Columna Al Margen

La SCJN ahora, tira por completo Ley de Sistemas Electorales Indígenas

almargenoaxaca

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octubre 21, 2015

+ La corte reprueba el agandalle del Congreso local sobre pueblos indígenas

El lunes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expulsó del orden jurídico estatal la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. En su resolución, el más alto tribunal de justicia en el país decidió no entrar al estudio del contenido de la norma impugnada e interpretando de forma extensiva uno de los conceptos de invalidez presentado por el Partido Social Demócrata de Oaxaca en una acción de inconstitucionalidad, la Corte censuró abiertamente el agandalle que la LXII Legislatura intentó consolidar a través de esta norma.

En efecto, en su sesión del lunes la Corte dio cuenta de tres acciones de inconstitucionalidad, acumuladas para su resolución, que fueron promovidas por los partidos Acción Nacional, Unidad Popular y Social Demócrata sobre la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. Aunque los ministros habrían podido entrar al estudio de la norma, para verificar si su contenido se apegaba a la Constitución, al final decidieron invalidarla completamente a partir de un argumento que ellos mismos perfeccionaron. Ello, para el Congreso local, constituye un revés igual de trascendente que el relacionado con la Ley de Instituciones y Partidos Políticos del Estado de Oaxaca, que fue también expulsada del orden jurídico por la Corte el 5 de octubre pasado.

Es necesario repasar algunos argumentos vertidos por los integrantes de la Suprema Corte el pasado lunes. Pues como lo apuntó el ministro ponente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, en este caso la Corte tomó una decisión trascendente al invalidar toda la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, al considerar que el Congreso local quebrantó un principio establecido en el artículo 2 de la Constitución federal. Dicho principio —relacionado con el derecho a la consulta de los pueblos y comunidades indígenas— fue medianamente esgrimido por el PSD en su demanda, pero fue particularmente ampliado por los Ministros para permitir una invalidación total de la norma sin siquiera entrar al estudio de su contenido.

En su demanda, el PSD señaló como concepto de invalidez lo siguiente: “Asimismo, por disposición expresa del artículo 2o —constitucional— el Estado debe establecer instituciones necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los pueblos indígenas, además, dichas instituciones deberán ser diseñadas y operadas en conjunto con dichos pueblos, por lo tanto, la designación o elección de los consejeros que integran el Consejo Estatal de Sistemas Normativos Electorales Indígenas, así como las normas que rigen su integración y forma de elección, contravienen estas disposiciones constitucionales, ya que no toma en cuenta a los pueblos indígenas con las esfericidades (sic) que le deben ser garantizadas”.

UN NUEVO REVÉS DE LA CORTE

No siempre ocurre, pero en este caso los ministros decidieron anclarse a ese concepto de invalidez para ampliarlo, y concluir en la invalidación total de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas. En su exposición, el ministro Pardo Rebolledo estableció como argumentos centrales los siguientes:

“En este asunto se impugna la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca, en donde se pretende generar una serie de disposiciones y de instituciones que tienden, desde luego, a proteger los derechos de estos grupos indígenas relacionados con aspectos electorales, pero que de las constancias que fueron remitidas a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación relativas al proceso legislativo que antecedió́ a la expedición de esta norma no se advierte de ninguna de ellas que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas en relacion con la expedición de estas normas.

Si retomáramos estos precedentes y consideráramos que en este caso hay violación al artículo 2o constitucional, tomando, desde luego. la causa de pedir porque —insisto— no hay un argumento explícito o concreto sobre el punto de esta participación o esta consulta a los pueblos indígenas, sino sólo de violación al 2o constitucional, me parece que, conforme a la causa de pedir y habiéndose señalado como violado el 2o constitucional pudiéramos tomar en cuenta este argumento para llegar a la conclusión de que al no haber evidencia de que se hubiera dado participación a los pueblos indígenas para la expedición de esta ley, ese solo motivo traería como consecuencia la invalidez de la ley en su integridad, en su totalidad”.

Con estos argumentos centrales, nueve de los diez Ministros respaldaron plenamente la propuesta, y ésta se convirtió en la segunda ley emitida por la LXII Legislatura de Oaxaca, que en menos de un mes es expulsada del orden jurídico estatal, por los vicios y violaciones constitucionales en que incurrió al momento de emitir esta norma, que en este caso consistieron en no considerar el derecho a la consulta que tienen las comunidades indígenas cuando se pretende emitir normas que incidan en su vida económica, social o política.

Esto era previsible. En nuestra entrega del pasado 24 de agosto, apuntamos que sobre este conjunto de determinaciones [la emisión de la Ley de Sistemas Electorales Indígenas, y el nombramiento de los integrantes del Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que adscribieron al IEEPCO pero que quedó de hecho sometido al Congreso local] “vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación”.

CONGRESO REPROBADO

Ya vimos cómo, finalmente, tomando como base estas mismas razones, la Corte terminó invalidando esta norma, e implícitamente reprobando de manera hasta escandalosa la actitud oprobiosa de la LXII Legislatura de creer que su soberanía era total, y que podía emitir normas a placer y a su conveniencia, y sin considerar el marco constitucional federal al que —les guste o no— se encuentran también sometidos como una más de las partes integrantes de la federación mexicana.

Nuño ¿“presidenciable”?: que rescate educación, más allá del discurso

almargenoaxaca

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octubre 20, 2015

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+ Descentralizar atención educativa es un paso; elevar su calidad, esencial

Es muy sintomático, políticamente hablando, que hoy el gobierno federal promueva que toda la atención de la opinión pública, y de la clase política del país, esté puesta en el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer. La intención es evidente: ante la carencia de liderazgos sustantivos, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto busca hacer crecer a un tercer elemento rumbo a la sucesión presidencial de 2018. Ese tercer elemento es Nuño. Sólo que, desde ahora, es importante comenzar a vislumbrar qué circunstancia podría abrirle las puertas presidenciales al Secretario de Educación.

En efecto, a pesar de que la reforma educativa fue la primera que se concretó en el gobierno del presidente Peña Nieto, y que es la que más se ha puesto en entredicho por los titubeos federales en su implementación, es claro que prácticamente desde que tomó posesión de su actual cargo, Nuño Mayer ha concentrado toda la atención de los medios informativos, de los estímulos del gobierno federal sobre su agenda política, y de buena parte de los actores políticos en el ámbito federal, en las entidades federativas y en el sector educativo. Básicamente, Nuño apareció como el hombre que lograría aterrizar la reforma educativa. Y han intentado explotar esa percepción, fabricada desde el propio gobierno federal.

Desde hace tiempo, a Nuño se le presentó como el verdadero orquestador de la reforma educativa. Cuando Emilio Chuayffet era el Titular de la SEP, Nuño parecía ser su contrapunto dentro del gobierno federal, a tal grado que Chuayffet siempre pareció un actor secundario en el manejo político del tema educativo. Ello, sin embargo, nunca significó que el conflicto con la CNTE fuera mejor, o más ordenado, porque en realidad quien lo tenía en las manos era Nuño, o porque en ello se le había marginado a Chuayffet como el portavoz y el negociador político del gobierno de la República ante quienes se resistían a la reforma.

