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Agradece Bolaños Cacho solidaridad del Poder Judicial del Estado de México

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La institución realizó la colecta “De tribunal a tribunal” consistente en víveres para los damnificados de Oaxaca

 

El Poder Judicial del Estado, que preside el Magistrado Raúl Bolaños Cacho, recibió el pasado fin de semana, de su similar del Estado de México, las muestras de apoyo y solidaridad consistentes en víveres destinados a los damnificados del sismo ocurrido el jueves 7 de septiembre.

Agradecido por este gesto humanitario del personal que labora en el Poder Judicial del Estado de México, Bolaños Cacho reconoció la iniciativa del Magistrado Presidente Sergio Javier Medina Peñaloza, al promover la colecta de víveres De tribunal a tribunal, “Recibir estas muestras de apoyo reafirman nuestra convicción de que la unidad entre los mexicanos nos fortalece como Nación, sobre todo en este tipo de adversidades, donde nuestra esencia solidaria se hace presente”, señaló.

“Agradecemos a todos y cada uno de nuestros hermanos mexiquenses que contribuyeron con esta significativa donación, sus muestras de cariño y solidaridad llegarán a los damnificados de las regiones del Istmo y de la Mixteca, que padecen los embates de la naturaleza”, enfatizó.

Este lunes, el Voluntariado del Poder Judicial hizo entrega de estas donaciones, conjuntamente con las recibidas en los Centros de Acopio del TSJE, al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia de Oaxaca, institución social que en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), lo harán llegar a los damnificados.

El Tribunal Superior de Justicia del Estado de México envió víveres a Oaxaca en apoyo a damnificados por el sismo

Algunas lecciones que debe dejarnos la docena trágica de los sismos en México

 

 

 

En un lapso de apenas 12 días, dos sismos de gran intensidad sacudieron el sureste y centro de nuestro país. Los mexicanos iremos superando paulatinamente el dolor y la incertidumbre propios de estos acontecimientos. Pero lo cierto es que este proceso debe también traer aparejadas algunas lecciones importantes. Estas son algunas de las que creemos fundamentales.

En efecto, no todo está dicho en materia de protección civil y prevención de desastres. Es cierto que “los no se pueden predecir”; sin embargo, más allá de la perversa interpretación literal de esa frase, queda claro que lo que sí es prevenible son las consecuencias fatales de dichos acontecimientos. Todavía cuando ocurrió el sismo del siete de septiembre, hubo quienes nos sentimos relativamente aliviados por la apariencia de que la cultura de la prevención estaba bien implantada en los núcleos poblacionales más importantes del país, y atribuimos la desgracia de algunas zonas a los rezagos en las técnicas de diseño y construcción de inmuebles.

¿Qué se reveló con el sismo que ocurrió 12 días después en el centro del país? Que no sólo que eso no era suficiente la cultura de la prevención en cuanto al diseño y construcción de edificación de inmuebles que consideraran la zona sísmica en donde se realizaron, sino que en ese caso había también lugar a omisiones y corrupción que, aunque en una mayor medida, fueron las mismas que en terremoto de 1985 ocasionaron miles de muertos en la capital del país.

En este caso, ciertamente, no fueron miles de muertos, pero sí los suficientes —un solo muerto lo sería— para preguntarse por qué hay edificios que se siguieron cayendo; por qué las edificaciones mejor construidas soportaron sin ninguna consecuencia el sismo; y por qué incluso edificios de departamentos de reciente construcción colapsaron con un movimiento que se encuentra dentro de lo previsible.

En esa lógica, es claro que así como se dice que en el Istmo los daños fueron devastadores por el tipo de construcciones que predomina en la región, también lo es que en la capital del país todos sabían del llamado boom inmobiliario por el que ahora tendrán que responder autoridades y constructores por este riesgoso negocio de defraudación. Sí, en la capital del país colapsaron inmuebles que eminentemente se ocupaban para arrendamiento de casas habitación y que nadie revisaba, e incluso otros que recientemente fueron vendidos como desarrollos inmobiliarios justo en las zonas donde hubo mayor colapso de inmuebles, como la colonia Del Valle, la Narvarte, Roma, Condesa y otras.

¿Nadie verificó que dichas construcciones se hicieran de acuerdo a los estándares de seguridad de una zona sísmica como la Ciudad de México? ¿Las autoridades de aquella entidad revisaron los proyectos o los autorizaron mediante omisiones o actos de corrupción? ¿Los contratistas, constructores y diseñadores de las obras no tienen ninguna responsabilidad en esto?

Queda claro que la cultura de la prevención parte del “no corro, no grito, no empujo…” pero que va mucho más allá de eso. En los aspectos centrales de esa cultura de la prevención debería encontrarse eso que nosotros pensamos que ya no estaba sujeto a la corrupción, pero que ha resultado al revés: las normas de construcción en zonas antisísmicas siguen siendo bordeadas y violadas con tal de economizar costos de construcción y agilizar las construcciones para satisfacer rápidamente los afanes comerciales. Ese es un punto sobre el cual las autoridades tendrán que responder en el mediano y largo plazo, cuando llegue el momento de saber no sólo quién diseñó y supervisó los edificios caídos, sino quién los autorizó.

