Columna Al Margen

Transparencia en Oaxaca, un problema que rebasa al chisme

almargenoaxaca

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marzo 23, 2015

+ CIDE constata malos resultados de órgano garante en Oaxaca

Aunque los consejeros de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de Oaxaca (Cotaipo), han insistido en que las voces que exigen la reintegración del órgano garante de transparencia en la entidad son alentadas por chismes e intereses, en realidad Oaxaca sí tiene un problema grave en este rubro. En las más recientes mediciones nacionales ya se refleja que las deficiencias del órgano garante impactan en la calificación global de Oaxaca como estado; y por eso, los Poderes del Estado debieran redoblar su interés en resolver este problema.

En efecto, recientemente el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) presentaron los resultados de un estudio denominado Métrica de la Transparencia 2014 (que puede ser consultado en www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=Documentos), en el que ofrece datos desagregados en cinco dimensiones: normativa, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes y una selección de sujetos obligados, y los compara con un ejercicio similar realizado en el año 2010.

Ese es un estudio nacional, que incluye mediciones tanto al gobierno federal como al de las 32 entidades federativas, y que busca ofrecer una radiografía general del estado en que se encuentra la transparencia, ya no sólo en su aspecto normativo sino en las capacidades para poder hacer efectivo este derecho, en su interacción entre el usuario, los ámbitos de gobierno y los órganos encargados de proteger el derecho a la información y datos personales de los particulares.

Una de las primeras sorpresas que nos ofrece esta métrica, es que en relación a 2010 —cuando se supone que vivíamos en la época del autoritarismo priista— como estado, Oaxaca se encontraba en el lugar número 22, y ahora se encuentra en el sitio número 27, de los mismos 33 sujetos evaluados antes y ahora. En 2010 la evaluación general del estado de Oaxaca alcanzó una calificación de 0.714, mientras que en 2014 quedó en 0.690. Esta primera sorpresa, sin embargo, debe contrastarse con algunos datos para entender las causas y razones de esta caída en la métrica nacional de transparencia.

Como ya lo apuntamos, el estudio se ocupa de cinco aspectos, a saber: normativo, portales, usuario simulado, capacidades institucionales de los órganos garantes, y una selección de sujetos obligados. Es necesario ir a cada uno de esos rubros para entender con más claridad en dónde se encuentran las fallas que ubican a Oaxaca en una franca situación de retroceso en el ámbito de la transparencia. Veamos.

En dicho estudio, Oaxaca se encuentra por encima de la media nacional en el aspecto normativo. Según el estudio del CIDE-COMAIP, el promedio nacional (que va de cero a uno) es de 0.79, y Oaxaca tiene una posición de 0.83. Esta buena ubicación responde a la emisión de una nueva ley de transparencia en la entidad, que incrementó las capacidades normativas de los sujetos involucrados en la transparencia y que ofreció a los particulares mayores elementos para poder hacer efectivo este derecho.

En cuanto al rubro de portales, en 2010 Oaxaca tenía una calificación de 0.58 cuando el promedio nacional era de 0.78. Hoy en día, la Métrica del CIDE-COMAIP establece que en el subíndice de portales Oaxaca tuvo un avance significativo al haber obtenido una calificación general de 0.72, frente a la media nacional, que es de 0.84. Este avance —junto con el de usuario simulado, en que Oaxaca incluso rebasa la media nacional, con una calificación de 0.69, frente a un 0.65 de promedio nacional— tiene su base en las medidas que han implementado los poderes del Estado para mejorar la forma en que los particulares pueden acceder a temas relacionados con transparencia.

Baste ver que en este contraste de mediciones, el Poder Ejecutivo mejoró sustancialmente su calificación relacionada con portales, al haber pasado en 2010 del lugar número 32 (de 33), al número 20 en esta medición. Lo mismo ocurrió en el rubro de usuario simulado, en el que en 2010, Oaxaca también se encontraba en el lugar número 32 pero hoy registró el cuarto mejor desempeño de los 33 sujetos evaluados.

ÓRGANO GARANTE, EL LASTRE

En la Métrica de la Transparencia realizada en 2010, CIDE-COMAIP ubicaron al órgano garante de transparencia en Oaxaca en la posición número 12 a nivel nacional, sin embargo, en la medición actual, la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública se ubica en el lugar número 31. Es decir, cayó 19 lugares en la medición nacional, apenas en cuatro años, de los cuales más de la mitad de la gestión corresponden a la actual integración del órgano garante.

Según la Métrica, el órgano garante de Oaxaca tiene serias deficiencias en cuanto a sus capacidades institucionales. Esto porque sostiene que su dirección es mucho menos independiente que la media nacional, ya que mientras la Cotaipo apenas alcanzó una calificación de 0.560, el promedio nacional se ubica en 0.719; lo mismo ocurre en el rubro de organización, en el que el órgano garante de Oaxaca resultó con una calificación de 0.389 frente a la media nacional, que es de 0.668; incluso, en el rubro de operación la Cotaipo tampoco pudo registrar un desempeño notable, ya que apenas obtuvo una calificación de 0.314 frente a la media, que es de 0.408.

Los únicos registros en donde sí tuvo buen desempeño fue en actividades e incidencia, en donde registró 0.889 y 0.600 frente a la media, que es de 0.781 y 0.540, respectivamente. Por eso, en general en el subíndice de capacidades institucionales, la Cotaipo tiene una calificación global de 0.517 cuando la media nacional es de 0.652, y esto impacta de manera importante en la calificación global regresiva que obtuvo Oaxaca en esta medición.

ÓRGANO CARO Y DEFICIENTE

Hay un aspecto más que registra la Métrica elaborada por el CIDE-COMAIP: el órgano garante de Oaxaca ocupa la posición número siete a nivel nacional en cuanto a recursos públicos destinados a la transparencia, ya que en 2014 tuvo un presupuesto de $32,801,448.00; no obstante, su posición dentro de los órganos garantes sigue siendo la penúltima a nivel nacional, sólo por encima de Zacatecas y Michoacán. Con esos resultados, ¿es sólo por “intrigas” y “chismes” que muchos quieren que los consejeros actuales dejen sus cargos, y los $86,308.54 que dice su mismo portal de transparencia que cobran cada mes? Los resultados, los números y el CIDE, estamos seguros, no mienten.

Chimalapas: trascendental que se respete acuerdo entre entidades

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marzo 20, 2015

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+ Suprema Corte: con el poder en las manos para decidir los límites

Si la clase política oaxaqueña tiene verdadero interés en defender el territorio frente a la invasión del estado de Chiapas, sería trascendental que para enfrentar este asunto hiciera a un lado cualquier mezquindad y cerrara filas a favor de Oaxaca. Se han dado pasos sustanciales en la operación política que busca proteger el territorio que el estado vecino reclama como suyo, y por eso mismo se hace urgente que quienes integran los poderes del Estado aparten sus diferencias y en este asunto demuestren que hay temas que rebasan los intereses políticos.

En efecto, el pasado cinco de marzo los Secretarios Generales de Gobierno de Oaxaca y Chiapas (Alfonso Gómez Sandoval Hernández, y Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, respectivamente) firmaron una declaración conjunta que es trascendental para reforzar el procedimiento jurisdiccional que se sigue ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre la porción de territorio que los dos estados reclaman como propio. En esa declaración conjunta, los representantes de ambos gobiernos establecieron el compromiso expreso de acatar la sentencia que emita la Suprema Corte de Justicia respecto a la controversia constitucional 121/2012 que se sigue por la pertenencia territorial de la región de los Chimalapas.

