+ ASF refleja el tamaño del problema que tiene el país con la corrupción

En tiempos de crisis, los gobiernos pueden optar por medidas populistas o decisiones de fondo para enfrentar los problemas. México enfrenta varios problemas económicos graves, y ante esa complicada situación los tres ámbitos de gobierno deberían reconocer dónde están los verdaderos problemas y dejar de plantear soluciones absurdas y demagógicas que no sólo no contribuyen a combatir los males de fondo, sino que los esconden y los disimulan tras medidas que en realidad son intrascendentes. Eso debería quedarle claro a todos los que tienen funciones administrativas —y que según también tienen “compromiso con la ciudadanía”— en Oaxaca, y en nuestro país.

En efecto, el país enfrenta un problema económico muy grave que se deriva de varias circunstancias. El problema es que, frente a ello, políticos y partidos intentan ofrecer soluciones de solidaridad que en realidad no hacen sino alimentar las posturas demagógicas.

¿De qué hablamos? De que, en un primer término, el país está en el umbral de severos problemas financieros y presupuestales; y de que, frente a ello, nada en México ha pasado de ofrecer soluciones sólo aparentes como las de la llamada “austeridad” y la reducción de salarios que, en realidad, acaso podría ser un acto de solidaridad con los que ganan menos, pero que en realidad no contribuye a evitar de fondo la crisis que se avecina.

Y es que resulta que México está en el umbral de una crisis porque, a pesar de las promesas del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno federal no ha podido reducir de forma importante el gasto público, ni tampoco le ha entrado a fondo al combate a la corrupción, y mucho menos ha conseguido relanzar la producción petrolera en México. Ese es un coctel que ya de por sí era explosivo, y que tendrá todavía más agravantes cuando se desacelere el consumo y la economía interna del país derivado de la crisis comercial que podría ocurrir a partir de la renegociación del Tratado de Libre Comercio.

Así, si México enfrenta ya un problema por tener un gasto público obeso, fuentes de financiamiento disminuidas derivado de la caída en la producción del petróleo y sus bajos precios internacionales, y una potencialmente menor capacidad de recaudación producto de que la gente comenzaría a dejar de gastar, el problema se vuelve doblemente complejo cuando además se comprueba que el dinero que se tiene no sólo no se está gastando bien, sino que las fugas de dinero continúan abiertas.

No obstante, hasta hoy la solución que el gobierno federal, y algunos gobiernos estatales le han ofrecido a la ciudadanía, han radicado justamente en algunas medidas de austeridad, que en los últimos dos meses las hemos visto desfilar a lo largo y ancho del país. Desde el Instituto Nacional Electoral, que decidió devolver los mil millones que tenía destinados para su nueva sede, hasta los ayuntamientos —como el de Oaxaca de Juárez— que, según para ahorrar, han anunciado que dejarán de ofrecer telefonía, vales de gasolina y otras prestaciones a algunos de sus empleados, hemos visto que en realidad frente a un problema de grandes proporciones sólo han ofrecido soluciones aparentes, demagógicas y poco provechosas.

GASTO DESCONTROLADO

A principios de 2016, el gobierno federal anunció un recorte presupuestal de alrededor de 120 mil millones de pesos. Casi un año después —o sea, en meses recientes— decidió dejar de subsidiar los combustibles por considerar que eso significaba una sangría para las arcas públicas, y que mantener la política de precios controlados de la gasolina y el diesel implicaría tener que aplicar nuevos recortes por alrededor de 200 mil millones de pesos a los programas sociales y al gasto tanto del gobierno federal como de las entidades federativas.

A la par de ello, comenzaron a surgir las medidas de austeridad antes citadas que, para efectos prácticos, no queda claro cuál es su utilidad real, qué tanto han generado ahorros a las arcas federales, y en qué medida han contribuido a aliviar las presiones fiscales que hoy imponen las circunstancias. Sea como sea, queda claro que aún haciendo los cálculos, esas reducciones salariales y de gastos de representación no representan el nivel de ahorros que verdaderamente el gobierno federal debía de tener, para considerar que están contribuyendo a la despresurización del presupuesto y, al contrario, muy probablemente estarían generando problemas de fomento a la corrupción.

