias federales como la Secretaría de Gobernación y de Educación Pública, en el sentido de que aun cuando la nómina magisterial está en manos de la federación, es el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) quien tendría que notificar el nombre de los maestros faltistas y de esta manera poder ejecutar los descuentos establecidos en la Ley de Servicio Profesional Docente. “Si el IEEPO nos da el nombre maestro por maestro y escuela por escuela quienes no están trabajando, es una obligación de la SEP hacer el descuento”, puntualizó.

Frente a esto, se encuentra la postura del Director del IEEPO. Moisés Robles Cruz, “reviró” a la SEP sobre la falta de reporte de maestros paristas, y le respondió que la federación sabía de un paro masivo y no procedió al descuento de los paristas. Textualmente, dijo lo siguiente: “Hay dos situaciones y es importante dejarlo muy en claro, hay un esquema de corresponsabilidad; la SEP (en el esquema de corresponsabilidad) tenía del conocimiento porque había un paro masivo en toda la entidad, sabía que no había profesores y la instancia que a partir del 1 de enero tiene el control de la nómina en cuanto a los pagos es la instancia federal”.

Mientras que en la responsabilidad del IEEPO, justificó que desde hace más de 23 años la composición funcional y orgánica de la dependencia está en las manos de la Sección 22. “Es inoperante que a través de los supervisores que a los que les corresponde reportar y registrar las faltas, ellos mismos se encuentran en la ausencia porque forman parte de la manifestación. Ahí está la explicación, obvia”.

Es decir, que no habrá descuentos a los maestros paristas luego de haber abandonado las aulas durante una quincena completa, porque la SEP se sentará a esperar a que el IEEPO le informe qué maestros y en qué fechas faltaron a su trabajo. Y el IEEPO nunca podrá hacer esto porque acepta sin ningún pudor que esa función del Instituto se encuentra en manos de la propia Sección 22.

Algo así como un perro persiguiéndose la cola indefinidamente…

 

LA IGNOMINIA ANDANTE

Ante este dilema, lo que se aprecia es que hay plena disposición, mancomunada, de los gobiernos estatal y federal, porque el contenido de la reforma educativa se acate pero no se cumpla. Se acate, sí, porque en los discursos y en las declaraciones públicas todos hablan de compromiso con la educación, de mejoramiento del sistema educativo, de evaluación y de urgencia por cumplir con el mandato constitucional de la reforma educativa. Pero en los hechos lo que todos hacen es simular ese compromiso, y quedarse en la inaceptable fase de creer que con esas declaraciones vacías salvan el momento pero sin comprometerse ni pagar algún tipo de costo político por tomar decisiones difíciles.

¿Qué no es suficientemente claro que todos los maestros adheridos a la Sección 22, todos, abandonaron sus aulas, y quién sabe si asistieron a actividades sindicales (marchas, plantones, toma de oficinas o espacios públicos, etcétera), pero lo que sí es sustantivo y corroborable es que todas las escuelas de educación básica, media básica y media superior adheridas a la Sección 22 estuvieron cerradas durante dos largas semanas, en las que ningún profesor ni personal administrativo cumplió con su trabajo?

Ante esa circunstancia no se necesitaría ser selectivo, porque el paro de labores fue generalizado, y por ende el descuento debiera ser similar. El problema es que a la hora de verdaderamente hacer valer uno de los principales “dientes” de la reforma educativa, todos comienzan a echarse la responsabilidad, como si el mandato de descontar el salario por cada día no laborado, y de rescindir el contrato luego de tres inasistencias injustificadas, se encontrara en un texto bíblico y no en las leyes derivadas de la Constitución de la República.

 

ES UNA BURLA

Ayer por la tarde, en una entrevista radiofónica, el Secretario de Gobernación decía que es responsabilidad del gobierno de Oaxaca que se descuente a los profesores. Lo paradójico es que remarcaba, una y otra vez, que la nómina magisterial ya está centralizada. Sin embargo, decía, es deber del gobierno estatal reportarnos quién falta a su trabajo para proceder al descuento. Esto es, cuando menos, un callejón sin salida. En realidad, es una burla para los mexicanos y para la ley y, en el último de los casos, una zancadilla que se ponen ellos mismos.

¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo la industria del chantaje?

+ Antes eran las organizaciones; hoy, la bandera la tiene el magisterio


Pasaron las campañas, y en el prolongado ayuno de ideas hubo varios temas a los que los candidatos a las diputaciones federales definitivamente no le quisieron entrar. Nadie, nunca, bajo ninguna circunstancia, habló por ejemplo de la impunidad, ni de la corrupción, y mucho menos de la llamada “industria del chantaje”. No lo hicieron, a pesar de que Oaxaca es una entidad invadida por esos males sociales históricos, de los cuales el magisterio ha hecho faro para continuar su lucha.
En efecto, nunca va a sobrar insistir: mientras el propio gobierno, la clase política y la sociedad no traben una alianza bien afianzada para combatir la corrupción va a continuar siendo moneda corriente en nuestro estado. A todos nos consta que mientras ese tipo de males no se ha tocado, los daños que eso le provoca a la ciudadanía se han ido ahondando. Pareciera que en la inmediatez de las circunstancias, propios y extraños le han apostado a la prebenda como una forma de apaciguar las pasiones y las ambiciones. Sólo que el resultado ha sido multiplicador en los efectos y divisor en los resultados.
¿De qué hablamos? De que hoy la llamada “industria del chantaje” se encuentra ya no únicamente en sus depositarios tradicionales, como lo fueron en otros tiempos las organizaciones sociales. Todos recordamos que hace varios lustros, la caja grande del gobierno hacia las organizaciones se encontraba no en el otorgamiento de obra pública o en la asignación de proyectos productivos —que en buena medida hoy están depositadas en las instancias de “desarrollo social” y de infraestructura— sino en el chantaje abierto.
Es por eso que la Secretaría General de Gobierno fue por mucho tiempo la instancia encargada de mantener quietas a las organizaciones, en una connivencia de chantaje que, con el paso de los años, evolucionó y se perfeccionó, pero con ello no sólo no disminuyó los daños a la ciudadanía sino que los ahondó. Pues hoy en día, la llamada industria del chantaje sentó sus reales en temas como la asignación y ejecución de obra pública, o el otorgamiento de los llamados “proyectos productivos”, que lejos de beneficiar a las comunidades en realidad han servido para hacer codiciosas a muchas organizaciones, y millonarios a decenas, o cientos de líderes sociales.
Acaso por eso, hoy se desdeña el modelo de gobierno a partir del cual la dependencia encargada de la gobernabilidad y la política interna es la interlocutora entre las expresiones de la sociedad, y las instancias que se supone que deben regular las actividades relacionadas con recursos públicos. Es lo que actualmente se plantea que haga la Secretaría General de Gobierno, pero es lo que los mismos demandantes de un trato legal y democrático en las organizaciones sociales, desdeñan.
¿Por qué? Porque en el fondo todos los que tienen puestos los ojos en el presupuesto público quisieran que las cosas se siguieran arreglando como en el pasado, a partir de simples acuerdos políticos sin sustento y a partir de la práctica del chantaje velado para la obtención de canonjías políticas y económicas.
De ahí que muchas veces sean los mismos servidores públicos de otras áreas —y evidentemente con ciertos afanes políticos— quienes desdeñen la actividad de concertación que se realiza desde la Secretaría de Gobierno, y prefieren participar de la corrupción ganando clientelas y organizaciones sociales, a las que creen que “tripulan”, aunque finalmente terminan provocando muchos más problemas y daños a la ciudadanía, cuando la ambición termina pudiendo más que el supuesto control político que se ejerce sobre éstas.
A estas alturas, habría que entenderlo con claridad: la complicidad entre funcionarios y luchadores sociales se va a acabar, sí, cuando haya mejores leyes e instituciones autónomas que persigan y castiguen los actos de corrupción. Pero también se terminará cuando se caiga en la conciencia de que querer tener gobernabilidad a través del chantaje o las prebendas, es tanto como querer apagar un incendio utilizando combustible.

