Columna Al Margen

Conago, a favor del Mando Único: ¿el federalismo se doblega?

almargenoaxaca

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enero 15, 2016

conago

+ Modelo federal debe conciliar la seguridad con ayuntamientos

En su calidad de poder fáctico, la Conferencia Nacional de Gobernadores avaló la propuesta presidencial de integrar un Mando Único Policial para las 32 entidades federativas del país, y solicitó a las cámaras federales hacer lo necesario para implementar legalmente esa figura sin romper con la figura y atribuciones constitucionales del Ayuntamiento. Esa es una tarea compleja, máxime cuando por definición el Mando Único es incompatible con la figura del Ayuntamiento, y aún con la del federalismo en México. ¿Qué deberán hacer las cámaras federales para lograr ese equilibrio?

En efecto, de acuerdo con lo publicado en los últimos días en los medios informativos de la capital del país, los integrantes de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago) votaron ayer por unanimidad para que se eleve a rango constitucional el modelo de Policía Estatal Única en las 32 entidades federativas, entre ellas Oaxaca. El presidente de la Conago y gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, informó que tras reunirse con los mandatarios estatales de todo el país y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, votaron por llevar al Senado de la República la propuesta en los próximos días.

Exhortó a los mandatarios a apoyar la reforma constitucional, porque la iniciativa contempla situaciones reales que atañen al país. Ávila dijo que esta medida no afectará la autonomía de los municipios, pero sí permitirá un mayor control de las corporaciones, lo que representa más cercanía y eficacia en materia de seguridad. En su oportunidad, Osorio Chong resaltó que esta iniciativa está planteada para fortalecer a las instituciones de seguridad del país. El funcionario federal reconoció el consenso al que llegaron los gobernadores y señaló que esta es “la vía para dar resultados en seguridad, a través del trabajo coordinado y corresponsable”.

Frente a todo esto, vale la pena preguntarse ya no sólo el qué sino el cómo. Pues parece que entre los propios Gobernadores ya hay un consenso al respecto, pero existen muy pocas definiciones relacionadas con cómo pretender llevar a cabo esta misión. Pues según la iniciativa presidencial, el objetivo del gobierno federal consiste básicamente en diluir a las más de dos mil 300 policías municipales para integrar únicamente 32 corporaciones estatales que suplan a las corporaciones municipales en la tarea de brindar seguridad a todos los ciudadanos de un estado.

En este sentido, el presidente de la Comisión de Justicia de la Conago, César Duarte Jáquez, dijo que según la iniciativa de la Conago se plantea una reforma constitucional para consolidar un solo cuerpo policial, respetando las particularidades de cada entidad. “Hay que diferenciar el tema del mando único con el de las policías estatales. Lo que se está planteando es una reforma constitucional, para consolidar un sólo cuerpo policiaco estatal respetando particularidades de los municipios en los cuales, policías administrativas se hagan cargo del bando de policía y buen gobierno”, reiteró.

La Conago aclaró que esta iniciativa “no está relacionada con el Mando Único” ya que el modelo de Policía Estatal Única plantea consolidar un solo cuerpo policiaco estatal, “respetando las particularidades de los municipios en los cuales las policías administrativas se hagan cargo del mando de policía y buen gobierno”.

Evidentemente, parece que lo que los legisladores y el gobierno federal pretenden, en conjunto, es generar un nuevo Frankenstein que aparente atender un problema que en el fondo todo indica que seguirá al garete. ¿Por qué? Porque hoy en día es evidente que la seguridad pública enfrenta retos que necesitan determinaciones que no son las que están tomando los gobernadores en conjunto con el gobierno federal para atender de fondo el problema que presenta el país.

MANDO QUE DILUYE

En realidad, toda propuesta que está destinada a implementar un modelo de mando único tiene como telón de fondo la disolución de las corporaciones municipales y por ende un final cuestionable al federalismo, a través de la disolución, de facto o de iure, del municipio como figura política en la Constitución General de la República. ¿Por qué?

Porque pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

CENTRALIZACIÓN

Lamentablemente, el acuerdo de la Conago no abona a esa idea y más bien parece justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás. Todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

Regular pre-precampañas demuestra pequeñez de los candidatos

almargenoaxaca

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enero 14, 2016

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PromociónPoli

+ Aspirantes no demuestran su capacidad de respeto y autocontrol

Aunque la autoridad electoral se lamente porque la ley no alcanza a regular lo que ahora se conoce como “pre-precampañas”, debiera ser un imperativo de los propios aspirantes a cargos de elección popular saber comportarse. El problema es que, libremente, casi todos los que aspiran a algún tipo de cargo público en la entidad han utilizado este tiempo como una especie de “zona libre”, al margen de lo que estipulan las normas, para hacer todo tipo de proselitismo en aras del proceso electoral que se avecina. Aunque ésta parece una conducta natural en nuestro sistema político, en realidad lo que demuestra es la pequeñez de los aspirantes a cargos públicos y el comportamiento irresponsable propio de un menor de edad.

En efecto, en las últimas semanas el IEEPCO ha tratado de regular las desbocadas campañas anticipadas que están realizando diversos aspirantes a cargos públicos. Ha intentado hacerlo con poco éxito, primero por la compleja situación que prevalece en cuanto a las normas electorales. Como no hay una regulación específica —luego de que el pasado 5 de octubre una decisión de la Corte dejara a Oaxaca sin marco jurídico-electoral gracias a las pifias de la LXII Legislatura— entonces la autoridad electoral no ha parado de trastabillar en la justificación y fundamentación de las resoluciones con las que intenta poner orden entre partidos y candidatos en la entidad.

El resultado evidente, es que el IEEPCO ha fallado estruendosamente en esa misión. Intentó, por ejemplo, meter en cintura la propaganda electoral que, hasta ahora, el aspirante a la candidatura a Gobernador por el PRD, José Antonio Estefan Garfias, ha disfrazado de portadas de revistas y de entrevistas de color; pero a pesar de las regulaciones y las sanciones que le impuso, no ha habido poder humano que logre retirar de las calles la propaganda de él y otros candidatos.

En esto la falla es doble debido a que toda sanción tiene por objeto aplicar un correctivo para quien viola una disposición, pero también tiene como propósito que los demás —que posiblemente estén incurriendo en una conducta u omisión similar— vean el escarmiento aplicado, y se abstengan de continuar haciéndolo. Nada de eso ha ocurrido, porque en todas las fuerzas políticas, sus candidatos, dirigentes y “cuadros” no han tenido el menor empacho en continuar con sus actividades de “pre-precampaña” sabiendo que, legalmente, la autoridad está impedida para sancionar diversas conductas, y evidentemente aprovechando también los huecos legales para hacer libremente todo tipo de proselitismo electoral.

