+ Elección cerrada; resultado al aire: los números no dan certeza alguna

Poco se ha analizado el reto mayúsculo que significa la elección de la próxima autoridad en el ayuntamiento de la capital oaxaqueña. Sin exagerar, este municipio significa el segundo mayor capital político a disputarse luego de la gubernatura, y pasando muy por encima de las diputaciones locales y, sin menospreciar, de cualquier otro ayuntamiento en la entidad. Si Oaxaca de Juárez es el epicentro de la actividad política en la entidad, la competencia por conquistar ese espacio es, como nunca, de pronósticos reservados.

En efecto, esta será una elección municipal atípica en la capital del Estado, por la desconcertante selección de candidatos que ocurrió en los dos principales partidos. Por un lado, en la coalición que integran el PRI-Partido Verde-Nueva Alianza, se decidieron por José Antonio Hernández Fraguas, y en la coalición PAN-PRD por el panista Sergio Bello, rompiendo con esas dos decisiones la inercia aparente de que la alcaldía citadina se la disputarían esencialmente mujeres. Esta es una cuestión relevante, aunque no precisamente por el impulso a la fuerza electoral sino porque, en apariencia, ambos bloques habrían intentado deprimir la participación y el interés del electorado.

Para explicar esa situación, sólo basta con voltear a ver a sus candidatos: por el lado priista se encuentra Hernández Fraguas, que en realidad no goza de todo el prestigio y los buenos antecedentes que presume como político y como ex gobernante de la capital. Si se recuerda, su gestión estuvo enmarcada por la intermitencia en la atención al municipio, derivada de los evidentes afanes electorales que hicieron creer a Hernández Fraguas que podía ser candidato a Gobernador. Además de eso, en su gestión no se consiguió ningún resultado relevante y tampoco hubo signos distintivos. Tan no fue así, que casi faltándole un año para terminar su trienio, Hernández Fraguas se separó definitivamente de la alcaldía para sumarse a otra campaña —la de Eviel Pérez Magaña— fallida.

El caso de Sergio Bello es tanto o más alarmante. Es un empresario hotelero que consiguió la curul —¿a la que alguien sabe si solicitó licencia?— en el Congreso local gracias no al trabajo político sino a las amistades que tiene en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN. A decir de los mismos panistas, Bello no tiene trabajo político ni capitales electorales, además de que su desempeño como legislador local plurinominal tampoco ha tenido un solo signo distintivo como para pensar en la segunda candidatura más importante de esta contienda. ¿Qué pasó entonces? Que las dos coaliciones tomaron sus respectivas decisiones considerando al adversario. Y este fue el resultado.

No obstante, aunque pudiera parecer esto lo interesante, en realidad hay mucho más. Porque resulta que antes de Fraguas y Bello como candidatos en esta contienda, la capital de Oaxaca ya tenía su propia historia de desencuentros electorales entre esos partidos. Apenas la contienda de 2013 por la alcaldía citadina, estuvo enmarcada por la rudeza y la incapacidad de las fuerzas políticas de construir escenarios definidos.

Fue tal la polarización, que Javier Villacaña logró alzarse con la victoria en alguna medida impulsado por la división de las fuerzas coaligadas que se generó desde el gobierno estatal, por la aversión del grupo gobernante contra Luis Ugartechea como presidente saliente, y qué decir de Francisco Reyes Cervantes como abanderado de un sector panista con el que el gabinismo no sentía ningún compromiso.

DEVENIR ELECTORAL

Los resultados de la elección municipal de 2013 en la capital fueron, según el IEEPCO, los siguientes: la Coalición Compromiso por Oaxaca (PRI-Verde, que impulsó a Villacaña) obtuvo 35 mil 913 votos; la coalición Unidos por el Desarrollo (PAN-PRD-PT, que abanderó a Reyes Cervantes) logró 35 mil 282 votos. Una diferencia de sólo 631 votos, en un contexto en el que el propio gobierno estatal envió al perredista Hugo Jarquín, a dividir (y romper) el esquema de triunfo de la propia coalición, a través del Partido Unidad Popular, del que fue candidato. Jarquín obtuvo —en esa elección definida por menos de mil votos— un total de nueve mil 448 sufragios.

¿Qué es lo relevante de todo esto? Primero, que si otra hubiera sido la decisión del PAN, y ésta hubiera sido acorde con los intereses del gobierno estatal, entonces no habría habido una división de las fuerzas de izquierda y la coalición PAN-PRD habría barrido sin problemas a un priismo que aún con todos los votos que logró Villacaña no habría tenido lo suficiente para ganarle al abanderado de la otra coalición con al menos tres cuartas partes de los votos que le robó Hugo Jarquín.

Hay un segundo efecto: hoy, aún con el poco entusiasmo que generan los dos principales candidatos a la alcaldía, hay elección de Gobernador en la que, por un lado, se encuentra Alejandro Murat como candidato creciente; pero en la que, en el otro extremo, hay una coalición no dividida, en la que Bello y Jarquín juegan más o menos en el mismo carril de los intereses electorales.

ELECCIÓN INÉDITA

Por todo eso, la pregunta que debían hacerse los candidatos —y particularmente Hernández Fraguas— es qué tan sobrado puede estar en la campaña. La capital no es un territorio que fácilmente se presta a ser indulgente con el priismo. Pero la coalición lleva una carrera muy cuesta arriba con un candidato como Bello. Por eso no es exagerado afirmar que el resultado será de pronóstico reservado.

