+ Todas, medidas excluyentes frente a urgencia de una solución de fondo

Oaxaca se encuentra en el umbral de escenarios nuevos y trascendentes para la gobernabilidad del país, pero en cualquiera de ellos, la ciudadanía y la educación oaxaqueños parecen —parecemos— ser los inminentes derrotados. Basta con revisar el cúmulo de decisiones trascendentes pero contradictorias que se están tomando ahora mismo, para comprobarlo.

En efecto, del recuento de escenarios posibles el único común denominador es la imposibilidad de un arreglo de fondo, y la previsión —casi inamovible— que de los elementos a enumerar, saldrá cualquier cosa menos una solución benéfica para la gobernabilidad y la educación en Oaxaca. veamos.

1. El gobierno federal ha abierto completamente, y cerrado de la misma forma, el diálogo con la Sección 22 de Oaxaca, y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese titubeo en su toma de decisiones, provoca hoy una fuerte crisis de credibilidad al gobierno federal, que no ha sido consistente en sus políticas, en sus acuerdos y en sus decisiones; y, además, esa inestabilidad ha sido el espacio perfecto para que grupos bien organizados, como la Coordinadora, le tomen la medida.
2. La CNTE ha sido vencida, en dos ocasiones, por su propio éxito. Previo a los comicios federales intermedios de 2015, y ahora, la Coordinadora había conseguido negociaciones muy exitosas y redituables en mesas de negociación con Gobernación. Pero en aquel momento, y ahora, perdió todos los avances conseguidos por la voluntad de sus grupos radicales por no permitir batallas parciales. Por eso, a pesar de que en dos ocasiones la CNTE ha doblado al gobierno exitosamente, en esas mismas dos ocasiones ha sido derrotada por la codicia, la voracidad y la rapacidad de sus grupos radicales.
3. Oaxaca lleva dos grandes movilizaciones policiacas que han servido para nada. En 2015, para garantizar la realización de la jornada electoral, el gobierno federal movilizó a unos 15 mil elementos a la entidad, que sólo vinieron a hacer una demostración de fuerza pero —afortunadamente— nunca actuaron. Lo pernicioso fue que un año después, esa gran movilización estaba prácticamente desmantelada (aún cuando la Policía Federal había anunciado el establecimiento de un cuartel en Oaxaca) y por eso cuando ocurrió el bloqueo de Nochixtlán, Oaxaca quedó aislada y las fuerzas federales tuvieron que movilizarse descoordinadamente para generar el desastre del 19 de junio. El resultado de esa operación demostró no sólo su falta de conocimiento e información sobre los movimientos sociales que venían a contener, sino también su desgaste e improvisación operativos. Hoy, por eso, lejos de generar certidumbre, la movilización policiaca genera recelo y desconfianza hasta en quienes inicialmente creyeron en la presencia federal para desmovilizar a los grupos sociales.

NO HAY DIÁLOGO

4. Los canales de diálogo siguen cerrados. Esa situación, evidentemente, ya no sorprende de la relación gobierno federal-Coordinadora, sino más bien que todos los actores y fuerzas políticas que están alrededor siguen actuando con mezquindad sorprendente. Por ejemplo, por un lado, Andrés Manuel López Obrador suavizó, hace algunas semanas, su discurso relacionado con el movimiento magisterial, para señalar que debe haber adecuaciones y no la abrogación de la reforma, y para refrendar su idea de que asimismo debe prevalecer el principio de autoridad. El problema es que, ni él ni su partido (Morena), han tenido mayor disposición para fungir como un puente de entendimiento entre los dos polos naturales que —hoy sabemos— no tienen ni la más mínima posibilidad de entenderse y construir acuerdos solos. AMLO es, acaso, el más visible, pero no el único actor político que podría abonar a la solución de este conflicto. Pero ni él, ni nadie en México, quiere tomar esa responsabilidad, porque siguen basando sus movimientos en función de sus intereses, y porque no quieren contaminarse de este conflicto capaz de necrosar cualquier tejido que toque.
5. El gobierno se respalda en un bloque titubeante. Es sorprendente la forma en cómo —en medio de esta crisis y de cara a los movimientos que se avecinan en esta crisis magisterial— el presidente se refrenda ante fuerzas políticas que no tienen la más mínima posibilidad de incidir en el conflicto magisterial. El Presidente incrementa sus reuniones con el PRI, con el Partido Verde y con algunas otras fuerzas políticas, como si eso le diera certidumbre de que no habrá una contrarreforma. El problema es que ese respaldo es estéril porque ni la incondicionalidad de esos partidos sirve de algo —al contrario— para atenuar o resolver la crisis magisterial y, silenciosamente, minimiza cualquier posibilidad de tender puentes de entendimiento con las fuerzas de oposición a su gobierno, que todos los días crecen por la inminente cercanía de la sucesión presidencial.