Es por ello que, de distintas formas, los aspirantes a algún cargo público disfrazan también actos proselitistas aún ostentando cargos en la administración pública, o se inventan fundaciones o asociaciones civiles con evidentes fines electorales —y que además no aclaran el origen de los recursos que utilizan para sus actividades—, o simplemente realizan actos proselitistas en los que gastan en movilización, en comida, en dádivas y en organización, sin que todo eso se encuentre sujeto a ningún tipo de regulación o posibilidad de que la autoridad electoral revise lo ejercido.

Es evidente que, frente a eso, la salida fácil pudiera consistir en exigir que se estableciera algún tipo de legislación al respecto. No obstante, en el fondo más bien parece que lo que es necesario —y que no se ve por ningún lado— es la capacidad de auto regulación de los propios partidos y candidatos, para abstenerse de hacer no sólo lo que la ley les prohíbe, sino también para no incurrir en conductas que demuestren su profunda voluntad por romper el orden o la equidad que se supone que debe regir en este tipo de procesos democráticos.

NO HAY AUTOCONTROL

La explicación de por qué hay “pre-precampañas” es simple: como en cada reforma electoral la ley ha venido acotando los márgenes de tiempo y recursos económicos que se utilizaban en los tiempos de campaña, hoy los partidos y sus aspirantes siguen tratando de retrasar los tiempos con tal de tener espacios “libres” para hacer un proselitismo sin estar bajo el escrutinio de la autoridad electoral.

De hecho, si recordamos hasta hace relativamente pocos años la llamada “precampaña” no estaba regulada, y ese era el periodo que tenían los aspirantes a cargos públicos para hacer proselitismo desenfrenado, pues la ley no preveía ese periodo y por ello era tomado como un espacio franco para “posicionarse” electoralmente hablando y llegar a los tiempos formales de campaña ya avanzados en el trabajo político, y con buenos resultados en las encuestas de opinión ciudadana.

Una vez que fueron reguladas las precampañas comenzaron a buscar nuevas alternativas. El resultado de eso es la ahora llamada “pre-precampaña” que no fue sino el retraso de los tiempos para hacer las mismas actividades que antes hacían en la precampaña. En el fondo, todo esto revela algo que todos aceptan pero nadie se niega a ver en su magnitud: que por privilegiar la lucha por el poder nadie reconoce que quebranta no sólo las normas sino cualquier sentido mínimo de equidad y formalidad, en una contienda que debía tener como base el respeto a las normas.

Al incurrir en esas prácticas los partidos y sus candidatos hacen lo necesario para ganar espacio y posiciones frente a los electores, pero lo hacen a costa de presentarse ante la ciudadanía como los primeros promotores del quebranto a las normas.

En eso han incurrido casi todos los aspirantes a cargos públicos, a través de todo tipo de argucias que buscan esquivar las normas para hacer proselitismo en tiempos en los que se supone que no debía realizarse. Parece que en el fondo a nadie le preocupa que esas actitudes los ubiquen como personas incapaces de regirse a sí mismas según lo que dictan las normas, y también como oportunistas que están dispuestos a todo con tal de sacar un provecho por demás efímero.

MODERACIÓN

En esta contienda, llama la atención que el único que ha mantenido una actitud de moderación y apego a lo que debería ser el tiempo de “pre-precampaña” es Alfonso Gómez Sandoval Hernández. Éste, a diferencia de prácticamente todos, ha hecho proselitismo al margen de frivolidades y espejismos. Ello debiera ser más común en una sociedad que exige congruencia, pero que a su vez menosprecia a quien se sale de la práctica proselitista común (e indebida) de casi todos los candidatos.

Robles ya tenía cantado su destino sin la candidatura del perredismo

almargenoaxaca

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enero 13, 2016

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BRobles

+ Podrá integrar padrón como independiente, pero… ¿y lo que le falta?

Las recientes declaraciones del senador Benjamín Robles Montoya alimentan la percepción de que no será candidato de la alianza PAN-PRD a la gubernatura de Oaxaca. Esto se confirma por la compleja dinámica en que entró el PRD en los últimos días, en el que, en la capa superior, parece que lo que se está repensando es la política de alianzas del dirigente nacional, Agustín Basave, aunque en el fondo la disputa es por la designación de candidatos. Las réplicas de la crisis perredista por Tlaxcala —que no son nuevas, y que de hecho estaban anunciadas al menos desde hace un mes— se sienten fuerte en Oaxaca. Y Robles es el primero que acusa recibo de ellas.

En efecto, vale la pena ver las dos caras de una misma moneda. Por un lado, en Oaxaca Robles acusó al Mandatario estatal de ser el principal responsable de que no pueda ser candidato a la gubernatura por el PRD para las elecciones del próximo 05 de junio. Dijo que desde el gobierno pretenden influir en la decisión de su instituto político para dejarlo fuera de la jugada, situación que —dice— confirmó tras una reunión con dirigentes nacionales, quienes le notificaron que es Gabino Cué quien no lo quiere como candidato.

En el otro extremo, el nacional, se encuentra la apretada situación del dirigente Agustín Basave, que en los últimos días ha visto desdibujarse su estrategia de alianzas electorales con el Partido Acción Nacional. Básicamente, como lo apuntamos en este espacio el pasado 7 de enero, la presión que inusitadamente ejerció Acción Nacional sobre el PRD para cambiar a la candidata a la gubernatura de aquella entidad, reabrió un debate que parecía ya cerrado hasta entonces.

Ese debate tenía que ver, primero, con el acuerdo de que las entidades federativas en las que irían juntos PAN y PRD se “repartirían” para la designación de los abanderados. Pero más allá de eso, la discusión en el fondo radicó siempre en ver quién ostentaba mayor poder. Por eso, cuando el PAN presionó por la candidatura, el Consejo Nacional del PRD hizo sus cálculos y decidió replantear lo que inicialmente había emprendido Basave, que por eso hasta presentó su renuncia al cargo de dirigente.

Todo eso ha tenido impacto en Oaxaca. Pues el escenario perfecto para el senador Robles consistía en que el PRD dejara operar libremente a Agustín Basave, quien al inicio prometió que su dirigencia no estaría sometida a chantajes ni a caprichos, sino que todo se decidiría con base en la competitividad electoral de los candidatos, y con los intereses del partido. Esa era la lógica que beneficiaba a Robles, quien no tiene de su lado la simpatía política del gobierno y del Jefe Político local, pero tiene buenos números en las encuestas y, en términos cuantitativos, representa al activo electoral más importante del perredismo en la entidad.

¿Con qué se tropezó Robles? Parece que cayó, de forma anunciada, con la piedra que representan los verdaderos dueños del PRD, quienes tienen fuertes compromisos —ellos sí, aunque Basave no— con los gobernadores, con los dirigentes fácticos y con los jefes de las tribus. En el fondo, ellos son quienes han presionado a Basave al punto de ponerlo en la ruta de la renuncia. Y el tema real no es la política de las alianzas sino su determinación por no contravenir los acuerdos y las conveniencias con los gobernadores, independientemente de las promesas o los planes de la dirigencia nacional.

