+ La clave de decir lo que quieren oír no es más que demagogia

Con un abrazo solidario para mi amigo y

colega Juan Pérez Audelo, en esta mala hora.

A estas alturas, la elección presidencial en Estados Unidos es algo así como una comedia muy peligrosa. En los últimos quince días hemos visto cómo el candidato republicano, Donald Trump comenzó el irremediable declive frente a su adversaria demócrata, Hillary Clinton no por sus planteamientos políticos o por sus posiciones ideológicas, sino por sus escándalos personales. Desde México, muchos vemos el proceso electoral estadounidense como un reallity show, y aseguramos que nadie tomaría en serio a un candidato con esos rasgos en nuestro país. Sin embargo, a la vista de todos, en nuestra clase política tenemos la misma manipulación, los mismos engaños y, casi, los mismos argumentos. Y esos sí los tomamos en serio.

En efecto, desde que se realizó el primer debate entre candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump comenzó un declive en las encuestas electorales que nadie hubiera creído, a partir de la idea siempre de que muchos nunca pensamos que un individuo como él, llegaría hasta la candidatura presidencial de una de las dos principales fuerzas políticas estadounidenses. Como hemos visto, el Candidato republicano basó su crecimiento electoral en el hartazgo de la clase media estadounidense que, como en casi todo el orbe, ha sido el estrato social más castigado por la desigualdad, por el bajo crecimiento económico, y por el incremento de las tasas impositivas por parte del Estado.

En eso basó Trump su discurso, y lo aderezó con las particularidades que tiene la nación  norteamericana —el pueblo— respecto a su composición demográfica. Básicamente, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, le han arrebatado al estadounidense promedio las nuevas minorías dominantes en aquel país como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

¿Dónde perdió Trump? Curiosamente, en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres. Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Las demostraciones de misoginia, son lo que principalmente ha marcado su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

¿Y MÉXICO?

Candidatos populistas como Andrés Manuel López Obrador explotan, en nuestro propio contexto, explotan más o menos los mismos argumentos que Trump en su país. Aquí, por ejemplo, AMLO se ha dedicado a cultivar simpatizantes entre las clases sociales enojadas o segregadas del desarrollo económico y social. En un país con más de la mitad de la población total sumida en alguno de los subsectores de la pobreza o de la marginación, no es extraña la popularidad de un político que habla de reivindicar esas condiciones independientemente de lo posible —o imposible— que resulte el cumplimiento de ese paquete de propuestas, e incluso de lo demagógicas que resulten sus propuestas a la luz de cualquier análisis serio.

Esto es lo que nos pone ante políticos muy parecidos a Trump, por lo populistas y por lo relativo a los escándalos personales, aunque en el caso mexicano esto último no tenga que ver con la misoginia y el abuso sexual o laboral hacia las mujeres, sino con la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque ambas sociedades han demostrado ser muy receptivas a esos discursos rentables pero demagógicos, la estadounidense parece estar comenzando a demostrar que cuando menos es intolerante frente a quien abusa de las mujeres, pero la mexicana parece ser muy impermeable a los casos de corrupción.

POCAS DIFERENCIAS

Evidentemente, ninguno de los dos ejemplos es halagador, porque en realidad el riesgo de los discursos demagógicos sigue presente, y sigue también siendo aceptado por ambas sociedades, cada una en su propio contexto. En los Estados Unidos ese discurso racista, segregacionista y falsamente reivindicador, sólo deberá ser tomado por un político más serio que no tenga tras de si la estela de escándalos personales que tiene Donald Trump. En México, con políticos como López Obrador, que hasta ahora ha sido inmune a todas las muestras de corrupción en su contra, parece que tenemos para rato.

+ Esquema, igual de inoperante que el 066

Apenas este lunes 3 de octubre —hace cuatro días—, el Gobierno de Oaxaca anunció la puesta en marcha del número telefónico de emergencia 911 “para atender asuntos que pongan en riesgo la vida o el patrimonio, con el fin de brindar un servicio más eficiente y oportuno a la ciudadanía”. Dijo también que los números telefónicos 066 y 060 de emergencias “emigrarán al 911, el cual unificará a todas las corporaciones de seguridad, vialidad  y auxilio del estado”. Lamentablemente, cualquier persona puede corroborar —cuando tiene una emergencia— que el cambio de número telefónico mantiene la inoperancia de los antiguos números de emergencia en la entidad.