Este asunto hizo crisis hace algunas semanas debido a la persistencia de los llamados “talamontes”, que si bien tienen décadas presentes en la región de Los Chimalapas, esto ha sido en gran medida alentado por el gobierno chiapaneco en su intento por afianzar la pertenencia de ese territorio. Y es que la invasión a territorio oaxaqueño, así como la tala ilegal e inmoderada de bosque y selva en la región Chimalapa, empezó en los años cuarenta, década en la que el gobierno chiapaneco —con el argumento de que esas tierras eran “nacionales” y que se encontraban dentro de territorio del Estado de Chiapas—, apoyó y protegió a las compañías madereras como fueron los Sánchez Monroy, Manuel F. García, Juan Pérez y otros, para que indebidamente se instalaran en esa región.

Y no solamente esto, en la región de Los Chimalapas se cuenta que de forma ilegal, el gobierno chiapaneco les expidió permisos de explotación forestal para que talaran el bosque de manera indiscriminada. Esas compañías madereras o aserraderos ya instalados dentro de la jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, Oaxaca, con sus respectivos permisos de explotación forestal, necesitaron mano de obra para trabajar. Por esta razón llegaron a la región Chimalapa trabajadores provenientes del mismo estado de Chiapas, pero también de Guerrero, Michoacán, Veracruz y de otras partes de la República.

Esos trabajadores que llegaron con todo y familia fundando en ese lugar pequeños núcleos humanos que más tarde se convirtieron en comunidades. A esas comunidades los “chimas” (apelativo que con orgullo se hacen llamar los naturales de Santa María y de San Miguel Chimalapa) les llaman “congregaciones”, para diferenciarlas de las “zoques ancestrales”.

En un principio se crearon aproximadamente 40 congregaciones irregulares. En la actualidad solo quedan 22, que indebidamente el municipio de Cintalapa, Chiapas, los reconoce como sus agencias municipales.

Además, los gobiernos que ha tenido el estado de Chiapas, en un intento por legalizar y con la ambición de expandir su territorio, ha bautizado a los asentamientos irregulares asentados en jurisdicción de Santa María y de San Miguel Chimalapa, con nombres de personajes chiapanecos. Por esa razón, existen poblados como Rafael Cal y Mayor, Ramón E. Balboa, Elsye Herrerías de Castellanos, Pilar Espinosa de León, Flor de Chiapas, Rodulfo Figueroa.

Y Chiapas, no conforme con lo anterior, mediante el Decreto número 008 emitido por la Sexagésima Cuarta Legislatura de aquel Estado, pretendió crear, sobre el ejido denominado “Rodulfo Figueroa”, que se encuentra dentro de la jurisdicción de San Miguel Chimalapa Oaxaca, un nuevo municipio con el nombre de “Belisario Domínguez”, que esencialmente es la cuestión controvertida ante la Suprema Corte a través de la Controversia Constitucional antes mencionada.

NEGOCIACIÓN Y ACEPTACIÓN

En un inicio, el gobierno de Chiapas intentó negociar con el de Oaxaca un arreglo extrajudicial por este conflicto de límites. Pero a pesar de las inconsistencias de la defensa legal que hubo en los inicios de este asunto por parte de la Consejería Jurídica del Gobierno de Oaxaca, sí hubo la claridad para evitar cualquier tipo de negociación con Chiapas. Hubo dos razones para no optar por esa ruta: la primera, que todos los antecedentes históricos sobre los límites de los dos estados están a favor de Oaxaca; y la segunda, porque cualquier negociación habría implicado la necesidad de ceder alguna porción de territorio, lo cual no habría sido correcto si de lo que se trata es defender todo el territorio.

Por eso mismo, hoy es más necesario que nunca que haya un cierre real de filas de todos los actores e instituciones políticas oaxaqueñas para defender el territorio. Pues si ya se están fijando los parámetros de la actuación que prevén los dos gobiernos frente a la determinación que tome la Corte en este asunto, entonces lo que hace falta hacer es reforzar la idea de que ninguna de las instancias involucradas —cualquiera de los tres poderes del estado— actúa solo o sin el respaldo expreso de los demás factores de poder institucionales de la entidad.

Hoy en día, por ejemplo, no termina de quedar clara cuál ha sido la participación de la LXII Legislatura en el seguimiento de este asunto; tampoco se sabe bien a bien qué intervención han tenido los senadores en este proceso de negociación política. En el fondo, parece que como el tema no ha vuelto a hacer crisis a gran escala, no hay más atención que la indispensable de las instancias encargadas de la política interna. Pero lo cierto es que tendría que haber una defensa más decidida y visible por parte de los poderes y de todos los actores políticos en Oaxaca, independientemente de sus colores y motivaciones políticas.

CONFLICTOS

En los diferendos que han surgido entre los locatarios de los mercados Benito Juárez y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, ahora que iniciaron los trabajos de remodelación, surge insistentemente el nombre de Claudio Ruiz Solana, como el instigador de los mismos. ¿Qué relación tiene este individuo —que ostenta un cargo se supone que honorario en el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez—, con el manejo de esos espacios?

El gobierno federal no acepta que capituló frente a la Sección 22

almargenoaxaca

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marzo 19, 2015

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+ Van por rectificación en medios de DF; aquí se impone realidad

Despierta suspicacias que en sólo dos días, dos de los comunicadores de la capital del país que más le han dado más seguimiento al proceso de negociación entre la Secretaría de Gobernación y la Sección 22 del SNTE, hayan intentado recular frente a las afirmaciones —que son reforzadas por la realidad— de que al magisterio oaxaqueño se le están cumpliendo todas las demandas relacionadas con la no aplicación de la reforma educativa. Aunque dicen que no existen elementos para asegurar lo anterior, sólo basta con releer las minutas que ellos mismos publicaron, para corroborar que la supuesta ausencia de la capitulación federal sí se encuentra en esos documentos.

En efecto, en su entrega del lunes pasado el periodista Ciro Gómez Leyva aseguraba, en su columna La Historia en Breve que se publica en El Universal, que “cuesta aceptar que el presidente Peña Nieto y el secretario Osorio Chong le hayan dado manga ancha al subsecretario de Gobernación, Luis Miranda, para que, a cambio de desactivar conflictos políticos y sociales, destruya la reforma educativa en algunas entidades, Oaxaca por ejemplo. Para que deje la reforma sólo en el papel, la desnaturalice, le quite el corazón.

“De ahí la sorpresa —continúa— por la nota de hace dos lunes en el diario Reforma que, sin fuente acreditada, daba cuenta de cómo la CNTE y Gobernación acordaron “burlar la ley educativa” en Oaxaca y “premiar a maestros que marchan, faltan a clases y no son evaluados”. El acuerdo se habría plasmado en ‘dos minutas firmadas este año’, donde se habría estipulado, entre otras cosas, “no quitarle plazas a los maestros” y mantener ‘los ascensos por escalafón’”.

Gómez Leyva presenta, en esa misma entrega, copias de las dos minutas firmadas entre la Sección 22 y Gobernación en lo que va del 2015, y afirma: “No encuentro en los textos eso de “quitar plazas”, “ascensos por escalafón”, amnistía por ausentismos. Alguien parece estar filtrando con muy mala leche”.

Al día siguiente, martes, el periodista Raymundo Riva Palacio también se refirió al tema, y tratando recular frente a sus mismas afirmaciones hechas en días previos, señala “La afirmación de que Miranda aprobó la entrega de plazas por fuera de la ley y que la asignación de ellas dejó de ser por evaluación y se regresó al método de escalafón —que era el instrumento de control magisterial al depender el avance o retroceso de los educadores al libre arbitrio de los líderes—, tampoco resultó ser cierta, de acuerdo con las minutas de las reuniones de la mesa de negociación con la Sección 22 del 13 de enero y el 10 de febrero pasado, en las cuales no figura el compromiso que expresaban sus dirigentes. Al contrario, el IEEPO, que está bajo el control de la Sección 22, se comprometió a realizar los trámites administrativos necesarios para actualizar al personal. Sin decirlo, se refiere a cerca de siete mil plazas de maestros que, o no existen, o no pasaron por el censo obligado por la Reforma Educativa”.