LA CRISIS SIGUE

Esa crisis también rebasó —como era natural— al gobierno, que nuevamente quedó en segundo plano, y quién sabe si pueda recuperarlo. De nuevo, la organización ciudadana espontánea rebasó por mucho los esfuerzos institucionales, y hoy es evidente que de otra vez la gente le tomó ventaja a las acciones gubernamentales frente a la crisis.

¿Qué resulta importante de esto? Que la ciudadanía está asumiendo con dignidad y valentía eso que la clase política siempre ha negado: la existencia de una sociedad civil organizada, pujante y exigente. Con el temblor del 19 de septiembre pareció constatarse que ahora sí la ciudadanía se está asumiendo como tal. Pero lo siguiente que debe hacer es considerar que no se trata sólo de un despertar como chispazo o anécdota, sino que después de que pase la crisis por el terremoto debe asumir los siguientes pasos para construir la opción que quizá en el mediano plazo pueda convertirse en la piedra angular de una vía distinta a la de los partidos políticos.

Esa crisis, en el fondo, es concomitante a la crisis de los partidos. ¿Hacia dónde van y cuáles son sus derroteros próximos y de mediano plazo? El cuestionamiento sobre el destino del financiamiento que debe ir a la reconstrucción, en el fondo debió haberse centrado en la necesidad de recortar ese gasto no para destinarlo a algo más, sino para frenar la vorágine del altísimo costo de las elecciones. ¿De qué sirve quitarle mil 300 millones de pesos a los partidos en 2018, si la solución de fondo no incluye que no los recuperen al año siguiente?

Hoy es claro que a los partidos no los quieren porque la gente no se siente representada. Hacer esa maniobra, a medias, sería tantos como combatirlos sin dar soluciones de fondo, y tener un rebote amargo por la persistencia del altísimo costo de las elecciones en los siguientes procesos electorales.

CONTRA LA CORRUPCIÓN

Es claro que en ese y todos los casos, en el fondo lo que debemos combatir es la corrupción, que se ha metido como humedad en todo nuestro sistema. Y es lo que sin tregua debemos combatir porque todas las expresiones antes señaladas —y muchas más que hemos visto a lo largo de estas semanas— tienen el mismo origen de fondo. La corrupción, disfrazada de las más variadas prácticas, silencios, omisiones y formas.

Mediación penal impulsa al diálogo y conciliación para evitar juicios

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 Los ciudadanos tienen la posibilidad de restaurar los conflictos jurídicos por su propia voluntad

La mediación proporciona alternativas de solución pacífica por medio del diálogo en asuntos de naturaleza civil, familiar, mercantil, penal y vecinal, informó la  directora del Centro de Justicia Alternativa (CJA) del Poder Judicial del Estado, Betzzaida Cruz Mendoza quien indicó que de esta manera los ciudadanos tienen la posibilidad de restaurar los conflictos jurídicos por su propia voluntad,  acción que demuestra una expresión de civilidad y respeto.

Explicó que a partir de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal -ordenamiento del Sistema de Justicia Penal Acusatorio que establece las salidas alternas para la solución rápida y gratuita de conflictos legales-, el CJA es responsable de atender asuntos derivados de denuncias por lesiones, daño, tránsito de vehículo, robo y otros catalogados como delitos menores.

Mencionó que la justicia alternativa está garantizada en el Artículo 17 de la Constitución Política que establece que “todas las leyes del país deben regular mecanismos alternativos de solución de controversias”, por lo cual la figura del mediador es de gran importancia ya que será el puente de comunicación y quien en base a técnicas y procedimientos especializados para dirigir el diálogo entre las partes, puede lograr acuerdos satisfactorios entre los involucrados.

El objetivo es hacer accesible la justicia y que las personas involucradas en un asunto se sientan capaces de resolver un conflicto, que sean los protagonistas de la solución y eso ayuda a fortalecer las relaciones, no desgastarnos y ser capaces de construir un ambiente de convivencia distinto, puntualizó la directora del Centro de Justicia Alternativa.

Agregó que además de la conciliación y mediación la ley también contempla la Junta Restaurativa, donde participan además de las partes involucradas, otras personas como son los miembros de una comunidad o los integrantes de  una familia de los ofensores o víctimas que buscan, construyen y proponen opciones de solución a la controversia, con el objeto de lograr un acuerdo.

Dentro del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, conocido como juicios orales, en el caso de delitos menores se pueden aplicar salidas alternas que permitan encontrar una solución al conflicto sin llegar a juicio, lo que contribuye a terminar el proceso el menos tiempo y permite al imputado aceptar su culpa y reparar el daño ocasionado a la víctima.

El Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial cuenta con módulos de atención en los Juzgados de Control de la Región Sierra Sur, Sierra Norte, Mixteca, Istmo, Costa, Cuenca, Cañada y Valles Centrales, sede Tanivet, Ejutla de Crespo e Ixcotel.

Ante la devastación por el sismo, ¿los mexicanos —ahora sí— despertaremos contra la corrupción?

