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Abraham Martínez, ¿hasta cuándo será el dueño de la UABJO?

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UABJO

 

+ Imponer a Reynel significará el fin de su cacicazgo universitario

 

Es una paradoja que una universidad aparentemente democrática como la UABJO, tenga un dueño absoluto en la persona del ex rector Abraham Martínez Alavés. Éste, que ha sido un cacique universitario desde hace varias décadas, en los últimos doce años ha demostrado una capacidad aparentemente inagotable de poner rectores. Lleva tres al hilo. Y la corona de su nepotismo es su hijo, el ahora rector, Eduardo Martínez Helmes. ¿Podrá Abraham Martínez repetir su hazaña por cuarta ocasión consecutiva?

En efecto, lo que ocurre en la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es sintomático de los cacicazgos que ahogan a Oaxaca. Desde hace décadas, Abraham Martínez Alavés ha sido un personaje determinante en la política universitaria, pero con el inicio del nuevo siglo encumbró su poder encumbrando a tres rectores consecutivamente. Martínez fue quien en 2004 marcó la ruta para que un deslucido candidato a Rector, proveniente de la escuela de contaduría, fuera rector. Ese personaje era Francisco Martínez Neri, quien a pesar de haber iniciado su campaña a la rectoría con 40 personas, en el camino se encontró con la coyuntura de la disputa por el poder universitario entre los viejos cacicazgos, pero sobre todo con la decisión de cortar el ascenso de Leticia Mendoza Toro, la viuda de otro líder universitario, Nahúm Carreño Vásquez, muerto una década atrás en la explanada de la rectoría, en Ciudad Universitaria.

Francisco Martínez Neri comenzó siendo un rector ninguneado por el poder de Abraham Martínez, hasta que intentó sacudírselo. No lo logró, gracias al control y a las parcelas que el ex Rector había creado al amparo del poder justamente para ungir a Neri. Ambos se distanciaron. Sólo que Martínez Alavés mantuvo los principales cotos de porrismo y votos (las escuelas preparatorias, que entonces eran muy numerosas, junto con algunas facultades grandes como la de Derecho), y por esa razón pudo imponer a Rafael Torres Valdés como rector, a pesar de haber luchado contra una alianza política en la que iban juntos el rector Martínez Neri, y los grupos —ahora divididos— del STEUABJO, con la ex rectora Mendoza Toro a la cabeza.

Durante todo ese tiempo, Abraham Martínez Alavés mantuvo dos posiciones clave para la política universitaria: a su hijo Abraham como director de redes y sistemas de la Universidad; y a Eduardo, como secretario Particular del Rector en turno. Con esos dos elementos mantenía buena parte del control que necesitaba. Con Eduardo tenía perfectamente controlada la política interna universitaria; y con Abraham mantenía a salvo el control y la permanencia de los grupos que, al margen de su desempeño académico, indefinidamente podían seguir siendo parte de la Universidad al mantenerles su registro y vigencia de derechos como alumnos. A la par de ello, esas dos vías de control —sumadas a una pléyade de funcionarios nombrados directamente por Alavés, como un rector de facto durante 12 años— le permitieron poner a un tercer rector. Martínez Alavés no tuvo empacho en enviar a Eduardo como candidato. Y ganó.

Esto ha significado la gloria y el infierno del clan Martínez Helmes, en la que Abraham Martínez Alavés ha fungido como un verdadero paterfamilias decidiendo la sucesión del poder en base a sus intereses. La gloria porque aún cuando el ex Rector ha sido una de las figuras de poder más determinantes en las últimas tres décadas en la UABJO, en los últimos doce años ha vivido su mejor época como cacique universitario.

Pero su infierno, porque ese mismo empecinamiento por el poder cortó la cadena natural de relevo en los liderazgos universitarios. Es eso, y no la suerte, lo que hoy en día ya no garantiza que Martínez Alavés gane, por cuarta ocasión consecutiva, la rectoría universitaria.

 

DEGRADACIÓN UNIVERSITARIA

Cuando Abraham Martínez Alavés decidió que su propio hijo fuera candidato a Rector, propios y extraños se ofuscaron con esa demostración de fuerza, que para él era natural: siendo Martínez Alavés dueño de la Universidad, lo predecible era que decidiera la sucesión del poder a través de una demostración de fuerza, liderazgo y control. Eso pasó con Eduardo Martínez, que a pesar de todos los cuestionamientos, es un personaje que sabe que la estabilidad de su poder está en el control interno del que él es cancerbero.

El problema es la sucesión. Abraham Martínez ya parece haberse decidido por el gris y cuestionado director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Reynel Vásquez Zárate. Éste es un personaje surgido no de las filas políticas, sino de las incondicionalidades, de Abraham Martínez Alavés. Gracias a su control político, lo impuso como director de la Facultad de Derecho pasando por encima de varios liderazgos naturales.

Y según parece, está decidido a impulsarlo como su candidato a Rector. ¿Cuál es el problema? Que al igual que con Eduardo, a Reynel se le acusa de porro, de extensión de Abraham, y de obedecer ciegamente sus designios. ¿Cuál es la diferencia? Que Reynel no se apellida Martínez Helmes, y que aún cuando parece ser el espécimen mejor acabado de la cantera abrahamista, no es reconocido sino como un simple alfil del ex Rector, manejador de porros, y administrador de la Facultad de Derecho, pero que no tiene capacidad política alguna y que, en esencia, no es sino un ejecutor de la política universitaria que ha mantenido el poder en los últimos años.

¿Cuál es el escenario? Martínez Alavés va a utilizar su control universitario para preservar el poder. De eso no queda duda. El problema es que el liderazgo que impulsa está lejos de ser una figura capaz de sostener el poder que pretenden entregarle. Quizá tenga mejores cuadros, pero Abraham prefiere la incondicionalidad aunque ésta lo lleve a la ignominia. Así es el poder universitario. Aunque en la coyuntura de la sucesión gubernamental en la entidad, no haya nada escrito, ni escenario previsto, que le garantice seguir siendo el dueño de la UABJO por cuatro años más

 

SIN FUTURO

Hace dos años, el 17 de diciembre de 2013 aquí escribimos: “ninguno de ellos (los integrantes del grupo de Abraham Martínez) se ha puesto a pensar qué hará Eduardo Martínez Helmes en unos años, cuando luego de ser Rector no pueda regresar a la Secretaría Particular para seguir ejerciendo el poder que hasta ahora vigila y ejerce. ¿Qué hará su grupo político con él? ¿Y qué será él en realidad para el grupo que lo ha llevado hasta donde está?” Esa interrogante sigue vigente.

+ La evaluación, entre policías e irracionalidad, es un fracaso general

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Evaluación Docente (12)

+ Sección 22 repudia a sus cuadros preparados; se queda con escoria

En las condiciones en que ocurrió la primera jornada de evaluación docente de este fin de semana, nadie puede decir que fue un triunfo o un hecho histórico. No puede decirlo la Sección 22, que a pesar de la trifulca que fue a armar a las inmediaciones de Ciudad Administrativa no pudo demostrar su vieja y conocida capacidad de convocatoria para una cuestión tan vital como el boicot al primer acto de implementación en Oaxaca de la reforma educativa; y tampoco puede decirlo el gobierno, que a pesar del enorme gasto y los esfuerzos realizados, sólo pudo aplicar la evaluación a seis de cada diez profesores convocados.

