+ Desdeñan capacidad de padres y ayuntamientos para frenar a profesores

Hace poco más de un año, en agosto del año pasado, el gobernador Gabino Cué hizo un llamado a las autoridades municipales para vigilar la impartición de la educación pública en Oaxaca que hoy está en el olvido, a pesar de que fueron los padres de familia organizados los que finalmente le hicieron a la Sección 22 la presión que ni el gobierno federal había logrado, para que se reabrieran las escuelas luego de casi 100 días de movilizaciones y cierre de escuelas en la entidad. Hoy más que nunca, una posible adecuación del modelo educativo estatal debería pasar por la municipalización, de hecho o de derecho, de la educación en la entidad.

En efecto, el 19 de agosto de 2015 —apenas unas semanas después de haberle expropiado el control del IEEPO a la Sección 22— el gobernador Gabino Cué Monteagudo lanzó el llamado a un diálogo por la educación a los presidentes municipales de todo el estado. Específicamente, en aquella ocasión el Mandatario convocó a las autoridades municipales “a que sean vigilantes de lo que necesitan las escuelas de sus comunidades, así como de que los profesores cumplan con el ciclo escolar”.

El gobernador Cué dijo que “por ley”, los presidentes municipales “nos tienen que ayudar para el diagnostico de cómo están las escuelas; para saber si las maestras y los maestros están yendo a la escuela”. Y subrayó que por tratarse de servidores públicos, “por mandato de ley” los maestros tienen la obligación de cumplir con la función por las que se les paga su salario.

Este llamado constituía un paso decisivo en el control de la Sección 22 del SNTE, a través de un proceso fáctico de municipalización de la educación. El nuevo marco jurídico de la educación —es decir, la reforma educativa— no lo impedía, y ahí se encontraba la capacidad de dicho llamado que, lamentablemente, hoy se encuentra en el más crudo de los olvidos a pesar de que han sido los padres de familia, en modelos improvisados de organización los que fueron logrando, primero presionar a los profesores de diversas escuelas a iniciar el ciclo escolar; y segundo, que la Sección 22 comenzara a considerar, hace apenas unos días la posibilidad de iniciar el ciclo escolar no por las exigencias o amagues del gobierno, sino por el reto que representa la presión de los padres de familia, escuela por escuela, o comunidad por comunidad.

INFERIORIDAD NUMÉRICA

El magisterio tiene una capacidad de movilización importante, pero sólo cuando se trata de hacer presencia en la capital del Estado, como caja de resonancia de toda la actividad política en el Estado. Obviamente, cuando se juntan los más de 70 mil profesores para realizar movilizaciones en la capital oaxaqueña, su superioridad es abrumadora. ¿Pero nos hemos puesto a pensar qué tan endeble es en realidad esa supuesta superioridad, si comenzamos a contrastar el número de profesores que tiene una comunidad frente al número de padres de familia, y ciudadanos interesados en que se imparta una instrucción pública de calidad?

Obviamente la respuesta es que los profesores, en ese escenario, tienen una inferioridad abrumadora. Una escuela primaria de una comunidad podría tener unos 50 trabajadores, entre profesores, directivos, personal administrativo y de intendencia. ¿Pero cuántos padres de familia tendría esa misma escuela? Y, sobre todo, ¿cuántos habitantes más, ajenos a los paterfamilias, estarían también interesados en participar en cualquier tipo de acción encaminada a mejorar las condiciones educativas de los niños de esa comunidad?

La respuesta, sin duda, es que unos y otros son muchos más. Por eso, en el fondo, la Sección 22 le tiene mucha reticencia a cualquier posibilidad relacionada con que los Ayuntamientos, y las comunidades, tomen conciencia del papel que pueden jugar en el ámbito educativo, y que en base a ello puedan también emprender acciones.

En cada caso en el que lo han hecho el resultado es favorable para la educación; y dicho éxito se puede entender a partir de la sola circunstancia de que la inferioridad de los profesores sobre los habitantes de las comunidades que ejerce presión sobre ellos, los obliga a tomar una actitud distinta frente a su actividad sindical y los lleva a reconocer que no es sólo su potestad o sus intereses los que valen respecto a los derechos de miles de niños.

