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Crisis de seguridad en Morelos: ¿Hasta cuándo la indefinición?

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Temixco

+ Es culpa de la delincuencia pero también de la ineptitud oficial

Los hechos de este fin de semana en el estado de Morelos constituyen un llamado fuerte de atención sobre la forma tan poco seria en la que se toman las tareas de seguridad pública. En un solo fin de semana, el gobierno de aquella entidad demostró su incapacidad de entender el imperativo de ofrecer condiciones mínimas de seguridad a sus ciudadanos, y ello resultó en dos hechos que deben ser analizados a fondo: el asesinato de la Alcaldesa de Temixco; y la toma de control, por parte del Ejército, de las labores de seguridad pública en la ciudad de Cuernavaca. En ambos hechos hay un grado alto de responsabilidad —por omisión— del gobierno de Graco Ramírez Garrido. Y ello debe ser un espejo para todas las entidades federativas.

En efecto, con el inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera,  al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.

Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.

Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.

Cuernavaca era un espacio importante que Graco Ramírez quería conquistar electoralmente hablando, pero que le fue arrebatado por la popularidad desbordante del ex futbolista y el manejo eficaz que hicieron sus impulsores políticos, de su popularidad para ganar abrumadoramente los comicios municipales en la capital morelense. Al haberle ganado éste la alcaldía, el gobernador Graco Ramírez impulsó diversas medidas para entorpecer su toma de posesión, la integración de su equipo de trabajo, e incluso el control de la seguridad pública por parte de Blanco. Pero el problema es que en ese afán no sólo dejó desprotegida —aún más— a la sociedad de aquella ciudad sino que además reveló su empecinamiento por llevar a otras arenas —en este caso la de la seguridad— un asunto de disputas políticas con partidos y servidores públicos.

Algo similar ocurrió en el caso de Temixco, donde también eran públicas las diferencias que había entre el gobierno estatal y la alcaldesa. Básicamente, el diferendo se centraba en las simpatías políticas al interior de las tribus perredistas y respecto a sus posturas frente a Andrés Manuel López Obrador. Así, por esas diferencias hubo también impacto negativo en la coordinación entre corporaciones policiales; y esa inestabilidad, en el fondo, fue la que permitió que terceros vieran la oportunidad de atentar en contra de la alcaldesa que apenas iba a cumplir su segundo día en dicho cargo.

EL MANDO ÚNICO

Ahora bien, uno podría preguntarse qué tiene que ver un asunto aparentemente doméstico de Morelos, con lo que puede estar ocurriendo con la seguridad pública en todo el país. Aunque no lo parezca, tiene que ver mucho: los hechos de este fin de semana en Morelos marcarán, irremediablemente, la integración de la agenda pública de la seguridad pública para todo el país en 2016, y serán también el primer gran referente de este año sobre lo que debe hacerse y las medidas legislativas que deben tomarse.

Así, resulta que el problema está en que esos hechos lo que parecen demostrar es el acierto de la intención del presidente Enrique Peña Nieto, involuntaria y torpemente respaldadas por el gobernador Graco Ramírez: lo ocurrido en Morelos abonará a la idea de que las corporaciones de seguridad pública municipales deben desaparecer porque no cumplen con las funciones y las finalidades para las que fueron creadas, y que en su lugar deben integrarse sólo treinta y dos corporaciones policiacas estatales.

Incluso, en ese contexto, tampoco sería raro que se comenzara a hablar de la conformación de una sola Policía Nacional, que absorbería todas las funciones de seguridad pública en el país, borrando de un plumazo el federalismo y las potestades y responsabilidades que la Constitución de la República le da a los gobiernos estatales y municipales actualmente. Todos sabemos que la intención del gobierno federal es recentralizar todas las funciones que pueda.

AYUDA INVOLUNTARIA

Y el problema es que los hechos de Morelos parecen revelar que, en efecto, es necesario que “papá gobierno federal” tome el control ante el desastre que resulta de las disputas por motivos políticos entre los gobiernos estatales y sus municipios, que impactan en la seguridad pública y en el bienestar de todos los ciudadanos. En el fondo esa es la percepción a la que contribuye el torpe gobierno del perredista Graco Ramírez Garrido, y que finalmente puede terminar impactando en un tema tan sensible como el del federalismo —que debe mejorar, pero también subsistir— en materia de seguridad pública en el país.