En efecto, este fin de semana ocurrió la primera evaluación docente que, a decir del propio gobierno estatal, sólo le fue aplicada a alrededor del 60 por ciento de la población magisterial convocada para ese efecto. Días antes el gobierno federal, a través de la SEP, había advertido que para resguardar la aplicación de la prueba a los docentes oaxaqueños habría una fuerza de alrededor de 10 mil efectivos, entre elementos estatales y federales. La CNTE reafirmó su decisión de emprender el boicot. Y el sábado las cosas ocurrieron tal y como se habían planeado. No obstante, hay que ver lo que está más allá de eso.

Pues por un lado, se confirmó la previsión de que la aplicación de la evaluación docente en Oaxaca sería una de las más costosas hasta ahora aplicadas, no únicamente por el monto económico que se utilizó en la organización propiamente del evento, sino por el enorme costo económico que implicó la movilización de fuerzas policiacas de los ámbitos estatal y federal, así como por el marcado ausentismo que hubo en la aplicación de la prueba. No existe una cifra totalmente consensada sobre el costo final de la prueba. Pero de las previsiones, puede inferirse que al sólo haberse aplicado al 60 por ciento de la población convocada, el costo por examen debió subir a casi el doble de las proyecciones realizadas.

Esto es una derrota, que aunque parcial, debe dejarle enseñanzas al gobierno estatal. Es evidente que esta era una evaluación que revestía un enorme grado de complejidad no únicamente por su organización, sino por la resistencia de la dirigencia magisterial a asumir su nueva realidad. En ese sentido, debe considerarse todo lo hasta ahora hecho para corregir fallas y ubicar la forma más precisa en la que podrá aplicar la evaluación. Pues si vemos este ejercicio como una cuestión periódica, en sus condiciones actuales no habrá presupuesto, ni capacidad institucional que soporte la realización de exámenes como los de este fin de semana.

Deben buscarse, entonces, mecanismos alternos para la aplicación de los mismos. Y sobre todo debe asumirse que el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca necesita realizar un trabajo más firme, y a ras de suelo, de concientización a los propios profesores sobre sus derechos y deberes laborales, y sobre la influencia que sigue teniendo —o que perdió— el sindicato respecto a su estabilidad laboral, y prestaciones. En el fondo, el IEEPO también debe estimular a quienes sí hicieron la prueba, ya que ellos constituyen la primera gran escisión de la Sección 22, a la que ahora deben promover para el cambio institucional de fondo que requiere la educación de Oaxaca.

LA 22, SIN RUMBO

En ese contexto, el secretario general de la sección 22 (que es cabeza de playa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), Rubén Núñez, anunció que la asamblea estatal del gremio decidirá las sanciones que alcanzarán aquellos profesores que “traicionaron” al movimiento y se presentaron el examen de servicio profesional docente.

Luego de concluir su jornada de protesta, indicó que el boicot de la disidencia magisterial fue un éxito, toda vez de que muy pocos de sus integrantes acudieron al llamado de los gobiernos federal y estatal. “Al examen fue gente del Ieepo, los espurios de la sección 59 y, obviamente, algunos compañeros de la 22 que de manera sorpresiva los trajeron; sin embargo, la mayoría de los notificados de la 22 marcharon con nosotros y no acudieron al llamado de las autoridades (…) vamos a valorar (las sanciones), nosotros no tenemos un recuento exacto”, dijo.

Esto significa mucho más de lo que parece. Pues finalmente, de cara a la evaluación, la Sección 22 decidió darle completamente la espalda, y repudiar, a sus cuadros preparados. Apuntábamos hace apenas unos días (Al Margen 23.11.2015) que en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, decíamos, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política. Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

RADICALISMO CONFIRMADO

Aplicar sanciones a quienes fueron a la evaluación, significa dar la espalda a cualquier cuadro preparado. La Sección 22 está confirmando su vocación de quedarse con sus incondicionales. Aunque sean lo menos, y los más impresentables.

¿Qué tipo de diálogo pretende el gobierno federal con los maestros?

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Aurelio Nuño M

+ Además de inaceptable, militarizar evaluación es una táctica errónea

Ayer el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, afirmó que el Gobierno Federal está listo para transitar por el camino que los maestros disidentes deseen: el diálogo o la firmeza en la aplicación de la ley. Esto, en el contexto de la aplicación de la primera evaluación a los profesores oaxaqueños, que será vigilada por alrededor de 10 elementos de corporaciones policiacas de los tres ámbitos de gobierno en la entidad. ¿Es en verdad una buena estrategia cerrar de esa forma el diálogo, amagar con la aplicación de la fuerza, y utilizar la intimidación como forma de aceptación de la reforma educativa?

En efecto, el secretario Nuño Mayer expresó ayer que la gran mayoría de los mentores están dispuestos al cambio, y apuntó que la resistencia se centra en los liderazgos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que no quieren el cambio. Hay dos caminos, dijo, y ellos tienen la opción de escoger por cualquiera de ellos: el de mantener escuelas sin clases y querer presionar a los maestros que sí se quieren evaluar. Si persisten en este camino se van a encontrar un gobierno muy firme en la aplicación de la ley. Pero existe otro camino, es el camino de que acepten la reforma educativa y caminemos juntos”, expresó.

¿De verdad está el gobierno federal en la posición de condicionar de esa manera el diálogo con la Coordinadora magisterial? Evidentemente, las posiciones de la CNTE no han sido precisamente amigables y de hecho pareciera que el gobierno está respondiéndole a las secciones sindicales radicales con la misma moneda de la política que ellos han ejercido durante años para presionar al Estado mexicano al diálogo. No obstante, es claro que ni el secretario Nuño Mayer, ni el gobierno federal, entienden que ellos no son un grupo de presión más, ni una organización que se dedica a la industria del chantaje, sino que son nada menos que el Estado mexicano ejerciendo sus potestades, pero en el marco de un estado democrático.

¿Qué significa esto? Que en una sociedad civilizada, como la que se supone que somos, el Estado no le puede responder de forma iracunda a un grupo de presión. Dicho de otro modo, no está en condiciones de aplicar una política como la demostrada por el Titular de la SEP porque eso significaría la institucionalización, la aceptación —y quizá hasta una “constitucionalización” fáctica, por la búsqueda de una forma legal para legitimar la fuerza— del “plata o plomo”, que es tan conocido entre las organizaciones que desarrollan actividades lucrativas y que tienen como elemento de coacción a la amenaza.

Evidentemente este tipo de cuestiones no pueden pasar inadvertidas, máxime cuando lo que está en juego es no sólo la evaluación educativa sino las demostraciones de que el Estado tiene los elementos —todos— para hacerle frente a este tipo de situaciones, pero de la forma más civilizada posible y no únicamente utilizando la política del sometimiento o la trifulca.

Esto demuestra la incapacidad y la ineptitud de las instancias federales encargadas de la gobernabilidad, y la urgencia por aplastar un movimiento con el que, les guste o no, tendrían que aprender a convivir aún en la subsistencia de las nuevas circunstancias impuestas a los trabajadores de la educación con la reforma educativa.

En ese sentido, preguntémonos: ¿en un Estado democrático deben o no existir las voces disidentes? ¿En un Estado democrático, el gobierno está o no obligado a convivir y tolerar a todas las expresiones, aún las más radicales?

