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México: este, país donde todo puede estar al revés

+ Gobierno enseña cómo tomar las peores decisiones


 

No dejan de sorprender ciertas decisiones que toman nuestros gobernantes, no sólo en contra de lo que la ciudadanía demanda, sino también en contra de lo que se supone que dicta el sentido común. Cuestiones como mantener en el cargo a un funcionario corrupto, es reiterar una decisión que de antemano se sabe que es equivocada. Lo raro es que eso pasa casi todos los días este país de surrealismos políticos cotidianos.

En efecto, aquello es tan común de ver, como lo es el permitir que sea el hígado y no la cabeza de los gobernantes, la que decida el rumbo de la nación, son cuestiones que sólo pueden pasar en nuestro país. Hoy, cuando otro año está a punto de terminar, queda claro que, de nuevo, tenemos que hacer el recuento no de los éxitos, sino de ciertas decisiones inexplicables que se tomaron quién sabe pensando en qué, pero que por sí mismas revelan la ingenuidad o el enojo del gobierno, y la forma en cómo éste puede provocar crisis entre sus ciudadanos.

¿Cómo poder comprender, por ejemplo, que en los últimos ocho o diez, años la ciudadanía en México ha exigido de manera permanente al gobierno federal que retire al Ejército de las calles, y cambie la estrategia que lleva a cabo para el control del crimen organizado, y que éste lejos de hacer cierto caso a la ciudadanía, se ha dedicado a machacarle que, porque él dice, su estrategia es correcta, y que aún en contra de todo y de todos, ésta seguirá indefectiblemente adelante?

¿Cómo entender, en ese mismo sentido, que luego de una década en que la ciudadanía ha exigido que el Congreso se ponga de acuerdo para poder normar las actividades de las fuerzas armadas en el control de la criminalidad y la seguridad pública, y que los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, sigan —a la vista de todos— anteponiendo sus intereses y cálculos políticos, a cualquier posibilidad de encontrar de verdad una salida a esta cuestión que, nos guste o no, e independientemente de la forma en que sea acordada, urge que sea emitida y puesta en práctica?

Esos asuntos, que por momentos pudieran parecernos algo lejanos, en realidad están ahí y dan cuenta precisa de la falta de sensibilidad y tacto que tienen tanto el gobierno como la clase política en los partidos y el Poder Legislativo, para escuchar y hacer eco a los reclamos de la ciudadanía. El problema, en todo esto, es que nosotros seguimos pasando por alto estos contrasentidos, y más bien seguimos abonando —con nuestro silencio y aceptación tácita— a la posibilidad de que las fuerzas políticas del país sigan llevando la ruta que hasta ahora siguen, sin hacer un solo cambio que genere mejores condiciones de vida para la población.

De ahí que aún cuando se asegure que los mexicanos no tenemos memoria, que somos un pueblo desmemoriado y sumiso, y hasta nos enojemos y neguemos tajantemente esas afirmaciones, tal parece que quienes lo afirman tienen razón: independientemente de las decisiones, decidimos acatarlas y olvidar poco tiempo después qué fue lo que se prometió y qué fue lo que exigió la ciudadanía. De ahí que terminemos siempre aceptando los términos que se nos imponen, y que en muchas ocasiones, terminemos haciendo justamente lo que no queríamos hacer, o soportando exactamente lo que no queríamos que nos ocurrieran.

UN GOBIERNO EN CONTRASENTIDO

No es nuevo el señalamiento. ¿Podríamos creer que en un país con una sociedad madura y un gobierno consciente de su responsabilidad, se pudiera sostener un Presidente al que se le comprobó su responsabilidad en un evidente asunto de conflicto de interés?

Esto es exactamente lo que no pasó con el presidente Enrique Peña Nieto, cuando en noviembre del año pasado se reveló todo lo relacionado con la residencia particular que ocupa con su familia, la cual había sido construida por un contratista favorecido por su gobierno cuando fue Mandatario del Estado de México, y que tenía millonarios contratos vigentes con el gobierno federal ahora que Peña Nieto era presidente de la República. Evidentemente, el conflicto de interés surgió por eso.

¿Pero qué hizo el Presidente? Negó la situación; la enfrentó exhibiendo la iracunda imagen de su esposa ofreciéndole al país una explicación que según ella no tenía que dar; y sometiéndose a una investigación nada menos que encabezada por un subordinado suyo en la Secretaría de la Función Pública. Con esos antecedentes el resultado de la investigación era previsible; luego de meses de “investigación”, la Función Pública declaró inocente al Presidente, a su jefe, del posible conflicto de interés en que podría haber incurrido al pedirle a uno de los constructores del gobierno, que le construyera una mansión, a crédito, con una tasa de interés preferencial, y con una inversión cercana a los ochenta millones de pesos pagaderos como si fuera beneficencia pública.

Algo similar ha pasado con el Secretario de Gobernación, a quien no lo ha podido mover ni el disparo de la inseguridad en el país, ni la fuga del Chapo Guzmán, ni las claras evidencias de que funcionarios subordinados a su mando fueron los que estimularon que ocurriera la fuga. De hecho, cuando en junio pasado ocurrió aquel “incidente” lo primero que se esperaba es que el titular de la Secretaría de Gobernación tomara las riendas, desde el primer momento, de lo que ocurría. Pero resultó que Osorio Chong se encontraba ya en París, esperando a que su jefe, el presidente Peña Nieto, llegara para encabezar los festejos de la independencia francesa. Por eso cuando ocurrió la fuga hubo un vacío de más de ocho horas en las que al capo se le permitió una fuga tranquila, y lo más curioso es que contrario a todo lo que pudiera suponerse, al Secretario de Gobernación no sólo nadie lo tocó sino que ahora aparece, por el evidente impulso federal, como un aspirante presidencial.

¿No son esas muestras suficientes de que vivimos en un país donde todo está al revés?

FELIZ NAVIDAD

El autor de este espacio, desea a todos sus amigos y amables lectores, unas fiestas navideñas inundadas de paz y armonía entre sus familias. Estos son momentos de reencuentro, de conciliación y de hacerse uno con los suyos para recibir las bendiciones del Niño Jesús, a quien hoy festejamos por su nacimiento. Ojalá que este momento pudiera extenderse al año entero, y que la disposición que hoy mostramos hacia los nuestros se hiciera patente durante todo el año que viene. Un abrazo fuerte. ¡Felicidades!

https://youtu.be/XwRIBpw7EwU

 

Candidaturas independientes: nos quedamos a la mitad

BronIndependiente

 

+ Urge reforzar cultura democrática y acabar clientelismo


Son saludables y encomiables las expresiones de diversos personajes que en Oaxaca sostienen que buscarán la posibilidad de ser candidatos por la vía independiente. Su argumento central es que los partidos políticos dejaron de ser un reflejo fiel de la pluralidad política que hay en el país, y que asimismo ya no son un referente claro de las visiones para enfrentar los problemas del país. Tienen razón. El problema es que en un escenario como el nuestro en Oaxaca, esas candidaturas están lejos de ser una verdadera opción democrática. La clave está en qué tanto se ha construido cultura cívica en la población, y qué tanto la vía independiente puede ser una opción frente a las carencias, la pobreza y el clientelismo que se retroalimentan en cada proceso electoral.

En efecto, en días recientes se han reforzado los señalamientos relacionados con las candidaturas independientes. Por un lado, el ex presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, ha manifestado que buscará la gubernatura de Oaxaca a través de una candidatura ciudadana, al tiempo de expresar que cuenta con todo el apoyo del sector privado del país, “quienes estarían dispuestos a hacer anuncios históricos de inversión para la entidad”. Candiani dice que recorrerá las ocho regiones de la entidad para recabar inquietudes ciudadanos para luego aterrizarlo en la Agenda por Oaxaca que él mismo elaborará. “A partir de ahí analizaré las posibilidades de una candidatura ciudadana, a ver que partidos están dispuestos a hacerlo y si no, tampoco pasa nada”, expresó.

