+ Detenciones con fines políticos; “cazados” por sus cuentas con el fisco

La detención de los dos principales líderes de la Sección 22 del SNTE marcará un punto sin retorno en la relación del Estado mexicano con el sector radical de los trabajadores de la educación. De nuevo, el gobierno mexicano echó mano de sus poderosas herramientas fiscales para resolver un asunto político. Y al margen del radicalismo y las necedades propias de la 22, ello debiera también abrir un debate importante sobre el uso abierto de herramientas legales con fines políticos, en esta época en la que el mismo gobierno lucha por hacerle creer a la ciudadanía que se vive en un Estado de Derecho.

En efecto, todo eso hace necesario un análisis más profundo que el de la sola satanización de uno u otro bloque. Pues ante los hechos, es de un simplismo extraordinario acudir a la idea de que el gobierno está reprimiendo a un movimiento democrático a través del uso del terrorismo judicial, como también lo sería argumentar que inopinadamente el gobierno hace lo correcto en contra de un gremio voraz y antidemocrático, que no acepta la reforma educativa. En el fondo, se supone que en una democracia deberían poder convivir todas las ideas y expresiones políticas. Pero la realidad revela la existencia de gremios caníbales, frente a un gobierno brutalmente antidemocrático en sus formas y en sus fines.

Lo primero que debemos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas. ¿Por qué? Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

En contraparte, en un segundo momento, tampoco debemos dejar de ver que la radicalidad de la Sección 22 los llevó a un proceso autodestructivo. Antes de los comicios federales del año pasado, el magisterio oaxaqueño gozaba de interlocución al más alto nivel con el gobierno de la República. Obtuvieron innumerables prebendas que, sin embargo, desaprovecharon por asumir una anodina postura radical basada en el “todo o nada”. Ya habían conseguido, por ejemplo, que Gobernación les concediera la suspensión definitiva de la implementación de la reforma educativa en Oaxaca; tenían comunicación directa con las más altas esferas federales y habían conseguido todas las garantías respecto a la preservación de los salarios y prestaciones de todos los maestros de Oaxaca. Pero al final, el no poder controlar su radicalismo los llevó a un proceso de autodestrucción, en el que su efecto más acabado se aprecia justamente en el descabezamiento de su movimiento y la implementación, con la fuerza, de la reforma educativa.

LA VETA FISCAL

Otro elemento que ya era señalado en nuestra entrega anterior, y que tiene mucho de relevante, es cómo la forma en la que fueron detenidos los dirigentes de la Coordinadora fue exactamente la misma que como detuvieron a Elba Esther Gordillo. Esto fue, a través del uso de las cada vez más sofisticadas herramientas legales, con las que el fisco federal no sólo atemoriza a los adversarios del régimen federal, sino a prácticamente todos los contribuyentes. Si los dirigentes magisteriales hubieran sido menos ingenuos, y menos confiados de que su posición sindical los inmunizaba frente a los alcances de la ley, se equivocaron.

¿La razón? Que hoy por hoy, las sucesivas reformas fiscales han endurecido sobremanera la fiscalización de todos los recursos que ingresan al peculio de cualquier persona física o moral. Por ejemplo, establecieron un mecanismo denominado “discrepancia fiscal” con el que la autoridad puede hacer, en cualquier momento, una compulsa entre los ingresos y los gastos de cualquier persona, y de ahí determinar la existencia de violaciones a las normas fiscales, y delitos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero.

Es claro que a los líderes de la Sección 22 los pudo alcanzar la justicia por la vía fiscal, gracias a que siempre fueron ellos los titulares de las cuentas bancarias a donde ingresaban cantidades millonarias de dinero por las que no pagaban impuestos, y sobre las que no declaraban su procedencia.

Finalmente, esta imagen de “eficacia” con la que intenta cubrirse el gobierno federal al detener por la vía fiscal a sus adversarios políticos, debería ser preocupante. Pues parece que sólo los mexicanos no nos damos cuenta de cómo se utilizan mecanismos legales para resolver conflictos de orden político. Aunque el gobierno tuvo éxito en aprehender a los líderes magisteriales, esto no es sino parte de un fracaso más grande en lo relativo a la capacidad de concertación y a la capacidad de operación política del Estado. No lo pudo resolver —nunca pudo— a la buena; ahora va a tratar de hacerlo a través de estas maniobras.

