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Es inadmisible que sigan desnaturalizando la Guelaguetza

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+ Fiesta no debe ser monopolio de “comité de autenticidad”


Los oaxaqueños no debíamos dejarnos embriagar por la fiesta de la Guelaguetza, y más bien estamos obligados a no dejar de verla desde un sentido crítico. Sólo así podríamos entender a cabalidad que el proceso de modificaciones deliberadas por el que ha venido atravesando la Guelaguetza en los últimos años sólo le provoca daños y desnaturalización, y que si el gobierno no tiene en realidad un afán económico entonces debía ser el primero en insistir en que los Lunes del Cerro regresen a su origen.

En efecto, quizá en la última década hemos visto cómo la Guelaguetza se ha venido modificando sustancialmente. Desde la decisión de duplicar el número de representaciones, hasta la decisión —primero cuestionada, pero después avalada por la actual administración al ver su viabilidad comercial— de modificar el Auditorio Guelaguetza, hacen evidente que la fiesta de los Lunes del Cerro han venido perdiendo la trascendencia y el colorido que las caracterizó en el pasado como expresión cultural auténtica de las comunidades oaxaqueñas, para convertirla en un conjunto de espectáculos inertes que están hechos para deslumbrar al turista, pero sin respetar la raíz de las tradiciones que ahí se representan.

Hoy en día esa intención comercial está a la vista: desde que se decidió duplicar el número de representaciones de la Guelaguetza, el programa tradicional de los Lunes del Cerro comenzó a sufrir trascendentes modificaciones que han carecido de forma, orden y límites. Lo primero que ocurrió es que como había que cubrir con bailes y muestras de tradiciones las dos representaciones de cada lunes, el Gobierno del Estado y el Comité de Autenticidad —que en los últimos años no ha dado un solo destello de realmente velar por la preservación de las representaciones— comenzaron a relajar los requerimientos para las comunidades que aspiraban a participar en los Lunes del Cerro, y también comenzaron a incluir otro tipo de representaciones ajenas a los bailes, como calendas, mayordomías, bodas y fiestas populares de las comunidades, que hoy son parte de la representación.

Ello ha permitido tener cubiertas las cuatro presentaciones de los Lunes del Cerro, pero sin atender concretamente al criterio inicial de que lo primordial debían ser los bailes y la forma que establecieron los fundadores de esta tradición, hace más de medio siglo. Y los organizadores de la fiesta de los Lunes del Cerro han venido aprovechando año con año la doble bendición que, primero, para ellos constituye el hecho de que como la gran mayoría del turismo nacional y extranjero no tiene mayores antecedentes de lo que ve, de todos modos termina aplaudiendo y reconociendo la representación, que si bien es altiva y colorida, no es lo que debía ocurrir; y segundo, que al final, de todos modos la gran mayoría de los oaxaqueños termina seducido por la magia de la fiesta y por el amor a la tierra, y deja en segundo plano los aspectos negativos, y las desviaciones que ve pero no reconoce ni señala como debería, de los Lunes del Cerro.

Esta situación, al paso del tiempo, está institucionalizando lo que no debería ser de los Lunes del Cerro. Esto porque la reiteración de esas prácticas equivocadas, y de la forma en cómo han venido desnaturalizando la festividad, ha ocurrido sin una oposición firme de la ciudadanía, que lejos de seguir aplaudiendo y aceptando lo que a todas luces se ve que no es correcto, debería exigir el respeto a esta tradición, que si bien no es milenaria (porque tal y como la conocemos data de la década de los treintas del siglo pasado), sí tiene más de ochenta años siendo columna vertebral de la forma en cómo Oaxaca presenta a México y al mundo algunas de las principales tradiciones de sus pueblos originarios.

QUE LA FIESTA

CONTINÚE, PERO BIEN

No se trata de apostar porque los Lunes del Cerro permanezcan inmóviles o sin posibilidad de reconsiderar algunos de sus aspectos. Sin embargo, tampoco se trata de creer que la Guelaguetza es un monopolio del gobierno estatal o del llamado Comité de Autenticidad, y que en aras de mantener los aspectos comerciales terminen tomando decisiones que impactan decididamente en la forma en cómo se desarrolla la representación.

En ese sentido, sería harto lamentable —y esa es la ruta que lleva la fiesta de la Guelaguetza, particularmente desde que se duplicó el número de presentaciones en el Fortín— que los Lunes del Cerro terminara siendo una fiesta para los visitantes, que aparenta ser oaxaqueña, aunque sólo en la medida en que es un producto comercial hecho para quien busca la superficialidad.

Veámoslo sin ambages: hay muchas cosas que aparentan ser oaxaqueñas pero que en realidad están hechas para atrapar la atención del turismo: hay artesanías que sólo aparentan ser oaxaqueñas; mezcal que parece oaxaqueño pero que no lo es; artistas que son oaxaqueños impostores o, en el mejor de los casos, música o comida oaxaqueña que está tan estilizada que sólo por eso pierde todo su sentido y esencia como parte de nuestra tradición.

Al final se trata no de una resistencia al cambio sino a una evolución inteligente y pensada dentro del equilibrio entre lo comercial y la preservación de nuestra cosmovisión y tradiciones. No lo consigue el Comité de Autenticidad al manosear a su antojo la representación de los Lunes del Cerro, como si ellos tuvieran el monopolio de la decisión de qué y cómo ocurre la Guelaguetza. Y en esto el gobierno estatal ha sido permisivo al extremo, e incluso pareciera que —por un falso sentido de interés comercial— hasta estimula la toma de esas decisiones unilaterales que sólo lastiman la fiesta, y socavan el sentido de expresión cultural de los Lunes del Cerro.

No hay oaxaqueño que no agradezca que la fiesta de la Guelaguetza traiga la mayor derrama económica de cada año sobre nuestra entidad. Pero tampoco habrá oaxaqueño consciente que no repruebe que por esos afanes comerciales, estemos lastimando tanto nuestras tradiciones y hasta parezca que estamos matando a nuestra generosa gallina de los huevos de oro.

LO MISMO PERO “ALTERNATIVO”

Y nos seguimos preguntando: ¿Por qué la llamada “Guelaguetza magisterial” no es más que una copia simple de la tradición “oficial? Son de esas cosas inexplicables, que sólo revelan la indolencia de sus organizadores y la falta de compromiso de los profesores por rescatar algunas tradiciones de las comunidades. Abundaremos.

@ortizromeroc

RUBÉN OSIO

Carlos R. Aguilar Jiménez


Convertir las artes plásticas, la habilidad y el arte de pintar en una actividad divertida, atractiva, estética y, especialmente artística, para otorgarle en su sentido abstracto una perspectiva personal y social, es parte de la personalidad del maestro Rubén Osio, artista plástico quien desde hace más de dos décadas plasma su creativa, sugestiva y a veces alucinante imaginación, en tela, papel, madera y toda clase de materiales donde pueda representar lo que su imaginación, entelequias y talento le llevan a plasmar en su obra plástica que ha sido exhibida, presentada y encomiada en galerías, exposiciones, muestras y presentaciones.