En efecto, en noviembre del año pasado el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó unificar los teléfonos de emergencia en un solo número, el 911. Con ello, dijo, la ciudadanía podrá reportar emergencia a los bomberos, policía y Cruz Roja, entre otros, a ese número. Esta, quizá se recuerde, fue una de las propuestas que en noviembre de 2014 presentó el presidente Enrique Peña Nieto como uno de los mecanismos para “regenerar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, y para “establecer vasos comunicantes más eficaces y confiables con las autoridades”. En este caso, dijo, para una respuesta inmediata ante las eventualidades y emergencias en cualquier lugar del país.

En ese marco, el 4 de septiembre el gobierno de Oaxaca anunció que a partir del mes siguiente iniciaría operaciones el 911, junto con otras quince entidades federativas. En aquella ocasión, según un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública, se dijo que esa unificación ocurría con el propósito de “estandarizar los servicios en términos de cobertura y calidad para auxiliar a la población en casos de emergencia o de prevención de riesgos en materia de seguridad pública y protección civil”.

En septiembre, también la SSPE dijo también que “la unificación  de los Servicios de Emergencia 060 y 066, permitirá coordinar las acciones en materia de seguridad pública entre la Policía Estatal, Policía Vial Estatal, Heroico Cuerpo de Bomberos de Oaxaca, Coordinación Estatal de Protección Civil, Policías Municipales, Cruz Roja y demás instituciones de seguridad en el estado”. Todo eso fue reiterado, con bombo y platillo, el pasado lunes, cuando se anunció la entrada en operaciones del 911.

Muchos podríamos habernos sentido seguros y confiados de que, con el cambio, también habría una mejora en el servicio por parte de las corporaciones policiacas; y que con ello quedarían atrás aquellas historias de inoperancia, de lentitud, de incapacidad de respuesta, y de abandono a la ciudadanía justamente en el momento en que necesitaba el apoyo de las instituciones de seguridad, que por largo tiempo caracterizaron —al menos en Oaxaca— a servicios como el 066.

INOPERANCIA

Este es un caso vivido personalmente: la noche del miércoles varias personas acudimos a la casa de un buen amigo, a un evento social, por el rumbo de Huayapam, que terminó al filo de las 0.30 horas del jueves. Con una diferencia quizá de un minuto, varios de los asistentes salimos en nuestros respectivos vehículos, y enfilamos sobre la carretera federal 175 con rumbo a la ciudad de Oaxaca.

Al llegar al acceso de San Agustín Yatareni, al pasar un tope, la unidad de motor de uno de nuestros amigos fue alcanzada e impactada por otro vehículo, que era conducido por un individuo en evidente estado de ebriedad. Uno o dos minutos después, algunos de quienes veníamos de la misma reunión pasamos por el lugar y nos detuvimos a auxiliar a nuestro amigo, que salió ileso del percance pero que enfrentaba el problema de los daños que el impacto le causó a su vehículo.

Un par de minutos después, llegó la policía de Yatareni, que sólo corroboró que no hubiera lesionados y, con toda irresponsabilidad, se retiró del lugar sin siquiera abanderar el percance para evitar que los vehículos en la carretera pudieran ocasionar otros accidentes. El afectado llamó primero al 911 para solicitar el auxilio policiaco, y después a la aseguradora de su vehículo. El ajustador llegó 20 minutos después. La policía, no.

Durante todo ese tiempo, el ebrio causante del percance intentó golpear a quienes auxiliábamos a nuestro amigo; pidió llegar a un acuerdo sin portar al menos una identificación; intentó huir a pie; e insultó, gritó y amenazó reiteradamente a los presentes. ¿Y la Policía? Luego de tres llamadas más al 911, los operadores dijeron, primero, que la patrulla más cercana se apersonaría al lugar; después, que habían dado parte a la Policía Federal, por ser tramo federal. Y al final —después de varias llamadas más del ajustador directamente a las oficinas de la PF, y de varias corporaciones— llegaron a la conclusión de que no sabían qué corporación era la competente para brindar auxilio en el percance.

Finalmente, luego de llamar varias veces directamente a la corporación y ya no al 911, una patrulla de la Policía Vial Estatal llegó al lugar alrededor de las 2.30 —más de dos horas después de ocurrido el percance— para remitir al conductor ebrio ante la autoridad ministerial para el deslinde de responsabilidades.

INOPERANCIA

¿Eran necesarios muertos y heridos en el percance para que la autoridad se apersonara con prontitud? ¿Dónde está la “coordinación interinstitucional” prometida? Más bien, lo que queda claro es que el 911 es lo mismo que el 066, con el doble fraude de ser un programa aparentemente nuevo, pero con las mismas fallas, errores y desdén por los problemas —las emergencias— de la ciudadanía. Es una lástima ver que los recursos y el aparente esfuerzo institucional sean en realidad, un sonoro fraude.

