+ Evadir la realidad y acudir al lugar común: vía de engaño

En este proceso electoral es tan importante la campaña que realizan los candidatos a Gobernador, como la que realizan quienes aspiran a ocupar un cargo de carácter legislativo o municipal. Lo es por razones políticas, ya que se supone que deben ser éstos quienes hagan el trabajo territorial que materialmente no puede hacer su candidato a Gobernador, pero también porque se supone que ellos son quienes tienen más al alcance las soluciones que, en teoría, después gestionarían ante el Gobierno del Estado. ¿Por qué evaden la responsabilidad de las propuestas serias, e intencionalmente apuntan al engaño o, al menos, al lugar común?

En efecto, ejemplos de lo anterior hay por doquier y basta ver las campañas a cargos legislativos, para corroborar el grado de irresponsabilidad que existe en quienes aspiran a formar parte del Congreso local. Para empezar, debemos preguntarnos si alguno de los diversos candidatos a las 25 diputaciones por mayoría, ha cuando menos esbozado alguna propuesta razonable, dentro de las funciones que realiza un diputado al margen de ser “gestor” de sus comunidades. La respuesta, obviamente, es que en ese rubro hay un silencio alarmante.

Pues resulta que los aspirantes a las diputaciones locales se han encargado únicamente de replicar lo bueno o malo que dice el candidato de su partido o coalición a la gubernatura, sin preocuparse por generar una ruta de trabajo propia. De hecho, en campañas en las que se renueva al mismo tiempo los poderes Ejecutivo y Legislativo, hay la “costumbre” de que los candidatos a diputados se monten —literalmente— en la campaña del candidato a Gobernador, y que naveguen únicamente con los recursos —económicos y hasta argumentativos— de la campaña que ellos consideran como principal, sin preocuparse por hacer algo más que le dé contenido a su propio trabajo proselitista.

Eso no existe, y por eso vemos que hoy la propaganda de todos los candidatos a cargos legislativos, se limita a rostros, colores y eslóganes. En ninguno hay alguna propuesta legislativa concreta, y de hecho quienes sí se decidieron a hacer alguna propuesta, lo hicieron con tal nivel de extravío que hasta parece intencionado: prometen, por ejemplo, agua potable, seguridad o empleo, como si el trabajo de un legislador fuera ese y no, como dice la Constitución, participar en la propuesta, discusión y elaboración de leyes.

¿Por qué no proponen? Afirmar que es así “porque no saben” resulta una respuesta limitada. Más bien, evitan proponer porque en realidad lo que no quieren es comprometerse en ningún sentido con la ciudadanía a la que según quieren representar. Eso es lo que parece encontrarse en el fondo de este aparente ayuno de ideas, que está bien cimentado en la demagogia y en la evasiva de cara a los ciudadanos.

EVASIVAS

Apuntábamos hace apenas unos días, que hay un nivel de demagogia alarmante en las campañas proselitistas, como la de los candidatos que con propuestas “genéricas” (agua potable, drenaje, seguridad) evaden entrar a las cuestiones de fondo que atañen a los municipios. ¿Para qué hablar de “luz eléctrica” cuando lo que le preocupa a la ciudadanía son los giros negros, la inseguridad, o la corrupción y la opacidad?

Las campañas en municipios como Santa Lucía del Camino son ejemplo perfecto de ello. Pues resulta que candidatos como Raúl Cruz González, del PRI, decidieron caminar con una retórica de evasivas y propuestas demagógicas, dejando intencionalmente de lado los problemas que de verdad le preocupan a la ciudadanía de ese municipio, que ha sido catalogado como el patio trasero de la capital oaxaqueña.

¿De qué hablamos? De que Cruz  —aunque los candidatos de otros partidos andan por las mismas— en estos casi quince días de campaña, ha evitado por completo hablar de la herencia, que él representa, del gobierno de Galdino Huerta Escudero, pero también de los verdaderos problemas que sufre ese municipio, los cuales son más viejos y más visibles que la chabacanería que ambos representan de la “clase política priista” en los municipios conurbados a la capital.