Vale la pena leer con cuidado las afirmaciones de esos dos periodistas, pero también hacerlo a la luz de las minutas firmadas entre el Gobierno de Oaxaca, la Secretaría de Gobernación y la Sección 22, para corroborar que en realidad, lejos de aclarar una situación, lo que está pasando es que el gobierno federal intenta maniobrar en los medios de comunicación para que se deje de señalar una situación que día a día se refleja en la realidad oaxaqueña, y que no apunta sino a la derrota de la reforma educativa, y a la hegemonía de la Sección 22 en el ámbito educativo local, donde —como lo afirmaba el Secretario de Educación Pública— “la CNTE hace lo que quiere”.

LA MINUTA Y LA REALIDAD

Ambos periodistas afirmaban que no hay cuestión relacionada ni con presos políticos ni con escalafón, en las dos minutas firmadas entre la 22, el gobierno de Oaxaca, y Gobernación, en lo que va del año. Sin embargo, ¿cómo entender e interpretar, entonces, el Compromiso 1 de la minuta del 10 de febrero que, a la letra, dice lo siguiente:

“El gobierno federal garantiza el reconocimiento de los trabajadores de la educación, sus pagos en tiempo y forma, respetando sus derechos laborales y sus logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos y sindicales, y en seguimiento a los acuerdos alcanzados en la reunión de fecha martes 13 de enero de 2015, en la Secretaría de Gobernación, donde se dio continuidad a la mesa de trabajo para la atención a las demandas de carácter laboral presentadas por la Sección 22 de la CNTE-SNTE”.

Ahí está la clave de lo que los comunicadores antes señalados dicen que no existe. Gómez Leyva y Riva Palacio sostienen que no hay acuerdo para continuar otorgando los ascensos por escalafón. Sin embargo, de la propia minuta se desprende que el primer acuerdo arrancado por los maestros a Gobernación es justamente el de respetar “sus derechos laborales y sus logros políticos, administrativos, económicos, sociales, jurídicos y sindicales”.

En esos derechos laborales, y en esos logros políticos, administrativos y demás es donde se encuentra la facultad de los maestros para continuar siendo ellos quienes conduzcan sus propias formas de determinación laboral, y la forma en que administran los procesos administrativos teniendo —como sí lo reconocen— sometido al IEEPO, que es la instancia que debiera servir como vaso comunicante entre la SEP y los profesores para el seguimiento de la implementación de las nuevas reglas que debieran regir al sistema de educación básica y media básica en la entidad.

¿Qué pasa? Que en realidad lo que parece estar intentando hacer Gobernación es un control de daños para tratar de aminorar la crítica sobre los acuerdos a los que ha llegado con la Sección 22. Al negarlo, tendría que explicar entonces la dependencia federal por qué ayer mismo no hubo clases —es el octavo paro de labores del presente ciclo— en las escuelas públicas de Oaxaca, por qué a los maestros no se les descuentan los días que no acuden a clases por su actividad sindical, y por qué la Sección 22 sigue teniendo el control de los procesos administrativos de la educación en el estado.

LOS PRESOS POLÍTICOS

Al afirmar que tampoco está en la mesa de negociación el tema de los llamados “presos políticos” de la 22, Gobernación a quien desmiente es a su propio interlocutor, Rubén Núñez. ¿Cómo negociar, entonces, en esas condiciones? En esto hay más mentiras y verdades ocultas, de las que a simple vista parece.

Cotaipo: con facturas falsas recetan opacidad a la transparencia

almargenoaxaca

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marzo 18, 2015

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+ Urge renovación del Consejo General, para rescatar credibilidad

Si hoy la Cotaipo carga con un fuerte descrédito debido a la incapacidad de los integrantes de su Consejo General para otorgarle a la institución fuerza moral y credibilidad frente a la ciudadanía, hoy el manejo interno de la Comisión es otro de los temas que deben apurar no sólo la reintegración del órgano, sino una revisión a fondo sobre su actuación y manejo administrativo en los últimos dos años.

En efecto, desde su nombramiento y hasta la fecha, los Consejeros de la Cotaipo no lograron acuerdos entre ellos para dar resultados. Sus rencillas derivaron en una enfermiza dinámica por las partidas presupuestales, que además de ser utilizadas para fines que no se reflejan en una mejor transparencia, sí fueron torpemente justificadas a través de maniobras legaloides que no fueron lo suficientemente sofisticadas como para evitar las sospechas.

Y es que hoy es público que Esteban López José ha intentado hacer dicha comprobación a través de empresas fantasmas, tratando de cubrir con ello comilonas por montos de varios miles de pesos, transportación de empleados en vehículos de lujo, consumibles que nunca llegaron a su destino, remodelaciones inexistentes, asesorías contables para ayudarles a salir librados de la auditoría que exigieron los diputados, y hasta una supuesta plataforma tecnológica que permanece trunca, además de contrataciones de espacios a medios de comunicación de sus allegados, rubros a los que se destinaron varios millones de pesos por servicios sin beneficios palpables.

Y es que apenas dos años después, el fracaso de este órgano autónomo es evidente, a pesar de que su operación anual cuesta a las arcas estatales más de 33 millones de pesos. De acuerdo a su propio informe, en el capítulo administrativo y financiero, los gastos más representativos devengados en el año se refieren a las partidas presupuestales denominadas: material, útiles y equipos menores de oficina; equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones; y combustibles y lubricantes, lo que abasteció a Direcciones y Unidades Administrativas de la Comisión, aparentemente para el desarrollo de sus programas y actividades.

No obstante, a raíz del escándalo de las facturas apócrifas, producto de una investigación de un diario nacional (Reforma) en su edición del 25 de febrero de este año, se supo que la Cotaipo comprobó recursos con facturas de empresas fantasmas. Según este diario el domicilio de uno de sus proveedores, Comercializadora de bienes y servicios Kadxo S. A. de C. V., es un terreno baldío.

Con la factura electrónica 87, emitida el 5 de diciembre de 2013, la Cotaipo compró a esta compañía 15 sets de escritorios metálicos con un valor unitario de mil pesos; y un millón de cuadernillos. Además el comprobante fiscal indica que Kadxo tiene su domicilio en la calle Miguel Hidalgo número 112, en la agencia municipal de ejido Guadalupe Victoria, en donde se localiza un terreno baldío y ningún vecino tiene conocimiento del funcionamiento de alguna empresa en esa dirección.

Otros cuatro proveedores contratados por los comisionados de transparencia dieron un domicilio falso y hasta la fecha ni Esteban López José, ni Eréndira Fuentes Robles, y mucho menos Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, han dado la cara a los oaxaqueños ni han explicado nada sobre el tema. Se trata de Comercializadora de bienes y servicios Burana S. A. de C. V.; Carpatos comercializadora S. A. de C. V.; Comercializadora de bienes y servicios Kiria S. A. de C. V.; Distribuidora de bienes y servicios Parvana S. A. de C. V.

Los cuatro negocios tienen como dirección el Andador Plutón número 11, manzana E, de la unidad habitacional Infonavit Primero de Mayo, en Oaxaca domicilio que corresponde a una vivienda de interés social. El 16 de noviembre de 2013 estas compañías emitieron facturas que amparan compras por más de 400 mil pesos, de acuerdo con las copias de los documentos que dio a conocer Reforma.

RESPONSABILIDAD, ¿DE QUIÉN?

Frente a todo esto, surge una primer interrogante: ¿quién autorizó esas compras en la Cotaipo? De acuerdo al Acta de Sesión Ordinaria S.O./04/2014, celebrada el cinco de febrero 2014, se integró un Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios de la Cotaipo.