Estos son los deseos de Al Margen para el año 2016

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AM FelizAño

+ Cambios sencillos pero muy significativos para todos

Este año que inicia, estos son algunos deseos que ojalá se materialicen, para bien de nuestra sociedad doméstica, y de nuestro país: deseamos que la sociedad asuma el rol protagónico que juega en nuestra democracia; que el gobierno se tome en serio la urgencia de cumplir con las expectativas que generó en los tiempos electorales; deseamos que los partidos que están en vísperas de disputarse el poder en el proceso electoral que está en puerta, traten a la ciudadanía como mayores de edad y no como retrasados mentales; deseamos que haya un compromiso genuino por hacer de Oaxaca un mejor lugar para vivir; que la Sección 22 asuma su nueva realidad, pero que al mismo tiempo las autoridades educativas dejen de lado la idea de que están haciendo un excelente trabajo; es de esperarse que haya una gobernabilidad sostenida por el trabajo eficaz del gobierno, y no sólo por palabrerías que no redundan en nada; deseamos que en cada comunidad, en cada distrito, y en todo el estado, se lleve a cabo en paz todo el proceso electoral, y que el día de los comicios todo ocurra con calma; deseamos que no haya violencia en las comunidades indígenas; que éstas dejen de ser presa de políticos convenencieros y corruptos que sólo quieren servirse de ellas; queremos que en 2016 no haya un solo administrador municipal; queremos que no haya una sola arbitrariedad en los comicios que se desarrollan bajo el sistema de usos y costumbres; deseamos, asimismo, que no haya una sola manifestación de provechos indebidos por parte de quienes han también medrado con el costumbrismo para acendrar cacicazgos y cotos de poder. Deseamos ver a un Congreso del Estado pendiente y activo, capaz de resolver la parte que le corresponde de los múltiples retos que tiene Oaxaca; en 2016 queremos ver ya, por fin, una Ley Estatal de Educación; queremos también un Congreso que deje de ser cómplice de la corrupción, de la opacidad y de la discrecionalidad que lastima y corroe el ejercicio público; deseamos poder ver un Congreso en el que salgan las cuentas del ejercicio de su propio presupuesto, y en el que haya por fin diputados dispuestos a hacer su labor y no sólo a presentar legislativas como si fueran tortillas de máquina para aparentar que cumplen con su trabajo; queremos ver a diputados comprometidos con sus funciones y ya no a líderes camerales, de fracciones parlamentarias y de órganos de representación legislativa que más bien parecen integrantes de una mafia, y no representantes de la ciudadanía ante los poderes públicos; queremos ver a un gobierno estatal haciendo algo de lo mucho que le dijo a la ciudadanía que haría y no ha cumplido; queremos ver a una contraloría estatal persiguiendo de verdad ya no sólo a los corruptos del pasado, sino también a los del presente, y también quisiéramos verla —aunque no ocurrirá— previendo y cerrándole la puerta a la corrupción desde su origen; quisiéramos dejar de ver a funcionarios de alto nivel, estatales, incurriendo en aberrantes conductas tipificadas como conflicto de interés, y seguir tan orondos defendiendo sus intereses desde la arena pública, como si heredarles beneficios fuera un deber de la sociedad por sus “servicios prestados”; quisiéramos ver también un poder judicial comprometido con sus funciones, ejerciéndolas como un órgano de impartición de justicia de avanzada y no como el poder juzgador tercermundista que sigue siendo por su falta de presupuesto, de compromiso y de capacidades; quisiéramos ver a funcionarios judiciales comprometidos con su deber de cumplir con su trabajo más que con la ignominia de la burocracia; quisiéramos ver jueces locales con capacidad de negarse libremente a fungir como jueces de consigna, y no padecer ningún tipo de consecuencia; quisiéramos ver a unos magistrados estatales haciendo algo más que el triste papel que juegan de comparsa del titular del Poder Judicial en turno; aspiramos a ver que haya menos gente inocente en las cárceles, y más culpables de la comisión de delitos tras las rejas; quisiéramos también ver que las organizaciones sociales de verdad bajan a las comunidades los recursos que gestionan ante el gobierno; quisiéramos ver al gobierno auditando de verdad a esa caterva de líderes sociales corruptos que medran con los beneficios para las comunidades pero que las siguen teniendo en la más agobiante pobreza; quisiéramos no seguir viendo que la capital oaxaqueña se llena de marchas, de plantones y de manifestaciones por asuntos que son meros chantajes; quisiéramos ver también el fin de la connivencia entre quienes se oponen al desarrollo del estado y quienes ocupan esa bandera como un chantaje; en 2016 quisiéramos ver un verdadero desarrollo social y humano y no el clientelismo que promueven los funcionarios estatales encargados de esa labor para luego utilizarlo en los procesos electorales; quisiéramos ver que, por fin, hay gente comprometida en los partidos políticos; quisiéramos ver un oficialismo convencido de la actuación del gobernante y con capacidad de defenderlo de todas formas posibles; quisiéramos ver —más allá del proceso electoral, que es una verdadera verborrea sin sentido— a partidos jugando un papel inteligente y capaz como fuerzas de oposición, criticando, señalando y proponiendo alternativas para que le vaya bien a Oaxaca; y quisiéramos ver una sociedad más pujante, menos resignada, más despierta, más dispuesta a exigir los resultados que se le prometieron y por los que votó; quisiéramos ver a una sociedad menos dispuesta a seguir siendo comparsa de lo que los partidos y sus intereses quieren; quisiéramos ver al menos un poco menos de hambre y marginación en los pueblos de Oaxaca; quisiéramos ver más acciones encaminadas a atender a los niños de la calle, a la gente que trabaja en las esquinas o los semáforos porque no tiene una oportunidad digna de trabajo; quisiéramos ver a las instancias encargadas de la función social del gobierno hacer su trabajo para equilibrar las disfuncionalidades que generan a gente que no tiene ni para comer ni una forma digna de vivir o trabajar; quisiéramos ver medicamentos en los hospitales; quisiéramos ver a funcionarios más sensibles a las tareas que le corresponda atender; quisiéramos ver a los oaxaqueños más felices pero también más despiertos y más atentos a su realidad; queremos, como todos, un porvenir de felicidad, de salud, de trabajo. Queremos mucho. Sí. mucho, que quién sabe si se cumpla. Pero más queremos mandarles un fuerte abrazo en estas primeras horas de 2016.

Error, pontificar la evaluación como un medio de mejora educativa

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Evaluación-Docente

+ Al margen de la política y el sindicato, hay mucho que debe mejorar

Como en los asuntos públicos el diálogo sin matices sólo nos lleva a la intolerancia y la demagogia, es necesario asumir que existen muchos temas en los que hay todavía un largo trecho por recorrer antes de que pueda hablarse de mejora o de verdadera eficacia. Eso ocurre claramente en todo lo relacionado con la aplicación de la evaluación docente, que fue uno de los grandes temas del año que está por terminar, y que debe ser vista en su dimensión más justa no como la panacea, sino como el inicio de un camino que tiene mucho por rectificar.

