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Las acciones de Sección 22 no son de lucha, son de sabotaje

Bloqueo Seccion 22

+ Métodos para generar caos, no para hacer valer argumentos


Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua, un acto de sabotaje es todo daño o deterioro que en las instalaciones, productos, etcétera, se hace como procedimiento de lucha contra los patronos, contra el Estado o contra las fuerzas de ocupación en conflictos sociales o políticos. Generalmente, las acciones de sabotaje ocurren a manos de grupos organizados, que ya no buscan transigir, sino directamente entorpecer el funcionamiento de instalaciones o servicios estratégicos para el Estado, como una forma de protesta. Eso es lo que ocurre, ante la pasividad del gobierno, con la toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en Oaxaca, por parte de la Sección 22 del SNTE.

En efecto, en los últimos tiempos el único acto específico de sabotaje que ha ocurrido en el país, tuvo también como blanco instalaciones estratégicas de Pemex, pero ocurrió a manos del EPR en 2007. Como bien se debe recordar, en julio de 2007 el EPR perpetró acciones de sabotaje a instalaciones estratégicas de Pemex en Querétaro y Guanajuato, al colocar y hacer estallar artefactos explosivos en ductos que transportaban combustibles para la industria en esa región del país.

Esos actos generaron graves daños a las instalaciones y también a quienes dependían de los energéticos para la fabricación de bienes y servicios. Y el EPR los perpetró como una forma de ejercer presión para que el gobierno federal presentara con vida a sus dos compañeros (Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya) que habían sido detenidos y desaparecidos dos meses antes en Oaxaca.

En aquellos momentos, sobre las acciones de sabotaje, el EPR señaló: 1. Hemos iniciado una campaña nacional de hostigamiento a los intereses económicos de la oligarquía y de este gobierno antipopular, declarando objetivo militar todos los intereses de la oligarquía que impuso violentamente al gobierno ilegítimo de Calderón. 2. Las explosiones en los ductos de PEMEX en Celaya, Salamanca, Valle de Santiago Guanajuato y la válvula de seccionamiento Coroneo fueron acciones quirúrgicas de hostigamiento, llevadas a cabo por unidades de nuestro ejército, apoyadas por milicias populares, bajo la conducción del Comité Estatal de Guanajuato. 3. Las acciones de hostigamiento no pararán hasta que sean presentados con vida nuestros compañeros Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez, así como todos los desaparecidos denunciados en Oaxaca, del Estado de México y Guerrero (Comunicado del 10 de julio de 2007).

Ahora bien, veamos esas acciones a la luz de lo que está haciendo hoy la Sección 22, que dice estar bloqueando instalaciones estratégicas de Pemex en protesta por la falta de cumplimiento a su pliego de demandas, y como acto de presión en contra del gobierno federal que no ha hecho lo suficiente para dar solución a lo que ellos denominan como “su problemática”. Si bien el método es claramente distinto (aquellas fueron explosiones y éstas son “tomas pacíficas”), parece ser que la finalidad es exactamente la misma: generar caos y tomar esto como una forma de presión al Estado para que haga algo extraordinario.

 

LOS EFECTOS DEL SABOTAJE

A estas alturas no hay duda de la clara relación que existe entre los métodos de lucha de los grupos armados y algunas organizaciones sociales, que en esencia actúan como grupos periféricos de la guerrilla, utilizando distintos métodos de lucha para llegar a un mismo fin. Ese es un punto que ya no debiera estar a discusión, máxime cuando en momentos clave el propio EPR ha aceptado públicamente que varios de sus militantes —entre ellos los dos desaparecidos en Oaxaca en mayo de 2007— participaron con el magisterio en episodios como la revuelta magisterial y popular de 2006.

Lo más importante, en todo esto, es el efecto que han tenido las acciones de sabotaje emprendidas por unos y otros. Porque cuando el EPR dinamitó y voló los ductos de Pemex en Querétaro y Guanajuato, lo hizo como una clara forma de enfrentar quirúrgicamente al Estado mexicano, pero no para generar daños, temor o incertidumbre directamente entre la ciudadanía, que no resintió en su ámbito personal los efectos de los bombazos a los ductos, y que ni siquiera tuvo algún tipo de acceso directo a las zonas donde ocurrieron las explosiones (éstas ocurrieron en zonas despobladas y alejadas de centros urbanos, y la ciudadanía sólo pudo medio ver la magnitud de los daños a través de algunas imágenes aisladas transmitidas por la televisión e internet).

Frente a ello, hay una clara diferencia entre lo que en su momento hizo el EPR como una forma de hostigamiento al Estado para que cumpliera demandas específicas, y lo que hoy está haciendo la Sección 22 ante la ciudadanía, para tratar de presionar al gobierno federal, que ha mantenido una posición de clara ambigüedad frente a las acciones de sabotaje.

Las del EPR fueron demostraciones muy focalizadas de eficacia, contundencia y capacidad de operación al Estado y no a la ciudadanía; pero lo que está haciendo la 22 al tomar como rehén a toda una sociedad a través de la toma de control de un elemento básico para la generalidad como son los combustibles, es un acto de un calado muy superior que lo que está generando es un altísimo grado de riesgo por la incertidumbre generalizada que lleva aparejada.

Ayer, por ejemplo, un grupo de transportistas intentó cercar a los integrantes de la Sección 22 que se encontraban a las afueras de las instalaciones de Pemex, en el Tule. Si hay un gremio que ha demostrado no tenerle miedo a la violencia, ese es el de los concesionarios del transporte público (en todas sus vertientes). ¿Cuál habría sido el saldo de haber ocurrido un enfrentamiento violento entre ambos? ¿Que nadie ve que la ciudadanía está aterrorizada con lo que pasa, y que eso en cualquier momento pudiera derivar en violencia aislada, pero también organizada?

Parece que, al final, todos están jugando con fuego, en un escenario en el que la Sección 22 está siendo más frontal de lo que debería en su intento por conseguir demandas que son sólo de ellos. Nadie está preocupado por la ciudadanía, que está indefensa y abandonada por un Estado que no parece tener ningún grado de sensibilidad frente a estos brutales actos de sabotaje.

 

¿QUIÉN GANA?

Es lo que todos se preguntan, volteando a ver a cualquiera de los partidos. Nosotros sólo tenemos una certeza: quien pierde, en todos los flancos, es Oaxaca. Seguro.

El PRI va por una victoria que no le va a saber a nada

PRI

+ Diputaciones federales traen aparejada lucha por 2016


Según las cuentas del Partido Revolucionario Institucional en Oaxaca, su objetivo real —al margen de los discursos triunfalistas— es ganar una o dos diputaciones federales en los comicios del domingo próximo. Según sus estimaciones, no podrán superar esa expectativa. Los antecedentes respaldan esa percepción. Pero según sus necesidades políticas, necesitan ir más allá de sus pobres resultados electorales para poder tener alternativas viables rumbo a la sucesión estatal de 2016.

En efecto, hoy en día el PRI tiene un discurso que está más basado en suposiciones y percepciones, que en datos reales y comprobables. En los comicios federales de 2012 —con todo y el arrastre natural que trae aparejado toda elección presidencial—, el PRI sólo fue capaz en Oaxaca de ganar una diputación federal, y perdió las dos senadurías de mayoría relativa. En medio de su derrota a nivel estatal —aquí no pudo ganar ni Enrique Peña Nieto, que era el más popular de todos los candidatos priistas en el país—, el PRI le abrió la puerta a dos diputados federales plurinominales, para completar una gris bancada que sólo tiene cuatro integrantes, tres de los cuales ni siquiera ganaron los comicios en los que salieron electos.