Para la integración correspondiente se propuso “como Presidente: Al Consejero Presidente, Lic. Esteban López José, quien tiene el manejo ejecutivo en la Comisión; como Secretaria Técnica; la Licenciada Luz María Romero Margarito, en su carácter de Directora de Administración, quien tiene a su cargo la administración de los recursos materiales y financieros de esta Comisión; de los dos vocales; como vocal primero la Consejera licenciada Gema Sehyla Ramírez Ricárdez; como vocal segundo la licenciada Consejera María de Lourdes Eréndira Fuentes…”, dice el acta de sesión. Así que ahí está la respuesta a las incógnitas que los propios consejeros no han querido responder sobre el manejo presupuestal de la Cotaipo y las responsabilidades en el uso de facturas falsas para tratar de comprobar los gastos ejercidos.

Así, los esfuerzos por pactar con algunas fuerzas políticas y convencer a ciertos actores que han recibido beneficios, no bastará para acallar las múltiples voces que piden a gritos la renovación. Por eso mismo, es necesario que se realice una auditoría a fondo, al margen de intereses partidistas y de grupo que controla la Comisión, para aclarar si de verdad hubo malversación de fondos, desvío de recursos, conflictos internos, acoso laboral, violación de derechos humanos, así como las prácticas corruptas que corroen a un organismo de noble propósito.

URGE LA RENOVACIÓN

Dado todo lo anterior los Consejeros de Transparencia no sólo carecen de legitimidad ante la ciudadanía, sino de calidad moral para garantizar la transparencia de los tres poderes y de los municipios. Si les importara algo la institución que representan, y a la cual se proponen “sanear con el despido de más trabajadores”, saldrían por propio pie antes de ser echados por los diputados locales que ya urgen a emitir la convocatoria para seleccionar a los nuevos consejeros que respondan cabalmente al bono democrático con el que serán designados. Con la desastrosa experiencia de la Cotaipo, ojalá los partidos se abstengan de meter las manos en la selección de los mejores perfiles, y se conforme un organismo fuerte a la altura de las expectativas de Oaxaca, y del país.

Cotaipo: en la cuna de la transparencia, los signos son de regresión

almargenoaxaca

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marzo 17, 2015

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+ Consejeros, con denuncias penales pendientes, carecen de legitimidad

El pasado jueves el Senado aprobó la Ley General de Transparencia que dota de mayores facultades al IFAI, y fortalece el quehacer de los institutos de transparencia en los estados. Se supone que una ley como ésta debería traducirse en grandes beneficios para Oaxaca, al garantizar un efectivo ejercicio del derecho a la información y sentar el precedente del Gobierno Abierto… de no ser porque la Cotaipo atraviesa por una crisis que la tiene herida de muerte y le impide estar a la altura de los retos actuales.

En efecto, si después de todo lo que se ha dicho y escrito de la Cotaipo, quedara pizca de dignidad en los consejeros ya hubieran presentado su renuncia al cargo, para no obstaculizar la auditoría que está por iniciar y por ética personal se someterían a la acción de la justicia. Con ello por primera vez en dos años estarían rindiendo cuentas a los oaxaqueños que demandan una explicación a las camionetas de lujo que estrenaron, a los boletos de avión, al tráfico de influencias y a las facturas apócrifas con las cuales justificaron gastos en el 2013 y 2014.

Pues con el desprestigio a cuestas que enfrentan los tres consejeros Esteban López José, Eréndira Fuentes Robles y Gema Sehyla Ramírez Ricárdez, quienes en un dudoso proceso de selección y contra todos los augurios fueron impuestos en el cargo en noviembre del 2012 a propuesta de la LXI Legislatura local, impulsados por los tres principales partidos políticos PAN, PRD y PRI, respectivamente, que hoy lamentan la precipitada decisión y buscan enmendar los errores con distintas iniciativas para renovar el Consejo General.

En la tierra que impulsó la transparencia en el país con el activismo y aportaciones del llamado “Grupo Oaxaca” integrado por personajes del medio político, jurídico, académico y periodístico, la sociedad civil se anticipó a los poderes establecidos para garantizar un derecho de avanzada como el de acceso a la información, y logró impulsar la legislación en la materia.

Pero lejos de honrar el antecedente inmediato, los partidos políticos menospreciaron la transparencia y la rendición de cuentas al enturbiar un pretendido procesos democrático de selección, y jugar con cartas marcadas que favorecerían a tres advenedizos carentes de la ascendencia, prestigio y conocimientos mínimos en la materia, a quienes en dos años demostraron con toda claridad que el puesto les quedó grande, y que a su vez el presupuesto de la institución les quedó pequeño para satisfacer sus ambiciones personales, y para saldar deudas añejas.

LAS DENUNCIAS PENALES

El desprestigio que llevan a cuestas no es gratuito. Amén de la opacidad y la parálisis en la que han sumido a la institución, así como las disputas por poder y dinero que existen entre los consejeros López José y Ramírez Ricárdez, resulta que ambos enfrentan procesos judiciales que se empeñan en negar, aunque éstos sean del dominio público.

Pues resulta que aún cuando la mayor fuerza de un órgano (como el de transparencia) para sostener y hacer cumplir sus resoluciones radica en la integridad moral y ética de sus integrantes, en Oaxaca existen denuncias penales por enriquecimiento ilegítimo, abuso de autoridad y falsedad de declaraciones, que atañen nada menos que a los tres titulares del órgano garante.

Ahora mismo, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) debiera estar investigando las presuntas conductas ilícitas por parte de los funcionarios. En la Averiguación Previa 1166/ AEI/ 2013, se denunció a López José, Eréndira Fuentes y Ramírez Ricárdez por el delito de abuso de autoridad y demás delitos cometidos por servidores públicos.

Más escandalosa aún es la conducta personal de una de las Consejeras —Gema Sehyla Ramírez, solapada hasta ahora por un sector importante del priismo en la LXII Legislatura—, quien suma cuatro denuncias en su contra por parte de ciudadanos, tres de ellas datan de varios años atrás, cuando aún no ocupaba ningún cargo en la administración pública, lo cual contradice la versión que ofrece a los diputados, argumentando que acumula esos procesos por “haber defendido a su partido en los procesos electorales”.

Peca de soberbia o de ingenuidad al creer que ese argumento es verosímil cuando ha tenido disputas con particulares que han parado en los tribunales por temas de amenazas, robo simple y fraude, las cuales hasta el momento permanecen en reserva. Pues ante la PGJE se presentó la denuncia número 583/CH/2007 en contra de Gema Sehyla Ramírez Ricárdez por el delito de amenazas.

Otra denuncia ante la Procuraduría es la número 87/PJ/1999 en contra de la misma Consejera por el delito de robo simple, y una más identificada con el numeral 1299/SC/2003, también en contra de Ramírez Ricárdez por el delito de fraude, mismas que siguen archivadas en la PGJE. Semejantes antecedentes la llevarían en una democracia representativa a ser destituida del cargo por falta de probidad para el servicio público y por carecer de buena fama pública.

Dado el momento histórico para la transparencia en México no se pueden pasar por alto las tres solicitudes de juicio político contra Ramírez Ricárdez que duermen el sueño de los justos en el Congreso local y que al ponerse en marcha concluirían con la destitución inmediata del cargo que le fue conferido por seis años. Al cabo de dos años los consejeros provenientes de los tres principales partidos se caracterizan por los nulos los resultados, por ocultar con artilugios de principiantes el manejo discrecional del presupuesto, por repartir culpas y ocultar los malos manejos debajo de la alfombra a cargo de una consultoría externa que ofrece servicios de contabilidad y asesoría fiscal. Por eso, se puede afirmar categóricamente que ese conjunto de antecedentes está aún lejos de terminar de ser repasado.

AUSTERIDAD, SÓLO EN LA CASA DEL COMPADRE

Eso es lo que les acomoda muy bien a los diputados de la LXII Legislatura, que sin ningún pudor en diciembre de 2013 hicieron hasta principio constitucional el de la llamada “irreductibilidad” del presupuesto del Poder Legislativo. En el fondo, un buen comienzo sería que se hiciera público si en realidad se llevó a cabo la auditoría que la ASE prometió realizar a inicios del año pasado al ejercicio presupuestal del Congreso, y cómo ejercieron esos recursos. Esto serviría al menos para saber por qué los diputados necesitan tantos millones para simular que legislan.