OAXACA PIERDE

Tristemente, es la única certeza en todo esto. El gobierno federal está movilizando a cientos —quizá miles— de elementos federales no porque quiera mandarlos de vacaciones, sino porque prevé un escenario en el que tenga que hacer valer el uso de la fuerza. La Coordinadora está más empecinada que nunca en no iniciar el ciclo escolar. Esos dos ingredientes son suficientes para más meses de incertidumbre, como si no contaran los más de diez años que Oaxaca lleva en crisis. ¿Quién pierde? De nuevo, no los protagonistas del conflicto, sino las víctimas colaterales del conflicto. Es decir, los oaxaqueños.

+ Ciudadanos, aislados; sólo hasta que son afectados quieren solidaridad

Es muy grave que en Oaxaca, frente al problema magisterial, los ciudadanos estemos solos, aislados y disgregados. Esto es así, porque tal parece que además del grave problema que representa la inconformidad de los trabajadores de la educación, entre todos los sectores productivos y de la ciudadanía sólo nos estamos profesando mezquindad mutua. Es fuerte decirlo, y aceptarlo, pero tal parece que aparentamos que nos preocupan los problemas públicos, pero sólo cuando somos afectados. Cuando no, dejamos que esos asuntos públicos corran como si fuéramos ajenos a ellos.

En efecto, hoy la educación es ejemplo de esa mezquindad mutua entre ciudadanos, aunque claramente no es el único. Como ciudadanos, parecemos haber olvidado que los asuntos públicos tienen ese carácter —de “públicos”— justamente porque son los que nos involucran a todos por igual, independientemente de nuestra condición social, económica, política o intelectual. Si comprendemos a cabalidad dicho concepto, entonces entenderíamos también la existencia de una sociedad civil interesada por los problemas comunes, independientemente de si se ve o no involucrada su esfera personal, familiar o social.

El problema en Oaxaca es que, en los momentos más determinantes, esa sociedad civil parece reducirse a un espejismo. Entendemos que hay sociedad civil, pero resulta que sólo nos interesa que ésta se vea cuando se trata de la realización de labores sociales o de altruismo, o cuando en un profundo acto de mezquindad, los políticos aparentan convertirse en integrantes de la sociedad civil —esa masa amorfa tan escandalosamente mal comprendida en nuestra sociedad— para brindarse un rostro ciudadano, y así alejarse —también en apariencia— del mal fario de los partidos y de sus intereses… hasta conquistar un cargo público, y entonces olvidar el supuesto cariz ciudadano obtenido a través de la labor social interesada.

Fuera de esos supuestos, todo se reduce a la inexistencia de la sociedad civil organizada, y a la incapacidad de comprender que esa sociedad civil debería actuar independientemente de los intereses políticos, de las poses, y hasta de las necesidades exclusivas de los sectores vulnerables, para entender que esa sociedad civil —simplemente reducida al concepto de ciudadanía organizada— tendría que actuar frente a los problemas públicos. Sí, frente a esos problemas que son de todos, que afectan a todos, y que por eso requieren la atención de todos.

No existe en Oaxaca ejemplo de lo anterior, porque hasta las organizaciones altruistas tienen como límite los intereses de quienes los financian, las conveniencias de quienes las integran, y las posibilidades de obtener un lucro político. Y eso no sería problema, si en medio de todo eso no hubiera grandes problemas —como el magisterial— que nos afectan a todos independientemente de si somos maestros o no, si somos empresarios o no, o si enviamos o no a nuestros hijos a instituciones educativas del sector público.

NO HAY CIUDADANÍA

A los maestros les importa un carajo la ciudadanía, y eso mismo le sucede a la Iniciativa Privada, no respecto a los profesores, sino a la ciudadanía y los asuntos públicos. ¿De qué hablamos? De que vilmente, los trabajadores afiliados a la Sección 22 del SNTE aseguran que luchan por el pueblo de Oaxaca, cuando groseramente pelean por sus privilegios, por su “estabilidad” laboral, por la inaplicación de la evaluación a los docentes, y por la preservación del estado de cosas que los privilegia. ¿La educación pública, laica y gratuita que dice la Constitución? Esos postulados, frente a las escuelas cerradas, es evidencia de que les importa un comino.