En ese sentido, es clarísimo que la verdadera sangría al gasto federal está en la corrupción y no en el argumento demagógico de los salarios. Ayer, por ejemplo, al entregar la Cuenta Pública 2015, el auditor Superior de la Federación, Juan Manuel Portal, dijo que el órgano de fiscalización federal realizó observaciones o posibles daño al erario público, sólo en lo que corresponde a ese año, por aproximadamente 165 mil millones de pesos en el gasto del gobierno Federal y los estados y municipios.

Asimismo, Juan Manuel Portal detalló que aproximadamente detectaron hasta este momento 100 mil millones de pesos en erogaciones con irregularidades del Poder Ejecutivo, órganos descentralizados y organismos autónomos, y 65 mil millones de pesos en el gasto federalizado que utilizaron las entidades de los estados. Y puntualizó que para 2015, el monto observado a las entidades federativas se integra por 33 mil 449 millones de pesos derivados de subejercicios; y 31 mil 745 millones de pesos que se refieren a violaciones normativas en las que se presume un daño al erario público Federal.

Además, dijo, “en el sector central, en el Poder Ejecutivo, digamos que estamos hablando de cerca de 100 mil millones de pesos, pero están sujetas a este proceso de aclaración, justificación, etcétera, pueden acabar en observaciones, en pliegos o en ambos casos o en denuncias de hechos”, y dijo que lo más grave que encontraron fueron la persistencia o subsistencia de desviaciones o irregularidades en obras públicas, es decir, sin licitaciones, fallas en la planeación, falta de proyectos ejecutivos, desviaciones durante la ejecución de recursos oportunos y falta de licitaciones en algunos casos y mala calidad, incumplimiento de plazos.

¿Qué significa todo esto? Que, básicamente, el gasto mal ejecutado por parte de la federación y los estados, es mayor a todos los supuestos esfuerzos que ha hecho el gobierno federal por “apretarse el cinturón” y por implementar medidas de austeridad para supuestamente disminuir el gasto.

En ese marco, el gobierno se ha negado a reconocer que mientras pague peores salarios a sus funcionarios, éstos estarán más tentados a incurrir en actos de corrupción. Por eso, no sólo parece una estratagema, sino un juego perverso, el tratar de hacer creer a la ciudadanía que se contribuye a paliar los efectos de la crisis inminente reduciendo los salarios, cuando ésta es una medida que significa silenciosamente una invitación abierta a la comisión de aún más actos de corrupción.

GASTAR CORRECTAMENTE

Por eso en Oaxaca seguimos esperando los pronunciamientos no sólo sobre el gasto público, sino también contra la corrupción. ¿Qué medidas tomará el gobierno estatal para gastar mejor, para dejar de sub ejercer recursos federales, y para tener la certeza —frente a la ciudadanía, y frente a ellos mismos— de que gasta correctamente en el tiempo y la forma que señala la ley? ¿Cuáles son sus planes respecto a la corrupción pasada, presente y futura? Para el gobierno, el silencio está dejando de ser una opción: tienen que dejar en claro cuanto antes si podemos esperar algo de ellos.

+ En EU, divididos por valores y anhelos; aquí lo estamos por mezquindades

El sonoro fracaso de las manifestaciones convocadas este fin de semana en nuestro país, para protestar en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, son un reflejo de la división mexicana: esa que no se enfrenta por valores o por el contraste en las visiones del modelo de futuro, sino por simples pero profundas mezquindades. A pesar del apoyo retórico que se le dio al Presidente de México a partir del 20 de enero, queda claro que en realidad los mexicanos seguimos igual de divididos que siempre, y que en esas condiciones no sería raro que Trump terminara cumpliendo íntegramente su plan antimexicano dentro de los próximos cuatro años. Nuestras propias acciones —y silencios— le terminan dando la razón.

En efecto, luego de la toma de posesión de Trump, y el inicio de las hostilidades retóricas contra nuestro país, amplios sectores de la sociedad mexicana se dijeron a favor de respaldar al Presidente en el establecimiento de una posición de dignidad, aún frente a la desigualdad, ante el nuevo gobierno norteamericano. Políticos, empresarios, intelectuales y sociedad civil, se dijeron convencidos de otorgar un voto de confianza al presidente Enrique Peña Nieto, en la necesidad de hacer planteamientos consistentes a Trump, que dejaran en claro que la dignidad y la soberanía nacional de México no era un asunto sujeto a negociación.