México: certidumbre y Estado de Derecho, frente a autoritarismo

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marzo 16, 2015

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+ Medina Mora: un signo claro de que ciudadanía está despertando

La elección de Eduardo Medina Mora Icaza como Ministerio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por varias razones, no tiene precedentes. Es la primera vez en la historia reciente del país que un Presidente enfrenta tanta oposición y descrédito por la formulación de la propuesta para la integración de un ente institucional; y es también la primera vez que la ciudadanía se involucra a tal nivel en ese proceso que, técnicamente, no está sujeto a aceptaciones o popularidades. Es por ello un proceso inédito, en el que ciertamente la ciudadanía fue derrotada, pero que debe servir de precedente para futuras victorias.

En efecto, hoy en el ámbito internacional uno de los imperativos más importantes para generar confianza, es la certidumbre basada en el Estado de Derecho. Ese término, en general, se entiende no sólo como la capacidad de cada uno de los poderes del Estado de cumplir cabalmente con sus funciones (es decir, que el Congreso dé buenas leyes; que el Ejecutivo administre correctamente los recursos públicos; y que el Poder Judicial pueda dar justicia en todos los casos) sino también como que cada uno de esos poderes estén integrado de forma tal que la sola presencia de sus integrantes pueda ser el primer signo de certidumbre.

Eso no pasa en México. En nuestro país, los peor evaluados de todos por la ciudadanía son los diputados y senadores; al mismo tiempo, el Presidente de la República hoy enfrenta un fuerte descrédito internacional por la falta de claridad respecto al origen de los bienes inmuebles que posee, y por la evidente intromisión en los asuntos de los otros poderes; en general, existe un sentimiento relacionado con que el entrometimiento del Ejecutivo en funciones de los demás poderes es un intento por instaurar el viejo régimen, pero ya no como un régimen de partido hegemónico, sino como un “régimen de Presidente hegemónico”.

La realidad así lo apunta: hoy en día, aunque lo quisiera, es imposible que el PRI gane todas las elecciones, como en los mejores tiempos anteriores a 1997; es improbable que, aunque lo quiera, el PRI pueda volver a sus tiempos de clientelas y corporativismos; e incluso es imposible que pueda sostener un voto duro de millones de sufragios asegurados e incondicionales, como en el pasado.

¿Signo de qué es esto? De que hoy no podría volver a haber un régimen de partido hegemónico, porque la democracia representativa ya permite —con todas sus deficiencias— un esquema de competencia electoral, en el que sería imposible que un partido pudiera colonizar todas las posiciones que están en juego en los procesos electorales. Como quiera que sea, la ciudadanía participa; los otros partidos existen; y las mayorías abrumadoras hoy son cosa del pasado. ¿Entonces?

Entonces el problema es que el viejo régimen intenta restaurarse por las rendijas que aún tiene a su alcance. Por ejemplo, el Presidente priista (Enrique Peña Nieto) ya no pudo obtener mayoría en el Congreso por la vía directa de los votos, pero para eso se construyó una mayoría artificial a través del Pacto por México. Aunque su partido no fue respaldado por los ciudadanos —y éstos tampoco le dieron el aval al PAN y PRD para que se aliaran con el gobierno, sino que de hecho los mandó a ser oposición—, de todos modos el Presidente se construyó su mayoría invadiendo y avasallando al Congreso a través de acuerdos cupulares. Esto inhibió un ejercicio democrático auténtico, y entonces gracias a la construcción de esa alianza nacional artificial, se procesaron decisiones y cambios constitucionales que de otro modo no habrían transitado en la democracia.

Parecía que esto mismo pasó con la llegada de Eduardo Medina Mora a la Suprema Corte —que ocurrió por el “trabajo coordinado” entre el Presidente y el Senado de la República—; pero lo cierto es que los signos dejados por la ciudadanía frente a esta decisión deben servir como lección para empujar la disolución de ese Régimen de Presidente Hegemónico que intenta consolidarse.

EL MINISTRO Y LA CIUDADANÍA

A diferencia de la elección de quienes integran los poderes Legislativo y Ejecutivo, la elección de los integrantes del Poder Judicial no está sujeta a la popularidad ni a la aceptación ciudadana. La razón esencial de esto, se centra en que el Poder Judicial es el que realiza las funciones más complejas del poder público (juzgar) y que por esa razón sus funciones no deben estar sujetas a más cuestiones que las de la especialización, la certeza, y la autonomía de sus funciones.

¿Por qué entonces tanto interés en la elección de Medina Mora como ministro? La cuestión, en esencia, no radica en que el ex Procurador y ex Embajador no le caiga bien a la ciudadanía; más bien, la inconformidad se centra en que aún cuando su designación no es un tema de popularidad, sí debe ser una cuestión de idoneidad y confianza, que en este caso no se cumplieron. Medina Mora no es una persona moral o técnicamente confiable, porque en sus haberes no se encuentran registros que lo destaquen como jurista, y porque no ofrece el más mínimo indicio de que es un jurista con capacidad de afianzar su independencia frente a los otros poderes.

Aún con eso, Medina Mora fue impuesto en la Suprema Corte y, en términos llanos, eso constituye una derrota para la ciudadanía que se opuso a su designación. Empero, lo defendible de esta primera expresión de oposición, es que hacia el futuro se incrementó en automático la necesidad de que el Ejecutivo proponga a personas moral y técnicamente legitimadas para el ejercicio de la función judicial, y que el Senado procese con más claridad, certeza y consideración a la ciudadanía, las elecciones que realiza de entre los individuos que les propone el Ejecutivo para la integración de los poderes públicos.

Esta es, por tanto, una derrota, sí, pero parcial, porque aún con la oposición ciudadana Medina Mora es ministro. No obstante, ello debe ser un imperativo no dejar de ver que este necesita ser un despertar ciudadano y no una razón para el desaliento.

REFORMAS OBSOLETAS

Hace apenas cuatro años, en Oaxaca se realizó una reforma constitucional que, según, puso a la entidad a la vanguardia en cuanto a la garantía de independencia del Poder Judicial frente al Ejecutivo. En concreto, lo que se hizo fue adecuar la Constitución local a lo que dice la federal. El problema es que ahora todos dicen que los artículos 95 y 96 de la Constitución federal son obsoletos. Entonces, ¿cuál vanguardia? Abundaremos.

Metrobús: una lucha contra nuestros masoquismos y atavismos

almargenoaxaca

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marzo 13, 2015

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+ Rechazo, ¿para seguir utilizando autobuses caros y peligrosos?

En varias de las ciudades más importantes del mundo, Uber significa la ruptura de un paradigma. Uber es un servicio de transporte de pasajeros, que sin tener una concesión de taxi, proporciona un servicio eficiente, cómodo, seguro y confiable, que además ofrece al usuario un ahorro de alrededor del 50 por ciento del costo respecto al transporte tradicional, y condiciones de servicio que no podría prestar el sistema de transporte concesionado. Frente a Uber, y frente a los sistemas de transporte que buscan romper inercias, habría que preguntarse: ¿Lo correcto es cerrar el mercado para evitar la competencia, o meter a todas las modalidades de servicio en un proceso de modernización para que puedan competir?

En efecto, esta pregunta, y el ejemplo de Uber, son de alguna manera equiparables a lo que ocurre en Oaxaca frente a la posibilidad del establecimiento del sistema Metrobús. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay una fuerte oposición al servicio que presta Uber, porque el transporte concesionado tradicional de pasajeros considera que éste genera una competencia desleal al no haber pasado por el paso de la obtención de las licencias que son requeridas a taxis, microbuses y autobuses para prestar ese servicio, y que además tienen un costo económico importante. Basado en ello, el transporte tradicional dice que Uber genera competencia desleal.