Ruben OsioCreativo, original, polifacético y con un estilo que lo distingue esencialmente en el mundo del arte entre de lo que se conoce en el país como “Escuela de Oaxaca”, el maestro Ruben Osio, originario de Huajuapan y avecindado en Oaxaca, afirma que: “Tanto en la vida como en el arte nunca hay pérdidas”, porque lejos de considerarlas quebrantos, piensa son recursos, alternativas o posibilidades que se pueden obtener de lo que, para otros, serían desventajas y así, en cada trazo, pincelada o línea de cada obra que inicia, siempre encuentra infinitas oportunidades artísticas para hacer de cada pintura, con sus colores, perspectivas, figuras, matices, contrastes y fusiones estéticas,  un trabajo artístico único que lo distingue como un maestro de los pinceles, el óleo, la acuarela, los lápices, el grabado e incluso la escultura, como atestigua la enigmática cabeza de metal con casi dos metros de diámetro que luce a la entrada de su taller – estudio ubicado en un cerro cercano a población de Huitzo, lugar donde en sus momentos de inspiración busca aislamiento e intimidad para poder trabajar en paz y tranquilidad, dejando que fluyan libremente los trazos, pinceladas y toda la expresión de su imaginación artística, que actualmente y en función de su reciente producción pictórica, su obra se exhibe este mes en la exposición “MEZCALARTE” de la Galería Arte de Oaxaca ubicada en la primera calle de Murguía, (donde también se encuentra la magnífica obra escultórica de Judith Ruiz) y que también se puede apreciar en distintas plazas y colecciones privadas del estado, país y extranjero. Rubén Osio es así, por su obra artística un destacado maestro de la acreditada línea o escuela pictórica oaxaqueña.

La recentralización del poder impulsada por EPN no sirve para nada.

MÉXICO, D.F., 18ENERO2013.-  Enrique Peña Nieto, Presidente de México, durante la entrega de Apoyos del Programa de Ordenamiento de la Propiedad Rural. Ésto se llevó acabo en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos. FOTO: MISAEL VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM

+ Antes, federalismo centralizado funcionaba por fortaleza presidencial


No ha pasado aún un año desde la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, y desde entonces el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no ha podido revertir la caída libre. Pareciera que el problema fue la incapacidad de reaccionar ante la detención-desaparición de los normalistas, o ante la crisis generada por su “casa blanca”. En realidad, esta crisis continuada tiene su origen en la recurrencia de prácticas de corrupción y en la indolencia gubernamental, pero sobre todo en la incapacidad de construir una presidencia sólida.

En efecto, aunque la recentralización del poder por parte del gobierno federal no ha sido un tema analizado con la profundidad que amerita, sí es clara la maniobra del presidente Peña Nieto con la mayoría de las reformas que impulsó en la primera mitad de su gobierno: en cada una de ellas había un ingrediente recentralizador, que arrebataba atribuciones y alcances a los poderes estatales y municipales, para volverlos a concentrar en el gobierno que él encabeza.

Así, vimos cómo el gobierno federal impulsó la reabsorción facultades en las reformas educativa, político-electoral, financiera, de transparencia y hasta la fiscal y energética. Ninguna de las reformas constitucionales y legales tuvo algún ingrediente que denotara la disposición a incluir a las entidades federativas en algunas de las tareas de reorganización y administración de facultades o funciones. La federación, en eso, recogió todas las facultades, dejando ver que, al haberlas antes tenido los estados de la República, las habían subutilizado o viciado. A partir de eso, ubicó a las entidades federativas como menores de edad y de esa misma forma justificó la recentralización de todo tipo de facultades.

¿Cuál fue el problema? Que el gobierno federal tomó facultades que no tenía la capacidad de ejercer. Por esa razón vimos cómo en pocos meses el gobierno de la República se desfondó al tratar de asumir el manejo de la educación en varias entidades federativas; cómo ha sido incapaz de impulsar una política fiscal eficaz y equitativa con todos los contribuyentes; cómo le inyectó esteroides al IFE y al IFAI para convertirlos en institutos nacionales, sin brindarles la autonomía y la fuerza institucional que requerían para no terminar en el ridículo; y cómo ni siquiera pudo impulsar la política de beneficios energéticos que el gobierno de EPN prometió cuando trataba de justificar la reforma petrolera.

El sonoro fracaso tiene mucho que ver con su falta de cálculo de las dimensiones de las tareas que asumía, pero sobre todo con una cuestión de soberbia. Antes, en los años del régimen de partido hegemónico en el país, el gobierno federal tenía fácticamente todas las facultades políticas y administrativas del país, porque el sistema político, y los mecanismos de acceso y regulación del poder público, permitían que el Presidente fuera un hombre fuerte, capaz de tomar decisiones y hacerlas cumplir sin importar que éstas tocaran los ámbitos de gobierno, la división de poderes, o las facultades depositadas en estados y municipios.

Por eso, en aquellos tiempos un Presidente podía quitar y poner a un gobernador, influir para que los estados absorbieran o transfirieran facultades  a la federación, o ser el fiel de la balanza en todos los conflictos políticos. En aquel entonces, reiteramos, el sistema político mismo estaba integrado para facilitar el funcionamiento de un centralismo disfrazado de federalismo. Y pareciera que el presidente Peña Nieto no entendió que los tiempos habían cambiado, justamente para que el sistema no permitiera poderes hegemónicos, y sin tener capacidad absorbió facultades que hoy no sólo le estorban sino que son la base de los cuestionamientos a su gobierno.

LA CORRUPCIÓN Y LA INCAPACIDAD

La incapacidad para ejercer las atribuciones que la ley establece, es un problema estructural que no sólo tendría Peña Nieto como gobernante, sino cualquier otro que hubiera incurrido en ese error de absorber voluntariamente lo que no va a poder cumplir. Pero la doble tragedia para el actual gobierno federal se revela cuando además de la pequeñez frente a las tareas por cumplir, se incurre en otras prácticas como la de la permisividad y el ejercicio de la corrupción.

¿Cuál sería el panorama actual si al gobierno del presidente Peña Nieto no se le hubieran atravesado tres hechos aparentemente fortuitos, como la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, la revelación del origen de su casa y el conflicto de interés respecto al constructor, y la reciente fuga del delincuente más perseguido del mundo? Seguramente, con todo y los dislates cometidos en la deficiente implementación de las reformas estructurales, el gobierno de Peña Nieto tendría un tránsito más o menos cómodo.

Pues es claro que la sociedad mexicana tiene una ominosa costumbre a que el gobierno prometa más de lo que puede cumplir, y hasta tolera cierto margen de ineptitud en el ejercicio de las tareas públicas. Seguramente, la sociedad mexicana no estaría tan enojada por la negociación de la reforma educativa; por la incapacidad del gobierno federal por cumplir con el establecimiento de las condiciones para una reforma política eficaz, o con otros de los temas en los que ha fallado. No estarían tan enojados porque entonces de lo que se hablaría es de incapacidad. El problema es que esa incapacidad se combinó con otro factor que la sociedad también tolera, pero por separado: la corrupción.

La actual administración federal incurrió en esos dos pecados al mismo tiempo: la incapacidad ha sido manifiesta, y la corrupción también. ¿El resultado? Un gobierno en debacle que, además, continúa tomando decisiones según sus cálculos políticos y no las necesidades nacionales. A pesar de todo, dicen haber salido “bien” en los comicios recientes, y por eso dicen que los cambios no son necesarios. No, a pesar de las tres crisis seguidas y de los claros signos de que este gobierno está dando tantos tumbos que ya se está llevando al país entre las manos.