Paradójicamente, esos mismos sectores de la sociedad mexicana se dijeron defraudados cuando vieron que el Presidente respondía con tibieza y tientos frente a las bravuconadas del gobierno norteamericano. Quizá tenían el deseo de ver a un Presidente mexicano contestatario y rudo —como lo estaba siendo Donald Trump—, sin considerar que México ha sido un país promovente de la pulcritud diplomática.

Pareció entonces que el grueso de la población no entendió que la prudencia no era sinónimo de debilidad de carácter sino posiblemente de serenidad, frente a los desplantes convulsivos del Mandatario norteamericano; y que esa, la de Peña Nieto, con todo y su tibieza, era una actitud más digna que la que estaba asumiendo Trump, que llegó asumiendo que insultaba a sus empleados y no que estaba hablando con Jefes de Estado de naciones que en el plano internacional se encuentran en un plano de igualdad política frente a los Estados Unidos.

Acaso eso explica por qué, después de los primeros desencuentros entre el Presidente de México y Donald Trump, fueron tan contrastantes las opiniones que se vertieron tanto en México como en Estados Unidos, sobre el encuentro. Mientras aquí propios y extraños no dudaron en calificar a Peña Nieto de timorato, de tibio y de pusilánime frente a Trump, en la Unión Americana permeó una opinión muy distinta a partir de que ellos vieron a su propio Presidente, iracundo y perdiendo rápidamente el control, frente a otro Mandatario que aún estando en una posición de desventaja supo mantener la prudencia hasta el último momento, y ha evitado entrar en confrontación directa con el norteamericano.

Incluso pareciera que con ese primer affaire Trump-Peña Nieto, mexicanos y estadounidenses quedamos en evidencia: ellos habrían querido tener a su Presidente con la prudencia del mexicano; y seguramente nosotros hubiéramos querido tener al Mandatario rudo e intolerante, que encara a sus homólogos con groserías y desplantes. No se explica de otra forma, más que de ese modo, que en Estados Unidos hayan aplaudido a Peña Nieto, y que en México hayamos terminado descalificándolo —y con eso dándole silenciosamente la razón a Trump por humillarlo.

LOS PRESIDENTES Y LA GENTE

El sábado 21 de enero, un día después de la toma de posesión de Donald Trump como presidente, en todas las ciudades importantes de los Estados Unidos hubo manifestaciones simultáneas bajo el grito de “nasty woman”.

Esa, que podría traducirse como “mujer desagradable”, fue una frase que Trump lanzó en uno de los debates presidenciales en contra de su adversaria del Partido Demócrata, Hillary Clinton, y que las mujeres de prácticamente todo Estados Unidos tomaron como una humillación y una ofensa extensiva hacia ellas. Y por eso, al día siguiente de su unción, por miles salieron a marchar ya no sólo en protesta por la personalidad y las actitudes misóginas del Presidente, sino también para establecer frente a él un punto de referencia de la resistencia que habrán de ofrecer para que no replique conductas como la del debate presidencial mientras sea Presidente.

Esa, en ningún sentido puede considerarse como una actitud espontánea o pasajera: queda claro que en Estados Unidos hay un convencimiento profundo tanto de los asuntos que deben involucrar a la sociedad civil organizada, como de los valores que están en juego, y las amenazas que representa, que un hombre como Donald Trump haya llegado a la Presidencia.

Por esa razón, un día sí y otro también ha habido protestas en los Estados Unidos; y las perspectivas apuntan a que ésta será una dinámica inversamente proporcional a la pérdida de popularidad y desgaste político que vaya teniendo en el desarrollo de su gobierno. Es decir, que mientras más caiga su popularidad, más presión ejercerá la ciudadanía sobre él a través del rechazo y quizá de las manifestaciones en las calles, quizá hasta poder quitarlo de la Presidencia, aunque ese no parece un camino fácil ni una tarea sencilla.

Esto es muy contrastante con lo que ocurre en México. Hoy queda claro que el rechazo hacia Trump en nuestro país ha sido de dientes para afuera, y que los mexicanos no hemos perdido esa inicua tendencia a preferir la autodestrucción frente al enemigo exterior, antes que aceptar que podemos ser aliados temporales de nuestros adversarios domésticos cuando hay enfrente una calamidad que nos amenaza de forma común a todos.