En paralelo, en el escenario local, los transportistas adheridos a la Alianza de Transporte Multimodal del Estado de Oaxaca rechazan la posibilidad de que se instale en Oaxaca un servicio de Metrobús, “porque va a afectar al sector y provocará la pérdida de al menos 20 mil empleos que general”; y porque “sólo se va a dar beneficios a los empresarios que cuentan con mayor poder adquisitivo, ya que no se ha tomado en cuenta a todo el sector”. Frente a estas dos posturas, vale la pena preguntarse si los argumentos de unos y otros son válidos, y entonces lo correcto debiera ser que todos los usuarios del servicio de transporte público —autobuses, colectivos, taxis de sitio— tuviéramos que atenernos al servicio deficiente que presta el servicio concesionado.

Pues queda claro que, por ejemplo, en el caso del servicio de taxis que existe en la ciudad de México, éste es un servicio que adolece de todas las deficiencias que podamos imaginar. Es un servicio que por décadas se ha caracterizado por ser ineficiente, costoso, peligroso y poco confiable. Es común que todo aquel que visita la Ciudad de México sin conocer la ciudad, y aborda un taxi, lo menos que puede esperar es que el conductor de la unidad lo lleve a dar un recorrido innecesario sólo para hacer avanzar su taxímetro, aprovechándose de que el pasajero no tiene idea de cuál es la ruta idónea para llegar a su destino; y en el peor de los casos, debe también esperar a ser timado o asaltado dentro de la misma unidad.

Algo más o menos parecido ocurre con el servicio de transporte público concesionado en una ciudad como la nuestra. Los autobuses de pasajeros son auténticas chatarras andantes, que además de ser contaminantes y peligrosas, implican toda clase de riesgos para los usuarios y los demás automovilistas que transitan por las calles.

Pues resulta que los conductores de las unidades tienen nula capacitación en cuanto a las reglas mínimas de tránsito que rigen las calles y los cuidados que deben tener al conducir esas unidades; también son ignorantes de las reglas mínimas de trato al usuario, y de las normas de protección que deben guardar para mantener a salvo a las personas que transportan. En fin, todo se adereza con un servicio costoso que además no retribuye al usuario por la alta tarifa que paga.

UBER Y EL METROBÚS

Como lo apuntaba hace algunos días Ana Paula Ordorica en Excélsior hace algunos días, el modelo de negocios y relación cliente-proveedor que tiene el servicio de transporte Uber tiene mucho de lo que tanta falta nos hace en México. Uber, según la descripción de la propia empresa, se encarga de proporcionar a sus clientes una red de transporte, a través de su aplicación en teléfonos móviles, conectando pasajeros con conductores de vehículos registrados en su servicio de transporte.

La aplicación permite al usuario registrar sus datos, incluyendo los de cobro mediante una tarjeta de crédito y los datos del chofer como nombre, número de placas y modelo de auto. Estos datos generan un compromiso entre usuario y proveedor que, además se complementa porque ambos están ubicados siempre durante el trayecto mediante GPS, lo que abona en el tema de la seguridad.

Ahora pensemos qué distancia hay entre este modelo y el de los taxis tradicionales, que se han resistido a la modernización, que siguen teniendo un servicio lleno de riesgos e incertidumbres, y que en esencia se resisten a entrar en una dinámica distinta de competencia. ¿Los usuarios debemos seguir utilizando necesaria y exclusivamente este servicio para no generar competencia desleal, a pesar de que esto implique un quebranto a nuestros propios intereses e integridad? Es decir, ¿tenemos que conformarnos con el masoquismo de un mal servicio con tal de no perturbar los modelos de negocio tradicionales del transporte, que abusan del usuario?

Esa misma pregunta le acomoda a la perfección al sistema de transporte urbano de una ciudad como la nuestra. Pues como lo hemos apuntado en otros momentos, hoy en día en Oaxaca es bien conocido que dos de las más grandes cooperativas de transportistas urbanos y suburbanos de la capital, enfrentan graves problemas financieros por los créditos que tienen pendientes de cubrir con el fisco federal, y por sus pasivos laborales y con proveedores. Eso tiene, literalmente, con un pie en la cárcel a varios concesionarios que, sin embargo, continúan exigiendo que sean los usuarios quienes paguen por sus deudas malos manejos financieros.

UN LASTRE

En esas condiciones, esas empresas no pueden ser soporte, sino son un lastre, para el transporte público que no puede entrar a un proceso de modernización o competitividad, porque nadie tiene recursos para invertir; porque no permiten el ingreso de otros inversionistas interesados en la actividad; y porque ellos mismos se niegan a un reordenamiento que les permita tener condiciones equitativas de servicio y evite que unos se beneficien desproporcionadamente frente a otros que están a punto de la quiebra. Esa es la realidad. ¿Tenemos que conformarnos con ella, para no perturbar a los anticuados concesionarios del “pulpo camionero”?

¿Si Sección 22 quiere su ley educativa, para qué bloquea Congreso?

almargenoaxaca

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marzo 12, 2015

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+ Contradicción: quieren “su” ley, pero el mejor escenario es el vacío

A pesar de que la Sección 22 del SNTE ejerce una presión permanente en contra de los Poderes del Estado en Oaxaca para que su iniciativa de Ley Estatal de Educación sea la aprobada por el Congreso local, ayer y hoy decidió cercar las instalaciones legislativas para impedir el desarrollo de los trabajos respectivos. A pesar de lo contradictorio que resulta la exigencia acompañada de la obstrucción, no está de más preguntarse: ¿Por qué lo hacen?

En efecto, desde las primeras horas de ayer la Sección 22 convocó a sus agremiados a realizar un cerco a las instalaciones del Congreso local. Su argumento ha sido el mismo de otros momentos: impedir, según ellos, un albazo legislativo que eleve a rango de ley una iniciativa distinta a la que ellos presentaron ante la Legislatura local en agosto del año pasado, y que ésta se había comprometido a aprobar. Según ellos, el cerco impide el albazo, y con ello también cierran la posibilidad de que se consume la traición que, también según ellos, prepara el Estado en su contra.

Y es que resulta que a estas alturas los oaxaqueños ya tomamos como algo normal la intransigencia de la Sección 22, así como sus acciones radicales, y ni siquiera nos preguntamos cuál es la razón y la posible congruencia de ellas. No obstante, vale la pena considerar algunas de las principales aristas que rigen este asunto, para corroborar que en realidad, hoy en día son los propios maestros quienes no quieren que continúe avanzando el proceso de creación de la ley estatal de educación, y que por eso obstaculizan por todos los medios posibles el trabajo relacionado con su dictaminación y aprobación en el Congreso local.

En ese sentido, vale la pena recuperar lo que dijo hace apenas unos días la diputada local del PRI, María Luisa Matus Fuentes, respecto al proceso de dictaminación de la ley educativa. Matus Fuentes, adelantó el seis de marzo pasado (http://bit.ly/1BsOTU3) que el dictamen de la iniciativa de la Ley Estatal de Educación, podría estar concluida en tres semanas más para ser turnada al pleno legislativo para su análisis, discusión, adecuación y posible aprobación.

La legisladora de la fracción priista, aseguró que la Ley Educativa Estatal estará aprobada en tiempo y forma, a pesar de que el análisis de las siete iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado, “es minucioso y lento”. Confió que en la próxima reunión de la Comisión Permanente de Educación, asista el pleno de la Comisión para avanzar en el estudio de las siete iniciativas, incluyendo el anteproyecto presentado por la Sección 22 de la CNTE impulsado por el Plan para la Transformación de la Educación de Oaxaca, (PTEO).