Evidentemente, todo esto tiene límites. Pero bajo ninguna circunstancia podríamos negar el derecho de subsistencia a la CNTE equiparándola al extremismo o al terrorismo. Esas son las formas de lucha que cualquier Estado —democrático o no— combatiría. Pero fuera de ellas, se supone que el Estado debe buscar la forma —porque por eso es el Estado— de convivir, y no de aplastar, a los grupos organizados que no están de acuerdo con sus políticas, con su régimen o quizá sólo con el gobernante.

TÁCTICA IMPRÁCTICA

Lo apuntábamos hace apenas unos días, y hoy reiteramos esta duda genuina: ¿Qué va a pasar después de la evaluación de este fin de semana? Porque si algo queda claro, dijimos en nuestra entrega del 25 de noviembre pasado, es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.   Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

Evidentemente, el mismo Estado ha demostrado que su capacidad de movilización está siendo costosa no sólo en términos políticos, sino que también le está generando una fuerte presión al presupuesto federal destinado a la seguridad pública. ¿Qué revela todo esto? Que además de ser una táctica políticamente inviable la de militarizar las evaluaciones, e insistir en su llamado al “plata o plomo” frente a la CNTE, la SEP está optando por una estrategia que también es poco práctica, de muy corto alcance, y muy costosa para las arcas federales y para las mismas fuerzas federales que están haciendo una abierta labor de contención política y no las tareas de seguridad pública para las que fueron creadas.

Por esa razón resulta hasta machacón el cuestionamiento sobre la urgencia de ubicar rutas alternas a la de la presión actual que ejerce la SEP. Ésta, en el mejor de los casos, debe ser una política momentánea, únicamente utilizada como una especie de “botón de pánico” frente a las circunstancias. Al final, si el gobierno federal no establece los cauces necesarios para entablar un diálogo útil con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, dentro de muy poco tiempo su táctica actual se desfondará y terminará ocurriendo un efecto rebote, de consecuencias muy lamentables para la educación pública en nuestro país.

LOS MÁS CONTENTOS…

Son los empleados del gobierno estatal, que desde ayer tienen días de descanso obligatorio. Al menos los que laboran en Ciudad Administrativa, que toda la semana estuvo ya resguardada y confinada, y que —dicen— este fin de semana será un verdadero bunker.

¿Tres años antes, estamos preparados para tener aspirantes presidenciales?

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Presidente Desconocido

+ Sucesión adelantada, producto de la ilegitimidad de quienes ejercen el poder

 

Una encuesta publicada por el periódico El Universal, de la Ciudad de México, marcó la pauta para la carrera de la sucesión presidencial que, como en los últimos lustros en México, está adelantada a su tiempo. Al margen de los nombres y las revelaciones que hace dicha encuesta sobre el panorama electoral, vale la pena preguntarnos cuál es la razón de este fenómeno de aceleración sucesoria, en un contexto en el que parecía que el PRI había vuelto con sus tradicionales formas de gobernar y transmitirse el poder.

En efecto, una encuesta nacional del periódico El Universal y la encuestadora Buendía & Laredo, levantada entre el 16 y 19 de noviembre, presentó el panorama electoral rumbo a las elecciones presidenciales de 2018. De acuerdo con la publicación, cuando se pidió a los encuestados, de manera espontánea, decir quién le gustaría que fuera el próximo Presidente de la República, ocho por ciento respondió que Andrés Manuel López Obrador y dos por ciento que el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas. No obstante, 7 de cada 10 entrevistados no supo quién le gustaría que fuera el elegido.

Según la encuesta, el priista mejor posicionado para la contienda presidencial de 2018 es el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; mientras que en el PAN la esposa del ex presidente Felipe Calderón, Margarita Zavala Gómez del Campo, tiene una ventaja de más de 20 puntos respecto al actual presidente del CEN blanquiazul, Ricardo Anaya, y el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Entre los miembros del Partido Acción Nacional, así como entre los independientes, la ex Primera Dama del país cuenta con el respaldo de 49% y 33%, respectivamente.

De todo esto, la mayoría de los escenarios muestra un empate entre el PAN, la alianza PRI-PVEM y Morena, mientras que el PRD y una eventual candidatura independiente de El Bronco se disputan la cuarta posición. Al enfocarnos en el careo con los abanderados mejor posicionados en las contiendas internas, el resultado es una contienda “a tercios”: El candidato de la alianza PRI-PVEM, Osorio Chong, 23%; Margarita Zavala del PAN, 22%; López Obrador de Morena, 20%, Mancera del PRD, 7%, y El Bronco, como candidato independiente, 5%. Sin embargo, es interesante que en esta contienda, los independientes prefieran a López Obrador (21%), seguido por Margarita Zavala (19%) y en tercer lugar Osorio Chong con 15%.

¿Qué nos dice todo esto? Que el 2018 está enfilado desde ahora, y que en este panorama es muy previsible una nueva alternancia de partidos en la Presidencia de la República. Sorprendentemente, parece que desde ahora la balanza se está inclinando nuevamente por la preferencia hacia los candidatos de los partidos políticos, pero también resalta que en esta contienda hay un ayuno casi total de posibles aspirantes independientes con verdaderas posibilidades de participar en la contienda.

Pero más allá de esta lucha de números, encuestas y partidos, lo que parece evidente —y prácticamente no se dice, y menos se analiza— es que el aderezo de la contienda presidencial será el hartazgo de un régimen que, más allá de los nombres, está agotado por la corrupción, la opacidad y la incapacidad de generar confianza a partir de la rendición de cuentas.

ALTERNANCIA, ¿HACIA DÓNDE?

Según la encuesta, la competencia entre el PRI, y los partidos de derecha e izquierda, respectivamente, va “a tercios”. Es decir, hay un empate entre las preferencias de Osorio Chong, López Obrador y Zavala. El punto fino en estos números —y que tiene mucho que ver con el enojo de la sociedad frente a la corrupción— es que mientras los números de Zavala y AMLO tienden irremediablemente a crecer, los de Osorio Chong continuarán cayendo conforme avance su desgaste natural como el servidor público encargado de la seguridad y la gobernabilidad del país.

¿Por qué ocurre esto? La respuesta no está en lo que el lugar común apunta a denominar como “las calenturas tempraneras” sino más bien al agotamiento anticipado no sólo del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, sino de todo el modelo político por el que han tenido estabilidad los últimos mandatarios en nuestro país. Dicho modelo es aquel que en el pasado le intercambió a los mexicanos democracia por estabilidad, y que luego les dio democracia a cambio de la tolerancia a la corrupción. Hoy esa dinámica parece estar llegando a su fin, y por esa razón pareciera que la ciudadanía está tratando de construir un nuevo panorama en el que los cambios que pudiesen ocurrir sean más radicales que los decididos hasta ahora.

Ello se explica en sí mismo: el único posible candidato del partido en el poder está a merced del desgaste que puedan generarle las circunstancias, la corrupción o la incapacidad del gobierno para el que trabaja. Junto a él se encuentra el líder mesiánico, radical, que sin embargo se nutre todos los días del genuino cansancio de la ciudadanía. Y junto a él, casi hombro con hombro, se encuentra la ex Primera Dama, que da un fario de fortaleza y certidumbre que no lo habían dado otras mujeres que en el pasado reciente aspiraron a la Presidencia de la República.