Esa es la primera referencia de por qué, para esta elección, los números reales sólo le imponen a la dirigencia estatal priista el reto de ganar un solo distrito electoral, para igualar sus resultados actuales. En esa lógica conformista, el PRI tiene prácticamente seguros a dos diputados federales plurinominales por el estado de Oaxaca (Mariana Benítez Tiburcio y David Aguilar Jiménez); tiene también al Senador de primera minoría (Eviel Pérez Magaña) y sólo tendría que retener el distrito electoral que ganó en 2012, para tener números similares a los actuales, y poder decirle a la dirigencia nacional que el trabajo político estuvo bien hecho.

Sin embargo, el discurso triunfalista aún hoy dice otra cosa. Según lo que ha dicho el delegado del CEN del PRI en Oaxaca, Fidel Herrera Beltrán —porque nadie sabe qué papel real juega el dirigente estatal, Héctor Anuar Mafud Mafud, que con la presencia de Herrera quedó reducido a fungir como una figura decorativa— el PRI podría ganar por lo menos cuatro o cinco distritos electorales. Cuentan, entre sus expectativas, a Oaxaca de Juárez, Tuxtepec, Miahuatlán, Huajuapan, Tehuantepec o Juchitán.

El problema es que sus expectativas tienen más una lógica de lo que según sus cálculos políticos necesitan, que lo que realmente pueden ganar. ¿De qué hablamos? De que esos distritos electorales serán algunos de los más determinantes para comenzar a configurar el escenario electoral de 2016. Los candidatos de esos distritos son posiciones directas de los grupos políticos que para el año siguiente intentarán ganar la carrera por la candidatura a Gobernador. Otros son representantes de otros grupos que intentan crecer políticamente en la entidad. Y en general, los triunfos o derrotas en esos distritos serán mensajes determinantes en el escenario doméstico del PRI para el 2016.

 

¿QUIÉNES BUSCAN POSICIONARSE?

Un distrito determinante será Oaxaca de Juárez. Beatriz Rodríguez Casasnovas es una integrante pura del grupo político que encabeza el ex gobernador Ulises Ruiz al interior del PRI, y que intenta volver a quedarse con la candidatura a la gubernatura. Dicho grupo ha apostado fuerte al olvido del electorado (y del propio PRI) porque de entrada ese fue el grupo al que directamente derrotó Gabino Cué —y la coalición del PAN, PRD y PT— en los comicios de 2010, y es quien particularmente no ha podido recuperarse de esa derrota.

¿Por qué? Porque el PRI de Ulises Ruiz intentó reposicionarse en los comicios federales de 2012, pero también fue barrido. Aquella elección era tan sensible como la actual, porque en ella participaban personajes que crecieron políticamente al amparo y por la venia del ulisismo, tales como Alejandro Avilés Álvarez, Adolfo Toledo Infanzón, o Elizabeth Acosta López, los cuales habrían sido punta de lanza en momentos como los actuales rumbo a la gubernatura. No obstante, el único que ganó una diputación federal fue Samuel Gurrión Matías, que hoy dice aspirar a la gubernatura, pero sin ningún mérito o capital político real, igual que Martín Vásquez Villanueva, a quién aún continúa persiguiendo el fantasma de los faltantes en la Secretaría de Salud durante su gestión.

En esas condiciones, el único que queda es el senador Eviel Pérez Magaña, que además del escollo que le significan sus dos derrotas consecutivas (la de 2010 como candidato a Gobernador, y la de 2012, en la que sin éxito intentó ganar la Senaduría, y accedió a ella sólo por el comodín constitucional de la primera minoría), ahora debe superar la prueba de los triunfos electorales del grupo al que pertenece.

Por eso, el senador Pérez Magaña se ha dedicado en las últimas semanas a hacer campaña activa a favor de personajes como Beatriz Rodríguez o Antonio Amaro en Tuxtepec. Sabe que ganar esas dos diputaciones federales son requisito fundamental para la supervivencia de su grupo, y para mantener a flote cierta expectativa de que pudiera repetir como candidato a Gobernador.

Sabe también que esos dos triunfos —o al menos uno de ellos— sería una bocanada para su grupo ante el priismo nacional. Pero también debiera quedarle claro que al margen de eso, enfrenta dos problemas prácticamente insuperables: primero, sus derrotas consecutivas, a pesar de ser un personaje bien aceptado por el electorado; y segundo, el padrinazgo indisoluble que ejerce sobre él el repudiado ex gobernador Ulises Ruiz.

 

EL INTERÉS TIENE PIES

A la par de esos dos, hay otros distritos que le interesan a algunos grupos al interior del PRI, aunque no tienen ninguna certeza de que los puedan ganar. Les interesa, por ejemplo, Huajuapan por la vida artificial que le está dando en política el Secretario de Hacienda a la candidata Yolanda Edith López Velasco, y por la aparente urgencia que tiene de crear un pequeño feudo en Oaxaca, aunque en los hechos no haya más posibilidad que una operación electoral muy efectiva el día de los comicios, como garantía de triunfo. Y les interesa también Tehuantepec, aunque no porque el centro del interés sea Sofía Castro, sino por la posibilidad de atajar el camino de José Antonio Estefan Garfias, rumbo a la candidatura a Gobernador por el PRD. Fuera de eso, y más allá de sus números alegres, no hay nada más que el interese al PRI, y sobre todo que pueda ganar.

En gobernabilidad, la Federación le vuelve a dar la razón a Oaxaca

+ Paradoja de EPN, doblegarse frente a problemas que antes repudió


Si las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa demostraron que sí era posible sacar al gobierno federal de su balance, las protestas de la CNTE, y las estériles concesiones oficiales frente a sus acciones, han demostrado que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene la solidez de un barco de papel. Hasta hace tres días nadie cuestionaba la realización de la elección intermedia; pero hoy, es generalizada la idea de que el país está a la deriva y en manos de la disidencia al gobierno de la República.

En efecto, hoy se reitera aquella percepción que nació el gobierno federal perdió por completo el control frente a los desaparecidos de Ayotzinapa: en aquel momento —hace apenas nueve meses— el gobierno no encontró la forma de reaccionar frente a la crisis generada por la detención-desaparición de los normalistas, y ante la incertidumbre comenzó a ceder no frente a los que exigían justicia, sino ante quienes querían ver al país incendiado. Entonces, el gobierno de Peña Nieto le mostró la mano blanda a los manifestantes —que deliberadamente sacaron el problema de su contexto real, para convertirlo en una causal de derrocamiento del Presidente— y les envió la señal de que la tolerancia federal no tendría límites.

Cuando eso pasó, todos los grupos constataron que este era el momento débil del gobierno federal, y entonces comenzaron a actuar replicando las protestas por los desaparecidos de Ayotzinapa. El principal grupo que decidió ir al frente —aún estando arrinconado— para recuperarse fue la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que parecía que pasaba por momentos difíciles luego de que un año antes hubiera sido desalojada de la plancha del zócalo de la Ciudad de México para que se realizara el desfile militar del 16 de septiembre, y desde entonces no había podido articular una contraofensiva eficaz en contra del gobierno federal para reavivar sus protestas.

La ruta, pues, la hallaron en la debilidad federal. En paralelo a las protestas por los desaparecidos, la CNTE revivió su pliego petitorio, y de él recuperó como demanda principal la de la abrogación de la reforma educativa, y la cancelación de todos los procesos de evaluación a los profesores del país. La Sección 22 de Oaxaca tomó la iniciativa en esa ruta, y entonces el amago pasó de las protestas por Ayotzinapa al amago de la reinstalación de un plantón masivo en la capital del país, el paro indefinido de labores en varias entidades de la República, y el boicot a las elecciones.