+ La voluntad política se refleja sólo en la inversión real

De cara al cambio de poderes que se avecina en Oaxaca, habría que revisar con detenimiento cuál sería una verdadera actitud democrática, si es que los poderes Ejecutivo y Legislativo pretenden demostrar con hechos, y no sólo con discursos, que están comprometidos con las demandas de la ciudadanía, que hoy en día se reducen a temas muy concretos como la transparencia, el combate a la corrupción, o el acceso a una justicia pronta y expedita, como dice la Constitución que debe ser. Ese compromiso sólo se refleja en la inversión. Y por ello habrá que ver qué tan comprometidos están los nuevos integrantes del Legislativo y Ejecutivo con esos temas.

En efecto, ayer el periódico El Universal presentó un interesante análisis sobre la inversión que realizan diversas entidades federativas en el rubro de transparencia y acceso a la información, y sobre cómo en varias de ellas el discurso del acceso a la información y la transparencia, de cara a las cifras, no resulta ser sino un auténtico engaño.

Según el reportaje de El Universal titulado “Estados ahogan a la transparencia”, a pesar de que la transparencia es una referencia constante en el discurso de los gobernadores, y que en promedio los 32 estados destinan 8.34 pesos por persona, entidades como Puebla, Chiapas, Baja California, Guerrero, Michoacán y Tamaulipas apenas otorgan menos de la mitad de esa cifra. Oaxaca, agregaríamos, no se aleja mucho de esas entidades en las que la transparencia no es una prioridad y por eso no se invierte en la institución encargada de promoverla y garantizarla.

En ese sentido, de acuerdo con un estudio realizado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Puebla otorga en promedio 2.1 pesos por persona a este rubro; Chiapas, 2.8 pesos; Baja California y Guerrero, 3.4 pesos; y Tamaulipas y Michoacán, 4.1 pesos por persona. El documento señala que a nivel federal se erogan 7.67 pesos por persona para la transparencia, y que Campeche es la entidad que más recursos per cápita otorga a la transparencia, con 20.7 pesos; seguido de Aguascalientes, con 16.3 pesos; Quintana Roo, con 16.2 pesos, y Coahuila y la Ciudad de México, con 14.16 pesos.

Ahora bien, dice la publicación, a nivel nacional el promedio de recursos destinados a la transparencia, como proporción del presupuesto de cada entidad, es de 0.06%, la cual se ha mantenido para los últimos cinco años. En el caso de la federación, la proporción es de 0.02 por ciento, debido a que en 2016 la Administración Pública Federal tuvo un presupuesto de más de 4.7 billones de pesos y la participación de esos recursos para el Inai fue de 937.8 millones de pesos; es decir 0.2%.

Así, hay entidades que proporcionalmente invierten cantidades importantes de dinero en ese rubro, tales como Aguascalientes (0.12%), Quintana Roo (0.11%), Campeche (0.10%) y Coahuila (0.10%). En contraparte, existen entidades como Chiapas, Guerrero y Puebla que mantienen una baja proporción de recursos destinados a la transparencia con respecto al presupuesto estatal (0.02%), tanto en 2016 como en 2015.

¿Y OAXACA?

Aunque el reporte de El Universal no aborda la situación que prevalece en Oaxaca, conocer su voluntad por la transparencia no fue difícil. Según el Presupuesto Ciudadano 2016, elaborado por la propia administración estatal, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la entidad, tiene para 2016 un presupuesto de 26 millones 342 mil 990 pesos, que en proporción a los $60,495,049,279.00 (sesenta mil cuatrocientos noventa y cinco millones, cuarenta y nueve mil doscientos setenta y nueve pesos) que son el total del presupuesto de la entidad para el presente año, no resulta ser sino apenas el 0.04 por ciento de inversión —e interés— en la transparencia.

En esa lógica, al hacer una revisión simple de cuánto invierte la entidad en el rubro de los órganos autónomos, resulta que la transparencia es lo que menos le interesa, sin que eso signifique que el trabajo de los otros órganos autónomos les despierte particular interés. Por ejemplo —y sin que esos montos reflejen jauja en otros órganos—, a la Auditoría Superior del Estado le destina 71 millones 300 mil pesos, que resultan insuficientes para cumplir con sus funciones de fiscalización; a la Defensoría de los Derechos Humanos, le destina 40 millones 604 mil 284 pesos, a pesar de que es la entidad autónoma que más críticas recibe por su parcialidad y disfuncionalidad. Incluso, el IEEPCO es el órgano autónomo que más recursos recibe, con casi 500 millones de pesos. Así, mientras al IAIP le asignan una inversión proporcional de 0.04 por ciento, a la ASE le asignan el 0.12; a la Defensoría el 0.07 por ciento; y al IEEPCO el 0.79% del total del gasto estatal.