En efecto, en noviembre pasado se aplicó la primera evaluación a docentes oaxaqueños, y aunque fue un logro que se realizara, objetivamente hablado es menester también reconocer que se hizo en las peores condiciones imaginables. ¿Por qué? No sólo porque esa primera evaluación se aplicó en medio de un fuerte operativo de la Policía Federal y porque hubo un intento serio de la Sección 22 del SNTE o de conseguir un boicot real a la aplicación del examen, o cuando menos de generar la violencia suficiente —o heridos y muertos— que nublaran el panorama que la SEP y el gobierno de Oaxaca tenían respecto al éxito de la encomienda.

El problema de fondo radica en algo que hasta ahora se ha mencionado muy poco: ¿Cómo se aplicó la evaluación? Ésta, para empezar, se aplicó en una especie de zona de sitio, generada por la misma incertidumbre que existía por la posible violencia del choque entre policías y profesores. Pero además, el sitio era poco “amigable” para la aplicación de una evaluación, básicamente por su improvisación y porque ni siquiera era el espacio adecuado para un ejercicio como éste.

La prueba se aplicó en el estacionamiento de Ciudad Administrativa, que está muy lejos de ser un sitio espacioso hasta para acomodar los vehículos oficiales y de los pocos servidores públicos que ahí laboran con autorización para utilizar uno de sus limitados cajones de estacionamiento. Esto lo dizque “resolvió” la SEP y el IEEPO habilitando módulos y enlonados como salas de evaluación, y acomodando cientos de computadoras portátiles en grandes tablones en los que si mucho había unos veinte centímetros de espacio entre máquinas. Ahí sentaron a los profesores y les aplicaron esa polémica primera evaluación docente.

¿Qué pensaría cualquiera de los maestros evaluados, si a los que hubieran sentado de esa forma fueran sus propios alumnos? Seguramente habrían dicho que eso era inaceptable comenzando por la altísima posibilidad que había de que los evaluados “se dieran copia”. Al haber tan poco espacio entre evaluados, era casi imposible que uno no viera la prueba y las respuestas de sus compañeros de junto. Además de que esa no era la condición digna ni esperable para un ejercicio que para la autoridad educativa es uno de los más importantes de los últimos tiempos.

EVALUACIÓN, A EMPELLONES

En el caso de Oaxaca, hubo quien no presentó la prueba por lealtad a su sindicato; otros más por haber padecido actos intimidatorios de sus propios compañeros; y mucho más porque no pudieron llegar o porque no pudieron completar el registro o cumplir las condiciones —por cuestiones meramente técnicas— para poder acceder al examen.

Aunque pudiéramos pensar lo contrario, ninguna de estas vicisitudes fue propia o exclusiva de Oaxaca. Resulta ser que esta fue una constante que ahora la autoridad educativa debe remediar si lo que quiere es demostrar que, en efecto, las evaluaciones son algo serio que va evolucionando. Y esto debe comenzar por hacer de la evaluación un asunto serio y no sólo parte de un discurso político.

En ese sentido, el investigador Ángel Díaz Barriga (http://educacion.nexos.com.mx/?p=85) recogió diversas inquietudes de los propios profesores –que no son de Oaxaca, y que no traen la carga “ideológica” de la Sección 22, pero que también se resisten a la evaluación— que vale la pena repasar: “Entre los problemas técnicos se puede mencionar un examen de conocimientos que no necesariamente evalúa el desempeño, unas guías de examen que no reflejan ni los contenidos, ni la bibliografía del plan de estudios de la escuela normal. Un examen que no da elementos para medir el desempeño de los docentes frente a sus alumnos. Una solicitud de evidencias con un lenguaje poco académico. Subir ‘evidencias del mejor alumno y del alumno más deficiente’, cuando la psicopedagogía ha mostrado que cada alumno tiene procesos de desarrollo y de conocimiento particulares.

“Por otra parte, a mi Facebook me llegaron más de 50 casos de docentes que plantean lo que está pasando. Un profesor claramente dijo que rechazaba ser evaluado, pero todos los demás ofrecieron argumentos dignos de ser pensados. La mayoría manifestó que hay una serie de irregularidades en el manejo de la información y en la convocatoria al examen. Expresaron que no identifican el correo electrónico al que tienen que mandar la información, hay errores en el envío de la CURP, cuando solicitan información los mandan de un lugar a otro, sin que se resuelvan sus dudas con claridad. La diferencia entre la información que les llega a su correo y la entrega de las claves para acceder a internet es notoria; hay profesores que trabajan en escuelas de contextos desfavorecidos que manifiestan no contar con internet de forma habitual, utilizan la expresión “el INEE piensa que nos podemos conectar en cualquier momento”, hay desconfianza en el manejo de sus contraseñas, pues además de ser entregadas de manera tardía, los funcionarios locales tienen acceso a esas claves, es decir, hay desconfianza hacia el sistema de evaluación establecido. Finalmente, la mayoría de profesores que cuentan sus experiencias tienen que realizar traslados de siete a ocho horas de su lugar de trabajo al lugar para la realización del examen/evaluación”.

EL VACÍO

Todos estos, abunda el investigador en dicho texto, son argumentos razonables y atendibles en un contexto real, para hacer de la evaluación algo verdaderamente serio y más allá de las resistencias por las que se ha caracterizado el sindicato magisterial en estados como el nuestro. Lo que llama la atención es que en el discurso de la Sección 22 no exista ninguno de esos argumentos, y que todo se centre en una resistencia estéril a una evaluación que ellos mismos desconocen y rechazan pero por el temor a un mal resultado, y no a la mala planeación de las prueba de evaluación educativa.