¿Y LOS DEMÁS?

¿Qué dependencias del Gobierno del Estado, tienen una relación similar con esas mismas empresas, que les transferían recursos a la Sección 22 a cambio de la firma de convenios? ¿Esa historia no debería ser preámbulo de otras investigaciones que ahora posiblemente salgan a la luz, dado el inusitado interés de Hacienda por esas personas físicas y morales que accedían —y quizá hasta fomentaban— el pago de moches a la dirigencia magisterial en Oaxaca, y que podrían estar haciendo lo mismo con otros entes públicos municipales y estatales?

+ Financiaban su movimiento gracias a sobreprecios con sus agremiados

La detención de los dos principales dirigentes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, tiene una causa eminentemente política, pero resulta también con sustento en la torpeza —y los delitos cometidos— en el manejo de sus fuentes de financiamiento. No sólo se trata de ver bajo qué cargos fueron detenidos, sino cómo nacieron esas responsabilidades.

En efecto, la mañana del sábado fue detenido el secretario de Organización de la Sección 22, Francisco Villalobos Ricárdez. Se informó que fue aprehendido en la región del Istmo de Tehuantepec luego de salir de una reunión de trabajo. La gremial activó algunas acciones de protesta en la capital oaxaqueña y algunas zonas del Istmo; y la madrugada de ayer se informó que también Rubén Núñez Ginez había sido detenido en la Ciudad de México por elementos de la Policía Federal. Primero se especuló sobre los delitos que se les imputaban y que, en apariencia, eran por quebrantos cometidos en manifestaciones y en el proceso de transición del viejo al nuevo IEEPO.

Más tarde se supo que, en realidad, los dirigentes de la Coordinadora habían caído por la presunta comisión de los mismos delitos por los que hace tres años fue puesta en prisión su adversaria principal dentro del magisterio, la lideresa nacional del SNTE, Elba Esther Gordillo Morales. En ambos casos, la principal acusación que les formuló el gobierno fue por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Pero el caso de los dos dirigentes de la CNTE, la situación parece todavía más compleja: ellos recibían en cuentas bancarias, recursos que les proveían diversas empresas dedicadas a hacer negocios con los propios maestros. Lo que recibía la Sección 22 era una especie de “moche” o de cobro de derecho de piso por permitirle a esas empresas operar entre el gremio magisterial y mantener contratos firmados con la autoridad educativa para venderles bienes a los profesores y llevar a cabo el cobro de los mismos a través de descuentos vía nóminas.

De acuerdo con un análisis interno del gobierno estatal, se pudo establecer que luego de una detallada investigación de la Procuraduría Fiscal de la Federación y de la Unidad de  Inteligencia Financiera, permitió detectar que desde 2012 hasta mediados de 2015, es decir, el período en que Rubén Núñez Ginez ha sido Secretario General de la Sección 22, al amparo de diversos convenios suscritos indebidamente por dicha Sección sindical con las empresas ETESA, S.A de C.V., VASA HOLDING, S.A. de C.V. y Administradora de Negocios Monte Albán, S.A de C.V., entre otras, así como de personas físicas como el señor Octavio Arturo Quintano Cassani, éstas entregaban, de manera directa o indirecta, una comisión del 3.5% quincenal calculada sobre la cobranza de la quincena respectiva, a la propia sección sindical por las ventas y/o servicios que hacían a sus agremiados, a los cuáles, a su vez, se les descontaba el pago de los bienes, productos o servicios adquiridos vía la nómina que se manejaba cuando la sección aún controlaba el IEPPO.