Esto se reflejó en un acto tan sencillo pero simbólico como el del domingo. La convocatoria tenía que surgir de la sociedad civil, y pronto se vio que hasta ésta estaba dividida. Las fuerzas de izquierda descalificaron la manifestación argumentando que ésta significaba un apoyo disfrazado al Presidente de la República y, mezquinos como solemos ser los mexicanos, distinguimos más las ambiciones y las mezquindades electorales de cara al 2018, que la posibilidad de demostrarle desde el inicio al Presidente norteamericano que los mexicanos tenemos preocupaciones y convicciones que están por encima de nuestras diferencias, y que por eso nos habríamos manifestado de forma contundente a partir de una convocatoria lanzada desde la sociedad civil.

Lo más triste, en esta realidad desalentadora, es que ahora hay sectores de la sociedad mexicana —los convocantes a la manifestación, y el propio gobierno— que tienen miedo de que cualquier día de estos Donald Trump se refiera al fracaso de la marcha “Vibra México”, se burle de la desunión y mezquindad de los mexicanos, y decida mantener sus planes de odio y segregación, tanto contra nuestros paisanos allá en los Estados Unidos, como con nosotros mismos que habitamos al sur de su frontera, con cuestiones como la renegociación del Tratado de Libre Comercio, el establecimiento de las condiciones de pago del muro fronterizo, u otros planes aviesos que tiene contra nuestro país sólo para demostrarle al mundo la dureza de sus iniciativas.

NUBARRONES

Si todo eso ocurre, no nos sorprendamos: con nuestra apatía, mezquindad y desunión, nosotros mismos le estamos dando la razón para que lo haga.

+ La percepción es que el gobierno capituló frente a la Sección 22

Aunque llama inicialmente la atención, no es extraño que en Oaxaca no se haya articulado ningún esfuerzo para replicar las marchas de unidad realizadas ayer en más de 15 ciudades del país en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llama la atención porque éste fue un esfuerzo nacional, genuino, de búsqueda de identidad frente a los desafíos que vienen; pero el hecho de que nada haya ocurrido en Oaxaca no resulta extraño a partir de que el gran pivote de las acciones sociales es la Sección 22, que ayer sí marchó pero por otras causas. En ese escenario, es más importante que nunca que el gobierno estatal mande las señales correctas frente a esa silenciosa demostración de fuerza del magisterio oaxaqueño.

En efecto, hasta la tarde de ayer medios de la capital del país daban cuenta que al menos en 15 ciudades del país se realizaban acciones de protesta, a partir de la convocatoria lanzada por dos organizaciones de la sociedad civil tanto para llevar a cabo esa manifestación en la Ciudad de México, como para que otros grupos se organizaran en el interior del país para replicar el esfuerzo. La idea era simplemente salir a marchar, como una forma pacífica y ciudadana de responder a los improperios y políticas lanzadas por Donald Trump contra nuestro país, y para refrendar la idea de la unidad frente a las adversidades que podrían derivar de la nueva relación con los Estados Unidos.

En Oaxaca, la Sección 22 convocó a una marcha, pero que nada tenía que ver con el tema de Trump. Según la convocatoria para la manifestación de ayer domingo, el objetivo de la manifestación fue recibir a la Caravana “Teniendo 43 esperanzas”, que encabezan los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos años.

Efectivamente, la manifestación se realizó ayer pasadas las 12 horas a lo largo de céntricas calles de la capital oaxaqueña; pero tal como lo había anunciado la Sección 22, ésta no tuvo ningún contenido relacionado con las otras manifestaciones que se desarrollaban simultáneamente en el país. Y no hubo registro de que alguna otra organización de la sociedad oaxaqueña convocara a la réplica de la marcha “Vibra México”, por lo que al menos en la entidad dicha manifestación pasó prácticamente desapercibida.