Pero lo mismo pasa con la IP, que todos los días reclama a la Sección 22 por los daños que le ocasiona a la educación. Sin embargo, antes de que la 22 iniciara sus jornadas de protesta, ¿cuándo vimos a una iniciativa privada pujante, incidiendo en la discusión pública sobre la educación, haciendo ciudadanía, o preocupándose por el drama que viven cientos de miles de niños y jóvenes, a los que las acciones de lucha del sindicato magisterial les están cancelando la posibilidad de un futuro digno, y de posibilidades de desarrollo que al menos les permitan superar sus condiciones actuales? No los vimos nunca.

Y es que a todos debería preocuparnos lo que, finalmente, nos involucre directamente o no, nos afecta a todos. ¿No nos afecta el hecho de que, en general, Oaxaca tenga un problema por la deficiente educación que reciben o nuestros hijos, o los hijos del vecino, lo que provoca un problema generalizado de ignorancia, de incompetencia, de subdesarrollo, de marginación y de segregación? ¿No nos afecta a todos que haya niños que superan por inercia la educación básica, y que fracasan en la educación media superior, porque no saben leer y porque ni siquiera logran comprender los signos que casi mecánicamente aprendieron a traducir en palabras?

…Y TAMPOCO HAY FUTURO

Esos, finalmente, serán los ciudadanos de mañana. Serán los empleados de la IP. Serán la herencia del magisterio. Serán también las personas que supuestamente sacarán adelante a nuestro estado. ¿No es este, entonces, un problema generalizado? Por eso mismo debería preocuparnos a todos, siempre, y no sólo cuando nos afecta en el bolsillo, en las amistades o en los intereses.

+ Liberación de presos de la Coordinadora es una injerencia en Poder Judicial

Propios y extraños se dicen sorprendidos de cómo los dirigentes de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, recobraron tan rápido su libertad, a pesar de tener instaurados en su contra al menos cuatro procesos judiciales. Esa sorpresa pasará al estupor cuando el gobierno federal se vea obligado a explicar tanto el sentido de esas decisiones, como la influencia que tuvo el acuerdo en una mesa de negociación sobre los dictados de un Poder distinto al Ejecutivo, una vez que esta tormenta pase y el caso Nochixtlán pase al escrutinio internacional.

En efecto, con una decisión de esa naturaleza, México sufrirá una regresión democrática de cuando menos dos décadas, al dejar ver al mundo que en pleno 2016 el gobierno sigue utilizando las aprehensiones con fines políticos, y sigue influyendo en las decisiones del Poder Judicial. De ese tamaño es el problema. Por eso, es necesario comprender desde ahora qué ocurre frente a la liberación de los dos dirigentes de la Sección 22, y sobre todo qué tanto debe explicar el gobierno federal sobre esas aprehensiones.

Los hechos son los siguientes: la mañana del viernes 12 de agosto, Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez obtuvieron su libertad luego de una estancia de alrededor de 24 horas recluidos en el penal de Ixcotel. El último mes lo habían pasado en Miahuatlán, a donde fueron trasladados luego del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora que se sentaron a dialogar luego del desastre de Nochixtlán, el domingo 19 de junio, en el que resultaron muertas nueve personas y hubo casi un centenar de heridos por el enfrentamiento entre elementos federales e integrantes y simpatizantes de la Coordinadora.

Frente a esa sorpresiva liberación, el mismo viernes 12 la Procuraduría de Justicia de Oaxaca informó, mediante un comunicado, que con motivo de la solicitud de revisión de las medidas de prisión promovidas por los procesados (Núñez y Villalobos), en las causas penales del fuero común, “los Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declararon procedente la revisión solicitada por la defensa de los imputados, y en consecuencia modificaron la prisión preventiva dictada en contra de los citados procesados”.

En lugar de la situación de privación de la libertad impuesta a Rubén Núñez Ginéz y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez —continúa el comunicado—, los jueces determinaron imponer algunas de las medidas previstas en el Código Nacional, determinando que pueden continuar su proceso en libertad, sin que esto los exima de responsabilidades. Los Jueces del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, determinaron imponer a los referidos, la presentación mensual ante el Juzgado de la causa que se les instruye, una garantía económica, así como la prohibición de participar en hechos masivos que tengan como propósito dar lugar a actos violentos.