Hace algunas semanas vino el cambio formal del Titular de la SEP, y Nuño se centró en la implementación de la reforma educativa, que tuvo un impulso claro luego de la expropiación que el gobierno federal y el de Oaxaca hicieran del IEEPO a la Sección 22 del SNTE. Ese, que fue más un golpe moral que operativo, tuvo la intención política de demostrar a la sociedad mexicana que el gobierno federal estaba dispuesto a no perder su condición de autoridad, luego de hechos tan bochornosos como la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán, o las revelaciones sobre la gangrenosa corrupción existente en los cuerpos de seguridad federales.

Así, al requisar el IEEPO a la CNTE, la federación jaló la atención nacional y con toda intención reubicó al tema educativo como uno de los centrales de su agenda política, presentándolo incluso como un tema sustancial no de su interés, sino de la agenda de todos los mexicanos.

A Nuño, a la par, lo puso como un actor central de este manejo político. Y la finalidad que ha perseguido es que el Titular de la SEP esté presente en todos espacios de discusión y atención relacionados con este conflicto, y prácticamente no ha habido semana, desde que tomó posesión de la SEP, que el asunto de la reforma educativa no tenga una medida o paso que anunciar, o el establecimiento de una posición frente a las reacciones de la CNTE, que involuntariamente ha contribuido a posicionar a Aurelio Nuño como un personaje central de la vida nacional.

Sin embargo, vale la pena distinguir que toda esta “vida” que ha recibido Aurelio Nuño como actor de la vida política nacional, ha sido artificial. Intencionalmente, se le ha presentado como un personaje fuerte, que es capaz de encarar el reto de enfrentarse a la beligerante CNTE, y de —según— transformar la realidad educativa del país.

Ante esta intención, vale la pena preguntarnos qué debería hacer Nuño, en el mejor de los casos, para ganarse un lugar en la carrera presidencial, a partir de replantear la situación de la educación pública en México.

ACCIONES DE PAPEL

Cuando ha habido voluntad y certidumbre en un modelo educativo recién establecido, las naciones se han puesto la misión de, por ejemplo, incrementar en un periodo de gobierno igual número de años promedio de instrucción en toda su población. En México, los años promedio de educación siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo, y siguen siendo pocos.

Esa es una de las razones que justifican la reforma educativa. Pero la incógnita es si en realidad el gobierno federal confía tanto en su nuevo modelo, y en su nuevo operador (Nuño) como para proponerse una demostración fehaciente y sustantiva de transformar la realidad educativa del país. Y sobre todo, tendríamos —sociedad y gobierno— que entender que esa sería una buena demostración de eficacia que podría abrirle la puerta de la competencia presidencial a un espontáneo, como parece serlo Aurelio Nuño.

El Titular de la SEP no es un político de carrera, ni está antecedido por una carrera como gobernante o como representante popular. En otras palabras: éste es su primer cargo público relevante en una administración federal, y no ha ocupado ninguna responsabilidad ni como Gobernador de una entidad federativa, o como diputado federal o senador. Por esa razón, nos atrevemos a denominarlo como un “espontáneo” no por voluntad propia sino del gobierno federal. Y frente a esa circunstancia, lo único que le quedaría por demostrar es una enorme capacidad operativa como para fijarse una meta que verdaderamente reflejara una transformación en el rubro que le encargó Peña Nieto.

El problema es que no es así. Nuño en realidad está perdido en tareas de corto plazo, como la implementación de planes de estudio o programas de evaluación, o por hacer inversión de infraestructura en las escuelas del país. Esos son logros importantes, pero no transformadores. Y si lo que quiere es crecer, entonces tendría que demostrar más que su supuesta capacidad de gestión y aplicación de los 50 mil millones que dice que invertirá la SEP para mejorar las escuelas.

SOCIEDAD, ATENTA

Nosotros como sociedad también debemos estar atentos a eso, y no dejarnos engañar. Nuño podría ser presidenciable si eleva los índices de calidad de la educación. No hacerlo, y quedarse en la planeación para “sentar las bases” podría hacerlo prácticamente cualquiera. Esa es la pequeña gran diferencia que todos debemos distinguir.

Gobierno-CNTE: ¿cómo van a hallar el equilibrio para convivir?

almargenoaxaca

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octubre 19, 2015

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+ Magisterio: moderados y radicales, necesitan sus vías de escape

En apariencia, hoy sólo existe un canal de diálogo entre el Estado y el magisterio disidente aglutinado en la CNTE. Ese diálogo parece versar únicamente en la lógica de la exigencia magisterial de condiciones para negociar las condiciones de implementación de la reforma educativa, y la negativa gubernamental a abrir esos canales, mientras ello constituya la apariencia de un chantaje. Esa idea de la inexistencia de canales de entendimiento debe quedar sólo en la corteza. Pues debiera ser un asunto de consideración seria, el cómo va a hacer el Estado para ofrecer las vías de despresurización necesarias al interior de la CNTE, y cómo a su vez ésta parece estar intentando equilibrar sus posiciones entre radicales y moderados.

En efecto, a lo largo del presente mes hemos visto cómo la Coordinadora emprendió dos intentos abiertos de paros regionales de labores docentes para exigir mesas de diálogo con la federación, y cómo el gobierno federal respondió con un solo argumento: que cada maestro que abandonara las aulas sería sancionado con su correspondiente día de salario descontado, y que quien acumulara tres faltas injustificadas durante octubre, sería despedido.

En medio de esos argumentos —que corren en paralelo sin tocarse— surgieron las posiciones de los gobiernos estatales de Oaxaca y Guerrero. Mientras el gobierno oaxaqueño anunció, a través del IEEPO, que descontaría salarios a los maestros faltistas, el Gobernador de Guerrero pidió comprensión y tolerancia con los profesores de aquella entidad. Ante ésta última consideración, el gobierno federal volvió a responder argumentando que no compartía la postura del gobierno guerrerense, y que si la administración del gobernador Rogelio Ortega no hacía lo necesario para efectuar los descuentos, los funcionarios involucrados también serían sancionados.

¿Qué queda en medio de todo esto? Evidentemente, en medio queda, por un lado, el mosaico de posiciones que convive al interior de los órganos de dirección de la CNTE; y por el otro, la preocupación —y la responsabilidad— que deben tener el gobierno federal y los de las entidades federativas involucradas (Oaxaca y Guerrero, básicamente) sobre el control de las bases radicales del magisterio, que tienen incluso identidad con sectores de la guerrilla, y otras organizaciones que sí están en posibilidad de optar por la violencia como forma de resolver sus demandas. ¿De qué hablamos?

De que desde siempre se ha sabido que el magisterio de la CNTE no es homogéneo, y que dentro de él confluyen grupos moderados y radicales, que permanentemente luchan por imponer sus determinaciones al interior de sus órganos de dirección, sobre los mecanismos y los fines que deben perseguir en su lucha política. Por eso hemos visto cómo esa confluencia de moderados y radicales, y sus crecidas y caídas, impactan en las formas de lucha que plantean, y en los fines que establecen para su lucha.

Y ese, de hecho, era uno de los temas que causaban más preocupación en los estratos gubernamentales, primero cuando se emitió la nueva legislación educativa, y después cuando en entidades como Oaxaca se requisó el IEEPO a la estructura de la Coordinadora para que el gobierno de Gabino Cué —e indirectamente el gobierno federal— tomara el control de la educación pública en la entidad.