Por esa razón —y más allá de lo que pueda decir el texto legal— sería importante retomar el principio de la municipalización educativa, de hecho o de derecho. Es expresa la obligación constitucional, tanto de la Federación, como de estados y municipios, de intervenir en la impartición de la educación pública; y por esa sola razón sería necesario resaltar la importancia de la función social de vigilancia y contraloría de la propia ciudadanía —padres de familia, autoridades municipales, comunidad en general— en la impartición de educación. Finalmente eso fue lo que presionó a los maestros a volver a las aulas. Por eso sería importantísimo considerar esta cuestión que aún sigue inexplorada.

SE MUERDE LA LENGUA

El ex gobernador Ulises Ruiz envió una segunda carta pública al CEN del PRI. En la misiva, sugiere que en acciones para un combate frontal y formal contra la corrupción, “es necesario que el órgano de control que la nueva dirigencia nacional propuso, sea electo por la militancia, para que sirva como un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación”. Pidió además, que se transparenten los recursos del CEN y de los comités estatales mediante la rendición obligatoria de informes públicos a la militancia. Es decir, otra vez el señor Ruiz, resentido con su partido, hablando de honestidad. El chiste se cuenta solo, dirían por ahí.

+ Gobernabilidad local quedará supeditada a definición presidencial

Lejos de la expectativa que genera la conformación del gabinete del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa —algo que se definirá apenas unas horas antes de la toma de posesión del Ejecutivo estatal—, uno de los temas que más inquietud debe generar en el nuevo grupo gobernantes es qué relación entablará con las fuerzas opositoras, y cómo comenzará a articular su propia estabilidad política de cara a la primera prueba electoral que enfrentará, en junio de 2018. ¿El grupo priista que asumirá el poder, estará preparándose para convivir, e incluso para cogobernar con Morena?

En efecto, una de las tantas particularidades que tendrá el gobierno de Murat Hinojosa radica en que éste tendrá que enfrentar tres integraciones distintas del Congreso del Estado. La primera será la que iniciará funciones el próximo 13 de noviembre; la segunda, será la que resulte de los comicios de 2018 y, en razón del cambio de calendarios electorales, conocerá de una tercera integración en 2021, con la que cierre su administración. Esta particularidad, en sí misma, encierra un grado interesante de complejidad, que se ve incrementada por los efectos que tendrá, particularmente, la elección de 2018. ¿De qué hablamos?

De que en 2018 habrá comicios presidenciales y legislativos, en el ámbito federal, pero también se renovarán los ayuntamientos regidos por el sistema de partidos, y el Congreso del Estado en Oaxaca. Como lo hemos apuntado en otros momentos, estamos convencidos de que ese empalme de procesos electorales locales y federales no resulta benéfico para la democracia representativa en un país como el nuestro, en el que la cultura democrática es incipiente, y aún el sufragio se encuentra sujeto a muchas amenazas.

Dichas amenazas pueden enumerarse en la cooptación, la compra o el condicionamiento del votos; y a otras prácticas aún más nocivas, como la irreflexividad del voto y la incapacidad de muchas personas para utilizarlo como un mecanismo de evaluación de partidos y gobernantes, y de diferenciación entre los órganos que renuevan. Así, por ejemplo, es bajísimo el índice de voto diferenciado y, además, es también común la práctica del voto comercializado.

Estas condiciones tienen que ver mucho con el empate de procesos electorales, porque resulta que en la realización simultánea de comicios locales y federales irremediablemente terminará ganando el que genere más expectativa e interés entre la ciudadanía. Siempre ha ocurrido que en México los comicios presidenciales son los más competidos y concurridos de todos los demás que ocurren en una sociedad. Así, el emparejamiento de las jornadas electorales locales y federales terminará generando una inercia en la que el resultado de los comicios presidenciales determinará —y arrastrará, como en un aluvión— los resultados de los demás procesos electorales.

RESULTADO PREDECIBLE

Oaxaca ha sido, en la última década, uno de los principales bastiones de Andrés Manuel López Obrador. Eso se ha visto reflejado en los resultados de todos los comicios —locales y federales— en los que ha intervenido el tabasqueño participando o poniendo candidatos; y su mejor muestra fue en la elección reciente, en la que el Movimiento de Regeneración Nacional quedó nada menos que como la segunda fuerza política en Oaxaca.