DINERO SUCIO

Actualmente las autoridades fiscales del país tienen la capacidad de detectar cuando cualquier persona recibe recursos económicos a través del sistema bancario, es decir, cuando recibe depósitos, cheques o transferencias a sus cuentas de banco e incluso a sus tarjetas de crédito. Cuando recibe cantidades de dinero importantes, a esa persona le es abierta una investigación por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, para revisar la procedencia de los mismos y, de entrada, para proceder al cobro de los impuestos, pero también para establecer su responsabilidad en la comisión de delitos como defraudación fiscal, o lavado de dinero. Ahí cayeron los líderes de la 22.

Así pues, en  tan  solo una  de  esas  cuentas del  sindicato, la  número 65503473683  en  Banco  Santander  cuya  denominación  es  “Sección  22 Oaxaca Empresas” y  su  titular el Rubén Núñez, entre otros,  se recibieron 187 depósitos de varias empresas por 31 millones 967 mil pesos, los cuales fueron retirados mediante 116 operaciones por un monto de 31 millones 672 mil pesos; esta cantidad, a su vez, fue dispersada hacia otras cuentas de la propia Sección XXII y finalmente distribuidos mediante pagos de cheques en efectivo o transferencias.

Dice el documento que hemos mencionado antes, que en otra cuenta contratada bajo la denominación “Sección 22 Oaxaca CAPP” en el mismo banco y terminación 942, y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Claudio Felipe Mendoza García, se recibieron 52 operaciones de depósito por 45 millones 290 mil pesos, y se realizaron, con el mismo mecanismo, 3 mil 841 operaciones de retiro por una cantidad equivalente. En una tercera cuenta también en Santander, a nombre de “Sección 22 Oaxaca Finanzas” y cuyos titulares son Rubén Núñez Ginez y Aciel Sibaja, con número 65500169635, se observaron 70 operaciones de depósito por 8 millones 143 mil pesos, y 659 operaciones de retiros por 8 millones 223 mil pesos.

LUCRO CON SUS AGREMIADOS

Generalmente esas empresas que proveen servicios a los trabajadores del Estado, venden sus productos o servicios a sobrecostos estratosféricos. Por ejemplo, una de esas empresas vende automóviles a crédito “accesible” a los maestros, con la garantía de su estabilidad laboral. Así, un coche que cuesta 150 mil pesos en el mercado, esas empresas lo terminan vendiendo, en “pagos chiquitos”, hasta en 500 mil. Todo, claro, con cargo a los maestros y previa comisión a la dirigencia magisterial. Bonita “lealtad” de la 22 con su gremio.

+ El Bronco y Kumamoto, analizaron y entendieron bien su contexto

Fue una ocurrencia que algún candidato independiente en Oaxaca invitara al diputado jalisciense, Pedro Kumamoto, a hacer campaña proselitista, como si esa fuera una garantía de incrementar el número de simpatizantes, o de votos. Es claro que los candidatos independientes en Oaxaca no sólo no entendieron la dinámica propia de sus aspiraciones sin partido, sino que tampoco entienden por qué Kumamoto, o El Bronco, sí fueron “fenómenos” electorales en sus entidades, y ellos no. Mientras sigan así, las candidaturas independientes en Oaxaca seguirán fracasando.

En efecto, es necesario buscar la explicación del fracaso de este primer ejercicio de candidaturas independientes en Oaxaca, porque lo que necesita ocurrir es la corrección de los errores, y no el desencanto. Apuntábamos en nuestra entrega anterior lo dramático que fue el fracaso de casi todas las candidaturas independientes que compitieron en el actual proceso electoral que ocurre en Oaxaca, y el hecho aislado de que uno solo de todos los candidatos ganara, y —en el caso de Santa Lucía del Camino— otro se acercara al triunfo, con la contradicción de que su candidatura finalmente terminó beneficiando al PRI. Esa explicación debe partir del entendimiento sobre las similitudes y diferencias entre los independientes de Oaxaca, y las “figuras” nacionales como Kumamoto o Jaime Rodríguez Calderón.