En el escenario de crisis, finalmente lo que se demostró es que la CNTE pudo procesar moderadamente la situación, y que se plantearon un escenario de mediano plazo, antes que buscar el choque directo e inmediato, como sí lo sugirieron las alas más radicales cuando el gobierno de Oaxaca anunció la expropiación del IEEPO a la Coordinadora. Lo particular, ahora, es que la Coordinadora entró nuevamente en la ruta de conflicto entre sus grupos moderados y radicales. Y eso es lo que parece explicar las acciones de las últimas semanas, el endurecimiento retórico de las posiciones federales respaldando a Oaxaca, y la “moderación” que pide el gobierno de Guerrero. ¿A algo hay que temerle?

MODERACIÓN, ¿PARA QUÉ?

Hay que leer con atención lo que afirmó el Gobernador de Guerrero cuando se pronunció por no descontarle a los maestros que realizaron un paro de labores el pasado 12 de octubre. Según declaraciones publicadas en medios informativos, Rogelio Ortega insistió en que no se debe descontar el día a los maestros de la CNTE. Ortega dijo que pidió al titular de la SEP, Aurelio Nuño, no hacer efectivos los descuentos, ya que es parte del trabajo que ha hecho para reconstruir la gobernabilidad en el estado.

¿Es este entonces un asunto de gobernabilidad o de administración educativa?, debiéramos preguntarnos. Y la respuesta es que, en un primer momento, sí es un tema administrativo, pero que en el fondo es también —y sobre todo— un asunto de gobernabilidad. ¿Por qué? Porque la mayor presión la ha ejercido el gobierno federal en Oaxaca, donde sí hay una comunión federal-estatal para aplicar la reforma educativa y para no ceder frente a la CNTE; pero parece que en Guerrero están buscando la forma de abrir una válvula de escape. Esa presión es la que insiste en una respuesta “combativa” a las acciones gubernamentales para implementar la reforma educativa.

Sobre esto, los grupos más radicales de la Coordinadora siguen dando luces. Por ejemplo, en El Insurgente, órgano de difusión del EPR (núm. 165, 09/2015, pág. 20), intentan responder a la pregunta de qué hacer frente al intento del Estado de implementar la reforma educativa: “(responder) de manera organizada y decidida, sin titubeos, con determinación y con la táctica de la resistencia popular activa y combativa. La lucha contra las reformas burguesas neoliberales debe trascender los marcos del espontaneísmo, localismo y dispersión orgánica, política e ideológica; organizarse y desarrollarse desde una perspectiva de clase, es decir, desde la concepción marxista de la lucha de clases, en donde no hay espacio a la ingenuidad política, posiciones conciliadoras y derrotistas, por tanto no hay espacio a las formas burguesas de hacer política en tanto que éstas están diseñadas para que la burguesía salga fortalecida”.

SITUACIÓN DELICADA

¿Debe haber moderación? En algún punto, sí. Pues los radicales no quieren negociar, conciliar o aceptar derrotas. Ellos quieren todo o nada. Lo cual significaría, en algún punto, violencia. Por eso, a pesar del discurso federal duro, la posición del gobierno de Guerrero es no justificable, pero sí entendible.

El Congreso y los partidos deben promover, no derruir, la democracia

almargenoaxaca

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octubre 16, 2015

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+ OPLE-IEEPCO debe dejar de estar bajo el asedio del interés partidista

Frente a las circunstancias, no está de más la pregunta siguiente: ¿a quién le conviene socavar la democracia representativa en Oaxaca? Si las dirigencias o representaciones políticas de los partidos se vieran obligados a responder tal cuestionamiento, necesariamente tendrían que decir que, a cualquiera, menos a ellos. Si a los partidos no les conviene el descrédito de la democracia y los procesos electorales, como el que está en puerta en la entidad, ¿por qué son ellos quienes lo promueven?

En efecto, la pregunta no es menor, y más bien debe verse a la luz de las propias circunstancias: como la autoridad electoral quedó políticamente debilitada por el efecto que causó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma político-electoral realizada por la Suprema Corte, entonces todos —partidos, candidatos, organizaciones y camarillas— asumieron que Oaxaca es tierra sin ley en materia electoral, y desataron una feroz guerra por la gubernatura y las posiciones políticas que se disputarán en 2016.

Hasta ahora, lo han hecho con libertad porque la autoridad electoral pareciera que no alcanza a reorganizarse. Pero si lo que se pudiera esperar es que el propio Estado sentara la bases para una competencia prudente, equitativa y democrática, resulta que éste promueve exactamente lo contrario. Y el resultado es una competencia fuerte y “nutrida” pero también corrosiva y con altos riesgos de convertirse en suicida, porque pareciera que está matando toda la credibilidad y certeza en la democracia representativa que encuentra a su paso.

Esta cuestión es seria. Pues pareciera que de nueva cuenta los partidos pasan por alto que no es lo mismo luchar por el poder, que luchar contra el poder. En los hechos, al tratar de hacer lo primero, terminan haciendo lo segundo. Y el problema es que si bien ambas cuestiones tienen por objeto conseguir el poder, en la primera se lucha dentro de las reglas y las instituciones establecidas por el propio Estado, en la segunda lo que se hace es socavar todas las bases en las que descansa el sistema democrático, hasta dinamitarlas, para —según— construir un nuevo sistema basado en reglas distintas.

Así, si se supone que el ejemplo clásico de la primera definición debiera ser la lucha entre partidos, y el de la segunda sería la lucha armada, resulta que en los hechos es el propio sistema de partidos, por sus propios vicios, quien intenta socavar las bases de la democracia representativa en aras no de construir un nuevo sistema, sino simplemente de alcanzar el poder.

Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Parece que los partidos ya perdieron toda noción sobre los límites que deben guardar. Por eso alientan disimuladamente las campañas anticipadas, no moderan a quienes aspiran a un cargo público bajo sus siglas, y a través de sus representaciones legislativas continúan tratando de colonizar al órgano electoral. El conjunto de ese quebranto de normas, y de debilitamiento de la autoridad electoral, es una ciudadanía incapaz de creer en su sistema de partidos.

Pues si ven que los mismos partidos son los promotores de la ruptura únicamente para tratar de sacarle algo de ventaja a sus adversarios, entonces a todos termina quedándoles claro que sólo se puede ganar una competencia electoral rompiendo las reglas, minando a la autoridad y tomando superioridad “a la brava”.

Eso finalmente no beneficia a nadie. Porque gane quien gane, y pierda quien pierda, de todos modos el resultado electoral va a ser cuestionado e impugnado, y de todos modos al final todos van a acusar las mismas irregularidades de las que todos son asimismo copartícipes. ¿Quién pierde? Pierde la democracia; pierde la ciudadanía y, en el fondo, pierden los mismos partidos que con esa competencia feroz y caníbal están engullendo su propio valor como fuerzas representativas de la ciudadanía organizada.

VAN TRAS LA AUTORIDAD

Uno de los aspectos relevantes que invalidó la Corte respecto a la ley electoral en Oaxaca, y que se le ha dado poca importancia, es lo relacionado con la excesiva injerencia que el Congreso del Estado se otorgó en la conformación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque la tendencia nacional apunta a que éstos órganos sean cada vez más ajenos a las tentaciones colonizadoras de los partidos y poderes locales, resulta que aquí ocurrió exactamente eso.

