+ Discurso debe salir de los “qués” para darle prioridad a los “cómos”

Ayer iniciaron las campañas, y varias dudas surgen sobre qué tan claros están los abanderados de los distintos partidos sobre lo que queremos, y lo que necesitamos, los oaxaqueños. En los discursos de arranque de campaña predominaron los lugares comunes, pero hubo un ayuno total de ideas sobre la verdadera situación en la que se encuentra Oaxaca, y lo que los ciudadanos esperamos de la clase política. Basta con bajarse un momento del triunfalismo electoral, y reparar en qué necesita la ciudadanía.

En efecto, ayer se llevaron a cabo varios eventos de apertura de campaña en la capital oaxaqueña, y en cada uno de ellos la ciudadanía no escuchó sino lo mismo de siempre: que “vamos por un cambio”, que “es hora de acabar con la corrupción”, que ˝haremos un gobierno honesto y transparente”, que “ya basta”; que “iremos a combatir a los corruptos”; que “habrá transición a la democracia”; o incluso los que prometieron cambiar todo casi mágicamente, como si un mejor gobierno fuera sólo un asunto de voluntad y no de los cambios estructurales que se necesitan.

Frente a eso, hay una pregunta base: ¿los candidatos entienden de verdad la situación por la que atraviesa Oaxaca? Porque tal pareciera que varios de ellos estaban esperando el inicio de las campañas como si fueran boxeadores esperando el sonido de la chicharra para ir a pelear el primer round. Es evidente que toda campaña necesariamente debe venir acompañada de cierta dosis de rudeza, de morbo y hasta de bajezas. Pero en el caso de Oaxaca parece que nadie recuerda que hace apenas una década —diez años son nada, si de confrontaciones se trata— la propia ciudadanía oaxaqueña fue arrastrada a una crisis social profunda, que si bien fue provocada por grupos políticos y de presión, fue la ciudadanía quien terminó pagando las consecuencias de ese enfrentamiento entre grupos.

En ese sentido, ¿nadie comprende que lo que menos necesita Oaxaca es un clima de ajuste de cuentas? Pareciera, además, que las campañas tienen ese ánimo general de querer ir a picar un pleito añejo para seguir medrando de la pus que todavía le sobra al conflicto magisterial y a la confrontación entre ciudadanos. Lo más grave es que cada actividad de campaña en la que se apela a la confrontación, al odio, al ajuste de cuentas o a la revisión estéril del pasado, es un espacio que se pierde para hablar de las cosas que se supone que se van a hacer para revertir o mejorar la situación social o económica en la que se encuentra la ciudadanía.

Por eso, a estas alturas ya no sólo parece una pérdida de tiempo, sino una verdadera acción intencional, la de insistir en una campaña negativa cuando Oaxaca impone muchísimo trabajo que rebasa por mucho la maniquea intención de querer ubicarse en el bando de los buenos, para desde ahí incriminar y reprochar al bando contrario, como si este fuera una confrontación entre dos personas, y no el destino de una entidad federativa completa y compleja como Oaxaca. Al final, una ciudadanía demandante y madura debía rechazar esos burdos intentos y exigirle a sus candidatos no los “qués”, sino los “cómos” para enfrentar una realidad tan compleja como la nuestra.

LO SUSTANTIVO

Oaxaca tiene problemas muy concretos, que son los mismos que hace diez años eran un problema, y que de no atenderse lo seguirán siendo en las décadas siguientes. Estos son, básicamente, los siguientes y en torno a eso deberían rondar las respuestas y las propuestas de los candidatos en campaña.