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Desde el momento en que ocurrió el sismo, en el ahora doblemente emblemático y doloroso 19 de septiembre, y la gente se volcó a las calles para ayudar a sus semejantes, hubo muchos que pensaron que esto debía ser el parteaguas de un cambio profundo: de ese cambio de fondo y necesario que le urge al país, pero que sólo puede emerger de la gente. Manifestaciones, en las últimas 72 horas, ha habido varias. Todas giran alrededor del repudio a la corrupción, en sus variadísimas formas.

En efecto, una de esas manifestaciones fue la que ayer se reflejó en repudio ante la revelación de que la historia que largamente contaron a través de los medios de comunicación —escritos, impresos, electrónicos, digitales, y también en redes sociales—, sobre una supuesta niña atrapada entre los escombros en la escuela Rebsamen, era mentira. La ciudadanía no se detuvo a discernir sobre en quién recaía la responsabilidad por la propagación y alimentación mediática de una mentira, sino que de inmediato se fueron contra Televisa.

Antes, la ciudadanía se había manifestado de forma importante en contra de las empresas de telecomunicaciones, por dos razones: primera, que igual que en 1985, durante varias horas posteriores al sismo, la Ciudad de México quedó prácticamente incomunicada a través de la forma más popular actualmente, que es la telefonía celular. Mucha gente trató, infructuosamente, de entablar comunicación con sus familiares y amigos, porque la red de telefonía estaba colapsada y además no había sido capaz de fungir como una herramienta durante y después del sismo.

La segunda razón era aún más concreta, frente a la tragedia: reprocharon que Telmex —otro emblema de esas fortunas mexicanas amasadas al amparo del poder— no abriera los puntos de acceso de internet para contribuir de esa forma con quienes realizaban labores de rescate. Así, la ciudadanía lanzó duros cuestionamientos particularmente contra esa empresa, aunque en realidad lo que habría que evaluar es el funcionamiento en general de toda la red de telecomunicaciones en México, que sufrió un colapso general que, dadas las tecnologías actuales, muy probablemente no debió ocurrir en la dimensión en que finalmente pasó este martes fatídico en la capital nacional, y en toda la región centro del país, que fue la más azotada por el sismo.

Casi al mismo tiempo surgió un cuestionamiento que seguramente tendrá mucho más de fondo: la ciudadanía comenzó a preguntarse dónde estaba la clase política. Vieron encabezando los trabajos de rescate frente a la tragedia, al Presidente y al Jefe de Gobierno. Pero nadie vio a toda la demás clase política, que va desde legisladores, funcionarios, líderes partidistas, activistas sociales y demás personajes públicos que simplemente desaparecieron de la escena pública, quizá por prudencia, pero a quienes la ciudadanía les reclamó de inmediato por no mostrar la misma solidaridad que la gente mostraba con quienes habían sufrido alguna pérdida por el terremoto.

Pues resulta que nadie vio, por ejemplo, a alguno de los integrantes de la conocida “clase política” mexicana haciendo trabajo como voluntario en las zonas siniestradas o contribuyendo con quienes estaban organizando la ayuda que de inmediato llegó —también desde la ciudadanía— para socorrer a quienes estaban en desgracia.

CONTRA LOS PARTIDOS

Acaso el cuestionamiento mayor vino, sin embargo, contra los partidos políticos. En la plataforma Change.org apareció desde el día siguiente del terremoto, una propuesta en la que se planteaba que, a través del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos entregaran alrededor de siete mil millones de pesos que tendrán de presupuesto el año próximo, con el objeto de que dicho monto sirva para la reconstrucción de las zonas devastadas y la recuperación de las personas que sufrieron algún daño o perjuicio por los sismos del siete y 19 de septiembre, respectivamente.

Hasta la noche de ayer, dicha petición llevaba más de un millón 680 mil firmas, con lo que se había convertido en una de las peticiones que han recibido más apoyo en toda la historia de la plataforma Change.org. ¿Qué respondieron los partidos? Inicialmente —y así lo registramos ayer en esta columna— intentaron defenderse argumentando vericuetos e imposibilidades legales, y aduciendo incluso la necesidad de, o hacer cambios a la Constitución, o de la posibilidad de generar una crisis constitucional derivada de la reconducción del dinero para las campañas electorales hacia la atención de los damnificados por ambos terremotos.

La presión social fue el motor para la disposición de los partidos. Por la mañana, Andrés Manuel López Obrador fue el primero que planteó la posibilidad de que su partido —literalmente—, Morena, destinara el 20 por ciento de sus prerrogativas para los damnificados; en las primeras horas de la tarde, hizo lo propio, y lo formalizó, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza; horas más tarde se sumaron Ricardo Anaya a nombre del PAN y Alejandra Barrales por el PRD. A pesar de la disposición mostrada, ya nadie les aplaudió: antes, a la ciudadanía ya le había quedado claro que de todos modos los partidos no lo harían por voluntad, y que accedían sólo por la fuerte presión generada desde la ciudadanía.

En el fondo, debemos reflexionar sobre cuál es el fondo de todo esto: de diversas formas, la sociedad mexicana está dejando ver el hartazgo que siente sobre esas representaciones —algunas casi totémicas— de algunos de los más profundos problemas nacionales: manifiesta su descontento con la manipulación informativa —que en este caso no fue sólo de Televisa con el caso Frida, aunque lo cierto es que Televisa ha representado históricamente esa manipulación—; hicieron lo mismo con Telmex porque esa empresa representa el tráfico de influencias y de privilegios que permitió a un mexicano ubicarse entre los más acaudalados del mundo, gracias a la forma en cómo se aprovechó de millones de mexicanos con un monopolio.