El reto de la ciudadanía es generar conciencia sobre sí misma

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Sociedad

+ Independientes y un mejor sistema electoral, no sirven sin eso

 

Casi al finalizar el año, una reflexión es obligada: el sistema político y democrático está cambiando en el país, pero se ha hecho muy poca conciencia de la necesidad de que también nosotros como ciudadanía pasemos por un proceso —profundo— de transformación sobre la importancia de nuestra participación en política. No se trata del común “empoderamiento”, sino de la toma de conciencia específica de la importancia que tenemos en el juego democrático, y del uso de la independencia y la capacidad de determinación que se supone que el sistema democrático nos exige.

En efecto, resulta que durante mucho tiempo hemos venido —como sociedad— exigiendo que el sistema político cambie: lo hemos exigido, por ejemplo, para que el voto universal, libre, secreto y directo, tenga en realidad el valor que debe tener de cara a la democracia representativa. Exigimos también, y ya lo logramos, que haya pluralidad política en la integración de los órganos de representación popular y en los gobiernos federal, estatales y municipales.

Hoy, resulta que quedó atrás —ya como una leyenda indeseable— eso de que el partido en el poder ganaba todo. Lo que no hemos podido erradicar, y nos sigue haciendo mucho daño, es la forma en cómo el sistema democrático continúa ocupando al ciudadano como un instrumento legitimador de su poder, y no como el punto de referencia de lo que se debe hacer para satisfacer las exigencias ciudadanas para tener un mejor país. En eso estamos atorados los ciudadanos y pareciera que estamos también en una ominosa zona de confort en la que voluntariamente queremos permanecer.

¿Por qué? Porque a pesar de que el sistema político ha cambiado profundamente en las últimas décadas, los ciudadanos seguimos secundando las mismas prácticas de un pasado que se supone que queremos erradicar. Por ejemplo, nos asumimos como una sociedad en evolución, pero de entrada seguimos siendo blanco fácil de la política-jingle: esa que está hecha para hacerse “pegajosa” en el ánimo de la ciudadanía, y que sólo tiene por objeto que una frase o un nombre se quede en la conciencia como primera inducción del voto. Al final, no sabemos qué más hay detrás del jingle y tampoco nos ofrece ninguna certeza. Pero mucha gente, muchísima, decide su voto —aunque parezca increíble— a partir de qué candidato tiene el jingle más pegajoso.

Otro de esos ejemplos ominosos, es la persistencia de la compra-venta del voto, o también de las cargadas. ¿Qué no se supone que somos ciudadanos conscientes de lo que vale nuestro voto, y de la importancia de definirlo en función de cuestiones objetivas, y no de lo que le conviene a algún político o grupo?

La “cargada”, tan particular tradición de la era priista, hoy se ha tratado de repetir en prácticamente todos los partidos políticos. En el fondo, a muchos les molesta que ahora en los institutos políticos haya competencia interna y que haya también diversidad de aspirantes a un mismo cargo o candidatura. ¿A quién le caería bien que los partidos continuaran siendo verticales, con decisiones omnímodas y sin derecho al llamado “pataleo”, como en el pasado?

Eso, hay muchos que no lo ven, y que de hecho siguen añorando a las clientelares y anticuadas “cargadas”. Hay otros que las siguen festinando únicamente por sus conveniencias personales. Pero hay muchos más que en el fondo las siguen atendiendo por una cuestión de práctica común o de predisposición que los lleva a unirse a una cargada sin siquiera tener bien claro por qué.

LOS “NUEVOS TIEMPOS”

Hoy el país se enfrenta a nuevos tiempos. Esa nueva realidad nos ha traído una diversidad de figuras jurídicas que requieren una mejor y más robusta ciudadanía. Vayamos a algunos ejemplos contantes y sonantes: derivado de la polémica por el lugar donde se construiría el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca, muchos ciudadanos exigieron que se realizara un plebiscito, aunque lo que de hecho se hizo fue una consulta ciudadana que aunque no tenía efectos vinculantes, sí sería un referente de lo que la ciudadanía opinaba y demandaba respecto a ese asunto. Se esperaba una participación nutrida pero…

Resultó que de las 213 mil boletas que se mandaron a imprimir —para igual número de habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez, que es a donde se circunscribiría la consulta ciudadana— sólo participaron unos veinte mil. Unos 12 mil 134 votos fueron a favor de la construcción del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca en el cerro del Fortín; mientras que sólo 5 mil 220 sufragios votaron en contra de la edificación. También se dio a conocer que 4 mil 172 boletas fueron anuladas por irregularidades.

¿Qué resultó? Que la “participación ciudadana” —esa por la que se supone que tanto hemos luchado en las últimas décadas en México— fue de sólo el diez por ciento de la población en el centro urbano que se supone que es el más poblado, activo, despierto y participativo de toda la entidad, por ser el que mejor nivel social tiene y por ser quien tiene mayores oportunidades de acceso a educación, a información y a discernimiento en temas como éste.

En esas condiciones, es evidente que la ciudadanía es la gran derrotada de ejercicios como éste. ¿Qué evolución podemos esperar en temas como las candidaturas independientes, si en ejercicios tan simples como el del CCCO fracasamos estrepitosamente, como quedó demostrado en los resultados de la consulta realizada el pasado mes de octubre?

Lejos de cualquier otra consideración, esto debe ser preocupante para nosotros mismos, porque entonces significa que seguimos siendo unos ciudadanos inmaduros, menores de edad, e incapaces de generar una mejor situación de la que tenemos. Si quieremos de verdad hacer funcionales los cambios que se procuran en nuestra Constitución y las leyes, esto tiene que pasar irremediablemente por la construcción de una ciudadanía más madura, menos proclive a la negociación de su voto, y más consciente de su importancia individual en el proceso de construcción de nuestro país.