APRETAR LA DECISIÓN… EN VANO

Benjamín Robles está denunciando la cargada en su contra, con un agregado: dice que como en el PRD no hay garantías de que habrá una candidatura de unidad (la suya) entonces no se inscribirá al proceso interno. La razón es que eso lo inhabilitaría para después intentar la ruta de una candidatura independiente. ¿Por qué tanta urgencia por meterle presión a la decisión en el perredismo?

La respuesta aquí la adelantábamos hace más de un mes. En aquel momento (Al Margen 02.12.2015) apuntamos que, a la par de la definición del PRI sobre su candidato a Gobernador, en los primeros días de este año Robles Montoya trataría de presionar para apurar la definición de la candidatura a Gobernador, a través de la exigencia de que el PRD cumpliera su palabra de preferir la competitividad de sus cuadros, sobre el fiel de la balanza de los gobernadores en esas definiciones.

Quién sabe si lo logre —apuntamos—, porque la pulverización del perredismo nacional, y su incapacidad de generar posturas serias y consistentes, dificultan la posibilidad de contar con una previsión específica de lo que puedan finalmente decidir, en un panorama nacional tan descompuesto como en el que ahora se encuentran. Mientras, sus competidores internos (el diputado federal José Antonio Estefan Garfias, en específico) tratarán de capitalizar las indefiniciones del perredismo, y no desperdiciarán ninguna posibilidad de seguir generando la percepción de que la balanza podría definirse a su favor.

Eso es exactamente lo que ha pasado: la indefinición jugó siempre en contra de Robles, porque Agustín Basave nunca fue capaz de sobreponerse a los intereses del Consejo Nacional y de las tribus perredistas, que son el poder fáctico más importante dentro de ese partido. Por esa razón, parece que ya ningún escenario le es del todo benéfico: Basave parece no estar logrando su objetivo de presionar a la cúpula perredista para que acepte incondicionalmente sus exigencias. Ante esa derrota, si Basave finalmente se va, el PRD tendrá que buscar a un nuevo gerente (sólo le faltaría formalizarlo en el cargo); pero si se queda, lo haría asumiendo las exigencias de las tribus, que en el fondo no parecen ser sino la institucionalización, y la formalización, de los acuerdos, los caprichos, y los intereses de los gobernadores para la definición de las candidaturas, rumbo al proceso electoral de 2016.

INDEPENDIENTE, ¿CÓMO?

Sobre la intención de Robles de ser candidato independiente, la pregunta para él no sería si puede o no conseguir las firmas de apoyo ciudadano, sino cómo lo haría. La respuesta apuntaría irremediablemente al uso de la estructura electoral que ha venido armando a través de las organizaciones sociales que lo respaldan. ¿Eso significaría que también tiene la capacidad de generar un resultado electoral positivo? Porque para eso se necesita dinero, no popularidad. En eso radica la “confianza” de quienes le hicieron el fuchi a Robles, para impulsar a otro candidato. ¿Entonces?

Periodismo, ante el dilema ético de la entrevista a un capo

almargenoaxaca

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enero 12, 2016

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RS-Chapo

+ La aventura de Sean Penn, ejemplo nocivo para la prensa

Entre las muchas cosas que se dicen alrededor de la reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, está el lugar común para descalificar al Estado mexicano, asegurando que “dos actores” hicieron mejor trabajo de inteligencia que la DEA y las fuerzas armadas mexicanas, al encontrar primero al Chapo que los más de nueve mil elementos dedicados exclusivamente a su búsqueda. Esa afirmación es tan inexacta como el pretendido “hit periodístico” que pretendió Sean Penn y que en realidad sólo se reduce a una aventura peliculesca, y nada más.

En efecto, desde el momento de la detención de Guzmán Loera, el gobierno mexicano dejó ver que entre los datos que poseían, se encontraba el relacionado con que el Capo criminal tenía la intención de financiar una película autobiográfica, y que para ello el Chapo se había entrevistado con actores y directores cinematográficos. Hasta hoy, la PGR ha dejado ver que esas entrevistas contribuyeron a la localización del narcotraficante, aunque ha sido evasiva en puntualizar qué tanto influyeron esos encuentros para su ubicación final y reaprehensión, el fin de semana pasado.

Dos días después de la detención, en los Estados Unidos la revista Rolling Stone publicó un adelanto de la entrevista que el actor estadounidense Sean Penn le realizó al Chapo en algún lugar de la sierra de Sinaloa. Publicó también un video de dos minutos y medio en el que de viva voz el capo criminal hace diversas afirmaciones, y puntualiza que dicho video pertenece a la actriz mexicana Kate del Castillo. Eso desató una serie de señalamientos en México relacionados no tanto con el posible valor periodístico que pudiera tener el encuentro y la entrevista que los dos actores le realizaron al capo, sino más con la forma en que ocurrió el encuentro.

En ese sentido, el señalamiento fácil llevó a muchos a preguntarse cómo habría sido más fácil que dos actores encontraran al hombre más buscado del mundo, que las fuerzas armadas y de inteligencia de un país, y la colaboración de su poderoso vecino del norte. La respuesta, sin embargo, es simple: bajo cualquier lógica, es mucho más fácil que alguien desde la clandestinidad establezca contacto con cierta persona que lleva una vida relativamente normal, a que ésta pueda encontrar el modo de hallar a alguien que vive oculto, y que además está escapando de la justicia en al menos dos países.

Ello, en sí mismo, disipa cualquier cuestionamiento (al menos los que no caen en la necedad) y más bien pone en claro dos cuestiones: primera, que Guzmán Loera tenía mucho interés en continuar alimentando lo único que le quedaba por terminar de construir: él como un mito.

Y, segundo, que para eso maniobró en todo lo relacionado con la “entrevista” que le dio a los actores: ésta se publicó dos días después de la detención del capo, y fue un escándalo por el ruido que mediáticamente generó el hecho de que esos personajes hubieran decidido correr el riesgo de entrevistarse con alguien como El Chapo Guzmán; pero si la entrevista se hubiera publicado estando aún prófugo Joaquín Guzmán, de todos modos habría sido un escándalo por la burla que esto hubiera significado por el encuentro con los dos actores “desde la clandestinidad” y —según habrían dicho los críticos al gobierno— “en las narices” del Estado mexicano. En cualquiera de los dos casos, la atención puesta sobre el escándalo fue la última pincelada en el mito que hasta ahora es el Chapo Guzmán.

No obstante, junto a todo esto queda una pregunta más por responder, y que ya entra en el campo de lo deontológico: ¿Qué valor tiene el relato del encuentro entre los actores y el Capo; y qué valor periodístico puede tener el resultado de un encuentro dominado naturalmente por las condiciones impuestas por el entrevistado?

PERIODISMO Y NARCO

En México ese dilema no es nuevo. Por esa razón, hubo sectores de la prensa —aquí y en Estados Unidos— que se sintieron ofendidos porque el mayor Capo Criminal de los últimos tiempos en el mundo, le dio la única entrevista de su vida a un actor, y no a un periodista.