No es la única expresión que hay en Oaxaca sobre las candidaturas independientes. De hecho, en las últimas semanas se han incrementado los anuncios de personas que dicen que buscarán, por esa misma ruta, una candidatura a diputación local o a una alcaldía. Independientemente de que la ley lo permita, lo que comenzamos a ver es una alternativa que se presenta ante los ciudadanos que no tienen la intención de buscar la postulación de un partido político. Evidentemente, el problema que enfrentan —todos— es, primero, la dificultad de cumplir con los requisitos que señala la Constitución del Estado para esos efectos; y segundo, conquistar verdaderamente una cantidad importante de votos que tendría que arrancárselos a las estructuras electorales y al clientelismo con los que los partidos políticos ganan los comicios en Oaxaca.

Sobre lo legal, en Oaxaca habrá un enorme problema, ya que si bien la Constitución local establece la figura de las candidaturas independientes (artículo 25, apartado F), no establece prácticamente ninguna base para la procedencia de éstas. Este vacío fue resultado de la declaración de inconstitucionalidad que recayó sobre la ley electoral local por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre pasado, ya que en esa norma (la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca) era donde se establecían las bases para la procedencia de una candidatura independiente.

Y hasta ahora, el Congreso del Estado se ha pronunciado en contra de que sea el IEEPCO quien establezca reglas provisionales para hacer operante dicha figura constitucional. Aunque a medias, el argumento del Congreso es válido: sólo éste puede legislar. Sólo que en la otra mitad se encuentra el hecho de que el propio Congreso es el responsable de ese vacío por no haber llevado a cabo correctamente el proceso —político y— legislativo para emitir dicha norma.

Así, si no hay bases jurídicas concretas, y si seguramente habrá un conflicto constitucional-legal en el momento de que la autoridad electoral intente echar a andar dicha figura, entonces ¿qué futuro pueden tener las candidaturas independientes?

NO HAY CULTURA CÍVICA Y  SÍ MUCHA HAMBRE Y MARGINACIÓN

Hay dos cuestiones en las que Gutiérrez Candiani parece tener cierta claridad. La primera, cuando afirma que quien aspire ser gobernador en Oaxaca por la vía independiente lo tendrá que hacer a través de los partidos políticos, pero lo que sí vale es que tenga una posición ciudadana al cien por ciento; la segunda, cuando sostiene que el triunfo de “El Bronco”, en Nuevo León, es muy diferente a lo que aquí podría ocurrir, “pues Oaxaca es muy complicada, porque aquí tenemos cerca de 12 mil poblados, 570 municipios; su orografía es complicada, su conectividad es de cerca del 30 por ciento más de la población total, entonces tienes condiciones diferentes que Nuevo León”.

Aunque no lo dice, parece entender que, en la primera de sus afirmaciones, encierra el reconocimiento a que en Oaxaca un candidato sólo puede ganar a través de las estructuras electorales de los partidos políticos. ¿Cómo se alimentan esas estructuras políticas? En gran medida, gracias a la dádiva y al uso de los recursos públicos y privados para la captación del voto, a través de la compra, la coacción o el “intercambio” por cierto producto que es necesario para la subsistencia.

Aquí es verdaderamente reducida la posibilidad de captar votos volátiles (o “útiles”, como en los tiempos de Vicente Fox como candidato presidencial), y es mucho más posible conseguir todo eso a través del clientelismo. En relación al total del padrón electoral, es muy poca la gente que no se dejaría comprar su voto; y es mucha la que está esperando el proceso electoral no sólo para que se lo compren, sino incluso para ofrecerlo a cambio de algún beneficio social.

¿Es eso un orgullo? Evidentemente, no. Pero es parte de esa realidad lacerante por la que Oaxaca no es Nuevo León, y por la que aquí no podría haber tan fácilmente un candidato como el Bronco, que captara la suficiente cantidad de sufragios independientes como para ganar una elección al margen de los partidos o de las estructuras electorales. Por eso aquí las candidaturas independientes son un logro a medias (o a menos de las medias) porque no hay cultura cívica, porque no hay convencimiento de que se puede conquistar a la ciudadanía; y porque finalmente la partidocracia sigue siendo la principal interesada en que el estado de cosas en los procesos democráticos no varíe en nuestra sociedad.

EL TIBURÓN

Así se reveló que le decía su padrino político, y ahora parece que su equipo intenta tomar el mote a guasa. Tratan de minimizar el impacto haciendo escarnio de su desgracia. Porque todo lo que refiera a Ulises Ruiz, invariablemente remonta a tiempos aciagos para Oaxaca. ¿Habrán pensado en eso?

PAN-PRD: la alianza va, pero sin establecer aún ruta del candidato

PAN-PRD

+ La definición pasa por los procesos electorales de Veracruz y Puebla


Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, han manifestado su decisión de ir en coalición por lo menos en seis de las doce entidades federativas en las que habrá elección de Gobernador el año próximo. Esta definición viene acompañada de la pregunta sobre cómo se van a definir las respectivas candidaturas. En esa cuestión hay varias claves que pueden darnos luces de lo que podría ocurrir en Oaxaca.

En efecto, según información del periódico El Universal, las distintas tribus del perredismo nacional analizan ir en alianza con el blanquiazul en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas y Durango. Según la información, en las reuniones privadas que han sostenido las tribus con la dirigencia nacional del PRD, se ha puesto sobre la mesa que el PAN quiere encabezar —con sus respectivos candidatos— la alianza con la izquierda en Puebla, Durango y Veracruz; mientras que el PRD busca que sus abanderados vayan en Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.

Básicamente, esta tendencia confirma la idea de que para decidir a sus respectivos candidatos en los estados donde vayan en coalición, tanto el PAN como el PRD tendrán que hacerse concesiones recíprocas para la aceptación de sus abanderados. Según el perredismo, el hecho de que el PAN ponga a su candidato en estados como Puebla o Veracruz, hace desbalanceada la alianza porque esas entidades federativas tienen un padrón electoral mayor que los de las entidades —Oaxaca, entre ellas— en las que se le dejaría al PRD la responsabilidad de nombrar al candidato.

En este escenario, una de las variables que no hay que perder de vista es en quién recae la responsabilidad de la conformación de las alianzas; quién será el responsable de elegir a los candidatos, y cuál será el método para ello. Pues en el caso particular de Oaxaca, pareciera que las agendas políticas de las dirigencias estatal y nacional van por caminos distintos, que están a punto de generar una situación mucho más compleja. Pues esencialmente, la dirigencia estatal ha delineado una agenda en la que parece estar seguro de poder dictarle a la dirigencia nacional quién será el Candidato a Gobernador por ese partido, y por ende de la coalición de partidos, ante la debilidad del PAN como fuerza política en la entidad.

El problema que parece haber en esa intención, es que —como lo apuntamos en este espacio hace más de tres meses— la agenda local no corresponde con la agenda nacional del perredismo. Pues mientras en Oaxaca hay un grupo cerrado que pretende impulsar una candidatura en base a intereses políticos y no a competitividad electoral, en el perredismo nacional parecen estar muy claros que la ruta hacia los años siguientes, debe ser la de la búsqueda de triunfos, y no necesariamente la de la satisfacción de caprichos de grupos políticos estatales.