Hasta hace una semana parecía que todo estaba bajo control. La Secretaría de Gobernación había mantenido un diálogo más o menos fluido con la Coordinadora, y nada parecía que podría perturbar la realización de los comicios. De hecho, hace apenas dos semanas estuvo en Oaxaca el líder nacional del PRI, y los maestros de Oaxaca habían mostrado una actitud tolerante y desentendida frente a ese hecho —que en otros momentos hubiera provocado una persecución violenta—.

Nadie parece terminar de comprender qué ocurrió en ese inter que descompuso el escenario, cuando se supone que lo que había tratado de hacer el gobierno federal era afianzar el acuerdo con la CNTE y garantizar la realización pacífica de los comicios.

 

ESCENARIO DESCOMPUESTO

En sólo tres días la Coordinadora desplegó toda la fuerza, que había tenido contenida durante meses. Al mismo tiempo organizó protestas en varias entidades del país, estalló el paro indefinido de labores, se inconformó con los nuevos anuncios federales, y todavía se dio el lujo de ir a romper la tranquilidad electoral atacando las sedes del INE, quemando papelería electoral, y perpetrando acciones de sabotaje como la toma de instalaciones de Petróleos Mexicanos en Oaxaca, que de inmediato provocaron escasez de combustibles y angustia entre la ciudadanía que no estaba preparada para esto.

¿Qué pasó? Que el gobierno federal pareció haber querido congraciarse con la Sección 22 de Oaxaca y con la Coordinadora, anunciando la suspensión indefinida de la evaluación a los docentes. Sólo que si hay alguien experto en la negociación y en el juego de espejos que eso implica, ese es la CNTE, que de inmediato captó el intento federal y se fue de frente a rechazarlo. Nadie en la opinión pública le aplaudió al gobierno del presidente Peña Nieto que decidiera dar marcha atrás en el punto más sensible de la reforma educativa, y la Coordinadora lejos de festejarlo también repudió la decisión.

La ciudadanía vio que esta era la decisión más burda que habría podido tomar el gobierno federal para negociar la ley con la Coordinadora; y ésta vio que esa era la decisión más burda que habría podido tomar el gobierno federal para tratar de engañarlos. Para la ciudadanía la situación era claramente reprobable porque implicaba reconocer la derrota del Estado frente a un poder fáctico; y la CNTE rechazó desde el primer momento que la medida pudiera si quiera dejarlos parcialmente satisfechos, porque lo que ellos han exigido es la cancelación total, y no la suspensión temporal de las evaluaciones y de todo el contenido de la reforma educativa.

Luego vino la violencia, y todo lo que hemos visto en toda la semana. El común denominador, ominoso, es que el gobierno federal parece estar aplicando como nunca la política del avestruz, porque es el único ente público que no ha hecho caso, ni ha respondido, frente a los abiertos ataques orquestados desde el magisterio ya no para manifestarse sino para boicotear, con toda virulencia, lo que resta del proceso electoral, y para descomponer el escenario político a menos de cinco días de los comicios.

El gobierno federal pretende seguir apostando a la política de la tolerancia que hace apenas unos meses reprobaba del gobierno de Oaxaca. Qué paradójico resulta que con esta situación un gobierno le vuelva a dar la razón a otro (el federal al de Oaxaca) pero en el marco en el que los dos terminan haciendo lo mismo: rompiendo la ley para mantenerse a flote; negociar lo que deberían aplicar como autoridad; y desestimar el sentir ciudadano priorizando su supervivencia como régimen.

Qué rápido cambian los tiempos. Hoy queda claro que el Presidente escupió al cielo, y que lo que hace poco repudió, ya le cayó en la cara.

 

TRIUNFO DE NADA

En el PRI están muy contentos. Dicen que los números les serán favorables el domingo. ¿La razón? Sólo deben ganar un distrito para salir “tablas”. Con dos, el triunfo será avasallador. Vaya consuelo.

Quema de papelería electoral: provocación magisterial, a todo.

Quema de paquetería electoral INE

+ Federación se dio un tope con beligerancia de la Coordinadora


Las violentas acciones realizadas ayer por trabajadores de la educación en Oaxaca en contra de instalaciones y paquetería electoral que se utilizaría en los comicios federales del domingo próximo, debe verse como parte del problema político que representa la negociación entre el gobierno federal y la CNTE, y no como un asunto de orden electoral. Lo que hizo ayer el magisterio oaxaqueño fue valerse de la cercanía de los comicios para tratar de provocar alguna reacción oficial y, sobre todo, para remarcarle al gobierno federal que se equivocó —de nuevo— en sus concesiones relacionadas con la evaluación educativa.

En efecto, ayer en las once juntas distritales, y la local, del INE en Oaxaca, se registraron diversos actos consistentes en la destrucción de equipo, papelería y materiales en resguardo sin que resultaran personas lesionadas. Estos actos se extendieron, también, al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca, y fueron perpetrados por trabajadores adheridos a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, en el marco de su determinación de boicotear la jornada electoral del domingo próximo, pero también de cara al reciente anuncio federal de la suspensión indefinida de las evaluaciones a los docentes.

En ese contexto, la reacción magisterial puede y debe entenderse en dos frentes: en el primero, lo que estaría tratando de hacer el magisterio oaxaqueño es provocar una reacción por parte del gobierno federal de cara a los comicios del 7 de junio. En el segundo, lo que el magisterio oaxaqueño —que es punta de lanza de la CNTE en el país— estaría tratando de hacer es señalarle al gobierno federal su equivocación táctica en el momento y la forma de la suspensión de las evaluaciones a los profesores del país.

Así, en el primero de los frentes, la irrupción en las sedes distritales y local del INE en Oaxaca, así como la destrucción de papelería y equipos que se utilizarían en la jornada electoral, fueron una abierta invitación a que las fuerzas federales encargadas de resguardar los elementos necesarios para la realización de los comicios, actuaran. No es menor el hecho de que todos los insumos a utilizarse en la jornada electoral, y las propias instalaciones, estén resguardadas de forma permanente y regular por elementos del Ejército mexicano, o de la Policía Federal, máxime ahora que la organización de todos los comicios en el país están fuera de la potestad de los gobiernos estatales.

¿Qué intentaban? En apariencia, lo que fueron a hacer es provocar. No se puede hallar otra explicación al intento abierto de generar una confrontación, en el umbral de la jornada electoral. Lo ocurrido ayer en Oaxaca generó reacciones de preocupación en el Consejo General del INE, que si bien no llegaron al punto de considerar la posible suspensión de los comicios, sí fueron un aviso de que un mal manejo político de esta situación sí podría generar una reacción adversa que, de rebote, podría impactar en la organización y realización de la elección.

La situación es clara: si los maestros buscaban una reacción de las fuerzas de seguridad, era para ir al enfrentamiento, y después —con la acusación de represión en la mano, y ante una opinión pública ya de por sí crispada y volcada contra el gobierno— tratar de evitar la jornada electoral. Esta fue la razón por la que, en este primer escenario, superaron el umbral de la toma simbólica de las instalaciones electorales, y el solo acto de impedir los trabajos normales en esas sedes pero sin incidir de fondo en la organización de los comicios. En este caso fueron más allá, irrumpieron en las instalaciones, quemaron equipos y papelería electoral, y pareciera que en el fondo lo que querían era que alguien se los impidiera, para enfrentarse.

No lo lograron, pero eso no significa que no continúen intentándolo. Al gobierno de Oaxaca le ha quedado lo suficientemente claro que la peor estrategia de defensa en momentos estratégicos, es atacar al magisterio. Y el gobierno federal, que en este caso es el encargado de atender el asunto, no parece quedarle claro que debe o ponderar la negociación política inteligente con el magisterio para evitar la repetición de este tipo de acciones, o resguardar y defender de mejor forma las instalaciones electorales ante estos ataques.

