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Robles se repartirá su capital político con partidos minoritarios

Benja PT

+ Mantendrán registro a cambio de darle gusto con su candidatura


 

Benjamín Robles Montoya ha tardado demasiado en anunciar que será candidato de al menos dos partidos políticos con registro local, pero ayer el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, ya dejó en claro que sí puede ser abanderado en la carrera por la gubernatura. Sólo falta ver los movimientos necesarios para que eso ocurra, aunque realmente la trascendencia de esta posibilidad radique no en lo que sume a su causa, sino en lo que divida en las contrarias.

En efecto, ayer Gustavo Meixueiro Nájera le dijo a la Agencia Quadratín Oaxaca que Robles Montoya tiene a salvo sus derechos político electorales y puede, si así lo desea,  contender por otro partido político a la gubernatura del estado. “Cualquier persona puede ser postulada por algún partido político siempre y cuando no participe al mismo tiempo en un proceso de selección en otro instituto político”, dijo.

“La ley lo que imposibilita es que una persona pueda participar al mismo tiempo en dos o más procesos internos de selección de los partidos políticos o de coaliciones”, detalló, mientras aclaraba que en el caso de Robles Montoya, como de cualquier otro ciudadano que haya participado en un proceso de selección interna y otro partido o coalición decida, quiera y pueda postularlo, “lo puede hacer siempre y cuando cumpla con el procedimiento interno de ese partido político de selección de candidato”.

Frente a esto, vale la pena repasar lo que ha pasado en los partidos minoritarios, que son en los únicos en donde Robles Montoya tendría cabida. Como apuntábamos en días anteriores, el Verde Ecologista y Nueva Alianza se registraron en coalición con el PRI. Con el PAN y PRD se registró el Partido del Trabajo. Y quedaron libres el Partido Social Demócrata, Encuentro Social, Unidad Popular y el Partido Renovación Social, además de Movimiento Ciudadano. Estos dos últimos ya manifestaron expresamente que no irían con Robles Montoya como candidato a Gobernador. Así que como únicas opciones “vacantes” quedan el PSD, el PUP y Encuentro Social.

Tanto el PUP como Encuentro Social no han definido quién sería su candidato a la gubernatura, por lo que aún tienen las puertas lo suficientemente abiertas como para definir que éste sea Robles Montoya. En el caso del PSD, aunque ya tiene como candidato al diputado local Manuel Pérez Morales, aún podría entablar una negociación con Robles Montoya —si no es que ya la tiene en marcha— para llevar a cabo una sustitución de candidato en los términos que establece el Código de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca, que se aplica en lo que alcance a regular, al no existir una legislación local armonizada a la última reforma política. ¿Qué dice el CIPPEEO?

En su artículo 160 señala: Para la sustitución de candidatos, los partidos políticos y coaliciones lo solicitaran por escrito al Consejo General, observando las siguientes disposiciones: I.- Dentro del plazo establecido para el registro de candidatos, podrán sustituirse libremente; II. Vencido el plazo a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente podrán sustituirlos por causas de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia. En este último caso, no podrán sustituirlos cuando la renuncia se presente dentro de los treinta días anteriores al de la elección. Para la corrección o sustitución, en su caso, de las boletas electorales se estará a lo dispuesto en el artículo 193 de este Código; y III.- En los casos en que la renuncia del candidato fuera notificada por este al Consejo General, se hará́ del conocimiento del partido que lo registró para que proceda, en su caso, a su sustitución.

CANDIDATURA COMÚN

De este modo, la figura de la sustitución de candidato se combinaría, en este caso, con la de las candidaturas comunes. Resulta que una de las bondades de la nueva ley electoral, que sí tiene aplicación porque se encuentra en la Constitución del Estado y no fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte, es la figura de las candidaturas comunes. ¿Qué significa? Que en este caso, una misma persona puede ser candidato de varios partidos sin necesidad de que exista un convenio formal de coalición, como el que sí tienen los partidos que se aliaron para compartir diversas candidaturas bajo un mismo esquema de campaña.

Según lo que dispone la ley electoral, el proceso para sustituir candidato podría ser utilizado por el PSD bajo la lógica de que el diputado Pérez Morales renuncie a su candidatura y en ésta se sustituya por el Senador con licencia. En el caso del PUP y Encuentro Social, no habría mayor problema, ya que estos partidos aún no han hecho pública ninguna definición sobre algún tipo de proceso interno que estén llevando a cabo para la postulación de su candidato a la Gubernatura. Dicho procedimiento, en el fondo, puede ser tan simple como que su Asamblea o Consejo Estatal lo defina directamente, o que esto ocurra a través de algún mecanismo simplificado de postulación.

En el fondo, todo esto parece menos interesante que la duda de cuál será el destino de los votos que se lleve Robles Montoya. Evidentemente, la cuestión complicada no radica en cuántos sufragios ciudadanos sume, o qué tan eficaz pueda ser la operación de las estructuras electorales con las que cuenta el michoacano. En el fondo la incógnita es a quién le va a arrebatar votos, y quién será el beneficiario implícito de esa aparente decisión arrebatada de inscribirse aún a sabiendas que ni la combinación de su voto duro con las estructuras electorales de los mini partidos, serían suficientes para ganar la gubernatura.

Al final, todo apunta a que Robles terminaría arrancándole a la coalición PAN-PRD-PT una franja de votos que, casi en cualquier escenario, le sería muy necesaria para poder afianzar la victoria electoral. Ejemplos hay varios en Oaxaca de cómo el esquirolaje es una práctica conocida a través de las cuales se gana una elección a través de la capacidad de modificar las variables del voto duro.

¿COMO DOS GOTAS DE AGUA?

Sería muy lamentable, para todos los que han creído en su causa y proyecto, que Benjamín Robles Montoya terminara siendo a la elección de Gobernador, lo que Hugo Jarquín ha sido, y seguirá siendo, en cada elección a la alcaldía de la capital: no el candidato que juega a ganar, sino el que lo hace, buscando arrebatarle votos a unos para que otro de sus contrincantes comunes gane.

GC y Conago: destino marcado por beligerancia magisterial

GC-CONAGO

+ Oaxaca era lastre; hoy es baluarte federal de la ley educativa


El lunes el gobernador Gabino Cué asumió la presidencia de la Conferencia Nacional de Gobernadores, luego de un largo proceso de acomodos en la relación de Oaxaca con las demás entidades federativas, y con el gobierno federal. Este hecho revela una paradoja de la política nacional: nuestro estado era, hace dos años, una especie de paciente leproso por el problema con la CNTE, pero hoy resulta ser un baluarte del gobierno de la República en la defensa de la reforma educativa. En gran medida, eso explica el intrincado camino del gobernador Cué a la Presidencia de la Conago, que tardó más de dos años en concretarse.

En efecto, vale la pena recordar que desde septiembre de 2014 estaba previsto que el Gobernador de Oaxaca asumiera la presidencia de la Conago. Sólo que, en aquel momento, desde los meses previos diversos intereses se unieron para impactar en contra del gobierno de Oaxaca, y mostrarlo ante la mirada nacional como el único responsable de que hasta entonces no se hubiera podido implementar la reforma educativa en nuestra entidad.

De hecho, esos intereses —en aquel momento del gobierno federal, pero también de varios gobernadores— que se unieron para hacer ver al gobierno estatal como el único responsable de la crisis educativa, ignoraron deliberadamente que en los últimos tiempos fue el gobierno federal quien terminó de empoderar a la 22, cuando en las negociaciones políticas del conflicto de 2006 decidieron cumplir todas las exigencias económicas y políticas del magisterio para que éste se apartara de la revuelta popular.