INVERSIÓN, NO PALABRAS

¿Qué resulta de todo eso? Que si el nuevo gobierno, y el nuevo Congreso tienen verdadero compromiso con las demandas ciudadanas, deben incrementar la inversión a los órganos autónomos para que éstos hagan su trabajo. ¿Quieren rendición de cuentas? Inviertan más a la ASE. ¿Quieren más transparencia? Que se refleje en el presupuesto del IAIP, y que se consolide en el fortalecimiento institucional que necesitan los órganos autónomos para ejercer las funciones que les confirieron las últimas reformas nacionales. Todo lo demás, es pura demagogia.

+ LXII Legislatura: todos “consensaron” llevar a la quiebra al Congreso

Es necesario registrar —y no olvidar— las afirmaciones del diputado electo Irineo Molina Espinoza, quien fungirá como coordinador de la bancada de Morena en la LXIII Legislatura estatal. En entrevista con TIEMPO, Molina asegura que exigirá a la Auditoría Superior del Estado, una revisión fiscal y contable a sus antecesores. Esa, la de las auditorías al Poder Legislativo, es una de las demandas más añejas y menos posibles en Oaxaca, en un escenario en el que reiteradamente los legisladores han logrado como único consenso de sus respectivas gestiones, el llevar a la quiebra a las finanzas legislativas, y de paso a la legalidad y al Estado de Derecho.

En efecto, el próximo Coordinador de Morena en el Congreso, reprochó que quienes integran la LXII Legislatura convirtieran al Poder Legislativo en una alianza comercial en la que todo se vendía, y evitaran transparentar su actuar. Consideró que “es momento de que al seno del Congreso de Oaxaca se aplique la transparencia y austeridad”, y sobre todo “se acabe con esos vicios que definieron y distinguieron a la LXII Legislatura”.

Todos sabemos que esos vicios que definieron y distinguieron a la Legislatura que fenece fueron los relacionados no sólo con la opacidad y la discrecionalidad en el manejo de los recursos, sino sobre todo con confabulación entre fracciones parlamentarias para cerrar su manejo financiero a cualquier forma de revisión, e incluso echar a quien intentara hacerlo, independientemente del nivel jerárquico o político en que se encontrara.

En ese sentido, es menester recordar que la propia LXII Legislatura inició con demandas muy claras y concretas de rendición de cuentas y de revisión de la actuación de quienes integraron la LXI Legislatura. Quizá hoy para muchos es un recuerdo vago, pero aquella Legislatura —la primera de este sexenio— concluyó en medio de un escándalo por la revelación de transferencias millonarias a los coordinadores de las bancadas que integraron la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Hubo, en aquel momento, dos botones de muestra: uno fue la revelación de sumas superiores a los cuatro millones de pesos en las cuentas bancarias del entonces diputado Alejandro López Jarquín. Y algo muy similar ocurrió con quien fungía como coordinador de la bancada priista, el diputado Francisco García López, a quien igualmente desde las cuentas institucionales del Poder Legislativo, le fueron transferidas fuertes cantidades sobre las que nunca hubo una explicación cabal.

Cuando concluyó la LXI Legislatura, los diputados entrantes (que ahora son salientes) prometieron a la ciudadanía que investigarían a fondo dichas operaciones; que abrirían las cuentas del Congreso a la ASE para que llevara a cabo los actos de fiscalización que en derecho correspondían; y que tendrían una actitud distinta que la de sus antecesores. La realidad revela que no sólo no ocurrió nada de eso, sino que los integrantes de la LXII Legislatura profundizaron la opacidad, la discrecionalidad y la lucha por mantener en secreto el destino de sus recursos.

ALIADOS PARA LA OPACIDAD

Presionado por las circunstancias, al inicio de la LXII Legislatura, el diputado Alejandro Avilés Álvarez —en su calidad de presidente de la Jucopo— dijo en público que permitiría las revisiones por parte de la ASE, aunque en privado ninguneó, regañó y ridiculizó al auditor Carlos Altamirano Toledo, por declarar a la prensa que el organismo de fiscalización que —según— encabeza, se encontraba listo para iniciar las auditorías a la gestión de los diputados de la LXI Legislatura. Lo único cierto es que dichas revisiones nunca ocurrieron, y la muestra palmaria de ello radica en que la ASE no registra, de 2014 a la fecha, ningún resultado de auditoría al ejercicio de los recursos legislativos, simplemente porque nunca tuvo acceso a ellos.