¿Qué facultades se dio el Congreso? Por ejemplo, la de continuar interviniendo en la conformación de las direcciones ejecutivas y órganos técnicos del Organismo Público Local Electoral; en la creación de un Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que también rompía con la autonomía del organismo, y con la dependencia que éste debe tener únicamente al Instituto Nacional Electoral. Y así como esas, la Corte invalidó diversas disposiciones que tenían por objeto justamente que los grupos parlamentarios en el Congreso local —es decir, los partidos— continuaran “metiéndole mano” a la autoridad electoral, como si con ello ganaran algo.

Ayer justamente, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntaba en un texto denominado “En defensa de la autonomía de los OPL” y publicado en El Universal, lo siguiente: “Dado el sentido de la reforma electoral, es fundamental que el personal directivo de los OPL (en sus oficinas estatales, distritales y/o municipales) sea designado sin ningún tipo de injerencia de algún poder o autoridad. Lo contrario implicaría contravenir el concepto de los organismos constitucionales autónomos y los propósitos mismos de la reforma…

“No puede haber confusiones: la autonomía constitucional de los OPL se estableció respecto de los poderes locales, y en contraparte, estableció los vínculos y herramientas para que el INE intervenga en el funcionamiento de esas autoridades electorales para garantizar la imparcialidad de los comicios en los estados. Por ello los nombramientos son decisiones que deben tomarse con amplios consensos, no con mayorías simples, menos de manera unipersonal, e invariablemente deberán hacerse honrando la autonomía que gozan frente a los poderes locales”.

QUE EN OAXACA LO ENTIENDAN

Eso es lo que falta: que los grupos políticos en Oaxaca entiendan que no pueden continuar socavando todo lo que encuentran a su paso únicamente porque no se ajusta a sus intereses políticos. Y eso está en riesgo de provocarle un daño total y permanente a nuestra incipiente democracia en Oaxaca.

En Oaxaca los tiempos electorales se volvieron tierra sin ley

almargenoaxaca

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octubre 15, 2015

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+ Los aspirantes deben moderarse; el excederse es contraproducente.

El proceso electoral está en fase de preparación, y en todos los partidos las cosas están que arden. La falta de reglas electorales claras, el revés de la Suprema Corte a la legislación electoral de la entidad, y la incapacidad tanto del órgano electoral, como de partidos y candidatos por establecer una línea de moderación, están provocando un desbordamiento anticipado y total de los ánimos electorales. Si seguimos como hasta ahora, llegaremos a la mitad del proceso electoral en medio de una guerra política, y esto culminará con un resultado cuestionado por todos. Si esa es la expectativa, entonces vamos muy bien. Pero si no, es buen momento para detenerse.

En efecto, el proceso electoral se declaró abierto el 8 de octubre, y a muchos todavía les queda duda por qué, si apenas tres días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado prácticamente toda la reforma constitucional y legal en materia político electoral de nuestra entidad. Quienes tienen esa duda, se encuentran en un dilema válido: pareciera que al echar por tierra la legislación electoral, lo que quedaba vigente era el anterior sistema y calendario, en el que todo arrancaba en la primera semana de noviembre para que los comicios ocurrieran el primer domingo de julio.

Lo particular, en este caso, es que la jurisdicción de las normas electorales cambió, para pasar de un sistema federalizado de sistemas electorales, a uno centralizado. Es decir, que si antes había una “convivencia” entre normas y órganos electorales que se dedicaban a organizar los procesos electorales federales, y los correspondientes en las entidades federativas, ahora existe un solo espectro electoral que es nacional. Por eso el antiguo Instituto Federal Electoral pasó a ser nacional, y por eso las normas electorales emitidas por el Congreso de la Unión ahora son de observancia general en todo el país. Ese es un problema mayor, a la luz del vacío de autoridad y de la anarquía política que se vive en Oaxaca.

Pues resulta que aquí la legislación electoral se emitió al cuarto para las doce, y con un cúmulo desbordado de fallas que provocaron la invalidación de prácticamente toda la legislación estatal por parte de la Suprema Corte. Este hecho en específico generó una reacción en cadena que de inmediato desacreditó al órgano electoral (que ya no es de integración local, sino que es una extensión del INE) y que abrió un espacio en el que muchos suponen que sólo hay vacío. Ese vacío, creen —quizá válidamente—, es de normas, pero también de autoridad y de límites, sobre lo que pueden o no hacer quienes aspiran a un cargo público en los comicios estatales del año próximo.

¿Por qué el proceso electoral arrancó la semana pasada, si hubo invalidación de la legislación electoral estatal? Porque el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en los procesos para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en las entidades federativas, los comicios deben ocurrir el primer domingo de junio, y por ende los tiempos para la preparación del proceso electoral debían anticiparse a los establecidos en el régimen anterior, en virtud del esa y otras disposiciones de orden nacional.

Ello significa, claramente, que a pesar de que no hay ley electoral local, y que supletoria y complementariamente se aplicarán algunas de las normas del régimen anterior, sí existe una observancia de las reglas establecidas en la legislación nacional vigente de la materia, aunque evidentemente el problema radica en la forma en cómo los partidos y candidatos están entendiendo esta circunstancia.

NO HAY AUTORIDAD

El problema es que todos creyeron que con la caída de las normas electorales, Oaxaca se convertiría en tierra sin ley, para efectos políticos. Eso se alimentó con el enorme descrédito que, gratis, se ganó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al convertirse en cómplice del régimen en la legitimación del Centro Cultural y de Convenciones a través de una consulta que, salvo a sus impulsores y organizadores, no dejó convencido a nadie. Todo eso hizo crecer la estela de ingobernabilidad electoral que hoy es cosa de todos los días en Oaxaca.

Pues a simple vista se puede observar que nadie tiene el menor pudor por al menos guardar ciertas formas de cara al proceso electoral que ya arrancó. Vemos a aspirantes a la gubernatura, en su calidad de servidores públicos, realizando “giras de trabajo” constantes a la entidad, en las que abiertamente ocupan recursos del Estado para la organización de eventos masivos que no tienen otro fin más que el de un acto proselitista.

Vemos a legisladores, ex legisladores y “ciudadanos comunes” impulsando campañas costosísimas a la vista del público, en la que abiertamente promueven sus “logros” —como si no hubieran cobrado dietas y salarios por realizar esa función— o los supuestos beneficios que le llevaron a la ciudadanía. Hay quienes abiertamente ya promueven su nombre, iniciales y propaganda de cara a las encuestas que se realizarán próximamente para medir la popularidad de quienes aspiran a la gubernatura, las diputaciones y los cargos municipales que estarán en disputa el año próximo.

¿Por qué lo hacen sin ningún pudor? Porque no hay autoridad. Porque el IEEPCO parece ser el gran pasmado en todo este devenir de acontecimiento, y parece ser también el gran pagador de las facturas por la incertidumbre jurídica que priva en la entidad no sólo después del revés de la Corte, sino del desaseado trabajo que realizaron los legisladores al impulsar una legislación electoral confeccionada de prisa, y sobre las rodillas.

EL DESCRÉDITO

Al final, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Un proceso electoral salpicado por la ilegalidad, dominado por la incertidumbre y, en resumen, un proceso que terminará siendo cuestionado por todos. Lo que no ven es que con esta rienda suelta al desorden todos promueven la incredulidad por el resultado. Sea cual sea. Esto no lastima a nadie más que a los que hoy invierten tiempo, recursos y capitales en esta lucha. La gran ausente es la autoridad, que desde ahora se ve liquidada y desacreditada, y que no alcanza a generar las condiciones ya no para que alguien la respete, sino al menos para que los actores políticos distingan que a pesar de todo, sigue ahí para ser árbitro de la contienda.