Pues resulta que, cada uno en su contexto, tanto Pedro Kumamoto como El Bronco supieron leer y entender cuál era exactamente el escenario al que se enfrentaban, y se allegaron de los medios para conseguir el éxito de sus candidaturas. En el caso del jalisciense, Kumamoto aprovechó muy bien que Zapopan —el distrito electoral que representa en el Congreso de Jalisco— es una demarcación que tiene a un sector de población permanentemente conectado e interactuando en redes sociales; que, además, es un distrito poblado por gente de clase media que tiene cierto grado de preparación académica, y con base en eso supo conectar muy bien con ese tipo de público porque sabía a quiénes se estaba dirigiendo. Eso explica que para toda su campaña haya gastado menos de 300 mil pesos, y que su proselitismo haya sido eminentemente a través de las redes sociales y los medios digitales.

Por su parte, Jaime Rodríguez Calderón también estudió perfectamente al público al que se dirigía, y la base de su éxito como candidato independiente descansó en que encontró el discurso exacto, el respaldo económico, y la forma de interactuar con el electorado de Nuevo León para explotar sus aspiraciones políticas. Es claro que el Bronco no ha sido un ejemplo como servidor público —ahora está demostrando sus insuficiencias y debilidades—, pero que sí lo fue como candidato que, como si fuera un proveedor de servicios con muchos recursos a su alcance, supo ofrecerle a sus clientes (el electorado) exactamente lo que querían escuchar, y así se hizo de una gubernatura —que, valga decirlo, se le está haciendo agua entre las manos.

INDEPENDIENTES, SORDOS

¿Cuál es la diferencia entre esos candidatos independientes, y los nuestros? Una, fundamental, es que aquéllos supieron exactamente qué venderle al electorado, mientras que los nuestros no supieron ni siquiera en dónde se encontraban parados. Para ejemplos, basta acudir a cualquiera de ellos.

De entrada, no comprendieron que ser candidato independiente no significa no hacer campaña, o jugar a que se hace. Una cuestión que fue por demás recurrente en estas campañas, es que los candidatos sin partido se dedicaron a creer que un solo sello los haría viables como candidatos, o que el solo hecho de “conocer a mucha gente” los haría competitivos. No alcanzaron a aterrizar la idea de que el candidato independiente se encuentra al margen de las estructuras de un partido, pero que eso en ningún sentido significa que no debían hacer trabajo territorial y establecer ejes concretos para ganar la confianza ciudadana a través justamente de la legitimidad que brinda el no estar anclado a la estructura de un partido.

En ese mismo sentido, pareciera que en Oaxaca la mayoría de los independientes asumió que por tener esa calidad estaban exentos o “disculpados” respecto a tener un presupuesto para sus actividades. Veámoslo en esta perspectiva: los partidos políticos tienen carretadas de dinero para su proselitismo. Y si bien no se trataba de competir con ellos en fuentes de financiamiento, ello tampoco significa que se podía pensar en una campaña sin recursos. Es reprobable el recurso que se utiliza para la compra del voto o para las estructuras electorales. Sin embargo, es claro que hay costos que se deben cubrir en rubros como la publicidad, la propaganda o ciertas actividades que no pueden ser pedidas a título gratuito cuando representan una fuente de ingresos o una actividad económica para ciertas empresas.

DINERO O ESTRATEGIA

Respecto a todo esto se podría apelar a la campaña de Kumamoto en la que dice que no gastó ni 300 mil pesos. Sí, pero él aprovechó un manejo eficiente de las redes sociales, en una sociedad que está muy identificada con esos medios. Por ello, más bien optimizó sus recursos pero eso no significa que no haya invertido dinero. Si al jalisciense un despacho de expertos en marketing digital le hubiera cobrado por el servicio que él mismo emprendió, seguro hubiera tenido costos mucho más elevados. Eso había que entender, y es lo que habrá que ir corrigiendo en Oaxaca.