Al final, así como en las recientes elecciones de Argentina no fueron los candidatos, sino el desastre económico y la corrupción y frivolidad, los que derrotaron definitivamente a la presidenta Cristina Fernández, en México parece que algo similar es lo que terminará definiendo el rumbo de Peña Nieto, que a pesar de todo se niega a promover el cambio democrático de fondo que está exigiendo el país, y que no tiene que ver con las reformas electorales sino con las demostraciones de combatir la corrupción, el conflicto de interés, y la impunidad, que hasta ahora han sido los únicos signos distintivos de su gobierno y a los cuales no opacan ni el manejo de la economía estable, y mucho menos las eclipsadas reformas electorales. Así de trágico es su panorama.

QUE LES PREGUNTEN…

Se ha vuelto práctica que unos tomen la voz de otros, sin antes preguntar, para indignarse, y con eso parecer muy comprometidos y muy rebeldes. Es el caso de los que se ofendieron por un comercial de un refresco filmado en la comunidad mixe de Totontepec. ¿Ya le preguntaron a los oriundos de ese municipio qué opinan de eso? Podemos coincidir con la crítica a Coca Cola. Pero los que no nacimos ahí, antes de todo deberíamos conocer y respetar la opinión que tengan los totontepecanos al respecto.

¿Todas las evaluaciones tendrán que ser vigiladas por 10 mil policías?

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cnte

+ Gobierno debe abrir, paulatinamente, canales de diálogo con la CNTE

 

Una de las grandes aduanas en la implementación de la reforma educativa, ocurrirá este fin de semana cuando, en un episodio simbólico por diversas razones, se enfrenten el Estado mexicano y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, por la realización de la primera evaluación a los docentes oaxaqueños. Es importante el hecho que constituye la aplicación de los primeros exámenes. Pero lo es mucho más, la medición de fuerzas entre dos bloques que, en el mediano plazo, se verán obligados a buscar rutas alternas que el choque que están previendo para este fin de semana.

En efecto, ayer el titular de la Secretaría de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, aseguró que “serían agregados unos 10 mil elementos de la Policía Federal” a las autoridades policíacas actuales para garantizar el buen desempeño de la evaluación docente este fin de semana en Oaxaca. “La Policía Federal, dijo, empezará a llegar de manera numerosa a Oaxaca. Así como arribó la semana pasada a Michoacán, esta semana se verán los contingentes federales para poder garantizar la evaluación (…) estaríamos hablando de ocho mil a 10 mil policías federales adicionales de los que ya existen”, agregó el funcionario federal.

Horas más tarde, el gobernador Gabino Cué confirmó que unos 7 mil policías, entre federales y estatales, resguardarán la evaluación docente que se realizará este sábado y domingo, 28 y 29 de noviembre, en Ciudad Administrativa. Descartó que vayan a trasladar a los docentes en helicópteros como ocurrió en Michoacán porque en Oaxaca se aplicará otra logística. Dijo que la presencia policial será disuasoria, en un primer instante, pero ante la amenaza de boicot o de ‘lastimar’ el derecho de los docentes por parte de la dirigencia de la Sección 22 del SNTE, la obligación de la autoridad es garantizar la integridad de quienes acudan a este proceso.

Y es que desde hace varias semanas, la Comisión Política de la Sección 22 lanzó la advertencia de que intentaría un boicot a la evaluación diagnostico de la SEP, que inicialmente se realizaría los días 14 y 15 de noviembre, pero que fue pospuesta para este fin de semana. Según la 22 “los maestros de Oaxaca tienen la indicación de no acudir al examen (…) Cuando todos los compañeros tengan un documento donde les indiquen el tipo de examen, la hora, la sede y el propósito, entonces se podrá hablar que es un proceso legal”, señalaban.

Hasta ayer, la Sección 22 no había retirado su amenaza de boicotear la evaluación, y en ese contexto se decidió resguardar, desde el lunes, las instalaciones de Ciudad Administrativa donde formalmente se llevará a cabo la evaluación; y ayer martes se hizo el anuncio formal del refuerzo de elementos federales para garantizar la seguridad de la evaluación. A simple vista no parece fácil poder prever la existencia de disturbios o violencia. Pero sí se infiere que si la Policía Federal está movilizando masivamente a sus efectivos, es porque ven latente la posibilidad de que esto ocurra.

¿Qué resguardarán? Físicamente, buscarán salvaguardar a las personas que acudan a realizar su evaluación. Pero políticamente —y esa es la parte sensible— lo que resguardarán es la supervivencia y la capacidad del Estado de aplicar la evaluación ejerciendo para ello su autoridad tanto frente a quienes evaluarán, como a quienes tratarán de impedirlo.  Por esa sencilla razón, lo que ocurra el fin de semana en las instalaciones de Ciudad Administrativa será definitorio para el futuro inmediato de toda la reforma educativa en el país —y quizá hasta sea un abono a la endeble legitimidad del presidente Enrique Peña Nieto—, frente a la CNTE que buscará por todos los medios la forma de impedir la consumación de esta significativa evaluación.

¿Y DESPUÉS?

Es lo que también vale la pena preguntarse. Porque si algo queda claro es que no habrá posibilidad, ni una sola, de que cada evaluación que se realice en las entidades federativas “problemáticas” como Oaxaca o Michoacán, sea resguardada por miles de elementos policiacos, o amenazadas por profesores iracundos que se oponen a la implementación de la reforma educativa.

Evidentemente, tanto el Estado, como los profesores de la CNTE, deberán buscar sus respectivos cauces de entendimiento y lucha, para darle viabilidad de mediano plazo a sus derroteros, y para no anclarse a un escenario que en sí mismo no tiene futuro.

¿De qué hablamos? De que los profesores de la Coordinadora deben asumir, con seriedad, que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

Y por su parte, el Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

Por todo eso, lo que pase el fin de semana en Oaxaca será definitorio, pero sólo para que la reforma educativa siga viva. Después vendrá el momento de demostrar —o de desmentir— que dicha reforma es viable en el mediano y largo plazo.

DORMIDOS

En la prensa de la capital del país apenas se dieron cuenta que Flavio Sosa dejó el PRD para irse a Morena. Ello quedó más que claro, al anunciarse el nombre de la nueva dirigente de ese partido en Oaxaca, Nancy Ortiz Cabrera. Más bien la duda es si con ese enroque subsiste la candidatura —que según ya estaba “segura”— de Salomón Jara a la gubernatura por Morena en 2016.

Comisión de la Verdad: que sus finalidades sean más que electorales

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Comision de la verdad

+ Deben citar a los involucrados, pero sin anclas al calendario político

El fin de semana el presidente de la Comisión de la Verdad (CV), Alejandro Solalinde Guerra aseguró que dicho organismo citará al ex gobernador Ulises Ruiz a que rinda su testimonio sobre los hechos ocurridos en Oaxaca durante los años 2006 y 2007. Informó además que giró citatorios a otros ex funcionarios del periodo. Si consideramos el momento político del anuncio, y la fecha establecida para la entrega de las conclusiones de la memoria histórica que se supone que la CV está realizando, no hay más que concluir que los trabajos de dicha Comisión están perfectamente calculados en base al calendario político de la entidad.

En efecto, según una nota de Proceso, Solalinde Guerra destacó que los integrantes de la Comisión de la Verdad tomaron la decisión de llamar a declarar a Ruiz. “No importa que saque una biblioteca de libros, de todos modos lo vamos a llamar, porque es el principal presunto perpetrador (de la represión en Oaxaca), no cabe duda, pero además vamos a llamar a otras personas que están siendo señaladas”, resaltó. Este anuncio, ocurre en un contexto político inundado por la efervescencia electoral, en la que Ulises Ruiz insiste en ser uno de sus principales protagonistas.