El problema no es la alianza; la cuestión es quién será el candidato

almargenoaxaca

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octubre 14, 2015

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+ En Oaxaca el PAN irá tras el PRD; en Puebla ocurrirá lo contrario

El escenario electoral en Oaxaca está determinado por las circunstancias nacionales, y en ellas ya se dibujan algunas definiciones rumbo al 2016. En la alianza de partidos que gobierna la entidad ya se vislumbra una reedición de la coalición que llevó a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura en 2010. Lo que sigue siendo una incógnita es quién será el abanderado de esa alianza. Y para entender esta situación es necesario considerar no sólo el escenario y las definiciones locales, sino los roles que juegan los distintos grupos políticos al interior del PAN y el PRD en el escenario nacional, y la influencia que eso puede tener en Oaxaca.

En efecto, este fin de semana el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, lanzó la convocatoria “a los institutos políticos que en 2010 coincidieron en la búsqueda de la alternancia”, así como a la sociedad civil, “a construir una gran coalición para impedir que Oaxaca tenga una regresión democrática”. Mendoza dijo que el PAN cuenta con cuadros sobresalientes para la contienda, pero resaltó que esperarán los tiempos dictados por el CEN y, en caso de concretarse la unión de partidos, efectuar la propuesta ante los mismos.

En paralelo, en el PRD —porque el PT perdió su registro como partido político nacional— hay una enorme rebatinga entre la dirigencia estatal, que tiene su propia agenda política, y el Comité Ejecutivo Nacional que atraviesa por un profundo proceso de transformación luego del reconocimiento de las inconsistencias que lo llevaron al peor descalabro electoral de toda su historia, en los comicios federales de 2013, que lo llevaron a una lejana tercera posición como fuerza política nacional y como grupo parlamentario en el Congreso federal.

¿Qué ocurre en el PRD? Que la dirigencia estatal ha delineado una agenda en la que parece estar seguro de poder dictarle a la dirigencia nacional quién será el Candidato a Gobernador por ese partido, y por ende de la coalición de partidos, ante la debilidad del PAN como fuerza política en la entidad.

El problema que parece haber en esa intención, es que la agenda local no corresponde con la agenda nacional del perredismo. Pues mientras en Oaxaca hay un grupo cerrado que pretende impulsar una candidatura en base a intereses políticos y no a competitividad electoral, en el perredismo nacional parecen estar muy claros que la ruta hacia los años siguientes, debe ser la de la búsqueda de triunfos, y no necesariamente la de la satisfacción de caprichos de grupos políticos estatales.

Esta situación tiene un elemento adicional que, con el paso del tiempo y el avance del proceso electoral, incrementará el nivel de complejidad en la toma de la decisión final de quién será el candidato a Gobernador. Pues por un lado, Cué tratará de hacer valer su posición y su fuerza política al interior del PRD como uno de sus gobernadores que más triunfos electorales le ha reportado al perredismo; y por el otro estará la posición delineada por Agustín Basave —inminente dirigente nacional de ese partido— que ha establecido la necesidad de que sea la competitividad quien determine las candidaturas.

Y todo esto se enmarca en el hecho de que las definiciones relacionadas con la conformación de coaliciones y todo lo relacionado con ellas —incluyendo lo relacionado con la definición del Candidato a Gobernador— está definido estatutariamente como una facultad exclusiva del Consejo Nacional del PRD, sin injerencia de los grupos locales, las llamadas tribus, los consejos estatales o los factores materiales de poder en ese partido.

PUEBLA Y OAXACA

En Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle llegó al cargo gracias a una coalición de partidos similar a la que impulsó a Gabino Cué al gobierno de Oaxaca. La diferencia entre Moreno Valle y Cué es que mientras éste último se ha definido como un Gobernador de izquierda, y específicamente del PRD, Moreno Valle está claramente definido como un Gobernador del PAN, que se entrevera con las fuerzas de izquierda de acuerdo con las circunstancias.

En Puebla, el gobernador Moreno Valle tiene claro que la ruta del establecimiento de su sucesor será a través del PAN. Por esa razón, desde hace meses impulsó al ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, como representante de Puebla en la Ciudad de México, no necesariamente como una forma de representación institucional del gobierno poblano, sino como el impulso abierto de quien es su interlocutor político con el panismo. En esa ruta tan delineada en la preferencia del gobernador Moreno hacia el PAN, parece que al PRD no le quedará otro camino que secundar la decisión que ellos tomen de cara a la coalición.

En Oaxaca, las cosas van en un rumbo distinto. Aquí, por la definición de la candidatura a Gobernador, hay una clara disputa entre el senador Benjamín Robles Montoya y el grupo que aparenta ser el respaldado por el grupo gobernante. El primero tiene el soporte de su competitividad electoral, y del respaldo que le han manifestado diversos sectores del perredismo nacional; los segundos, se sienten respaldados por el apoyo institucional del gobierno oaxaqueño y por la influencia del Gobernante oaxaqueño, que intentará hacer valer su posición frente al perredismo nacional.

Al final, será el CEN del PRD quien tenga la definición sobre Oaxaca. Entregarán la candidatura a Gobernador de Puebla al PAN, a cambio de que éste no cuestione la definición perredista en el caso de Oaxaca. Y si la ruta marcada por el consenso perredista nacional, apunta a que debe ser la competitividad electoral lo que determine las candidaturas, entonces lo que se espera en Oaxaca es un fuerte choque de trenes entre lo que quiere el perredismo local, y lo que finalmente decida el Consejo Nacional del PRD.

UNA PERLA

Se lee en un comunicado enviado por el diputado federal Oscar Valencia: En el marco del “Día de la Raza”, Valencia (…) dijo: “con la conquista de los españoles en 1492, hace más de 500 años, los pueblos de México, muchos de ellos aún siguen sin alcanzar su desarrollo integral”. ¿Notan por qué se dice que la educación básica es tan deficiente en Oaxaca? Al diputado Valencia nunca le enseñaron en la primaria —o nunca lo aprendió— que en 1492 sólo ocurrió el descubrimiento de América, y no la conquista de México, que se dio en 1521 a través de la expedición comandada por Hernán Cortés; por esos mismos años ocurrió la conquista de otras civilizaciones en nuestro continente. ¡Pero en 1492 España no conquistó nada!

¿Con pasividad Oaxaca y EPN quieren demostrar que hay reforma educativa?

almargenoaxaca

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octubre 13, 2015

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+ Hechos de ayer demuestran que el magisterio intenta tomar una nueva medida

A las ocho de la mañana de ayer, cuando en un noticiero televisivo de la capital del país entrevistaron al director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, sobre el impacto que había tenido en Oaxaca el llamado al paro de labores de la CNTE, éste soltó una cifra que nadie supo si era totalmente real, o cuál era la estadística que la soportara. Con esos titubeos, y con las declaraciones vacías del titular de la SEP sobre la firmeza de la ley —mientras en Oaxaca los maestros desquiciaban la capital—, todo más bien parecía ser una burla para la sociedad mexicana.