La representación más honda de todo eso, sin embargo, está con los partidos y con la clase política, con la que la ciudadanía ya no se siente representada. Por eso la agria crítica hacia los partidos y sus dirigentes; por eso el cuestionamiento hacia la clase política por no estar en el frente de rescate en esta situación de emergencia. En el fondo, daba lo mismo que algunos estuvieran o no. La gente en realidad está cobrando las afrentas acumuladas a lo largo de todos estos años de alejamiento, de pérdida de identidad y de representación con las personas de a pie, y de cometer excesos en nombre de la democracia, de la política y de las acciones de gobierno.

EL FUTURO…

Ojalá que, como muchos dicen, este sea el parteaguas de un nuevo comienzo. Un comienzo en el que, de fondo, se rechace la corrupción y los provechos indebidos. Parece algo imposible. Aunque en realidad, pensar así es parte de la desesperanza propia del momento. Ojalá eso sea. Ojalá no sea sólo un arrebato sino una convicción de todos esos que ya no se sienten —nos sentimos— parte de esa generación que permitió la construcción de este profundo desánimo.

Promueve Poder Judicial la igualdad de género y no discriminación

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La Dirección de Derechos Humanos y la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, organizaron el taller especializado en el tema

Con el objetivo de incentivar las actividades académicas y de formación en temas relacionados con los derechos humanos en el ámbito jurisdiccional, la Dirección de Derechos Humanos y la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, organizaron el taller “Igualdad y no discriminación”, al que asistieron magistradas, magistrados, servidores públicos de la institución y de otras dependencias estatales, estudiantes y sociedad en general.

Al respecto, el Magistrado Presidente, Dr. Raúl Bolaños Cacho ha señalado que involucrar y sensibilizar a los administradores de justicia en este tema es de vital importancia para orientar su trabajo a la perspectiva de género y consolidar una cultura de respeto que evite situaciones de distinción o exclusión.

Durante el taller, el Subdirector de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Ulises Fernández Castro señaló que los seres humanos generamos procesos discriminatorios a partir de no valorar aspectos pequeños y estamos acostumbrados a ver como normal acciones que lastiman o denigran a los demás.

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales muchas veces desde la familia a través de la formación de estereotipos y prejuicios. Lo que nos hace importantes es que somos diversos, resaltó el especialista quien indicó que  los cambios legislativos no han sido suficientes para generar igualdad entre hombres y mujeres, y aún faltan modificaciones estructurales en lo social, lo político y lo económico.

En las instalaciones de la Casa de la Cultura Jurídica, el Subdirector de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de la CNDH, enfatizó que para avanzar, un primer paso es que los justiciables conozcan sus derechos y se implementen las acciones necesarias para su pleno ejercicio, en lo que el Poder Judicial juega un rol trascendental.

Respecto a la igualdad, consagrada en el artículo 39 de la Constitución, destacó que es un derecho de todos que nos permite tomar libremente las decisiones que atañen a nuestras vidas, respecto a nuestros hijos, trabajo, estudios e incluso opiniones y responsabilidades.

Especialista de la CNDH impartió el taller “Igualdad y no discriminación” organizado por el Poder Judicial del Estado

Con todo y la inconformidad social frente al sismo, los partidos harán lo que sea para protegerse

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Una de las consecuencias sociales y políticas del terremoto de 1985, fue el surgimiento de una sociedad civil pujante y con capacidad de discernimiento que, a la postre, se convirtió en la principal fuerza opositora al entonces régimen de partido hegemónico representado por el PRI. Hoy, 32 años después, lo deseable y lo esperable es que esta nueva cadena de tragedias —no sólo es la de anteayer, sino todas las que han ocurrido en el último año, que particularmente han golpeado al país— logre prender en la sociedad mexicana la idea centrar de que son urgentes más cambios que nos acerquen a la equidad, a la legalidad y a la democracia.

En efecto, parece que tenía que ocurrir una nueva tragedia, para que la sociedad mexicana se diera cuenta de la dimensión del drama que significa un terremoto. El sismo que azotó al centro y sureste del país el pasado siete de septiembre, principalmente dejó una importante estela de damnificados en la región del Istmo de Tehuantepec y en diversas regiones del estado de Chiapas. Pareció, sí, que como siempre la ayuda se volcó hacia los cientos de comunidades afectadas, pero sin la carga emocional que de inmediato se manifestó cuando un nuevo terremoto azotó, al mediodía este martes —doce días después—, la región centro del país y particularmente a la Ciudad de México.

El hecho fue significativamente más atendido. Ocurrió justo el día en que se conmemoraba el 32 aniversario de aquel terrible movimiento sísmico que dejó una cifra de muertos aún no cuantificada con exactitud —se dice que llegó a ser de 20 mil, la cifra aproximada de víctimas mortales por aquel terremoto—, y volvió a dejar muerte, dolor y devastación en la ciudad que bien puede ser considerada como el sistema nervioso central de la sociedad, la economía y la política mexicana. Por eso, a partir del nuevo 19 de septiembre resurgieron algunas de las más viejas demandas que hoy cobran plena vigencia no por el temblor, sino por las demandas genuinas de la sociedad mexicana.