En esa lógica, quienes presionaron en 2014 para que Oaxaca no figurara en la presidencia de la Conago, pasaban por alto que lo que entonces pasaba la entidad por el problema magisterial no eran sino las consecuencias de años de abandono y desinterés federal por el manejo que dieron sucesivas administraciones estatales a los aspectos administrativos y financieros de la educación que eran de origen federal, y que por ende debieron también estar permanentemente bajo la vigilancia de las autoridades federales.

En ese sentido el gobierno federal tardó mucho tiempo en asumir la injusticia que estaba cometiendo en contra de Oaxaca, al haberle transferido todo el costo político del problema magisterial, cuando en realidad debieron haberlo pagado institucionalmente juntos, porque aún cuando no fueron ni el gobernador Cué ni el presidente Peña quienes le dieron poder a la 22, sí eran ellos quienes tenían el deber no personal, sino institucional, de responder por lo que en otros momentos hicieron los gobiernos que ellos encabezan.

Por eso, hasta mediados del año pasado la decisión sistemática del gobierno se centró en bloquear al gobierno de Oaxaca en cualquier cuestión que pudiera parecer relevante para la vida nacional. Una de las formas en que eso se demostró fue en el bloqueo que aplicaron varios gobernadores, estimulados por la propia federación, para que impidieran el paso del gobernador Cué a la presidencia de la Conago, bajo el argumento de que una entidad débil y emproblemada como la nuestra no sería un buen referente de lo que ocurría al seno de los gobiernos estatales.

Cuánto han cambiado las cosas, que hoy si una entidad cuida el gobierno federal es a Oaxaca, ya que su único baluarte político por el supuesto éxito de las reformas estructurales está precisamente aquí, donde al menos ya lograron contener la fuerza de los trabajadores afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

CONTRASTES

En los dos primeros años de gestión, el gobierno federal trató con mucha soberbia a entidades como la nuestra. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto se sentía lo suficientemente fuerte como para no sólo conseguir las reformas, sino para implementarlas sin el apoyo de nadie.

La primera parte del trabajo lo consiguió a través del Pacto por México, por medio del cual lograron los consensos y las mayorías legislativas que eran necesarias para consolidar las reformas en los ámbitos constitucional y legal. Y, de hecho, el problema no radicó en que tuvieran problemas para implementar las reformas, sino en que las grietas de la corrupción, de la complicidad y del conflicto de interés, mermaron gravemente cualquier grado de legitimidad y credibilidad que pudieran tener, y todo se terminó de agravar con hechos como la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, las revelaciones sobre las mansiones de funcionarios de primer nivel, y el derrumbe de la industria petrolera mundial, que eclipsó los alcances de la reforma energética.

Frente a ese panorama, ¿qué le quedaba al Presidente? Únicamente defender el único bastión que le quedaba a salvo, pero que ellos mismos habían estado socavando a través de su mala relación con el gobierno de Oaxaca. Hasta entonces, el gobierno federal se empecinaba en mostrar al gobierno oaxaqueño como cómplice de la Sección 22 y como promotor del ausentismo en las aulas.

El problema es que una vez que vieron que el fracaso de las otras reformas empujaba también la caída del nuevo modelo educativo con un Oaxaca como paradigma del incumplimiento, decidieron cambiar la estrategia para impulsar la recuperación de la rectoría de la educación. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el gobierno de Oaxaca no tuvo reparo en actuar en consecuencia al interés federal. El gobierno del Presidente de la República no sólo no encontró oposición, sino que halló a un gobierno local ávido de ser escuchado en sus planteamientos y respaldado en su necesidad de replantear la relación con el sindicato magisterial. Solo no podía hacerlo. Pero con el apoyo federal quedaba claro que las cosas podían cambiar sustancialmente.

Todo eso se vio reflejado en la requisa al IEEPO y en la implementación de la reforma educativa federal aún a sabiendas de que no existe una normatividad estatal que complemente las nuevas figuras de la reforma federal. Eso finalmente no ayudó tanto al gobierno federal como sí reposicionó al de Oaxaca, que hoy se presenta como una entidad totalmente distinta a la que se intentaba mostrar hace apenas un año y medio, cuando la obstrucción era la moneda de cambio de la relación del gobierno local con el federal, y con los de otras entidades federativas.

REIVINDICACIÓN

En el fondo, esta es una reivindicación no sólo a Gabino Cué, sino a Oaxaca. En el fondo, eso es lo más trascendente de que el Gobernador haya asumido la presidencia de ese órgano colegiado de mandatarios estatales.

Sección 22: aunque lo niegue, su poder está menguado

seccion22

+ No están en lucha electoral; sus exigencias, de coyuntura

Ayer la Sección 22 sitió la ciudad de Oaxaca pero, aunque lo intentó, no logró hacer la demostración de fuerza que pretendía, y mucho menos el desafío a la reforma educativa que, aunque pobremente, ha mantenido en el discurso. Sí consiguió hacer algunos bloqueos viales; pero según los hechos no hubo aquellas manifestaciones multitudinarias que en otros tiempos organizaban casi en tiempo real. Así, lejos de demostrar fuerza, dejaron ver que carecen de organización, de respaldo de sus bases y de capacidad para incidir en la lucha electoral que ya está en puerta.

En efecto, ayer integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) realizaron bloqueos en carreteras de Oaxaca para presionar al establecimiento de una mesa de negociación con autoridades del Gobierno de Oaxaca. En la capital oaxaqueña, unos 500 maestros bloquearon los cruceros del Periférico y Símbolos Patrios, así como del Parque del Amor.

Asimismo, según la agencia Quadratin, unos 200 maestros bloquearon el crucero del IEEPO, el del Monumento a la Madre y el de 5 Señores, en el sentido rumbo a la Avenida Universidad. Los docentes bloquearon además la carretera internacional Cristóbal Colón, a la altura del puente del PRI. Fuera de la ciudad de Oaxaca, los maestros bloquearon el tránsito en el Puente de Fierro en Tehuantepec, en todos sus sentidos; en Matías Romero, bloqueando el paso Istmo-Cuenca.

En Tapanatepec bloquearon el paso al estado de Chiapas. En Huajuapan, realizaron un bloqueo en el crucero del Chacuaco en la carretera federal 190; en Yucudaa, bloquearon el paso a Tlaxiaco. Por su parte, la Supercarretera está bloqueada a la altura de Nochixtlán. También, los maestros bloquearon la carretera federal 200, tramo Pinotepa-Acapulco, a la altura de la Estancia. Autoridades educativas calculan una participación de 3 mil docentes y personal que busca la regularización.

Con este conjunto de acciones, pareciera que hubo una gran movilización magisterial. Aunque lo cierto es que sólo fueron contingentes relativamente pequeños de profesores los que perpetraron todas las acciones antes descritas. En ese sentido, la apariencia fue que el gobierno decidió ser prudente con los profesores, al no impedir que realizaran los bloqueos. Acaso esto pareció como una forma en la que permitieron que esto sirviera como una especie de válvula de escape para las manifestaciones magisteriales que de todos modos deben ocurrir regularmente.

De hecho, sólo cuando los profesores inconformes comenzaron a tomar acciones violentas, en el crucero del IEEPO, se hizo presente la fuerza pública como una forma también de demostrar que ante la persistencia de las acciones sí podrían entrar en acción. Al final, lo que pareció fue que el gobierno estatal decidió no intervenir directamente en las acciones de la Sección 22, y dejar que sean las disposiciones relacionadas con la reforma educativa las que operen para sancionar a quienes faltaron a clases.

¿Por qué? Porque de inmediato el IEEPO activó diversos canales de comunicación para invitar a la ciudadanía a que realizara la denuncia correspondiente ante el conocimiento de que algún profesor en cada escuela del estado, se ausentó de sus labores docentes para acudir al llamado de la Sección 22. En el fondo, a los gobiernos estatal y federal parece que  tampoco les preocupan mucho las movilizaciones magisteriales, porque según los hechos todas las variables apuntan a que el magisterio demanda atención y no está metida, como en otros tiempos, en la lucha electoral ahora que en Oaxaca todo se prepara para la sucesión de Gobernador, y el cambio de autoridades municipales y legisladores locales.