Todo lo anterior —dice el boletín, y este dato resulta muy relevante— “en atención a la aplicación del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales …”.

INJERENCIA FEDERAL

No perdamos de vista una situación concreta: el aludido Quinto Transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de revisión de todos los procedimientos judiciales para ajustarlos a la nueva norma. Esto significa, la posibilidad —y necesidad— de utilizar los nuevos parámetros legales para continuar los procedimientos judiciales que ya existían antes de la reforma.

Lo sorprendente es que en innumerables casos, la autoridad judicial se ha negado a beneficiar a los reos a través del llamado quinto transitorio, al argumentar que no existen ni la autoridad de supervisión de las medidas cautelares, ni tampoco los acuerdos y lineamientos su organización y funcionamiento.

Ese ha sido, esencialmente, el argumento por el que le han negado beneficios preliberatorios a muchísimos procesados que intentan acogerse a los principios del nuevo Código, pero es exactamente el mismo por el que la Procuraduría de Oaxaca dice que fueron dejados en libertad —en un aparente acto de garantismo, que no es sino el disfraz de la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial— Núñez y Villalobos.

Todo esto, en el fondo, deja en claro dos cuestiones: primera, que el gobierno federal encarceló y liberó a los dirigentes magisteriales por motivos políticos; y segundo, que para llevar a cabo esas dos maniobras manipuló averiguaciones previas, acuerdos judiciales, órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, medidas penitenciarias, y beneficios preliberatorios, con tal de cumplir su cambiante agenda política relacionada con los dirigentes y el conflicto magisterial de Oaxaca.

¿CÓMO EXPLICARÁN?

No es tan longeva la disposición del Estado mexicano a permitir que organismos internacionales vigilen y den seguimiento a la situación de la justicia en el país. En este caso, aunque pareciera que se resarcieron al dejar en libertad a los dirigentes magisteriales, ¿cómo explicarán sus decisiones sucesivas? ¿Cómo explicarán su aprehensión a partir de la manipulación y la injerencia del Ejecutivo, y luego su liberación a partir de la utilización de criterios que son excepcionalmente heterogéneos? Hay miles de expedientes esperando —sin éxito— los beneficios de la aplicación del Quinto Transitorio. Núñez y Villalobos lo lograron pero a partir de una grosera manipulación. ¿Cómo lo explicarán eso a las misiones de observación internacional cuando, tarde o temprano, lo objeten?

+ Coordinadora reacciona hacia delante: liberan presos; aprietan protestas

Los grupos parlamentarios en el Congreso federal, o la Legislatura del Estado de Oaxaca, o la misma ciudadanía, deberíamos dejar atrás la parsimonia y exigirle al gobierno federal que deje de actuar discrecionalmente en sus negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Los oaxaqueños, y los mexicanos, debíamos conocer con detalle qué plan, o qué derrotero siguen las negociaciones de Gobernación con el magisterio. Pues según parece, no terminan de comprender la dinámica magisterial, y al fortalecerlo, están llevando la reforma educativa, y el Estado de Derecho, a la quiebra.

En efecto, es alarmante cómo la Secretaría de Gobernación sigue cayendo en el garlito de ofrecer, y dar, muestras de distensión del conflicto magisterial, cuando es bien sabido que la Coordinadora es un movimiento que siempre reacciona hacia delante. ¿De qué hablamos? De que sólo en el último gran movimiento de esta tormentosa relación Gobernación-CNTE, el gobierno federal cumplió el acuerdo de dejar en libertad a los dos últimos líderes que aún estaban en prisión, y la Coordinadora reaccionó anunciando acciones que hablan de todo, menos de la distensión del conflicto.

Al contrario: la mañana del viernes, finalmente recobraron su libertad los secretarios General y de Organización de la Sección 22, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, luego de haber permanecido en prisión durante dos meses, acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita, daños, lesiones y otros delitos del fuero local. La aprehensión de esos dos líderes, ocurridas los días 11 y 12 de junio en Salina Cruz y la Ciudad de México, fue lo que desató los bloqueos, el desastre de Nochixtlán, y esta historia de terror, amagues y sometimiento, que hoy presenciamos todos los mexicanos.