Esta es una tragedia doble para Oaxaca: por un lado, la Comisión de la Verdad tiene una misión encomiable que, sin embargo, no está cumpliendo; por el otro, priva una especie de socarronería por parte de los ex funcionarios involucrados en la crisis social de 2006 y 2007, debido a que los resultados de la investigación no tienen ningún efecto vinculatorio, además de que saben que la propia CV está haciendo una investigación parcial, más cercana a la consigna política que a la rememoración de fondo del periodo, por lo que saben que también dicha investigación carga con cierto nivel de descrédito. Y finalmente porque saben que si la facultad de investigación de la Suprema Corte sobre violaciones graves a derechos fundamentales, y las investigaciones ministeriales, no fueron capaces de llevarlos ante los tribunales, esta investigación tampoco.

¿Por qué es trágico lo que está haciendo la CV? Básicamente, porque lo que hace es cumplir una consigna política de perseguir al régimen anterior a través de señalamientos y acusaciones, pero sin cumplir con el papel de fondo que debiera tener una Comisión de la Verdad. Si consideramos que organizaciones como Amnistía Internacional señalan que todas las víctimas de genocidio, de crímenes de lesa humanidad, de crímenes de guerra, de tortura, de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada, tienen derecho a la verdad, entonces lo que la CV tendría que estar haciendo es cumplir con la búsqueda de la verdad y no cumplir con una consigna política.

Amnistía Internacional, dice además, que obtener la verdad sobre los crímenes es vital, primero, para que las víctimas directas conozcan toda la verdad sobre los crímenes de que han sido objeto, así como las razones que los motivaron, y para que se reconozca públicamente su sufrimiento. Además, dice, la verdad es necesaria para desmentir toda acusación falsa que haya podido formularse contra ellas durante la comisión del delito.

¿Verdaderamente está haciendo eso la Comisión de la Verdad en Oaxaca? No lo sabemos, porque la Comisión nunca estableció una ruta específica para su investigación; no ha demostrado estarla haciendo con base en criterios reconocidos para una investigación de esta magnitud, y porque más bien se la ha pasado señalando, acusando a priori a los responsables, y utilizando momentos y formas que lo que demuestran es un linchamiento político y no la intención de resarcir —al menos con la verdad— a todas las víctimas de aquellos episodios, fueren integrantes del movimiento popular o simples civiles que resultaron afectados por aquella crisis social.

ULISISMO, IMPUNE

Desde el momento en que se creó la Comisión de la Verdad, varias dependencias estatales, como la Procuraduría de Justicia, o los tribunales dependientes del Poder Judicial del Estado, debieron fijar una posición sobre la aceptación implícita de las deficiencias estructurales que les impidieron tener la estatura para conocer de los hechos relacionados con el conflicto magisterial, y llegar a conclusiones no sólo, declarativas sino incluso vinculatorias, para quienes resultaren responsables de violaciones graves a los derechos humanos y, por ende, de la comisión de delitos. Crear una Comisión de la Verdad trae aparejado el reconocimiento de la incapacidad de las instancias ordinarias de ofrecer certidumbre sobre qué ocurrió en un periodo específico. Este fue el caso.

Además, si el objetivo de la CV es conocer la verdad sobre las posibles violaciones a derechos humanos durante el conflicto de 2006, las organizaciones que impulsaron la creación de dicha Comisión —e incluso los mismos integrantes de la misma— debieran dejar constancia específica de su disposición a que, de verdad, se conozca toda la verdad. Es decir, a que esa Comisión se encargue de indagar todos los hechos que posiblemente atentaron contra la dignidad y derechos de las personas, y que no fuere sólo un tribunal creado ex profeso para enjuiciar al gobierno, porque eso sería conocer —en el mejor de los casos— una parte de la verdad, pero no toda.

Todo esto ha sido trágico, porque la CV parece más bien un montaje encaminado a enjuiciar mediáticamente a Ulises Ruiz —cosa que a él no le interesa, ni le afecta en lo más mínimo—, pero que en el fondo lo que hace es convalidar su impunidad frente a todos los hechos de los que se le acusa responsabilidad.

Aunque han pasado casi 10 años, las heridas del conflicto magisterial siguen abiertas, y sus agravios continúan vigentes. Y hacer todo esto sólo para empatar las conclusiones de la investigación con los tiempos electorales, sólo refleja que están desdeñando la verdadera justicia frente simples cálculos políticos. La responsabilidad de Ulises Ruiz debiera ser investigada a fondo y no ser utilizada como un mecanismo más del año electoral.

FIN ELECTORAL

“Seguramente —apuntamos aquí hace 12 meses (Al Margen 26.11.2014)— las conclusiones de la Comisión serán dadas a conocer en marzo de 2016… en un momento ideal para que esto sirva como un eficaz proyectil del gobierno y la coalición contra sus adversarios, en plenos tiempos electorales”. ¿Alguien sigue dudando que todo esto se va a cumplir a pie juntillas? Ver para creer.

La Sección 22, derrotada por no ofrecer alternativa a sus agremiados

almargenoaxaca
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Evaluación

+ Incita a no acudir a la evaluación, pero sin ofrecerles una ruta alterna

Es inminente la consolidación de la evaluación a los profesores oaxaqueños, y en ese contexto queda claro que la Sección 22 está pagando el costo de su irreflexividad, y de su incapacidad de generar un escenario de consenso no únicamente entre quienes están convencidos de su lucha, sino también entre quienes aceptando los postulados políticos del sindicato magisterial, también desean prepararse para tener mejores condiciones de trabajo. Carente de esa visión, la Sección 22 se está condenando sola.

En efecto, este fin de semana se llevó a cabo la jornada de orientación e información a los profesores oaxaqueños que en fechas próximas participarán en el primer proceso de evaluación implementado en Oaxaca. El sindicato magisterial había amagado abiertamente con emprender acciones de sabotaje tanto a las jornadas informativas, como a la realización de la evaluación docente.

Los gobiernos estatal y federal respondieron señalando que la aplicación de los exámenes a los docentes se realizará en las instalaciones de Ciudad Administrativa, y que utilizarán a la fuerza pública si es necesario, para garantizar que dicha jornada se realice. La respuesta de la 22, fue ya no hacia el gobierno, sino hacia sus propios agremiados, exigiéndoles que no se presentaran a las evaluaciones.

La escasa respuesta a ese llamado —porque la jornada de información ocurrió sin incidentes, y se prevé que un número importante de profesores acuda a la aplicación de los exámenes, para lo cual la SEP y el IEEPO están ofreciendo diversas facilidades— tiene su explicación no únicamente en el “miedo” de los evaluados a perder su empleo si no acuden a presentar su examen, sino en otras circunstancias que terminan siendo propias del sindicato magisterial. Vale la pena repasar algunas de ellas.

Primero, la Sección 22 no le ha ofrecido a sus agremiados una ruta alterna, viable, a la evaluación docente. Hasta ahora, el sindicato magisterial no ha logrado ubicar una ruta jurídica a través de la cual puedan evadir las responsabilidades de evaluación que les impuso la Ley General del Servicio Profesional Docente, y que esto no les genere la situación de vulnerabilidad para perder su empleo. Hasta ahora, han fracasado los amparos que han intentado y la CNTE no ha podido recobrar el diálogo con el gobierno federal como para poder explorar la posibilidad de prologar el periodo para el inicio de las evaluaciones. Es decir, que por radicales hoy no pueden ofrecer alternativas a los profesores para que rechacen la evaluación sin riesgos.