Hubo otros que consideraron que el solo hecho de que el relato de Sean Penn hubiera sido publicado en una revista como Rolling Stone, era ya referencia de valor periodístico, quizá a partir de la única idea de que una publicación de esa categoría no se atrevería a publicar algo sin rigor ético o periodístico. No obstante, lo que queda en el fondo es la idea de que la discusión sobre el posible valor de un encuentro como ese no se encuentra ni en la peligrosidad de la aventura, ni en la sola anécdota, y mucho menos en la “fama” o importancia de los actores que lograron la “entrevista”.

Además, un asunto como éste pasa necesariamente por el tamiz de los periodistas que al menos en México han muerto por temas relacionados con la revelación de temas relacionados con las bandas criminales y/o por su relación con barones de la droga o de la delincuencia organizada. Por eso, lo que vale la pena distinguir en todo es si Penn y Del Castillo lograron algo con valor periodístico o si sólo es ruido por la combinación de la detención de Guzmán y la revelación de su encuentro.

Pues al parecer, en lo sustantivo, el Chapo no reveló nada que no fuera ya del dominio público: su origen humilde, su ascenso en el mundo de la droga, su fortuna económica, su capacidad operativa y su aparente postura de sólo defenderse pero de no ser alguien que busque problemas. Además, los propios autores de la entrevista aceptaron que todo lo dicho en las grabaciones fue revisad y autorizado por el Chapo, y que al encuentro personal no les permitieron grabar voz, imagen o llevar algún tipo de anotación de la charla o de la entrevista, si es que verdaderamente pudo haber un intercambio formal de preguntas-respuestas.

NINGUNA REVELACIÓN

Al final, la anécdota convertida en una relatoría o crónica, puede ser atractiva en el campo del entretenimiento o del morbo, pero seguir careciendo de cualquier valor periodístico. Además de que, al menos en todo lo publicado hasta ahora, no hay una sola referencia de lo que en realidad los mexicanos quisiéramos saber, y que sí le habría dado contenido sustantivo a la perspicacia de Sean Penn: quién, exactamente, protegió al Chapo todos estos años; quién y cómo le facilitaron su primera fuga de Puente Grande; qué políticos, policías, militares, etcétera, estaban en su nómina; o cómo logró erigirse en el mayor capo criminal de la historia del país sin ser, por mucho tiempo, molestado por autoridad alguna.

Reaprehensión del Chapo, una urgencia del Estado mexicano

almargenoaxaca

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enero 11, 2016

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Recaptured drug lord Joaquin "El Chapo" Guzman is escorted by soldiers in Mexico City

+ EU presiona a gobierno mexicano con ejemplo de Guatemala

La reaprehensión de Joaquín Guzmán Loera, ocurrida el viernes pasado en Los Mochis, Sinaloa, debe verse no sólo desde la perspectiva de un hecho policiaco relevante, sino también desde la lógica de las fricciones entre México y Estados Unidos. La polémica semana pasada arrancó con un duro editorial publicado en el periódico The New York Times, en el que cuestionaba la opacidad y la resistencia del gobierno mexicano a la rendición de cuentas. La intención de Estados Unidos, quedó claro, era presionar al gobierno mexicano para el cumplimiento de ciertas exigencias relacionadas justamente con la rendición de cuentas, pero a un nivel similar al de Guatemala.

En efecto, hace exactamente una semana The New York Times dedicó su editorial a cuestionar la falta de transparencia del gobierno de México. En su texto, aseguró que el presidente Enrique Peña Nieto “no será recordado como el líder transformador” que los mexicanos pensaron en la elección de 2012, sino como un político que “eludía a toda costa la rendición de cuentas”.

El Times hizo un recuento, de lo que consideró, han sido los sucesos que han sacudido a esta administración. “En el tiempo de Peña Nieto, el gobierno mexicano ha encubierto veloz y sistemáticamente horribles verdades y ha minimizado escándalos”. En el balance también se incluyeron “su casa blanca, la fuga de El Chapo y la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, que al parecer fueron masacrados en Guerrero”, dijo.

El editorial titulado México se resiste tercamente a rendir cuentas, también se refirió a la segunda fuga de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, que escapó del penal de máxima seguridad de El Altiplano en julio pasado, y destacó el escepticismo de los mexicanos en torno a la versión oficial. El rotativo señaló que “lo más preocupante” es que el gobierno mexicano falló en investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014”. Y remataba con una exigencia bastante peculiar, dado el tono de sus afirmaciones. El Times remataba diciendo que “aún no es tarde para que el gobierno mexicano dé acceso libre a un equipo de investigadores internacionales”.

Para entender esta última exigencia —que constituía un mensaje político y público, de país a país— es necesario recordar lo que pasó en Guatemala con la estrepitosa caída del presidente Otto Pérez Molina meses antes de terminar su mandato, acusado de actos de corrupción justamente por un equipo de investigadores internacionales.

Como se debe recordar, formalmente, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina fue acusado el viernes 21 de agosto por la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala de ser el líder de una red de defraudación aduanera conocida como La Línea.

Según lo que han informado diversos medios, el nombre de la red de defraudación, hacía alusión a un número de teléfono al que se podía llamar para negociar una alteración en los documentos de los cargamentos de mercadería importada, con el objetivo de pagar menos impuestos. Por el mismo caso guarda prisión la ex vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, que en mayo se vio forzada a renunciar al cargo ante la contundencia de las pruebas en su contra. Todas las acusaciones las instauró una Comisión Internacional de Investigadores de la ONU por exigencia de diversas naciones, Estados Unidos entre ellas.

GUATEMALA Y EL CHAPO

Entendamos algunos antecedentes de esa Comisión Investigadora en Guatemala, porque ese es el punto de referencia de lo que la semana pasada exigió el Times al gobierno mexicano. En 2003, luego de que Guatemala pasara por largos periodos de inestabilidad política y guerra civil, el Estado guatemalteco solicitó formalmente la asistencia de la ONU para el establecimiento y funcionamiento de una Comisión Investigadora de Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad en Guatemala, con miras a coadyuvar en la investigación y desarticulación de esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.

En el Acuerdo firmado entre la ONU y el gobierno guatemalteco se estableció que esos cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad atentan gravemente contra los derechos humanos a través de acciones delictivas existiendo en los mismos capacidad de provocar impunidad, entendida ésta como la inexistencia de hecho o de derecho de responsabilidad penal, administrativa, disciplinaria o civil para los responsables de dichas acciones, eludiendo la investigación o la condena.

En una de las cuestiones más relevantes, esa Comisión de la ONU que opera en Guatemala también está facultada para hacer las denuncias administrativas contra los funcionarios públicos, en particular respecto de los que han cometido actos con el propósito de obstaculizar el cumplimiento del mandato de la Comisión, y puede actuar como un tercero interesado en los procedimientos disciplinarios iniciados contra estos funcionarios.