+ Sociedad civil organizada, ausente; sólo hubo “villamelones”

Dentro de las muchas lecciones y temas para analizar, que dejó la jornada electoral del 5 de junio en Oaxaca, se encuentra el primer fracaso de los candidatos independientes. Esto es doloroso no sólo porque pareciera que la propia ciudadanía rechazó y castigó a quienes, sin partido, decidieron buscar un cargo de elección popular ahora que la ley lo permite, sino sobre todo porque lo que en realidad ocurre es que la sociedad civil organizada —para quien fueron pensadas estas candidaturas— está totalmente ajena y apática a la posibilidad de participar en política aprovechando sus ventajas. En su mayoría, los que participaron fueron sólo “villamelones” de la política, que ahora tendrán que repensar sus aspiraciones y el modo de impulsarlas.

En efecto, en su edición de ayer, TIEMPO daba cuenta de que sólo uno de todos los que participaron como candidatos independientes a cargos municipales en Oaxaca, obtuvo la victoria. Según la información, éste fue Manuel Guzmán Carrasco que ganó la alcaldía de Putla Villa de Guerrero, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. De acuerdo con la información de nuestro compañero reportero Juan Carlos Medrano, Guzmán Carrasco obtuvo 3 mil 331 votos, que representan el 24.49 por ciento, seguido del candidato del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Rogelio Ortiz Mejía, quien logró 2 mil 282 sufragios, es decir 16.7 por ciento de la votación.

Apunta la nota que la autoridad electoral únicamente le entregó cuatro mil pesos a Guzmán Carrasco para la realización de sus actividades proselitistas, pero que él tuvo que invertir alrededor de 200 mil pesos más para reforzar esas tareas. Al margen de la victoria particular de este personaje —conocido en su municipio como “el mosco”—, lo que salta a la vista es el sonoro fracaso de este primer ejercicio de candidaturas independientes en Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que en realidad, salvo este caso aislado, todos los candidatos independientes ni siquiera figuraron de manera importante en las votaciones. De hecho, junto con Guzmán Carrasco, otro de los independientes que logró una participación importante —aunque parece que no una victoria, fue el candidato independiente a la presidencia municipal de Santa Lucía del Camino, Luis Rey López Martínez, que sin embargo quedó en tercer lugar en la contienda, por debajo de la candidata de Morena, Carmen Arellanes Meixueiro, y del aparente ganador de la contienda, el priista Raúl Cruz González.

SÓLO ARIDEZ

¿Qué hay fuera de esos dos independientes? Sólo fracasos y, sobre todo, lecciones que aprender. En la carrera por la alcaldía de la ciudad de Oaxaca de Juárez, por ejemplo, hubo cinco candidatos independientes. De todos ellos, ninguno tuvo una participación competitiva. El que más votos obtuvo fue el ex alcalde Pablo Arnaud Carreño, que hace veintiún años (en 1995) marcó un hito en Oaxaca al ser el primer candidato del Partido Acción Nacional en ganar la alcaldía oaxaqueña, para luego ser candidato a Gobernador, y finalmente diputado federal por ese partido. Aún con esa amplitud de antecedentes, Arnaud sólo pudo conseguir cuatro mil 673 votos, seguido de todos los demás aspirantes, que hicieron un papel eminentemente testimonial en esta contienda.

¿Qué refleja esto último? Que al menos en este ejercicio democrático, las candidaturas independientes fueron para aficionados de la política, pero no para las personas –y los grupos— en los que esencialmente se pensó cuando se establecieron estas candidaturas. ¿De qué hablamos? De que se supone que los principales destinatarios de esas candidaturas son los integrantes de la sociedad civil organizada. Sí, esa que se supone que trabaja y hace cosas por la comunidad al margen de las responsabilidades, los recursos y los servicios públicos, pero que cuenta con sus propios capitales para incidir en el ánimo de la ciudadanía y que pretendería llegar a un cargo público al margen de la postulación y las complicaciones de la política partidista.

Es evidente que esos representantes de la sociedad civil organizada —que sí existen— nunca aparecieron. Más bien, lo que se vio fueron a algunas personas con muy buenas intenciones y ánimo de participar en política (aunque también vimos a otras, tratando de participar en política como si eso fuera un juego o una revancha contra sus adversarios personales) que en realidad más parecían “villamelones” haciéndose parte de una moda.