1. a) Gobernabilidad. Cualquier candidato que quiera asegurar con seriedad que hará algo por la gobernabilidad del estado, debería comenzar por decir cuál será su trato con las organizaciones sociales, con los “sindicatos” de organizaciones populares, y con los grupos de presión. No es un problema nuevo: las más de quinientas organizaciones de lucha social han hecho al gobierno un verdadero rehén de sus pretensiones y chantajes económicos y políticos. Esto va desde las organizaciones de taxistas en las regiones, pasando por los “sindicatos” (el Sindicato Libertad es muestra fehaciente de ello), que no tienen ninguna forma legal pero que igual presionan y condicionan el trabajo de los demás al cumplimiento de sus pretensiones, hasta las verdaderas organizaciones de clientelas políticas que medran con la pobreza en los pueblos, pero traen a la gente de las comunidades a presionar al gobierno cuando éste no les cumple sus caprichos traducidos en apoyos económicos, proyectos productivos o dádivas clientelares. Los candidatos deberían responder: ¿Cómo cambiaría eso?
2. b) Educación. Oaxaca, a pesar de la expropiación del IEEPO a la Sección 22, sigue enfrentando un problema educativo de largo plazo. Pasará mucho tiempo antes de que el magisterio democrático decida plegarse a las nuevas disposiciones constitucionales, y mientras todo se seguirá manteniendo gracias a la espada de Damocles que significan los descuentos y los despidos. Fuera de eso, no hay forma cercana de un entendimiento real y civilizado entre el gobierno y el magisterio. ¿Qué plantean los candidatos hacer al respecto, y cómo lo harían?
3. c) Inmovilidad económica. Esto ocurre, sí, por la falta de dinero privado circulando en Oaxaca a través de empresas, empleos y riqueza no proveniente del gobierno. Pero en los últimos años, esto se ha combinado con una interminable incapacidad del gobierno para manejar sus recursos bien, a tiempo, y equitativamente. Todos los sectores, todos, se quejan de la inmovilidad económica y de la falta de crecimiento real en el empleo, en los salarios, y en la incapacidad de crecimiento de quienes deciden emprender prácticamente desde cualquier sector de la economía. ¿Cómo van a destrabar esa inmovilidad?
4. d) Gula política. Parece que por doquier, no hay forma de hacer algo sin que se le vea el matiz político. Y evidentemente, es un imperativo lograr que la mezquindad no sea el común frente a la necesidad de crecer. Y esa es, justamente, una condición que deviene de un clima de concordia que, digan lo que digan, no existe en Oaxaca. ¿Qué harán para que eso ocurra?

MUCHOS RETOS

No debe ser una petición al aire que los candidatos dejen los lugares comunes y se dediquen a hacer lo que se supone que debe ocurrir en un tiempo de campaña: proponer, demostrar proyecto y conocimiento; ganar la confianza de la gente. Pero debe hacerse con planteamientos sustantivos, no con las promesas de papel que tantas veces han sido repetidas sin resultado alguno.

+ Congreso adecuará legislación educativa aunque no haya castigo

Es inminente el vencimiento del plazo que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación al Congreso de Oaxaca para la armonización de las normas locales en materia educativa. A estas alturas, aún no hay certeza de que eso vaya a ocurrir. Por eso, al margen de cualquier vaivén local, lo que debería ocurrir es una intervención federal más decidida para dar contenido a las lagunas que existen por la ausencia de una ley estatal de educación acorde con la nueva legislación federal.

En efecto, en septiembre del año pasado, la Suprema Corte estableció que el Congreso del Estado de Oaxaca y el gobernador Gabino Cué Monteagudo, contaban con un plazo perentorio de seis meses para armonizar la Constitución local y sus leyes secundarias con lo que establece la reforma educativa en materia de evaluación docente. En aquel momento, el Pleno del Máximo Tribunal determinó que los Poderes Legislativo y Ejecutivo de Oaxaca han sido omisos en cambiar sus leyes locales por un año y medio.

Asimismo, el Pleno de la Corte explicó que aun cuando el Gobernador de Oaxaca intentó deslindarse de la omisión legislativa en la que incurría el Estado de Oaxaca, argumentando que él entregó una iniciativa de reforma en la materia, su responsabilidad en el proceso concluye hasta que la nueva ley se promulgue, lo que no ha sucedido en el caso de la reforma educativa. Por lo anterior, los ministros concluyeron que la omisión es responsabilidad del Congreso de Oaxaca y del Poder Ejecutivo local, por lo que ordenaron a ambos poderes que en el próximo periodo ordinario de sesiones aprueben, publiquen y promulguen nuevas leyes estatales en materia de educación.

Si tomamos en cuenta que dicha resolución fue dictada por el pleno de la Corte el 29 de septiembre del año pasado, y que en él se estableció un periodo de seis meses para dicha armonización, entonces dicho plazo vencería la semana próxima, el 29 de marzo. Incluso, si se toma en cuenta una interpretación extensiva del plazo otorgado por el Alto Tribunal al Congreso y el Ejecutivo del Estado, entonces éste vencería el 15 de abril, junto con la conclusión del primer periodo ordinario de sesiones, del tercer año de la LXII Legislatura local.