Frente a esa supuesta muestra de “buena voluntad” del gobierno federal hacia la Coordinadora, ésta reaccionó endureciendo sus posiciones: reiteró su exigencia de la abrogación de todo el entramado constitucional y legal que constituye la reforma educativa; la reactivación de los bloqueos carreteros y la toma de oficinas gubernamentales y comercios, que parecía haber cesado en los últimos días; la liberación de todos sus presos políticos, la reinstalación y el pago de salarios a todos sus trabajadores, la recontratación de los despedidos; la garantía de que no habrá descuentos o sanciones a quienes han participado en las movilizaciones y acciones de protesta.

Acordaron también —y este es un resolutivo que no había aparecido en sus documentos— su decisión de impedir la transmisión de poderes el próximo 1 de diciembre en Oaxaca; y la amenaza velada de no iniciar el ciclo escolar 2016-2017 si no se cumplen todas esas condiciones.

¿Qué significa todo esto? Que, según parece, las dádivas de Gobernación han servido de poco porque, de nuevo, la Coordinadora reaccionó duplicando sus amenazas y movilizaciones, y no aceptando que atraviesa por un proceso de distensión en el que, recibiendo las muestras de voluntad del gobierno federal, se supone que tendría también que responder bajo esa misma lógica.

NO ENTIENDEN OAXACA

Lo que parece, en todo esto, es que los funcionarios que negocian por parte de la Secretaría de Gobernación no conocen Oaxaca, y no entienden el drama que ha sido el gobierno de Gabino Cué: éste último, durante cinco años, se declaró aliado incondicional de la Sección 22; les concedió la no implementación de la reforma educativa en Oaxaca durante dos años (de 2013 a 2015); les ofreció aprobar su PTEO convertido en Ley Estatal de Educación (cosa que la 22 finalmente rechazó por los ajustes mínimos que le hizo el gobierno a su iniciativa); y al gobierno de Oaxaca nunca le pasó por la cabeza utilizar la fuerza pública en contra de quienes fueron sus aliados.

¿Cuál fue el resultado de esa política del gobierno estatal, frente al magisterio oaxaqueño, de dejar hacer, y dejar pasar? Más movilizaciones, más bloqueos, más chantajes y ningún avance ni en los temas políticos y de gobernabilidad medulares, y tampoco en lo referente a la educación. Durante esos primeros cinco años —hasta el 21 de julio de 2015, cuando el Gobernador extinguió el IEEPO bajo la hegemonía de la 22— no hubo ningún indicador de mejora en la gobernabilidad o en la educación. El magisterio siguió movilizándose, parando labores, protestando, exigiendo, demostrando su poder al gobierno para mantenerlo sometido; y mientras la educación —lo medular, se supone— no vio ningún avance derivado de esa política pro magisterial.

Ese es el destino manifiesto del gobierno federal, hoy que está implementando esa misma política frente al magisterio. La Coordinadora le añadió nuevas exigencias, nuevos acuerdos, y nuevas condiciones a su plan de acción, porque a partir de ello manifestarán que las muestras federales de voluntad son “mínimas e insuficientes”, y que necesitan más —más concesiones, más dádivas, más permisividad— para no llevar a cabo todo lo que ahora se proponen. Es decir, la libertad de Núñez y Villalobos, y todo lo que les han dado, fueron directo al cajón de la nada. Van por más, y eso es lo único que importa.

NO ES OAXACA: ES EL PAÍS

Esa gangrena hoy ya no es exclusiva de Oaxaca: aquí la situación es —relativamente— manejable: pero basta con voltear a ver el caso de Chiapas, donde la Sección 7 ya recuperó la autoridad educativa; en Michoacán, la Sección 18 va por el mismo camino. Y Gobernación está negociando la derogación de facto de la reforma educativa. Una pequeña gran historia de terror…

+ Reiterada crisis de legitimidad, se repite porque lo legal no es legítimo

Ayer La Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó un amparo presentado por un grupo de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que impugnaba la ley que permite cesar a los docentes que no obtengan resultados favorables en las pruebas de permanencia. A pesar de este fallo, que avala la legalidad de la reforma educativa, resulta que de todos modos el gobierno federal sigue negociando la abrogación de facto de ese conjunto de leyes, abonando con ello a la preocupante brecha que existe en México entre lo legal y lo legítimo.