¿Qué significa todo esto? Que, comedidamente, la misma fracción parlamentaria del PRI está aceptando tácitamente que el Congreso de Oaxaca —ellos, los del PRI, eran los que se oponían a la elevación del PTEO a rango de ley— se prepara para aprobarles su norma. El problema es que pareciera que ahora quien no quiere que eso ocurra, es la propia Sección 22 del SNTE.

RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN

Evidentemente, la Sección 22 nunca va a aceptar que son ellos quienes ahora están boicoteando el proceso de creación de la ley estatal de educación. Sin embargo, su oposición manifiesta es claramente explicable: ahora mismo el gobierno federal les está haciendo un “traje a la medida” con el régimen de excepción que se les está confeccionando en las mesas de negociación con la Secretaría de Gobernación; y en ese escenario lo más práctico es que ellos continúen en el limbo jurídico, para que de ese estado de incertidumbre se mantengan sus privilegios.

Pues resulta que, en esta circunstancia específica, el PTEO es lo de menos. Pues abiertamente, el propio Director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, ha aceptado la aplicación fáctica del PTEO. “En la realidad el PTEO presentado por la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ya se aplica en la mayoría de escuelas de la entidad aún cuando todavía no tiene el carácter de Ley Estatal Educativa”, dijo Robles hace algunas semanas.

Si el PTEO, como programa educativo ya se aplica, y como elemento normativo ya tiene la fuerza de ley a pesar de ser un documento interno de la Sección 22, entonces no importa que sea o no ley; y, junto a todo eso, si de todos modos la 22 continúa teniendo el control administrativo y político total del Instituto educativo, y el gobierno federal le ha venido garantizando todas y cada una de sus exigencias, entonces lo que queda claro es que el hecho de que se apruebe o no la ley educativa ya es un asunto intrascendente, e incluso hasta perjudicial para la Sección 22. ¿Por qué?

Porque en su proyecto de ley educativa (ese que entregaron con cara de PTEO pero que en realidad es producto de un conjunto de negociaciones entre el gobierno y la 22 de cara a la reforma educativa) el propio magisterio aceptaba ceder parte del poder que tiene en el control de la educación, a cambio de que se le respetara su visión alternativa de la educación plasmada en su plan y en su iniciativa de ley.

Sólo que con, con el cambio de circunstancias y con la rendición del gobierno federal, lo que más le conviene a la Sección 22 es que las cosas sigan como están, y no que se normen de modo distinto como se planeaba en la ley educativa. Es por eso que la lógica que está siguiendo el propio magisterio es el de exigir la aprobación de su ley como una justificación política de su lucha, pero contrapunteado por una estrategia de detener cualquier posibilidad de que su norma avance en el proceso legislativo.

Finalmente lo que parece es que hay una contradicción enorme entre lo que quiere, y lo que dice que quiere. Pues lo primero es lo que le conviene (continuar en el vacío legal), pero lo segundo es lo que le convenía (que se apruebe su PTEO). Así que por eso continuará emprendiendo acciones indefinidas para boicotear el trabajo legislativo que casi a diario le exige al Congreso del Estado.

FUNCIONARIOS SOMETIDOS

La sabiduría popular ha forjado dichos que encierran enormes verdades. Uno de ellos dice que “el que por gusto es buey, hasta la coyunta lame”. Eso, tristemente, le acomoda a la perfección a la nueva ralea de funcionarios del IEEPO que, comenzando por Moisés Robles Cruz, sólo llegaron a esa posición a extinguir su prestigio al defender la forma en que la Sección 22 los tiene sometidos en estos tiempos “democráticos”.

¿Qué ruta legal usará EPN para liberar a “presos políticos” de S22?

almargenoaxaca

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marzo 11, 2015

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+ Elección de Medina Mora, y pactos políticos, vs el Estado de Derecho

Aunque parece que son dos historias distintas, el pacto político firmado por el subsecretario de Gobernación con la Sección 22 del SNTE para liberar a los que ellos denominan como sus “presos políticos”, y la inminente elección de Eduardo Medina Mora Icaza como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen un común denominador: socavar al Estado de Derecho y las instituciones del país en aras del pragmatismo político; y demostrar —contra toda lógica democrática— la voluntad del gobierno por reinstaurar el régimen autoritario del pasado.

En efecto, hasta las primeras horas de la tarde de ayer, la elección de Eduardo Medina Mora como nuevo integrante de la Suprema Corte, era inminente. A pesar de que distintos grupos de la sociedad se manifestaron en contra de la decisión presidencial —que nunca fue argumentada ni explicada—, y de que dos partidos políticos (PRD y PT) se manifestaron en contra de una elección fast track, ya existía un consenso a su favor y era cuestión de trámite que se formalizara su elección como Ministro. Esto ocurría a pesar de no satisfacer el requisito moral de ser un jurista de indudable ascendencia en el país, y de no tener antecedentes defendibles en cuanto a su actuación como servidor público frente a los derechos humanos.

En paralelo, ayer el periodista Raymundo Riva Palacio apuntaba, en su columna Estrictamente Personal del periódico El Financiero, que “en una reunión con los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la facción disidente del magisterio que lleva dos años buscando derogar la Reforma Educativa, [el subsecretario de Gobernación, Luis Miranda] aceptó resolver una vieja demanda de sus líderes: la liberación de “presos políticos” asociados al magisterio. Son 112 en la lista que le entregaron los maestros y que ofreció serán puestos en libertad. Para esto, los convocó este martes a una reunión en la Secretaría de Gobernación, para que enfrente de ellos instruya al comisionado nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido, a hacerlo”.

Frente a estas dos complejas decisiones del gobierno federal, la pregunta que ronda es: ¿De verdad tiene vocación por la Constitución y el Estado de Derecho? Y, en caso de que sostenidamente argumentara en sentido afirmativo, entonces cabría otra: ¿Qué está haciendo el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto para corroborarlo?

Pues desde dos flancos paralelos, e igualmente potentes, lo que parece estar queriendo hacer el gobierno federal es socavar primero al Poder Judicial, para someterlo a una integración que no lo fortalece; y al mismo tiempo, obligarlo a procesar decisiones que evidentemente no son concordantes con los tiempos y las aspiraciones de la ciudadanía, y mucho menos con la constitucionalidad y el Estado de Derecho, que se supone que son valores que todos queremos que se fortalezcan.

La situación es ominosa por donde se le vea. Pues a pesar de que existe una clara tendencia de rechazo a esas dos decisiones, el gobierno no sólo no está haciendo nada por considerar el sentir ciudadano, sino que está reiterando sus decisiones inexplicables. Y lo más grave, es que pareciera que hoy el gobierno de Peña Nieto está considerando que vive en tiempos de hace tres o cuatro décadas, en las que sin ningún problema el Presidente y su conveniencia podían doblegar a las instituciones del Estado para obligarlas a tomar decisiones, sin pasar por el tamiz de la constitucionalidad y sin respetar la división de poderes.

¿CÓMO LIBERARÁN A LOS PRESOS POLÍTICOS?

Hace 40 años un gobierno en México habría considerado como una tarea sencilla liberar a un preso, independientemente de su responsabilidad o el estado del proceso judicial por el que se le juzga, y sólo por una decisión política. ¿Esto podría ocurrir actualmente? En realidad no parece sencillo.

Pues si bien el sistema penitenciario, se encuentra en manos del Poder Ejecutivo, la misma Constitución de la República dice, en el tercer párrafo del artículo 21, que “La imposición de las penas, su modificación y duración son propias y exclusivas de la autoridad judicial”; y antes, en la fracción VII del apartado C del artículo 20 constitucional, establece que es derecho de la víctima o del ofendido dentro de un proceso penal “impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño”.