¿Por qué es relevante el 2018? Porque Oaxaca es un semillero de votos de López Obrador, que en esos comicios tendrá su mayor oportunidad de conquistar la presidencia; lo es, además, porque Oaxaca será gobernada por el PRI, y porque por una cuestión casi natural, el gobierno de Murat Hinojosa enfrentará el reto de hacer convivir la militancia con los resultados para su partido. El problema radicará, en el ámbito local, en que el Gobernador tendrá que asegurar una integración digna de la segunda Legislatura (la LXIV Legislatura) con la que convivirá y cogobernará, y a su vez una representación mínima en el Congreso federal, de diputados oaxaqueños del PRI.

Ese es un problema mayor, porque en 2018 López Obrador buscará como nunca llegar a la Presidencia. Es muy posible que en entidades como Oaxaca no haya posibilidad a la concertacesión de espacios legislativos y nichos de votación, porque cada voto —y cada representante popular, local o federal— le será útil a López Obrador, ya como candidato, ya como posible Presidente; y porque siendo entidades como la nuestra sus semilleros de voto, cada uno será necesario para contrarrestar las estructuras electorales que se creen en otras entidades federativas por parte del PRI para hacer ganar a quien sea su candidato.

¿ALIANZA O ESTRUCTURA?

Esto abre un abanico de posibilidades: una, es que desde ahora el PRI se alíe —de jure o de facto— con Morena en Oaxaca para plantear un gobierno (un cogobierno) de equilibrios, que en 2018 les permita la posibilidad de postular a algunos priistas por la vía de Morena y así equilibrar la estabilidad del régimen de Murat Hinojosa. Otra, menos posible, es que el PRI genere una extraordinaria estructura electoral que le permita contrarrestar la fuerza que Morena irremediablemente tratará de imprimir en Oaxaca para ganar la mayor cantidad de votos, y lograr que —independientemente del resultado de la elección presidencial— el régimen gobernante local pueda seguir teniendo la mayoría de diputados en el Congreso local, y cuando menos algunos aliados en las cámaras legislativas federales. De esto depende en gran medida la gobernabilidad y el proyecto de supervivencia del PRI en el poder en Oaxaca. Por eso, este es un tema de la mayor relevancia, más allá de quiénes serán los integrantes del nuevo gabinete.

+ Regreso a clases es triunfo de nadie; es un mecanismo parcial de distensión

La Sección 22 del SNTE cumplió libremente con su capricho de arrancar el ciclo escolar hasta que se le dio la gana. El periodo 2016-2017 inicia en Oaxaca con un retraso de diez días hábiles y con la complacencia del gobierno federal que, luego de los muertos, la violencia, el caos nacional y la postración del Estado de Derecho, sólo alcanzó a volver al punto de inicio de esta relación tormentosa: condicionar el diálogo a las clases, y orillar de nuevo —si es que se puede utilizar dicho término— a la Coordinadora a un silencio que hoy ya no convence ni tranquiliza a nadie.

En efecto, en su asamblea del pasado sábado, la Sección 22 acordó iniciar labores docentes el próximo miércoles, “no por el ultimátum lanzado por el gobierno federal de que sin clases no habría diálogo”, sino para cumplir con su compromiso con estudiantes y padres de familia, aunque representantes de la dirigencia nacional aclararon que se definirá el próximo martes si esa acción se ampliará a todo el país. Consultados por separado por el periódico El Universal, integrantes de dirigencias estatales en Michoacán y Guerrero insistieron en que la decisión de iniciar las clases se definirá en la Asamblea Nacional Representativa el próximo martes.

Esto es, apenas, un alivio para la educación y la economía de Oaxaca, que en mucho tiempo no había estado tan ahogada y tan llena de incertidumbre como en este largo periodo en el que no hubo clases, y en el que también los integrantes de la 22 mantuvieron un plantón que alcanzó a buena parte del Centro Histórico de la capital oaxaqueña. Estas dos condiciones de hostigamiento, que se convirtieron en la insignia de la resistencia magisterial, fueron las que sí les generaron presión entre la ciudadanía oaxaqueña y son las condiciones que, de hecho, los están obligando a tomar esta decisión. Porque el problema político sigue en las mismas condiciones de siempre. ¿De qué hablamos?

De que, tal y como ocurrió en junio de 2015, cuando por primera vez el gobierno federal le condicionó el diálogo a la Coordinadora al regreso a clases, en esta ocasión la Secretaría de Gobernación estableció como condicionante para el restablecimiento de las mesas de negociación con la Coordinadora, que ésta arrancara el ciclo escolar. Quedó claro, a lo largo de todas estas semanas, que ni la Sección 22 en Oaxaca, ni la Coordinadora como movimiento regional del sureste del país, tuvieron empacho en cumplir las condiciones que exigía Gobernación para la mesa de diálogo.