CORRUPCIÓN, ACEPTADA
Hoy, por la persistencia de prácticas de chantaje, a la población en general se le hace ya muy difícil distinguir cuándo se trata de organizaciones, problemas y demandas legítimas, y cuándo es un abierto acto de corrupción. Tan es así, que hoy en día la misma ciudadanía se sigue preguntando —a pesar de lo evidente de las circunstancias— si las acciones de organizaciones como la Sección 22 del SNTE son legítimas o no. En otra sociedad eso no tendría que pasar, porque cualquier persona, a simple vista, tendría que ser capaz de distinguir entre demandas legítimas y actos de chantaje.
Preguntémonos, por ejemplo, por qué la posibilidad de reprobar las acciones de chantaje de la Sección 22 ha sido tan pobre, mientras el magisterio ejerce verdaderos actos de presión en contra de los tres ámbitos de gobierno para que les satisfagan demandas que no son a favor de toda la ciudadanía. Lo mismo ocurre con quienes abiertamente realizan actos de chantaje para obtener recursos económicos en obras, en proyectos productivos y en programas sociales.
Al final —y eso es lo grave—, nosotros como ciudadanos ya ni siquiera somos capaces de sensibilizarnos con ese tipo de demandas, porque en gran medida puede más la desconfianza —fundada— de si eso que exigen es verdaderamente lo que las comunidades necesitan, o si son mentiras bien defendidas para llenarse los bolsillos de dinero. Ese es un daño colateral que ha traído aparejado el ominoso perfeccionamiento de la industria del chantaje, que además del sentido de la legalidad ya perdió cualquier tipo de vergüenza.
En el fondo, habría sido importante que quienes aspiraban a un cargo de elección popular se pronunciaran sobre ese tipo de cuestiones, y establecieran puntos de referencia sobre su posible actuación frente a esas prácticas. No lo hicieron, porque paradójicamente muchos de los candidatos surgieron justamente de esa lucha social que tanto ha corroído a nuestra sociedad, pero que paradójicamente hoy pareciera que vive sus mejores momentos.

SALARIOS ÍNTEGROS
Lo dicho: el gobierno federal le dio dos nalgadas a la Sección 22, pero nada trascendente. La primera, fue enviarles a la fuerza pública para que se desmovilizaran durante los comicios. tLa segunda, retenerles su pago. Ambas, terminarán en disculpas recíprocas. Y juntos seguirán con el chantaje de siempre. Ya lo veremos.

Matrimonio en Oaxaca: la incongruencia partidista se consolida

Matrimonio gay

+ Resolución trascendental de SCJN, evidencia falta de convicción


El pasado viernes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación mandó a publicar —para darle obligatoriedad en todo el país— una jurisprudencia en la que señala que la ley de cualquier entidad federativa que, por un lado, considere que la finalidad del matrimonio es la procreación y/o que lo defina como el que se celebra entre un hombre y una mujer, es inconstitucional. Esto, en congruencia con una larga serie de amparos que ha venido concediendo desde hace varios años a personas del mismo sexo que pretendían contraer matrimonio civil y eran impedidos por las leyes estatales. Ante esta determinación, vale la pena reconsiderar el conjunto de incongruencias que tiene este asunto en entidades como la nuestra.

En efecto, en la jurisprudencia antes señalada la Corte precisó que la finalidad constitucional del matrimonio es la protección de la familia, por lo que calificaron como “no idóneo” que algunas legislaciones limiten su función a la procreación. El Alto Tribunal calificó también de discriminatorio vincular los requisitos del matrimonio a las preferencias sexuales, ya que éstas no constituyen un aspecto relevante en cuanto a la protección de la familia.

En cuanto a las legislaciones que definen al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer —como es el caso de Oaxaca, según la actual redacción del artículo 143 del Código Civil del Estado—, la jurisprudencia estableció que se trata de una “enunciación discriminatoria en su mera expresión”. El texto jurisprudencial que está próximo a ser publicado en el Semanario Judicial de la Federación, señala que “Bajo ninguna circunstancia se puede negar o restringir a nadie un derecho con base en su orientación sexual”.

Y es que resulta que en Oaxaca, el Código Civil establece que el matrimonio es un contrato civil celebrado entre un solo hombre y una sola mujer, que se unen para perpetuar la especie y proporcionarse ayuda mutua en la vida. La ley civil continúa teniendo esa redacción, a pesar de que desde hace varias Legislaturas locales, las fuerzas de izquierda han tenido una representación importante, y que al menos en los últimos años ha tenido una presencia legislativa determinante, que bien podría haber empujado ya una reforma que —viéndolo desde una perspectiva garantista y no atávica— impulsara a Oaxaca no específicamente como una entidad “gay-friendly” (amigable con los gays), sino más bien como un estado en el que se reconocen y garantizan los derechos “tradicionales”, pero también los de las minorías, que ya se encuentran tutelados por la Constitución de la República —y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, firmados y ratificados por México, que también son ley suprema del país—, y que por ende debieran ser refrendados por las normas jurídicas estatales.

El problema es que en Oaxaca un tema como éste también trae aparejada otra discusión que tiene que ver con las supuestas convicciones políticas de los partidos que gobiernan y que conviven en el Congreso. Resulta que hay incongruencias por todos lados, y de las supuestas posiciones liberales o progresistas, todos resultan evidenciados. ¿Por qué?