 

EL YERRO FEDERAL

Apenas el fin de semana el gobierno federal anunció, a través de la SEP y con el aval silencioso de la Secretaría de Gobernación, que suspendía de forma indefinida la evaluación a los docentes de educación básica y media superior en el país. Las justificaciones fueron lo de menos frente a la lectura política —real— de que esta decisión constituyó la claudicación federal frente al magisterio disidente.

El problema es que ayer los mismos profesores rechazaron la acción federal, argumentando que no es una suspensión indefinida lo que ellos exigen, sino una cancelación total de la evaluación, como parte de la abrogación de la reforma educativa. Evidentemente, el gobierno federal tomó esa decisión, en este momento específico, para evitar que los profesores de la CNTE continuaran en sus planes de boicotear el proceso electoral. Y en ese marco, las acciones de ayer lunes no fueron precisamente una muestra de voluntad y agrado del magisterio frente al anuncio federal, sino todo lo contrario.

En el fondo, pareciera que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no termina de entender que cualquier decisión que tome en el sentido de dar una concesión a la CNTE, es como echarla al barril sin fondo. Así, la Coordinadora rechazó la suspensión de la evaluación por insuficiente, pero nunca dijo que no tomaba los beneficios de la decisión. Técnicamente, lo que habrá de ocurrir es que a partir de este momento, e indefinidamente, la CNTE impedirá las evaluaciones y luego también irá a exigir su cancelación pero a través de movilizaciones y acciones de presión, como si el gobierno no les hubiera dado casi todo en este momento.

 

LA CNTE NO SE LLENA

En la lógica magisterial la respuesta federal es nula, y es como si no les hubieran dado nada. Esto, sin embargo, es un punto sin retorno de lo que el gobierno ya cedió. ¿Cuándo va a poder reactivar sus evaluaciones? Quién sabe. Pero lo cierto es que será en contra, y al doble, de la oposición que actualmente ejerce la CNTE en su contra. No pasará mucho tiempo antes de que veamos la magnitud de esto.

SEP premia políticamente a CNTE suspendiendo evaluación

Evaluación Docente

+ La ciudadanía debe manifestarse, en contra, más que nunca


La decisión tomada y anunciada el viernes por la Secretaría de Educación Pública de suspender indefinidamente la evaluación a los docentes de educación básica, es un riesgo que la ciudadanía y las instituciones del Estado deben atajar enérgicamente. Esa concesión, claramente otorgada a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el marco de las negociaciones políticas que actualmente sostienen, constituyen el riesgo latente de que la suspensión se convierta, con el paso del tiempo y las resistencias magisteriales, en cancelación definitiva de facto. Y no hay razones para que todos corramos ese riesgo innecesario.

En efecto, la tarde del viernes mediante un comunicado —que luego fue quitado de la página oficial de la SEP— la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente de la SEP informó que quedaban suspendidas indefinidamente las fechas publicadas para la realización de la evaluación, debido a nuevos elementos a considerar en el proceso de evaluación para el ingreso, promoción y permanencia en la Educación Básica y Media Superior.

Y es que apenas en abril, la SEP había dado a conocer los perfiles, parámetros e indicadores para la evaluación de los profesores de niveles básico y medio superior para la promoción y permanencia de los profesores. Las evaluaciones eran parte fundamental de la reforma educativa. La normativa establece que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente y de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación básica y media superior que imparta el Estado. Nada menos que esto fue lo que declaró suspendida de forma indefinida la SEP este fin de semana.

Las reacciones no se hicieron esperar. La sociedad civil organizada emprendió de inmediato una campaña de repudio a la decisión tomada por la SEP, pero lo que generó más expectativa fue el anuncio del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de que su Junta de Gobierno tendría una sesión urgente para definir una postura respecto a la decisión que unilateralmente había tomado la SEP sobre este tema toral para la reforma educativa, y claramente motivado por la negociación que ahora mismo ocurre en la Secretaría de Gobernación entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y la Sección 22 de Oaxaca con autoridades federales, y el estallamiento del llamado “paro nacional” a partir de este mismo lunes.

Anteayer sábado, el INEE emitió un fuerte comunicado — y por su tono, podríamos decir que hasta inédito en la relación respetuosa que siempre guardan los organismos constitucionalmente autónomos con el gobierno federal— en el que abiertamente encara a la SEP por la decisión tomada, la reprueba, y le exige que se retracte.

“Esta decisión —dice el INEE en su comunicado— atenta contra el artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de sus leyes reglamentarias, así como de los lineamientos para regular los procesos de evaluación del Servicio Profesional Docente (SPD), del Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del SPD 2015-2020 y del Calendario de Evaluaciones 2015 que, en el ámbito de sus atribuciones, ha publicado el Instituto para dar transparencia, legalidad, objetividad e imparcialidad a la implementación de los procesos de evaluación en el marco del SPD…”

“Esta decisión es contraria al interés superior de la niñez mexicana, al no garantizar el derecho a una educación de calidad (…) Que las niñas, niños y adolescentes que cursan la educación obligatoria de nuestro país no podrían iniciar el próximo ciclo escolar con los docentes, directivos y asesores técnico-pedagógicos que cumplan con los conocimientos y las habilidades profesionales que establece la ley, y que son indispensables para un ejercicio profesional responsable y de calidad, razón por la cual la suspensión ‘indefinida’ anunciada por la SEP no solo vulnera la legalidad de la Reforma, sino que afectaría de manera severa el funcionamiento normal del servicio educativo en el ciclo escolar 2015-2016.”
Luego de señalar todo eso, el INEE conmina al Gobierno de la República para que deje sin efectos la decisión de “suspensión indefinida” anunciada, y observe los mandatos que la ley establece para llevar a cabo los procesos de ingreso, promoción y permanencia del Servicio Profesional Docente, de acuerdo con el calendario establecido.

 

REPROBACIÓN GENERAL

No hay duda de que la SEP entendió el nivel de rechazo que generó su decisión. En los últimos meses ha habido fuertes señalamientos en contra de la Secretaría de Gobernación por permitir canonjías políticas a la Coordinadora, en su intento por detener las movilizaciones y acciones de protesta que particularmente van a realizar a la Ciudad de México.

Según los que conocían de esas negociaciones, había un acuerdo para la negociación entre la Gobernación y la SEP, para que la primera “mareara” y la segunda “madreara”. Es decir, que Gobernación les daría lo que luego la SEP les quitaría. Sólo que la decisión anunciada el viernes va en contra de esa lógica y de hecho pareciera la constatación de que el gobierno federal claudicó por completo en su determinación por implementar la reforma educativa aún en contra de las presiones de poderes fácticos como el de la Coordinadora y la Sección 22 de Oaxaca.

¿Qué queda frente a eso? Que la ciudadanía se muestre más enérgica que nunca en contra de la SEP, y en general del gobierno federal, rechazando ese tipo de decisiones y exigiendo que ese aplique la ley de la forma que sea posible, pero siempre en un plano de progresividad. ¿La razón? Que frente al conformismo ciudadano con las acciones y decisiones federales, lo que pasará es que la CNTE terminará aplastando no sólo la reforma educativa, sino la educación pública y de calidad que merecen los niños mexicanos, independientemente de que nuestros hijos acudan o no a una escuela pública.

 

LA DECISIÓN, A PESAR DE LA CIUDADANÍA

Es muy probable, mucho, que la SEP no dé marcha atrás a la decisión que ya tomó. El pragmatismo y la conveniencia de evitar un problema y trasladarlo al gobierno que venga, es el parámetro. Lo que nosotros como ciudadanos debemos hacer, es al menos tomar la postura de que esa decisión se tomó a pesar de nosotros, y no con el ominoso aval de nuestro silencio.