En ese escenario, el primer punto que resulta llamativo es cómo, aún cuando hubo difusión masiva de la convocatoria para las manifestaciones anti Trump en el país, en Oaxaca ninguna organización, partidista, corporativa o de la sociedad civil, haya tenido capacidad de articular alguna acción coordinada con las de la Ciudad de México, y otras ciudades importantes del país, para replicar un esfuerzo que siempre fue presentado como ciudadano, a pesar de las descalificaciones de algunos partidos de izquierda, que consideraron que esas manifestaciones eran un apoyo disfrazado al Presidente de la República. Lo cierto es que ni ellos, ni el PRI, ni las organizaciones que trabajan o se identifican políticamente con el gobierno estatal o con el partido gobernante, tuvieron disposición alguna para hacer algo.

Si eso ya resulta una cuestión interesante –que ni el oficialismo ni el priismo local, a todos sus niveles, haya hecho algo por demostrarle lealtad o apoyo al Presidente—, lo que resulta todavía más llamativo es que al mismo tiempo la Sección 22 haya desahogado un punto similar de su agenda particular, primero sin pasar por las manifestaciones anti Trump —cuestión que para nada es extraordinaria en ellos— pero también demostrando silenciosamente que son ellos quienes tienen el poder de convocatoria y que lo pueden utilizar prácticamente para lo que sea.

Eso quedó claro con el hecho de que hubo, sí, una convocatoria, pero que nada tenía que ver con lo que se supone que podría ser un tema importante y de interés nacional. Si se ve desde la lógica de que la Sección 22 jamás respaldará al Presidente, es comprensible; pero si se aprecia desde la perspectiva de que apoyan a quien quieren, y que también pueden no hacerlo, esto se pone aún más interesante a la luz de la gobernabilidad y de la capacidad de movilización de los grupos sociales más importantes de la entidad. De todo eso, queda claro, ellos un factor particularmente importante en Oaxaca.

¿Y EL GOBIERNO?

Paralelamente a ello, el gobierno estatal entabló una nueva relación con la Sección 22 que, según parece, ha enviado señales poco claras tanto de sus derroteros como de las condiciones en que ésta ocurrirá. ¿De qué hablamos? De que por un lado el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de entablar una nueva dinámica democrática con el magisterio, aunque al mismo tiempo ha dejado ver —o ha cuidado poco su discurso— la intención de generar una especie de cogobierno con la Coordinadora.

Esto, en general, ha sido muy mal recibido tanto por la opinión pública como por las voces especializadas. Es perfectamente conocido en Oaxaca, y en el gobierno federal, lo engañosa que resulta la idea de que se puede cogobernar con la Sección 22, y aún más de que ese cogobierno puede darse cediendo espacios de privilegio para el magisterio. La larga experiencia oaxaqueña en el tratamiento del conflicto educativo, como una condicionante permanente para la gobernabilidad, ha demostrado reiteradamente que no es posible cogobernar con ellos; que las únicas dos relaciones posibles, excluyentes entre sí, entre el gobierno y la 22, es la del sometimiento, o la de la disputa abierta.

Todo eso se ha venido reiterando, y quedó perfectamente delineado en la administración pasada: durante los cuatro primeros años de gobierno, Gabino Cué no cogobernó sino que se sometió al mandato de la Sección 22; y el 21 de julio de 2015 decidió que la nueva relación con el magisterio —respaldado por el gobierno federal— sería la de la disputa abierta. Si bien ninguna de las dos es una fórmula perfecta, sí queda claro que la única forma que tuvieron los gobiernos estatal y federal de que la reforma educativa diera sus primeros pasos fue sólo a través del escenario de la confrontación abierta.

Eso explica por qué, hoy que el gobierno de Alejandro Murat habla de generar una nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, la generalidad de las voces que se dedican a analizar el conflicto educativo consideren que eso se trata de una capitulación —es decir, una rendición— disfrazada.

No ayuda el hecho de que el gobierno estatal esté siendo tan poco cuidadoso en la construcción de la narrativa de esta nueva relación, y que la Sección 22 —que sí entiende a la perfección este nuevo contexto— esté completamente desbordada aprovechando su posición de fuerza y la percepción a su favor, contribuyendo a la idea de que el diálogo con el gobierno de Oaxaca no es más que la formalización de un nuevo periodo —o la recuperación— de supremacía magisterial sobre el Gobierno del Estado.