Porque resulta que, por un lado, fue la fracción parlamentaria del PRI en la LIX Legislatura la que impulsó una reforma al artículo 12 de la Constitución local para establecer el llamado “derecho a la vida”, que no es sino una de las reformas más conservadoras que hayan podido haber ocurrido en el país, y que tuvo por objeto disponer que en Oaxaca se protege la vida desde el momento de la concepción.

En aquel momento, el PRI de Oaxaca —aún siendo Ulises Ruiz gobernador— impulsó esa reforma como una suerte de concesión para apaciguar al PAN y lo apoyara en la consolidación de otras reformas que eran de interés para la administración estatal. Lo incongruente es que apenas meses después en Oaxaca ganó los comicios —y el gobierno, y la mayoría en el Congreso— una coalición que se decía progresista. Esa alianza, sin embargo, no ha movido un solo dedo para cambiar el estado de cosas sobre este tema, que se supone que en otras entidades del país fueron impulsadas por la izquierda, y que de hecho son uno de sus mayores orgullos y muestra de “progresismo”.

¿Y EL PROGRESISMO?

Una vez que la tesis jurisprudencial antes aludida sea publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tendrá fuerza vinculante para todas las autoridades del país, que se verán más obligadas a comenzar a cambiar sus atavismos en respeto a los derechos fundamentales de las personas.

En esa lógica, sería ampliamente edificante que el gobierno de Gabino Cué tuviera la convicción de ser un gobierno de izquierda pero no sólo en lo partidista, sino también en lo social y hasta lo ideológico. Si este es un régimen identificado con aquella ideología, debía también llevar a los hechos las convicciones progresistas que hasta ahora han estado guardadas. En hechos tangibles, debería entonces transformar su política social; debía también promover cambios profundos a la administración pública, e incluso debía poner en la mesa de la discusión, y favorecer con su fuerza de gobierno, temas que hoy son hasta tabú en la entidad oaxaqueña, pero que bien podrían comenzar ya a ser discutidos.

Por ejemplo, si hay convicción por la izquierda, el gobierno de Oaxaca debía dar contenido a sus decisiones proponiendo una revisión profunda de las leyes civiles, penales y relativas a derechos humanos, para que éstas, en todos los niveles, estuvieran acordes a los tiempos actuales, se identificaran con las causas más avanzadas en esos temas, y proveyeran de la máxima protección y tutela de derechos a las personas.

Hasta hoy en Oaxaca la discusión de temas como el de los matrimonios entre personas del mismo sexo, el aborto —y muchos otros que en otras entidades no sólo ya no son tabúes, sino que están convertido en ley—, están inhibidos por completo. Es un contraste enorme que, por ejemplo, se declare a un gobierno como de izquierda, pero que al mismo tiempo haya combatido con todo denuedo el intento de personas del mismo sexo, por contraer matrimonio bajo la tutela de las atrasadas leyes locales. Esa es una muestra entre la enorme brecha entre el decir y el hacer.

ESO NO IMPORTA

La semana pasada, el líder de la supuesta izquierda en México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que el tema de los matrimonios entre personas del mismo sexo, no es importante. Ya con eso podemos entender por qué tanto silencio en el frondoso progresismo oaxaqueño.

En nueve años, el movimiento popular minó su respaldo ciudadano

Conflicto 2006

+ En 2006 la gente salió a defender a maestros; hoy disimula su enojo


Es curioso cómo apenas nueve años después de ocurrido el conflicto magisterial, en un nuevo episodio de militarización de la capital oaxaqueña y diversos municipios importantes de la entidad, nadie salió a reclamar ni a repudiar a las fuerzas federales. Es curioso porque ello revela el nivel de respaldo ciudadano que tiene hoy el movimiento popular, frente al que tenía al desatarse el conflicto magisterial en 2006.

En efecto, en las últimas semanas propios y extraños se han preguntado cómo pudo ocurrir ese inesperado y casi inexplicable revire del gobierno federal a la Sección 22 y la CNTE. En las semanas previas a los comicios, la Coordinadora había asumido ya una actitud soberbia frente al gobierno federal, a quien incluso orilló a posponer indefinidamente el inicio de la evaluación a los docentes a través del INEE. Parecía que el gobierno federal tenía muchas reservas sobre la reacción no de los maestros, sino de la población, frente a una posible acción de fuerza. Entidades como Oaxaca tienen una presencia magisterial fundamental y, según preveían, también un respaldo social —supuestamente— enorme.

Eso fue lo que el gobierno federal previó y midió a partir del envío de fuerzas federales a Oaxaca para resguardar los comicios. Lo hizo con mucha cautela, primero al evitar aceptar que la presencia de tropas federales era por las amenazas del magisterio; segundo, envió a casi 15 mil elementos para que la sola demostración de fuerza desmovilizara. Tercero, lo hizo de tal forma que, al arribar, los elementos no tuvieran ningún roce con la población; y cuarto, sabía que el choque entre policías-soldados con militantes de la Sección 22 sería inevitable, pero les interesaba ver qué tanto se involucraba la ciudadanía en esos posibles enfrentamientos.

Por todo eso, lo que en términos concretos vio la autoridad federal cuando llegó a Oaxaca —y le sirvió como base para cambiar la actitud frente a la Coordinadora— fue a una ciudadanía que si bien nunca confrontó a los maestros, tampoco los defendió. Encontró en Oaxaca a una población lastimada por las acciones de protesta del magisterio, y ya sin ningún motivo para continuar respaldando una lucha social, en la que la población no sólo no ha tenido ningún beneficio, sino que ha sido la gran damnificada por todas las situaciones por las que ha atravesado. Halló a una sociedad a la que pareciera que se le terminaron las ganas de que la siguieran relacionando con la lucha magisterial.

Ese es un elemento decisivo en el cambio de actitud federal frente a los maestros. Seguramente el gobierno federal tenía mucho recelo —y sólo podría ver la realidad ante un despliegue de fuerzas federales— de lo que pudiera hacer la ciudadanía para defender las posiciones o argumentos magisteriales. En 2006 la ciudadanía salió a marchar en una actitud de respaldo abrumador a los maestros; e incluso cuando las fuerzas federales llegaron a Oaxaca a finales de octubre de ese año, hubo muchísimos ciudadanos que espontáneamente salieron a repeler el avance de la Policía Federal Preventiva y a ayudar a los maestros a defender sus posiciones.

Nada de eso ocurrió en esta ocasión. Pareció que, en ese contexto, los maestros esperaban demostrar con el boicot, de qué tamaño era el respaldo social con el que contaban; pero de cara a los resultados quedó demostrado que ellos también fueron derrotados en esa medición. Es cierto, que gran parte de la ciudadanía no salió a aplaudir por la presencia del Ejército, la Marina y la Policía Federal en la entidad —de hecho, mucha gente tuvo miedo— tampoco salió a repudiarla.