ALARMA

Es verdaderamente alarmante el número de accidentes carreteros que han ocurrido en los últimos días en Oaxaca. La Policía Federal y las corporaciones locales deben reforzar la vigilancia, no para hostigar al automovilista sino para prevenir que esa cifra —de por sí alta— continúe aumentando durante los últimos días de esta temporada vacacional.

En México, ¿puede ser alternativa la segunda vuelta?

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Ernesto Zedillo Greeting People Outside PRI Headquarters

+ Paradoja: Tener pluralidad… que no nos llevó a nada

 

Hay quienes aseguran que buena parte de la inmovilidad institucional que existe desde hace una década en el país, tiene que ver con el planteamiento constitucional actual de la pluralidad política. En 1997 el PRI perdió la mayoría en la Cámara de Diputados, y lo más cerca que ha estado de recuperarla, es en la actual Legislatura federal, en la que tiene 237 diputados. El problema es que en todo ese periodo, ninguna fuerza política ha conseguido esa ansiada mayoría absoluta en las cámaras federales, y a la distancia ese ha sido uno de los problemas principales de nuestra democracia, que aunque funcional y relativamente confiable, sigue siendo incapaz de generar las mayorías y los acuerdos que puedan dejar satisfecha a la ciudadanía.

En efecto, tendríamos que comenzar por preguntarnos cuál es la razón de esta pluralidad inerte. Y resulta que, como antecedente, debemos recordar que en 1997 el gobierno federal era priista, y las fuerzas de oposición tomaron el control de la Cámara de Diputados, oponiéndose por primera vez a algunas decisiones trascendentales del Presidente de la República que, en otro momento, se habrían convertido en ley gracias a su mayoría de legisladores. En 2000, el gobierno federal pasó a manos del PAN, pero éste no tuvo la posibilidad ni de interactuar estratégicamente con el Congreso, y tampoco de conseguir la mayoría de diputados y senadores, como para poder consolidar más rápidamente el proyecto democrático —si es que existía— del foxismo.

Esa pluralidad ha sido constante desde entonces, como también lo ha sido la falta de acuerdos. Esto ha sido, en buena medida, gracias no sólo a las torpezas del Presidente en turno, sino también a la visión que en su momento tanto criticó el PRI al gobierno federal, pero de la que también se ha valido. Los tricolores, como en otro momento los perredistas, se dedicaron a anteponer en el Congreso, el interés de sus grupos, al nacional. Por eso, más allá de las discusiones de corto plazo, hoy podemos ver que México no ha resuelto (del modo que sea) la gran mayoría de sus problemas de fondo, y mucho menos ha logrado una efectiva transición democrática que logre pasar de las llamadas “reformas estructurales” al cambio del modelo con el que se ejerce la democracia.

Esa pluralidad que no tiene derroteros claros sigue revelando facetas que hasta ahora eran desconocidas. De hecho, como lo dice la doctora Jacqueline Peschard (http://eluni.mx/1koKdJ8), el rasgo distintivo de las elecciones de 2015 fue la dispersión del voto que derivó en la disminución de la fuerza de los tres principales partidos políticos (PRI, PAN y PRD) que ahora apenas concentran 60% de los votos, así como en el crecimiento del número de partidos con registro, de siete a nueve. Es cierto que el PT recuperó su registro, gracias a la sentencia del Tribunal Electoral que permitió que su votación no considerara sólo las elecciones ordinarias, como dice la Ley General Electoral, sino que también sumara los votos de las extraordinarias en un distrito de Aguascalientes, pero al final el sistema de partidos quedó compuesto por sólo dos partidos con 20% o más de los votos, con tres partidos medianos (entre 7% y 11% de los votos) y cuatro partidos pequeños.

Además, la presencia de candidatos independientes tanto en las elecciones federales de medio periodo, como en las locales de 17 entidades federativas, ahondaron la dispersión de la oferta política. De cara a la elección de 2018, este fenómeno puede llevar a que se gane la Presidencia con menos de 30% de los votos, o sea, con una reducida legitimidad de origen.

PENSAR EN LA SEGUNDA VUELTA

La segunda vuelta —que en algunos países como argentina es conocida como “balotaje”— es el mecanismo que en un sistema presidencial con multipartidismo, permite que el Presidente gane con una mayoría absoluta. La gran ventaja es que en la primera ronda pueden participar todos los contendientes, mientras que en la segunda, sólo compiten los dos punteros y el ganador tendrá una legitimidad reforzada. La gran limitante de esta fórmula es que no garantiza que el partido del Presidente cuente con mayoría en el Congreso para facilitar el despliegue de sus políticas públicas.

En ese sentido, la doctora Peschard afirma que algunas experiencias recientes muestran cómo las segundas vueltas pueden producir muy diferentes resultados, dependiendo de la reacción de los aparatos partidarios. Así, en las elecciones presidenciales de 2015 de Guatemala, tanto la primera como la segunda vueltas favorecieron a Jimmy Morales, un candidato proveniente del mundo del espectáculo, cuyo partido apenas tiene 7% de los escaños en el Congreso. Ganó el voto de protesta en contra de los partidos tradicionales, pero la dificultad para ejercer el gobierno está presente.

En las recientes elecciones argentinas, la segunda vuelta significó un vuelco, porque ganó el candidato del segundo lugar en la primera vuelta. Sin embargo, el partido liberal del nuevo presidente Mauricio Macri sólo tiene minoría en el Congreso, lo cual lo obligará a negociar con las fuerzas opositoras. El escudo de una presidencia con mayoría absoluta no resuelve el problema del gobierno dividido.