EXIGENCIAS DE COYUNTURA

Básicamente, la Sección 22 realizó la movilización de ayer para hacer públicas dos demandas: la primera es la instalación de la mesa de diálogo con el gobierno estatal; y la segunda, la exigencia de libertad inmediata e incondicional de los profesores que fueron detenido el año pasado en el marco de la expropiación del IEEPO a la Sección 22. Y de hecho, hubo una tercer demanda implícita: el repudio al anuncio hecho el fin de semana por el gobierno federal, de que tiene tres órdenes de aprehensión más en contra de profesores que retuvieron bienes propiedad del IEEPO, como vehículos y oficinas luego de que se les ordenó entregárselas el año pasado.

¿Qué tiene de particular este conjunto de demandas? Que ninguna trae aparejada, ni implícitamente, la intención de participar o incidir en el proceso electoral, y ni siquiera de constituir una señal de que tienen al menos la intención de tener algún tipo de presencia en éste.

Parece que, en realidad, la Sección 22 enfrenta uno de sus escenarios más adversos al sólo poder demostrar desarticulación, baja convocatoria y, además, una circunstancia en la que el gobierno federal le cambió por completo los factores y las variables de negociación, al pasar del sostenimiento de la paz social y la gobernabilidad en Oaxaca (lo que negociaban todavía el año pasado al más alto nivel), a la demanda actual, casi implorada, de que establezcan una mesa de diálogo con el gobierno estatal, quizá por conducto de la Secretaría General de Gobierno, para plantear algunas cuestiones que evidentemente no pasarían por la negociación de la aplicación de la reforma educativa.

En ese sentido, es significativa la presencia del Secretario de Educación Pública la semana pasada: aquí, a una escuela de la Sección 22, vino a decir que no habrá forma de negociar la reforma educativa y que tampoco se permitirá el condicionamiento de la labor docente a las demandas políticas. Aunque esta fue la respuesta de la Sección 22, quedó claro que ni lejanamente tuvo la fuerza de otros tiempos y mucho menos será capaz de convertirse en una factor para que ahora sí el gobierno estatal, o la federación, decidan establecer canales de comunicación con el magisterio. Al final, parece que su beligerancia sólo los está llevando a abrir al público sus más profundas debilidades actuales.

REHENES

Llama la atención que ahora la Sección 22 ya no denomina como “presos políticos y de conciencia” a los profesores que se encuentra en prisión. Ahora les da la calidad de “rehenes”. ¿Rehenes de quién? Según ellos del gobierno federal. ¿No recordarán que ellos tomaban reiteradamente como rehén a la ciudadanía para —ellos sí— pedir en las negociaciones una especie de rescate? Ahora resulta que el lenguaje del secuestrador, que manejaron permanente, se les vino encima. Increíble.

UABJO: ¿qué variables jugarían para expulsar a los Martínez?

UABJO-Huelga

+ Elección: asunto de cifras y de control del Consejo Universitario


Aunque en apariencia la vida académica en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) reinicia hoy lunes luego de la intervención política de la Secretaría General de Gobierno, intermitencias como ésta las seguiremos viendo durante todas las semanas que medien hasta el día de la elección del nuevo Rector. En la Universidad, la tensión radica no sólo en las revisiones salariales o en el relevo en la rectoría, sino que todo pasa por la supervivencia o expulsión de los Martínez Helmes del poder universitario.

En efecto, hoy en la UABJO prevalece un clima de enrarecimiento, que en gran medida se explica por el aparente agotamiento de las estructuras de poder que representan el rector Eduardo Martínez Helmes y su familia, como principales caciques universitarios. Diversos grupos —algunos ex aliados de los Martínez, y otros disidentes de siempre— tienen la previsión de que por primera vez en varios lustros están en posibilidades de derrotar al grupo liderado por el ex rector Abraham Martínez Alavés, padre del Rector actual y líder moral de dicho grupo.

Eso explica el hecho de que desde hace algunas semanas haya una confrontación abierta entre la rectoría y los grupos con los que se va a enfrentar, y que eso haya derivado en un primer cierre de las instalaciones universitarias, como consecuencia del manotazo del Rector al cesar al Contralor universitario, con lo que comenzó la tarea de cerrar filas para la supervivencia de su grupo en los comicios que se aproximan. El cese tuvo como respuesta el paro decretado por el STAUO. El sábado, gracias a la eficaz mediación del secretario General de Gobierno, Carlos Santiago Carrasco, las partes en conflicto llegaron a un primer acuerdo que, en realidad, podría durar muy poco.

La razón, es que todos enfrentan un problema común: van al relevo de Eduardo Martínez Helmes, y eso hace que cada movimiento sindical, administrativo, académico y político en la UABJO tenga como común denominador los cálculos de cara a su proceso electoral. Tal parece que el grupo que controla hoy la Universidad ya logró la suma de varios grupos que estaban dispersos y que ahora tratarán de aglutinarse para tratar de derrotarlos. Y como en cada elección, en gran medida esto se reduce a un asunto de números, pero también de control de los órganos de gobierno universitario. ¿De qué hablamos?

De que, en un primer repaso, valdría la pena revisar qué tanta población votante tiene cada uno de los grupos que disputarán el poder. Históricamente, las escuelas preparatorias fueron grandes semilleros de votos. El problema es que hoy, casi todas las escuelas de nivel medio superior de la Universidad enfrentan un proceso paulatino de despoblación que pone en riesgo su capacidad de servir, como antes, a los intereses de quienes quisieran manipular la elección.

De este modo, lo que queda ver son las escuelas de nivel superior, y facultades, que siguen siendo numerosas. En la UABJO resaltan, por mucho, las facultades de Derecho, y Contaduría y Administración, que siguen siendo de las más pobladas en la Universidad. En ese sentido, la Facultad de Derecho es el principal coto político de los Martínez. De hecho, de ahí pretenden sacar al actual director, Reynel Vásquez Zárate, para enviarlo como candidato a Rector de su grupo.

Saben que tienen un respaldo de unos 4 mil votos al mantener el control de esa facultad —en buena medida, gracias a los mecanismos de cooptación, corrupción, y tráfico de servicios administrativos, de los que ya hemos hablado en otro momento—; pero no hay certeza de qué otras facultades puedan tener para mantener su control.

En ese se sentido, una de las incógnitas es respecto a la Facultad de Contaduría y Administración, en donde el director, Abel Morales, también quiere ser candidato a la Rectoría, y para ello también pretende contar con el apoyo de los Martínez, ya que nunca pudo construir una estructura electoral sólida que le permitiera alejarse del cobijo político de ese grupo.

Ahí, habrá que ver cómo funciona una posible negociación, primero para que Morales decline a favor de Reynel, y después para que la cauda de votos de esa facultad verdaderamente la dirija hacia el heredero de los Martínez. La duda está en que Morales ha dicho reiteradamente que él será candidato a la rectoría tenga o no el apoyo de ese grupo, aunque más como un capricho y bravuconería, que porque en verdad tenga capacidad de competir. Si finalmente ellos no se arreglan (como parece que ocurrirá), ambos —Morales y los Martínez— tendrán un problema importante para mantener a salvo sus intereses.

EL CONSEJO UNIVERSITARIO

Según la Ley Orgánica de la UABJO, el Consejo Universitario es la máxima autoridad en materia legislativa universitaria, académica, jurisdiccional y electoral en los casos de su competencia. Éste se integra, dice la ley, por el Rector, que será́ su Presidente y tendrá́ solo voto de calidad para el caso de empate. Por el Director, por un profesor y dos representantes alumnos de cada Facultad o escuela; por el Director y un consejero investigador de cada Instituto de Investigación. Así́ como la representación de los trabajadores administrativos que equivaldrá́ al cinco por ciento del total de los representantes de los sectores académico y estudiantil, los que se elegirán de manera proporcional entre los organismos sindicales existentes.