DIÁLOGO, SIN DERROTEROS

En el fondo, tanto Gobernación como la Coordinadora saben que a estas alturas del diálogo —en el que ellos llevan muchísimo terreno ganado—, cualquier negociación con la Secretaría de Gobernación es hasta cierto punto inútil, porque el pliego de demandas está reducido a la demanda sustancial de la abrogación de la reforma educativa, que el gobierno federal no puede ni quiere cumplir, y que la Coordinadora ha establecido como el punto central de su lucha.

En esas condiciones, es claro que la mesa de diálogo ni es esperada ni es necesaria; y que, en ese marco, la Coordinadora está recogiendo, por primera vez, los llamados a distender el conflicto no respecto al gobierno federal, sino a los padres de familia que ahora sí están comenzando a emprender acciones para tratar de presionar a los maestros, desde la base, a que regresen a las aulas.

En ese sentido, es claro que como movimiento, a la Coordinadora le interesa poco en realidad lo que la opinión pública diga de ellos, y lo que los grupos empresariales le demanden al gobierno. Saben, por un lado, que los llamados de la iniciativa privada para aplicar la fuerza pública no tienen ningún futuro; y que las opiniones de los grupos políticos, no inciden en su relación con el gobierno federal, que está temporalmente apagada, pero en un contexto en el que de todos modos el Estado ya les cumplió todas las demandas parciales que le plantearon.

¿Qué sí les preocupa? La presión de los padres de familia, de las autoridades municipales, y de algunos grupos que tienen incidencia directamente en las escuelas. A ellos, como es sabido, la Sección 22 sí les tiene recelo, porque saben que escuela por escuela, los maestros son menos que los padres de familia y que, municipio por municipio, una población bien organizada supera por mucho al número de maestros que pudieran integrar todas las escuelas de esa comunidad.

Lo lamentable, en todo esto, es que la relación gobierno-magisterio haya vuelto palmariamente al punto de inicio de hace un año y medio. Un diálogo cancelado por el condicionamiento sobre el regreso a clases; una Sección 22 totalmente despreocupada de lo que el gobierno opine de ellos, porque hoy conocen mucho mejor sus alcances y su capacidad de doblegar las intenciones federales; y una ciudadanía que, por increíble que parezca, les está dando las gracias —y no repudiándolos— por iniciar por fin el ciclo escolar en Oaxaca.

REACTIVAR LA ECONOMÍA

Hace años hubo la iniciativa de la “noche de luces”, con la que los comerciantes y empresarios del Centro Histórico se organizaban para darle vida comercial a la zona en temporadas bajas. Hoy, que parece que disminuirá el plantón magisterial, una iniciativa así les vendría muy bien a todos. Sólo que, de hacerse, tal parece que esto tendrá que venir de los propios prestadores de servicio, porque el gobierno —estatal y municipal de la capital— ya sólo quieren que llegue diciembre para entregar sus respectivas administraciones.

+ Ciudadanía, polarizada al extremo ante posturas de la Sección 22

Cuando ocurrió el desastre de Nochixtlán, el 19 de junio, había mucha preocupación en ciertos sectores de la ciudadanía por las afectaciones que estaban provocando los cierres carreteros en varias regiones y la capital del Estado, por profesores de la Sección 22 del SNTE. Pero una vez que ocurrió la incursión policiaca, de inmediato surgieron otras voces –o las mismas, quizá— que repudiaron fuertemente la represión de que eran objeto los profesores, y salieron a respaldar su lucha. ¿Somos los oaxaqueños corresponsables de este caos, por no asumir posturas responsables frente a problemas, como el educativo, que son de todos?

En efecto, la pregunta no resulta ociosa a partir de que parece que la sociedad oaxaqueña está dividida sólo en dos posturas: una, que en medio del hartazgo demanda que el gobierno aplique el Estado de Derecho y haga uso de la fuerza para restablecer el orden, independientemente de cuál sea el resultado de esas acciones; en el otro extremo, se encuentran quienes consideran que la lucha de los profesores de la Sección 22 y de la CNTE es justa, que es necesaria, y que es legítima frente a los abusos de un gobierno que quiere coartar sus derechos.