No obstante esos resultados aparentemente contradictorios, democráticamente hablando, es evidente que algo que resulta muy necesario es que el poder se ejerza con legitimidad. Pues a pesar de que el presidente Enrique Peña Nieto ganó con una mayoría relativamente holgada, también lo es que su gobierno debe enfrentarse —como en su momento lo hizo el de Felipe Calderón— a un cuestionamiento de fondo relacionado con su falta de legitimidad y con la existencia de una oposición que cuando menos duplica el porcentaje de votos —y de preferencias— con las que éste llegó al gobierno.

MECANISMO POSIBLE

Al final, no se trata de decir que el sistema electoral simplemente no sirve, sino de encontrar salidas alternas. Con todos sus cuestionamientos posibles, es evidente que la segunda vuelta pudiera ser un mecanismo posible para reforzar esa legitimidad que está perdida y quizá hasta para darle cierto cauce a la pluralidad que, según sus resultados, tampoco ha servido para mucho, porque los desencuentros entre partidos —y el poco respaldo ciudadano a los acuerdos que éstos alcanzan— siguen siendo por mucho superiores a lo que se puede decir de nuestra democracia no como un mecanismo para ganar elecciones, sino para dar certidumbre a la población a partir de su sistema electivo.

Gobiernos de coalición: La distancia entre México y España

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Mariano Rajoy

 

+ México no apuesta al parlamentarismo: se queda a la mitad

Ahora mismo en España priva un estado de incertidumbre sobre qué pasará con el gobierno de aquella nación. Como bien se sabe, el 20 de diciembre se realizaron elecciones generales en las que se eligió a los integrantes del Congreso de los Diputados. El resultado de esos comicios es inédito porque ninguno de los partidos consiguió la mayoría necesaria para encabezar el gobierno. A partir de ello se habló de una crisis constitucional, pero también se ha visto el intento de los partidos de formar un gobierno de coalición que le dé estabilidad al régimen español. Ello debe servirnos de punto de referencia sobre lo que deberíamos entender por gobierno de coalición en México, a partir de la pésima idea que tenemos de ello.

En efecto, En las elecciones del domingo 20 de diciembre, el Partido Popular (PP) de Mariano Rajoy obtuvo 123 escaños de los 350 con los que cuenta el Congreso de los Diputados, un resultado que deja al partido lejos de la mayoría de 176 necesaria para gobernar. El PP pasó de haber logrado en 2011 la mayoría absoluta, a depender de otras fuerzas políticas para seguir en el poder. Y, tras esos resultados, no se descarta que la segunda formación más votada, el Partido Socialista Obrero Español —que con 90 escaños obtuvo su peor resultado en unas elecciones generales— intente gobernar creando una coalición con los partidos de izquierda —como Podemos, tercero en la contienda— y las formaciones nacionalistas.

¿Por qué para los españoles es tan complejo este resultado? Ello debemos entenderlo a partir de la forma en cómo se establece su gobierno. En México parecemos muy acostumbrados a la pluralidad de fuerzas políticas en el Poder Legislativo, porque nosotros tenemos un régimen de tipo presidencial, en el que la estabilidad del Titular del Poder Ejecutivo no depende directamente de la conformación del Congreso, pues de hecho el Presidente puede pasar todo su mandato teniendo minoría en el Legislativo —o aún no teniendo, como pudiera ser el caso de un candidato independiente— y ello no significa que en algún momento se viera obligado a dejar su gobierno, o no poder refrendarlo. Esto es porque en el régimen presidencial los poderes están más desligados, cuestión que no ocurre en un sistema parlamentario como el español.

Allá las cosas funcionan de forma distinta. En el régimen parlamentario la estabilidad del gobierno depende lo que ocurra en el Congreso, ya que de la conformación de éste es como se da la integración del gobierno. En términos simples, el gobierno emana del Congreso y esa es una de las claves importantes de la crisis española. Pues resulta que cuando un partido logra mayoría absoluta en el Congreso, tiene capacidad de establecer un gobierno sin necesidad de pactar con las fuerzas opositoras. Esto es lo que había pasado hasta ahora en España.

La diferencia con los comicios del pasado 20 de diciembre, respecto a todo el pasado de España como una democracia, es que si bien el partido en el gobierno mantuvo su mayoría en el Congreso, ésta ya no es una mayoría absoluta como requería para refrendar por sí sola al Presidente.

Por eso se abre la interrogante de si el Partido Popular podría pactar un gobierno de coalición con el PSOE, o si por el contrario, éste último partido podría conformar una coalición con las otras minorías para tratar de alcanzar el número de diputados necesarios para formar una mayoría absoluta, y así deshacer la mayoría que tiene el PP formando ellos un gobierno de coalición, y convirtiendo a una mayoría débil en una minoría, frente a —valga la expresión— un conjunto de minorías unidas.

Hasta ahora no hay consenso sobre qué pasará con el gobierno español. Mientras, el PP sostiene que no permitirá que se ponga sobre la mesa la posibilidad de que Mariano Rajoy deje la presidencia del gobierno, y los demás partidos continúan también en su polémica particular respecto a cómo pueden hacer para entender el mensaje de la ciudadanía y la posible conformación de una coalición. En el fondo, todos entienden que los dos caminos posibles son o el gobierno de coalición, o una posible repetición de los comicios. Lo primero significaría un avance democrático, y lo segundo un fracaso del sistema por la incapacidad de los partidos de procesar correctamente el mandato de la ciudadanía.

COALICIONES PATITO

En México, como apuntábamos en líneas anteriores, rige el sistema presidencial en el que la estabilidad del Poder Ejecutivo no depende del Congreso ni de sus mayorías o minorías. Sólo que en el intento de hacer reformas “democráticas” se estableció en la Constitución de la República los posibles gobiernos de coalición, en los que se supone que puede haber consensos entre fuerzas políticas con el Ejecutivo pero sólo para el nombramiento de algunos funcionarios, y sin un esquema concreto que hiciera dependiente del cumplimiento de los objetivos de la coalición, la estabilidad del propio gobierno.