Pues resulta que en muchos deportes, se les conoce como “villamelones” a esas personas que son aficionados de moda o de ocasión, que sólo se interesan por ese deporte cuando es popular, o que sólo le van a un equipo cuando llega a una final, desplazando con eso a quienes son seguidores permanentes de esa actividad, lo mismo en sus altas que en sus bajas.

VILLAMELONES

Pareciera que, en realidad, en esta contienda electoral vimos a varios independientes bienintencionados, pero también vimos a varios villamelones que decidieron subirse a esta “moda” política, pero sin la intención real de acceder a un cargo como una forma de servicio, y sin la capacidad real de hacerle frente al voraz sistema de partidos, que busca justamente esas debilidades para demostrarle a la ciudadanía que las candidaturas independientes no sirven. Por eso, para demostrar lo contrario, se necesitan más liderazgos como el de Guzmán Carrasco en Putla, o el de Luis Rey López en Santa Lucía, y a más sociedad civil organizada capaz e interesada en participar, y a menos aficionados de ocasión que sólo dañan a esta incipiente figura de nuestra vida democrática.

+ Derrota, efecto de permisividad e impermeabilidad ante corrupción

Es simple y reduccionista creer que el resultado de los comicios en Oaxaca, es consecuencia de un pleito entre familias, e incluso entre facciones políticas. Aunque es innegable la existencia de esos factores en los saldos electorales, lo que es claro es que el gobierno estatal fue derrotado no sólo por Alejandro Murat y el PRI, sino también por su delirante incapacidad de entender y asumir lo que los oaxaqueños esperaban de él. En ese análisis, más que en el pleito de cacicazgos, se puede encontrar la lógica del voto ciudadano y de la reprimenda social que éste selló en sus boletas electorales.

En efecto, a la hora de la comida de ayer era ya posible ver un resultado prácticamente final de la elección de Gobernador: Alejandro Murat terminó aventajando a José Antonio Estefan Garfias por un margen decimalmente superior a siete puntos. Esto no sólo selló la victoria electoral del Abanderado priista sino que también complicaba muchísimo la viabilidad de cualquier recurso legal para impugnar el resultado de la elección. Asumiendo esto último, muchos comenzaron a buscar explicaciones, y por mucho la respuesta fácil apuntó al pleito eterno entre grupos políticos. Hay algo de eso. Aunque en realidad la mayor parte de la derrota se explica en no haber entendido los enojos —vistos como el resultado de la esperanza defraudada— de la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que en realidad los oaxaqueños libres —los que no son parte de una estructura electoral, y que deciden su voto en función de su decisión propia— definieron el sentido de su sufragio en función de lo que esperaron y no recibieron, y de lo que exigieron al gobierno que combatiera, pero éste no lo hizo. A partir de eso puede entenderse este resultado, que no sólo habla de un ganador contundente sino también de una sociedad polarizada y dividida que votó en diferentes vertientes al buscar formas alternativas de castigar/premiar según la visión propia con la que analizaron el escenario electoral.

En esa lógica, es evidente que al margen de los números, es claro que la mayoría de los ciudadanos castigó al candidato de la coalición PAN-PRD no específicamente por pertenecer a un linaje o jerarquía política, sino más bien por ser el candidato del régimen que no le cumplió las promesas planteadas, y que abusó de la impermeabilidad en la que basó su ejercicio público.

Es evidente que a cinco años y medio de gestión, Gabino Cué Monteagudo enfrenta todo tipo de cuestionamientos por la insatisfacción ciudadana sobre su gobierno. Pues no se trata de que, en rubros como la obra o los beneficios sociales, no haya hecho nada, sino que más bien no llenó la expectativa que él mismo generó cuando fue candidato.

En otros rubros como la corrupción, la ciudadanía asumió también que el Gobernador quedó mucho a deber no sólo por no haber perseguido y castigado con energía —como lo prometió— a los funcionarios corruptos del anterior régimen, sino porque hoy se considera que también toleró actos de corrupción dentro de su propio gobierno. El aura de impunidad con que, de cara a la ciudadanía, se conducen ex funcionarios como Netzahualcóyotl Salvatierra, Germán Tenorio Vasconcelos o Jorge Castillo Díaz, son ejemplos palmarios de cómo también los electores castigaron no al candidato, sino al gobierno del que emanó.