¿Por qué hablar del Consejo Universitario? Porque una cosa es ganar los comicios y otra mantenerse a flote ya en el cargo de Rector. En otras experiencias se vio que aún derrotando electoralmente a un cacicazgo universitario, es posible que éste sobreviva. El caso de Raúl Briseño en la UdG, es paradigmático de cómo el grupo del dueño de esa universidad pública, Raúl Padilla, sobrevivió a un Rector ya en funciones, que desde el poder pretendía ponerle fin a su cacicazgo.

CONTROL

Frente a esto, vale una pregunta: ¿Qué grado de control tienen los Martínez sobre el Consejo Universitario, y sobre los demás espacios de control que pudieran ser determinantes para la subsistencia, o caída, de un Rector que eventualmente pudiera derrotarlos en las urnas, pero no conseguir la gobernabilidad que necesitaría para mantenerse en su cargo? En la respuesta a esas preguntas hay un cúmulo de aspectos que vale la pena continuar analizando en los días y semanas siguientes.

La derrota de Benjamín purgará a los partidos morralla

BenjamínRM

+ Todos los partidos pequeños, en riesgo por atajar 3ª vía


La decisión tomada por el Partido de la Revolución Democrática la noche del miércoles, tendrá efectos irremediables en todas las fuerzas de izquierda y también entre los llamados “partidos morralla”. El hecho de que el PRD haya fustigado al senador Benjamín Robles Montoya, puede generar o la atomización del voto hacia rutas distintas (en un escenario en el que todos pierden) o puede generar una inercia en la que todos resulten beneficiarios de los activos electorales que representa el michoacano.

En efecto, luego de que la noche del miércoles el Consejo Estatal del PRD decidiera que su candidato a la gubernatura será José Antonio Estefan Garfias, Robles Montoya dejó ver la posibilidad de dejar las filas del PRD y emprender una nueva ruta rumbo a los comicios de junio próximo. Hasta ayer no había especificado cuál, o cuáles, serán sus rutas posibles. Lo único que reiteró es que de todos modos estará en la boleta electoral del 5 de junio. Eso, lo mismo puede ser un bien planeado “plan B”, que su ruta hacia la nada. Vale la pena analizar los escenarios.

De entrada, un aspecto que debe estar bien clarificado es si el proceso electivo del PRD fue verdaderamente estatutario, o si fue una selección fáctica. ¿De qué hablamos? De que desde antes de que iniciara el proceso de selección del candidato perredista, Robles estaba reticente de participar porque sabía que una vez inscribiéndose al proceso interno perredista, quedaría automáticamente imposibilitado de participar bajo algún otro membrete partidista si finalmente pasaba lo que se consumó el miércoles.

En ese sentido, nunca quedó del todo claro cuál fue la negociación o la razón por la que de repente Robles se vio muy dispuesto a participar en dicho proceso de selección, a pesar de que uno o dos días antes había manifestado su recelo por los “dados cargados” que reiteradamente denunciaba a favor de su adversario en la carrera perredista. Sólo se anunció que Robles aceptaba participar en el proceso, y se dijo que el método sería a través de la demostración de competitividad electoral.

La Asamblea de anteayer dejó en claro que esa condición (que se supone que era regla fundamental del proceso) no se cumplió, y eso no fue óbice para que el PRD estableciera que Estefan es su candidato. ¿Qué significa eso? Que esa inexactitud entre lo prometido y lo hecho, bien puede ser la referencia de que todo pudo haber ocurrido con base en reglas fácticas entre los participantes en dicha selección, pero sin ser éste un proceso estatutario sancionado ante la autoridad electoral, y por ende sin vincular a los participantes a las reglas establecidas en las normas electorales.

Sólo de esa forma pudiera ocurrir que Robles Montoya lograra brincar libremente a otro partido luego de este periplo. Sin mucha congoja, ayer Robles anunció que buscará una ruta alterna y sólo se limitó a establecer que lo hará a través de su campaña “Unir Oaxaca”. Y como esa asociación no es un partido político, entonces vale la pena preguntarse si no buscará seguir el camino de un candidato sin partido, o si aún tiene ases bajo la manga para ser postulado por las fuerzas minoritarias, a las que también les daría un respiro.

BRINCO, ¿A DÓNDE?

Por estos mismos días, el Movimiento de Regeneración Nacional oficializó que Salomón Jara Cruz será su candidato a la gubernatura. Algo similar ocurrió en el Partido Social Demócrata: el diputado local Manuel Pérez Morales, rindió también protesta como abanderado a la gubernatura por dicha fuerza política. Los únicos partidos que faltan por definir a sus candidatos son Movimiento Ciudadano y Unidad Popular.

Todos esos partidos enfrentan un problema común: la malograda Ley de Instituciones Políticas y Procedimientos Electorales —que fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 5 de octubre pasado— establecía los partidos de composición indígena (como al menos se asumen el PSD y el PUP) tenían que cumplir con el dos, y no con el tres por ciento de la votación total para mantener su registro.

Al ser invalidada dicha norma, éstos también tendrán que cumplir con el nuevo mínimo de votación del tres por ciento, para mantener su registro y prerrogativas. Y el problema es que todos los partidos minoritarios que no se sumaron a alguna coalición (como el Verde y Panal que se unieron con el PRI, o el PT que se unió al PRD y PAN) hoy están más cerca que nunca de desaparecer al tener que demostrar la obtención de 50 por ciento más de votos que respecto al último proceso electoral estatal.

En ese sentido, Robles sería un respiro para todos si decidieran ir en una candidatura común, o si de alguna forma les sirviera el capital político del michoacano para mantenerse en la lucha electoral. En esto, la ecuación sería provechosa para todos, porque Robles cumpliría su cometido de aparecer en la boleta electoral (ya sin ninguna posibilidad de ganar), y esos partidos, a cambio de abrirle la puerta, tendrían como premio una votación superior al tres por ciento para mantenerse como institutos políticos con registro.

Evidentemente, ninguno de estos escenarios es sencillo. Tendrían que optar por candidaturas comunes, hacer cambios de candidatos y ajustar todo para poder participar cobijando a Robles Montoya. Quién sabe si la decisión tomada por el PRD regrese a Robles al estado de humildad que abandonó hace tiempo cuando se creyó invencible. Pero lo cierto es que las vías para aparecer en la boleta tampoco son tan variadas, ni tan sencillas como pudiera parecer en un primer momento.

Por eso, si nada de esto ocurre, y Robles se tira a ser un candidato sin registro, entonces todos juntos estarán en riesgo: él será un candidato “de chocolate” (que en el lenguaje infantil significa “el que participa pero no cuenta”) y prácticamente todos los partidos morralla estarían en un altísimo riesgo de desaparecer ante las nuevas exigencias electorales impuestas por la reforma política nacional. Pronto lo sabremos.

PROFECÍA

Habría que desempolvar la llamada filtrada entre Ulises Ruiz y Hugo Scherer: ahí hablan de “mandar” a Robles a la candidatura de Movimiento Ciudadano. Han pasado muchas cosas desde entonces. Pero junto con el PUP, MC es uno de los que aún no ha hecho una sola definición respecto a sus candidaturas. ¿Será que aquellos tuvieron boca de profeta o son simples casualidades?