En ese sentido, el artículo 89 de la Constitución federal dice que es facultad del Presidente,  “en cualquier momento, optar por un gobierno de coalición con uno o varios de los partidos políticos representados en el Congreso de la Unión. El gobierno de coalición se regulará por el convenio y el programa respectivos, los cuales deberán ser aprobados por mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. El convenio establecerá́ las causas de la disolución del gobierno de coalición”.

SÓLO APARIENCIAS

Luego, en otros artículos establece la facultad del Senado de aprobar el nombramiento de diversos funcionarios cuando se trate de gobiernos de coalición. El problema es que esos gobiernos de coalición no reflejan un posible cambio de régimen, de presidencial a parlamentario, sino que simplemente generan una apariencia de equilibrios democráticos que en realidad no se podrían conseguir porque finalmente el gobierno de coalición en México no tiene la naturaleza que sí tiene en los regímenes parlamentarios, en los que existen las mociones de censura (una especie de advertencia política) cuando el Congreso o Parlamento considera que no se están cumpliendo los objetivos del gobierno de coalición, o la figura del “retiro de la confianza” que opera cuando definitivamente la representación popular considera que debe dejar de fungir el gobierno en turno, y conformarse uno nuevo que sí cumpla con sus expectativas, justamente porque de éste depende la estabilidad del régimen.

México: este, país donde todo puede estar al revés

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+ Gobierno enseña cómo tomar las peores decisiones

 

No dejan de sorprender ciertas decisiones que toman nuestros gobernantes, no sólo en contra de lo que la ciudadanía demanda, sino también en contra de lo que se supone que dicta el sentido común. Cuestiones como mantener en el cargo a un funcionario corrupto, es reiterar una decisión que de antemano se sabe que es equivocada. Lo raro es que eso pasa casi todos los días este país de surrealismos políticos cotidianos.

En efecto, aquello es tan común de ver, como lo es el permitir que sea el hígado y no la cabeza de los gobernantes, la que decida el rumbo de la nación, son cuestiones que sólo pueden pasar en nuestro país. Hoy, cuando otro año está a punto de terminar, queda claro que, de nuevo, tenemos que hacer el recuento no de los éxitos, sino de ciertas decisiones inexplicables que se tomaron quién sabe pensando en qué, pero que por sí mismas revelan la ingenuidad o el enojo del gobierno, y la forma en cómo éste puede provocar crisis entre sus ciudadanos.

¿Cómo poder comprender, por ejemplo, que en los últimos ocho o diez, años la ciudadanía en México ha exigido de manera permanente al gobierno federal que retire al Ejército de las calles, y cambie la estrategia que lleva a cabo para el control del crimen organizado, y que éste lejos de hacer cierto caso a la ciudadanía, se ha dedicado a machacarle que, porque él dice, su estrategia es correcta, y que aún en contra de todo y de todos, ésta seguirá indefectiblemente adelante?

¿Cómo entender, en ese mismo sentido, que luego de una década en que la ciudadanía ha exigido que el Congreso se ponga de acuerdo para poder normar las actividades de las fuerzas armadas en el control de la criminalidad y la seguridad pública, y que los diputados y senadores de todas las fracciones parlamentarias, sigan —a la vista de todos— anteponiendo sus intereses y cálculos políticos, a cualquier posibilidad de encontrar de verdad una salida a esta cuestión que, nos guste o no, e independientemente de la forma en que sea acordada, urge que sea emitida y puesta en práctica?

Esos asuntos, que por momentos pudieran parecernos algo lejanos, en realidad están ahí y dan cuenta precisa de la falta de sensibilidad y tacto que tienen tanto el gobierno como la clase política en los partidos y el Poder Legislativo, para escuchar y hacer eco a los reclamos de la ciudadanía. El problema, en todo esto, es que nosotros seguimos pasando por alto estos contrasentidos, y más bien seguimos abonando —con nuestro silencio y aceptación tácita— a la posibilidad de que las fuerzas políticas del país sigan llevando la ruta que hasta ahora siguen, sin hacer un solo cambio que genere mejores condiciones de vida para la población.

De ahí que aún cuando se asegure que los mexicanos no tenemos memoria, que somos un pueblo desmemoriado y sumiso, y hasta nos enojemos y neguemos tajantemente esas afirmaciones, tal parece que quienes lo afirman tienen razón: independientemente de las decisiones, decidimos acatarlas y olvidar poco tiempo después qué fue lo que se prometió y qué fue lo que exigió la ciudadanía. De ahí que terminemos siempre aceptando los términos que se nos imponen, y que en muchas ocasiones, terminemos haciendo justamente lo que no queríamos hacer, o soportando exactamente lo que no queríamos que nos ocurrieran.

UN GOBIERNO EN CONTRASENTIDO

No es nuevo el señalamiento. ¿Podríamos creer que en un país con una sociedad madura y un gobierno consciente de su responsabilidad, se pudiera sostener un Presidente al que se le comprobó su responsabilidad en un evidente asunto de conflicto de interés?

Esto es exactamente lo que no pasó con el presidente Enrique Peña Nieto, cuando en noviembre del año pasado se reveló todo lo relacionado con la residencia particular que ocupa con su familia, la cual había sido construida por un contratista favorecido por su gobierno cuando fue Mandatario del Estado de México, y que tenía millonarios contratos vigentes con el gobierno federal ahora que Peña Nieto era presidente de la República. Evidentemente, el conflicto de interés surgió por eso.