Esta situación tiene un elemento adicional que, con el paso del tiempo y el avance del proceso electoral, incrementará el nivel de complejidad en la toma de la decisión final de quién será el candidato a Gobernador. Pues por un lado, Cué tratará de hacer valer su posición y su fuerza política al interior del PRD como uno de sus gobernadores que más triunfos electorales le ha reportado al perredismo; y por el otro estará la posición delineada por Agustín Basave que ha establecido la necesidad de que sea la competitividad quien determine las candidaturas.

Y todo esto se enmarca en el hecho de que las definiciones relacionadas con la conformación de coaliciones y todo lo relacionado con ellas —incluyendo lo relacionado con la definición del Candidato a Gobernador— está definido estatutariamente como una facultad exclusiva del Consejo Nacional del PRD, sin injerencia de los grupos locales, las llamadas tribus, los consejos estatales o los factores materiales de poder en ese partido.

CANDIDATO, ¿CÓMO?

Una de las cuestiones que no ha definido el Consejo Nacional del PRD, y que quién sabe cómo se vaya a establecer en el convenio de coalición entre el PAN y el PRD en las entidades en las que finalmente se decida ir en alianza, es el método para la selección del candidato. Es claro que la mitad de esa definición ya se está estableciendo a partir de la idea de que, entre partidos, se van a repartir la facultad de designación en las entidades federativas en las que irán en coalición. Lo que no se ha dicho es cómo se hará esa selección al interior de cada partido.

Pues resulta que, por ejemplo, en el caso de Puebla hay una intención clara y manifiesta de que sea el Gobernador quien ponga al candidato, y que lo haga a través del Partido Acción Nacional. Pero en Oaxaca, esa situación está sujeta a otras variables que tienen que ver con la incapacidad de generar un consenso por parte de la dirigencia estatal entre todos los aspirantes, y la distancia que existe —además— entre la competitividad electoral del aspirante que no es el favorito de la dirigencia estatal y del grupo gobernante, y la intención de éstos últimos de impulsar a un candidato que tendría que crecer muchísimo, electoralmente hablando, para poder ofrecer competencia a los candidatos de los otros partidos políticos.

Ello explica, en gran medida, por qué hoy al interior del PRD hay una batalla campal entre los aspirantes. Al no haber estándares establecidos, y al haber de todos modos una competencia natural entre aspirantes, pero sin puntos de referencia y sin reglas específicas, lo que estamos viendo es una competencia plagada de rudeza y señalamientos que evidentemente no abonan a la construcción de un consenso entre ellos.

Si las cosas siguen en el rumbo que llevan hasta ahora, dentro de muy poco tiempo ya no habrá posibilidad de recomposiciones internas o de operaciones “cicatriz” para ir a competir contra los candidatos de otros partidos.

Esa indefinición sería aún más tóxica, si implícitamente tiene también la intención de dilatar la definición para también inhibir el brinco de uno de los precandidatos a la ruta independiente.

EL ENREDO DE LAS ENCUESTAS

Imaginamos la insistencia de algunos candidatos por publicar encuestas a modo, como una forma de hacer terapia de grupo, en la que el chiste no es hablar con la verdad ni buscar soluciones de fondo, sino únicamente darse un poco de tranquilidad a base de autoengaño. Bonito ejercicio, que al final no le sirve ni a los que pagan por éstos.

El sistema nacional anticorrupción: el trauma de la “casa blanca”

Corrupción

+ Que las normas avancen, pero que haya compromiso con honestidad


Es tan amplio el cambio que promueve la reforma que establece el sistema nacional anticorrupción, que esto no puede explicarse en otra causa que el impacto tan profundo que tuvo el escándalo de la corrupción por la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Si debemos lamentarnos por la pobre actuación de quienes investigaron el conflicto de interés en ese asunto, también debemos reconocer que ese fue el parte aguas de un cambio jurídico y político que puede ser trascendental para las décadas siguientes. Sólo falta que haya voluntad y decisión para no abandonar esa ruta.

En efecto, en noviembre de 2014 el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui dio a conocer el resultado de una investigación que los llevó a corroborar que la esposa del presidente Peña Nieto había adquirido una casa, a precios y condiciones preferenciales, con uno de los constructores más beneficiados por Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México, y luego en su gestión como Titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto generó un escándalo de proporciones nunca vistas en el país, que por primera vez obligó a un Presidente en funciones a someterse a una investigación sobre su actuación y posible conflicto de interés.

Ese último concepto, el de conflicto de interés, era en México conocido, pero nunca había sido factor de una crisis política. Desde siempre se ha sabido —porque hasta parece parte de la cultura política mexicana— que desde el poder se toman decisiones para beneficiar a amigos, a compromisos políticos, a familiares y hasta a sí mismo, en una práctica que hemos conocido como “dedazo”, “compadrazgo”, “amiguismo” y, a veces, como “tráfico de influencias”, “prestanombres”, “empresas fantasma” y “negocios fachada”, entre otros.

Todos tienen la peculiaridad de ser nombres para un solo tipo de actos: el conflicto de interés que se genera cuando una persona funge al mismo tiempo como autoridad y como beneficiaria —o intermediaria— en un negocio con particulares. Esto ha sido ampliamente conocido, aunque la cultura política ha permitido y hasta fomentado ese tipo de prácticas, porque en los tiempos del régimen de partido hegemónico, la corrupción era una de las formas de inclusión, de tolerancia y hasta de permisividad con los propios y con los contrarios, en aras de mantener eso que era conocido como la “estabilidad política”.

De hecho, nunca se habría imaginado que un Presidente mexicano en funciones pudiera ser sometido a un escándalo como esos, primero porque hasta hace pocos años nadie se hubiera atrevido a exhibirlo; segundo porque el Presidente era visto como un verdadero monarca con un reinado de sólo seis años; y tercero porque todos habrían sabido que, en otros tiempos, la posibilidad de hacer tambalear habría sido mínima, y la consecuencia de enfrentarlo habría sido mayúscula.

Y aunque este no fue un caso exitoso del todo —la periodista Carmen Aristegui fue sacada del aire con su exitoso noticiero radiofónico en la cadena MVS, y el Presidente fue exonerado por el subordinado que lo investigó— sí generó un cambio profundo que ahora debe ser empujado lo más posible para que al menos ese sea el gran dividendo de este innegable escándalo de corrupción.

¿QUÉ ES EL SNA?

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en principio porque es, en mucho, producto de la acción social manifiesta de diversas maneras, directas e indirectas, concatenadas en una expresión de inconformidad y hartazgo ante las cotidianas revelaciones de excesos y actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos o privados. En esto, es notable la revelación de la llamada “casa blanca” y de los otros escándalos de funcionarios federales que surgieron tras la publicación del conflicto de interés en que había incurrido el propio Presidente de la República.

En segundo término, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio propio. El incluir en el Título Cuarto constitucional a los particulares vinculados con “Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción” da cuenta de ello.

Cierto es que la mera inclusión de estas reformas no es garantía absoluta de que las prácticas apartadas de la ética se erradiquen de nuestra realidad, toca a los legisladores la parte más compleja para la generación de un real sistema, el tejido fino que permita la articulación de fines, alcances y estructuras con el soporte legal y funcional que le dote de eficiencia y eficacia. El Congreso de la Unión sólo cuenta con el plazo de un año para generar la legislación secundaria que obliga la reforma, pero el verdadero reto será la construcción del andamiaje operativo que armonice las responsabilidades y facultades de las diferentes entidades que integrarán el sistema.