Frente a esto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo, dijo ayer que la Ley Estatal de Educación que se apruebe en el Congreso del Estado para cumplir con el mandato de la Corte, tendrá que ser armonizada con la Reforma Educativa, toda vez que no pueden ir en contra de la Constitución. Aseguró que desde un inicio dejó en claro a las y los maestros de los Sección 22 del SNTE que no se puede aprobar una ley anticonstitucional. De hacerlo, manifestó, los legisladores locales serían sujetos a juicio político para desaforarlos e incluso podrían ir a la cárcel, “eso ya lo saben y están conscientes (…) “Yo siempre fui claro con ellos (S-22), les dimos todas las facilidades del ejercicio democrático para una iniciativa de ley, yo fui claro de que se tenía que cuidar que no fuera inconstitucional porque la Suprema Corte podría señalar vicios”.

Y aunque de hecho parece que ahora sí hay conciencia tanto en el Ejecutivo como en el Congreso de la urgencia de emitir la legislación faltante, ello no significa ni que se vaya a aprobar una ley educativa en el plazo establecido por la Corte (es decir, antes de que finalice el actual periodo legislativo, que ha tenido más interrupciones que verdaderos momentos de trabajo), ni que su contenido vaya a ser ad hoc a las normas federales correlativas ya vigentes.

¿CALLEJÓN SIN SALIDA?

La posibilidad de una segunda controversia siempre estuvo vigente. Pues, de hecho, el Congreso local puede cumplir con el mandato de la Corte emitiendo una ley educativa, la que sea, independientemente de su contenido. La sentencia emitida en septiembre pasado lo que manda es a que se emita la norma. Por eso, una vez aprobada y publicada, el gobierno federal podría presentar una segunda controversia, ya no por la omisión legislativa —como en este caso— sino ahora sí en contra del contenido de la norma.

Esto plantea una posibilidad real a la que el Congreso local podría acudir para cumplir con la emisión de la ley pero sin romper su ominoso esquema de lealtad y sometimiento al magisterio oaxaqueño, ya que independientemente de lo que la Corte diga en sus sentencias, es imposible que lograra obligar al Congreso a emitir una legislación de contenidos específicos.

Ahora bien, el señalado anteriormente, es el camino lógico que seguiría una disputa abierta entre la Corte y los poderes locales, a los que técnicamente no podrá obligar a legislar, ya que el acto legislativo es, por naturaleza, colegiado y libre. ¿Qué podría hacer la Corte frente a ese límite de su actividad jurisdiccional, en lo que toca a los deberes de los estados de la república frente al federalismo constitucional? Podría optar por la vía, aceptada en otros sistemas jurídicos, de erigirse en una especie de “legislador sustituto”.

¿A qué nos referimos? A que el hecho de hacer una declaratoria de “omisión legislativa absoluta”, no sirve de nada. No arregla el problema existente ni es suficiente para obligar a dos poderes locales a hacer algo que no quieren o no han tenido condiciones para realizar. Entonces lo que quedaría es que, en virtud de las amplias facultades que le otorga a la Corte tanto el artículo 105 constitucional, como la ley reglamentaria de dicho numeral, para proveer lo que sea necesario para que se cumpla con lo que dispone la Constitución, podría emitir reglas provisionales y extraordinarias —dada la naturaleza del caso— en materia educativa estatal, para aplicarse en tanto el Congreso emite la norma y así evitar que el vacío legal siga generando consecuencias negativas para los dos órdenes de gobierno, y para los mismos trabajadores de la educación que en diversas situaciones deben estar en el limbo jurídico.

INTERVENCIÓN DE LA CORTE, ¿ANTIFEDERAL PERO NECESARIA?

Si la Corte y los poderes federales quieren de verdad contribuir a que haya un marco jurídico funcional para Oaxaca y la federación, entonces deben tomar medidas para subsanar, provisional o definitivamente, la omisión legislativa. Si lo que quieren es seguir utilizando a Oaxaca como piñata política, entonces optará por declarar la “omisión legislativa absoluta” y fijar plazos que de todos modos no tienen manera de hacer cumplir coercitivamente.