¿Por qué son importantes estos preceptos? Porque, por un lado, es evidente que la facultad de modificar o extinguir una pena resultante de un proceso judicial, no se encuentra en potestad del Poder Ejecutivo, salvo por el indulto que tiene derecho a otorgar el Presidente de la República según lo que dispone la fracción XIV del artículo 89 constitucional, a través de un proceso que también debe estar normado por la ley y que por ende no es gracia discrecional del Titular del Ejecutivo.

¿Qué tendría que hacer entonces el gobierno federal para liberar a esos 112 presos políticos de la Sección 22? Tendría que, a través de la PGR, desistirse de la acción penal. El problema es que intentar esa vía tampoco es una cuestión discrecional, ya que en la contraparte de ese derecho del Ministerio Público se encuentra también el derecho de las víctimas u ofendidos dentro de los procesos que se siguen a las personas que serían liberadas, a impugnar esas resoluciones y someter al escrutinio del Poder Judicial las decisiones tomadas en este caso por la PGR.

¿Para esto estaría entonces el Poder Ejecutivo intentando socavar al Judicial por distintas vías? Más bien, lo que parece es que el gobierno del presidente Peña Nieto no entiende los tiempos que vive, y por su propia subsistencia está intentando doblegar a los demás poderes para salir avante. No repara en que, con estas decisiones, es más fácil que ocasione una crisis constitucional a que verdaderamente logre desactivar conflictos sociales que de todos modos seguirán vivos, como el de los maestros de la Coordinadora en el sureste del país.

CONTRADICCIÓN

¿Cómo le dirá el gobierno federal a los padres de los 43 desaparecidos que sí habrá justicia, cuando lo que está promoviendo es justamente la impunidad? Esto es por demás trascendente. La constitucionalidad parece vivir tiempos aciagos en nuestro país.

Declaración política gobierno-S22-Congreso: a un año, el fracaso

almargenoaxaca

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marzo 10, 2015

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+ Discusión entrampada, por haber firmado lo que no podían cumplir

Hoy se cumple el primer año de que Oaxaca se encuentra en rebeldía frente a su deber de homologación de la legislación estatal en materia educativa con las normas federales, y también se conmemora el primer año del pacto ominoso celebrado entre el gobierno, el Congreso y la Sección 22, para construir una ley estatal de educación a modo y capricho del magisterio. Sólo que a un año de distancia el saldo es estéril, y los perjuicios a la educación van en aumento.

En efecto, el 10 de marzo del año pasado, el gobernador Gabino Cué, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Jesús López Rodríguez, y el dirigente de la sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginéz, firmaron una declaración política a la que titularon “Hacia una nueva Ley Estatal de Educación”, por medio de la cual se habían comprometido a participar de forma conjunta en la generación de una legislación local “más adecuada para la realidad de la entidad oaxaqueña”.

En aquel momento, todos trataron de matizar de democrática e inclusiva una decisión que no era aceptable. “Se trata de una muestra clara de nuestra vocación democrática, que nos permita generar una ley basada en el diálogo constructivo, responsable y experto, que represente una alternativa real y pertinente para hacer de la educación la base para la equidad y prosperidad de nuestro pueblo”, aseguraba el Mandatario.

Por su parte, el diputado López Rodríguez en aquel momento dijo que “la educación no es patrimonio, ni capricho de unos cuantos, razón por la que es fundamental unir esfuerzos y escuchar todas la voces posibles, que permitan la construcción de leyes que beneficien a toda la ciudadanía”. Asimismo, el dirigente de la sección 22, Rubén Núñez dijo que la declaración política se daba en cumplimiento de los acuerdos de la Asamblea Estatal, y de la Asamblea Nacional Representativa de la CNTE, en rechazo a la reforma educativa.

Hoy, a un año de distancia, queda claro que cada uno cumplió su palabra, aunque no necesariamente en beneficio de Oaxaca: el gobierno se limitó a fungir como convocante y coadyuvante para la celebración de los foros educativos, aunque la conducción la dejó en manos del magisterio democrático; el Congreso, como lo había dicho López Rodríguez, aparentó escuchar todas las voces aunque finalmente —y teniendo como base sus nulos resultados— ese fue un ejercicio como el de la Torre de Babel, en el que todos hablaron sin que nadie entendiera a nadie, y por eso al final el resultado sigue siendo el vacío.

Incluso la Sección 22 es quien sí tomó en serio el papel de actor hegemónico en la educación, que no quisieron o no pudieron asumir el gobierno y el Congreso frente a este imperativo de la armonización en materia educativa. Pues en el último año, el magisterio adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación se ha dedicado a hacer valer los resolutivos de su Asamblea, y para ello ha ido doblando a todas las autoridades con las que ha tratado.

El 10 de marzo de 2014 lo hizo formalmente con el gobierno estatal y el Congreso; y en fechas recientes lo hizo con el gobierno federal, que a través del subsecretario de Gobernación, Luis Miranda Nava, claudicó en la posibilidad de aplicar la reforma educativa, y confirmó todas las conquistas y beneficios —políticos y económicos— que ha tenido el magisterio democrático en las últimas décadas, creándole a la CNTE un régimen de excepción en sus relaciones laborales.

TODO, A CAMBIO DE NADA

Así, queda claro que hoy todos pagamos las consecuencias, primero de que el gobierno y el Congreso hayan firmado una declaración que anclaba el proceso legislativo en materia educativa a los caprichos e intereses de la Sección 22; y segundo, de que el mismo gobierno federal haya claudicado en la posibilidad de sostenerse en su promesa de ir por el cumplimiento del nuevo contenido constitucional en la materia.

Hoy, por eso, si debiera haber alguna conmemoración, ésta debiera ser doble: por un lado, conmemorar el limbo jurídico en el que se encuentra el régimen educativo de la entidad; y por el otro, el triunfo total del magisterio democrático —con la consecuente derrota incondicional del gobierno federal— en la lucha por la preservación de sus beneficios, estructuras y privilegios.

Pues a un año de distancia, lo único que puede verse es que la educación no ha tenido mejora alguna; que el gobierno ha sido completamente incapaz de enfrentar la crisis generada por la beligerancia de los trabajadores de la educación; y que éstos no sólo no han disminuido la intensidad de sus protestas y demandas económicas y políticas, sino que hoy van por la liberación de sus supuestos presos políticos, luego de haber logrado ya la confirmación de todos sus privilegios económicos y laborales.

¿Qué significa esto? Que el gobierno perdió completamente al dar todo a cambio de nada. Oaxaca ni siquiera tiene paz social, porque la Sección 22 continúa manifestándose casi todos los días, a pesar de que ha sido la gran ganadora de todo este proceso de lucha por la reforma educativa; el gobierno federal no tiene garantizado que cualquier otro día la Sección 22 no vuelva a decidir ir a instalar un plantón a la capital del país, o a trastocar la vida de la capital del país con sus movilizaciones; y por sus insuficiencias propias, el Congreso local no ha podido procesar ninguna de las propuestas de ley educativa presentadas, porque su debilidad propia lo ha llevado a ni siquiera tener el sustento para legitimar una decisión, cualquiera que ésta sea.

Al final, todos los que deberían estar en el centro de esta discusión (los niños y jóvenes que siguen padeciendo una instrucción deficiente, y la ciudadanía que no puede vivir en la paz que merece) son quienes están olvidados. En su frivolidad, la 22 se puso en el centro de todo; y en su debilidad, las instituciones ya le dieron todo. Pero el resultado de todo sigue siendo la ignominia.

DESPISTADO

Dice el ex diputado Flavio Sosa que la culpa de la crisis en la Cotaipo es de los partidos. Se equivoca: la culpa es de los diputados de la LXI Legislatura, a la que él perteneció, que escogieron a los PEORES candidatos a integrar ese organismo. Lo mismo pasó con la Defensoría de los Derechos Humanos, en donde también eligieron al más cuestionado de los aspirantes (Arturo Peimbert), de quien él también recibió beneficios que hasta hoy no han quedado claros. O qué, ¿ya se le olvidó?

Al MarganColumna

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