SILENCIO FEDERAL

En todo esto, hasta el momento las expresiones del gobierno federal respecto a la situación que prevalece en el sector educativo de Oaxaca no ha sido muy consistente. Ellos se han limitado a señalar que la implementación de la reforma educativa continúa con normalidad y que no hay ningún cambio en las condiciones en que se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. Fuera de eso, han evitado involucrarse en las suspicacias que generan las nuevas sinergias gobierno-magisterio en Oaxaca, quizá porque saben que volver a formalizar la relación de los temas educativos con la gobernabilidad, es algo así como jugar con fuego. Y como eso es justamente lo que hoy están haciendo en Oaxaca, parece que por eso están optando por el silencio.

+ Error de comunicación, dejar al garete margen de especulación con plazas

El 2 de diciembre pasado el gobierno de Oaxaca, la SEP, y la Sección 22 del SNTE pactaron la regularización de alrededor de tres mil 600 plazas docentes. Ese fue el acuerdo más importante que ha firmado el Estado mexicano —los gobiernos estatal y federal son parte de él— con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pareciera que de entonces a la fecha a nadie le ha quedado claro qué es lo que se sigue dialogando con la Sección 22 y cuáles son los derroteros concretos de la aparente nueva relación del gobierno estatal con el magisterio.

En efecto, hace algunos días medios nacionales publicaron información en el sentido de que la administración estatal habría pactado con la Sección 22 y con la CNTE, la entrega de alrededor de 700 nuevas plazas de trabajo a normalistas recién egresados. La nota distintiva de la información radicaba en señalar que dicha entrega se hacía por un compromiso político y no a través de los mecanismos de evaluación y competencias establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Junto a eso, se recuperó el contenido del acuerdo del 2 de diciembre, en el que, según las versiones difundidas, el gobierno estatal habría también pactado con la Coordinadora la entrega de esa cantidad de plazas docentes al margen de las disposiciones de la reforma educativa.

Parece que, en todo esto, el gobierno de Oaxaca ha tenido un problema importante a la hora de transmitir el sentido y la finalidad de los acuerdos alcanzados con la Sección 22 —cabeza de playa de la Coordinadora en el país—, y que tiene también un problema grave para comunicar las razones por las que está instalando sendas mesas de trabajo con el magisterio oaxaqueño.

Por un lado, son evidentes los fallos gubernamentales en sus estrategias de socialización —a todos los niveles— de las razones que ha tenido para emprender esta peligrosa tarea de negociar con el magisterio; pero por el otro, es también un hecho que no parecen estar considerando en su magnitud real el alto nivel de desconfianza —por los negros y ventajosos antecedentes de la Coordinadora, al negociar con el gobierno— que tiene la Sección 22 frente a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, ni el gobierno estatal ni el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca han sido lo suficientemente eficaces para comunicar correctamente que el famoso primer acuerdo del 2 de diciembre entre la administración estatal y la Sección 22, no era para entregar nuevas plazas laborales sino para reconocer al personal que ya se encontraba trabajando, pero que por alguna causa su situación laboral era irregular.

En esa lógica, ni el gobierno estatal ni la SEP tuvieron el cuidado de puntualizarle a la ciudadanía, a la opinión pública, y a las voces más influyentes en la discusión de los temas educativos, que la finalidad del acuerdo no estaba en el incremento de la burocracia sino en un acto tardío de reconocimiento de miles de personas que, por la razón que fuera, se corroboró física y documentalmente que ya laboraban en el sector educativo sin el reconocimiento respectivo.

Eso dejó un primer espacio abierto a la especulación que, lamentablemente, nadie se ha preocupado por atajar. Han descuidado, en general, aquella vieja máxima de que todo espacio de silencio o incertidumbre en la comunicación de un hecho relevante, es ocupado por la especulación o por la información intencionada —y, la mayoría de las veces, por información malintencionada—. Y eso en nada ayuda a la legitimación de dichas decisiones.

¿QUÉ NEGOCIAR?

Otro de los frentes que están en el descuido, es el del contenido de las mesas de trabajo entre el gobierno y la Coordinadora. Los espacios de silencio han sido también determinantes a partir de una razón ampliamente comprensible: cada que una administración ha intentado negociar con la Coordinadora, ésta ha tomado ventaja para aprovecharse del contexto de la negociación y obtener ventajas desmedidas a cambio de nada.