Por indefinición, el PRD pone en riesgo uno de sus últimos bastiones

PRD

+ Perder Oaxaca significaría doble derrota; crisis actual así lo augura


 

Hasta las primeras horas de la tarde de ayer, se veía como una posibilidad lejana que pudiera ocurrir un gran acuerdo en el Consejo Electivo del Partido de la Revolución Democrática, y que por ende de éste pudiera emanar un candidato a la gubernatura único, legitimado y fortalecido. Los jaloneos, las acusaciones de fraude, y las filtraciones, le dieron el ingrediente de inestabilidad que le hacía falta al proceso interno del perredismo oaxaqueño. Quizá lo que no han dimensionado, en Oaxaca y en el Comité Nacional, es que poner en riesgo esta gubernatura significa afianzar su derrota global en los comicios estatales del presente año.

En efecto, ayer se convirtió en noticia nacional la trifulca ocurrida en el hotel donde se realizaría la sesión del Consejo Estatal del PRD en el que se definiría la candidatura de ese partido, y de la coalición PAN-PRD-PT a la gubernatura del estado. La gresca era previsible ya que desde la semana pasada el equipo de campaña del senador Benjamín Robles Montoya denunció que el Comité Estatal del PRD orquestaba un fraude a través de la alteración de la lista de consejeros electores que participarían en la sesión para definir al Candidato a Gobernador.

Por eso, ayer que se instaló el Consejo, hubo jaloneos desde el momento mismo en el que se abrieron las mesas de registro, por el diferendo que ya existía entre quienes se supone que estaban legitimados para participar, y quienes pretendían no abrir el listado para que, a partir de eso, pudieran manipular los nombres y la asistencia de quienes debían participar en la asamblea. Hasta ya muy entrada la tarde, no había certeza del momento en que pudiera llevarse a cabo la elección del candidato, e incluso si habría de ocurrir la sesión. Pasado el mediodía, el dirigente nacional, Agustín Basave, había instalado el Consejo pero decretado un receso indefinido.

En todo esto, el PRD enfrenta un problema mayúsculo que en buena medida tiene que ver con la incertidumbre que generan sus propias reglas políticas. Desde hace varias semanas, los dos precandidatos a la gubernatura, José Antonio Estefan Garfias y Benjamín Robles Montoya, establecieron sus estrategias, excluyentes, para tratar de hacerse de la candidatura. ¿Qué hicieron?

El primero optó por generar todo tipo de acercamientos con los consejeros estatales que participarían en la sesión de ayer, para tratar de afianzar su voto. Por esa razón, a Estefan Garfias se le vio en los últimos días tratando de desmenuzar la integración del Consejo Electivo para poder asegurar desde ahí su triunfo. Por su parte, Benjamín Robles Montoya estableció una estrategia basada en la consolidación de sus apoyos en las esferas nacionales del PRD. Por eso, a ambos se les vio particularmente dedicados a ciertas tareas en las últimas semanas, pero fuera de las labores proselitistas “normales” que habían desplegado en los meses anteriores para congraciarse con la militancia.

¿A qué le apuestan? Estefan, le apostará todo a tener un Consejo Estatal afín que le permita, desde ahí, contar con una mayoría desahogada que lo ubique en la candidatura; Robles Montoya parece apostarle a que en el Consejo Estatal no exista un acuerdo sólido, y entonces la decisión se traslade al Comité Ejecutivo Nacional, donde tiene un respaldo soportado por varios de los “notables” perredistas.

Al final, ambas parecen estrategias prósperas aunque sin capacidad de generar el consenso necesario para evitar las rupturas. En eso se basa el riesgo que hoy corre no sólo el perredismo oaxaqueño de allanarle la victoria a sus adversarios, sino todo el perredismo del país ante la posibilidad de perder uno de sus semilleros de votos. En el fondo, si pierden Oaxaca estarán alejando aún más cualquier posibilidad de revivir electoralmente en el 2018.

RIESGO NACIONAL

La crisis que vive el PRD no se acabó con la llegada de Agustín Basave. De hecho, su arribo lo único que hizo fue modificar el esquema de conflictos con los que debía lidiar. El hecho de haber cancelado las alianzas en Puebla y Tlaxcala, tuvo como telón de fondo el acuerdo tácito de los respectivos comités nacionales PAN y PRD, de dejar perder esas dos gubernaturas en aras de atajar los intentos de asalto del gobernador poblano Rafael Moreno Valle. En la suma y resta de gubernaturas y votos, eso los conmina a redoblar sus esfuerzos en las gubernaturas por las que aún irán juntos. Destaca en ello los casos de Veracruz y Oaxaca.

En el caso de Veracruz, sorprendentemente las cosas se las ha facilitado de forma excepcional el impresentable gobernador Javier Duarte de Ochoa, que hoy se encuentra en el pináculo del repudio de su propio partido. El PRI sabe que tiene un serio riesgo de perder la gubernatura y por eso su decisión de postular a un candidato adversario interno de Duarte. Héctor Yunes Landa, sin embargo, tendrá que cargar con el peso de una candidatura que también está desacreditada por el desgaste priista en aquella entidad. Por eso, si la alianza PAN-PRD capitaliza bien el descontento de los veracruzanos sí podrá agenciarse esa victoria.

En el caso de Oaxaca, nada ha complicado más la posibilidad de mantener la gubernatura que los propios enredos de los perredistas. El punto crítico de esta situación, la da el hecho de que si las consecuencias de la decisión tomada eventualmente la noche de ayer, no es controlada con rapidez y capacidad de acuerdo, entonces se generará un cisma (de cualquiera de los dos candidatos) que lo único que provocará es la derrota estrujante para su escenario nacional.

Oaxaca fue en el pasado reciente, un semillero de votos para el PRI. Pero una vez que el PRD le arrancó la gubernatura a los tricolores, ha sido un inyector incansable de votos para las causas que han apoyado. López Obrador como candidato presidencial, lleva dos victorias arrasadoras en la entidad. Con todo, la coalición en Oaxaca no ha perdido su presencia en los espacios legislativos y hay una representación aún robusta en las cámaras federales. Todo eso, en el fondo, es consecuencia del triunfo electoral de Gabino Cué en 2010. Y si no sopesan bien su situación, este podría ser el principio del fin del reinado perredista en la entidad.

DE TRAICIÓN EN TRAICIÓN

¿Cuánto faltará para que, de nuevo, Hugo Jarquín se vaya del PRD a hacerla de esquirol en la contienda por la presidencia municipal de la capital?

Martínez Alavés cosecha en la UABJO los frutos de su soberbia

Helmes

+ Atropelló a todos; centralizó el poder; hoy, la mayoría lo rechaza


 

La crisis política por la que atraviesa la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (UABJO) no radica en un conflicto de orden laboral y, de hecho, ni siquiera en el solo hecho de la sucesión en la rectoría. El problema, en realidad, tiene como tema de fondo la purga que diversas expresiones universitarias pretenden hacer del clan Martínez Helmes, que a fuerza pretende retener el poder que no supieron mantener con base en el liderazgo. Hoy, por eso, la Universidad enfrenta un problema que sólo se resolverá en la medida en que se resuelva esta medición de fuerzas.

En efecto, desde la semana pasada el rector Eduardo Martínez Helmes ha dado claras muestras de desesperación frente a sus adversarios. La semana pasada cesó de forma fulminante al titular de la Contraloría universitaria, Pedro Rafael Martínez Martínez. Lo hizo sin ninguna justificación y —como se apuntó en este espacio la semana pasada— más bien como una revancha por las maniobras que comenzaba a realizar el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Oaxaca (STAUO) para abordar la carrera por la sucesión universitaria. Esa fue la primera escaramuza en una contienda que esta semana ha escrito nuevos capítulos. ¿De qué hablamos?