En ese escenario de claroscuros, resulta evidente que los que exigen el uso de la fuerza creen tener la razón a partir de la afectación de sus intereses; y quienes respaldan la lucha magisterial, lo hacen inopinadamente porque por voluntad dejan de ver la dimensión real y las condiciones palpables de esa lucha. Vale la pena revisar ambos escenarios, para hallar la responsabilidad ciudadana de esta derrota para la educación, para la gobernabilidad, y para todos, de la que somos hoy en día testigos todos los ciudadanos.

¿De qué hablamos? De que, en el primero de los extremos, hay quienes demandan la aplicación lisa y llana de la fuerza para despejar las vialidades y las carreteras, como si esa fuera una salida única al problema de fondo. La incursión policiaca de junio demostró que es imposible que el Estado despeje en una sola acción todas las vías de comunicación, porque luego de los enfrentamientos y del paso de los convoyes policiacos, los manifestantes regresaron a sus mismas acciones de siempre, y entonces la violencia, la movilización policiaca, y los muertos y heridos, sirvieron exactamente para nada.

En ese sentido, el uso de la fuerza resultaría tan contraproducente como inútil porque de todos modos el Estado no ha tenido la capacidad de romper las inercias magisteriales que ganan la movilización de los agremiados a favor de la lucha magisterial. Esto pasa porque el gobierno —estatal y federal— nunca lograron socializar el contenido de la reforma, y romper los mitos que han generado los grupos radicales del sindicato magisterial, respecto al quebranto a los derechos laborales de los trabajadores, a la supuesta privatización de la educación, y a la “punibilidad” de la reforma educativa.

Por eso, aunque ocupen la fuerza, de todos modos las escuelas seguirían cerradas, y con eso se convalidaría la derrota de tal postura.

¿LUCHA LEGÍTIMA?

Hay quien denodadamente se alegra de que los profesores den la lucha en contra de las reformas estructurales, y hasta celebran su valentía y disciplina para la defensa de sus causas. Incluso llegan a corear consignas como la que dice que luchando, el maestro también está enseñando. ¿De verdad es así?

Es importante revisar qué es lo que en verdad está haciendo la Sección 22 en estos momentos. Ellos, por ejemplo, establecieron un programa de acción que incluye el cierre de carreteras, las afectaciones a comercios establecidos, y el cierre de escuelas. La única intención de todas esas acciones es generar sabotaje y presión al gobierno, utilizando a la ciudadanía, para que finalmente éste ceda al cumplimiento de sus pretensiones, o utilice la fuerza y entonces les vuelva a dar las banderas de la represión para continuar su discurso cíclico de la presión y la represión.

Frente a eso, esa ciudadanía que los respalda, se ha preguntado de verdad qué se está haciendo por la educación. Pues lo que tal postura pasa deliberadamente por alto, es que la Sección 22 y la Coordinadora en realidad no están haciendo nada por defender la educación; no tienen argumentos sostenibles a favor de que la reforma es punitiva o privatizadora.

Y entonces, la ciudadanía que los respalda únicamente repite tales argumentos sin establecer una postura razonada y crítica respecto al contenido del mensaje. En esa lógica, los defensores a ultranza de la lucha magisterial convalidan que la educación quede supeditada a los derechos laborales de los profesores. Y por ende asumen silenciosamente una postura tan perniciosa como la de quienes demandan el uso inopinado de la fuerza pública.

En el fondo, hay una gruesa nata de irresponsabilidad. Por encima de cualquier argumento o derecho debería estar la educación, y no la fuerza pública o la presión social. Sólo que hay muchos que asumen esas últimas como posturas irreductibles, y entonces lejos de sumarse a una demanda de responsabilidad, alimentan y convalidan los discursos irreconciliables de la Sección 22 y el Estado mexicano.

SEGURIDAD EXTREMA

El diputado local electo del PRI, Samuel Gurrión Matías, se pasea por la ciudad nada menos que con seis escoltas. A varios de esos elementos, los identifican como integrantes de la Policía Estatal, y portan armas que a nadie le queda claro si son las propias de su cargo. ¿Quién ha permitido o alimentado, desde el gobierno saliente, tales excesos?

+ Ley y la autoridad, ante crisis de legitimidad, de legalidad y de constitucionalidad

¿De qué sirve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación preserve la Constitución, cuando de hecho el Poder Ejecutivo no tiene capacidad ni legitimidad para hacer cumplir ese mandato? Esa es una pregunta trascendente, ante el hecho de que los tribunales del país siguen cumpliendo con su misión de salvaguardar el mandato constitucional, pero se enfrentan al hecho de que las autoridades administrativas del país —el gobierno federal, y los estatales— parecen estar alimentando una especie de auto sabotaje, a pesar de que tienen la ley de su lado.