Pues resulta que, por un lado, el gobierno de Huerta es un ejemplo de voracidad, discrecionalidad y agravios a la ciudadanía. Sus recurrentes líos judiciales con su propio cabildo, su empecinamiento por exprimir a los giros blancos, y callar frente a los giros negros; las afrentas que cometió en contra de las pocas fuentes de trabajo que existen en esa localidad, y la inoperancia total de un gobierno que nunca pudo tapar un bache, pero sí creó fuentes de riqueza con sus multas, operativos y clausuras. En esas condiciones, por más propuestas que haga, Raúl Cruz lleva ese legado a cuestas, del cual no sólo no se deslinda sino que evade y calla.

En esa lógica, su “estrategia” ha sido la de las supuestas propuestas. ¿Cuáles? Las des siempre: agua potable, drenaje, luz eléctrica y todos los lugares comunes que alcancemos a imaginar. El problema es que con eso evade hablar de lo que a la gente le preocupa: la inseguridad, el narcomenudeo, los giros negros, los abusos cometidos desde el Ayuntamiento, entre muchos otros temas de los que intencionalmente busca no hablar, para evitar comprometerse.

DIÁLOGO DE SORDOS

Por eso, las campañas son algo así como la torre de Babel en la que todos hablan pero nadie se entiende. Unos hablan de lo que la gente no necesita, y ésta espera que los políticos les digan lo que nunca estarán dispuestos a abordar y menos comprometerse. He ahí, dos ejemplos.

+ Oaxaca 2006 vs caso Ayotzinapa: ¿Se justificaba una CV?

La Comisión de la Verdad de Oaxaca (CVO) entregó su informe final sobre las posibles violaciones graves a los derechos humanos cometidas durante el conflicto magisterial y popular de 2006, y su secuela del año siguiente, y lo más relevante de dicho documento es la incapacidad de la Comisión para verdaderamente esclarecer ese conjunto de hechos, y ofrecer a la ciudadanía —nacional e internacional— una versión fidedigna y final de ese periodo. Esta es una derrota, que se puede distinguir fácilmente si la contrastamos con otros hechos como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, y la posibilidad de que para indagar esos hechos, también se pudiera crear una Comisión de la Verdad.

En efecto, la Comisión de la Verdad de Oaxaca fue creada por presiones, y no por una verdadera voluntad de la ciudadanía por conocer la verdadera dimensión del conjunto de hechos y posibles violaciones a derechos humanos, que ocurrieron durante el conflicto magisterial de 2006, y el año siguiente. Más bien, fueron algunos grupos emanados de la APPO, que luego se integraron al poder estatal a través del triunfo de Gabino Cué y de la coalición PAN-PRD-PT en 2010, los que ejercieron una fuerte presión para que se conformara dicha Comisión que, según sus propias normas, tenía como objeto esclarecer ese episodio de nuestra historia doméstica reciente.

Desde el inicio, hubo cuestionamientos de fondo respecto no sólo a la posible parcialidad, y a la evidente motivación político electoral de la existencia de dicha Comisión, sino sobre todo porque el hecho de que se creara una Comisión de la Verdad implicaba que el propio Estado oaxaqueño —los Tres Poderes del Estado— reconociera la incapacidad de sus instituciones para lograr el esclarecimiento de ese conjunto de hechos, y particularmente de la comisión de delitos derivados de las violaciones graves a derechos humanos tanto de personas que habían tenido alguna participación en el conflicto, como de quienes fueron simples víctimas de las circunstancias.

Dicho cuestionamiento implicaba también una especie de claudicación tácita del Estado oaxaqueño a la posibilidad de verdaderamente integrar una investigación profunda y a conciencia de esos hechos, no sólo para deslindar responsabilidades o castigar a responsables sino, sobre todo, para conocer la verdadera dimensión y, como se dice llanamente, la auténtica realidad de esos hechos. Aún así, el gobierno estatal permitió la conformación de la Comisión y le dio el paso libre a la conformación de sus trabajos.