En eso parece estar buena parte de la explicación de este cambio de actitud, y de la decisión inteligente de los mismos integrantes de la Sección 22 de no continuar asumiendo que tienen un respaldo ciudadano que la propia población ya no quiso demostrarles en un momento que para ellos era determinante.

14 DE JUNIO

Ayer se conmemoró el noveno aniversario de un conjunto de hechos con los que, independientemente de que estemos de acuerdo o no, nunca deben volver a ocurrir en Oaxaca. La madrugada del 14 de junio de 2006, y luego de 24 días de plantón en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, el Gobierno del Estado decidió desalojar a los integrantes de la Sección 22 del SNTE que se encontraban ahí, exigiendo el cumplimiento de su demanda de rezonificación salarial.

Aquel día, luego de varias horas de enfrentamiento, en el que se combinó la mala planeación del operativo con el mal cálculo de a cuántas personas se enfrentarían, los elementos de la entonces Policía Preventiva, se toparon con un bien agrupado, y numeroso, contingente de profesores, que defendieron los espacios que mantenían ocupados hasta replegarlos por completo.

Así, los 700 elementos dispuestos para la tarea, fueron dispersados por los varios miles de manifestantes con quienes se enfrentaban. Y por eso, al final de la jornada, el gobernador Ulises Ruiz ya no sólo enfrentaba la demanda económica de la Sección 22, sino que ya también se le exigía tanto su renuncia como la de varios de sus funcionarios, y el magisterio se hermanaba con otras organizaciones sociales que también se decían agraviadas por el gobierno estatal, para juntas exigir la salida del régimen gobernante.

Fue a partir de entonces, que la Sección 22 inició el proceso de creación de un organismo que agrupara a todas las organizaciones y grupos ciudadanos que entonces les mostraron adherencia, y estableció un catálogo de demandas cuyo común denominador era la democratización del estado, el arribo de un régimen de gobierno respaldado por la ciudadanía, y la realización de reformas para garantizar que hubiera democracia, fiscalización, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio público.

Así, del primero de los procesos surgió la APPO; y del segundo surgió la exigencia de una nueva legislación que diera cauce a las demandas democráticas del movimiento magisterial y popular, y que se materializara en una legislación y un gobierno con verdadero apego al interés de la ciudadanía.

TIEMPO PERDIDO

Lamentablemente muy poco ha cambiado de entonces a la fecha, y mientras la ciudadanía ha pagado un costo muy alto por todo lo ocurrido. No hay un marco más democrático ni más justo; no tenemos organizaciones comprometidas con la gente; no tenemos un magisterio comprometido con su función. Muchas han sido palabras, pero más ha sido el tiempo perdido.

La Sección 22 busca un argumento para justificar su radicalismo

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+ Inverosímiles, las formas de justificar sus acciones incontrolables


El lunes, luego de los comicios, el gobierno federal cambió radicalmente la forma del trato que le da a la Sección 22 del SNTE. Ese día, el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el gobierno de la República no negociará las leyes constitucionales con la CNTE. Al mismo tiempo, la SEP anunció la reanudación de las evaluaciones al magisterio. Luego, Gobernación añadió que no negociaría mientras los maestros no estuvieran en las aulas. Frente a esto, el magisterio enfrenta una situación que no termina de entender, y por eso mientras encuentra una justificación decidió acudir a su lenguaje clásico del secuestrador.

En efecto, ayer voceros de la Sección 22 consideraron que el retraso en el regreso a clases en Oaxaca “será culpa de la Secretaría de Gobernación, quien mantiene la cerrazón para reanudar el diálogo (…) Nosotros hemos procurado el diálogo, pero la Secretaría de Gobernación nos ha cerrado, ellos dicen que se regrese a clases, pero el retraso en el regreso a clases va a ser culpa de Segob, no de nosotros”, señaló David Estrada Baños, secretario de relaciones de la Sección 22 del SNTE.

Esa es una respuesta clásica del magisterio, que siempre busca responsabilizar a otros por sus acciones. Utilizando el lenguaje del secuestrador (que toma como rehén a algo o alguien, para luego exigir el rescate que supuestamente ya le pertenece pero que está intentando recuperar), el magisterio hoy pretende de entrada señalar a Gobernación como la responsable de que no inicie el ciclo escolar 2015-2016, a partir de un argumento enfáticamente erróneo. Ellos pararon labores en demanda de diálogo. Gobernación no se ha cerrado, pero dice que las clases deben continuar. En este aparente callejón sin salida argumentativo, es evidente que quien no termina de entender la situación es el magisterio de la CNTE. ¿Por qué?

Porque resulta que Gobernación no se envalentonó inopinadamente, sino a partir de que le halló el punto débil al magisterio, y de que vio superado su principal problema, que era la gobernabilidad previa y durante los comicios. La Sección 22 fue fuerte mientras no hubo acciones específicas de fuerza del gobierno federal. Pero una vez que el gobierno vio que ninguna de sus acciones había rendido frutos, realizó un despliegue policiaco-militar preventivo, en el que la intención nunca fue la confrontación sino la contención.

En ese momento, que era determinante por la realización de la jornada electoral, el gobierno federal parece haber medido el sentir ciudadano frente al despliegue de fuerza. Éste no fue rechazado. Y el magisterio decidió no ir a enfrentar a las fuerzas federales sino tratar de realizar pequeñas acciones concretas para hacer presencia. En la jornada electoral sí hubo enfrentamientos.

Pero éstos fueron aislados frente a la magnitud de la organización y despliegue electoral, y prácticamente intrascendentes frente al grado de participación ciudadana. Las intenciones del boicot —que era la principal amenaza de la Sección 22— fracasaron. Y finalmente el gobierno federal ya no teniendo qué perder decidió cambiar el tono, frente a una serie de acciones violentas, que ahora la Sección 22 también quiere justificar.

LA 22, INOCENTE DE TODO

A propósito de la consulta a las bases que ahora mismo ocurre, sobre si la Sección 22 y la Coordinadora deciden continuar su paro indefinido de labores para presionar al gobierno federal para que dialogue, o si regresan a las aulas para propiciar la negociación, vale la pena releer un documento que ha circulado entre los trabajadores de la educación sobre el supuesto origen —que más bien parece pretexto— de las radicalizadas protestas que culminaron en el repliegue magisterial en la víspera de los comicios, y la ocupación policiaca y militar de la entidad.