Segundo, en los últimos años el radicalismo de la Sección 22 los llevó a distanciarse de sus cuadros preparados. Es un error pensar, por ejemplo, que todos los que esencialmente coinciden con los planteamientos políticos de la CNTE, se resisten a la evaluación. Por naturaleza, el magisterio es un gremio plagado de pluralidad y diferencias.

Esto hace que así como existen trabajadores de la educación comprometidos con la lucha magisterial y dedicados de lleno a ella, también existan profesores que estando comprometidos con las causas de la CNTE también estén preocupados permanentemente por prepararse, por incrementar su nivel de formación, y por tener un mejor desempeño en su labor docente. Para muchos, esa búsqueda constante de preparación tiene como objetivo incrementar su salario y prestaciones. Y en ese contexto, no temen un proceso de evaluación, independientemente de su origen o de si esto pone o no en duda sus coincidencias ideológicas o políticas con su sindicato.

¿Qué ha hecho la 22? Todo, no para estimularlos, sino para alejarlos. En los últimos años, la tendencia marcada por el sindicato magisterial fue la de excluir a todos aquellos que no coincidieran a pie juntillas con sus parámetros de radicalidad y compromiso con la lucha política.

Por eso hubo —como una verdadera tendencia— una marginación de quienes provenían del normalismo académico, o de quienes ascendieron salarialmente y en jerarquía a través de su desempeño. Los “favoritos” eran los que estaban inopinadamente en la lucha sindical, los que anticipadamente se oponían a los nuevos estándares o a cualquier cambio, y a los que demostraran más radicalidad. Y salvo excepciones, preparación y radicalidad eran condiciones excluyentes en las filas sindicales.

¿QUÉ SIGUE?

Los llamados de la Sección 22 a movilizaciones siguen teniendo eco, pero cada vez más escaso. Muchos de los que participaban lo hacían por mantener la salud de su hoja de participación sindical, que era indispensable de presentar para realizar casi cualquier tipo de trámite ante la autoridad educativa. Toda esa parte quedó sin efectos, y ahora sólo ocurre la participación por coincidencias políticas o por adoctrinamiento. Hasta ahora, la 22 no ha conseguido una sola forma de mantener la atracción de los agremiados hacia su lucha, y por eso el llamado a la no evaluación se nota deslucido y con escasa convocatoria.

Es evidente que no han terminado de entender que su movilización masiva estaba basada en la disciplina coaccionada, pero que esto se acabó. No puede haber esa misma disciplina cuando ya no existen las condiciones por las que antes se profesaba ese temor a no acudir a las movilizaciones y llamados del sindicato magisterial. Además, es menos probable que esa disciplina y esa convocatoria continúen como la Sección 22 quisiera para continuar oponiéndose, cuando lo único que le ofrecen a los agremiados es un salto al vacío, cuando lo convocan a no hacer caso al llamado a la evaluación.

Finalmente el sindicato magisterial debe asumir su nueva realidad y buscar formas adecuadas de defender sus intereses, pero sin tomar a sus agremiados como kamikazes. Hay muchos más factores en juego que la sola lealtad a una lucha que hoy no sólo no les ofrece alternativas, sino que se ha evidenciado como una lucha con formas torpes y poco eficaces de defensa, ante la embestida que largamente les anunció el Estado, y que hoy les está aplicando tal y como hace tres años anunció que lo haría.

“APOYOS”

A nadie debería sorprenderle que hoy la 22 denuncie los “apoyos” que ofrece el Estado para los profesores que realizarán su evaluación. Esto consiste, dicen, en una suma de dinero para transporte y alimentación. Algo que la 22 nunca dio a nadie que participara incluso en sus movilizaciones. Por eso eran tan famosas las “cuotas” que se daban por escuela, o por sector, para apoyar “la lucha”. Menudo contraste.

Investigar desfalco al Congreso tiene origen en el miedo a la responsabilidad

almargenoaxaca
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Natividad Diaz

+ Naty, obligada por las circunstancias no seguir el periplo de sus antecesores

 

No extraña que la nueva presidenta de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, la diputada panista Natividad Díaz Jiménez, tenga ánimos francos por investigar el destino de los recursos públicos que ha ejercido el Congreso local en los últimos dos años. No parece ser una cuestión de transparencia y tampoco un asunto de moral o ética como representantes populares. Más bien, parece ser el miedo a la responsabilidad y el señalamiento que pesaría sobre ella, en el momento más complicado para cualquier político: enfrentar las responsabilidades una vez dejado el cargo.

En efecto, en los últimos días Díaz Jiménez ha reiterado su petición para que la Auditoría Superior del Estado (ASE), la Contraloría Interna y un despacho de auditores externos realicen una revisión financiera a todas las áreas del Congreso local “para conocer el destino del presupuesto asignado este año a la Cámara de Diputados”. Lo que concretamente se investiga, es un “subejercicio” de 152.7 millones de pesos, luego de que se confirmara que del presupuesto superior a los 777 millones de pesos que se asignó al Poder Legislativo sólo se justificaron, en los primeros 9 meses del año, 438 millones 426 mil 638 pesos con 31 centavos. El “subejercicio” en realidad parece dinero perdido, sobre el cual la nueva Presidenta de la Junta pretende esclarecer su destino.

Vale la pena entender la inusitada preocupación de Natividad Díaz Jiménez más allá del pleito político y de intereses que ha sido permanente en la LXII Legislatura. En la “grilla” podría explicarse que el presupuesto del Congreso se lo han repartido “equitativamente” todas las fuerzas políticas, y que finalmente la exigencia de transparencia de Díaz Jiménez podría verse ahogada por los intereses. Eso puede ocurrir. No obstante, parece que a la panista la embargan más preocupaciones que el solo conflicto por el reparto del dinero, o por los comunes pleitos entre bancadas. ¿Qué parece?

Parece que a Natividad Díaz Jiménez le preocupa el llamado “cuarto año”. Es decir, ese momento en el que la LXII Legislatura haya concluido, en que habrá nuevos diputados en el Congreso local, en que habrá también una nueva correlación de fuerzas en el panorama político, un nuevo Gobernador, y sobre todo, ese momento en el que ella ya no tenga el fuero que la proteja frente a posibles responsabilidades administrativas o legales, derivadas de su paso por la Junta de Coordinación Política en la inercia actual.

Esa inercia actual es la que todos conocemos: un desenfrenado gasto repartido discrecionalmente entre los legisladores, y decidido desde la Junta de Coordinación Política, en un marco en el que la Tesorería ha utilizado diversos mecanismos financieros para justificar el gasto, pero sin atender a la debida comprobación por la que tendría que pasar el destino real de los recursos.

Así, a través de la compra de facturas, de la fabricación de expedientes y demás esquemas de comprobación, se ha podido utilizar discrecionalmente el presupuesto legislativo. Los anteriores presidentes de la Junta nunca estuvieron preocupados porque sabían que su paso por la Presidencia de la Jucopo podía ser negociado, y limpiado, en una mesa de negociación, por la sencilla razón de que son ellos mismos los que se revisarían el ejercicio de sus recursos.