LA FIESTA DE TODOS

A partir de hoy, contemos una semana con los mejores días de Oaxaca: cultura, colorido, expresiones folclóricas, mezcal, comida y la grandeza que rebasa por mucho nuestros problemas comunes. Bienvenidos todos los que vienen a conocer y disfrutar Oaxaca. Nosotros los oaxaqueños disfrutemos y valoremos estas expresiones, que son esencialmente nuestras.

@ortizromeroc

Manejo educativo en Oaxaca, un problema del Estado mexicano

Gabino Cue

+ Federación debe asumir su responsabilidad como asunto político


Ayer el gobernador Gabino Cué Monteagudo reiteró, en la Comisión de Educación del Senado de la República, lo que en Oaxaca a todos nos queda claro pero al gobierno federal, no: que el manejo de la educación en la entidad es un asunto de índole nacional y no estatal, y que por tanto debe ser tratado al más alto nivel y no sólo como una problemática del gobierno y la sociedad oaxaqueña. Pareciera que el gobierno federal simplemente no quiere entenderlo.

En efecto, al acudir a la invitación de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación, el gobernador Cué reiteró la postura de que el manejo de la educación pública en Oaxaca es tanto un tema técnico como político, y sobre todo reconoció que en ese manejo el gobierno estatal se encuentra rebasado, y que por ende es también corresponsabilidad de la federación entender y atender esta problemática a partir de soluciones viables.

En ese sentido, el gobernador Cué dijo, por ejemplo, que desde hace 23 años, el 92% de la estructura de personal del IEEPO es sindicalizada, incluidos sus mandos medios y superiores, lo que ha impedido a los gobiernos estatales en turno, diseñar y operar una eficiente política educativa que favorezca el desarrollo educativo de la entidad. Se trata, dijo, de un esquema de apropiación de las estructuras educativas del estado, apuntalado por una membresía sindical integrada por más de 83 mil trabajadores, cuya capacidad de movilización ha superado históricamente los mecanismos de contención y control de los gobiernos estatales.

Esta es la principal razón, reconoció el Gobernador, que ha imposibilitado el registro de los controles de asistencia, y la aplicación de descuentos y sanciones administrativas en el sistema educativo de la entidad. Del mismo modo, el Mandatario hizo un recuento de las acciones ha tomado en coordinación con el gobierno federal para enfrentar estas situaciones, pero también enumeró las acciones que ha emprendido en coordinación con el sindicato magisterial, como la elaboración de la iniciativa de ley estatal de educación, que desde hace 11 meses se encuentra atorada en el Congreso local.

En ese marco, si el gobierno federal estuviera en disposición y posibilidad de hacer un análisis de dichas acciones lejos de los maniqueísmos, tendría que reconocer que al final la política tan cuestionada del gobernador Cué respecto a su manejo no de la educación, sino del permanente conflicto magisterial en Oaxaca, ha buscado mantener los equilibrios sociales y políticos que ya en otros momentos estuvieron rotos, en aras de mantener la gobernabilidad y la mejor relación posible con los dos actores fundamentales de esta relación tripartita, como lo son por un lado el gobierno federal, y por el otro la radicalizada Sección 22 del SNTE.

MAGISTERIO, AMO DEL IEEPO

En Oaxaca conocemos a la perfección los dos grandes temas que abordó el gobernador Cué en su participación de ayer en el Senado, y que son parte de lo que debiera quedar bien claro al gobierno federal si es que quiere cambiar el estado de cosas del manejo educativo en la entidad.

Pues en la visión simplista del largo conflicto educativo de Oaxaca, casi siempre se omiten detalles que son fundamentales para comprender la realidad actual. Una de esas circunstancias, que sigue estando en el cajón del olvido del gobierno federal (que sólo opta por el camino fácil de culpar al gobierno de Oaxaca por la anarquía educativa), es la relacionada a la negociación que en 2006 emprendió el gobierno federal con la Sección 22, en el marco de la revuelta magisterial que entonces ocurría en la capital del Estado. Ahí se encuentra una de las razones claves de la beligerancia magisterial actual. ¿Por qué?

Porque uno de los temas que encendió la furia de los profesores (y fue gasolina para la revuelta social), fue la decisión del entonces gobernador Ulises Ruiz de retomar el control administrativo del IEEPO. Como bien se recordará, producto del convenio de descentralización educativa de 1992, el gobernador Heladio Ramírez había fijado nuevas reglas para la administración de la educación en el Estado, dentro de las cuales se estableció que sería la 22 quien nombraría a toda la estructura administrativa del nuevo instituto educativo, con excepción del Director General que sería el único nombrado por el Ejecutivo Estatal sin consenso con el sindicato magisterial.

Ruiz fue presa de esa regla, y por eso cuando decidió la embestida en contra de los profesores en 2006, uno de los aspectos clave que decidió tocar para minar su influencia, fue el de eliminar a todos los integrantes de la Sección 22 que eran parte del cuerpo directivo del IEEPO.

Esa fue una de las decisiones que más dolió al magisterio, porque si hubo un factor decisivo para mantener la disciplina de todos los miembros de la 22, éste era la capacidad que tenía el propio sindicato de coaccionar administrativamente a los integrantes del sindicato que no cumplieran con las tareas que ordenara el Comité Ejecutivo de la Sección 22. Por eso, al perder presencia la 22 en los cuadros directivos del IEEPO, también perdía mucha de su capacidad de control al interior de sus bases.

El problema fue que, producto del mismo conflicto y de las negociaciones en Gobernación, el gobierno de Vicente Fox y Ulises Ruiz concedieron que el magisterio recuperara todas sus facultades y privilegios dentro del IEEPO, y esa concesión sobrevive hasta la actualidad. Esa es una de las situaciones que hace presa del magisterio no al gobernador Cué, sino al Estado oaxaqueño, el control que tiene el sindicato sobre la administración de la educación en la entidad.

CORRESPONSABILIDAD

Finalmente, todavía hace algunos días vino una última andanada de críticas, enfiladas desde el gobierno federal, en contra del gobierno de Oaxaca, por no aplicar los descuentos a los profesores que perdieron 17 días de labores consecutivos. En el fondo, al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto parece no quedarle claro que si bien el gobierno de Gabino Cué carga con una parte importante de esa responsabilidad, el manejo de la educación es un tema no sólo educativo, sino sobre todo político y de gobernabilidad, que también debe ser enfrentado por el gobierno federal con la seriedad y responsabilidad que hasta ahora no ha demostrado frente a los oaxaqueños.

@ortizromeroc

La Constitución y sus instrumentos, base idónea para legitimar el CCCO

CCCO

+ Que se den bases, y que se abra el debate a ciudadanía, dentro de la ley


El martes el gobierno de Oaxaca anunció que impulsará lo que ellos denominaron como una “consulta pública”, para que la ciudadanía sea quien decida si se construye el Centro Cultural y de Convenciones (CCCO) en las faldas del Cerro del Fortín. Qué bien que el camino para definir el futuro de esa edificación sea el de la Constitución, y ahora falta que el gobierno y la sociedad le den forma y legitimidad al anuncio, para que verdaderamente sea útil para la democracia participativa, y la sociedad oaxaqueña.