TOMAR NOTA

Por esa razón, si alguna tarea debió comenzar desde ayer el virtual Gobernador Electo, es la de enfrentar esos cuestionamientos ciudadanos justamente para no tropezar con la misma piedra. Más allá del pleito entre gens o grupos políticos, lo que es evidente es que el electorado oaxaqueño castigó los excesos cometidos desde el poder, y que esos excesos se reducen a temas muy concretos que ahora deberá enfrentar el nuevo gobierno para ganar la legitimidad que —es necesario decirlo— le fue regateada en las urnas.

En ese sentido, Oaxaca vivió una elección, sí, competida, pero con un resultado endeble que ahora deberá ser reforzado con acciones concretas. Ninguno de los candidatos a la Gubernatura obtuvo al menos una votación cercana a la que se obtuvo hace seis años. Gabino Cué ganó la elección de 2010 con más de 700 mil votos. Hoy nadie consiguió esa cifra por haber sido una elección de tercios; pero eso mismo refleja el hecho de que la ciudadanía buscó diversas opciones para tratar de resolver su propio dilema sobre el sentido de su voto, y que finalmente hubo un resultado pero menos sólido que el de hace seis años.

Por eso Alejandro Murat debe trabajar a fondo en el combate a la corrupción, y en el establecimiento de medidas de control para quienes integren su gobierno. Él no está en condiciones de simular —como lo hace ahora el gobierno federal, en contubernio con los dos principales partidos de oposición— que atiende el reclamo ciudadano sobre la corrupción y la impunidad; y tampoco estará en condiciones de pretextar sobre la falta de resultados en su gobierno y en los compromisos que asumió de frente con la ciudadanía.

APRENDER DEL PASADO

Se trata, en buena medida, de eso; pero no sólo de que Murat tome nota, y vaya a resolver los temas que no pudo enfrentar el gobierno saliente. Se trata, más bien, de asumir que Oaxaca sí se puede incendiar —ya ocurrió en 2006— cuando el hartazgo ciudadano llega a ciertos límites. La endeble legitimidad que dejaron las urnas, es el primer indicador de que se debe aprender del pasado; que no debe ganar la soberbia, ni creer que lo difícil era ganar la elección. Lo realmente complejo será gobernar. El reto de verdad, apenas viene.

+ Oaxaca enfrenta retos que no merecen el oportunismo del ganador

Al margen de quién haya sido el ganador de la jornada electoral de ayer, lo que a todos nos debe quedar claro es que, para los siguientes seis años, Oaxaca necesita un gobernante responsable y serio que comience por aprender de los errores de quienes ejercen, y han ejercido el poder en la entidad. La ciudadanía no merece seguir viviendo en medio de la demagogia, del discurso fácil y de las promesas inalcanzables. Eso debe comenzar desde hoy, y por ello es fundamental distinguir esos retos primarios que tendrá quien resulte ganador de esta contienda electoral.

En efecto, es evidente que para los partidos y candidatos, lo primero que debe quedar claro es que la contienda electoral terminó ayer, y que hoy lo que sigue —y regresa al foco de la atención— son los problemas de Oaxaca. Hay quien falsamente supone que todo se reduce a los procesos electorales, y que un gobierno se trata sólo de ganar o perder en las urnas. Quien da por válido ese análisis limitado, deliberadamente deja de ver que más allá de los resultados y los comicios, lo que hay son problemas y realidades que deben ser enfrentados no con estructuras electorales, sino con trabajo de gobierno y con visión de Estado. A partir de hoy, eso es lo que debe contar para Oaxaca. ¿De qué hablamos?