De que en aquel momento el rector Martínez Helmes cesó al contralor Martínez Martínez como una forma de amagar al grupo que, desde el STAUO, pretende apuntalar al secretario de Administración universitario, Silviano Cabrera Gómez, como la alternativa al clan de los Martínez en la carrera sucesoria. La respuesta no sólo del STAUO, sino de diversos grupos, fue la del cierre de la Universidad, decretado desde el lunes pasado y que no tiene para cuándo terminar. La demanda central que plantean es la restitución de los trabajadores despedidos, cuestión en la que evidentemente no cederá el Rector.

En esa lógica, ayer ocurrió un episodio de violencia que vale la pena analizar. Antes del mediodía, un grupo de porros intentó reventar el plantón que mantenían trabajadores afiliados al STAUO en la Escuela de Arquitectura de Cinco de Mayo. En las imágenes de la refriega, se pueden observar no sólo a porros a sueldo como “el Chente con lentes” o “el sonrics”, sino también al mismo secretario General del Sindicato Universitario de Maestros —reducto sindical de los Martínez Helmes—; en las imágenes, al lado de éste se encontraba Gabriel Pizarro Castillo, caudillo de la Preparatoria Uno.

¿Por qué todos esos personajes —no todos porros— participaron en los actos de violencia con los que se pretendía reventar el paro decretado por el STAUO? En el fondo, todo apunta a que el ex rector, y líder moral del clan Martínez, Abraham Martínez Alavés, está desesperado porque diversos grupos que hoy están generando oposición, antes eran parte de los que le daban fuerza. Específicamente, una parte importante del STAUO —que hoy está en paro— era uno de los que principalmente proporcionaba estabilidad al rectorado de Martínez Helmes. Hoy, lo evidente es que dejaron de comulgar con su causa, y que por ende no los van a apoyar para continuar detentando el poder.

Frente a este escenario, habría que preguntarse ¿qué pasó, y por qué el distanciamiento de los grupos con el clan Martínez? La respuesta, apuntan quienes conocen la política universitaria, de entrada se encuentra en el hecho de que hoy los Martínez Helmes pretenden retener a golpes lo que paulatinamente fueron alejando y enconando con sus actitudes soberbias.

Señalan que, por ejemplo, desde hace tiempo son bien conocidas las vociferaciones del propio Abraham Martínez Alavés, que en público y en privado reprendía a los líderes de las expresiones universitarias afines, exigiéndoles incondicionalidad a ciegas sin ofrecerles alternativas o espacios dentro de la Universidad. Los mismos hechos han dejado en claro que lejos de generar un liderazgo horizontal e incluyente, los Martínez Helmes privilegiaron al clan familiar, y a los verdaderos e incondicionalmente sometidos, en todos los espacios de relevancia dentro de la UABJO desplazando a quienes les habrían permitido mantener los equilibrios.

Sólo de esa forma se explica que, ni siquiera por la decisión del Rector, sino de Abraham Martínez Alavés, hoy el liderazgo de SUMA se encuentre en manos de Héctor López; que en la Facultad de Contaduría y Administración esté Abel Morales; que la Facultad de Derecho esté en manos de Reynel Vásquez Zarate; en Idiomas su sobrina Keila… y así, una lista interminable de personajes que lo único que tienen en común es la incondicionalidad con los Martínez Alavés.

EL TOTALITARISMO

Apuntan los propios universitarios que, ya metidos en esa dinámica, en los últimos años los Martínez Helmes —y particularmente el patriarca Abraham Martínez Alavés, que nunca tuvo pudor en demostrar su ejercicio de poder tras la silla del Rector— no tenían ningún empacho en ejercer un totalitarismo escalofriante. A los que señalaban errores y hacían críticas al interior, eran señalados como desleales. En sus palabras, sostienen, los que se atrevieron a ser críticos fueron calificados como “chuecos”.

Eso, señalan, le dio al traste a un proyecto que hace doce años decía tener como proyecto universitario, acabar con el porrismo y construir la prosperidad académica. Finalmente, todo apunta a que el clan de los Martínez Helmes sucumbió por completo ante las tentaciones del dinero, del poder y del caudillismo, como en los tiempos de Niño de Rivera, de Nahúm Carreño, de Leticia Mendoza Toro. En el fondo, todo apunta a que este rectorado terminará siendo un émulo de aquellos viejos caudillos.

DÍA CLAVE

Ayer, con toda la parafernalia priista de una operación cicatriz que está cumpliendo su cometido, Alejandro Murat fue ungido formalmente como el candidato priista a la gubernatura de Oaxaca. La gran incógnita está en el PRD, que hoy se juega su futuro en un escenario que de alguna forma parece un perder-perder. Si finalmente el PRD le apuesta a la decisión basada en las reglas que ellos mismos fijaron, perderán el apoyo del Estado en Oaxaca; si apuestan por respaldar al grupo gobernante, provocarán un cisma histórico de ese partido que, además, tendrá como destino o la nada, o la contra. En la Asamblea de este día, el PRD tiene dos escenarios: o revientan el quórum, o revientan la sesión. El fantasma, en todos los escenarios, es la violencia. Nubarrones por todos lados, sea cual sea la decisión.

Escándalo en la SFP debe marcar la pauta de la función pública

Harrods

+ No se trata de pasar límites, sino del sentido del servicio público


 

Las revelaciones hechas la semana pasada por la Agencia Reuters, sobre cómo varios funcionarios de la Secretaría de la Función Pública gastaban sus viáticos en comidas, bebidas y demás extravagancias en sus viajes de trabajo al extranjero, es un botón de muestra del nivel al que se debe llevar la función pública, en el que ya no sólo se trate de no rebasar los límites, sino que dentro de ellos se actúe con sentido de responsabilidad.

En efecto, Reuters reveló que en una cena con champán, caviar y salmón ahumado en la exclusiva tienda departamental Harrods fue como Hilda García, una funcionaria anticorrupción, gastó parte de sus viáticos de 450 dólares diarios en Londres el año pasado. Otro funcionario de la Secretaría de la Función Pública, Jorge Pulido, enviado a una conferencia a Kuala Lumpur, hizo una escala en Fráncfort, donde se las arregló para gastar más en taxis y comidas, que en sus seis días de estancia en un hotel de Malasia. Otro empleado más de la SFP, Alejandro Bonilla, viajó a Hawái para las negociaciones del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), y disfrutó tanto de los calamares en su hotel en Kona que comió tres rondas en 24 horas.

Sobre esto, Alejandro Bonilla le dijo a Reuters que su trabajo en la unidad de contratación pública de la secretaría significa que tuvo asistir a eventos tales como negociaciones del TPP, que incluyeron dos reuniones en Hawái y otra en Guam el año pasado. En tanto que Jorge Pulido, jefe de asuntos legales de la SFP, que desembolsó más de 500 dólares en dos taxis y dos comidas en Fráncfort de camino a una conferencia contra la corrupción en Kuala Lumpur, dijo que las comidas y taxis en la ciudad alemana son caros y que no gastó más de 450 dólares por día durante su viaje de dos días.

Quien fue más allá —y revela el poco pudor sobre lo que debiera significar la función pública en un gobierno con más sentido de responsabilidad frente a sus gobernados, que evidentemente no lo es el federal— fue Hilda García, la funcionaria que cenó en Harrods, que entregó la mayoría de sus recibos. Una de sus otras comidas fue en Starbucks, señaló, y ella consideró que la comida en Harrods fue como una recompensa después de un duro día de trabajo que involucró complicadas reuniones con lenguaje técnico en inglés. “No tenemos el lujo y el privilegio de comer en Harrods todos los días”, agregó.

¿Por qué esto debiera escandalizar, aunque fue aceptado por la Función Pública? Porque en su visión abrumadoramente formalista y proteccionista del actuar “legal” aunque poco ético de los funcionarios, la dependencia dijo que no se habían transgredido ninguno de los parámetros de la normatividad que rige estos procesos, debido a que ninguno de los tres funcionarios aludidos había sobrepasado el presupuesto de 450 dólares diarios que la dependencia les entrega por concepto de viáticos cuando viajan al extranjero.