Luego vino el festín económico del que se sirvieron los coordinadores parlamentarios del PRI y el PRD —los dos primeros años de la LXII Legislatura, en los que uno y otro encabezaron sucesivamente la Jucopo— en una verdadera danza millonaria a la que accedieron gracias al trabajo del Tesorero del Congreso, que fielmente guardó los secretos sobre el manejo de los recursos, a cambio del respaldo legislativo para sostenerse en su cargo.

De hecho, la muestra más clara de esa alianza para llevar a la quiebra al Congreso, se vio cuando la diputada Natividad Díaz prometió, el año pasado, que realizaría las auditorías prometidas. ¿Qué ocurrió? Que todos se pusieron de acuerdo, primero para impedirle cualquier intento de revisar las finanzas legislativas, y luego para echarla de la Junta y de la Coordinación de la bancada, cosa que finalmente ocurrió hace algunas semanas.

Frente a esa realidad, hay que memorizar las declaraciones de Irineo Molina. Dentro de no mucho veremos, en los hechos, si logra al menos algo de lo que ahora, con tanto denuedo promete.

COSAS QUE PASAN…

La semana pasada, la ASE llevó a cabo la premiación de un concurso de dibujo infantil sobre la rendición de cuentas. El invitado estrella del evento, realizado en el Hotel Fortín Plaza, fue el experto en docencia y temas educativos, Jesús Amaya Guerra, a quien trajeron a Oaxaca para dictar una conferencia. Llamó la atención que inmediatamente después de que terminó ese evento, en un salón contiguo, inició un evento con una temática similar, pero organizado por la subsecretaria de Desarrollo Social, Dalia Báez Arenas. Ahí, Amaya Guerra dio otra conferencia. La duda que quedó entre quienes atestiguaron el hecho, es si la ASE pagó los gastos y honorarios de un conferencista, que luego se fue a otro evento oficial de la Sedesoh, o si fue al revés… o si, con doble pago, todo fue producto de una amena casualidad entre ambas instituciones.

+ Nuevo gobierno debe incluir a la ciudadanía en debate de la educación

Ha una década desde el conflicto magisterial en Oaxaca, y ante el saldo rojo de la educación pública en la entidad, es indispensable que los actores públicos involucrados –ciudadanía incluida— den las pautas de las aspiraciones educativas en la entidad para los próximos años. El arribo de un nuevo gobierno, y de una clase política que pretende renovarse, parece el escenario propicio para ello. Sólo falta que todos den muestras de voluntad y de ya no sólo pelear por sus intereses, sino de establecer el nuevo rumbo que apremia a la instrucción pública en la entidad.

En efecto, en octubre de hace diez años el conflicto magisterial y popular llegó a su punto cúspide, cuando la Sección 22 del SNTE decidió involucrar a la ciudadanía en la crisis social, y convirtió un conflicto gremial y laboral, en una confrontación entre toda la ciudadanía. Finalmente, el magisterio estaba defendiendo sus intereses económicos y políticos, como lo ha hecho permanentemente de entonces a la fecha. Aunque lo que sigue pendiente es el diálogo por la educación que nunca pudo propiciarse primero por las resistencias magisteriales, pero también por la incertidumbre que generaron los titubeos permanentes de las administraciones de Ulises Ruiz, y Gabino Cué, consecutivamente.

En esa lógica, es claro que diez años después de aquella situación, la educación en Oaxaca ha sido el tema más debatido pero menos abordado en la agenda pública. No hubo forma de penetrar la verdadera discusión sobre el rumbo de la educación, primero porque la Sección 22 se dedicó de lleno a exigir sus resarcimientos por el conflicto magisterial; después, porque, por sistema, se declararon en oposición a los programas educativos del gobierno del presidente Felipe Calderón, y luego a la reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto.

Incluso, ni siquiera la discusión legislativa de una nueva Ley Estatal de Educación fue espacio para dialogar sobre el tema sustantivo en materia educativa entre gobierno, maestros y padres de familia, que no es sino el tipo de educación que reciben los niños y jóvenes en las escuelas públicas de la entidad, y la necesidad de replantear, junto con las necesidades y exigencias políticas de los maestros, los planes y programas de estudio no con que se evalúa a los profesores, sino con los que imparten clase cotidianamente a sus educandos.