De que, en primer término, el ganador de la jornada comicial de ayer domingo, debe asumir desde hoy que su oferta de trabajo frente a la ciudadanía oaxaqueña —ayer concluyó su faceta de electorado— debe estar alejada de las expectativas fantasiosas y que más bien debe tener apego a la realidad y lo que se puede hacer en las tareas de gobierno. Hace seis años aprendimos todos la dura lección de las promesas irrealizables, que fueron hechas en medio de la borrachera democrática del triunfo electoral. En 2010, Gabino Cué como gobernador Electo prometió a los oaxaqueños una larga lista de asuntos que al cabo del tiempo terminaron por no ocurrir.

¿Olvidamos ya esas promesas? Vale la pena repasar algunas. Pues Gabino Cué prometió, por ejemplo, ir en contra de todos los actos de corrupción por los que fue cuestionado su antecesor, Ulises Ruiz, y por los que de hecho perdió los comicios de 2010. Cué dijo en aquel momento que iría en contra de todas las personas que se habían excedido en el ejercicio de sus funciones. Pero a seis años de distancia quedó claro que nada de esto ocurrió no sólo por la incapacidad de los servidores públicos de esta administración para acreditar los actos ilegales cometidos por los funcionarios del gobierno anterior, sino también por la falta de voluntad para verdaderamente hacerlo.

Hace seis años, Gabino Cué prometió que Oaxaca abatiría sus márgenes de pobreza, marginación e inmovilidad económica. Nada de esto ocurrió en la medida que había sido prometido. Y lo grave en esto, no es que en Oaxaca no haya habido obras o trabajo de gobierno; más bien, el problema fue que en su momento el Gobernador Electo hizo promesas muy superiores a lo que su gobierno, o cualquier otro, podría cumplir. Y por eso, para la ciudadanía nunca fue suficiente el poco o mucho trabajo de gobierno realizado, porque siempre se esperó mucho más, de lo materialmente posible.

GANAR CON RESPONSABILIDAD

Es claro que si es responsable y claro de sus tareas por venir, el ganador de los comicios de ayer domingo apenas si tendrá tiempo para festejar su triunfo, y después tendrá que ponerse a trabajar con todo denuedo para conformar los planes y programas de gobierno con los que ejercerá su mandato a partir del 1 de diciembre. Oaxaca es todo menos un día de campo; y sus problemas merecen a un ganador responsable y claro de lo que a partir de ahora le corresponde hacer.

Por ejemplo, de entrada toda la estructura gubernamental necesita pasar por un proceso profundo de revisión y reestructuración institucional. Siempre fue evidente que esta administración saliente tuvo muchos problemas de funcionamiento, derivado de que su estructura fue pensada —si es que realmente fue producto de la razón— siempre en función del pago de las parcelas políticas a los partidos aliancistas. Siempre fue común ver que el gobierno funcionaba en bloques, y que siempre estaban enfrentados unos con otros. ¿La razón? Que las dependencias gubernamentales fueron entregadas con criterios eminentemente partidistas. Y que eso generaba un enfrentamiento y una medición de fuerzas constante entre sus titulares e integrantes.

Otro de los problemas estructurales que debían comenzar a revisar desde hoy, es el hecho de que el gobierno estatal funcionó, durante estos casi seis años, a partir de una lógica de no “repetir” los modelos de las administraciones anteriores. Al pensar de esa forma poco estructurada, crearon verdaderos Frankensteins que sólo demuestran esa inoperancia. Dependencias como la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, el Coplade testimonial, la exorbitante Subsecretaría de Planeación de Finanzas, o la Secretaría del Trabajo, fueron resultado de esa lógica en la que se crearon dependencias pensando en cómo desaparecer las estructuras anteriores, pero sin considerar que lo creado podía resultar peor que lo que tanto repudiaban.

¿VACACIONES? EN 2022

Sí. Aunque haya un resultado contundente de la jornada electoral, nadie debe pensar en “vacaciones” o “descanso”. El ganador debe ponerse a trabajar. Y los derrotados también. Oaxaca necesita, con urgencia, a la oposición firme y congruente que hasta ahora no ha existido, y que más bien se dedicó, de tiempo completo, a ser pelele del poderoso en turno.