Tres son los frentes principales que deberán observarse: la prevención, la contención y la sanción y ello demandará la integración de un subsistema muy fino que será el corazón de todo el aparato y sin el cual difícilmente será eficaz en su funcionamiento y resultados. El sistema anticorrupción demanda, además de un marco normativo sólido, claro y sin ambigüedad, los mecanismos indispensables para la obtención de los elementos de juicio necesarios, tanto para la detección oportuna, como para la acción consecuente.

En el fondo, parece que el Presidente, orillado por las circunstancias y presionado por la sociedad mexicana de una forma nunca antes vista, decidió lanzar el SNA de una forma tal que sea un verdadero parteaguas. Aún continúa en el Poder Legislativo la discusión sobre cómo se establecerá la legislación secundaria, que será lo que establezca todas las formas y candados que se deben establecer para combatir la corrupción.

GENERAR CULTURA

Lo que hace falta también establecer, y ese no es un problema de normas sino de cultura, es lo relacionado a dejar de ver la corrupción como parte de nuestro entorno y convertirla —como debió haber sido siempre— en un asunto repudiado, rechazado y perseguido por la propia sociedad mexicana, que ya no debería tolerar más el intercambio de democracia por estabilidad, o de corrupción por estado de cosas. Sin ese ingrediente, podríamos tener el mejor sistema anticorrupción del mundo, y no avanzar. Algo así como lo que ocurre en materia de procesos electorales.

¿Cuántos profesores normalistas presentaron evaluación en Oaxaca?

EvDocente

+ Por plaza automática, egresados de normales manchan antecedentes


Un dato que debiera rescatar el IEEPO, es cuántos de los profesores que hace algunas semanas realizaron la primera evaluación docente en la entidad, son egresados de las escuelas normales de educación, y cuántos tienen otro perfil profesional. Otro dato interesante sería saber cuántos de los que hicieron la ya conocida evaluación, son “herederos” de su plaza magisterial; cuántos la ganaron como forma de contratación automática, y cuántos la consiguieron de algún otro modo. En esa estadística hay mucho de lo que hasta ahora no se entiende hacia fuera del gremio magisterial, pero que le está provocando una fuerte corrosión en las relaciones entre los propios trabajadores de la educación.

En efecto, desde hace algunas semanas, los normalistas oaxaqueños que exigen que el Estado les asigne una plaza automática, como ocurría hasta el año pasado, han realizado diversas movilizaciones en la entidad buscando la atención del gobierno estatal y federal. Contrario a lo que ocurría en el pasado, hoy los normalistas ya no se movilizan bajo el cobijo de la Sección 22, y ésta tampoco se ha referido a la lucha de los normalistas por un espacio de trabajo.

¿Qué ocurrió ahí? Según parece, la 22 ha venido retirando el apoyo a los normalistas porque éstos dejaron de ser ya la carne de cañón que ellos podían utilizar, bajo el gancho o la coacción de que su participación en las actividades sindicales eran fundamentales para que, una vez contratados, fueran asignados en comunidades no tan lejanas a los centros urbanos, o para que rápidamente les mejoraran sus condiciones laborales, salariales o de ubicación en sus áreas de trabajo. Por eso, de un tiempo a la fecha la 22 ha relegado completamente las exigencias relacionadas con los normalistas; y a éstos hoy se les ve movilizarse solos, pero ya sin el respaldo que en otros tiempos tuvieron del sindicato magisterial.

Esto es significativo, y a la vez indicativo de otras cuestiones que también deben ser consideradas. Entre los trabajadores de la educación en activo, existen otras diferencias que paulatinamente saldrán a la luz, entre quienes —aún con el ignominioso método de la contratación automática— técnicamente se ganaron su plaza, y quienes la heredaron o la adquirieron por otros métodos. Esa diferencia irá saliendo a partir de los resultados de las evaluaciones, y del cruce de éstos con los antecedentes de los evaluados.

Pues resulta que se habla poco de eso, pero entre los trabajadores de la educación hay egresados de las normales superiores como personas con otros perfiles profesionales —y muchos más sin ningún perfil académico— que en los hechos realizan las mismas funciones. Hoy en día, entre ellos se marcan diferencias no sólo por su origen sino sobre todo por su capacidad de adaptación al trabajo docente que realizan, y por su desempeño reflejado en una evaluación tan básica como la que les realizaron hace algunas semanas.

Quien entiende lo que ocurre al interior del gremio magisterial sabe que, incluso por su origen, entre los trabajadores de la educación hay confrontaciones fuertes. En el fondo, y a pesar de todo, los egresados de las normales superiores que sí están ejerciendo labores docentes frente a grupo, son los que de mejor modo han ido asimilando las transformaciones y los requerimientos que hoy impone la nueva realidad educativa, cuestión que no ocurre con quienes accedieron a una plaza magisterial por otra vía.

Por esa razón, del resultado de esta primera evaluación, también saldrá un balance del futuro que tienen los diferentes tipos de trabajadores docentes. No habrá duda que los que mejor podrán enfrentar ese reto, son los que tienen como antecedente el normalismo en Oaxaca. ¿Entonces por qué insistir en la contratación automática como una forma de chantaje?

DEMANDAS QUE DESACREDITAN

Los normalistas oaxaqueños insisten en tener la agenda de la 22. Evidentemente, la reforma educativa les afecta porque impide que todos sean contratados independientemente de la necesidad de nuevos profesores que pudiera tener el sistema educativo estatal. La evaluación, y el concurso por las plazas, finalmente los pondrá a competir entre ellos, pero también contra los egresados de otros centros educativos, que también pueden tener un perfil de docente. ¿De verdad ven un panorama tan sombrío como para continuar insistiendo en la contratación automática, o es ésta una consigna para continuar la lucha de un sindicato que los dejó solos?

Pues en el fondo parece más una necedad que una necesidad, el continuar insistiendo en lo relacionado con la contratación automática. Quienes protestan no han calculado que el normalismo es quien podría dejar en mejor posición todo lo relacionado con la evaluación. A pesar de no contar con estadísticas precisas, puede desde ahora preverse que los que en mayor cantidad acudieron a la evaluación, son los que tienen ese origen.

Y nada impide suponer que pudieran ser los que mejor resultados obtuvieran de la evaluación. Si a pesar de eso siguen insistiendo en lo de la contratación automática, y en las consignas políticas de la Sección 22, entonces ellos mismos estarán menospreciando su potencial, y los que protestan y se manifiestan en las calles, se estarían confirmando como los incompetentes que por eso insisten en conseguir por la vía política, lo que no pueden lograr a través de un concurso.

En el fondo, es muy lamentable que a los normalistas nadie les brinde la información necesaria para que ellos mismos se revaloricen como profesionales, y dejen de insistir en su faceta de radicales provocadores de disturbios. En las condiciones actuales no pueden decir que las circunstancias los orillan a algo como eso. Es su empecinamiento por la prebenda fácil y por la consigna política lo que los hace tomar esa postura. Aunque con eso desdeñen los posibles logros que se puedan desprender del nuevo rasero que se les intenta aplicar para medir sus capacidades.

UN CONOCEDOR

Ayer designaron a Javier Jiménez Herrera como subsecretario de Gobierno, que estaba vacante luego de que su antiguo titular, Carlos Santiago Carrasco, fue ascendido a secretario de Gobierno. Hay muy pocas personas que conozcan tan bien la política interna del Estado, y que por tanto tiempo se hayan desempeñado con tanta pasión y vocación en esas tareas, como Jiménez Herrera, que estaba ya en la Segego, pero ahora ocupa de nuevo una tarea relevante. Enhorabuena.