“Quiénes apuntalaron el paro indefinido?”, se preguntaban los profesores en dicha “reflexión”. Y la respuesta es, según ellos, “los pozoleros”. Y continúa: “La consulta no fue respetada, porque fueron el 48 por ciento que se consultaron. ¿Quiénes impulsaron que a partir de ese porcentaje nos fuéramos a la lucha a sabiendas que no habían condiciones? Los pozoleros. El boicot, fue una insignia política, no una verdadera confronta. Quiénes mal orientaron el boicot hacia la confronta??? Los pozoleros priistas.

“A unos días de las elecciones, en la última Asamblea Estatal, unos oradorcitos que cobran 500 a 1000 pesos por hablar, impulsaron el voto de castigo a unos candidatos para favorecer a CHEPRI. Quiénes fueron? Los pozoleros. Hoy 7 de Junio, en todas las regiones se mostró la dignidad de los maestros, excepto, en Valles Centrales, el putrefacto lider de los Pozoleros se paseaba en la marcha como si nada hubiera pasado. Quién es ese mercenario?? IRÁN SANTIAGO MANUEL, originario de Juchitán de Zaragoza, lugar donde hoy está la violencia a mayor escala. Gracias a este perverso, por aliarse con el PRI, su pueblo está ensangrentado.

“El Señor Eviel Perez Magaña y Ulises Ruiz Ortiz, (el carnicero de la antequera), financia a Iran Santiago Manuel, y este a sus esbirros oradores en las asambleas estatales. Nunca le ha importado al Movimiento Magisterial, mucho menos a su digno sector de Tlacolula que lo propuso, sector donde nace el primer Consejo Central de Lucha en la década de los ochenta, y hoy, lo traicionan. Este sinvergüenza, se ha enriquecido, pero hoy debe estar preocupado, porque gracias a sus mezquinas ambiciones su pueblo natal esta de luto y embarrado de sangre. Discurso mas y discurso menos, el grupo antidemocrático magisterial, los pozoleros, llevan una carga enorme de culpabilidad, llevan una deuda con la base magisterial y con el pueblo de Oaxaca”.

Según dicho documento, los pozoleros son responsables de todo porque ellos indujeron una votación en la que, según acepta la propia Sección 22, sólo participaron 48 por ciento de las bases consultadas, y no todas como debiera ser lógico. ¿Es acaso una persona, o un grupo, capaz de inducir una consulta de esa magnitud, y todos de cumplirla a pesar de los resultados previsibles? ¿Es eso o es en realidad una justificación sobre las decisiones radicales que luego les traen efectos contraproducentes?

PANORAMA NEGRO

No sería raro que la Sección 22 determinara continuar en el paro indefinido, trasladado a la Ciudad de México. Su última experiencia no fue buena. En la capital del país no recibieron bien a los maestros y, de hecho, regresaron derrotados. ¿Quieren repetir ese escenario? Por masoquismo, parece que sí…

Santa Lucía del Camino: el gobierno no responde pero sí cobra

+ Las arbitrariedades contra la ciudadanía, cosa de todos los días


Galdino Huerta Escudero goza de buena relación con el Congreso del Estado, aunque en realidad ya no parece encontrar modo de sostenerla. Su arribo y permanencia en la alcaldía de Santa Lucía del Camino le ha implicado la necesidad de cubrir innumerables compromisos, para los cuales ha necesitado echar mano de todos los recursos que tiene a su alcance. Por eso, aunque la los habitantes de Santa Lucía no ven una sola acción notoria de gobierno, sí resienten la multiplicación de los actos de molestia con fines recaudatorios.

En efecto, ya en una ocasión anterior dábamos cuenta en este espacio de cómo el gobierno municipal de Santa Lucía del Camino montó “sofisticadas” medidas para capturar e imponer multas a todos aquellos conductores de vehículos de motor que cometan hasta la más mínima infracción de tránsito.

Decíamos, por ejemplo, que gracias a la instalación de nuevos semáforos en el cruce entre las avenidas Hornos y Ferrocarril, los agentes viales de dicho municipio han hecho su agosto deteniendo, por ejemplo, a motociclistas por no portar el casco u otras medidas de seguridad que son sancionadas por su reglamento. ¿Qué hacen? Los agentes detienen al parroquiano, le exigen y retienen sus documentos (tarjeta de circulación o licencia de conducir, o ambas), y una vez que le imponen una multa, lo dejan continuar su marcha; demostrando con ello que su interés se centra en imponer multas recaudatorias, y no proteger la vida o integridad de las personas.

Si esa es una demostración fehaciente de urgencia desmedida que tiene Santa Lucía del Camino por incrementar su recaudación, lo que hicieron hace unos meses con la empresa Cablemás lo constata. ¿Qué ocurrió? Que sin más, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara derechos municipales por concepto de derecho de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.

¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrece la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.

Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.

¿EN CAPILLA?

Ante estas medidas de cobro tan lesivas y nada ortodoxas, la empresa prestadora del servicio de televisión por cable y telefonía emprendió diversos juicios. Uno de ellos es del orden penal y, según dicen quienes conocen del entramado legal, se inició ante la PGR por la presunta comisión del delito de ataques a las vías generales de comunicación. Como Galdino Huerta no come lumbre, intentó concretar algún tipo de mediación con la empresa para que se desistiera de sus acusaciones a cambio de lograr algún beneficio en los cobros que intentó ejecutarle su municipio, fracasando sonoramente en el intento.

Hoy la situación parece más complicada que al inicio. Hasta ahora, el Ayuntamiento no ha tenido forma de justificar por qué trató de iniciar las acciones de cobro afectando de entrada los equipos, cableados e instalaciones de la empresa de televisión restringida, y generando afectaciones a todos los usuarios de esos servicios que a lo largo de más de 12 semanas no pudieron disfrutar del servicio por el que estaban pagando cierta cantidad de dinero.

Quizá hasta ahora reparó Huerta y los concejales de Santa Lucía que lo alentaron y secundaron en este intento, en que ellos como integrantes de un Ayuntamiento no gozan de ningún tipo de inmunidad constitucional, y que por ende cuando incurren en la comisión de alguna irregularidad o delito, las autoridades administrativas y judiciales tienen plenas facultades para proceder libremente en su contra, como cualquier otro ciudadano.

Incluso, ahora Huerta tendría que recurrir a los asesores políticos —entre ellos un connotado diputado local, al que le pagaría cantidades millonarias mensuales por concepto de venta de protección política en el Congreso del Estado— que le recomendaron inmiscuirse en este asunto, para que ahora lo asesoren correctamente para salir de él. Parecieron haberle vendido una idea equivocada y engañosa de los alcances legales de la autonomía municipal para ver si a través de ello lograban hacerse de recursos frescos —los recursos recaudados por los municipios no son fiscalizables— para las arcas municipales.