¿Qué relación tiene todo esto con el tema del Chapo? Casi nada: que Estados Unidos comenzó formalmente al gobierno mexicano para que instaurara una comisión similar a la de Guatemala para que, entre otros casos, investigara —sin las ataduras y sin la subordinación al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto— la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán. Si esa exigencia no hubiera tenido una respuesta del tamaño de la que se ofreció el viernes, con la reaprehensión del capo criminal, lo que se habría esperado es un incremento exponencial de la presión para que se llegara a integrar esa comisión.

Al final, en el contexto interno del gobierno mexicano, la integración de una comisión investigadora sería una fuerte derrota para las instituciones nacionales, que tendrían que aceptar implícitamente su incapacidad para actuar con independencia; en el plano internacional constituiría la demostración de que el Estado mexicano enfrenta un problema de corrupción tan profundo que debe venir a enfrentarlo la comunidad internacional.

CORRUPCIÓN, POR DOQUIER

Con esto, quizá, el gobierno del presidente Peña Nieto haya detenido momentáneamente esa exigencia. Pero a nadie se le debería olvidar que no habría habido reaprehensión si antes no hubiera habido fuga; y que ésta no habría ocurrido si la corrupción y la incapacidad no estuvieran tan profundamente arraigadas en las instituciones del Estado mexicano.

CCCO, en Santa Lucía. Un acierto a destiempo

almargenoaxaca

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enero 8, 2016

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Benito Juárez

+ Que el cambio dé respuesta a obras pendientes

Es acertada la decisión de construir el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el espacio que hoy ocupa el estado de futbol “Benito Juárez”. Lo es, porque de ese modo el gobierno estatal cumplirá con su propósito de al menos encaminar la construcción de ese complejo, lejos de los cuestionamientos que generó el intento de construirlo en el cerro del Fortín y sin la duda del conflicto de interés con funcionarios estatales. Algo, que debiera ser igualmente importante, es que esa decisión despeje las incógnitas sobre la construcción de otras obras que siguen pendientes y que nadie sabe para cuándo se concluyan.

En efecto, el gobernador Gabino Cué Monteagudo aseguró que el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), tiene amplias probabilidades de que se construya en el lugar donde se ubica el estadio de futbol “Benito Juárez”, una vez que este sea derribado al concluirse el nuevo espacio a un costado del Instituto Tecnológico de Oaxaca (ITO). El Mandatario indicó que este sitio es adecuado pues no está muy lejos del Centro de la capital, además, el terreno es propiedad del gobierno, por lo cual se analizan detalles mínimos para iniciar su construcción.

Dicho anuncio pudo haber ocurrido hace por lo menos un año y hoy el CCCO estaría verdaderamente encaminado como una obra de la actual administración. Sólo que el empecinamiento oficial, y la idea de que eso entrañaba un claro conflicto de interés, dilataron en gran parte la posibilidad de que hubiera, desde el inicio, un espacio consensado y aceptado por la ciudadanía no sólo para la construcción de una obra de beneficio, sino también como una forma de rescate de un espacio abandonado, y la inutilización de una edificación peligrosa, como lo es la zona de Ciudad de las Canteras, y el estadio de futbol Benito Juárez, que aunque es utilizado permanentemente, en Oaxaca son ampliamente conocidos los riesgos que implica para sus usuarios por las fallas estructurales que presenta la construcción.

En esa lógica, lo primero que salta a la vista es la utilidad que traerá para toda la zona de Ciudad de las Canteras e Ixcotel, la decisión de construir en esa zona el CCCO. Actualmente, ese es un espacio que no sólo se encuentra en el completo abandono y en la inutilidad, sino que además toda esa zona se encuentra completamente abandonada por el propio gobierno que no ha manifestado ningún interés en atender dicho espacio, que en algún tiempo fue el más popular de la capital oaxaqueña.

Hace algunos lustros, Ciudad de las Canteras fue construido como un parque de grandes extensiones, que ofrecía diversas formas de esparcimiento en un área visualmente atractiva, y que también tenía la versatilidad para fungir como un foro abierto para las expresiones culturales de la ciudadanía. Eso duró pocos años, pues con el abandono oficial se convirtió en una zona de cierto riesgo para sus visitantes, y luego algunas zonas fueron invadidas por el ambulantaje, el pandillerismo y hasta la prostitución. Ciudad de las Canteras llegó al punto de “albergar” cadáveres que en varios momentos fueron arrojados impunemente a las lagunas que ahí existen.

El primer paso para el rescate de la zona fue la construcción de la Ciudad de los Archivos, que ocupa una parte de Ciudad de las Canteras, pero que será un espacio cerrado y delimitado. Y lo que parecía es que la construcción de esa Ciudad de los Archivos no sería suficiente para un rescate integral de la zona, cuestión que sí ocurrirá si finalmente se decide que el CCCO sea construido ahí.

Ello, por si fuera poco, traería también aparejada la necesidad de rescatar toda la zona de Ixcotel para hacerla funcional y permitir que ese complejo pueda contar con los accesos, la movilidad, los servicios y las zonas de recreación necesarias para un funcionamiento correcto, y también para hacerla más atractiva para quienes deseen utilizarla como espacio para sus encuentros de trabajo o los diversos usos que puede tener un centro de convenciones.

OTRAS RESPUESTAS

Dice además el Gobernador que el CCCO comenzaría su construcción a partir de la demolición del estadio de futbol Benito Juárez. Esto hará necesaria la culminación del nuevo estadio en los campos deportivos del Instituto Tecnológico de Oaxaca, que ha sido un sueño largamente acariciado por la afición oaxaqueña, y una necesidad para los empresarios que han invertido durante varios años en la manutención de un equipo de segunda división (Primera “A”, dice el característico eufemismo mexicano, aunque es en realidad una segunda división), y a quienes les fue prometido un nuevo estadio como forma de traer al equipo Alebrijes a Oaxaca.

¿Cuándo se culminará el estadio? Es una pregunta que viene junto con otras: ¿Cuándo será también terminado el llamado Polideportivo que lleva varios años en construcción en los terrenos aledaños al estadio Venustiano Carranza, allá por los rumbos de la colonia América de la capital oaxaqueña? ¿Cuándo podrán finalmente ver la luz esas obras que son previas a la idea de construcción del CCCO y que hasta ahora siguen siendo promesas pendientes de cumplir? Estas son cuestiones que seriamente deben ser vistas por quienes han contribuido a que esas obras dilaten más tiempo del proyectado originalmente para su construcción, y que son finalmente la única referencia que se puede tener de una obra de tal envergadura como la construcción de un Centro de Convenciones.