Nace la Ciudad de México: aparece el Estado 32 del país

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+ Homologación, acto de justicia para vanguardia política


El martes, el Senado de la República concluyó los trabajos legislativos de la reforma política que le dará vida a la Ciudad de México como una verdadera entidad federativa, y que liquida la figura del Distrito Federal. Este es un hecho de gran trascendencia para nuestro país, porque quizá desde la emisión de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 1917, no ha habido otro Constituyente con tanto potencial de trascendencia —el de ninguna entidad federativa habrá sido tan relevante— como el que se conformará para redactar la Carta Constitucional de la capital del país.

En efecto, con 74 votos a favor, 20 en contra y una abstención, el Senado de la República aprobó el martes los cambios enviados por la Cámara de Diputados a la minuta de la reforma política del Distrito Federal, con lo cual la capital del país se llamará de manera oficial Ciudad de México, será una entidad federativa, con autonomía de gestión, y contará con su propia Constitución.

La reforma política de la ahora oficialmente llamada Ciudad de México, llevaba 15 años atorada en el Congreso de la Unión debido a las diferencias entre las fuerzas políticas del país. Según los transitorios de la minuta, una vez que aprueben la modificación constitucional 17 entidades federativas, el Instituto Nacional Electoral emitirá la convocatoria para elegir a los integrantes del Constituyente, que elaborará la Constitución de la nueva entidad federativa.

Pareciera que los cambios sustanciales que podría tener la capital son mínimos; aunque sólo basta con regresar veinticinco años en la memoria, para corroborar y reconocer que en pocos países del mundo la situación política de una sociedad ha podido cambiar tanto, en un periodo tan corto de tiempo, como lo ha hecho la capital mexicana. ¿De qué hablamos?

De que apenas en 1993 —hace 22 años— se estableció el primer régimen equiparable al de un estado más del país para el Distrito Federal, al establecerse en el artículo 122 constitucional (que hasta entonces no hacía mención alguna al régimen político del DF) una especie de división de poderes, en la que había un Jefe del Distrito Federal, una Asamblea de Representantes, un Tribunal Superior de Justicia; y se instituía el deber de legislar un Estatuto de Gobierno para la capital del país, pero sin la posibilidad de que los habitantes de la capital pudieran elegir siquiera a sus gobernantes.

Fue en 1996 cuando ocurrió la primera gran reforma política de la capital del país, que le quitó al Presidente la facultad de nombrar al llamado “regente” del Distrito Federal, y que estableció que esto ocurriera a través del voto de los capitalinos. Dicha reforma, también modificó la naturaleza de la Asamblea de Representantes para convertirla en Asamblea Legislativa. Pero evidentemente, fue una reforma incompleta porque a entonces nueva figura del Jefe de Gobierno del Distrito Federal no se le dieron facultades plenas, sino que en algunos rubros (como el de la seguridad pública) éstas siguieron supeditadas al Ejecutivo federal.

Aunque parecen temas olvidados, ese reparto de facultades entre el Ejecutivo Federal y el Jefe de Gobierno, ya hicieron crisis, como cuando en 2004 el entonces presidente Vicente Fox Quesada destituyó a Marcelo Ebrard Casaubón como titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, luego de que ocurriera el linchamiento de dos agentes de la Policía Federal Preventiva en Tláhuac.

Ebrard había sido nombrado por el consenso entre el jefe de Gobierno, Andrés Manuel López Obrador y el presidente Fox; pero luego de aquella masacre —aderezada por el pleito entre los dos políticos por la carrera sucesoria del 2006— Fox utilizó a plenitud una facultad que hasta entonces había estado sólo señalada para el Presidente, pero que en los hechos había ejercido el Jefe de Gobierno del DF.

EL ESTADO 32

Con estos cambios, la Ciudad de México tendrá una autonomía inédita, ya que el gobierno federal mantendrá la responsabilidad del financiamiento a la educación y los servicios de salud, además de que el endeudamiento público correrá a cargo del Congreso de la Unión.

Otro de los puntos relevantes, es que se mantiene la figura del jefe de gobierno del Distrito Federal, pero ya con facultades plenas sobre la administración pública de la Ciudad de México, incluidas las que hasta ahora habían estado en manos del Ejecutivo federal, como un resabio de la garantía de mantener el orden público que data desde el periodo inmediato posterior a la Decena Trágica (en 1913), el cual marcó en buena medida la situación política del Distrito Federal como un territorio supeditado al mando federal.

Asimismo, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se convertirá en un Congreso local, por lo que adquirirá la facultad para aprobar o rechazar reformas constitucionales, como el resto de los Congresos estatales. El Congreso de la Unión determinó que la Asamblea Constituyente redactará la Carta Magna de la capital del país antes del 1 de enero de 2018; y que las delegaciones se transformarán en demarcaciones territoriales que serán administradas por un alcalde, que tendrá un cabildo como contrapeso.

Este es otro cambio fundamental, pues hasta ahora uno de los reclamos más válidos respecto a las jefaturas delegacionales, es que éstas tenían las mismas condiciones que un Ayuntamiento en cuanto a infraestructura, responsabilidad, y posibilidad de disponer de recursos públicos, pero en un marco evidentemente antidemocrático, respecto a la figura del Municipio. Pues mientras en éste último, se elige a planillas que integran un Cabildo plural (en el que hay representación proporcional de los partidos perdedores), en el caso de las Delegaciones del DF en éstas el que gana ejerce a plenitud el cargo sin contrapesos; y quien pierde no queda integrado ni con una representación minoritaria en el gobierno delegacional.

CAMBIO TRASCENDENTAL

Se tiene contemplado que la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México arranque sus trabajos el 15 de septiembre del año próximo. Éste será el Constituyente más observado y sujeto al escrutinio de la ciudadanía en México desde que se aprobó la Constitución Federal de 1917. La capital de la República es el epicentro de las grandes decisiones nacionales, y por eso lo menos que se debe esperar es un trabajo legislativo de Estado, y no el grosero reparto de cuotas y parcelas, como ocurre actualmente en la partidocracia.

Las comparecencias ya no sirven ni para el show legislativo

 

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+ La glosa servía para informar; ahora ya es sólo un monólogo


Se le llama “glosa” al desdoblamiento y análisis del informe de gobierno por parte del Poder Legislativo. Se supone que la glosa sirve para que una vez que el Ejecutivo haya presentado el informe de labores del ejercicio anual, el encargado de cada una de las áreas del gobierno acuda ante el Poder Legislativo al “acto republicano” —derivado del  informe— de escuchar a los representantes del pueblo (los legisladores), explicarles la razón y los alcances de la labor realizada, e incluso aclarar sus inquietudes o cuestionamientos. Para eso según sirve la glosa. Pero hoy en Oaxaca no sabemos cómo debiera calificarse a las comparecencias, que ya perdieron hasta su naturaleza interpelativa y la calidad de vodevil político que tuvo hasta el año pasado.

En efecto, han acudido al Congreso diversos funcionarios, y contrario a lo que ha ocurrido en otros años, ahora ya no hubo ni glosa, ni cuestionamientos, ni show legislativo, ni nada. Básicamente, lo que hasta ahora ha ocurrido es la presencia de los titulares de las dependencias estatales, prácticamente a hacer monólogos en los que ya nadie los interpela, les cuestiona o los critica.

Quedaron lejos aquellos años en los que había un verdadero debate sobre el ejercicio público o las metas alcanzadas. Y de hecho, parece que también quedaron atrás los tiempos en los que la glosa servía para que los diputados les reventaran la burbuja de soberbia en la que vivían los colaboradores del Gobernador en turno. Más bien, hoy parecen trabados en un estado de codependencia que no beneficia a nadie. ¿De qué hablamos?