En efecto, ayer ante la pregunta del periodista Carlos Loret sobre el número de escuelas que sí habían tenido labores en Oaxaca, Robles aseguró que era un 35 por ciento. Por el tono y la espontaneidad con la que soltó la cifra, más bien parecía que había improvisado el número para salir del paso, pues luego aclaró que aún no tenía cifras concretas sobre el total de escuelas que abren a las 7 de la mañana que sí habían tenido labores, y que además faltaba que se generara el reporte de cuántas escuelas primarias (que inician la jornada a las 8 am) sí habían tenido clases. Es decir, que según sus propios dichos la cifra ofrecida era un mero número al aire.

Luego, un par de horas después, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación de la capital del país, en la que hizo una larga defensa de la reforma educativa, y repetía una y otra vez que habría descuentos a los maestros que no laboraran este lunes. “estamos de lado de las niñas y los niños, y los maestros que creen que es válido dejar sin clases a los menores están equivocados (…) De tal suerte que no vamos a dialogar bajo presión y mucho menos cuando se está violando la ley; si están haciendo una marcha dejando a niños sin clases, que es el derecho fundamental para exigir diálogo, esa no es la manera de exigirlo”, subrayaba.

Del mismo modo, Nuño intentaba decir, con energía, que en la SEP harían un balance del paro de labores realizado este lunes, y que de inmediato procederían a descontar el día a los maestros que no hubieran ido a trabajar, para posteriormente hacer una revisión de los directores y supervisores que no hubieran hecho los reportes sobre las inasistencias, para que éstos también fueran sancionados administrativamente. Y quienes acumulen más de tres faltas en un mes, serán dados de baja del servicio, reiteraba.

Mientras esto ocurría, los maestros le daban rienda suelta a sus movilizaciones. En la capital oaxaqueña no lograron hacer todas las acciones que habían previsto, pero sí lograron cerrar varios cruceros importantes para la movilidad de una buena parte de la ciudadanía. Aunque no todos participaron en las movilizaciones, sí en la capital y en la mayoría de los municipios de la entidad las escuelas estuvieron cerradas.

Esto significa que, por un lado, los maestros continúan respondiendo a los llamados de su sindicato sobre los paros de labores; por el otro, que no le tienen ningún temor ni a los descuentos ni a la amenaza velada sobre la pérdida de su empleo; y en un tercer ángulo pareciera que ninguno de los llamados de la autoridad han logrado permear entre las bases magisteriales que no reparan en reincidir en la dosis de los paros anunciados y consumados de labores.

¿Qué es lo que más llama la atención? Que a diferencia de algunos otros momentos, en los que el gobierno intentaba hacer presencia aunque fuera simbólica frente a las movilizaciones magisteriales, ahora no ocurrió. Todavía en las primeras horas de la tarde había reportes de que los profesores mantenían bloqueos en varios puntos de la entidad, y ni los discursos del Director General del IEEPO, ni las amenazas del titular de la SEP podían persuadirlos de deponer su decisión de mantener las movilizaciones.

¿Qué significa todo esto? Que al menos ayer, en Oaxaca volvimos al pasado. Ese pasado en el que la autoridad es una caricatura; en el que los maestros hacen y deshacen a placer; y en el que la ciudadanía es presa silenciosa de la ira magisterial sin control. ¿En esas condiciones quieren que creamos que ahora sí la reforma educativa va, y que las cosas van a cambiar en Oaxaca?

NO HAY REFORMA

Podemos suponer válidamente que los profesores oaxaqueños, y de varias entidades del país, siguen pensando que todo eso de los descuentos y los ceses por inasistencias, es una falacia que únicamente sirve para asustarlos pero que no va a ocurrir porque la SEP —que es ahora quien paga directamente la nómina magisterial en todo el país— no tiene el control de las incidencias y, le guste o no a Aurelio Nuño, los coordinadores, directores y supervisores de todo el sistema educativo nacional —y más aún los de la CNTE, que tienen un adoctrinamiento profundo sobre su militancia y lealtades políticas— siguen siendo profesores que, sin excepción, velarán por cuidar a sus compañeros, antes que entregarlos a la autoridad para que les descuenten.

Incluso, se puede suponer válidamente que los profesores tienen esa idea porque en realidad el único paro de labores que habían realizado antes que el de ayer, fue el del pasado 2 de octubre, cuando también se tomaron el día para protestar en las calles, o simplemente como de asueto, ante el llamado de su sindicato para cerrar las escuelas. Son dos paros de labores de un solo día en lo que va de una quincena.

¿Qué debería hacer entonces la SEP? Descontar cuanto antes, los días no laborados. Pero para eso necesita tener respaldos documentales —es decir, reportes de inasistencias— que quién sabe si llegue a conseguir sobre el 70 % por ciento de los profesores que no laboraron el 2 de octubre; y sobre el 65 % que según el director del IEEPO no fue ayer a clases. Sólo así podría descontar y no meterse en problemas. De lo contrario, descontará y luego reintegrará ante su imposibilidad de comprobar la inasistencia. Irremediablemente, para esos efectos, todos los profesores habrán laborado, y todos serán blanco de una persecución política. Podemos adelantarlo.

LA PRUEBA DEL ÁCIDO

Si este escenario previsible, ocurre, entonces estaremos ante el ocaso material de una reforma educativa que ha sido muy cuestionada, muy defendida, y muy implementada hasta con el cuidado de la fuerza pública, pero que no podría sortear la circunstancia del proceso administrativo para hacerla valer.

El CCCO, ¿qué destino tiene frente a la siguiente administración?

almargenoaxaca

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octubre 12, 2015

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+ Es necesario aceptar el proyecto, no transar con él… como la velaria

La instalación de la velaria en el Auditorio Guelaguetza, fue una de las banderas políticas de la actual administración, cuando hace seis años era el principal grupo opositor al grupo que entonces gobernaba la entidad. Esa situación deben verla en perspectiva, a la luz de varias posibilidades relacionadas con el Centro Cultural y de Convenciones, que por el rechazo, la polémica y la incertidumbre que genera, hoy por hoy es al actual gobierno, lo mismo que fue la velaria para la gestión del gobernador Ulises Ruiz.

En efecto, es importantísimo ver el destino que tiene la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, a partir de una circunstancia específica: en los trece meses y medio que le quedan de gobierno a Gabino Cué, su gobierno difícilmente podrá culminar las obras relacionadas con el estacionamiento del complejo, y es prácticamente nula la posibilidad de que termine toda la edificación del CCCO.

Por esa razón, era muy importante una legitimación real del proyecto —y no el engaño que terminó siendo la consulta ciudadana realizada hace dos fines de semana—, para que éste no quedara al arbitrio de los cálculos políticos del gobierno que arranque en diciembre de 2016 —quizá contrario al actual, quizá no—; o simplemente fuera blanco del olvido o la connivencia, como lo fueron para esta administración varias obras como la velaria del Auditorio Guelaguetza, o los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Judicial.

En este sentido, es claro que el gobierno estatal debe revisar con puntualidad todos los escenarios, a partir de diciembre de 2016. Una de las posibilidades (la esperada, pero no necesariamente posible) era que por su grado de legitimación y respaldo ciudadano, la administración siguiente se viera obligada a continuar las obras del CCCO tal y como la dejó planeada el gobierno saliente.

Otra (más posible) es que el CCCO termine siendo una de las banderas políticas para los tiempos electorales, y que por tratar de conseguir respaldo ciudadano algún candidato o partido ponga en la arena electoral la promesa de no continuar con la obra del Centro de Convenciones, para captar la simpatía —y, sobre todo, el voto— de los que rechazan la obra. Una tercera posibilidad, radica en que simplemente el siguiente gobierno se desinterese de la obra, por no ser un proyecto propio ni respaldado por la ciudadanía.