En ese sentido, pareciera entonces que la lógica correcta sería la de gastar los 450 dólares discrecionalmente y no bajo el concepto de austeridad y eficiencia, que son principios básicos que rigen la función de los servidores públicos cuando tienen encomiendas oficiales. Incluso, bajo esa misma lógica parecería hasta un tonto el también empleado de la Función Pública, Jaime Cerdio, quien según la nota de Reuters fue más austero, ya que en un viaje a Washington, vivió de emparedados de 10 dólares y refrescos que compró en el local Safeway y regresó casi una tercera parte de sus viáticos, reponiendo a las arcas del Gobierno más de mil dólares.

Si esa estrecha lógica gubernamental aplicada por la Secretaría de la Función Pública fuera la correcta, entonces no habría por qué escandalizarse si un funcionario, en el desempeño de una comisión oficial en el extranjero —o donde fuere— entregara a su regreso, tickets o facturas de consumo de un prostíbulo o de un centro nocturno, porque no se sobrepasó de lo que podría gastar. En los servidores públicos no sólo se trata de que gasten legalmente los recursos que tienen a su disposición, sino que lo hagan siempre de la forma más racional posible.

CAMBIO DE VISIÓN

Es una tragedia que la dependencia encargada de vigilar la actuación de los servidores públicos, se encuentre voluntariamente supeditada a la realización únicamente de juicios legales y no éticos o morales. En el caso de la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto, o de la casa que grupo Higa le vendió de forma preferencial al secretario de Hacienda, Luis Videgaray, pudo no haber habido la comisión de delitos o de faltas administrativas. Pero sí fue evidente —y por eso tal juicio quedará asentado en los anales de la historia— es la inmoralidad que representa la ventaja para la adquisición de esos predios, a partir de las responsabilidades que desempeñaban en el momento de adquirirlas.

En ese sentido, resulta inaceptable que la lógica gubernamental apunte a que si no se cometen faltas legales entonces no hay nada que condenar. Al final, la función pública está compuesta por los aspectos legales, que son fundamentales, pero también en reglas de conducta, que si bien se encuentran en el ámbito de los convencionalismos sociales, también deben ser aplicadas y exigidas en la misma medida que los temas estrictamente legales. Por esa razón, es hasta trágico que toda conducta no encuadrada específicamente en la violación a un reglamento, sea aceptada por las propias dependencias gubernamentales, como si el desempeño de un funcionario fuera un asunto de claros y oscuros, sin matices de por medio.

¿Qué debiera esperarse entonces, en este caso? No sólo que la Función Pública sancione o repruebe —al menos moralmente— a los servidores públicos que incurrieron esa conducta, sino también que establezca no sólo parámetros jurídicos, sino también éticos, de cómo deben actuar los servidores públicos. Por algo, en el mundo existen las comisiones de “honor”… aunque en el caso de México la gran mayoría de las veces no pasan de ser adornos para cubrir un requisito sobre el que nadie está preocupado.

CUENTA REGRESIVA

En el PRD hay una verdadera tensión por la definición de su candidato. A escasas 24 horas de que venza el plazo para hacer el anuncio oficial parece que aún no hay los consensos necesarios para la unción de un candidato. ¿Les ganará el cisma?

Defender la denominación mezcal es un asunto cultural

Mezcal Convite

+ Se deben idear estrategias de defensa legal vs NOM-199


Demasiado interesados en los asuntos coyunturales, muchos no hemos reparado en que el gobierno federal se encuentra en vías de consumar un despojo cultural no sólo a Oaxaca, sino a varias entidades del país que producen mezcal. Existe un proyecto de Norma Oficial Mexicana (la NOM-199-SCFI-2015) que establece que todos los destilados de agave que se produzcan fuera de los territorios comprendidos en alguna denominación de origen, tendrán prohibido utilizar la palabra “mezcal” y también quedarán impedidos de señalar en sus etiquetas que la bebida tiene como origen el agave, y que en su lugar deberán utilizar la denominación “komil”. Esto, a todas luces es un atropello que debe ser impedido.

En efecto, desde hace meses se habla en algunos círculos sociales y empresariales de ese polémico proyecto de Norma Oficial Mexicana (NOM), y aunque originalmente hubo desinformación y “teorías” sobre la intención que tendría esa NOM sobre la regulación del mezcal o el tequila, la socialización y la revisión de dicho proyecto han dejado claras las intenciones: el gobierno mexicano quiere acotar el uso de las palabras “mezcal” y “agave”, para equipararlas con marcas registradas, y reservarlas para el uso exclusivo de quienes se encuentran dentro de una región con denominación de origen, y en regla con los procesos de certificación. Para entender todo esto, vale la pena ir por partes.

Por un lado, las denominaciones de origen son declaratorias de protección del nombre y características de un producto, en una determinada región. Está, por ejemplo, la talavera o el chile habanero, que tienen sus respectivas denominaciones en el estado de Puebla y en la península de Yucatán. En el caso de los destilados de agave, hay varias denominaciones de origen. Una de ellas es la del tequila, otra la del mezcal, y existen dos más: el sotol y la bacanora, que son bebidas que también se producen del agave pero en otras regiones del país.

En el caso del tequila, su denominación de origen comprende 181 municipios de cinco estados de la República Mexicana: Jalisco con sus 125 municipios, Nayarit con 8, Guanajuato con 7, Tamaulipas con 11 y Michoacán con 30 municipios. Solamente en esos municipios se puede cosechar y utilizar la materia prima, agave tequilana weber variedad azul, para la producción de Tequila. Y ninguna otra bebida alcohólica producida en el país, o fuera de él, puede ostentar el nombre Tequila.

En el caso del mezcal, la Denominación de Origen Mezcal (DOM) comprende regiones de nueve entidades del país; esas entidades son Oaxaca, Michoacán, Puebla, Guerrero, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Zacatecas y Durango. El problema es que la DOM establece la protección por regiones. En el caso de Oaxaca establece que la protección abarca particularmente las regiones de Tlacolula, Sola de Vega, Yautepec, y Miahuatlán.

De este modo, aunque la entidad tiene denominación de origen, no todas las regiones están protegidas. Así, por ejemplo, las amplias zonas mezcaleras de la mixteca oaxaqueña han tenido grandes dificultades para acceder primero al uso de la denominación de origen, y luego al proceso de certificación, que muchas veces es rechazado por cuestiones económicas pero también culturales, que debieran ser tomadas en consideración.

KOMIL Y EL DESPOJO

No sólo son los estados con denominación de origen, los que producen mezcal. De hecho, en México, existen registros de que unas 27 entidades del país han producido mezcal desde la época virreinal, que se trajo al territorio actual de México la tecnología necesaria de alambiques para la destilación del mosto del agave. Si consideramos que sólo regiones de nueve entidades del país tienen DOM y podrán seguir utilizando las palabras “mezcal” y “agave” en sus etiquetas, entonces el resultado es un enorme despojo a todas las regiones mezcaleras del país que ya no tendrán la autorización para seguir usando ambos términos, que son parte de su cultura.

En ese sentido, vale también entender algo más: el otorgamiento de una denominación de origen se basa esencialmente en que el gobierno y los productores de la región que la pretende, demuestre que el producto cuya denominación se pretende proteger, es consecuencia de su herencia cultural, que ha sido elaborado bajo ciertas condiciones por un periodo determinado de tiempo, y que su calidad o características dependen de los factores naturales, humanos y geográficos de dicha región.

Así, considerando lo anterior, lo que se desprende en el caso del mezcal, es que la denominación de origen protege a quienes lo han solicitado, pero que hay mucho más mezcal en México que el que se encuentra contemplado en la DOM. Por eso, en este caso, ni están en la DOM todos los estados mezcaleros que existen; ni los que se encuentran protegidos por la Denominación de Origen Mezcal, son todos los que deberían estar.