De que prácticamente todos los funcionarios que han comparecido ante el Congreso del Estado, han sido recibidos con el más sospechoso desdén por parte de los legisladores locales. Contrario a lo que ocurría en otros años, pareciera que los legisladores ya encontraron la forma de “domar” a los funcionarios de la administración estatal: quién sabe si lo hicieron a través de dádivas o del hecho de que de verdad ya no les importe lo que deben ir a informar, y que entonces por eso ya ni siquiera tengan interés en cuestionarles sus funciones. Lo que no han entendido es que, domando a los funcionarios, los legisladores se terminaron domando a sí mismos. ¿Por qué?

Porque la naturaleza del informe y de la glosa, es justamente la de la rendición de cuentas. Al informar sobre el estado que guarda la administración, se supone que el Ejecutivo le está haciendo saber al Legislativo —los “representantes del pueblo”— en qué se ocuparon tanto el poder popular como los recursos aportados por todos a través de los impuestos. Y la glosa constituye —valga la expresión— el desglose de toda la información contenida en el informe.

Por eso, cuando los legisladores han tenido voluntad de verdaderamente glosar el contenido del informe, han puesto a trabajar a sus asesores, han corroborado cifras y confrontado los dichos con los hechos. Pero al no hacer nada, y dejar que las comparecencias sean prácticamente monólogos, lo que están haciendo fácticamente es dejarle el camino libre al Ejecutivo para que prácticamente haga lo que se le antoje.

Y si bien hay áreas del gobierno en las que existe un trabajo aceptable, hay otras en las que la función es nula; pero independientemente de eso, resulta que este año a nadie se le ha cuestionado ni interpelado, y lo que finalmente está ocurriendo es que ya ni siquiera fueron los funcionarios, sino los propios legisladores, quienes lisa y llanamente le dieron el primer jalón a la cortina con la que dentro de pocos meses buscarán cerrar la administración. Quizá haya, apretadamente, algunas comparecencias en el marco de la glosa del sexto informe. Pero eso ya ocurrirá ante la siguiente Legislatura.

FORMATO INSERVIBLE

Frente a todo esto, queda claro que el problema del formato actual del informe y su glosa, no sólo radica en el hecho de que las comparecencias sean un auténtico circo, sino sobre todo en el hecho de que éstas no tienen impacto alguno en la evaluación del trabajo realizado, o en el establecimiento de compromisos sobre las deficiencias en el ejercicio de la administración pública. No. Porque en realidad las comparecencias sirven sólo para que los diputados se luzcan señalando, cuestionando y descalificando a los servidores públicos; para que éstos vayan e informen lo que les viene en gana; o, como ocurrió este año, para que unos hablen y otros escuchen, pero sin ningún tipo de diálogo efectivo.

Ahí existe un problema de fondo que, deliberadamente, no ha sido atacado. Pues desde que ocurrió el establecimiento de las comparecencias de secretarios de despacho ante el pleno del Congreso del Estado, se han ido anidando un conjunto de prácticas que hoy hacen no sólo inviables las comparecencias como una forma de rendir cuentas, sino que incluso las convierten en un ejercicio nocivo porque lo que se hace año con año es refrendar las prácticas de connivencia que no debían existir en algo a lo que muchos insisten en llamar como “democracia”.

Y es que a la distancia se ha podido corroborar que la fragilidad de ese mecanismo de rendición de cuentas, y las amplias libertades que permite tanto para quienes comparecen, como para quienes examinan, permite que en realidad las comparecencias se hayan convertido ya en un auténtico “toma y daca” de negociaciones, prebendas y hasta extorsiones, en las que diputados y funcionarios se reúnen previamente para negociar no los compromisos, sino la cordialidad o dureza con la que serán tratados. Lo grave es que en esas “negociaciones” lo que se pone sobre la mesa es impunidad, recursos económicos, prebendas y “colaboraciones en conjunto”, que en realidad no son sino una forma de institucionalización de muchos de los negocios turbios que siguen existiendo en el ejercicio del poder público.

Hasta hoy, los diputados han omitido de forma deliberada revisar el formato de las comparecencias. En el inicio de la LXII Legislatura, los legisladores aparentaron estar metidos en la ingenuidad que escondía la voluntad porque las cosas no cambiaran; y hoy sólo parecen buscar el provecho de su silencio.

NO HAY CONSECUENCIAS

Ese es el problema: que no hay consecuencia ni compromiso alguno derivado de las comparecencias. Por eso todos van a prometer lo que quieren, y a cumplir lo que pueden o que se les antoja. Y los diputados siguen voluntariamente atados de manos dejando de lado la posibilidad de que este sea un ejercicio provechoso para Oaxaca.

Independientes: En Oaxaca vale más la estructura que la popularidad

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+ Que aquí independientes ganen con “gente independiente”, un sueño


 

En los últimos días, al menos tres aspirantes a una candidatura a Gobernador han deslizado la posibilidad de buscar una candidatura independiente. La mayoría de ellos lo han declarado por pose, por moda, o por chantajear al partido en el que militan. Sin embargo, la ruta de un independiente en Oaxaca pasa por algunas particularidades que deben ser claramente consideradas no sólo por los aspirantes, sino por los oaxaqueños. La posible vía de una candidatura como esas debe llamar a una reflexión profunda sobre el valor de la política, y también de la ciudadanía.

En efecto, hasta el momento el senador Benjamín Robles Montoya, la ex diputada federal del PAN, Eufrosina Cruz Mendoza, y el también ex legislador federal Samuel Gurrión Matías, han dejado ver la posibilidad de buscar una candidatura independiente. Esa posibilidad encierra una serie de interrogantes y cuestionamientos propios de una entidad como la nuestra, que no está de más repasar y no perder de vista para los meses siguientes. Al final, quien de verdad quiera explorar esa ruta, tendrá que pasar por estos puntos de revisión.

El primero de ellos, es que en Oaxaca no hay un electorado independiente, ni fuerte, ni identificado con causas que no sean las de los partidos. Pensemos, ¿cuánta gente hay, fuera de los centros urbanos, que de verdad esté convencida de que los partidos no valen la pena, y que entonces la dádiva, la compra del voto, o la coacción, no sean vehículos para la captación de sufragios? Esa es una pregunta dolorosa y reveladora. En Oaxaca hay muy poca ciudadanía independiente: la mayor cantidad de ciudadanos está en los espacios rurales. Y esas personas votan en función de otros factores que no son —para mal de todos— el del voto informado, el del libre albedrío, o el de la capacidad de discernir entre candidatos.

Por esa razón, en Oaxaca la preferencia de un candidato independiente no pasa por los factores de Nuevo León, con el gobernador Jaime Rodríguez Calderón; o de Jalisco, con el diputado local independiente de origen, Pedro Kumamoto. Las candidaturas de ambos, se centraron en el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su proselitismo electoral; y en el caso de Kumamoto, llamó la atención el bajo presupuesto con que se financió.

Según su página de internet, sólo recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

El resultado fue, en ambos casos, de victorias apabullantes; pero logradas a través de personas que no militan en un partido; que tienen un nivel socioeconómico medio o alto; que no son susceptibles de la compra de su voto —no lo venderían por una despensa o un programa social, y la mayoría de ellos definitivamente no cambiaría su voto prácticamente por nada—; y personas a las que finalmente su propia situación social les permitió ejercer su ciudadanía, primero para apoyar a una persona que utilizaba en esa misma lógica el calificativo de independiente; y segundo, para darle su voto de manera libre e informada, como se supone que debería ocurrir con todos los ciudadanos… pero que no pasa en democracias tan incipientes y desiguales como la de Oaxaca.

 

INDEPENDIENTES, ¿CÓMO?