En efecto, en su resolución los ministros de la Primera Sala consideraron que la evaluación obligatoria que tienen que presentar los trabajadores del Servicio Profesional Docente, para permanecer en el servicio u obtener una promoción dentro del mismo, no tiene la naturaleza de una sanción administrativa, pues sólo se traduce en el cumplimiento de una condición para permanecer en el cargo.

Al revisar un proyecto del ministro Arturo Zaldívar, los integrantes de la Corte señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente.

Todo ello, derivado de la disposición contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que todos los trabajadores del sistema educativo deben evaluarse luego del segundo año de haber obtenido su nombramiento definitivo. La Corte avaló lo dispuesto en la ley, en el sentido de que cuando un trabajador haya reprobado en tres ocasiones consecutivas la evaluación puede ser dado de baja del servicio sin responsabilidad para el patrón.

Con esta resolución, la Corte prácticamente cerró la posibilidad de que los trabajadores de la educación continúen argumentando, como mecanismo de defensa legal, que se violan sus derechos fundamentales al aplicarse las disposiciones contenidas en la reforma educativa. Este fallo, al final, tendrá que llevar a los profesores a buscar mecanismos de defensa en la vía laboral o administrativa (aunque ésta última vía también quedó muy maltrecha, al considerar la Corte que la separación del cargo no debe ser considerada como una sanción administrativa) para tratar de contrarrestar las disposiciones de ley, aunque finalmente —y ese es el efecto colateral, irremediable, que alimenta Gobernación con su grosera negociación con la Coordinadora— el camino idóneo terminaría siendo la defensa en las calles, o en la presión social como hasta ahora lo han hecho los docentes de Chiapas, Michoacán y Oaxaca.

ALIMENTAN LA ILEGITIMIDAD

Ante esta realidad, nos encontramos frente a un problema en el que los poderes federales no sólo actúan descoordinadamente frente a un problema no sólo legal, sino de gobernabilidad, porque mientras el Legislativo señala que las normas que emitieron son constitucionales, y el Judicial lo avala con sus resoluciones, el Ejecutivo las deja sin efecto gracias a las negociaciones que entabla con el propio magisterio en aras de mantener en banquitos la gobernabilidad nacional.

Así, resulta que independientemente de las resoluciones judiciales o de las posiciones que asuma el Congreso frente a la reforma educativa, los acuerdos parciales en las mesas de diálogo y las proclamas en contra de la reforma educativa, terminan triunfando porque los compromisos que valen son los que se hacen ante Gobernación, y no en lo que dicta la Corte o resuelve el Congreso federal. Y, de hecho, esto es así porque tanto la Coordinadora, como el poder público, enfrentan hoy una crisis profunda de legitimidad que hace irreconciliables sus posiciones, independientemente del contenido de las mismas.

En ese sentido —escribimos el 21 de julio en este espacio, y confirmamos hoy fehacientemente—, es evidente que el contenido de la reforma educativa es prácticamente imposible que cambie porque legalmente los poderes Legislativo y Judicial sostienen que la reforma educativa no enfrenta ningún problema de legalidad —de forma y de fondo— y que por esa razón hablar de reformas es tanto como el cumplirle un capricho a quienes no quieren modificaciones, sino la anulación de la misma.

En el otro extremo está la propia crisis de legitimidad de la Coordinadora Nacional, que insistentemente ha tratado de presentarse como la representación viva del pueblo ya no sólo de Oaxaca, sino de México. El magisterio disidente, aglutinado en la CNTE, ha tratado de llevar la presión a la consecuencia última de toda pretensión política: el cambio en el orden jurídico.

Particularmente, ellos quieren que se reforme una cuestión que les afecta en lo particular. Para ello han tratado de envolverse en el esquema de la representación popular. Sólo que esa representación está por mucho lejana de lo que verdaderamente pudiera catalogarse como un movimiento social de masas capaz de aglutinar la legitimidad como para una labor de esa naturaleza.

¿ACABAR CON LOS BLOQUEOS?

Osorio Chong, el titular de Gobernación, le dijo a los representantes de la Iniciativa Privada que va a terminar con los bloqueos de la Coordinadora. La pregunta es cómo. Pues hasta ahora les ha dado todo lo que han pedido, y hasta más, y de todos modos Oaxaca sigue ahogada bajo un sitio intermitente, y asolada por la inmovilidad económica. Todo, mientras la reforma educativa está casi capitulada en las negociaciones de la capital del país. Entonces, ¿así cómo?