Al final, la ciudadanía se sigue preguntando qué manos se benefician de estas medidas o cuál es la razón de la implementación de diversas medidas de tipo eminentemente recaudatorio. En Santa Lucía sigue creciendo el número de giros negros —que no son instalados a título gratuito—; y el Ayuntamiento no deja de tomar nuevas medidas para cobrar a la ciudadanía por servicios, derechos, multas y todo lo que le reporte ganancias económicas… aunque no vean cuál es el beneficio, las obras o la mejora de servicios públicos que podría justificar tales medidas.

NUEVOS “COMERCIANTES”

Por cierto, con la instalación de semáforos en Avenida Ferrocarril —también por obra de Santa Lucía— surgió un nuevo problema: desde que éstos funcionan, hay nuevos mendigos, limpiaparabrisas, chicleros y demás población de la que no se hace responsable el Ayuntamiento, pero sí le causa molestias y contaminación a los automovilistas. ¿O será que a ellos también les estarán cobrando impuestos?

El gobierno federal no debe ceder ante el chantaje magisterial

Evaluación Docente

+ EPN ya pagó costo político; CNTE será referente en reformas


La jornada electoral en Oaxaca, fue el escenario de las percepciones en la medición de fuerzas entre el gobierno federal y la Sección 22 del SNTE. En éste, el magisterio presionó al gobierno federal hasta lograr una acción de fuerza, pero no calculó correctamente los efectos de la presencia policiaca durante los comicios.

En efecto, hoy el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto debe aprovechar a plenitud la oportunidad inusitada de frenar a la disidencia magisterial, ante el hecho de que el costo político por sus titubeos frente a la CNTE ya fue pagado —para bien o para mal— en las urnas; y de que el éxito o fracaso de la implementación de la reforma educativa será referente para la puesta en marchas de las demás reformas estructurales.

Es bien conocida la forma en que el magisterio de la Sección 22 del SNTE presionó al gobierno federal para que derogara de facto la reforma educativa y la evaluación a los docentes del país. Hasta hace una semana éste había sido el principal éxito de la CNTE. Pero como le ha ocurrido en otras ocasiones, el no haber calculado correctamente la cantidad de fuerza aplicada terminó poniendo al magisterio disidente en la posición inminente de convertir su victoria en derrota.

¿Qué pasó? Que hace diez días el gobierno federal había decretado la suspensión indefinida (la SEP usó, en el comunicado en que lo anunció, la palabra “indefinida”, y no “temporal” o “momentánea”, que habría dado otra idea sobre una breve temporalidad de la determinación federal) de la evaluación a los profesores del país, y esto había ocurrido luego de la realización de diversas rondas de negociación con la Coordinadora. Nunca lo dijo, pero se entendía que el gobierno federal cedía en esa posición, a cambio de que la CNTE desactivara las protestas que había anunciado para todos los días previos a la realización de los comicios, y el boicot formal de la jornada electoral.

La CNTE no lo hizo, a partir de un argumento lógico pero desproporcionado: la dirigencia magisterial asumió que el anuncio federal de suspender indefinidamente la evaluación, era un signo de debilidad y no de buena voluntad. Por eso, de inmediato al anuncio de la SEP, ocurrido el viernes antepasado, la Coordinadora dijo que no aceptaba el ofrecimiento de la suspensión de la evaluación, porque lo que ellos exigían era su cancelación definitiva, y la derogación de la reforma educativa. Consultaron a sus bases. Y como suele ocurrir, ganó la posición radical de ir de frente al boicot. Por eso en Oaxaca tomaron instalaciones de Pemex y bloquearon las sedes del INE, generando una reacción contraria a la presión que intentaron ejercer.

Y es que frente a esas acciones, el gobierno federal —que había sido ingenuo en sus ofrecimientos iniciales— se vio obligado a responder con fuerza. En la víspera de la jornada electoral desplegó a 14 mil elementos federales y militares en la entidad, y con esa sola medida prácticamente desactivó las medidas magisteriales para boicotear los comicios. Paralelamente a eso, el magisterio pareció no reparar en que el abstencionismo generalizado que intentaba generar, no ocurrió. A las urnas acudió el porcentaje de votación que desde antes se había previsto por la autoridad electoral (que ya era de por sí pobre, de entre 36 y 40 por ciento del total de electores).

Y finalmente en entidades como Oaxaca ocurrió un inusitado resultado electoral de pluralidad política, que no fue lo suficientemente claro como para definir si ganó el gobierno estatal, el federal, o la Sección 22, o terceros. Finalmente en los comicios todos se llevaron una tajada más o menos similar del pastel electoral. Y eso, combinado con los resultados de otras entidades, sirvió de base para que el gobierno federal asumiera que el costo político estaba pagado, y que ahora sí podría ir de frente contra los poderes fácticos que intentaban menguar la reforma educativa.

PROTESTA DE EFECTOS MARGINALES

Ninguno de los resultados electorales segmentados fue inesperado para el PRI y el gobierno federal. No hubo sobresaltos, porque las definiciones en el número total de diputaciones federales, gubernaturas y congresos locales, ya estaban previstas. En esa lógica, Oaxaca sólo participaba en la elección de diputados federales.

En esos comicios en específico, para el PRI y el gobierno federal era irrelevante qué distritos electorales que se ganaran, mientras se juntara el número de curules necesarias para mantener la estabilidad de la administración federal. Eso ocurrió finalmente (la alianza PRI-Verde tendrá 248 diputados, y conseguirá una mayoría holgada si mantiene su alianza de facto con Nueva Alianza, que tendrá 10 diputados en la LXIII Legislatura). Eso dio la pauta al gobierno federal para entender que el magisterio no había movido los números que ya tenía pronosticados, y que si algún costo político había pagado por su debilidad ante el magisterio, ése se vería reflejado el domingo 7 de junio en las urnas.

Así, los comicios ocurrieron, y lo que sigue es lo que estamos viendo. Ayer el vocero de la Presidencia, Eduardo Sánchez Hernández, dijo que el gobierno de la República no negociará las leyes constitucionales con la CNTE. Al mismo tiempo, la SEP anunció la reanudación de las evaluaciones al magisterio. La Coordinadora respondió anunciando protestas masivas en la capital del país. Pero tanto el gobierno federal como el del DF dijeron de inmediato que no permitirán disturbios ni daños a terceros en la Ciudad de México.

¿QUÉ SIGUE AHORA?