Este no será el caso de Natividad Díaz. Además de que la revisión del ejercicio de la actual Legislatura ya será realizado por la siguiente camada de diputados locales, también pende como Espada de Damocles las nuevas facultades que están a punto de entrar en vigor respecto al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y el ensanchamiento del poder de las auditorías bajo ese nuevo esquema.

 

NUEVA FISCALIZACIÓN

Es relevante el hecho de que la reforma que estableció en la Constitución federal el Sistema Nacional Anticorrupción, modificó sustancialmente las atribuciones de la Auditoría Superior de la Federación, y dispuso que las legislaturas de los estados deberán adecuar sus legislaciones domésticas a la nueva arquitectura de la fiscalización superior, así como adecuarse a los mecanismos propios del SNA. Si Natividad Díaz, y todos los integrantes de la Junta, aún no están preocupados por eso, deberían comenzar a estarlo.

¿De qué hablamos? De que, para el caso de la ASF —que es el modelo establecido para las auditorías locales— se eliminaron principios como el de la anualidad y la posterioridad. Esto significa que a partir de ahora se podrán auditar legalmente ejercicios previos al inmediato anterior, cuando ahora únicamente es posible auditar el ejercicio anterior al año corriente. El principio de posterioridad consiste en que sólo se pueden revisar periodos concluidos pero no el del año que está corriendo. Al eliminarse estos dos principios se abre la puerta para que la ASF audite libremente ejercicios de varios años atrás al actual, y que también pueda hacerlo respecto del año corriente.

Lo relevante es que ese modelo es el establecido para que sea adoptado por las auditorías estatales, con un añadido: el SNA ancla la decisión de iniciar una investigación —federal, estatal o municipal— a más elementos que la sola voluntad del gobierno federal, de los gobernadores o de las legislaturas locales.

Crea, por ejemplo, un Comité de Participación Ciudadana que tiene como una de sus misiones, establecer mecanismos de coordinación para la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y para el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos.

 

¿QUÉ SIGNIFICA ESTO?

Que en términos simples, la fiscalización de un ente auditable ya no quedará a la discrecionalidad y la “secrecía” de las autoridades locales, ya que todo el sistema está anclado para que no haya potestades absolutas en las labores de fiscalización y control de los recursos públicos. Por eso Natividad Díaz debe estar preocupada por limpiar el ejercicio de los recursos, o debería, porque ella —más que los demás integrantes de la Jucopo— quedará expuesta a las nuevas reglas de fiscalización. Por eso, con esta reacción pareciera que, como dice el refranero, se está amarrando el dedo antes de la cortada.

El manejo de la frontera sur de México sigue siendo un misterio

almargenoaxaca
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Frontera Sur

 

+ ¿“Blindar la frontera” es controlar la migración o esconderla?

 

Parece muy fácil decir que, ante los actos terroristas de la semana pasada en París, y las amenazas que ISIS lanzó en contra de Estados Unidos, México ha “blindado las fronteras” para evitar ataques. Tanta simpleza contrasta con el hecho de que tanto la frontera sur de México, como los límites con Estados Unidos son por naturaleza porosos, y que por ahí diariamente cruzan cientos, o miles de personas, al margen de la situación migratoria de cada uno. Por eso la pregunta no es si las fronteras se blindan, sino qué tratamiento se le da a la migración.

En efecto, en el contexto de los ataques terroristas del viernes 13 en París, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, informó que las fronteras de México y zonas estratégicas fueron “blindadas· para evitar ataques terroristas como los de la semana pasada en el continente europeo. Las áreas de inteligencia, dijo, activaron un protocolo de blindaje en esas áreas; no existe ningún temor sobre posibles actos terroristas en México, sin embargo, dijo, se han tomado todas las previsiones para evitar que se presenten hechos “lamentabilísimos”.

Frente a esas afirmaciones, es necesario ubicar un contexto equilibrado de lo que ocurre en la frontera: muchos parecen tener “miedo” de que por alguna de las fronteras mexicanas puedan pasar terroristas que intenten llegar a los Estados Unidos de Norteamérica. La cuestión a diferenciar, sin embargo, no radica en si la frontera mexicana es porosa o no, o si los yihadistas podrían pasar por ella o no para llegar a la Unión Americana.

Más bien, la pregunta clave sería si los posibles terroristas estarían en la posibilidad, y en la necesidad, de cruzar a los Estados Unidos desde México para poder cumplir sus objetivos y, desde el lado mexicano, qué acciones está tomando la autoridad para “blindar” las fronteras, en un contexto en el que toda la demás inmigración es irrelevante para las autoridades de nuestro país.

Pues resulta que México sigue siendo el infierno de la migración, pero nada de eso le resulta importante a la autoridad migratoria mexicana, que ha continuado con su política de cerrarle todos los pasos conocidos a la inmigración “tradicional” que viene desde Centroamérica, y la ha obligado a utilizar mecanismos de transporte todavía más riesgosos y clandestinos que los que ya eran conocidos.

Es evidente que dicho plan federal dice tener el objetivo de evitar que los migrantes crucen a nuestro país en su afán de llegar a la frontera con Estados Unidos. Pero lo único cierto es que han terminado alimentando la incertidumbre sobre la situación de quienes cruzan, y ha alimentado grandemente el negocio del tráfico de personas, con todas las ilegalidades y los riesgos que eso conlleva.

En ese sentido, no es de extrañarse que por esa razón desde hace meses el gobierno federal decidió impedir por completo que los migrantes centroamericanos cruzaran el país a bordo del tren conocido como “La Bestia”. Hay una idea de que esta ruta inicia en la frontera sur del país, y que esa es la razón por la que los migrantes la preferían. En realidad, el punto de partida del tren es en la comunidad chiapaneca de Arriaga, que ya es limítrofe con el estado de Oaxaca, y que se encuentra a escasos minutos por carretera de la primera comunidad en territorio oaxaqueño, que es Chahuites.

Esto significa que, en sí mismo, que el tren no era la atracción principal de cruzar la frontera; que ésta es lo suficientemente amplia como para permitir el tránsito fluido de personas al margen de los cruces fronterizos; y que finalmente el mecanismo de tránsito ya en territorio mexicano era un punto importante de control de la migración, que es el que, más que blindando, se tendría que estar vigilando escrupulosamente para saber quién y para qué se cruza la frontera sur, hacia los Estados Unidos.

 

¿UNA FRONTERA ATRACTIVA?

Los fanáticos de las teorías fatalistas y xenófobas sostienen que el terrorismo podría entrar a los Estados Unidos a través de la frontera sur con México, y ese es el argumento que les sirve para insistir en el argumento de que la frontera entre México y la Unión Americana debe ser sellada. Es, de hecho, una forma de evolución coyuntural de las promesas del republicano Donald Trump como aspirante a la presidencia de los Estados Unidos, de cerrar completamente la frontera e instalarle un muro más amplio del que ya existe.

En esas condiciones, ¿sería atractiva una frontera como la que comparten México y Estados Unidos? Por varias razones, la respuesta es negativa, y vale la pena repasar por qué lo decimos. Una razón inicial es que los posibles terroristas que pudieran amenazar la seguridad o a la ciudadanía norteamericana, no necesitan cruzar ilegalmente la frontera.

Los integrantes de esos grupos pueden ser extremistas o fundamentalistas, pero no son marginados ni subsisten en la pobreza como para no poder ingresar a ese país legalmente. Tienen todos los recursos, el tiempo y los documentos migratorios para hacerlo, porque la razón de su lucha no es un asunto de clases sino de motivaciones religiosas. Al Qaeda, y ahora ISIS, están respaldados por fuertes capitales que financian sus operaciones y una forma de vida en la que el dinero no es su principal preocupación.