Una de ellas fue la que se centró en la urgencia de que los partidos políticos entregaran lo que les corresponde a prerrogativas, para la atención de los damnificados y la emergencia nacional que significan los dos grandes sismos ocurridos apenas con doce días de diferencia. En la plataforma change.org surgieron de inmediato demandas para que los partidos políticos con representación y reconocimiento nacional donaran lo correspondiente a sus aportaciones gubernamentales para los meses siguientes, con el objeto de contribuir de manera solidaria a la situación de emergencia que vive el país, pero sobre todo para que lo hicieran como una forma de mostrar compromiso y apego con la ciudadanía.

De inmediato surgieron voces que, insensiblemente, apostaron por lo contrario. ¿Qué dijeron? Señalaron que, en realidad, la decisión sobre el destino de los recursos ordinariamente destinados a los partidos políticos no se encontraba en el Instituto Nacional Electoral, sino en el Congreso federal. Es decir, en la institucionalización de la partidocracia. Pues en un primer momento, el consejero Marco Antonio Baños dijo que la propuesta de usuarios de redes sociales y de algunos partidos políticos sobre donar las prerrogativas a los damnificados por los sismos que han sacudido al país el 7 y 19 de septiembre es ilegal.

Lo anterior, debido a que aún cuando los partidos podrían solicitar a la Tesorería de la Federación que disponga de una parte de sus recursos, lo que no pueden es darle un uso distinto del que se contempla en la ley. Incluso, ante el temblor del pasado 7 de septiembre con epicentro en Chiapas, el senador Armando Ríos Piter propuso reducir el 50 por ciento de los 6 mil 778 millones de pesos para el financiamiento de partidos políticos y candidatos independientes de 2018, para destinarlo a los afectados.  Sin embargo, tanto la Constitución como la Ley General de Partidos Políticos prohíben los recursos para fines no partidistas y, en caso contrario, se estaría incurriendo en una falta.

LEGALISMOS FRENTE A LA SOCIEDAD

Las razones estrictamente legales pueden ser atendibles en un escenario ordinario. ¿Pero cómo entender eso mismo cuando se vive una tragedia que pudiera considerarse proporcionalmente equiparable a la de 1985, no por el número de víctimas, sino por la desconfianza de la ciudadanía frente a una situación tan compleja como un sismo de profundas consecuencias sociales?

Lo que queda claro, más bien, es que o la partidocracia no termina de comprender que un hecho, o una cadena de hechos fortuita bien puede ser el parteaguas de una situación excepcional de cuestionamiento hacia los partidos políticos, o en realidad se encuentra muy segura de que puede sostener ese control a pesar de que la mayoría de las personas estén en una ruta potencial de cuestionamientos.

Quién sabe qué ocurra en los días siguientes cuando se compruebe que, igual que en 1985, ninguna ayuda gubernamental es suficiente, y que así como la ciudadanía organizada es capaz de rescatar a personas de entre los escombros, también es capaz de derrotar a todo un conjunto institucional que pretende no tomarlos en cuenta. Eso fue lo que ocurrió a partir del temblor de hace 32 años, el cual a la postre derivó en el desmantelamiento del régimen de partido hegemónico (el PRI), y es exactamente lo mismo que podría ocurrir ahora con las consecuencias de mediano y largo plazo del sismo que también ocurrió un 19 de septiembre.

El impacto, al final, podría ser tremendo. Todavía hoy se vive la sordera propia de una crisis de la magnitud de la que vivimos. Pero conforme se desvanezca la polvareda de tragedia, desolación e insuficiencia de la ayuda gubernamental, se irán revelando también las grietas que existen entre los partidos y la sociedad mexicana. No serán heridas menores, sino más bien boquetes profundos, completos y quizá hasta en algunos momentos irreconciliables.

Quién sabe si la partidocracia tenga capacidad para recomponerse, o si lo próximo que nos queda ver es —por fin— un proceso de reconstitución social. No lo sabemos. Pero el primer reto corresponde a los propios partidos para corroborar si realmente están preparados para los retos sociales a los que se enfrentan.

POSTDATA

¿Cajiga? ¿Arnaud? ¿Tenorio?… Por favor… ¿A alguien les parecen suficientes? Es otro, al que todos, —o la mayoría de los oaxaqueños—, quiere ver en prisión…

Refuerzo a la cultura de la prevención: la lección que todos debemos aprender frente a los sismos

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Los nuevos sismos ocurridos ayer en la capital del país, constituyen un doloroso momento y una fuerte lección de humildad para los mexicanos de todas las regiones del país. Con el terremoto del pasado siete de septiembre, fuimos testigos de cómo dos de las entidades federativas del país social y económicamente más rezagadas, fueron en las que ocurrieron los mayores daños, y gran parte de eso se le atribuyó justamente al atraso. Ayer comprobamos que el corazón de la República también podía ser susceptible de una tragedia mayúscula, incluso con un sismo aparentemente de menor intensidad que el de hace trece días. Y lo fue.