CVO, EN EL ESPEJO

Y tal como se previó, hoy queda claro que la CVO no tuvo la capacidad de llevar a cabo un verdadero proceso clarificador de hechos y circunstancias, así como de las posibles violaciones a derechos humanos, que era parte esencial del espíritu con el que se conformó dicha Comisión. Si bien el Informe establece conclusiones interesantes, éstas en ningún sentido pueden ser tomadas con seriedad como la culminación de un proceso mayor de sistematización de hechos, como los que se supone que debe ofrecer el informe final de una verdadera Comisión de la Verdad.

Ese, no es sólo problema de la Comisión de la Verdad sino también de un problema de concepción estructural del propio Estado oaxaqueño, que nunca tuvo el tacto de legitimar la existencia de una investigación de ese tipo, ni siquiera fundándolo en sus propias fallas, como un paso necesario para legitimar la conformación de una Comisión de la Verdad.

Primero durante el gobierno de Ulises Ruiz, y luego durante la presente administración, nunca fueron patentes los esfuerzos de las instancias regulares de procuración y administración de justicia, por llevar a cabo ese proceso de investigación de hechos, y consignación de responsables, como para poder decir que ante la magnitud del universo de hechos a investigar, la capacidad operativa de esas instancias quedaba rebasada, y que por ende había que crear un organismo ex profeso dedicado a su investigación.

Incluso, para entender lo que decimos y darle una dimensión más o menos “didáctica”, deberíamos ver lo que está pasando con la investigación sobre la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué ocurre? Que la PGR conduce una investigación a la que ellos mismos han calificado como la más amplia y extensa de la historia de la procuración de justicia en México, y aún así —pasando también por la participación de dos organismos internacionales— no han sido capaces ni de clarificar los hechos, ni de generar confianza y legitimidad entre la población respecto a sus investigaciones y las conclusiones a las que están llegando.

Por eso, de cara a esa investigación hay un destino casi natural a que todo termine, en algún tiempo —quizá después del mandato del presidente Enrique Peña Nieto— en la conformación de una Comisión de la Verdad, que se dedique a investigar, y a ofrecer legitimidad, a una indagatoria en la que, además de justicia, es un imperativo esencial para toda la comunidad nacional e internacional, conocer la verdad.

PARCIALES

Hay que decirlo sin ambages: el conflicto de 2006 no puede ser ajeno a los matices. No fue un acto puro de opresión del gobierno hacia los manifestantes. ¿Por qué entonces, el informe no se refieren a lo que la ciudadanía padeció por los actos cometidos tanto por el gobierno como por quienes intentaban imponer su razón a manotazos? No puede ser serio un informe que reduce a dos grupos, el trauma que ese episodio significó para toda la población oaxaqueña.

+ Territorio virtual sin ley, invita a reforzar las leyes mordaza  

La radio y la televisión, hoy son territorios vedados para la competencia electoral y aún más para las campañas negativas. Ante el refuerzo de las normas electorales de vigilancia sobre los contenidos editoriales en campaña, y la prohibición constitucional expresa de que se pueda hacer cualquier tipo de proselitismo privado en medios como la radio y la televisión —todo quedó en los llamados “tiempos oficiales”— el lado artero de las campañas electorales se trasladó a las redes sociales, con una ferocidad que no había sido vista ni en los mejores tiempos de la guerra sucia en los medios tradicionales. Eso, lejos de provocar alguna ganancia —tomando en cuenta el país surrealista en el que vivimos—, sólo servirá para invitar a que se establezcan nuevas legislaciones mordaza, aún más agresivas de las que existen actualmente.

En efecto, cualquiera que sea usuario de alguna red social —Twitter y Facebook, particularmente—, y haya establecido su registro de usuario en Oaxaca, podrá constatar que hoy esas redes sociales están plagadas de información negativa de todos los candidatos a la gubernatura. Pareciera que, de hecho, las campañas en positivo (las que se supone que son de propuesta y de abono a la democracia) se están llevando forzadamente en los medios tradicionales como la radio y la televisión. En esos espacios, la condicionante para ese aparente respeto y vocación por la propuesta, se encuentra en las fuertes regulaciones que han establecido las últimas reformas en materia político electoral. Pero en el territorio exento de la regulación, las cosas están mucho peor que antes.