Ahora bien, ¿arriesgarían terroristas una operación del tamaño de las que hemos visto en los últimos años, a una cuestión tan fuera de su alcance como lograr cruzar una frontera dominada por tratantes, coyotes y bandas criminales? Evidentemente no es la mejor opción. Tampoco están en condiciones de cruzar de una manera totalmente clandestina, ya que todas las rutas de migración entre México y Estados Unidos están controladas o por la delincuencia organizada, o por los coyotes, o por las propias autoridades que toleran cierta cantidad de migración bajo la idea de que es imposible sellar completamente la frontera entre ambos países.

 

PROBLEMA DOMÉSTICO

Finalmente, una cosa más que queda claro es que el terrorismo no necesita tener pasaporte extranjero. En el caso de los atentados de la semana pasada, éstos fueron perpetrados por una mayoría dominante de europeos, varios de ellos nacionales franceses. Es decir, que el argumento de la migración y las fronteras sólo está sirviendo para legitimar otras intenciones más relacionadas con la criminalidad y las políticas extraviadas del gobierno federal, que con una determinación real por tener un control preciso sobre la frontera.

Las acciones de la delincuencia organizada también son terrorismo

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Terrorismo em México

+ Por atentados en Francia, mirada internacional revira hacia México

En México hay una lista larga de acciones perpetradas por la delincuencia organizada, que mañosamente sociedad y gobierno han presentado como “ajustes de cuentas” entre bandas criminales, y no como acciones de terrorismo o cuando menos como cuestiones dramáticas que debieran consternar y alarmar al Estado en su conjunto. Hoy que los atentados terroristas en París ponen de nuevo en la perspectiva internacional los horrores del terrorismo, irremediablemente esa atención tiene un eco claro en nuestro país por la detención-desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero también por diversos hechos que —aunque no nos guste— son de alguna forma equiparables a lo ocurrido el viernes pasado en la llamada Ciudad Luz.

En efecto, hoy que las coberturas informativas de medios mexicanos están presentes ante la tragedia de los parisinos, las referencias hacia lo que ocurre en nuestro país han sido insistentes. Académicos, periodistas y analistas de diversas naciones, han puntualizado en entrevistas con la televisión o la prensa mexicana en Europa, que los hechos del viernes 13 en París de alguna manera son comparables con los hechos de Iguala, en septiembre del año pasado.

¿La razón? Que la de los normalistas de Ayotzinapa también fue una masacre; también fueron jóvenes los ejecutados; también fue en una acción premeditada; y también tenía por objeto aterrorizar y “dar una lección” a la población y al Estado sobre el poder de fuego de quienes lo perpetraron. En ese sentido, los franceses tienen muy claro que dichos ataques fueron, además del acto terrorista que fue en sí, un atentado directo contra su juventud, contra su tranquilidad y contra la capacidad del Estado para proteger a sus ciudadanos de los flagelos que los amenazan. ¿No es esta la misma situación que ocurre en México?

Frente a esto, es evidente que el concepto conocido de terrorismo evoluciona. Según el diccionario, el terrorismo es la forma violenta de lucha política, mediante la cual se persigue la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. Esto es lo que ha ocurrido históricamente con grupos subversivos o separatistas que buscan lastimar al Estado por medio de sus ciudadanos. Es lo que han hecho diversos grupos en países como Colombia o España, y más recientemente en Estados Unidos con Al Qaeda, o los hechos del viernes pasado a manos deISIS en contra de Francia.

No obstante, debemos asumir que al acuñar ese concepto no existían las amenazas actuales de los grupos criminales en contra no sólo del Estado, sino de la ciudadanía en general. Si lo vemos en la lógica de los fines, es evidente que, en la actualidad, los grupos criminales en México no sólo buscan proteger sus negocios, sus territorios o sus redes financieras, sino que en muchos casos también buscan establecer un clima de terror para que, en medio de él, ellos puedan ya no nada más traficar o vender drogas, sino establecer un dominio sobre la generalidad de la población.

Es decir, que ellos también persiguen la destrucción del orden establecido o la creación de un clima de terror e inseguridad, susceptible de intimidar a los adversarios o a la población en general. La diferencia es que inicialmente su objetivo no era político, pero llegó a serlo en la medida en que se dieron cuenta que ese control político era necesario para la consecución de sus fines.

 

REPENSAR A

NUESTROS DESAPARECIDOS

No es nuevo el señalamiento de que el Estado mexicano tiene responsabilidad internacional clara y concreta por la detención-desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, en septiembre de 2014. La tiene porque en esa operación hay indicios claros de la participación de agentes del Estado, en las personas de los elementos de las corporaciones policiacas de Iguala y Cocula, que capturaron y entregaron a los jóvenes normalistas a los criminales, quienes los habrían ejecutado o desaparecido a partir de entonces. Sin muchos rodeos, esa conducta configura el delito de lesa humanidad tipificado como desaparición forzada de personas.

El reconocimiento de esa responsabilidad internacional, es sólo cuestión de tiempo. No obstante, junto a eso hay otros hechos que nunca motivaron ninguna indignación de la ciudadanía en México o el extranjero, y que son igual de graves y relevantes que la detención de los normalistas, ya no como un asunto de “ajustes de cuentas” entre bandas criminales sino como hechos directamente enfocados a personas que nada tenían que ver con la lucha entre cárteles, o entre éstos y el Estado, y que de todos modos fueron blanco de ataques.

Repasemos —como lo hacía Ciro Gómez Leyva ayer en su columna de El Universal—algunos de los muchos hechos que debieran también indignarnos: el coche bomba en Ciudad Juárez en julio de 2010. O el asesinato de los muchachos de Villas de Salvárcar. O las ráfagas en los bares de la comarca lagunera. Podría preguntarse qué fue la masacre de migrantes en Tamaulipas, o la reacción en Tabasco de los sicarios de Arturo Beltrán Leyva después de que la Marina lo mató en Cuernavaca; o los cadáveres arrojados en La Marquesa o en la periferia de Mérida o en el bulevar comercial de Boca del Río; o las balaceras a un lado de las escuelas de Reynosa, Matamoros, Tijuana, en fin. Pero hechos masivos para matar a terceros serían Morelia y el Casino Royale.

Al final, lo que debemos considerar es que el terrorismo ya no es sólo un asunto exclusivo de las naciones desarrolladas cuando sus minorías deciden enfrentarlo; o una cuestión ajena a nuestro país. El terrorismo finalmente se manifiesta por sus fines, y en eso debemos considerar seriamente lo que ocurre en México. No se trata de no indignarse por los hechos del viernes 13 en París, sino de reconocer que así como allá hay acontecimientos abominables, en México también enfrentamos una amenaza real a la seguridad de todos, a la que no le hemos querido dar la importancia y la relevancia que en realidad debiera tener.

 

UN “AVISO”

Ayer una nota de El Universal (http://eluni.mx/1H6bI5b) revelaba que la Policía Federal le debe a hoteleros de varios estados del país, una cifra superior a los 563 millones de pesos, desde 2014, por concepto de alojamiento de sus elementos al ser enviados a operativos en zonas donde no tienen instalaciones. ¿Será esto un aviso para quienes, en Oaxaca, están felices por el “turismo policiaco” que hoy florece en la entidad?

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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