En efecto, en las primeras horas de la tarde de ayer ocurrieron dos nuevos sismos, que volvieron a conmocionar al país. Uno y otro ocurrieron con segundos de diferencia, y tuvieron sus respectivos epicentros en la región centro del país. Los efectos se percibieron en prácticamente toda la región centro y sureste de México, pero la devastación ocurrió principalmente en donde todos creíamos que nunca volvería a ocurrir una tragedia por la caída de edificios, luego de la dolorosísima experiencia para millones de personas por el terremoto de este mismo día, pero del año de 1985: la Ciudad de México.

Y es que cuando ocurrió el primero de esta cadena de sismos, en los últimos minutos del pasado siete de septiembre, la tragedia humanitaria y el colapso de la infraestructura ocurrida en Oaxaca y Chiapas se atribuyó a la pobreza y al atraso en la forma en cómo estaban construidas muchas de las edificaciones que colapsaron.

En este mismo espacio, el lunes 11 de septiembre apuntamos que desde el primer momento, se pudo apreciar a través de imágenes difundidas en redes sociales, que la gran mayoría de los daños ocurrió en inmuebles construidos con adobe, techumbres, tejas, láminas y otros materiales que eran tradicionales en otras épocas, pero que no corresponden a construcciones de años recientes. E incluso, a pesar de la magnitud del movimiento sísmico, y de la cantidad de inmuebles dañados en la región del Istmo —muchos de ellos quedaron totalmente destruidos—, lo cierto es que el número de víctimas humanas no fue el que se habría esperado de un movimiento de dimensiones equiparables en otro tiempo y lugar.

En aquella misma entrega —de hace apenas nueve días— también apuntamos que una de las cuestiones de mayor trascendencia en cuanto a la cultura de la prevención, ha sido la capacidad de establecer, y de que toda la gente lo entienda, los esquemas de construcción acordes con la zona en la que habitamos. En un país en donde parece que todo puede prestarse a la corrupción y a las omisiones, resulta que todos han comprendido la importancia de no brincarse, no bordear, y no simular los lineamientos bajo los cuales deben realizarse las edificaciones. En gran medida, esa fue una de las razones por las que en los núcleos urbanos no hubo más que algunos cristales rotos y daños menores provocados por el movimiento sísmico, pero no una tragedia de grandes dimensiones como la que ocurrió en el terremoto de 1985.

TODO PUEDE PASAR

En aquella ocasión, decíamos que una de las razones por las que fue exponencial el número de víctimas humanas y pérdidas materiales en la Ciudad de México durante el terremoto de 1985, radicó en la deficiente calidad de construcción, y en las incorrectas normas que regían el diseño de las edificaciones que se vinieron abajo. Aquella fue la gran prueba de un inmueble que casi cuarenta años antes se había construido con un sofisticado sistema antisísmico —la Torre Latinoamericana— y que demostró cómo cuando algo se construye a partir del reconocimiento del terreno en el que se encuentra, una posible tragedia puede no quedar más que en la anécdota.

Por eso, dijimos, a partir de entonces no sólo en la capital del país, sino en todo México, se ajustaron los lineamientos y las medidas de protección en todas las construcciones. Por esa razón, ante la contingencia sísmica, hubo una gran diferencia entre aquellas construcciones antiguas que fueron construidas con diseños y medidas de prevención que o no eran lo suficientemente sofisticadas como las actuales —algunas ya existían, pero eran muy costosas y elitistas—, o que no consideraron la sismicidad del suelo en el que estaban asentadas, y aquellas edificaciones que ya fueron proyectadas o reforzadas después de 1985 y ya consideraban las medidas de prevención por ubicarse en una zona de alta sismicidad.

¿Qué podemos apuntar frente a la tragedia de ayer en la Ciudad de México? Que, evidentemente, se ha avanzado de manera importante en la difusión de una amplia cultura de la protección civil, pero que aún hace falta mucho por hacer; que, es cierto, hoy la mayoría de las construcciones cuentan con diseño y construcción que consideran la zona sísmica en la que se encuentran; y que, en general, la población tiene cierta idea de qué hacer durante un terremoto.

Sin embargo, ante los hechos también debemos reconocer que no todo está hecho: ni las medidas de protección civil son —ni serán nunca— las suficientes; ni tampoco estaba todo hecho en cuanto al establecimiento de inmuebles antisísmicos —por eso ayer colapsó una cuarentena de edificios en la Ciudad de México—; que ni por la amarguísima experiencia de 1985, la capital del país estaba exenta de una nueva catástrofe; y que las consecuencias funestas de los sismos no son exclusivas de las zonas en pobreza o marginación, como inicialmente fueron consideradas las zonas de desastre por el primer sismo, y que fue en lo que se explicó el número de viviendas, edificios públicos e infraestructura colapsados, o con daños estructurales, a causa del sismo.

En el fondo, todo esto debe movernos a una profunda lección de humildad y reconsideración de lo que hemos hecho. Debe quedarnos claro que no todo está hecho en materia de protección civil —desde el “no corro, no grito, no empujo”, hasta las técnicas de construcción y verificación de los inmuebles para corroborar que no representan un riesgo ante una contingencia como esta—; que nadie está exento de las consecuencias trágicas de un movimiento sísmico; que esto no es propio de comunidades rurales o urbanas y que, todos en México, debemos seguir haciendo todo lo que sea necesario para reforzar la cultura de la prevención entre nosotros mismos.