Aquí, hay aspirantes a la gubernatura —como Benjamín Robles Montoya— a los que no les costaría ningún trabajo conseguir las firmas que fueran necesarias para conseguir una candidatura independiente. De hecho, la pregunta para él no sería si las consigue o no, sino cómo lo haría. Y la respuesta apuntaría irremediablemente al uso de la estructura electoral que ha venido armando a través de las organizaciones sociales que lo respaldan.

Sí. En el fondo parece que en Oaxaca una candidatura independiente —que se conforma básicamente con apoyo ciudadano manifestado con firmas y datos de la existencia de esas personas en el padrón electoral— pasa por las estructuras electorales y no por la verdadera concientización ciudadana. Lo que han hecho, Robles y otros candidatos, es utilizar sus estructuras clientelares tradicionales, o para ponerlas al servicio de un partido político que los postule, o en su caso para ponerse la careta de independientes y lograr, artificialmente, una candidatura de esa naturaleza.

Pues resulta que según la lógica con la que aparecieron las candidaturas independientes, éstas debieran servir para que los ciudadanos del país pudieran acceder a la candidatura a un cargo de elección popular, gracias al apoyo de la gente que no tiene partido; pero según el sesgo local, éstas van a servir para quienes pretendan poner su estructura electoral al servicio de una causa diferente a la de los partidos políticos. ¿La gente da su apoyo de forma libre e informada? No: lo hace por la dádiva. ¿Apoyaría con plena conciencia y discernimiento de lo que haría? No: lo haría presionado o coaccionado por el beneficio antes o después otorgado. ¿Ese es el “espíritu” de una candidatura independiente? No: sería una abierta y grosera impostura, contraria al sentido que se busca con esa novedosa figura política.

Así, al final parece que las candidaturas independientes en Oaxaca pasarán por las estructuras electorales —lo mismo de siempre—, y no por el convencimiento ciudadano. Si intentan hacerlo a través de las fórmulas del norte o el occidente del país, se toparán con pared: aquí la mayoría de los electores no tiene un teléfono celular; ni redes sociales; ni un nivel de escolaridad que le permita entender perfectamente la importancia de mantener su voto en la voluntad y no en la dádiva o en el engaño.

¿Qué si tienen miles de oaxaqueños? Hambre, miseria, marginación. Es decir, la combinación perfecta para que hasta los independientes utilicen a las organizaciones y sus estructuras para darle una revolcada a su ingeniería electoral de siempre.

 

INDEPENDIENTE=CHANTAJE

En esa, y sólo en esa lógica, se entiende el mensaje de Agustín Basave en Oaxaca: no habrá chantajes ni condicionamientos. Eso se lo dijo a quien reiteradamente ha hablado de la ruta independiente, dentro de la izquierda oaxaqueña. Ese es Benjamín Robles Montoya.

Martínez Neri quiso ser el Aureoles oaxaqueño… pero no podrá

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+ El PRD tiene mucho que definir, y Neri no tuvo tanto para crecer


Cuando en los últimos días de agosto, el diputado federal por Oaxaca Francisco Martínez Neri, fue súbitamente ungido como Coordinador de la bancada del PRD en la cámara baja, hubo una idea —entonces creíble— de su partido, o las circunstancias, lo habían metido en la carrera sucesoria de Oaxaca. A Neri se le vio —y él mismo así lo asumió— como una posible reedición de Silvano Aureoles, que desde esa misma posición brincó a la candidatura a Gobernador de Michoacán, y hoy es mandatario de aquella entidad. Sólo que los hechos indican que nada de esto será así, justamente porque Martínez Neri no es Silvano Aureoles.

En efecto, en su edición de ayer domingo, la columna Bajo Reserva Express, del periódico El Universal, daba cuenta de una desesperación que no debiera ser propia de un político bien plantado en su cargo. “El coordinador parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, está dispuesto a prometer lo que sea necesario para que el partido le de la candidatura al gobierno de Oaxaca, nos comentan. Nos explican que aún sabiendo que los números no le alcanzan al interior del partido, ha alzado la mano debido a que asegura cuenta con el respaldo de los profesores que conforman la CNTE.

“Además don Francisco, quien fue rector de la UABJO, ha dicho a los perredistas que de obtener la candidatura irá en una alianza con todas las fuerzas de la izquierda, incluida Morena. El problema, nos dicen, es que ni Morena, ni su máximo líder, Andrés Manuel López Obrador, no quieren saber nada del PRD y la CNTE. Así, Martínez Neri tiene un camino complicado, no solo para lograr que el PRD le de la candidatura, sino para juntar agua y aceite”, remataba la publicación (http://eluni.mx/1P0zWQ4).

Más allá de si Martínez Neri podría ser un interlocutor válido en la posible reunificación de las izquierdas (al menos) en Oaxaca, lo que esta publicación revela es lo que ya muchos han visto en los corrillos de la política nacional: que a Martínez Neri se le cumplió la profecía de ser un coordinador parlamentario sólo de membrete, y que además él no fue capaz de acreditarse —ni siquiera entre sus correligionarios—, para poder contar con un capital propio que le abriera el margen para disputar válidamente la postulación del PRD a la candidatura a Gobernador de Oaxaca.

Sobre el arribo de Neri a la coordinación, vale recordar lo que apuntamos en este espacio el 1 de septiembre: que al oaxaqueño lo propuso Jesús Valencia (el cuestionado delegado con licencia en Iztapalapa) y lo respaldó el grupo de Miguel Mancera. Valencia, que es vicecoordinador, vio en el oaxaqueño al adecuado para ocupar temporalmente la coordinación, hasta que fuera nombrado (según él) como candidato a la alcaldía de la capital oaxaqueña en 2016, y él pudiera subir a la coordinación. Sólo que ahí se atravesaron nuevamente los perredistas al mando de Acosta Naranjo.

¿Qué pasó? Que la parte de Nueva Izquierda afín a Naranjo, apuntamos en aquel entonces, vio bien a Martínez Neri, y empujó el acuerdo con Zambrano para que éste fuera Presidente de la Mesa Directiva. Fueron a votación, y lograron que Neri obtuviera el mayor número de votos y se colocara como coordinador. Acosta Naranjo quedó estratégicamente en segundo lugar, y se ubicó como vicecoordinador, y “cuña” de Neri al interior de la bancada. Hoy saben que el encargado de manejar los recursos de la bancada, y el negociador al interior será Acosta, y el rostro público será Neri.

LAS PIFIAS DE NERI

Asimismo, queda claro que al margen de la negociación entre las tribus perredistas para definir a su coordinador, en estos 100 días que lleva Martínez Neri como Coordinador, no logró construir algo sólido a partir de la oportunidad que el perredismo le dio, y a estas alturas ya no podrá hacerlo. En lugar de generar condiciones para tratar de ubicarse como un verdadero factor de respeto y decisión al interior del PRD, Neri prefirió abrazar sus prácticas acaparadoras y egocéntricas de siempre, pero apenas le duró unos días su creencia de que verdaderamente era el mandamás entre los perredistas.

Apenas una semana después de haber asumido como coordinador, vinieron los primeros cuestionamientos por el uso de los recursos de la bancada, y por la intención del oaxaqueño de desplazar a todos los que no fueran estrictamente de su equipo, para hacer el manejo presupuestal, técnico y administrativo de la fracción perredista.

Eso le generó, desde el inicio, un enorme descrédito, que se ha venido profundizando por su incapacidad de tomar el timón en los asuntos importantes. Se dice, incluso, que Neri quiso imponer la práctica de que las reuniones con diputados federales —sus pares— las encabezaran sus asesores. Eso tampoco le fue permitido; y por eso, en las tareas de coordinación, se terminó fortaleciendo la figura de Guadalupe Acosta Naranjo, que había entrado como “guardián” pero ha fungido cada día más como el coordinador de facto.