No hay forma de que la Sección 22 deje de ir al paro nacional

Paro Nacional

+ La inercia llevará al magisterio, aunque sea testimonialmente


Estamos a escasos días de que estalle el paro nacional al que convocó la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y son muy pocas las posibilidades de que la Sección 22 de Oaxaca no participe en éste. La falta de respuesta federal a su pliego de demandas, y la cercanía con la jornada electoral, serán determinantes en la agenda magisterial de las próximas semanas. En esa lógica veremos cómo estalla el paro nacional, y sólo después de los comicios habremos de ver si las instancias estatales y federales entablan una negociación exitosa con el magisterio.

En efecto, en los resolutivos de su asamblea del pasado miércoles 27 de mayo, la Sección acordó, entre otras cosas, estallar la movilización nacional masiva el 1 de junio “como resultado de la consulta a las bases por la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la educación y en contra de la evaluación punitiva, en perspectiva de la acumulación de fuerzas rumbo a la huelga nacional”.

También ratificó el acuerdo de boicot a lo que ellos denominaron como “la farsa electoral federal” con las regiones movilizadas en la toma del distrito electoral central hasta el 31 de mayo; acordó la concentración, clausura, toma permanente e instalación del plantón en los 11 distritos electorales de la entidad “y sus correspondientes acciones complementarias sincronizadas y contundentes del 1 al 7 de junio”. Finalmente, la Asamblea Estatal de la Sección 22 ratificó las actividades para el boicot del proceso electoral federal emanados del menú de acciones que, según dice, ha propuesto la base.

¿Qué significa todo esto? Que al menos de aquí al 7 de junio no habrá posibilidad de arreglo. Pareciera que contrario a lo que dice el Director General del IEEPO, Moisés Robles Cruz, en el sentido de que aún puede evitarse que el magisterio vaya al paro nacional y al boicot electoral, lo que el magisterio intentará es hacer la presencia política necesaria en dicho periodo. A partir de eso puede entenderse lo que dijo el gobernador Gabino Cué, en el sentido de que la resolución del magisterio sobre el boicot a los comicios “es una posición política, que respetamos, pero que no pone en riesgo la elección en Oaxaca”.

A la par de todo esto, vale la pena entender una situación paralela: el boicot de la Sección 22 es más declarativo y testimonial, que real. Esto se evidencia cuando finalmente su resolución es la de únicamente ir a plantarse en las oficinas del INE en los once distritos electorales federales de la entidad, pero no tomar ninguna otra acción con capacidad real de impedir que ocurra la jornada electoral.

De nueva cuenta, se hace evidente el sentido simbólico de la presencia en el momento en que la ciudadanía emite su voto, aunque en este caso llama la atención que la Sección 22 no se haya pronunciado en contra de algún partido o candidato en específico, como sí acostumbra a hacerlo casi en cada periodo electoral, en el que toma partido llamando al voto de castigo, o manifestando su repudio en contra de alguna fuerza política en específico. En este caso no ocurrió. Y queda claro que es por los equilibrios que intenta seguir guardando por la negociación pendiente que tiene con los gobiernos estatal y federal, que involucran a las fuerzas políticas más importantes del país.

LAS INERCIAS

La Sección 22 no puede desligarse de las inercias nacionales, y tampoco se ve con muchas ganas de hacerlo. El paro nacional al que ha convocado la CNTE tiene un simbolismo particular, porque constituye un momento determinante en la lucha por la preservación de sus derechos. La 22 tiene su propia agenda política y sus temas a negociar, pero aún así no puede apartarse de la agenda nacional de las organizaciones disidentes porque esto le restaría fuerza y credibilidad a todos.

En ese sentido, la Sección 22 actúa bajo la lógica de los momentos en los que son muy determinantes para su lucha, o que son representativos de un periodo específico. Así, por ejemplo, no tuvo empacho en movilizarse dentro de periodos vacacionales cuando se iban a aprobar las normas relacionadas con la reglamentación de la reforma educativa, aún cuando sus movilizaciones son impactantes políticamente cuando ocurren en periodos en los que el ciclo escolar está en curso y se abandonan las aulas para ir tras un objetivo político.

Este no parece el caso. A la 22 parece interesarle hacer una presencia fuerte sólo hasta el 7 de junio en la jornada electoral, pero después de eso continuar con su agenda propia de temas negociando, y quizá sólo manteniendo una presencia testimonial en las acciones nacionales. Por eso quizá después de la jornada electoral se abra la posibilidad de que haya una negociación y vuelvan a las aulas. Pero en este momento lo único que está a la vista es la determinación de parar labores y unirse a la huelga nacional, por un lado, e implementar las acciones de protestar rumbo a los comicios, por el otro.

Hasta ahora, el magisterio oaxaqueño ha dado muestra de ir avanzando en el diálogo y la distensión de sus posiciones. Fue sintomático que durante la visita a Oaxaca del líder nacional del PRI, César Camacho Quiroz, la Sección 22 no se movilizara ni hiciera pronunciamientos importantes. Ello no revela la posible vena priista del magisterio sino la fructificación de los acuerdos y el diálogo político que tiene con el gobierno federal, en el que podría estar intentando demostrar que también pueden cumplir acuerdos y ser serios en el contenido de sus protestas.

Finalmente lo único que el gobierno tendría que estar cuidando es justamente que no ocurra nada antes, durante y después de la jornada electoral, para que existan las circunstancias de paz que se requieren para que el magisterio democrático regrese a clases.

REPUDIO AL PRI

De forma escondida y casi sin decirlo, el pronunciamiento número tres de la asamblea magisterial es el siguiente: Pronunciamiento en contra del regreso del priismo a la gubernatura del Estado y de los partidos que han alterado los derechos elementales del pueblo de México. Sólo que en público la Sección 22 nada dice de esto, porque parece saber perfectamente que en el rejuego de la negociación y el cálculo de las posiciones futuras, va a necesitar tanto al partido que hoy repudia, aunque ya sólo de ladito.

¿Volverán a esperar a que explote de nuevo el tema del transporte?

Transporte público

+ La autoridad debe anticiparse y ofrecer alternativas a la ciudadanía


Seguramente ya se nos olvidó. Pero nos quedan sólo dos o tres semanas de tranquilidad —cuando mucho— antes de que los concesionarios del transporte público en Oaxaca vuelvan a salir a las calles a exigir el aumento a la tarifa, luego de que hace dos meses la autoridad los convenciera de posponer la exigencia hasta después de los comicios. Faltan 10 días para ello. Y lo único cierto es que la autoridad sigue sin ofrecer alternativas no a los concesionarios, sino a la ciudadanía.

En efecto, el pasado 31 de marzo, en las redes sociales comenzó a circular un documento interno de la Cooperativa Choferes del Sur, en el que se anunciaba que había quedado “confirmado y en firme” el aumento de la tarifa. En dicho documento, también daba la indicación a todos los concesionarios para que “pasaran a recoger los tarjetones indicativos de la nueva tarifa” para colocar en las unidades del transporte urbano, y que se informara a los conductores que evitaran la confrontación con las personas que, por lo abrupto del anuncio, no llevaran el dinero completo para pagar la nueva tarifa de siete pesos. Incluso decía que “gracias a Dios” se había hecho posible el incremento a la tarifa.

Ante el intento de albazo de los concesionarios, ocurrieron dos cosas: primero, la Secretaría de Vialidad y Transporte del Gobierno del Estado tardó casi 24 horas en desmentir que había dado su anuencia para el incremento; y ante el silencio sospechoso de Sevitra, fue el propio Titular del Ejecutivo quien, a través de la vocería estatal, se deslindó abiertamente de haber apoyado el alza a la tarifa. La respuesta de los concesionarios fue la de salir en protesta a bloquear calles, avenidas y accesos a la capital oaxaqueña, argumentando que ese era un acuerdo tomado con el secretario del ramo, Carlos Alberto Moreno Alcántara, y que la negativa del Gobernador a reconocerlo constituía una traición al gremio del transporte concesionado.