En efecto, cuando hace dos semanas nos referimos al CCCO apuntamos que lo idóneo sería que la ciudadanía organizada impulsara la puesta en marcha de uno de los mecanismos de participación ciudadana, denominado plebiscito. Éste, dice la Constitución, es el instrumento mediante el cual los ciudadanos del Estado, por medio del sufragio pueden objetar las determinaciones de naturaleza administrativa emitidas por el Poder Ejecutivo del Estado. Dijimos que esto era lo idóneo porque la solución a un problema como éste debía darse dentro de la ley, y con la Constitución en la mano, y no a partir de acciones de fuerza.

Lamentablemente, en aquel momento ni el gobierno ni la sociedad civil organizada veían esa posibilidad. Por un lado, el gobierno estatal asumía que con el proceso de “socialización” del proyecto (es decir, su exposición a ciertos grupos) era suficiente para legitimar la viabilidad de la obra. Por el otro, la sociedad civil intentó algunas vías legales como el amparo, aunque pronto quedó claro que esto era insuficiente porque el problema de fondo que sigue pesando sobre proyecto del Centro de Convenciones, no es de legalidad sino de legitimidad. El problema es que desde la misma sociedad civil, hubo una visión displicente frente a la necesidad de resolver el diferendo dentro de la ley.

Por ejemplo, un integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín (Jorge López López, jorbosh_colis@yahoo.com.mx), se refirió a nuestra entrega del miércoles 1 de julio, a través de una misiva enviada vía correo electrónico al autor de este espacio, en la señalaba que la decisión de realizar una clausura simbólica de las primeras obras de construcción del CCCO fue el resultado de una convocatoria amplia “ante la cerrazón de las autoridades para atender las demandas legítimas de un sector importante de la ciudadanía”.

Incluso, sobre el planteamiento hecho en esta columna respecto a que lo idóneo sería que la ciudadanía impulsara un plebiscito, en lugar de impulsar medidas que no los llevarían a nada, el integrante del Frente en Defensa del Cerro del Fortín decía lo siguiente: “Finalmente, tu propuesta de plebiscito me conmueve por su candidez ya que si estuviéramos en condiciones de organizarlo y llevarlo a cabo, perderíamos un tiempo valioso que las autoridades aprovecharían para avanzar –y quizá hasta terminar– la obra en cuestión, que ya cuenta con dos suspensiones provisionales que las autoridades no han querido acatar”.

Evidentemente, lo que de veras conmovía era que la propia sociedad civil organizada soslayara los llamados a resolver las controversias sobre asuntos públicos dentro del marco de la ley, y que en lugar de eso asumiera posturas maniqueas respecto a su participación y al trato con quienes no coinciden no con sus finalidades, sino con los métodos utilizados para conseguirlos.

¿Qué pasó? Que sorprendentemente, y frente a la arrogancia oficial que ha caracterizado el impulso a esta polémica y rechazada obra, el gobierno pareció comenzar a entender que su reiterado proceso de “socialización” no ha sido más que una fantasía y un autoengaño, y que lo necesario era acudir a una verdadera consulta pública.

Ahora es tarea de los grupos organizados de ciudadanos vigilar, primero, que no continúen los trabajos de construcción del estacionamiento del CCCO; segundo, que el gobierno estatal cumpla cabalmente su palabra de someter el destino del proyecto al escrutinio ciudadano; y tercero, que vigile con puntualidad el desarrollo de la llamada “consulta pública”, y aliente la participación democrática de toda la ciudadanía.

QUE CUIDEN LAS FORMAS

Formalmente, el gobierno de Oaxaca no está legitimado para impulsar un plebiscito, y la figura de la “consulta ciudadana” no existe como tal en la Constitución del Estado. Deberá impulsar, por tanto, un plebiscito a través de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local. Pedirle a los diputados, que a su vez soliciten el plebiscito, no representará ningún obstáculo para el gobierno de Gabino Cué: nadie en su sano juicio estaría en contra de impulsar un mecanismo democrático de participación ciudadana frente a un asunto como el del CCCO; y además el Ejecutivo cuenta con el respaldo político de más de la mitad del total de legisladores locales, con lo que no sería difícil conseguir el aval de los que hicieran falta para impulsar el plebiscito.

Al margen de esto, es claro que lo realmente importante se centrará en: a) establecer con toda precisión cuáles serán los alcances y límites de la consulta ciudadana realizada a través del plebiscito; y b) garantizar desde todos los frentes que esta consulta a la ciudadanía se realice de manera libre y participativa, y que todos juntos alienten a que sea el mayor número posible de ciudadanos los que participen en este ejercicio democrático, esgrimiendo civilizadamente sus respectivos argumentos, y tratando de convencer razonadamente a la mayor cantidad de ciudadanos sobre la aceptación o el rechazo del proyecto.

A nadie deberían parecerle “cándidos” o “ingenuos” los llamados a resolver las polémicas con la Constitución en la mano. El gobierno, y las organizaciones que se han opuesto al proyecto del CCCO, estarán ahora obligados a dejar atrás cualquier postura arrogante, para asumir que ni uno ni otro representan, ni tienen el monopolio de toda la sociedad oaxaqueña. Si ya se abrieron los caminos de la participación ciudadana, lo único que queda es tomar las oportunidades y potenciarlas.

RESPONSABILIDAD

Si desde la ciudadanía no se impulsa la responsabilidad de la participación ciudadana dentro del cauce de la Constitución, entonces tampoco se puede exigir que el gobierno atienda el sentir de los gobernados. Cada oaxaqueño debiera manifestar su opinión; y todos juntos debían impulsar una participación mayoritaria para que el resultado de la consulta pública, o plebiscito, sea obligatorio para la sociedad y para el gobierno de Oaxaca.

@ortizromeroc

La ley electoral no pudo haber entrado en vigor antes de ser publicada

Aprovacion Ley Electoral

+ Viciar deliberadamente norma electoral, socava al sistema democrático


En la escuela, siempre, a todo el que estudia derecho le enseñan que el proceso legislativo tiene siete fases, a saber: iniciativa, discusión, aprobación, sanción, promulgación, publicación e iniciación de la vigencia. Eso, que se reza como plegaria en las clases de derecho constitucional, es lo que en gran medida legitima la observancia general y la obligatoriedad de las normas jurídicas. Por eso llama tanto la atención el conjunto de vicios que tiene la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, emitida la semana pasada por el Congreso del Estado.

En efecto, tal y como lo apuntábamos en nuestra entrega anterior, no deja de llamar la atención que el Congreso sea el primer infractor de la Constitución y del sistema democrático. Pues en aras de quitarse un problema generado por las pasiones y ambiciones políticas, la mayoría legislativa decidió aprobar la ley electoral a pesar de ya no poder cumplir con los tiempos y los requisitos plasmados en los transitorios de la reforma constitucional en materia político electoral, que establecieron la necesidad de emitir una nueva ley de instituciones y procedimientos electorales.

En ese sentido, es un principio constitucional que las normas electorales no pueden ser modificadas ni derogadas en los últimos 90 días previos al inicio de un proceso electoral. El OPLE del INE, determinó que el proceso electoral 2015-2016 de Oaxaca iniciará el 8 de octubre. Por eso a los diputados les urgía aprobar la ley ordinaria respectiva a más tardar el día que lo hicieron, para no infringir el plazo de 90 días antes señalado, y para que pudiera ser esa norma la que rigiera el proceso electoral de gobernador y diputados locales en 2016.