Al final, sólo trae saldos positivos la decisión de construir el CCCO en la zona de Santa Lucía del Camino. Al menos de esa manera el gobierno estatal se verá obligado a revisar la cuestionada gestión del edil Galdino Huerta Escudero, y a suplirlo en el cumplimiento de demandas tan básicas de los ciudadanos de ese municipio, como la seguridad pública y las vialidades, y otras que son igual de importantes como el freno a los giros negros o a las innumerables vejaciones de que, sus elementos policiacos o de vialidad, hacen objeto a ciudadanos que caen en sus redes por la comisión de alguna infracción de menor, que ellos cobran en cantidades exorbitantes.

CÓMPLICES

Por cierto, ahora que el Congreso está aprobando las leyes de ingresos de los municipios, ¿habrá revisado la de Santa Lucía del Camino, que establece multas increíblemente altas casi para todos los servicios e infracciones? En el fondo, lo que se asoma son las complicidades.

En Oaxaca, la ruta por la alianza pasa por el chantaje a partidos

almargenoaxaca

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enero 7, 2016

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Pre

+ PAN-PRD van por negociaciones ¿y por colonización del priismo?

El proceso para elegir a los candidatos a Gobernador por los distintos partidos en Oaxaca, está íntimamente ligada con lo que ocurre en el contexto nacional. Nuestra entidad, pues, no es una ínsula. Por eso es importante entender no sólo la ruta que siguen los institutos políticos en la entidad, sino verla también de cara a lo que ocurre en otros procesos electorales estatales (12) que están corriendo en paralelo al de Oaxaca. El PAN y PRD están ensayando rutas poco ortodoxas y eso podría también contaminar los procesos internos del priismo en la entidad.

En efecto, en Oaxaca cada partido aparenta tener su propia ruta para la definición de sus candidatos. Eso es algo sólo aparente. Pues aunque en el PRI hay formalmente tres aspirantes a la candidatura (Alejandro Murat, Eviel Pérez Magaña y Alfonso Gómez Sandoval Hernández), y en el PRD la definición es una moneda al aire entre Benjamín Robles Montoya y José Antonio Estefan Garfias, lo que verdaderamente ocurre, es que esta competencia tiene otros factores que deben ser también considerados.

Uno de ellos, del que se habla hoy con insistencia, es el del intento de algunos grupos al interior del PRI por generar la idea de que la lucha irremediable entre dos de sus aspirantes, debe abrir la ruta de un tercero. Esa idea, diseñada con perversidad e impulsada por el ex gobernador Ulises Ruiz dentro del PRI, tendría como intención abrir la puerta de la candidatura a otros personajes de poco peso electoral —en su mayoría, emergentes que hasta ahora ni siquiera aparecen en el radar real de los posibles candidatos del PRI—, para que ello le sirviera de trampolín a una victoria de cualquier otro partido en la contienda electoral —independientemente del efecto político regional que esto tendría—.

Quienes impulsan esa ruta, saben que eso les resulta conveniente porque eso impediría la posibilidad de arribo al poder de sus adversarios dentro del mismo PRI, y por esa razón insisten en barajar nombres de personajes que aún tendrían que crecer muchísimo para poder ser competitivos electoralmente. Una de las cosas que llama la atención de esa estrategia de impulsar a un tercero, es lo mucho que eso le convendría al grupo gobernante y lo poco conveniente que ello sería para el aspirante favorito del ulisimo en Oaxaca. En el fondo, esa parece una ruta que no busca el poder sino la impunidad.

Alrededor de eso lo que se ve es una negociación en la que intentarían sacrificar al propio Eviel Pérez Magaña, que ha sido impulsado durante años por el ulisismo pero que ahora sería un vehículo de negociación para las nuevas intenciones de sus impulsores. No parece haber otra razón por la que ahora, con la ayuda de otros políticos que intentan también por sus propios intereses incidir en la definición priista de su candidato a Gobernador, están tratando de descarrilar no sólo a los dos aspirantes más posicionados, sino la posibilidad de que el PRI pueda recuperar la gubernatura en 2016.

DIÓDORO Y TLAXCALA

Frente a todo eso hay que ver no sólo en el contexto el nombramiento del ex gobernador Diódoro Carrasco Altamirano como secretario General de Gobierno en Puebla, sino también lo que ocurre en la definición política en su vecino estado de Tlaxcala.

En Puebla, como es sabido, el gobernador Rafael Moreno Valle tiene la firme intención no sólo de sembrar a su sucesor en el gobierno estatal, sino además generar una tendencia regional favorable. Por esa razón, el PAN apretó la definición de su candidato común en Tlaxcala, tratando de obligar a que el PRD se sume a su abanderada, y no a que el PAN siguiera la definición perredista como inicialmente se pensaba.

Esto último puede ser indicativo para lo que pudiera ocurrir en definiciones como la de Oaxaca. ¿Por qué? Porque todos sabían que el PAN era fuerte en Puebla y que por eso el Gobernador —no el PAN— iba a elegir al candidato a Gobernador de la coalición entre esos dos partidos. Lo que no sabían es que desde Puebla, el PAN iba también a ensayar la maniobra de apretar al PRD en la negociación por la candidatura —razón por la cual, el líder nacional perredista, Agustín Basave, hasta amagó con dejar la dirigencia— y que algo similar podría terminar ocurriendo en Veracruz. En ninguna de esas dos entidades el PAN es un factor determinante, aunque sí es lo suficientemente necesario como para que no terminen perdiendo juntos, PAN y PRD, frente al PRI.

Así, el PAN parece estarle hallando la medida a sus coaliciones con el PRD. Y aunque aquí todavía no hay una definición concreta sobre su candidato, en el fondo esa podría ser la estrategia para cerrar la candidatura a favor del abanderado que quiera el gobierno, con el apoyo de Puebla: que el PAN deje su cómoda posición de secundar al PRD en la coalición en Oaxaca, como lo habían pactado inicialmente, y obligue a que ésta se defina por un candidato en específico a partir del amague de que, o es ese candidato (el que impulse el PAN, también respaldado por el grupo gobernante), o no se formaliza la coalición electoral, y ambos partidos pierden el gobierno de Oaxaca.

Es imposible desligar la influencia que tiene el ex gobernador Carrasco en el grupo gobernante local; tampoco se puede pasar por alto el hecho de que, como aspirante a la candidatura por el PRD, Estefan es la pieza de Carrasco en la contienda interna de la coalición en la entidad, y que es quien también aglutina a la gran mayoría de los intereses del grupo gobernante; y que Puebla quiere sumar a Oaxaca para el proyecto presidencial de Moreno Valle, en el que ya está trabajando su Secretario General de Gobierno.

Como factor, Puebla ya parece estar incidiendo en las definiciones políticas de nuestra entidad. Y frente al desastre y los desencuentros —irremediables, esos sí— al interior del PRD, este podría ser el camino no sólo para remediar la trifulca, sino también para ungir al abanderado más conveniente para el sector que tenga la mayor astucia y capacidad de operación política en este proceso.

ROBLES, EL PERDEDOR

Si esa estrategia se consolida, el más perjudicado sería el senador Robles Montoya, que si bien tiene la venia de la dirigencia perredista, tendrá en contra a este conjunto de factores que serán de un peso relevante en la definición de la candidatura por la coalición y que, en su propio contexto, parecen estar descarrilando al perredismo en una entidad que parecían tener segura, como Tlaxcala.