En este sentido, es alarmante cómo ese tema —que debiera estar en el centro del debate— es el que más ha sido relegado de la discusión pública sobre la educación. Hasta hoy, el magisterio sostiene como la base de sus argumentos, que están en contra de las evaluaciones, y que demandan un sistema que considere las diferencias culturales, sociales, económicas y políticas de las comunidades marginadas. Pero esas demandas han servido para encubrir el silencio que reina sobre el análisis de la educación que ellos mismos están impartiendo, y la que van a ofrecer —o la que deben ofrecer— en el mediano y largo plazo en Oaxaca.

ESPACIO DE DIÁLOGO

En los últimos años, el gobierno estatal fue un ariete de las demandas del gremio magisterial. La administración estatal, de hecho, parecía estar permanentemente al servicio de las demandas magisteriales —y de sus intereses y tácticas de lucha social— porque esa era la forma de convivir en un escenario en el que la gobernabilidad dependía en gran medida de la estabilidad de la relación entre el sindicato magisterial y el Estado.

Sin embargo, a partir del 21 de junio de 2015 quedó claro que dicha relación no era indispensable, y que en realidad había que ir a un nivel superior para discutir ya no los temas políticos de la educación, sino la educación misma, que hasta ahora es un diálogo postergado y silenciado. ¿En qué hemos estado? Reiterada y cíclicamente se ha discutido la parte política, pero sin discutir la verdadera parte sustantiva de la educación en la entidad.

Por eso hoy es urgente ya no sólo discutir la parte política, sino los verdaderos temas educativos. Nosotros los ciudadanos tenemos gran responsabilidad en ese rubro, porque a pesar de ser mayoría frente al gremio magisterial, e incluso frente al Estado, hemos sido quienes menos hemos participado en los destellos de diálogo educativo que han existido hasta ahora. Toda la participación de la ciudadanía se ha reducido al ejercicio de algunas formas de presión, en algunas escuelas, cuando hay organización.

Pero en realidad, tanto para el gobierno como para la propia Sección 22 ha sido ampliamente conveniente la inexistencia de organizaciones de padres de familia dispuestas a dialogar no sobre los salarios o las condiciones laborales de los profesores, sino sobre la urgencia de que haya clases permanentemente; sobre qué se les va a enseñar a los niños en clases, y sobre cuál es el futuro de la educación y la docencia en Oaxaca.

Ese es diálogo que falta. Es el gran rubro pendiente que tendría que impulsar el gobierno de Alejandro Murat, si es que de verdad desea que su gobierno no repita la política de evasión que ha prevalecido en los últimos años, respecto a la educación pública en Oaxaca.

AL MARGEN: 10 AÑOS

El 3 de octubre de 2006, apareció por primera vez esta columna en las páginas de TIEMPO. Ha sido una década de trabajo arduo en el registro cotidiano de los acontecimientos de nuestra sociedad; de aprendizaje de nuestros compañeros más experimentados, y de consideración de los propios errores. A través de estas líneas, el autor de este espacio patentiza su gratitud hacia todos los que hacen posible la edición cotidiana de este diario, y a quienes día a día nos prefieren como lectura de reflexión, crítica y análisis político. A todos, muchas gracias.

+ Oaxaca debe revisar sus leyes para establecer vanguardia laica

En los últimos meses hemos visto movimientos inusitados que tienen como bandera la defensa de la familia, pero que encierran el intento más evidente de grupos religiosos por influir en las determinaciones políticas y jurídicas del país. La propuesta del presidente Enrique Peña Nieto sobre el matrimonio igualitario, reactivó una pugna que ya existía en temas como la legalización del aborto en la capital del país, y el reconocimiento a la diversidad sexual como parte de nuestra sociedad. Si de verdad se pretende estimular la vanguardia jurídica en Oaxaca —una pose muy recurrida, pero muy poco atendida—, la defensa del Estado laico debe ir por delante.

En efecto, hoy muchos se dicen escandalizados por la forma en la que la Iglesia Católica, y grupos conservadores, han sacado a la gente a las calles para tratar de frenar la iniciativa presidencial relativa al matrimonio igualitario. Bajo argumentos morales, religiosos, bíblicos y hasta fantasiosos, esos grupos pretenden establecer que el esquema familia está integrado —como lo dice el inconstitucional artículo 143 del Código Civil de Oaxaca— por un solo hombre y una sola mujer, que se unen en matrimonio para perpetuar la especie y brindarse ayuda mutua en la vida. Al defender ese argumento, dichos grupos pretenden marginarlos del reconocimiento constitucional a la igualdad entre las personas, y a la prohibición de la discriminación en todos sus tipos.