No podemos dedicarnos a la búsqueda de responsables. Todo esto, no es culpa de alguien en particular. Lo que sí podemos hacer es redoblar los esfuerzos encaminados a la prevención, a las medidas de seguridad para la previsión de estos riesgos, y a la preparación para saber qué hacer en caso de un desastre como los que han ocurrido en México.

A PREPARARNOS

Estos son momentos de profundo dolor para toda la nación. Por eso debemos mostrar nuestra solidaridad en medio de la tragedia, ayudando y donando. Pero sobre todo, debemos tomar conciencia de estas durísimas lecciones de humildad y responsabilidad que necesitamos asumir todos como nación, para estar mejor preparados para cuando algo como esto vuelva a ocurrir —porque, irremediablemente, así será, aunque no sepamos cuándo ni cómo— en México.

Suspende actividades el Poder Judicial para verificar posibles daños a edificios

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  • Personal especializado realizará las evaluaciones respectivas sobre las condiciones de los diferentes inmuebles

El Poder Judicial del Estado suspenderá labores este miércoles 20 de septiembre tanto en los edificios J1 y J2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se ubican dentro del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo “General  Porfirio Díaz” en Reyes Mantecón como en los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de realizar las evaluaciones respectivas sobre las condiciones de los diferentes inmuebles, luego del sismo magnitud 7.1 grados con epicentro en los límites de Morelos y Puebla.

El director de Administración del Consejo de la Judicatura, Antonio Javier Díaz Aragón señaló que personal especializado y brigadas de protección civil verificarán las condiciones de los edificios para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.

Indicó que los juzgados de oralidad penal contarán con la debida guardia y de esta manera desahogar los procedimientos que se lleven a cabo.

Durante el sismo, ocurrido a las 13:14 horas del martes,  los servidores públicos judiciales siguieron los protocolos de protección civil para desalojar las instalaciones y cumplieron con la evacuación con orden y disciplina, como  en estos casos debe llevarse a cabo, en cuidado de su seguridad y la de los demás.

El gobierno federal debe hacer lo necesario para que Oaxaca no quede hipotecada por la reconstrucción

El sismo del pasado siete de septiembre, es una circunstancia trágica y extraordinaria a la que ahora el gobierno federal debe atender con sensibilidad y responsabilidad. Aunque en un primer momento el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales es una buena noticia, lo cierto es que ante una situación como la que ahora viven miles de comunidades de la entidad, tan extensa y profunda en los daños, la federación debe hacer un esfuerzo extraordinario de solidaridad con Oaxaca para que la reconstrucción no implique endeudar —aún más— las arcas estatales. Es un tema por demás importante, del que vale la pena abundar.

En efecto, el pasado 14 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una primera declaratoria de desastre natural para 284 municipios de la entidad, por el sismo ocurrido siete días antes; ayer, 18 de septiembre, se emitió una segunda declaratoria para 41 municipios más ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec.

Dichas declaratorias tienen como efecto inmediato que el gobierno estatal pueda tener acceso a los dineros del Fonden, en lo referente a los recursos que son necesarios para la atención de las emergencias. Es decir, que según los lineamientos del Fonden, a través de dichas declaratorias se logra acceder a dinero público, pero sólo el destinado para la provisión de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas y contenidas en las declaratorias, consistente en comida, medicamentos, y algunos insumos básicos para garantizar la subsistencia de los damnificados.

En una segunda etapa, el Fonden también contempla recursos para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública y privada, y ahí es donde verdaderamente tendrá que haber sensibilidad del gobierno federal ante una situación tan extraordinaria como la que ahora vive Oaxaca. Pues de acuerdo con los hechos, son cientos de comunidades oaxaqueñas las que sufrieron daños importantes tanto en edificios públicos —escuelas, hospitales, clínicas de salud, oficinas gubernamentales, etcétera— como en inmuebles privados en los que habitan o comercian las personas, y respecto de las cuales tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, han prometido que habrá tareas inmediatas de reconstrucción.

Ante tales promesas, es necesario comprender que el Fondo de Desastres Naturales es una herramienta de fondeo federal muy importante, pero que está lejos de ser la solución de fondo a las calamidades sociales derivadas de una contingencia, y que su operación afecta mucho más a las entidades federativas económicamente rezagadas, que a las que tienen una situación menos comprometida por su capacidad recaudatoria. ¿De qué hablamos?

De que para la atención de emergencias, el Fondo de Desastres Naturales establece recursos federales que pueden ser utilizados casi de manera inmediata. Sin embargo, para las tareas que se encuentran más allá de la atención durante la emergencia, las propias reglas de operación del Fonden establecen la necesidad de que los gobiernos de las entidades federativas, y los ayuntamientos, aporten ciertos porcentajes de los recursos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, como requisito para que la federación pueda realizar las inversiones correspondientes.