+ ¿El IEEPCO está regulando quién publica encuestas?

Es grave la incertidumbre que priva en el escenario político estatal por la difusión inopinada de encuestas de opinión sobre los candidatos a la gubernatura. Es grave porque, como ciudadanos, estamos más supeditados a la incertidumbre que a la responsabilidad de quienes difunden estudios de opinión. Esta se ha convertido en una práctica más de propagandismo electoral, que de seriedad respecto a los resultados que se difunden. Por eso vale la pena conocer y considerar algunos elementos que debieran ser fundamentales para dar crédito o no a las encuestas que recurrentemente se difunden, a la par de preguntarnos qué papel está jugando la autoridad electoral en todo este asunto.

En efecto, en las últimas semanas hemos visto cómo arreció la práctica de la difusión espontánea de encuestas por parte de algunos candidatos y, aparentemente, de algunos medios de comunicación. La intención clara de esas publicaciones ha sido la de generar la percepción de que tal o cual candidato a la gubernatura es quien lidera las preferencias electorales, independientemente de que eso sea cierto o no. Eso, de entrada, ya marca un problema grave porque se supone que las encuestas sirven para conocer qué tendencia lleva la opinión ciudadana sobre un tema, pero no para ser un elemento de propaganda electoral.

Lo grave es que eso es justamente lo que ha ocurrido cada vez con mayor recurrencia: los candidatos o partidos se han dedicado a pagar la realización y difusión de encuestas como un elemento más de propaganda electoral. De cara a todo eso, vale la pena retomar algunos puntos fundamentales señalados por el director de la casa encuestadora ARCOP, Rafael Giménez, quien en una entrevista que le concedió a Quadratin Oaxaca, señala qué distingue a las encuestas serias de las propagandísticas, y qué consideraciones debemos tener los ciudadanos para darle crédito a esas encuestas.

De entrada, dice Giménez, que en 2010 comenzaron a fallar fuertemente las encuestas, porque los estrategas electorales comenzaron a ver la necesidad de difundir encuestas no reales, sino a favor de un candidato en específico. Esta fue la génesis de las encuestas a modo, que buscan un efecto propagandístico y no el reflejo de un escenario electoral.

Asimismo, Giménez asegura que una encuesta tiene un costo promedio de unos 250 pesos por cuestionario. Esto significa, dice, que será una encuesta levantada, con supervisión y que cuente con todos los elementos que generan certeza sobre la opinión ciudadana recabada, además de dejar una ganancia a la casa encuestadora.

El problema, dice, es que hoy existen agencias que cobran entre 380 y 500 pesos por cuestionario, porque de antemano saben que el resultado de la encuesta ya no será una herramienta para conocer la opinión de la ciudadanía, sino que más bien lo están vendiendo como un mecanismo publicitario a favor de algún partido o candidato. Todo esto, los partidos y candidatos lo saben, y aún así van y contratan a esos encuestadores que tienen como fondo servir como herramienta de campaña.

ENCUESTAS ¿SERIAS?

Por eso, una pregunta que hoy se hace la ciudadanía es cómo leer e interpretar correctamente una encuesta, considerando que hoy no son mecanismos concretos de medición sobre un escenario electoral, sino que pueden ser una herramienta propagandística de algún partido.

Al respecto, dice Rafael Giménez que una de las peores prácticas de las encuestadoras en México, es que casi nunca dejan en claro quién paga la encuesta. Es decir, si quien financió la medición es un partido, un medio de comunicación, un candidato, etcétera. Como no hay información al respecto, lo único que queda, dice, es inferir que el financiador de la encuesta es quien aparece a la cabeza de los resultados, y eso no genera certidumbre: al contrario. Genera más duda porque no hay certeza sobre el origen y la intención de dicha encuesta.

Una de las prácticas que tampoco queda muy clara es cuántos medios de comunicación —locales o de la capital del país— tienen la capacidad de llevar a cabo y financiar sus propias encuestas. Giménez asegura que dentro de los pocos medios de información que sí tiene prestigio en sus mediciones es Reforma.

Todos los demás medios sólo difunden encuestas que otros realizan, casi siempre mediando entre ello un pago por parte del sujeto interesado en la difusión de la encuesta de opinión. Por eso, dice, hay que tener particular atención en la forma en cómo se asumen los resultados difundidos por los encuestadores y por los medios que reflejan esos números, y que a veces dan como propia la intención de la encuesta, cuando generalmente no tienen capacidad financiera y de infraestructura para llevar a cabo ese tipo de mediciones.

En Oaxaca hay cierta idea de quién puede ir a la cabeza en las encuestas, a partir de cuántos de los encuestadores más serios han difundido resultados más o menos parecidos. El resultado global de esa práctica se verá, en un primer momento, a la luz del resultado de la elección; y en un segundo momento, será también revelador el cruce de resultados y predicciones con el saldo final de los comicios del mes próximo.

¿Y EL IEEPCO?

Luego de todo esto, una pregunta esencial es dónde está el IEEPCO respecto a todas esas encuestas de las que no sabemos bien a bien su origen, metodología, intención de propagandismo electoral, y fuente de financiamiento. Queda claro que la autoridad electoral nuevamente se queda corta y revela su incapacidad para cumplir con las funciones que le fueron encomendadas.