La crisis duró tres días, y fue sólo después de que una comisión de transportistas se entrevistó con el gobernador Gabino Cué, que se logró el acuerdo de realizar un estudio de factibilidad sobre el posible incremento a la tarifa y sus consecuencias, así como de revisar todo el asunto hasta tres meses después. El plazo fatal, aunque no lo dijeron, era el de pasar el umbral de la jornada electoral del siete de junio, que está a 10 días de cumplirse.

Seguramente los concesionarios están esperando cumplir su parte del acuerdo, en aras de que la contraparte oficial haga lo mismo. El gobierno estatal, mientras se ha dedicado a torear los problemas que existen en otros sectores, y a hacer los preparativos para los comicios. Nadie parece haberse acordado, ni tomar en cuenta, que en el centro de esta discusión debiera estar el ciudadano de a pie, a quien no le han ofrecido ninguna alternativa posible, y sobre el que tampoco se han tomado la molestia de considerarlo.

Simplemente dejaron que el tiempo y la inercia social de la entidad —y la ramplona euforia por el proceso electoral— dejaran atrás el asunto. El problema es que los concesionarios no tardarán mucho en volver a intentar que les sea autorizado un incremento, o de nuevo tratarán de hacerlo de motu proprio, para luego pelear con la autoridad para que lo avale. En esa lógica todos pretenden continuar trepados en la dinámica del pésimo servicio, y del alto costo de la tarifa ofertado al usuario —como un verdadero castigo— a cambio de nada.

¿Qué de verdad no hay alternativa para el transporte público en Oaxaca?

LAS ALTERNATIVAS

La Ciudad de México tiene tantos o más problemas de movilidad que Oaxaca, pero esto es por sus dimensiones y no sólo por la calidad del transporte público que ofrece a la ciudadanía. Tienen transportes como el Metro o el Metrobús, que a un precio similar o menor al que existe en Oaxaca, ofrece un servicio monumentalmente más eficiente que el desordenado y arcaico transporte público de la entidad.

Y no. No se trata de comparar a la capital de Oaxaca con la Ciudad de México. La zona metropolitana de Oaxaca quizá alcanzaría a ser equivalente a una o dos delegaciones de la capital del país, y por ende sus problemas no son comparables. Más bien, de lo que debiera tratarse es de captar soluciones a problemas equivalentes. Y si algo se ha intentado en esa y otras ciudades, y en algunas se ha logrado con éxito, es ordenar lo que ya tienen para hacerlo más eficiente.

Eso es en lo que nadie piensa en Oaxaca. Resulta que aquí desde antes que se creara la Secretaría de Vialidad y Transporte, ya se hablaba de diagnósticos muy concretos respecto a los problemas que presenta el transporte público, y las vías para solucionarlos. Hasta hoy, nadie ha querido tomar la iniciativa para emprender la nada sencilla labor de iniciar la revisión integral de cómo funciona el transporte público en la capital oaxaqueña y la zona conurbada, y comenzar a establecer nuevas reglas de funcionamiento, nuevas rutas y nuevas condiciones de servicio.

En esas resistencias, son los concesionarios los primeros en resistir. Y lo hacen por una razón que es de todos conocida: ellos quieren mantener el estado de cosas, en el que gozan de todos los privilegios, no son molestados por autoridad o disposición alguna, y cada que el negocio se hace menos rentable, exigen incrementos a la tarifa para solventar su ineficiencia. Por eso no quieren nada que tenga que ver con el reordenamiento. Y por eso siempre anteponen el argumento de que primero les autoricen el incremento a la tarifa para que después ellos vean si le entran o no al reordenamiento del transporte.

El problema es más complejo de lo que parece. Hay total oposición al Metrobús pero tampoco quieren ser ellos parte de la alternativa. A todas luces se ve que el transporte público en sus condiciones actuales no es rentable, ni viable, ni atractivo para la ciudadanía. Pero sólo se ha pospuesto la discusión, hasta que cualquier día de estos, luego de los comicios, vuelva a explotar como una crisis, y cause nuevos perjuicios a la ciudadanía.

¿Y LOS DOS MILLONES?

Lo cuentan los propios concesionarios del “pulpo camionero”: que en marzo, cuando acordaron con Moreno Alcántara el incremento a la tarifa, los concesionarios hicieron una “vaquita” de 2 millones de pesos para —práctica común— “apaciguar” a los grupos porriles que seguro les tomarían camiones. El incrementó se cayó. Pero dicen —con genuino pesar— que ese dinero no tuvo “v” de vuelta.

La estrategia de largo aliento del EPR, es la de la denuncia

EPR

+ Ocho años de sus desaparecidos; los 43 amplían su lucha


En el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, el Ejército Popular Revolucionario ha refrendado su voluntad por continuar por la ruta de la denuncia y el trabajo político, antes que la lucha armada. Esta definición nunca antes había sido tan trascendente como ahora, porque el contexto político del país nunca había puesto al Estado mexicano en una verdadera situación de entredicho frente a las denuncias de grupos y organizaciones sobre la desaparición forzada de personas.

En efecto, si alguien tiene claramente definido que la ruta de la denuncia es la idónea, ese es el EPR. Esta vía, la de la denuncia nacional e internacional, por sí sola implica una estrategia política de largo plazo y amplio alcance. Esto lo apuntábamos seis años, cuando el EPR resolvió que la ruta de la denuncia era la más efectiva, aunque era una definción de muy largo plazo.

Y es que desde entonces, el EPR parecía tener claro que estos son tiempos en los que resulta tanto o más eficaz el diálogo entablado a través de la Comisión de Mediación (integrada por varios personajes de la vida social y académica ya fallecidos) combinado con la denuncia a nivel nacional e internacional. El EPR fue el primero en entender, hace años, que la guerra política tiene posibilidades de hacer tanto o más daño a las oligarquías y grupos de poder que persigue, con el inicio de una bien delineada estrategia política basada en la denuncia. Poco a poco se están allegando de las armas para fortalecer esa estrategia. Pronto veremos cómo se desarrolla.

Hoy todo eso queda refrendado con las posiciones que en primer término asume el EPR frente a la disyuntiva de qué hacer frente a las desapariciones forzadas de personas ocurridas en México en los últimos tiempos (las de sus militantes, pero también las de otras miles de personas, incluyendo a los 43 normalistas de Ayotzinapa, que están cumpliendo a su vez ocho meses desaparecidos), pero también asumiendo una posición proactiva y propositiva frente a la situación, en medio de un escenario en el que el encono sigue siendo la constante incluso en los grupos que coinciden en el contenido y trascendencia de las demandas que plantean, también por los desaparecidos.

Y es que resulta que hace ocho años, la voz del EPR se alzó solitaria en un contexto en el que parecía que nadie quería hermanarse con ellos. En mayo de 2007, el EPR denunció la detención-desaparición en Oaxaca de dos de sus militantes, y desde entonces convocó a todas las organizaciones defensoras de los derechos humanos, a los gremios, y a quienes coincidían en la necesidad de cambios profundos para el país, que alzaran juntos la voz por sus desaparecidos. Fueron algunas organizaciones las que se unieron a su llamado. Pero en realidad hubo una actitud pasiva, testimonial y disimulada, de muchas de las organizaciones que hoy impulsan ese mismo llamado, pero que en aquel momento hicieron como que no escuchaban, y por ende no atendieron el llamado del eperrismo.

Ese llamado no tenía otro fondo, más que el de la unificación de la lucha, a través de la vía política. Seguramente de ahí es de donde resulta la parte más trascendente del llamado que hoy hace nuevamente el EPR de cara a la necesidad de la denuncia de la altísima incidencia de desapariciones forzadas y crímenes de lesa humanidad.