UN MILLÓN EN EL OBSERVATORIO

almargenoaxaca

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enero 6, 2016

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Por Carlos R. Aguilar Jiménez.

Un millón es mil veces mil y en una estimación numérica y evaluación relativa pero muy aproximada se trata de una cantidad impresionante, que considerando el promedio de visitantes diarios durante los 43 años de servicios proporcionados por el Observatorio Astronómico Municipal de Oaxaca, incluyendo visitas escolares, asistentes a observaciones telescópicas de eclipses, cometas, lluvias de estrellas, ocultaciones o alineaciones planetarias, contando la participación de aficionados a las ciencias del cosmos y cientos de miles de visitantes espontáneos en festivales astronómicos, aniversarios y conmemoraciones especiales, se calcula que en este año 2016 los asistentes al observatorio llegarán al millón de visitas.

Observatorio — Se premiará al visitante número 1,000,000,

Un millón de visitantes es un número o símbolo indicador de toda ocasión o actividad especial y específica que este próximo sábado 10 de febrero, en ocasión del cuadragésimo tercer Aniversario del Observatorio Astronómico, será festejada con el “Fandango Astronómico del Millón” homenaje que ya prepara y organiza el H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, la Secretaría de Desarrollo Humano y Dirección de Cultura y Espectáculos, instituciones municipales responsables del funcionamiento y tareas de las instalaciones astronómicas de Oaxaca, que desde hace más cuatro décadas, luego de haber sido inauguradas en 1973 como un regalo y muestra de buena voluntad entre pueblo y pueblo, entre la ciudad Hermana de Palo Alto California en EU y Oaxaca, se han destacado como el referente único e impar en Oaxaca para la observación y estudio de fenómenos celestes, impartiendo conferencias, talleres de ciencia, cursos de cosmografía y múltiples actividades enfocadas a la divulgación y enseñanza de la astronomía, entendida como una ciencia fundamental para comprender ¿cómo es que estamos aquí, de dónde venimos y hacia dónde vamos?. Será el próximo sábado 13 de febrero con Luna creciente el día en que se reconozca al visitante un millón con cómputo numérico que iniciará con los visitantes al observatorio desde el día lunes 1 de febrero, cuando se comenzarán a entregar sobres cerrados con un número progresivo a partir del número 999400, que sucesivamente y según el promedio de visitantes diarios desde hace 43 años, llegará al total de un millón el día de la celebración, premiándose al visitante un millón con un reconocimiento oficial y regalos.

En Oaxaca, la impunidad de los ediles va para largo

almargenoaxaca

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enero 6, 2016

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Carlos Toledo

+ Reforma anticorrupción, aquí fue una tarea a medias

No extraña que el titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo, denuncie que las actuales autoridades municipales en Oaxaca podrían cometer un quebranto general al erario de unos cuatro mil millones de pesos. Esa, dice, es una cifra similar a la que los ediles del trienio 2011-2013 dejaron de comprobar ante el órgano de fiscalización. La razón de que no sea raro el señalamiento es que, a pesar de la supuesta “reforma anticorrupción” a nivel local, las leyes en Oaxaca continúan estimulando la protección a los servidores públicos corruptos.

En efecto, Altamirano alertó de un presunto quebranto financiero superior a los cuatro mil millones de pesos por parte de las actuales autoridades municipales que a fin de este 2016 concluyen su encargo, en caso de que los diputados de la LXII Legislatura estatal no hagan las reformas jurídicas necesarias a la Ley de la Auditoría. Dijo que ese quebranto se cometió en gran medida porque al entregar el cargo, las ex autoridades municipales no dejaron archivos ni realizaron ningún tipo de proceso de entrega-recepción con quienes los relevaron.

En ese sentido, el Titular de la ASE previno que este tipo de situaciones podría volverse a repetir en caso de que la LXII Legislatura estatal no lleve a cabo una serie de reformas jurídicas para impedir que las actuales autoridades municipales incumplan con la entrega de la documentación respectiva que consiste en expedientes técnicos, facturas, comprobantes fiscales entre otros. ¿En qué tendrían que consistir esas reformas si se supone que recientemente los diputados de la LXII Legislatura local realizaron modificaciones a la Constitución para establecer el sistema anticorrupción en concordancia con las reformas federales ocurridas también en 2015?

Esas reformas tendrían que comenzar no sólo por establecer y reglamentar con precisión el deber de las autoridades municipales (entrantes y salientes) de realizar los actos de entrega-recepción respectivos, o de mantener archivos como propiedad del Ayuntamiento; este asunto debía más bien partir de la necesidad de revisar a fondo el recién instaurado sistema estatal anticorrupción para que funcione correctamente, y para que deje de seguir sirviendo como la puerta de entrada a la impunidad para los ediles corruptos. ¿De qué hablamos?

De que, por ejemplo, en la reforma publicada en mayo pasado a la Constitución federal, en la que se estableció el Sistema Nacional Anticorrupción, se establecieron modificaciones importantes a los principios que rigen la fiscalización superior. Básicamente se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente.

El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.

Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.

El pequeño gran problema de esta reforma es que cuando fue traspalada al ámbito local, el Congreso local hizo —para variar— un desastre deliberado acaso para seguir protegiendo a las autoridades municipales que siguen sin la necesidad de cumplir con sus obligaciones relacionadas con la fiscalización. Básicamente, el Congreso de Oaxaca no eliminó del orden jurídico local los principios de anualidad y posterioridad para el ejercicio de la fiscalización superior, y entre otras fallas notables, tampoco abordó la transformación que impone la reforma constitucional federal para los tribunales administrativos.

FALLAS LEGISLATIVAS

Además de que en la reforma del 30 de junio de 2015 a la Constitución local para dizque establecer el sistema anticorrupción, no se eliminaron los principios de anualidad y posterioridad en la fiscalización superior, hay otros elementos que deben ser tomados en consideración. Por ejemplo, en el sistema de responsabilidades que estableció la reforma federal anticorrupción resaltan dos cuestiones: primera, la inclusión de las responsabilidades administrativas de particulares y por supuesto, las sanciones que el Tribunal de Justicia Administrativa podrá imponer, y que por ejemplo va desde la inhabilitación para la participación en procedimientos de adquisiciones, hasta la eventual promoción de responsabilidades penales. Esto sí existe en la Constitución Federal, pero inexplicablemente no fue considerada en la reforma constitucional local.

Asimismo, en la reforma constitucional federal, se hace una variación sustancial de la concepción y la naturaleza jurídica de lo que conocíamos como Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y al denominarlo Tribunal Federal de Justicia Administrativa, e imponer a las entidades federativas la obligación de contar con un órgano similar, éste debe contar con características particulares establecidas en diversos preceptos de la Constitución. El problema es que en Oaxaca lo que se estableció fue un tribunal “contencioso administrativo y de cuentas” que hasta en la denominación es discordante con lo que dispone la norma federal, y que en el fondo también enfrenta el problema de no contar con las atribuciones que el Sistema Nacional Anticorrupción establece para esos órganos de justicia a nivel local.