Que el gobierno federal no ceda. Tiene una oportunidad —que ya parecía perdida, y que sólo le regresó la exagerada beligerancia magisterial, y los daños provocados en Oaxaca en las últimas semanas— de agotar las vías de diálogo sin claudicar al nuevo mandato constitucional, ahora que la Coordinadora ya no tiene cómo presionarlo. Además, con su incapacidad de modular la intensidad de sus protestas, la misma CNTE le dio al gobierno federal los argumentos necesarios para cerrarle la puerta a la negociación de la ley. Sólo falta que el gobierno lo entienda, que no termine cediendo al primer chantaje que intente la CNTE, y que asuma que este será el principal referente para demostrar su fortaleza y capacidad de recuperación, pues la implementación de las demás reformas estructurales, en sus propios ámbitos también está amenazada por otros poderes fácticos tanto o más fuertes que la CNTE.

El Bronco debe ver la alternancia en Oaxaca para crear su coalición

El Bronco

+ La posibilidad positiva se centra en crear una alianza transparentada


Jaime Rodríguez Calderón es un fenómeno en la historia política reciente del país. Es nada menos que el primer candidato independiente que triunfa en una contienda electoral en donde lo que está en juego es un gobierno. En el ámbito legislativo, los diputados y senadores independientes son bien conocidos, pero sólo a partir de que se separan de su bancada de origen. Pero, a la luz de alternancias fallidas como la de Oaxaca, el reto sustantivo de Rodríguez Calderón se centrará no en si puede cumplir sus promesas de campaña, sino en si es capaz de generar la alianza con el Congreso de Nuevo León, que le será indispensable para gobernar.

En efecto, contra todos los pronósticos —y los deseos de la partidocracia— Rodríguez Calderón se alzó con la victoria en los comicios del domingo pasado. Derrotó a los candidatos de todos los partidos políticos, y además se hizo de la victoria con un triunfo de más de diez puntos de diferencia sobre la priista Ivonne Álvarez, que era su más cercana competidora. El contexto en el que ocurrió el ascenso del llamado “Bronco” fue particular, a partir de que inició la contienda electoral en una clara desventaja, y en un ambiente en el que parecía que la aceptación del Gobernador saliente (Rodrigo Medina, del PRI) se refrendaría en el triunfo de la candidata tricolor a sucederlo.

No ocurrió, por varias razones. A pesar de no poder demostrar sustantivamente su “independencia” de todos los partidos políticos (pues tiene un abultado expediente como ex militante priista), Rodríguez Calderón logró prender en la ciudadanía el discurso del hartazgo frente a la partidocracia, que en conjunto no ha sido capaz —y eso es real— de superar algunos de los problemas más importantes (y crecientes) que padece la ciudadanía, ante la incapacidad institucional de enfrentar las adversidades.

Nuevo León, por ejemplo, vivió episodios negros de inseguridad y violencia, pero sobre todo de corrupción. Y el Bronco le dio al clavo al convertir ese en uno de sus temas característicos de campaña. Luego vino la campaña negra que algunos de sus adversarios emprendieron en contra de Rodríguez Calderón para tratar de desacreditarlo en plena campaña electoral. Sólo que la combinación del discurso, los embates de sus adversarios, y las revelaciones de posibles actos de corrupción del propio gobernador Medina, fue una mezcla contraproducente para quienes creyeron que con eso lo descarrilarían. El domingo ganó holgadamente los comicios. Y para muchos eso es suficiente para que el Bronco pase a la historia de nuestro país.

Pudiera ser que sí; que con eso tenga asegurado su pase a los anales de la historia. Aunque los propios antecedentes de las alternancias políticas en México —ya hoy son conocidas y variadas— indican que un triunfo electoral dista mucho de un bien gobierno; y también sabemos que ganar en las urnas no es sinónimo de eficacia ni de capacidad de gobierno, y tampoco del establecimiento de un gobierno eficaz. Ese es el reto actual de Rodríguez Calderón, una vez que pase la euforia del triunfo como candidato independiente.

 

CANDIDATO INDEPENDIENTE:

UN GOBERNANTE SOLITARIO

Jaime Rodríguez Calderón no tiene partido político, pero el Congreso con el que tendrá que compartir gobierno está conformado por grupos parlamentarios conformados por diputados que sí emanaron de fuerzas políticas. En la cultura política de nuestro país, todo militante de un partido que llega a un cargo de elección popular, debe tomar fundamentalmente en cuenta su pertenencia al partido y el condicionamiento de las decisiones que toma el instituto político para que sus representantes en el poder público las ejecuten.

Ante esas consideraciones, el problema se hace evidente: Rodríguez Calderón necesitará crear las alianzas necesarias para poder gobernar. Muchas de sus decisiones como Gobernador deberán pasar por el Congreso. Pero la diferencia entre él y todos los demás Mandatarios estatales del país, es que él será el único que no tendrá una bancada de la que pueda fungir como “jefe político”, o que de entrada pueda respaldar sus propuestas y decisiones, para luego ir a cabildearla ante los demás grupos parlamentarios que integren el Congreso para ser aprobadas.

Esto es una encrucijada. En Oaxaca, por ejemplo, el gobernador Gabino Cué no llegó al gobierno con una bancada fuerte del partido del que emanó. Si lo recordamos, él militó en el Partido Convergencia, y bajo esa militancia se conformó una alianza con el PAN, PRD y PT que lo apoyaron en su carrera por la gubernatura.

Sólo que cuando llegó al gobierno, la bancada de su partido (Convergencia, luego convertido en Movimiento Ciudadano) en el Congreso local era sólo de dos diputados. Ello hizo indispensable que generara una nueva coalición con los grupos parlamentarios de los partidos que lo habían apoyado en la campaña. El objetivo de Cué era poder gobernar. Pero el de los partidos era simplemente obtener parcelas para poder explotarlas y servirse de ellas.

Eso generó un problema de gran calado. La coalición inicial pretendió convertirse en un cogobierno, y finalmente terminó siendo un chantaje al Ejecutivo. Desde que inició el gobierno, y hasta ahora, son los propios partidos aliados del Gobernador quienes más le han condicionado y regateado su apoyo. En buena medida —y así lo aceptan al interior del Ejecutivo estatal— la coalición ha sido uno de los principales lastres y causantes de la incapacidad del gobierno estatal.

Ejemplos como ese debe revisar Jaime Rodríguez Calderón, para evitar caer en eso. ¿Cuál es la fórmula? Quizá ensayar por primera vez en México un gobierno verdaderamente de coalición, fundada en un programa específico con responsabilidad compartida entre su gobierno y las fuerzas que decidan apoyarlo en el Congreso de Nuevo León. Sí, su triunfo electoral es un hito. Pero será revolucionario que su eficacia electoral se convierta en capacidad operativa en las tareas de gobierno.

 

CACERÍA DE BRUJAS

Ayer, quienes perdieron los comicios en el distrito de la capital, andaban buscando culpables por doquier. Obtusos: no se dan cuenta que la derrota se fundó en el rechazo ciudadano a su grupo político, y a los ominosos antecedentes dejados por el ulisismo en Oaxaca. Pueden seguirle echando la culpa a Chana, a Juana, o a su hermana. Carentes de autocrítica, no saben que su derrota se explica en sus mismos orígenes, resultados y el desastre que dejaron en Oaxaca.