Fue un primer aliciente el intento de que dichas negociaciones fueran abiertas y públicas. Sin embargo, fue clara la resistencia de la Sección 22 a esa apertura, y eso se ha reflejado en el hecho de que los encuentros verdaderamente importantes han sido a puerta cerrada y con la decisión conjunta, del gobierno y el magisterio, de suministrar muy pocos elementos a la opinión pública para conocer los detalles y las características de dichas mesas de negociación.

En esa lógica, son claros los temores que tiene la gente: desde hace años, la primera parte de todos los pliegos de exigencias —que no de demandas— de la Sección 22 es ocupado por planteamientos de orden político. Éstos van desde temas ideológicos hasta la exigencia de que se abroguen leyes, se reforme la Constitución, se desaplique o se derogue la reforma educativa, se destituya a servidores públicos o se decrete la libertad de personas que están siendo procesadas, y que se encuentran en prisión, por la comisión de delitos como el de secuestro.

A eso le tiene mucho recelo la ciudadanía: a que dichas mesas de negociación sirvan para que la Sección 22 presione al gobierno al cumplimiento de esas demandas, y que éste —porque así ha sido en el pasado, desde hace décadas— termine pactando con la Coordinadora a espaldas de la ciudadanía, temas tan sensibles como la liberación de un grupo de integrantes de la Sección 22 a los que se les responsabiliza del secuestro de dos menores de una familia conocida de la capital oaxaqueña, pero a los que la Coordinadora considera como “presos políticos y de conciencia” del gobierno federal, y por tanto exige su liberación incondicional.

Lamentablemente, ese recelo generalizado, está fundado en la realidad y en los propios antecedentes de las relaciones entre el gobierno y la Sección 22. Y por esa misma razón, los espacios de silencio y especulación que deja la administración estatal alrededor de qué temas se están negociando en las mesas de trabajo con la Coordinadora, permiten que se alimente el morbo y las versiones intencionadas sobre el contenido de las negociaciones.

Esta situación, al final, no debe convertirse en el signo distintivo de la nueva relación del gobierno de Oaxaca con la Sección 22 y con la Coordinadora. Es muy lamentable que por haber dejado esos espacios descuidados hoy el común sean las interrogantes —en la prensa local, y en la de la Ciudad de México— sobre qué se está negociando, qué es lo que potencialmente puede acordarse, y qué temas siguen vedados de las mesas de trabajo porque el gobierno no puede ya ceder a presiones políticas relacionadas con temas como la asignación discrecional de plazas docentes.

El problema es que hasta ahora no hay señales ni decisiones claras para impedir que eso termine ocurriendo. Y de ser así, entonces los espacios vacíos le ganarán la batalla de las percepciones al gobierno estatal que, independientemente de lo que termine negociando y consiguiendo en su relación con la Coordinadora, será perseguido por el cuestionamiento y la duda de lo que habría acordado discrecionalmente a cambio de conseguir cordialidad o el trabajo pacífico —¡vaya paradojas!— por parte del magisterio.

AJENOS A TODO

Curioso, pero en estos tiempos en los que se intenta exacerbar el sentimiento patriótico y de unidad, nadie desde las trincheras políticas en Oaxaca ha buscado hacer algo. Nadie: ni el gobierno o su partido; ni las fuerzas opositoras, ni el empresariado y tampoco la sociedad civil. Parece que a nadie le importa que Oaxaca funciona en gran medida por el dinero de las remesas, o que haya pueblos enteros de oaxaqueños en los Estados Unidos. Nadie. Sólo silencio. Algo que resulta algo sospechoso y muy desalentador.

+ El Ejecutivo reprueba a la Segego, por decidir sin recabar su acuerdo

No es común que un gobernante deje sin efecto sus propios actos. No lo es, y tampoco tendría por qué serlo, a partir de que existe un mandato constitucional en el sentido de que todos los integrantes de la administración pública deben recabar el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo antes de dictar disposición alguna en el área de su competencia (artículo 89 de la Constitución de Oaxaca), y por esa razón se supone que toda decisión importante para el gobierno debe ser consultada con el Gobernador por sus funcionarios para recabar su autorización. Queda claro, según los hechos, que nada de ello ocurrió con la designación de los administradores municipales.