Esa ofensiva, hoy, es la más vista pero no ha sido la única ni es la primera. De hecho, en el pasado reciente, en el año 2012, grupos pro religiosos impulsaron fallidamente una reforma al artículo 24 de la Constitución federal para dar pauta a que asociaciones que promueven el culto religioso pudieran no sólo acceder a medios de difusión masiva (libertad que ya está garantizada actualmente, por medio de la cual, por ejemplo, las iglesias y congregaciones pueden contratar espacios en medios de comunicación), sino que ellos mismos pudieran tener sus propios medios de difusión (no sólo relacionados con medios de información) para dar una mayor cobertura a las actividades de culto religioso que promueven.

Esto porque uno de los puntos álgidos que planteaba dicha reforma radicaba justamente en eso: en que el ensanchamiento de una libertad de culto religioso (para quien lo promueve y para quien lo ejerce) trae aparejado algo que se conoce como “libertad de difusión” de esas creencias religiosas tanto en privado como en público. Y si el decir, difundir o promover algo en privado no tiene ningún problema, esto pasa a otro ámbito cuando se dice que la reforma abriría la posibilidad de que las asociaciones religiosas tuviesen el reconocimiento constitucional de herramientas de difusión aún más poderosas de las que tienen.

¿A qué se referían esas “herramientas”? A que, en términos sencillos, con la aprobación de la reforma al 24 constitucional se estaría buscando que las propias asociaciones de culto pudieran tener sus propios medios de difusión (entendidos éstos como medios de comunicación, por completo dedicados al servicio de la difusión de una religión, culto o creencia en específico), así como también sus propias instituciones educativas a través de las cuales pudieran hacer una promoción de las creencias que ellos profesan.

MÁS INJERENCIA

Antes, la Iglesia Católica actuó a través de grupos conservadores para contrarrestar la inercia que podría generar la legalización del aborto en la capital del país. Durante años se dedicaron a promover, en las Constituciones locales —incluida la Constitución de Oaxaca— el derecho a la vida, pero estableciendo que ésta se encontraba protegida por la ley “desde el momento de la concepción”.

En el caso oaxaqueño, en 2009, y empujados por no se sabe qué, o pagando no se sabe qué apoyos, los diputados locales emanados del Partido Revolucionario Institucional apoyaron una propuesta de los de Acción Nacional, para establecer en la Constitución Política de Oaxaca, que dicha Norma protegerá el derecho a la vida de las personas “desde el momento de la concepción”. Esto pareció revivir, en el medio local, un debate que ha sido ampliamente abordado en otros momentos y por instancias jurisdiccionales federales de la más alta jerarquía; y que, valga decirlo, ya fueron resueltos.

Dicha adición, ubicada de inmediato como “Ley Provida” establece lo que apuntamos en el párrafo anterior. Esto, por organizaciones que defienden los derechos de las mujeres, fue tomado como el establecimiento de una prohibición constitucional para que en la entidad, en cualquier otro momento, se apruebe una reforma a leyes secundarias a través de las cuales, se legalicen ciertas formas de aborto voluntario.

Esta fue otra forma disimulada a través de la cual la Iglesia se inmiscuyó directamente en los criterios constitucionales para formular normas que protegen no los derechos de las personas sino sus concepciones morales.

¿HABRÁ PROGRESISMO?

Por eso, cualquier destello de progresismo en Oaxaca —ahora que según se inauguran nuevos tiempos políticos— tendría que pasar no nada más por el reforzamiento de la figura del Estado laico, sino por la modificación del artículo 12 para eliminar los términos regresivos en que fue modificado en 2009 por aquella reforma “Provida”. Dicho ánimo también tendría que pasar por la adecuación del Código Civil para eliminar los preceptos declarados inconstitucionales respecto al matrimonio civil. ¿Quién tendrá el valor? Pronto veremos si por lo menos hay destellos de esos temas sustantivos, frente a la apabullante grilla del cambio de sexenio.

+ PRI oaxaqueño avala las intenciones del gobierno saliente

Es paradójico que una reforma que según fue promovida para combatir la corrupción y la impunidad, sea en realidad promotora de dichas conductas. Esto ocurre con un paquete de reformas a la Constitución del Estado, y a la Ley de Fiscalización Superior, promovidas por el diputado Adolfo Toledo Infanzón, que no sólo no cumplen con los nuevos parámetros establecidos por la Constitución federal en la reforma anticorrupción, sino que también parecen ser una carta de porte para los funcionarios de la administración saliente que estarían dándose el escenario más benévolo posible para los tiempos que vienen.