Y aún así, no queda del todo claro si otros grupos organizados, como el normalismo del país, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Sección 22 del magisterio de Oaxaca, y otras organizaciones, tengan verdadera convicción por dejar la conveniencia de la denuncia coyuntural, y se unan en un verdadero trabajo político en contra de las desapariciones forzadas en el país.

EL LLAMADO

“La lucha contra el terrorismo de Estado —dice el comunicado que emitió ayer martes el EPR en el marco del octavo aniversario de la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca— es una necesidad imperiosa que todos debemos enarbolar y asumir, pero ésta hay que organizarla, estructurarla y generalizarla antes de ser víctimas; los detenidos-desaparecidos de ayer y hoy son hijos del pueblo, pertenecen al pueblo, son del pueblo, por tanto nos corresponde a todos enarbolar la exigencia de su presentación con vida.

“Los detenidos-desaparecidos no son ni uno, ni dos, tampoco decenas, son cientos de miles y nuestra lucha es por todos ellos, porque es la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos, las posiciones sectorialistas, localistas y sectarias sólo facilitan el cometido de más crímenes de lesa humanidad e impiden la unidad del pueblo, única arma político-organizativa en la lucha contra el terrorismo de Estado.”

Antes, en un comunicado fechado apenas el 5 de mayo pasado, y refiriéndose a este mismo tema, la Comandancia General del EPR había escrito: “Las tareas son muchas y tal vez los años que tendrán que pasar para ver liberado a nuestro pueblo de la explotación y opresión sean también muchos, por consecuencia, muchas son las batallas que habrán de librarse. Un saludo revolucionario a todos los que militan, combaten y colaboran en nuestras filas; un reconocimiento al militante que desarrolla su acción constructora en las masas, en las trincheras de nuestro ejército y las estructuras del PDPR. La consigna es ¡A seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa!”.

Vale la pena resaltar algunas cuestiones. Primera, que el llamado a la unificación de luchas es particularmente claro cuando señala que “la lucha de nuestro pueblo contra sus opresores que trasciende las afinidades sanguíneas y los estandartes políticos”. Y el llamado a seguir desarrollando las tareas estratégicas y tácticas de la presente etapa, no resulta ser otro que el de la denuncia. Esa es la etapa que están viviendo, porque como se veía desde entonces, esta es una forma de lucha trascendental que hoy tiene más posibilidad que nunca de prosperar ante la incapacidad del Estado de frenar y esclarecer la incidencia de este delito de lesa humanidad.

LA DEBILIDAD DEL INE

No son hechos aislados. La debilidad que enfrenta hoy el INE como autoridad electoral se enlaza perfectamente en este contexto de la búsqueda de cambios. Hoy la pregunta que debe ocuparnos es “¿cómo?”. Queda claro que hay mecanismos trascendentes, y hay otros que sólo llenan de oprobio el escenario y no provocan ninguna modificación de fondo.

¿El caso Bronco obligará a partidos a replantear sus estrategias?

El Bronco

+ La siguiente batalla será en 2016, con Oaxaca, Puebla y Sinaloa


El inusitado crecimiento electoral de Jaime Rodríguez Calderón, en Nuevo León, irremediablemente obligará a los partidos políticos a replantear sus estrategias de cara a los procesos electorales que se avecinan. El llamado Bronco, es hoy un inminente gancho al hígado para el priismo nacional, en un estado clave para el régimen priista como Nuevo León. Ésta fue una entidad recientemente recuperada por el PRI y el gobernador saliente, Rodrigo Medina. Pero si pierde el tricolor la gubernatura entonces tendrá que replantear qué sigue en su estrategia para 2016, en donde hay estados tan particularmente llamativos —también por sus respectivas alternancias— como Puebla, Sinaloa y Oaxaca.

En efecto, la candidatura independiente a Gobernador de Rodríguez Calderón, es un hecho relevante que rebasa por mucho la calidad o los antecedentes de la persona. En realidad, ese fenómeno es llamativo por ser el primer candidato independiente que se ubica entre las posibilidades de triunfo en las urnas. Si eso ya es relevante, lo es mucho más que esto ocurra en el centro político del norte del país, y que esté pasando en el contexto del llamado “regreso priista” con el presidente Enrique Peña Nieto a la cabeza.

Así, si esto está ocurriendo en las narices del Presidente, que según llegó para reimplantar el viejo régimen sobre las nuevas bases democráticas de México, y que hasta hace poco había demostrado absoluta eficacia electoral, entonces el problema es más grave de lo que inicialmente hubiera parecido una simple reedición del llamado “fenómeno Fox” hace quince años.

Es interesante ver cómo el panorama nacional ha variado tanto, que mientras se juega la supervivencia del régimen para los tres años que le restan al sexenio federal —proceso en el que se supone que tendría que estar echando toda la carne al asador—, ocurre que un candidato sin partido le disputa palmo a palmo el triunfo electoral a la fuerza política que inicialmente parecía dominante. Ello es muestra de madurez democrática, pero sobre todo del crítico momento por el que pasa el régimen priista, que se supone que iría a afianzarse en las entidades donde ya gobierna, para ir a tratar de recuperar los espacios perdidos.

Rodrigo Medina fue un gobernador de claroscuros en Nuevo León, al que hace cuatro años le explotó en las manos la crisis generada por la inseguridad y la disputa del territorio entre bandas rivales, y contra todos los pronósticos no sólo soportó la situación sino que salió avante presumiendo hoy a una de las mejores policías del país. Nuevo León no dejó de ser la entidad pujante de la economía nacional.

Pero aún así —con las aparentes buenas cuentas— resultó que el Gobernador, y el Presidente, no pudieron conseguir que el proceso electoral fuera un día de campo para su candidata. Lejos de eso, la campaña ha sido una tormenta que pareciera no tener para cuándo tocar fondo, y en la que ninguno de los capitales políticos federales ha tenido la posibilidad de permear. El activo que era hasta hace poco tiempo Enrique Peña Nieto hoy parece intrascendente en la batalla por la gubernatura, y por momentos hasta pareciera ser un lastre. El partido gobernante —es el mismo (el PRI) a nivel local y federal— no consigue afianzar ninguna posibilidad de ventaja. Y mientras eso pasa, el Bronco continúa creciendo en términos electorales.

Esto, independientemente del resultado, tendrá que dejarle diversas lecciones al partido gobernante, para las elecciones futuras. Una de ellas, fundamental, es que como partidos no podrán continuar tomando decisiones indefinidamente sin tomar en cuenta a la ciudadanía. Otra, que no podrán seguir engañando eternamente a los electores con demagogia. Y quizá la tercera gran lección radicaría en que las elecciones anteriores habrían dejado de ser antecedente para las posteriores. A partir de eso tendrían que construir sus escenarios electorales, en tres de las entidades que cambian de Gobernador en 2016, y que presentan escenarios tanto o más interesantes que el actual de Nuevo León en este proceso electoral.

COMICIOS 2016

Veamos el asunto en perspectiva. Oaxaca, Puebla y Sinaloa cambiaron de Gobernador en 2010. Las tres eran entidades gobernadas por el PRI, y en las tres ocurrieron sendas alianzas de partidos para ganarle la gubernatura al partido tricolor. Esto ocurrió a manos de tres ex priistas. Hoy, el escenario particular radica ya no únicamente en cómo cada uno de éstos gobernadores buscará retener las gubernaturas para sus propios grupos o los partidos con los que hoy se identifican, o en cómo el PRI intentará recuperar para sí estas entidades. En el fondo todos tendrán que buscar la forma de no abrir espacios inexplorados a través de las candidaturas independientes.