ASE, CHIMUELA

Finalmente, la ASE enfrenta un problema mayor que también tiene sus implicaciones en la ley actual: la Auditoría no puede ejercer acción penal, así que debe realizar sus auditorías y entregárselas a un agente del Ministerio Público. En gran medida, depende de la atención y destreza que éste último le ponga al expediente, que éste puede o no prosperar. Y luego, además, debe convencer al Juez hasta para que libre la orden de aprehensión correspondiente. Y la ley está tan a favor de la delincuencia oficial, que la misma ASE quiere a ex autoridades corruptas aprehendidas únicamente para que los demás vean cuál puede ser su suerte. En el fondo saben que, salvo que sea un asunto político, difícilmente pisarían una prisión, y que de hacerlo sólo sería momentáneamente.

Figura del Municipio, otra vez en entredicho por la inseguridad

almargenoaxaca

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enero 5, 2016

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Mando unico

+ La política debe dejar de hacer rehén a sociedad y Constitución

Es probable que dentro de poco tiempo se retome la discusión relacionada con el posible establecimiento del Mando Único Policial en el país. Esa fue una propuesta que hizo el presidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2014, luego de la crisis generada por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, dos meses antes. Cuando se anunció la propuesta, los legisladores decidieron que esa sería una propuesta que no discutirían al calor del momento, y por eso la dejaron prácticamente al último en la atención del llamado “decálogo” presidencial. Sólo que en ese reposo se atravesó Morelos.

En efecto, ayer dábamos cuenta de cómo en la entidad morelense hay una crisis enorme generada por las brutales demostraciones de inseguridad que existen en sus municipios por la incapacidad de las autoridades de cumplir con su misión, pero que esa crisis también tiene otras facetas más bien relacionadas con las reyertas entre funcionarios, que impactan en la seguridad pública.

Incluso apuntábamos que lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales en el país, deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales (y que de hecho, en ese contexto, podría también comenzar a hablarse de una sola Policía Nacional). Es decir, cumplirle su propuesta al Presidente, aunque ello implique pisotear el ya de por sí maltrecho federalismo que ejercemos en el país, y sobre todo seguir mermando la figura del municipio.

El daño a la figura del municipio, es evidente. Lo que está ocurriendo —y lo ocurrido recientemente en Morelos sólo lo confirma— es que a nadie parece preocuparle el franco deterioro en que se encuentra la figura del municipio libre en el país, y no necesariamente por lo que pudiera implicar respecto a sus potestades constitucionales sino a su capacidad operativa para cumplir con su propósito de proteger y servir a la ciudadanía en un tema tan sensible como el de la seguridad pública. Parece, pues, que en cualquiera de sus escenarios posibles, pierde. ¿Por qué?

Porque en sus condiciones actuales, el municipio es quien tiene la mayor carga relacionada con la seguridad, pero es también quien menos margen de acción tiene para responder a las necesidades que le impone su propio contexto. El municipio es, de hecho, el ámbito de gobierno más cercano a la ciudadanía; es el que tiene la mayor proximidad social, y es sobre quien recaen las primeras peticiones y exigencias de seguridad cuando ocurre un hecho relevante, o cuando la ciudadanía toma conciencia de a quién puede pedirle primero (porque es el que está más cerca) que atienda un problema de inseguridad a su alrededor.

Si todo eso no es suficiente, resulta que además los municipios del país son los que tienen mayores estreches presupuestales, y por ende son quienes menos posibilidad tienen de atender las exigencias de seguridad de sus ciudadanos. El caso de Cuernavaca revela que sus supuestas potestades constitucionales en materia de seguridad están en los hechos supeditadas no sólo a lo que establecen los modelos policiales estatales o el federal, sino también a los caprichos, los chantajes y los intereses de esos ámbitos de gobierno que, dicen, son “superiores” jerárquicamente al municipio.

El otro camino que pueden tomar los municipios del país, evidentemente, es el planteado por el presidente Peña Nieto. Es decir, que los municipios sean relevados en las tareas de seguridad por las policías estatales, y que así se constituya un mando único pero no como un esquema de coordinación, sino básicamente como la absorción y la unificación de todas las policías municipales de una entidad federativa, en una sola corporación estatal que ejerza el mando policial.

¿Y SI DESAPARECE EL MUNICIPIO?

Pareciera que, en ese contexto, la intención de los gobiernos estatales y el federal se centra en que el municipio desaparezca como figura política, y sea relevada por una figura meramente administrativa que —ésta sí— esté supeditada al mandato de cualquiera de los otros dos ámbitos de gobierno. Cada vez eso parece algo más evidente, aunque sería una verdadera tragedia para el federalismo mexicano, que en buena medida se materializa en la existencia de la figura municipal.

¿Por qué? Porque la figura del municipio está planteada básicamente bajo la lógica de que éste es el ámbito de gobierno que tiene más cercanía con la ciudadanía, que entiende mejor sus problemas, y que por ende es quien puede atenderlos de mejor manera, para luego buscar la coordinación con el gobierno estatal, y el federal, para que atienda los asuntos que escapan de su capacidad de respuesta.

En el caso de la seguridad pública, por ejemplo, no se trata sólo de entender al municipio sólo como el ámbito de gobierno más débil sino como el que debería ser el protagonista principal de la atención a ese rubro. Pues quizá si hablamos de los municipios urbanos o de las grandes ciudades, sería algo engañoso hablar de una verdadera proximidad social. Pero si hablamos de que la gran mayoría de los más de dos mil quinientos municipios del país son pequeñas demarcaciones, en las que se supone que debiera existir contacto y conocimiento permanente entre la ciudadanía y las personas que tienen como encargo su protección de la delincuencia, entonces se podría tomar conciencia de la necesidad de tomar un camino que no fuera necesariamente encaminado a la desaparición de la figura municipal, sino a su fortalecimiento.

Lamentablemente, los hechos recientes no abonan a esa idea y más bien parecen justificar la intención de centralizar la seguridad pública y sacarla del ámbito municipal. Esto, finalmente, podría ser sólo la punta de lanza para que después se hagan “demostraciones” similares respecto a temas fiscales, de atención de servicios públicos y demás… todas encaminadas a la constatación de que el municipio no puede cumplir con sus atribuciones y entonces pensar, “justificadamente”, en su desaparición.

LA TRAICIÓN

Ulises Ruiz prepara la traición a su propio “tiburón”. Es el principal impulsor de la idea de que debe haber un “tercero en discordia” en la contienda interna del PRI para la definición de la candidatura a Gobernador. Una intención sin derrotero ni éxito visible, igual que las últimas batallas en las que se ha enfrascado el cuestionado ex Mandatario.

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