Pues es claro que las campañas en radio y televisión, y ni se diga las que se están llevando a ras de piso, pasan por un espacio de cierta sorna y desinterés de las fuerzas políticas y sus abanderados. A estas alturas, todos parecen estar convencidos que esas son estrategias políticas de apariencia, en las que todo está determinado únicamente por lo que parece y por lo que se puede pagar.

Por eso, en las campañas tradicionales en las que la movilización de voto duro era tradicional y hasta obligada, hoy parecemos ver una disminución en los actos proselitistas que, de masivos, han pasado a ser más selectivos, pausados y recatados. Por un lado, este parece ser uno de los efectos de la disminución en los topes de gastos de campañas y de la fuerte regulación a la que tiene sometido la autoridad electoral a los partidos políticos. Pero en el otro extremo, este parece ser también un efecto de una decisión voluntariamente tomada por los partidos y candidatos de alejarse de las formas tradicionales de hacer campaña (mítines multitudinarios) para dejar que hagan su trabajo los medios masivos pero, sobre todo, las redes sociales.

Así, en el ámbito de los medios tradicionales, hoy la radio y la televisión se encuentran verdaderamente inundados por la propaganda que antes pagaban los partidos políticos a los medios de comunicación. La utilización de los llamados “tiempos oficiales” permitió que en cada campaña se transmitan, a todas horas, cientos de miles de spots fuertemente regulados por las autoridades electorales, en los que los candidatos tienen que utilizar un lenguaje riguroso y cuadrado para no incurrir en alguna de las muchas infracciones que existen en las normas electorales.

Todo esto se adhiere al hecho de que hoy la autoridad electoral vigila minuciosamente —excesivamente— a todos los medios respecto de su contenido, cuestión que incluso pudiera ser considerada un acto de censura. Junto todo eso, el resultado es claro: los partidos y sus candidatos dejaron las actividades masivas para penetrar a través de esos medios, en lo que les sean posible, aunque a costa de generar parsimonia en las campañas. La otra parte la dejaron a las redes sociales, que hoy son territorio sin ley y, por ende, un espacio feroz para hacer campañas.

GUERRA SUCIA

Hoy no es extraño encontrar en las redes sociales, videos o memes haciendo escarnio sobre los peores antecedentes —ciertos o inventados— de todos los candidatos. Como ahí no existen más límites que los puestos por las propias condiciones de servicio de las empresas que ofrecen el servicio de red social, entonces se puede hablar de todo. Y por eso, en esos microcosmos (masivos por naturaleza) se pueden encontrar de todo, hasta aspectos de la vida privada de los abanderados, o mentiras sobre sus actividades, relaciones sentimentales, preferencias sexuales, y demás.

¿Qué evidencia esto? Que además de que en los partidos no hay un ápice de prudencia, y que le apuestan todo a ganar de esa forma adeptos lastimando a sus adversarios en una guerra que pasa lo político, están generando la reforma de siguiente nivel que seguramente vendrá a las campañas electorales: la de establecer nuevos límites en redes sociales, valiéndose esencialmente de los límites a la libertad de expresión llevados a las campañas electorales. Al final de cuentas eso no le sirve a nadie, pero puede ocurrir como en su momento se creyó que nunca podrían quitarle a la radio y la televisión el negocio de las campañas electorales, y ocurrió.

SOCIEDAD INMADURA

En el fondo, la sangre política que no se ve en los debates, en las campañas a ras de suelo, y los medios tradicionales, sólo fue porque se trasladó a las redes sociales. Ahí está toda la melaza que hoy escondieron de los medios electrónicos. ¿Esa es civilización? No. Es, acaso, un conjunto simple de enorme simulación.