Esto, de alguna forma, pareciera un escenario de sobrevivencia de la partidocracia. Pues es evidente que no existe ninguna garantía de que no pudiera llegar a existir una candidatura independiente, como tampoco de que cualquiera de esos tres gobernadores —o el gobierno federal priista, en su propia trinchera— tenga el siguiente triunfo electoral en las manos. Si ese ya es un problema grande entre oficialismo y oposición, lo siguiente que tendrían que comenzar a pensar es en candidatos legitimados, en plataformas políticas reales y posibles, y en la necesidad de refundar la alianza que dicen que tienen con la ciudadanía, pero que nadie ha visto en los hechos en las últimas décadas.

Hoy ya no sólo se enfrentan a las calamidades propias de un proceso electoral. El PRI, en una de las trincheras, se enfrenta a sus adversarios naturales de las otras fuerzas políticas, pero ahora también tendrá que enfrentar a los que no tienen partido. Esta cuestión es particularmente llamativa porque en términos de estados gobernados, había una expectativa inicial de que el PRI podría retener los estados que gobierna, y comenzar a recuperar los perdidos. Hoy vemos que está pasando lo contrario. Y entonces comienza a verse que las fisuras que presenta el régimen de partidos son mucho más profundas de lo que hasta hoy todos han querido aceptar.

EL PARTIDO CRISTIANO

Quienes conocen la operación del Partido Encuentro Social, dicen que tienen genuina confianza en ganar por lo menos una diputación federal a través de la estructura que dicen tener en los feligreses de los templos cristianos que hay en la entidad. Es un contrasentido pensar en un partido político cristiano. La separación Iglesia-Estado vive tiempos aciagos.

Candidaturas ciudadanas: ¿dejaremos que partidos las colonicen?

Jaime Rodríguez Calderón

+ Defender la ciudadanía: ir contra la mentira, el encono y coacción


Las candidaturas independientes a cargos de elección popular son un hito en el escenario político actual de nuestro país, y por eso los ciudadanos debemos defender con todo denuedo su intención y su importancia. En Nuevo León existe una primera expresión importante de la competitividad de una candidatura independiente, y por eso dicha figura política será de particular atractivo para los partidos políticos. Si no cuidamos, desde la ciudadanía, a las candidaturas independientes, pronto serán colonizadas —y anuladas— por la partidocracia.

En efecto, el candidato independiente de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, es el primero que logra convertirse en un potencial gobernante surgido desde fuera de los partidos. Ex priista, Rodríguez Calderón reunió los requisitos para acceder a una candidatura independiente, que al inicio no le hacía ninguna mella a la candidata del PRI, Ivonne Álvarez, que se sentía segura en el triunfo.

Hace tres semanas, cuando los tricolores repararon en el crecimiento de Rodríguez como candidato, e iniciaron una fuerte campaña de guerra sucia en su contra. Intentaron exhibirlo como mentiroso y corrupto… en un escenario en el que lo único que estaban haciendo era tratar de bajarlo al nivel de la reputación que tienen los candidatos de los partidos políticos. ¿El resultado? Una mella menor, que no sólo no lo bajó de la contienda, sino que lo relanzó a tal grado que ya otro candidato (Fernando Elizondo, de Movimiento Ciudadano) declinó a su favor, con lo que ahora sí se abren las posibilidades de que gane los comicios y se convierta en Gobernador.

Todo esto, tiene mucho de significativo, y rebasa a la persona de Rodríguez Calderón. Es decir, que las mayores expectativas de la ciudadanía en la primera candidatura independiente que puede llegar a ganar unos comicios, no debiera centrarse en la persona del llamado Bronco. No es aún posible saber qué tan buen gobernante será, o si será un demagogo como lo han sido otros en el contexto de que son populares pero ineficaces, o incluso si se convertirá en un estruendoso fracaso como en su tiempo lo fue Vicente Fox, que llegó con una legitimidad afianzada y la perdió cuando se reveló su extravío mental y su incapacidad como figura de gobierno.

Por eso, más bien lo que debemos buscar es la defensa de las candidaturas independientes, como una forma de expresión política auténtica que rompe con el monopolio del acceso al poder público, que hasta hace muy poco tiempo tenían los partidos políticos. Aunque esto último suena a lugar común, es trascendental que los partidos hayan finalmente abierto el abanico del acceso al poder, que tuvieron en posesión durante décadas. No era posible pensar si quiera en convertirse en candidato a algún cargo de elección popular si antes no se contaba con el respaldo de una fuerza política, que irremediablemente terminaba alineando a la persona a los intereses del partido.

¿Cuántas veces no vimos a hombres de la vida cultural, académica, social y científica del país —que se supone que eran ciudadanos invitados por las fuerzas políticas a integrar y enriquecer la labor pública—, o convertirse en defensores a ultranza de los intereses de su partido, o rebelarse a las decisiones tomadas desde la cúpula partidista, pero terminar siendo expulsado no del partido o del cargo, sino del futuro político porque finalmente la partidocracia no acepta mentes libres o personas con convicciones, sino que por lo general demanda lealtades absolutas e inopinadas, e individuos con amplia capacidad de ejercer sus cargos con pragmatismo.

A DEFENDER LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES

En ese contexto, el éxito —quién sabe si triunfo en los comicios, pero hasta ahora éxito— de la candidatura del Bronco, irremediablemente va a generar al interior de los partidos, la búsqueda de lobos con piel de oveja. Rodríguez Calderón no alcanza a serlo, pero nadie duda que dentro de poco tiempo surjan personajes que desde los partidos políticos busquen “colonizar” las candidaturas independientes para ponerlas, como una vía alterna, a favor de los intereses de la partidocracia.

No es extraño que algo así pueda pasar, porque finalmente no es orgullo ni honradez lo que está en juego, sino grandes capitales políticos y económicos, así como el elemental mecanismo de control a través de estructuras, que las fuerzas políticas buscan siempre tener a través de los gobiernos, como una forma simbólica del poder que tienen dentro de un territorio controlado.

Por eso, frente a un candidato independiente, que buscaría ejercer el poder al margen de las lealtades y los intereses de los partidos, y que buscaría implantar una lógica distinta dentro de la relación del poder con los momentos electorales, los partidos finalmente buscarán hacerse de esos espacios para ponerlos a su servicio. Frente a eso, a los ciudadanos no nos queda más que defender las candidaturas independientes, y sólo avalar a quienes verdaderamente tengan una intención relacionada con servir a la ciudadanía, antes que a los partidos.

No hay otra forma de presionar a que eso pase, por un lado demandándole —con votos en contra— a los partidos que eliminen el encono y la división que siempre tratan de sembrar en la ciudadanía para desalentar la participación ciudadana; y por el otro respaldando sólo a las verdaderas candidaturas ciudadanas que den certidumbre de que no terminarán convertidos en satélites al servicio —o como verdaderas comparsas— de los partidos políticos.

Eso es muy importante. La ciudadanía ya no tiene por qué necesariamente soportar la situación de tener que elegir a un partido, o anular su voto. Pero esa defensa vigorosa no puede darse más que de la forma conocida y legal: es decir, rechazando las malas prácticas de los partidos, y alentando la participación de la ciudadanía cuando pueda darse. Algo fundamental es rechazar a los mimetizados que buscarán colonizar y anular las candidaturas ciudadanas. Se puede hacer, no vendiendo la firma de respaldo, no votando por ellos, y no alentando un vicio que sólo le hará más daño —y le causará más desilusión— al ya de por sí lastimado sistema democrático de nuestro país.

AQUÍ NO HAY

Es lamentable, pero en Oaxaca no existen aún esas expresiones de ciudadanía que ya quisiéramos ver. Mientras, habrá que ver si alguno de los candidatos rescata un poco de la dignidad e inteligencia con que se deben hacer propuestas en una campaña. Aunque no estamos seguros que pase.