A partir de este análisis, el gobierno de Gabino Cué debe revisar qué hizo con la velaria del Auditorio Guelaguetza, que en su tiempo fue una obra casi tan polémica y cuestionada como hoy lo es el Centro de Convenciones. Pues resulta que hace seis años (por ahí de 2009) el actual grupo gobernante era oposición, y una de sus varias banderas de rechazo al gobierno de Ulises Ruiz se centraba en la crítica a la arbitrariedad de la instalación de la velaria, y la exigencia de una consulta ciudadana para que los oaxaqueños opinaran sobre ella.

De hecho, abiertamente ellos se decían en contra del proyecto, y durante los tiempos electorales siempre hicieron creer a la ciudadanía que, de ganar los comicios, ellos corregirían esta situación devolviendo a los oaxaqueños un Auditorio Guelaguetza al aire libre, como se supone que la mayoría de las personas lo exigía.

En su momento, esa era una bandera legítima porque ellos, como muchísimos oaxaqueños, no estábamos de acuerdo en que se invirtieran alrededor de 200 millones de pesos en esa obra innecesaria, costosa y de poca utilidad para un recinto que anualmente se utiliza sólo en contadas ocasiones. Aún así, el gobierno siguió el proyecto. Y lo que ya no cuadró fue que sus antiguos opositores, una vez en el gobierno se convirtieran en los principales defensores de la velaria, y hoy tengan la firme intención de utilizar esa misma velaria como parte del contexto de su proyecto del CCCO, que tendría una conexión directa con el Auditorio (techado) para hacer de ambos inmuebles un solo complejo.

EL CCCO NO TIENE PERSPECTIVA

El CCCO se enfrenta a un problema mayor: la legitimación ciudadana que dice el gobierno que tiene el proyecto, es ficticia. Es así, porque a la consulta ciudadana sólo acudieron 19 mil personas (y seis mil votaron en contra), lo cual no constituye ni el uno por ciento de la ciudadanía con que cuenta sólo el municipio de Oaxaca de Juárez. A su vez, la consulta se supone que tenía como objetivo demostrar la aceptación ciudadana, y por ende la legitimidad que le permitiría al proyecto superar el cambio de los tiempos políticos.

No hay tal respaldo ciudadano y por eso lo único que quedaría es que el siguiente gobierno vea la conveniencia (sí, puramente la conveniencia) de continuar con el proyecto. ¿Se recuerda al entonces secretario de las Infraestructuras de este gobierno, Netzahualcóyotl Salvatierra López, argumentando denodadamente a favor de la velaria, cuando el grupo con el que llegó al gobierno la rechazaba firmemente? Su postura era, por un lado, la de un funcionario sometido ya no por la demagogia sino por los compromisos institucionales. Pero sobre todo, dejaba ver un acuerdo de negocios para concretar la obra, ahora con nuevos proveedores y nuevos beneficiarios, entre los que ya se encontraban personas del actual régimen a las que ahora les convenía continuar con el proyecto.

¿Qué ocurrió con los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial? Funcionalmente, el gobierno actual los olvidó, y regresaron a la vieja práctica de llenar de oficinas (ahora denominadas “alternas”, pero también rentadas, con cargo al erario estatal) en el primer cuadro de la capital. De entonces a la fecha, los dos conjuntos inmobiliarios han sido permanentemente soslayados y menospreciados por un gobierno que no sabe si sirven o no, pero que de antemano se decidió a no utilizarlos en sus verdaderas capacidades por ser una herencia del régimen anterior.

¿Qué futuro le espera, en esta perspectiva, al CCCO? Puede ser cualquiera de los antes descritos, los cuales pasan más por las conveniencias que por un verdadero sentido de actuar en función de lo que quiere la ciudadanía, y lo que le conviene al gobierno.

SOBREVALUACIÓN

Por cierto, siguen creciendo las historias (leyendas urbanas, hasta ahora, pero no por ello erradas) de que los terrenos aledaños al CCCO pasan por un momento de jauja. ¿Quiénes serán los adinerados que estarían haciendo en estas semanas, millonarias compras “de oportunidad” con esos predios?

¿Independientes? En Oaxaca no podría haber un “Bronco”

almargenoaxaca

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octubre 9, 2015

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+ Independientes ganan, vale decir, con gente independiente

En Oaxaca varios sueñan con emular a Jaime Rodríguez Calderón, que como candidato independiente ganó la gubernatura de Nuevo León, y este fin de semana pasado tomó posesión en medio de una gran euforia ciudadana, y el respaldo a un político no visto desde hace 15 años cuando Vicente Fox le ganó la Presidencia de la República al PRI. El análisis simple dice que cualquiera que se envuelva en la bandera de “candidato independiente” y tenga un buen discurso, puede ganar. Sin embargo, hay condiciones objetivas que dificultan sobremanera esa posibilidad, en una entidad federativa como la nuestra.

En efecto, en los comicios de julio pasado la novedad fueron, por un lado, Rodríguez Calderón, que arrasó en la elección de Gobernador de Nuevo León como candidato independiente, asestándole una paliza a todos los partidos políticos. En el otro extremo, se ubicó Pedro Kumamoto Aguilar, que también ganó como candidato independiente el distrito correspondiente a Zapopan, Jalisco, y que llamó la atención por el bajo costo que tuvo su campaña y la enorme influencia que tuvo en su destino electoral el uso estratégico de las redes sociales.

En otro extremo se encuentra un contexto como el nuestro, en el que las condiciones sociales, económicas y políticas son totalmente distintas. Oaxaca es una de las entidades federativas que no únicamente concentra más condiciones de pobreza y marginación que casi todas las demás entidades del país, sino que además es una entidad en la que la dispersión poblacional es enorme, y en la que el acceso no sólo a conectividad, sino a servicios básicos de educación son deficientes y limitados en la gran mayoría de los centros de población que, a su vez, son zonas rurales.

En ese contexto, en Oaxaca los procesos electorales no son un asunto de convencimiento, sino una cuestión de dinero y de estructuras electorales. Históricamente, Oaxaca fue uno de los bastiones priistas cuando los comicios se acostumbraba ganarlos invirtiendo recursos económicos para los programas sociales o para el llamado “voto verde” o voto del campesinado, que por décadas estuvo fuertemente adoctrinado, y condicionado con los apoyos gubernamentales, a que dieran siempre su voto al PRI.

Cuando llegó la pluralidad de partidos al país, lo único que cambió en Oaxaca fue el color del partido que generaba la movilización y el uso de los recursos; pero finalmente ha sido un uso y costumbre que las elecciones las gane quien reparte más recursos, quien utiliza con mayor eficacia los programas de asistencia social con fines electorales, y quien crea la mejor estructura de promoción y captación del voto. Todo eso lo saben priistas, panistas y perredistas, porque todos han ejercido esas prácticas por igual para ganar los espacios de los que hoy gozan.

¿Cuál es la diferencia? Que, por un lado, las normas electorales abrieron la posibilidad de las candidaturas independientes, y esto ha incrementado el número de personas que quieren competir por un cargo de elección popular, y que saben que en esa condición no necesitan mantener ni demostrar disciplina a un partido sino que deben trabajar para conquistar la simpatía ciudadana.