Comicios: ¿Sección 22 querrá seguir negociando luego de boicot?

Quema de casillas

+ Un error, que Segob asuma que nada pasó y reinstale negociación


 

La incógnita no era sólo qué iba a ocurrir ayer domingo ante la llegada de fuerzas federales para resguardar los comicios en Oaxaca, sino qué pasará a partir de hoy lunes, cuando todo vuelva a la normalidad y se intente recuperar la mesa de negociación establecida en la Ciudad de México entre la Sección 22 y la CNTE, con el gobierno federal. Pareciera que la presión ejercida por el magisterio la última semana marcó un punto sin retorno en su relación con el gobierno federal. ¿De verdad podría ocurrir esto?

En efecto, toda la semana pasada la Sección 22 ejerció acciones de sabotaje sin precedentes. Como nunca antes lo había hecho, cerró por completo las instalaciones de Petróleos Mexicanos que sirven para el abastecimiento de combustibles en la región de valles centrales; tomó las 11 sedes del Instituto Nacional Electoral en Oaxaca; anunció el boicot total a los comicios de ayer domingo; y en más de un caso saqueó las oficinas donde se resguardaba la papelería y material electoral, expulsó a los elementos castrenses que cuidaban la paquetería, y provocó un verdadero caos al involucrar directamente a la ciudadanía en sus acciones.

Los oaxaqueños nos sentimos, durante todos esos días, en el abandono. El gobierno de Oaxaca asumió una actitud totalmente pasiva frente a los hechos; el gobierno federal continuó negociando —incluso hasta la ignominia— para tratar de contener la beligerancia magisterial; pero mientras la Sección 22 endurecía cada día más sus acciones y posiciones, llegando al grado de querer ser ellos quienes decidieran qué estaciones de servicio de la ciudad y la zona conurbada sería surtidas de combustible por Pemex, y en qué momento se abrirían y cerrarían las puertas de la Terminal de Abastecimiento y Reparto ubicadas en Santa María del Tule.

La pasividad federal se terminó el viernes. Sin anunciar directamente que la movilización de tropas del ejército y fuerzas federales se hacía por la extrema beligerancia magisterial, la tarde del viernes Gobernación emitió un comunicado firmado directamente por el Secretario de Gobernación. En el boletín, se señalaba que el Gobierno de la República había iniciado un operativo a nivel nacional “con el objetivo de garantizar a los ciudadanos las condiciones que les permitan ejercer su voto de manera libre y pacífica en todo el país”.

“El despliegue, en el que participan elementos del Ejército Mexicano, de la Marina Armada de México y de la Policía Federal, se enfocará especialmente en la región sur-sureste, y en particular, en el estado de Oaxaca. Estas acciones se llevan a cabo en el marco de los esfuerzos que desde octubre del año pasado, se realizan en coordinación con las autoridades electorales y los gobiernos locales, con la finalidad de que todos los mexicanos puedan acudir a las urnas en condiciones de tranquilidad”.

Como puede verse, en ese breve comunicado de tres párrafos no se hizo ninguna referencia a la vertiente política que tenían esas amenazas a la jornada electoral, y tampoco a la capacidad de fuerza desplegada.

Gobernación no dijo, específicamente, que al menos en Oaxaca la principal amenaza a la jornada electoral no estaba en la delincuencia organizada, en las autodefensas, o en la propia y espontánea irritación ciudadana —todas, manifestaciones que sí ponían en riesgo la jornada electoral en otros estados—, sino específicamente en un grupo denominado Sección 22 del SNTE, que no amenazaba los comicios sino que ya tenía montado todo un despliegue táctico para impedir la elección.

Y en el comunicado, Gobernación tampoco informó que el despliegue policial y militar desplegado, era de casi el triple de elementos que arribó a Oaxaca cuando se decidió restablecer el orden luego de seis meses de conflicto magisterial y popular, a finales de octubre de 2006. En aquel momento fueron cinco mil elementos los que vinieron a la capital oaxaqueña a recuperar calles y oficinas públicas. En esta ocasión fueron más de 14 mil elementos los desplegados en la entidad, porque los brotes de violencia podrían darse en varias regiones de la entidad.

 

EL JUEGO DE LAS PERCEPCIONES

Con el solo hecho de ver la cantidad de fuerza desplegada por el gobierno federal, la Sección 22 anunció la misma noche del viernes un “repliegue táctico” abandonando voluntariamente las instalaciones de Pemex que tenía tomadas, así como algunas de las sedes distritales del INE que mantenía en su poder. ¿La razón? La expresión de fuerza mostrada por el Estado frente a quienes intentaban impedir la jornada electoral.

Luego vino la respuesta. El sábado hubo enfrentamientos entre elementos federales e integrantes de la Sección 22 en Miahuatlán, Tlaxiaco y Tuxtepec. Solos o combinados, esos hechos no fueron suficientes para suspender la jornada electoral, pero sí para generar una percepción de caos que le convenía mucho a quienes querían boicotear los comicios.

Ayer mismo, en la capital oaxaqueña hubo una marcha de la Sección 22, en la que atacaron una casilla electoral y quemaron papelería electoral en un mitin que realizaron en el zócalo de la capital oaxaqueña. De nuevo, lo hecho no era suficiente para generar la suspensión de la jornada. Pero el eco, el amarillismo y el morbo que generaron esas acciones —y su difusión descontrolada, en varios casos convirtiendo a algunos medios en aliados ¿involuntarios? del magisterio— alimentaron el miedo de mucha gente, que prefirió no salir a votar.

Con ello se consumó una especie de boicot parcial a la jornada electoral, generada no por expresiones de violencia generalizada ni por un repudio de la mayoría de los ciudadanos a los comicios, sino simplemente por las percepciones que se generaron y por las acciones específicas para generar incertidumbre e inhibir la participación en la jornada comicial.

Por eso hay una duda fundada de qué pasará a partir de hoy: ¿Luego de todo eso, Gobernación volverá a recibir a la 22 y la CNTE para seguir negociando? Si lo hace, pierde. Y si no, parece que también.

 

DE LUTO

Desde este espacio enviamos un abrazo solidario y nuestras condolencias los deudos de don Samuel Gómez, fallecido el pasado viernes en esta capital oaxaqueña. Sempiterno reportero de El Imparcial de Oaxaca, Gómez fue siempre un reportero dinámico, que marcó todo un estilo en algunos géneros periodísticos hoy en peligro de extinción, como la crónica. Descanse en paz, don Samuel. Respetuosamente.