El problema es que la norma tiene serias deficiencias derivadas de la infracción al proceso legislativo elemental. Pues resulta que sin considerar ninguna formalidad ni principio constitucional relacionado con las formalidades exigidas para la vigencia de una ley, los diputados aprobaron esa norma bajo serios cuestionamientos relacionados con la validez de la sesión legislativa. Y por si eso no fuera suficiente, cometieron otros dos errores que habrán de trascender a la validez y estabilidad misma de la norma, si es que alguien decide impugnarla.

El primero de esos errores fue el de convalidar la aprobación de un dictamen que no fue leído en la sesión en la que fue sometido a la consideración del pleno, y que tampoco había sido dado a conocer previamente a los diputados; el segundo error, que es aún más grave, tiene que ver con el hecho de que en los propios artículos transitorios de la ley, establecieron que entraría en vigor desde el momento de su aprobación. Esto lo hicieron para que la emisión de la ley coincidiera con sus tiempos y sus prisas. Sin embargo, es claro que esto rompe con todos los principios relacionados con la validez de las leyes a partir de su formación, y por ende se convierte en un problema de incertidumbre jurídica e ilegalidad evidente.

UN PROCEDIMIENTO INCONSTITUCIONAL

Sobre la falta de lectura de un dictamen, la Suprema Corte ha establecido en jurisprudencia que esto es inconstitucional. “Cuando en el proceso legislativo —dice la Corte—, el Congreso del Estado de Sonora, por ejemplo, en el que culminó con el Decreto Número 19 que reforma, deroga y adiciona diversos artículos de la Ley de Hacienda (…) se dispensa de primera y segunda lecturas el dictamen de comisiones bajo el argumento de que es de notoria urgencia, sin que se motive esa circunstancia, y no se lleva a cabo una segunda sesión después de haberse presentado el dictamen referido al pleno del Congreso, se actualiza una violación formal a las normas de dicho proceso, concretamente a los artículos 55 de la Constitución Política [similar al artículo 51 de la Constitución de Oaxaca] y 126 a 128 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo locales, que trasciende fundamentalmente a las disposiciones aprobadas, porque la falta de cumplimiento de esos requisitos genera la anulación del debate de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso, pues si bien es cierto que se puso a discusión dicho dictamen, también lo es que no se realizó en condiciones de igualdad y libertad que permitieran la participación de aquéllas, ya que si ningún diputado solicita discutir el asunto en lo general o en lo particular, ello indica que no se garantiza a los integrantes de ese órgano legislativo tener tiempo suficiente para conocer y estudiar la iniciativa de ley de que se trate y su dictamen y, por ende, estar en posibilidad de realizar un debate al respecto. Máxime si el dictamen se aprueba por una mayoría parlamentaria, lo cual hace presumir, fundadamente, la ausencia de discusión por la minoría, debido, seguramente, a la falta de tiempo de conocer y estudiar el dictamen (Registro 2007632).

¿Qué significa esto? Simple: Que cuando una ley no se discute, como fue este caso, se comete una violación formal al proceso legislativo, y por ende la norma es inconstitucional.

La otra inconsistencia es igual de trascendente, a partir de la siguiente pregunta: ¿Puede una norma entrar en vigor sin antes haber sido promulgada, sancionada y publicada por el Ejecutivo? Eso es imposible, porque se incumple con la participación del Gobernador en el proceso legislativo, así como con los principios de publicidad y certeza que son parte esencial del mecanismo de autocontrol constitucional establecido para la creación de una norma.

Suponer, pues, que una norma puede entrar en vigor sin cumplir con la mitad de los requisitos establecidos en el proceso legislativo —como pretende el transitorio primero de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca— es tanto como creer que entonces el Congreso puede emitir normas sin la participación del Ejecutivo, erigiéndose en una especie de “súper poder”.

Acaso, esta gravedad se multiplica ante el hecho de que la inconstitucionalidad es de la norma que regirá el proceso electoral. ¿Con qué legitimidad podrán ser electos, y tener el carácter de representantes populares, el próximo gobernador y diputados locales, si fueron electos a partir de normas inconstitucionales? Es una pregunta que debieran responder los responsables de la aprobación de esta ley.

VENDIDO

En el Congreso nadie cree que el diputado-operador-electoral más mañoso haya sido vilmente chamaqueado. Más bien, dicen, se dejó mayoritear a cambio de “algo”. ¿Será?

@ortizromeroc

Que la certeza jurídica del Congreso incluya al Periódico Oficial

Periódico Oficial

+ Nadie se alarma del nivel de incertidumbre que genera la publicación


Es práctica conocida, que en el Congreso local puedan modificar un dictamen ya pasado por el pleno, sin que esto genere consecuencias para quien lo perpetra. Sin embargo, también es conocido que el Periódico Oficial del Gobierno del Estado se ha prestado, y podría seguirlo haciendo, a manipulaciones que multiplican esa incertidumbre. Es por eso que la búsqueda de certeza jurídica en el procedimiento legislativo, debe venir acompañada por la certeza de lo que se da a conocer en el Periódico Oficial.

En efecto, aunque puede ser un asunto intrascendente jurídicamente hablando, la falta de consistencia en la administración del Periódico Oficial del Gobierno del Estado genera incertidumbre donde no debiera haberla. Todos conocemos la atropellada historia de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, aprobada la noche del pasado jueves en medio de empellones en el Congreso del Estado.

Por la premura que implicaban los plazos constitucionales fatales (si no entraba en vigor ese día, no sería de observancia general sino hasta el siguiente proceso electoral, luego del de 2016), la norma fue aprobada por el Congreso y, según, sancionada y promulgada el mismo día por el Ejecutivo, para ser publicada en un Extra del viernes 10 de julio del Periódico Oficial del Gobierno del Estado. El problema es que dicho Extra sólo se mantuvo publicado dos días en la página web del órgano de difusión, y este lunes desapareció sospechosamente.

Cualquier funcionario podría decir, frente a este señalamiento, que las publicaciones digitales del Periódico Oficial son simplemente informativas y que carecen de todo valor jurídico. Podría argumentar, además, que quizá el sitio web www.periodicooficial.oaxaca.gob.mx estuvo “en mantenimiento” este día, y que de ahí viene la intrascendencia jurídica que señalábamos dos párrafos atrás. Incluso podría decirse que en Oaxaca sólo las publicaciones impresas del Periódico Oficial tienen validez, y que por ende no hay razón para hacer un señalamiento relacionado con las fallas del sitio web de dicha publicación.

El problema —para ellos— es que si la naturaleza de un órgano oficial de difusión, es propiamente la de dar a conocer a los gobernados las normas y determinaciones que emite la autoridad en ejercicio de sus atribuciones, entonces en los tiempos actuales debiera ser un sentido básico de responsabilidad y congruencia mantener en las mejores condiciones posibles, el medio a través del cual hoy la mayoría de las personas interesadas pueden acceder a una publicación como esa. Dicho medio es el electrónico.

Además, un ciudadano común —cualquiera de nosotros, que no ostentamos carácter alguno de autoridad, ni necesitamos un ejemplar del Periódico Oficial para fines legales— lo que busca es el contenido de lo que se publica; la certeza de que lo publicado es lo mismo que se aprobó en el Congreso, y sobre todo el momento en que dichas disposiciones entran en vigor, así como los límites de actuación establecidos.

Eso no es poca cosa. Y el hecho de que no haya certeza —no jurídica, sino certeza común— de lo publicado, genera incertidumbre, la cual bien puede ir desde el hecho de que no se pueda conocer el contenido de una ley ya vigente, hasta la suspicacia de que esa abrupta desaparición de un documento ya publicado en medios electrónicos pudiera ser el preámbulo de una negociación política para cambiar su contenido.