Por el otro lado, están los grupos políticos que, ante su falta de prospectos para heredar o conquistar el poder, pretenden impulsar a independientes para ganar los comicios, para luego ir a reclamarles el apoyo ofrecido y continuar viviendo de las prebendas políticas. Por esa razón, hemos visto que sin ningún pudor gente que todavía milita en un partido habla de convertirse en candidato independiente. Un ejemplo de ello es el priista Samuel Gurrión Matías; pero no es el único que intenta hasta emular las muletillas del Bronco a ver si con eso gana popularidad entre la “raza”.

UN ESTADO POBRE

No se trata de la victimización de siempre. Oaxaca es un estado que tiene grandes problemas sociales, y rezagos de todo tipo, y por esa razón sería muy difícil –quizá imposible— que un candidato independiente tuviera el éxito de Nuevo León o Jalisco.

Por ejemplo, La candidatura de Kumamoto al Congreso llamó la atención de medios internacionales por el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su campaña, así como el bajo presupuesto con que se financió. Según su página de internet, recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

¿Podría hacerse una campaña así en Oaxaca? Evidentemente no, porque en Oaxaca el número de hogares que cuentan con algún tipo de conectividad a internet continúa siendo muy reducido incluso en los centros urbanos, y porque si bien cada vez más personas tienen un teléfono celular, sigue siendo una cuestión propia de los espacios más urbanizados que las propias redes de cobertura de las compañías de telefonía móvil ofrezcan algún servicio de datos para las personas. Así pues, en Oaxaca internet no es sinónimo de redes sociales. Y por eso un Kumamoto oaxaqueño no podría ganar unos comicios con el solo uso de Twitter o Facebook porque su penetración sigue siendo menos reducida que la oferta de una despensa o el condicionamiento de un programa social.

¿Y un Bronco oaxaqueño? Tampoco, porque aquí el candidato vale de forma similar a la estructura electoral que lo respalda. Rodríguez Calderón también recibió un fuerte apoyo de las redes sociales. Pero debemos entender las abismales diferencias entre Nuevo León y Oaxaca.

al final, tiene mucho que ver el discurso, la forma de presentarse ante el electorado, y los antecedentes. Sin embargo, la gran inercia contra la que se debe luchar es la de la pobreza. Sí, esa pobreza que tiene marginadas a cientos de miles de personas, y que las hace blanco de las conocidas prácticas de ingeniería electoral que llevan a simular resultados obtenidos legítimamente, y que le provocan un daño profundo a la democracia en México.

¿QUÉ INDEPENDIENTES?

En ese contexto, llama la atención que políticos como senador Benjamín Robles Montoya siga guardando silencio acerca de si dejará el PRD para también buscar una candidatura independiente. Pareciera que su intención no es esa. ¿Entonces?

Los diputados deben “tomar nota” de todo lo que hicieron mal

almargenoaxaca

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octubre 8, 2015

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+ Ministros, en muy pocas palabras resumieron pifias legislativas

Si hubiera más sentido de responsabilidad, los diputados de la LXII Legislatura deberían estar pugnando hoy en día por un mejor trabajo legislativo, y por una administración civilizada de sus recursos económicos. Es una locura que hoy en día el Congreso local atraviese por una gran crisis debido, por un lado, a la deficiencia del trabajo técnico legislativo que realizan; y por el otro, por la incapacidad de las fracciones parlamentarias por hacer el trabajo político que se supone que legitima su existencia. Esta situación los evidencia como improvisados y no como los profesionales de la vida política y parlamentaria que debieran ser.

En efecto, esta semana la Suprema Corte le “tumbó” a la Legislatura local un conjunto importantísimo de reformas en materia político-electoral, debido en gran medida a que los diputados no pudieron hacer un trabajo legislativo que cumpliera con los parámetros exigidos por la Constitución y la democracia en nuestro país. Casi al mismo tiempo, un grupo importante de diputados denunció también esta semana que en el Congreso habría un problema importante con la administración del presupuesto asignado para el presente año al Poder Legislativo. Ninguno de los dos temas es menor, y vale la pena resaltarlo.

Pues en el primero de los asuntos, los diputados debieran releer, repensar, y analizar, las razones por las que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar inconstitucional toda la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Corte para superar la votación de ocho votos que, según el artículo 105 constitucional, era necesaria para “expulsar” del orden jurídico nacional todo el contenido de la norma referida.

Al exponer el proyecto de resolución, el ministro Gutiérrez dijo: “se sostiene que, haciendo una valoración integral y en conjunto de todo el trabajo legislativo, se actualiza una trasgresión a los principios de legalidad y democracia deliberativa. Primero, no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria de la sesión de nueve de julio; segundo, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado, previo a la sesión o durante la misma; tercero, ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió́ cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político de manera inmediata; cuarto, sin solventar la inconformidad de un grupo de diputados y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del partido con la presencia de sólo veintitrés diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.

“Consecuentemente —continuó el Ministro en la sesión del lunes pasado—, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad, lo cual provoca una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propone declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado” (Versión taquigráfica de la sesión de pleno de la SCJN. 5 de octubre de 2015, págs. 51 y 52).

Todas esas son cuestiones que desde el primer momento fueron señaladas como errores y deficiencias en la conducción de la sesión en la que fue aprobada dicha ley. Incluso, puede decirse que no se necesitaba ser Ministro de la Corte para distinguir lo que ahí había ocurrido, y cómo los vicios del procedimiento habían sido tan profundos y tan visibles que el contenido de esa atropellada sesión se hacía insostenible.

Los propios diputados lo supieron siempre pero prefirieron el circo legislativo, y la soberbia de sostener sus decisiones a costa de todo, antes que reconocer sus pifias y enmendarlas. Por eso, el resultado final fue la Corte echó por tierra la norma sin siquiera entrar a su análisis. Y por eso mismo —por esa derrota “por default” — si hubiera conciencia, los diputados tendrían que repensar sobre su actuación y los resultados que le están entregando a Oaxaca.

LA JUCOPO, UN DESASTRE

Es hasta romántica la naturaleza jurídica de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su artículo 39 ésta señala: “La Junta de Coordinación Política, es la expresión de la pluralidad del Congreso; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.

Según el artículo siguiente (el 40), es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno del Congreso la designación del Oficial Mayor, el Tesorero y el Contralor Interno (fracción XV). Y según los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Tesorería recibirá́ de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para los gastos que origina el Congreso del Estado; y el Tesorero hará́ los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este efecto.

¿Por qué traer a colación todo esto? Porque resulta inverosímil, y hasta indigno, que diputados de varias filiaciones políticas le pidan cuentas públicamente al Tesorero, como si éste fuera un empleado superior a ellos, o como si éstos no tuvieran la potestad de solicitarle cuentas no sólo a él, sino también a la Comisión de Hacienda, por la forma en cómo se ha ejercido su presupuesto.

INCÓGNITAS

Esto se acentúa aún más, cuando fue esta misma Legislatura quien aprobó una reforma constitucional para hacer “irreductible” su presupuesto ante la tentación del Ejecutivo de reducirlo. Hoy en día, y a la luz de esos hechos, los diputados debieran explicar para qué querían un presupuesto anual ascendente, y para qué pelearon tanto por sostener su reparto partidista de las posiciones administrativas en el Congreso local, si hoy sus subordinados están más empoderados que ellos, y parece que no pueden controlarlos.

Al MarganColumna

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