En efecto, este resulta ser un problema muy propio de nuestro tiempo, en el que la lucha ni siquiera se encuentra en el espectro de la institucionalidad sino en el estricto terreno de las presiones y la debilidad de quienes deben aplicar la ley. Desde que fue emitida la reforma constitucional en materia educativa, y su respectiva legislación secundaria, los tribunales del país —con la Suprema Corte a la vanguardia— se han dedicado a defender la constitucionalidad y la legitimidad legal de dichas normas. Paradójicamente, ha sido el Poder Ejecutivo de los ámbitos federal y estatal —quienes, por mandato constitucional, tienen la obligación de cumplir, y hacer cumplir la ley— quien parece estar decidido a que esto no ocurra.

En ese sentido, el trabajo de la Corte ha sido notable, en la defensa de la Constitución. En un primer fallo, emitido el pasado 10 de agosto, los integrantes de la Corte señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, lo cual no es violatorio de derechos fundamentales.

Todo ello, derivado de la disposición contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que todos los trabajadores del sistema educativo deben evaluarse luego del segundo año de haber obtenido su nombramiento definitivo. La Corte avaló lo dispuesto en la ley, en el sentido de que cuando un trabajador haya reprobado en tres ocasiones consecutivas la evaluación puede ser dado de baja del servicio sin responsabilidad para el patrón.

Ahora bien, en otros amparos que están en vías de ser resueltos por la Corte, los maestros que lo solicitaron señalan que a raíz de las nuevas reglas con que se rige su actividad se pierde su derecho a solicitar días de licencia, lo que va en detrimento de sus derechos laborales. La Corte, en este caso, considera que aunque cambiaron las reglas para acceder a esos días de licencia, sigue siendo posible tenerlos, lo que no lastima su derecho. Aunque se trata de nuevas reglas, dice el proyecto de resolución elaborado por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, estas no eliminaron prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector educativo.

INCUMPLIMIENTOS

El común denominador de estos fallos, radica justamente en el hecho de que la Corte ha reiterado que no existen las violaciones a derechos fundamentales que han alegado los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se han quejado en vía de amparo, y que todas las normas emitidas por el Congreso fueron confeccionadas en los parámetros establecidos por la propia Constitución. En esa lógica, el resultado es una negativa lisa y llana a las concertacesiones que sorprendentemente siguen promoviendo las autoridades administrativas frente al sector magisterial que no acepta los términos de la reforma, y que ahora intenta su abrogación —de iure y de facto.

¿Qué pasa con el Ejecutivo en los ámbitos federal y estatal? Que, al parecer, la misma inercia de este conflicto los ha llevado a una especie de política de auto sabotaje, en la que a pesar de tener la ley a su favor, y de recibir el respaldo de los otros poderes —que no cuestionan la vigencia de la ley, que la defienden y declaran y remarcan su constitucionalidad—, parecen estar empeñados en buscar salidas alternativas a la de la aplicación de las normas vigentes.

Esta es una situación que resulta particularmente preocupante, porque pareciera que entonces el Estado enfrenta una especie de enfermedad autoinmune, en la que el propio sistema inmunológico de la Constitución se está volviendo en su contra, desconociendo a sus mecanismos de defensa, saboteándola, y generando con ella un escenario en el que puede ocurrir cualquier cosa menos el imperio de la ley, cuando ésta no tiene ningún argumento en contrario qué atender.

CUESTIONAR SIN CONOCER

Al final, todo confluye en un cuestionamiento que, para variar, tampoco quiere asumir el gobierno: la reforma educativa necesita ajustes, pero éstos deben ocurrir a partir de la socialización de la reforma y de su puesta en marcha. El primero proceso —la socialización— nunca ocurrió porque el gobierno hizo la reforma a partir de un monólogo; el segundo proceso —los ajustes— tampoco tienen vías legítimas para ocurrir porque no ha logrado generar un clima que le permita la puesta en marcha del nuevo mecanismo. Así, parece que todos están empeñados en trabajar en contra de la Constitución, aún con la paradoja de que nadie conoce el funcionamiento, los alcances y la viabilidad operativa de la reforma educativa. Algo terrible para el país.