INCERTIDUMBRE

En otros tiempos, fue harto conocida la práctica de mandar a imprimir documentos idénticos a los elaborados por el Periódico Oficial para falsificar decretos, trámites, publicaciones y demás. La última gran noticia que hubo a este respecto, fue cuando en la administración del gobernador Ulises Ruiz, un grupo de funcionarios se dedicó a comerciar con el otorgamiento de patentes notariales, a través de lo cual se generó un ominoso mercado negro de la fe pública.

Uno de los pasos por los que pasaba ese otorgamiento ficticio era la publicación en el órgano oficial del resultado de exámenes, convocatorias y otros requisitos, para lo cual mandaban a imprimir documentos similares a los emitidos por el Periódico Oficial, que como no eran cotejados ni validados, entonces eran dados por buenos.

Nadie querría regresar a esos tiempos, en los que la certidumbre jurídica de lo publicado en el Periódico Oficial era nula. Por esa razón, la propia Dirección del Periódico Oficial, que depende de la Consejería Jurídica debiera procurar la generación de confianza y no de incertidumbre entre la ciudadanía, manteniendo lo más alcance posible, y con el mayor grado humanamente posible de certeza, el contenido de lo que publica. El asunto es de mayor trascendencia porque el contenido del Periódico Oficial es informativo en una vertiente distinta a la de cualquier otra publicación, porque no sólo se trata de que la ciudadanía sepa de la existencia de una nueva disposición o ley, sino también de su entrada en vigor.

A la edición electrónica del Diario Oficial de la Federación (DOF), por ejemplo, el gobierno federal le dio hace tiempo el carácter de documento oficial, una vez que dispuso que el archivo en PDF (Portable Document File) de cualquier disposición publicada en él, tiene el carácter con valor oficial ya que contiene una firma electrónica avanzada, proporcionada por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Finalmente, al DOF le dieron ese carácter no sólo por una cuestión práctica o de preservación del medio ambiente, sino también para que cualquier persona pudiera acceder libremente a un medio de difusión de decisiones públicas sin necesidad de gastar dinero, y para romper la barrera de la limitación de los mecanismos para acceder a un ejemplar impreso, que siempre existió alrededor del Diario Oficial mientras mantuvo su tradicional valor probatorio y oficial sólo en su edición impresa. Esa es la ruta evolutiva que debiera seguir el Periódico Oficial. Aunque en realidad no sabemos cuándo ni cómo, e incluso si algún día ocurrirá.

EL HUEVO Y LA GALLINA

¿Puede entrar en vigor una norma que aún no ha sido publicada? Parece un contrasentido, pero eso es lo que sorprendentemente ocurrió —y nadie parece haber visto— respecto a la polémica Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que por las prisas de los irresponsables diputados según entró en vigor antes de ser publicada.

@ortizromeroc

La reforma política debe llamar a replantear la certeza legislativa

Diputados

+ Diputados deben legislar con responsabilidad y de cara a la gente


Hay dos versiones sobre la aprobación de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales. Una es la de los diputados aliados del PAN, PRD y partidos minoritarios, que aseguran que la norma fue aprobada en tiempo y forma. Y la segunda, es la de los diputados priistas que dicen que no hubo ningún dictamen aprobado porque en la sesión donde se validaría la norma, sólo había catorce de los 22 diputados presentes para realizar legalmente la sesión y aprobar la norma referida. El resultado inicial de esa polémica estéril, es que no sólo ellos, sino todos los oaxaqueños carecemos de certeza respecto a las normas que regirán el proceso electoral de 2016.

En efecto, esta es una cuestión tan enredada y llena de intereses que vale la pena segmentarla para no perder el hilo de las distintas formas de incertidumbre que esto genera. Por un lado, es evidente que los partidos políticos no pudieron ponerse de acuerdo por el contenido de la norma, pero no porque consideraran que uno o varios artículos violaran derechos humanos o fueran nocivos para la competencia electoral. Más bien, en lo que no pudieron generar consenso, es en los términos en que podrán integrarse alianzas para los procesos electorales. El PRI tenía claro que las alianzas laxas son letales para sus intereses electorales; y los partidos coaligados saben que en esas alianzas está su única posibilidad de retener el poder en 2016.

Ese fue, con sus asegunes, el motivo del desacuerdo entre las fracciones parlamentarias. Por la cabeza de ninguno de los legisladores pasó nunca que la aprobación de la norma electoral tuviera un final tan enredado, y que además demostrara que la falta de certeza en el procedimiento legislativo sea tan recurrente. Al final parece que ese vicio, tan arraigado en el Poder Legislativo, y del que ha sido parte fundamental la permisividad y la connivencia entre los partidos, terminara siendo el flanco débil para quienes ahora quieren atacar la constitucionalidad de la norma a partir del procedimiento por el que fue aprobada.

Pues según un comunicado emitido por el grupo parlamentario priista, el diputado Alejandro Avilés sostiene lo siguiente: “no se votó ningún dictamen, simplemente se reunieron 14 diputados de la Coalición, porque en el Recinto parlamentario habían cinco legisladores que estaban dialogando con nosotros hasta después de las 24:00 horas del jueves 9 de julio de 2015”.

Avilés Álvarez afirmó que por “ningún motivo y bajo ninguna circunstancia”, los priistas permitirán que se atropelle a la democracia en Oaxaca, en un intento de madruguete legislativo y tratar de engañar a los ciudadanos con la mentira de haber votado un dictamen que no existe. “Los 14 diputados coalicionistas se encerraron en un saloncito, se tomaron una foto alzando la mano y con ello pretenden hacerle creer a la ciudadanía de Oaxaca y de México de que ya aprobaron una reforma, la cual no es real”, recalcaba.

Es muy probable que lo que dice el diputado Avilés sea cierto. Hubo, como él lo señala, un recinto alterno habilitado para continuar la sesión que fue interrumpida la noche del 9 de julio en el salón de plenos de la sede. Hay también imágenes en el que se ve a un grupo de diputados levantando la mano en señal de aprobación, pero en la misma imagen difícilmente podría avalarse la presencia física de los 22 diputados que eran necesarios para la aprobación de la misma. No obstante, el viernes ya aparecía en la página web del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Oaxaca, un archivo electrónico con la publicación de la ley electoral, avalada con la firma de todos los diputados participantes, con la sanción del Titular del Poder Ejecutivo y el refrendo del Secretario General de Gobierno.

Pareciera entonces que para la fracción priista el problema será mayor cuando intente —si es lo que lo hace— demostrar que en realidad hubo vicios en la aprobación del dictamen. Pareciera, además, que paradójicamente lo que tanto daño les hace en este asunto específico es demostrar que se contravino la buena fe y la presunción de legalidad en este procedimiento, que ellos mismos tantas veces han pisoteado.

PROCEDIMIENTO VICIADO

¿Cuántas veces los diputados de todos los partidos políticos han aprobado leyes que no leyeron? ¿Cuántas veces han otorgado su voto aprobatorio a normas que, por indolentes o por no haberles sido proporcionadas a tiempo, nunca han visto? ¿Cuántas veces al interior del Congreso del Estado, ha sido modificado el contenido de dictámenes ya aprobados, para adecuarlos al interés de algún grupo, o simplemente para corregir deficiencias provocadas por la prisa o por los yerros cometidos por quienes elaboran técnicamente las normas o los dictámenes?