Para el gobierno federal constituye una ventaja contar con el Fonden, ya que éste es un fondo específico para la atención de las consecuencias ocasionadas por los desastres naturales. El problema es que generalmente las entidades federativas no cuentan con un fondo más o menos similar al Fonden, pero a nivel local; y que si eso ya es improbable, resulta aún menos posible que los gobiernos municipales cuenten con una partida, o un fondo, para poder garantizar las aportaciones necesarias para el acceso a los recursos del Fonden.

EL FONDO Y SUS VICISITUDES

Por ejemplo, las reglas de operación del Fonden establecen que ante un desastre natural que implique daños en infraestructura pública, el Fonden aportará el 100 por ciento de los recursos que sean necesarios para la reconstrucción o rehabilitación de comunicaciones y transportes del orden federal; pero que aportará sólo el 50 por ciento en infraestructura del orden estatal o municipal, y que, respectivamente, tanto la entidad federativa como el municipio que corresponda deberá aportar el porcentaje de recursos que haga falta (50 por ciento) para realizar dicha reconstrucción.

El problema es que ocurre más o menos lo mismo, en prácticamente todas las áreas que son susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, tanto de infraestructura pública como en bienes muebles e inmuebles de orden privado, en un desastre natural identificado por las propias reglas de operación como un “fenómeno geológico”, que en este caso es un sismo. Cuando esto ocurre en una sola localidad, o en un conjunto determinado de municipios, las coinversiones municipales, estatales y federales pueden ser manejables.

El problema es que en este caso son más de 300 los municipios incluidos en la declaratoria de emergencia por el terremoto del pasado siete de septiembre, y muy probablemente sea un número similar el que quede determinado en las necesidades finales de inversión por parte del Fonden para labores de reconstrucción o rehabilitación de carreteras, escuelas, clínicas, hospitales, y todos los edificios públicos y privados del orden federal, estatal y municipal que colapsaron, o quedaron definitivamente dañados por el terremoto.

Todo esto es, además, independiente de lo que se debe invertir en la rehabilitación, reubicación y/o reconstrucción de viviendas. En ese caso, en la Sección Segunda de las Reglas de Operación del Fonden (numeral 32, cuadro 3 “Sector vivienda. Acciones de vivienda para damnificados”), se establece que para el rubro de Reparación y reconstrucción, el Fonden aportará el 70 por ciento de los recursos necesarios, y la entidad federativa o municipio aportará el 30 por ciento restante; pero que en el caso de reubicación y reconstrucción, para la adquisición de suelo apto para la reubicación, el Fonden sólo aportará el 10 por ciento de los recursos, y 90 por ciento restante será de recursos estatales; que para la introducción de servicios urbanos básicos, el Fonden aportará el 20 por ciento y el 80 restante por la entidad federativa; y que para la construcción en el mismo sitio, el Fonden aportará el 70 por ciento y el 30 por ciento restante se pagará con recursos estatales.

FUTURO ¿SOMBRÍO?

¿Qué significa esto frente a una contingencia del tamaño de la actual? Que para responder, el Estado de Oaxaca tendría que contraer una deuda monumental para responder a las reglas de operación del Fonden. Lamentablemente, Oaxaca no es una entidad robusta en fuentes de financiamiento propias: no tiene una recaudación local importante ni cuenta con recursos  para hacer frente a una contingencia de esa magnitud. Por eso, debería ser el momento para que el gobierno federal estableciera un trato diferenciado y acorde a la situación, y no obligue a generar otro problema presupuestal de mediano y largo plazo para nuestra entidad.

Revisan Jueces del PJO aspectos de la readaptación a la reinserción social

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En coordinación con la organización Asilegal, jueces de Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado se capacitan en el tema


La implementación del sistema penal acusatorio en México, establecida a partir de la reforma constitucional de 2008, contempla la reinserción social como una de las aspiraciones del proceso penal, reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derecho y deja atrás el paradigma de la readaptación social, según el cual, las instituciones penitenciarias buscan únicamente “curar” a los autores del delito para hacerlos socialmente funcionales.

Así lo señaló el director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), José Luis Gutiérrez Román al impartir el curso “De la regeneración a la readaptación, de la readaptación a la reinserción social y la Ley Nacional de Ejecución Penal” a juezas y jueces de Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado, quienes tienen entre sus facultades  la revisión y control judicial de una serie de actuaciones que se dan al cumplir una sentencia.

Entre éstas, el ponente explicó que se encuentran la aplicación de penas alternativas a prisión, la concesión de beneficios como la libertad anticipada, y la vigilancia del respeto a los derechos humanos de las personas sentenciadas, de ahí la importancia de que cuenten con una capacitación especializada derivado de las modificaciones constitucionales relativas al sistema penitenciario enfocadas a evitar que existan efectos nocivos para la salud física y psicológica de los presos.

El director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), apuntó que debido a que la mayoría de los centros penitenciarios en México registra sobrepoblación, son comunes situaciones que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que repercute en un deterioro de las posibilidades de reinserción y frena la concurrencia a actividades de recreación, educativas, entre otras, de las personas privadas de su libertad.

Durante el curso, organizado por la organización civil en coordinación con la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, se revisaron temas como La regeneración, la readaptación, la reinserción social el cambio de paradigma de la readaptación social a la reinserción social; los derechos humanos y los ejes de la reinserción social a la luz de los instrumentos internacionales  de la Ley Nacional de Ejecución Penal.