En efecto, en las últimas semanas la capital oaxaqueña se ha visto lastimada por el arribo de protestas por conflictos postelectorales que terminaron en la designación de administradores municipales. De los primeros 17 ayuntamientos a los que se les designó una autoridad provisional, al menos 10 han venido hasta la capital a externar su inconformidad y a generar algún tipo de protesta. El límite llegó el pasado martes cuando la capital se vio ahogada por siete protestas simultáneas, varias de las cuales tenían que ver con personas inconformes provenientes de poblaciones sobre las que recayó la designación de un administrador municipal.

La respuesta del Gobernador vino el miércoles. En conferencia de prensa hizo suya una disposición del Tribunal Estatal Electoral, en el sentido de que los administradores sólo deben durar un mes en el cargo, y luego implícitamente dejó sin efecto las instrucciones dadas por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, al reconocer que el mandato superior en esas comunidades debe ser que prevalezca la voluntad popular en la elección de sus autoridades municipales.

“Hoy giro instrucciones a la Secretaría General de Gobierno y a los Administradores Municipales para que apoyen al IEEPCO y generen las condiciones necesarias para la realización de elecciones extraordinarias,  en los municipios que la autoridad jurisdiccional en materia electoral determine”, dijo el Mandatario, al tiempo que remarcaba la necesidad de no dejarles el camino de la discrecionalidad a los enviados como administradores, al instruir expresamente a la Secretaría de la Contraloría “para que supervise la actuación de los administradores, en tanto se realicen las elecciones municipales extraordinarias y se constituyan las autoridades respectivas”.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

¿Qué significa todo esto? De entrada, que fue el propio Gobernador quien reconoce que la figura del administrador municipal, como se conoce actualmente, va de salida; segunda, que sus instrucciones fueron precisas respecto al periodo (30 días) en el que los administradores deben contribuir a la realización de elecciones, y ahora habrá que ver en qué medida cumplen —o desafían— al Mandatario con tal de tratar de continuar con el negocio y el (pequeño) coto de poder que significa una administración municipal.

Tercero, que esta decisión constituye también un reconocimiento implícito del Gobernador a la idea que tienen muchas comunidades —aunque en la mayoría de los casos, es una realidad—, de que los administradores municipales son esencialmente picapleitos, y no facilitadores de los procesos de avenencia democrática, por la razón simple de que mientras persista el conflicto estará justificada la permanencia del administrador.

Cuarto —aunque no por ello menos relevante—, también queda claro que la decisión del Gobernador de salir al paso en este tema, constituye una desaprobación clara al hecho de que la decisión y la lista de administradores nombrados, no pasó por su acuerdo. Es evidente que si bien la figura jurídica en sí misma del administrador genera incomodidad en las comunidades, en este caso gran parte de la molestia no radicó en el ejercicio de la facultad de nombramiento, sino que la gran mayoría de los administradores designados son gente relacionada con Alejandro Avilés y que, además, han dejado una estela de quebrantos y agravios en otras comunidades, por lo que en este caso hubo un consenso casi unánime de los municipios en conflicto de no admitir a los administradores porque, además, Avilés no respetó el mandato de consensar con las comunidades o de al menos explicarles las razones objetivas por las que estaban nombrando a esas personas, y no otras, en las administraciones provisionales.

Una quinta implicación tiene que ver con el fin de la pésima costumbre de Alejandro Avilés de decidir sin consultar ni consensar sus decisiones. Cuando no había Gobernador priista, Avilés se sintió un pequeño virrey que tenía plena capacidad de decidir según sus intereses. Así lo hizo en la LXII Legislatura; igualmente lo hizo cuando fue Presidente del PRI estatal; pero también debe irle quedando claro que esos tiempos de la autonomía de sus intereses, quedaron atrás.

LASTRE JURÍDICO

Al final, la persistencia de la figura del administrador municipal en la Constitución local, en sus condiciones actuales, es una vergüenza para la democracia y la civilidad institucional en Oaxaca. Si hoy tanto el Tribunal Electoral, como el Ejecutivo, están convencidos de la urgencia de su transformación, deben buscar junto con el Congreso, formas más novedosas y equilibradas para replantearlo. Oaxaca no puede seguir siendo rehén de disposiciones constitucionalizadas como esa, que difícilmente se justificarían en una necesidad o contingencia, y que sí le generan muchos problemas y tentaciones a quienes tienen en las manos las tareas de la gobernabilidad del Estado.