Esto ocurre todo el tiempo, y a la vista de todos en el Congreso del Estado. El problema es que nadie nunca se queja, porque resulta que ese ingrediente de incertidumbre es parte de la complicidad entre todos los diputados, para aprobar normas de acuerdo a sus conveniencias y manipular el procedimiento legislativo según sus intereses.

De hecho, en la sesión previa, cuando se aprobó la reforma constitucional en materia político electoral, hubo comentarios por doquier que a los diputados sólo se les proporcionó el documento del dictamen momentos antes de la sesión por vía electrónica, y no impreso en papel. Fue también un comentario recurrente que por no querer utilizar una computadora, muchos diputados no fueron capaces de leer u hojear el documento en versión electrónica, y que por eso el dictamen aprobado no era el mismo que días después fue publicado en el Periódico Oficial. Es decir, dicho dictamen sufrió correcciones después de ser aprobado. Pero como no había medios certeros para aprobarlo, nadie lo pudo alegar válidamente.

CRÍA CUERVOS…

En este caso, el PRI dice que no hubo ley aprobada porque no existió la concurrencia ni la votación requerida. El problema es que documentalmente todo está cubierto, y la norma ya fue hasta publicada y entró en vigor. Queda claro que ahora son víctimas de sus mismas prácticas. Y por encima de todo, es patética la forma en cómo, entre todos los diputados, se timan, se estafan y se engañan. Finalmente nadie puede quejarse de que haya obras fantasma, nóminas fantasma y hasta gobiernos fantasma: con sus dictámenes (“legales” pero fantasma) ellos mismos ponen el ejemplo de cuánto se puede estirar la ley cuando, de aprovechar —y tergiversar— la supuesta “buena fe”, se trata.

A la Federación le interesa someter, no aplicar la reforma educativa

SNTE

+ Ir vs CNTE, sano; pero también deben revisar corrupción del SNTE


Es necesario hacer una diferencia importante, frente a los intentos del gobierno federal de legitimar las acciones que por todos lados está anunciando en contra de la Sección 22 y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Si el gobierno federal de verdad está interesado en que la reforma educativa se cumpla, entonces debería impulsar un saneamiento integral de la nómina magisterial en todo el país, y sancionar a todo aquel que indebidamente cobra más dinero del que corresponde a su salario. No hacerlo, y ser sólo selectivo con la CNTE, es un simple rasgo autoritario que en realidad no abonaría a una mejor educación en el país, que es lo que se supone que se busca con la reforma.

En efecto, todos sabemos que la CNTE y sus líderes constituyen un oprobioso lastre para la educación en el país. Sin embargo, reducir el drama educativo a su sola existencia, sería tanto como sólo ver una de las varias caras que tiene ese problema. En realidad, la Coordinadora se ha distinguido por su radicalidad e intransigencia, pero no por ser la cara opuesta de un sindicato magisterial transparente y dispuesto a la evaluación. Si bien la CNTE constituye una primer barrera en contra de la evaluación, también debemos ver que si el gobierno federal tiene ganas de ir contra todos los que se resisten a la reforma, entonces tendría que emprender acciones legales no sólo contra Rubén Núñez Ginez, sino contra todos los que violan la ley.

En este sentido, no es nuevo el hecho de que la Sección 22 le ha servido de tonto útil a la SNTE, pero sí lo es que también el gobierno federal esté resuelto a ser parte de esa dinámica que no favorece a nadie más que a la opacidad y los excesos del magisterio supuestamente alineado.

Y es que, en este escenario de confrontación entre la CNTE y el gobierno federal, no debemos olvidar que, sin menoscabo de los excesos y la corrupción cometidos por el magisterio adherido a la Coordinadora en las entidades donde tienen presencia—quien tiene más señalamientos probados de excesos, malversación de fondos y corrupción, son las entidades controladas por el SNTE, con el que aparentemente el gobierno federal no tiene problemas. Pareciera entonces que el SNTE aprovecha la confrontación entre la federación y la CNTE para pasar desapercibidos y mantener su situación de privilegio.

En este sentido, nada nuevo hay bajo el sol. Pues resulta que como lo apuntamos ya hace algunos meses (ver Al Margen 04.03.2015) según los resultados de la Cuenta Pública 2013 dados a conocer por la Auditoría Superior de la Federación, Oaxaca —la supuesta piedra en el zapato de la reforma educativa— no sólo no encabeza la lista de los señalamientos más graves sobre el uso indebido de los recursos federales relacionados con la educación pública, sino que incluso no es de los estados más incumplidos en ese rubro. ¿Qué ocurre entonces?

Que en la revisión al ejercicio 2013, la ASF detectó un mal uso de 11 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica (FAEB), que equivalen a 20% de los 56 mil 525 millones de pesos que presentaron irregularidades en ese ejercicio fiscal (http://bit.ly/1DWVy8G). Entre las anomalías encontradas en la fiscalización del fondo educativo, que recibió 325 mil millones de pesos, destacan pagos irregulares a docentes comisionados al sindicato, pagos de prestaciones, compensaciones, bonos y estímulos derivados de las negociaciones entre los gobiernos estatales y las secciones sindicales, así como pagos a personal sin ninguna relación con la educación básica.

De esos pagos irregulares, la ASF señala que de todas las entidades que ejercieron incorrectamente los recursos, la mayor proporción se presentó en Michoacán, Colima, Veracruz, Chiapas, Zacatecas, Sinaloa, Tamaulipas, Baja California Sur y Quintana Roo. Y de esos nueve estados con más anomalías en el gasto con dinero del FAEB, Michoacán es el único que usó de manera irregular 20 de cada 100 pesos que recibió del gobierno federal, entidad que además destaca por su rechazo a la Reforma Educativa y el predominio de la Sección 18 de la CNTE en la toma de decisiones de la política educativa.

LA CORRUPCIÓN Y

LOS TONTOS ÚTILES

Esto significa, en términos sencillos, varias cuestiones: primera, que Oaxaca no es el caso más preocupante de utilización indebida de recursos en el ámbito educativo; segundo, que en varios de los estados en los que aparentemente no hay oposición de los maestros a la reforma, son los que a su vez tienen más señalamientos sobre la malversación de recursos para el pago de nómina educativa; y tercero —que es lo más paradójico—, que Oaxaca (la CNTE, el gobierno, y la propia federación, que primero intentó negociar los términos de la rendición de la reforma educativa, y ahora quiere encarcelar a los líderes de la Sección 22) es quien a su vez se está comiendo todo el descrédito por la corrupción magisterial, que encabezan sus adversarios del SNTE.

En ese sentido, es evidente que si el gobierno federal de verdad quiere castigar a quienes cobran de más, tendría que ser más pulcro y entonces revisar las 32 entidades federativas e ir contra todos. No hacerlo significa perdonar y convalidar los excesos que se cometen de cara a la reforma educativa, y simplemente querer castigar a la Sección 22 por no someterse a las disposiciones federales.

¿Qué pasaría si la Sección 22 no se hubiera inconformado con la reforma educativa? Es fácil adivinarlo: la SEP estaría aplicando ya las evaluaciones, pero entonces no habrían entrado a revisión, ni sometidos al escrutinio público, todos los excesos salariales en que incurren los dirigentes sindicales.