Frente a todo esto, hay algo irrefutable: que el mezcal es, además de una bebida alcohólica, un producto cultural de México. Y lo interesante que plantea este caso, es que una vez que se consolide la aprobación de la NOM-199 que pretende obligar a todos los productores de mezcal que se encuentran fuera de las denominaciones de origen, a utilizar la palabra “komil” en lugar de “mezcal”, lo que habrá de esperarse son las estrategias de defensa legal que se promuevan ante los tribunales del país para evitar este despojo.

Habrán varios argumentos centrales que desde ahora se prevé que serán parte de la discusión. Uno de ellos, es que muchísimas comunidades indígenas podrán argumentar, en contra  NOM-199, que la denominación “mezcal” de su producto es un elemento integrante de su identidad cultural, y que por tanto su derecho a denominarlo como ellos lo han llamado siempre, es un derecho tutelado por la Constitución y la legislación internacional en materia de derecho indígena.

Otro argumento, también con amplias posibilidades de prosperar, es el relativo a que una decisión como ésta tendría que pasar, necesariamente, por un proceso consulta, contemplado para las comunidades indígenas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, cuando el Estado prevea aplicar medidas legislativas o administrativas (como en este caso) susceptibles de afectarles directamente.

UNIRSE, EL RETO

Lo único que podría derrotar a quienes serán despojados por este absurdo intento del Estado, es la desunión. Plantear una defensa legal sólida y unificada será el único camino para impedirlo.

El Congreso tropieza consigo mismo al no ratificar a funcionaria

Sesión

+ Desaprobar un nombramiento los corresponsabiliza del resultado


Ayer el pleno del Congreso del Estado decidió no ratificar la propuesta enviada por el gobernador Gabino Cué de nombrar a Aida Valencia Ramírez como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del gobierno estatal. Con esta decisión, inédita en la vida institucional de la entidad, en realidad la Legislatura dio un brinco arriesgado que lejos de beneficiarla, o fortalecerla, la pone en la picota de las corresponsabilidades por el nombramiento de los funcionarios.

En efecto, sin siquiera ofrecer algún tipo de razonamiento o explicación que fundamentara el sentido de la decisión tomada, la LXII Legislatura decidió la no ratificación de Valencia Ramírez. Esto sorprendió incluso a quienes dentro del Congreso suponían que —tomando en cuenta el antecedente de Alberto Esteva Salinas, que fue ratificado como Secretario de Seguridad Pública a pesar del desacuerdo de muchos legisladores— sólo ante un caso verdaderamente extraordinario podría ocurrir la posibilidad de no ratificar una decisión del Gobernador respecto de su gabinete.

Esto ocurrió, inusitadamente, frente a una situación y una propuesta que en realidad no revestía mayor trascendencia ni para el gobierno —que está en pleno de cierre de ejercicio— y tampoco para el rubro de la política social, ya que la Sedesoh tiene programas sociales ya muy encaminados. Con eso, ahora el Congreso tendrá también que repensar la importancia de haber tomado, y quizá volver a hacerlo después, una decisión que sí tiene cierto grado de complejidad. ¿Por qué?

Básicamente porque esta podría ser una muestra de la crisis que puede generar la intervención inopinada del Legislativo en las decisiones que se encuentran en la potestad del Poder Ejecutivo. Es cierto que fue el propio gobernador Cué quien propuso el mecanismo de ratificación de todos los funcionarios del gabinete legal, como una forma de equilibrar el poder, y como una muestra de voluntad democrática.

En congruencia, por eso que ayer mismo el Gobierno del Estado anunció su decisión de no inconformarse ni de recurrir la decisión tomada por el Congreso. Lo grave en esto es que la Legislatura haya tomado una decisión de esta magnitud como una forma de berrinche o de demostración de poder al Gobernador, y con eso esté interviniendo indirectamente en el campo de la administración pública, que no es su función.

La razón es evidente: se supone que la ratificación de los integrantes del gabinete, tiene una función de “vigilancia legislativa” sobre las decisiones que toma el Gobernador. Ésta debiera ser una herramienta jurídica de uso muy cuidadoso por el solo hecho de que una no ratificación significa una intervención directa en las funciones que no le tocan al Congreso, y que tienen que ver con las tareas de gobierno.

Por eso, se supone que la ratificación es como un mecanismo extraordinario de control cuya eficacia tendría que ponerse a prueba en el caso de que el nombramiento hecho por el Ejecutivo fuera verdaderamente peligroso para el interés público o que —como en el caso de Esteva Salinas, a quien sí ratificaron los diputados— el nombramiento recayera en una persona cuya fama pública, probidad, o antecedentes personales constituyeran un riesgo para las funciones o patrimonio del Estado.

CORRESPONSABLES

La ausencia de razonamientos o explicaciones sobre la decisión tomada, pone al Congreso local en el espacio de las corresponsabilidades. Cuando el Congreso ratifica a los funcionarios propuestos por el Mandatario, no es responsable el Legislativo de sus buenos o malos resultados, ya que quien está ejerciendo en realidad la función administrativa, y está asumiendo el costo de los aciertos o errores de sus funcionarios, es el Mandatario.

Por eso, lo común es que el Congreso haga la función de ratificación casi en automático porque se asume que el costo de las decisiones está en el campo del Ejecutivo, y que en el marco de la división de poderes, un acto como ese sí constituye una intervención en el ámbito de otro poder. Esto ocurre, incluso, en el ámbito federal, respecto a los empleados superiores de Hacienda, el Procurador General de la República (hasta antes de la reforma) y los demás funcionarios que la Constitución establece que deben ser ratificados por el Senado. Éste difícilmente considera la posibilidad de no ratificar, porque sabe que al vetar a un funcionario entonces sí se crea un vínculo de corresponsabilidad.

¿Qué sigue? Dice el artículo 88 de la Constitución: “El nombramiento de los secretarios de despacho lo realizará el Gobernador del Estado y será ratificado por el Congreso en pleno o por la Diputación Permanente en un plazo improrrogable de diez días naturales; si no resolviere dentro de dicho plazo, el nombramiento quedará ratificado. En caso de que el nombramiento del que se trate fuera rechazado por el Congreso del Estado, dentro de los siguientes diez días, el Gobernador del Estado hará una nueva propuesta; en caso de ser rechazada, el Gobernador hará libre y directamente la designación del Secretario de despacho. El Gobernador del Estado tendrá en todo momento la facultad de remover y cambiar libremente a los Secretarios de despacho”.

Esto es: el Ejecutivo no podrá volver a proponer a la misma persona que ya fue rechazada. El Congreso podría volver a rechazar la propuesta y abrir con eso la puerta para que se hiciera una designación libre. Mientras cualquiera de esas cosas pasa, lo cierto es que el Congreso ya se introdujo —sin una necesidad evidente, y más bien parece que lo hizo sin considerar las implicaciones de la decisión— en un espacio en el que debió haber evitado meterse.

Al final, también sería provechoso —si la diputación local dejara la abulia que la caracteriza— repensar dicha facultad y considerar la posibilidad de eliminarla. Pues no ha servido como control al Ejecutivo (el caso Esteva Salinas lo demuestra) y tampoco ha sido un “botón de pánico” frente a nombramientos controvertidos. El desaprobar a una funcionaria que no revestía una cuestión toral para el gobierno, sólo los ubica en una posición por demás cuestionable.

HELMES, A MORENA

Tal parece que esa es la intención —que cada se parece más a un sueño “guajiro” —: que una vez que termine su rectorado, Eduardo Martínez Helmes sea ungido como diputado por Morena. ¿Pondrá como carta de presentación para buscar la postulación, los intereses de su cacicazgo familiar en la UABJO?