Al final, Martínez Neri también vio que su antecesor inmediato era Silvano Aureoles y que él había construido, desde la coordinación de la diputación perredista, su candidatura al gobierno de Michoacán. Creyó, básicamente, que el cargo hacía su labor casi en automático, sin considerar que el trabajo político es determinante. Pero se ha llevado una amarga sorpresa, al corroborar, en estas semanas, que no es más que un coordinador de membrete pero ya sin capacidad de generar ningún tipo de sinergia o presión entre sus compañeros, o frente a la dirigencia nacional del PRD, que le sigue dando su lugar como coordinador y como negociador aparente, e incluso como una carta posible a la candidatura a Gobernador de Oaxaca, pero sin concederle ninguna posibilidad real de alcanzarlo.

DE RELLENO

Al final, Neri no tiene nada de lo que se necesita en el PRD para buscar sólidamente una candidatura de ese tamaño: no es un político con los avales políticos de los poderes federales; no tiene el apoyo político del régimen estatal (eso lo trae José Antonio Estefan Garfias); no es un personaje con presencia o capacidad de crecimiento electoral; y ni siquiera podría usar, en las condiciones actuales, el liderazgo entre los diputados federales perredistas para verdaderamente se considerado. Así, Martínez Neri parece más un material de relleno para legitimar la intrincada y enredada carrera perredista por la definición de su candidato, que alguien con auténticas posibilidades de convertirse en candidato.

En Oaxaca, qué bueno que haya muchos aspirantes a la gubernatura

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Gobernador

+ Se debe privilegiar el tiempo de la pluralidad y competencia política


Es una paradoja que la ciudadanía exija democracia, y que en apariencia los partidos políticos la promuevan como un elemento progresivo de la sociedad, pero que en el fondo haya quienes sigan siendo afines a prácticas tan conocidas —e indeseables— como el “dedazo”. Hoy que en Oaxaca estamos en vísperas de definiciones fundamentales en los partidos rumbo a la sucesión gubernamental, la competencia preelectoral parece marcada por cierta repulsión a una competencia abierta. ¿De verdad quisiéramos regresar al régimen de un solo hombre, un solo gobernante, un solo candidato, y un solo “heredero” del poder público?

En efecto, en los últimos diez días hemos visto cómo la competencia en los partidos se ha nutrido de aspirantes. En el PRI, en el que todos suponían que lo que ocurriría es una decisión tajante desde las entrañas del poder federal, hay por lo menos tres aspirantes que hasta ahora han manifestado su intención de participar en el proceso de selección del candidato. En el PRD hay hasta el momento un solo participante, aunque eso no significa que no vaya a haber competencia. En Acción Nacional, igualmente hay hasta el momento una sola persona que ha manifestado abiertamente su deseo de convertirse en candidata. En las demás fuerzas políticas —y dependiendo del rumbo que tome la coalición— irán apareciendo más y más posibles contendientes.

En ese escenario, hemos visto que hay un ánimo que aparenta ser repulsivo a la competencia. En el PRI, por ejemplo, ha habido intentos casi permanentes de desacreditar a los aspirantes. En esa lógica, han desfilado desde los argumentos más atendibles hasta las ideas más absurdas por las que unos creen que sus competidores no deben ser quienes ganen la competencia por la candidatura. Al final, lo cierto es que todos debieran recibir con buen modo la competencia porque finalmente ese es el signo que legitima cualquier proceso dentro de un partido político.

Además de eso, la competencia dentro del PRI es bastante nutrida. El ex director del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa tiene, además de sus importantes antecedentes académicos y de experiencia en el servicio público, el factor fundamental de ser un personaje cercano al gobierno federal. Oaxaca necesita urgentemente la atención federal efectiva, y Murat Hinojosa es una garantía de la sinergia que en los últimos tres lustros ha estado rota entre la federación y nuestra entidad por las reiteradas diferencias entre los presidentes y los Gobernadores de Oaxaca.

Junto a él se encuentra el ex secretario General de Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández, que además de tener una amplia trayectoria política en Oaxaca, en los casi dos últimos años que fungió como servidor público, demostró eficacia en la atención de los asuntos que le competían. Fue un funcionario discreto, alejado de escándalos y que además demostró capacidad de interlocución con muchos de los grupos sociales que se convirtieron en elementos críticos de esta administración. La sola lógica política, y su presencia en el escenario actual, explica la decisión de Gómez Sandoval de participar en esta competencia.

En un tercer frente está el senador con licencia, Eviel Pérez Magaña, que si tiene un valor agregado es su presencia permanente en la política local desde el año 2010. A pesar de asegurar que es el puntero en las encuestas, acaso es quien tiene más negativos no sólo por sus sucesivas derrotas en los últimos procesos electorales en los que ha participado, sino además por su cercanía inocultable con el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz.

Es cierto que es un personaje electoralmente competitivo, pero también es quien menos puede crecer dado lo explotada y desgastada que está su imagen luego de tantos altibajos en su trayectoria política reciente. Ello hace relativa su rentabilidad. No obstante, su sola presencia en la competencia electoral fortalece la idea de que finalmente el PRI tomará una decisión importante, consensada y legitimada entre todos los factores políticos dentro de ese partido.

(NO) MUCHOS CANDIDATOS

En el PRD sólo el diputado federal con licencia José Antonio Estefan Garfias, ha manifestado su decisión de buscar la candidatura al gobierno estatal. Ello, como en el caso de Gómez Sandoval, se explica a partir de la lógica: con este proceso electoral, suma tres ocasiones en las que ha aspirado a ser abanderado de un partido político. Por ese solo hecho, no hay razón para suponer que ahora no lo intentara, añadiéndole el hecho de su vigencia política como legislador federal en funciones.

Particularmente, en el PRD hay una indefinición que deberá resolverse en las semanas próximas: el senador Benjamín Robles Montoya se asume como militante de ese partido, y en algunos momentos ha también manifestado su deseo de ser candidato del PRD a la gubernatura. No obstante, Robles intenta generar también una estructura que le permita competir como candidato independiente. Con eso, pareciera que Robles está tratando de generar una especie de chantaje, que no necesariamente pasa por una competencia interna que, para variar, tampoco ha planteado la dirigencia nacional del PRD para definir a su candidato.

Finalmente, en el PAN las cosas tienen un contexto similar. El panismo es una fuerza política minoritaria en la entidad, y se verá muy anclado a la decisión que tome el PRD si es que deciden ir en coalición. Por si solo el PAN ha sido incapaz de ganar distritos en los últimos comicios y eso enturbia su panorama. Esa situación es concomitante a su carencia de cuadros. Por eso la ex diputada federal Eufrosina Cruz parece ir sola en esa competencia, aunque también está cayendo en la tentación del chantaje con la idea de generar una candidatura independiente.

Finalmente, lo lógico y necesario es que se abran las competencias internas y se privilegien las decisiones legitimadas, y no las cupulares. Sólo en esa medida podrán los partidos políticos tener candidatos reales. Los que quieren la verticalidad deberían optar por Morena, que hoy en día es el único partido donde continúan utilizando el verticalismo de un solo líder.

NUEVO TITULAR

Ayer el Congreso local ratificó a Carlos Santiago Carrasco como nuevo Secretario General de Gobierno. La apuesta fue, al parecer, por un elemento operativo experimentado que evite las “curvas de aprendizaje” que pudieran ser innecesarias, y hasta nocivas, en un periodo como el que vive la entidad.