Así, la pregunta no sería sólo cuándo van a castigar a Núñez Ginez y a toda la pléyade magisterial que cobra salarios de privilegio, sino también cuándo conoceremos el salario de todos los demás líderes sindicales que por estar “alineados” con la federación continúan haciéndola su “tonta útil”, al seguir disfrutando impune y secretamente de los beneficios de salarios estratosféricos no por dar clases sino, como Núñez, “por hacer política”.

ADIÓS A LA DEMOCRACIA

Las resistencias en el Palacio Legislativo están a todo lo que da. Hay muchos temas que los diputados no quieren abrir, ahora que les urge sacar la legislación secundaria de la reforma político-electoral. No quieren, en resumen, mecanismos democráticos al alcance de los ciudadanos. No nos sorprendamos si eso se consolida.

Noticia para EPN: Rubén Núñez es sólo el líder aparente de la Sección 22

Rubén Núñez Ginez

+ El verdadero poder magisterial está en Asamblea, no en comité seccional


Es conmovedora la ingenuidad que demuestra el gobierno federal, primero al creer que el secretario General de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez es el verdadero dirigente magisterial en Oaxaca; y segundo, al anunciar en todos los medios posibles que pronto podría emprender acciones judiciales en su contra y, dicen, hasta ponerlo tras las rejas. Lejos de infundir temor entre el magisterio, el bulo lanzado por el gobierno federal sólo demuestra que siguen ignorando la dinámica magisterial y, sobre todo, a quién se enfrentan.

En efecto, en los últimos días hemos visto cómo el gobierno federal ha desplegado información en al menos tres vertientes: en la primera “filtraron” el salario que percibe Núñez Ginez, y varios integrantes más del Comité Ejecutivo Seccional; en la segunda, alimentaron el señalamiento hecho por la organización Mexicanos Primero, que el martes anunció que había presentado una denuncia penal en contra del Líder de la Sección 22; y en una tercera vertiente han tratado de alimentar la versión de que realmente Núñez es el dirigente de la 22, y no el títere que en realidad es.

Todavía ayer, en la edición de varios diarios de la capital del país, se reiteraba la versión de que el gobierno federal “pronto tomaría acciones” legales en contra de Núñez y la CNTE. Lo que más llamaba la atención era una nota de El Universal, en la que ya dibujaban la supuesta personalidad de líder de Núñez, que apenas si alcanza a ser uno de sus voceros visibles.

“El maestro [Núñez Ginez] de frases cortas y actitud nerviosa, lidera desde hace casi tres años el músculo que da fortaleza a la CNTE en el país, y que tan sólo en el estado puede movilizar a cerca de 70 mil maestros, parar 10 mil escuelas y dejar sin clases aproximadamente a un millón 300 mil niños. En Núñez reconocen a un líder que le ha costado mucho aprender cómo administrar y dirigir una sección tan importante. Le achacan que problemas personales y su forma de beber no le permiten atender la alta responsabilidad que tiene”, se lee en una nota publicada ayer (http://eluni.mx/1HclkVZ).

¿Es realmente Núñez Ginez un líder en tantos problemas como para estar perdiendo el control de la Sección 22? ¿Es verdaderamente Rubén Núñez Ginez un auténtico líder magisterial? ¿No es que en realidad a lo que se reduce su posición, y en buena medida la de todo el Comité Ejecutivo Seccional, es a sólo ser representantes formales del magisterio oaxaqueño, y voceros autorizados de sus posicionamientos?

No hace falta más que voltear a ver a todos los demás líderes magisteriales para comprobar lo equivocado que está el gobierno federal al tratar de construirle a Núñez una imagen de líder en problemas, y al tratar de engañar a la opinión pública –y sobre todo a ellos mismos—que emprendiendo posibles acciones judiciales en su contra van a lograr sacar de balance a la Sección 22, a la CNTE o cuando menos al Comité Seccional.

UN DIRIGENTE DE PAPEL

La Sección 22 del SNTE siempre ha dicho que en su movimiento no hay líderes porque sus decisiones son horizontales, y en esa afirmación hay un amplio margen de veracidad. Es cierto que en ese movimiento las decisiones no las toma una sola persona y que los liderazgos formales son muy relativos. En lo que sí mienten es en lo relativo a que en su movimiento las decisiones son colectivas, de Asamblea, y democráticas. De eso debería tomar nota el gobierno federal.

¿De qué hablamos? De que la 22 no miente cuando afirma que su Comité Seccional decide el rumbo del movimiento. En realidad, lo que no engloba es a los verdaderos liderazgos del movimiento magisterial, que desde hace años se encuentran tras bambalinas. Asimismo, la 22 tampoco miente cuando asegura que sus decisiones son horizontales: sí lo son, aunque no en la idea que pretende generar, de que todas sus decisiones pasan por el consenso de todas las bases. Pasan, en realidad, por el consenso de algunos grupos, que son los que influyen y marcan el de la Asamblea Estatal, que sí es su máximo órgano de decisión, pero en el que no todos (de hecho es una estrecha minoría) los representantes votan con conciencia y al margen de lo que dictan los líderes.

En esta situación, es evidente que los liderazgos formales de la Sección 22 son más relativos y aparentes de lo que a simple vista parecen. Por ejemplo, el dirigente inmediato anterior, Azael Santiago Chepi, tuvo exactamente el mismo cargo y el mismo poder y representación formal que Núñez Ginez en la actualidad, y sin embargo no es, nunca pudo ser, ni será, un verdadero líder magisterial. Tan es así que en dos ocasiones consecutivas ha intentado ser diputado —primero local y luego federal— pero sin el respaldo o el trabajo de movilización de la Sección 22 del SNTE.

El dirigente previo, el interino Ezequiel Rosales Carreño, ahora es dirigente de una organización de lucha social, que tampoco tiene relación ni ascendencia con la Sección 22. Incluso, cuando se dijo que Enrique Rueda Pacheco había traicionado al movimiento magisterial luego del conflicto popular de 2006, la 22 de todos modos no perdió el rumbo de sus intereses y negociaciones, a pesar de que Rueda dejó el movimiento de una manera abrupta. ¿Qué podemos entender de todo esto? Que los verdaderos líderes magisteriales no están en el Comité Ejecutivo Seccional y tampoco son visibles, más que para algunos sectores que no son los que negocian en la Secretaría de Gobernación.

Por eso mismo, si el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tiene planes de ir contra Rubén Núñez Ginez, no ganará mucho. Podrán encarcelarlo, y hasta refundirlo, y de todos modos no habrá forma de que cambien el rumbo o descabecen el movimiento magisterial, a menos que se dediquen de verdad a ir tras esos liderazgos oscuros que no dan la cara pero que influyen de manera determinante en el rumbo y la radicalidad de la Sección 22 del SNTE.

SIN CALIDAD MORAL

Es hasta socarrona la forma en cómo el IEEPO le echa la culpa al Congreso de que el plantón magisterial permanezca en el primer cuadro de la capital oaxaqueña. Debería darles vergüenza, porque si sobre el Congreso pesa el señalamiento por la no emisión de la ley educativa, sobre el IEEPO pesa la responsabilidad de ser un ente avasallado y al servicio de la Sección 22, que lejos de lamentar la posición de debilidad en que se encuentra, casi le da las gracias al magisterio por tenerlos sometidos.

@ortizromeroc