En efecto, en la sesión del pasado 15 de septiembre los diputados locales aprobaron reformas a la Constitución local y a la Ley de Fiscalización Superior, que son flagrantemente violatorias de diversos principios contenidos en la Constitución federal.

¿En qué consisten dichas reformas en el ámbito local? Básicamente, lo que hacen es doblegar algunos principios relacionados con la fiscalización superior y, de hecho, someter a la ASE a las decisiones de la Junta de Coordinación Política. Todo esto, además de fijar plazos de prescripción menores a los establecidos en la Constitución federal, lo cual de entrada los hace inconstitucionales, y revela a los diputados locales como auténticos promotores de la impunidad y la corrupción de la función pública, evidentemente en beneficio primario de los servidores públicos estatales que dejarán sus cargos el próximo 30 de noviembre.

Vayamos por partes. En las reformas constitucionales, el Congreso estableció que la Auditoría podrá realizar investigaciones excepcionales (artículo 65 bis) cuando, por ejemplo, la fiscalización de una obra o recurso sea de tipo multianual. Dicha cuestión está también contemplada y permitida en la legislación federal, salvo porque los diputados locales establecieron en la Constitución, que la ASE puede promover procedimientos de responsabilidades ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y de Cuentas —que también es inconstitucional— “en caso de que existan elementos de presunción de violaciones a la ley”.

Esto es no sólo inconstitucional sino escandalosamente irresponsable. La ASE es un órgano técnico cuya función se basa en la definición de responsabilidades a partir de datos y resultados objetivos. ¿Cómo establecer entonces que podrá promover a partir de “elementos de presunción de violaciones a la ley” y no de criterios sustantivos? Y, en esa lógica, ¿dónde queda el principio de presunción de inocencia, que de la ley penal se extiende a todos los procedimientos seguidos en forma de juicio? Técnicamente, lo que hicieron fue establecer deliberadamente un error en la ley, que pueda servir como base del beneficio para la defensa de los acusados de corrupción.

VIOLACIONES CONSTITUCIONALES

Ahora bien, dice el recién reformado artículo 37 de la Ley de Fiscalización que “las facultades de la ASE para fincar responsabilidades e imponer sanciones, prescribirán en tres años”. Quizá los asesores del diputado Adolfo Toledo Infanzón no leyeron el correlativo de la Constitución federal, o aún leyéndolo lo desatendieron intencionalmente porque, a la letra, el segundo y tercer párrafo del artículo 114 de la Constitución federal dicen algo muy distinto. Éstos señalan:

“La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la Ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 111.

“La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a siete años”.

¿Son visibles las diferencias entre ambas disposiciones? La primera, es que la única prescripción que la Constitución federal circunscribe a tres años, como plazo mínimo y no como plazo fatal, es en materia penal. Segunda, para la responsabilidad administrativa la Constitución federal establece un plazo de prescripción de siete años como mínimo —y no tres, como mañosamente se estableció en la legislación local— cuando las faltas sean graves. Y tercera, que en la legislación local, sin embargo, no se hace mención alguna a la escala de gravedad de las faltas: todas prescriben a los tres años independientemente de si el quebranto fue por un bolígrafo o por una falta grave.

Así, la joya de la corona de la reforma del diputado Toledo Infanzón está en el nuevo artículo 38 de la Ley de Fiscalización, que establece que para proceder penalmente en contra de los ‘funcionarios de elección popular’ (¿no habrán leído que el término ‘funcionario’ fue desechado de la Constitución federal hace tres décadas?) y los previstos por el artículo 118, por delitos cometidos con motivo de su encargo, “se requerirá querella del Auditor Superior PREVIA AUTORIZACIÓN de la Junta de Coordinación Política”.

Es decir, que en estos tiempos del “combate a la corrupción”, en Oaxaca institucionalizaron la subordinación de la fiscalización, a la decisión política —y las negociaciones, y los arreglos, y las extorsiones— de los diputados locales. Bonita forma de combatir la impunidad.

APORTE ACADÉMICO

Una de las dos únicas referencias bibliográficas que están plasmadas en la exposición de motivos de dicha iniciativa, es de “monografías.com”… algo que hoy en día sólo es aceptable —y eso, a veces— en las tareas de la secu. Con esa burla a plena luz del día, queda claro el nivel de descaro con el que promueve la impunidad en Oaxaca, el mismo individuo que luego querrá ocupar el cargo de Carlos Altamirano Toledo.