¿Pero qué hizo el Presidente? Negó la situación; la enfrentó exhibiendo la iracunda imagen de su esposa ofreciéndole al país una explicación que según ella no tenía que dar; y sometiéndose a una investigación nada menos que encabezada por un subordinado suyo en la Secretaría de la Función Pública. Con esos antecedentes el resultado de la investigación era previsible; luego de meses de “investigación”, la Función Pública declaró inocente al Presidente, a su jefe, del posible conflicto de interés en que podría haber incurrido al pedirle a uno de los constructores del gobierno, que le construyera una mansión, a crédito, con una tasa de interés preferencial, y con una inversión cercana a los ochenta millones de pesos pagaderos como si fuera beneficencia pública.

Algo similar ha pasado con el Secretario de Gobernación, a quien no lo ha podido mover ni el disparo de la inseguridad en el país, ni la fuga del Chapo Guzmán, ni las claras evidencias de que funcionarios subordinados a su mando fueron los que estimularon que ocurriera la fuga. De hecho, cuando en junio pasado ocurrió aquel “incidente” lo primero que se esperaba es que el titular de la Secretaría de Gobernación tomara las riendas, desde el primer momento, de lo que ocurría. Pero resultó que Osorio Chong se encontraba ya en París, esperando a que su jefe, el presidente Peña Nieto, llegara para encabezar los festejos de la independencia francesa. Por eso cuando ocurrió la fuga hubo un vacío de más de ocho horas en las que al capo se le permitió una fuga tranquila, y lo más curioso es que contrario a todo lo que pudiera suponerse, al Secretario de Gobernación no sólo nadie lo tocó sino que ahora aparece, por el evidente impulso federal, como un aspirante presidencial.

¿No son esas muestras suficientes de que vivimos en un país donde todo está al revés?

FELIZ NAVIDAD

El autor de este espacio, desea a todos sus amigos y amables lectores, unas fiestas navideñas inundadas de paz y armonía entre sus familias. Estos son momentos de reencuentro, de conciliación y de hacerse uno con los suyos para recibir las bendiciones del Niño Jesús, a quien hoy festejamos por su nacimiento. Ojalá que este momento pudiera extenderse al año entero, y que la disposición que hoy mostramos hacia los nuestros se hiciera patente durante todo el año que viene. Un abrazo fuerte. ¡Felicidades!

https://youtu.be/XwRIBpw7EwU

 

Candidaturas independientes: nos quedamos a la mitad

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BronIndependiente

 

+ Urge reforzar cultura democrática y acabar clientelismo

Son saludables y encomiables las expresiones de diversos personajes que en Oaxaca sostienen que buscarán la posibilidad de ser candidatos por la vía independiente. Su argumento central es que los partidos políticos dejaron de ser un reflejo fiel de la pluralidad política que hay en el país, y que asimismo ya no son un referente claro de las visiones para enfrentar los problemas del país. Tienen razón. El problema es que en un escenario como el nuestro en Oaxaca, esas candidaturas están lejos de ser una verdadera opción democrática. La clave está en qué tanto se ha construido cultura cívica en la población, y qué tanto la vía independiente puede ser una opción frente a las carencias, la pobreza y el clientelismo que se retroalimentan en cada proceso electoral.

En efecto, en días recientes se han reforzado los señalamientos relacionados con las candidaturas independientes. Por un lado, el ex presidente nacional del Consejo Coordinador Empresarial, el oaxaqueño Gerardo Gutiérrez Candiani, ha manifestado que buscará la gubernatura de Oaxaca a través de una candidatura ciudadana, al tiempo de expresar que cuenta con todo el apoyo del sector privado del país, “quienes estarían dispuestos a hacer anuncios históricos de inversión para la entidad”. Candiani dice que recorrerá las ocho regiones de la entidad para recabar inquietudes ciudadanos para luego aterrizarlo en la Agenda por Oaxaca que él mismo elaborará. “A partir de ahí analizaré las posibilidades de una candidatura ciudadana, a ver que partidos están dispuestos a hacerlo y si no, tampoco pasa nada”, expresó.

No es la única expresión que hay en Oaxaca sobre las candidaturas independientes. De hecho, en las últimas semanas se han incrementado los anuncios de personas que dicen que buscarán, por esa misma ruta, una candidatura a diputación local o a una alcaldía. Independientemente de que la ley lo permita, lo que comenzamos a ver es una alternativa que se presenta ante los ciudadanos que no tienen la intención de buscar la postulación de un partido político. Evidentemente, el problema que enfrentan —todos— es, primero, la dificultad de cumplir con los requisitos que señala la Constitución del Estado para esos efectos; y segundo, conquistar verdaderamente una cantidad importante de votos que tendría que arrancárselos a las estructuras electorales y al clientelismo con los que los partidos políticos ganan los comicios en Oaxaca.

Sobre lo legal, en Oaxaca habrá un enorme problema, ya que si bien la Constitución local establece la figura de las candidaturas independientes (artículo 25, apartado F), no establece prácticamente ninguna base para la procedencia de éstas. Este vacío fue resultado de la declaración de inconstitucionalidad que recayó sobre la ley electoral local por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre pasado, ya que en esa norma (la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca) era donde se establecían las bases para la procedencia de una candidatura independiente.

Y hasta ahora, el Congreso del Estado se ha pronunciado en contra de que sea el IEEPCO quien establezca reglas provisionales para hacer operante dicha figura constitucional. Aunque a medias, el argumento del Congreso es válido: sólo éste puede legislar. Sólo que en la otra mitad se encuentra el hecho de que el propio Congreso es el responsable de ese vacío por no haber llevado a cabo correctamente el proceso —político y— legislativo para emitir dicha norma.

Así, si no hay bases jurídicas concretas, y si seguramente habrá un conflicto constitucional-legal en el momento de que la autoridad electoral intente echar a andar dicha figura, entonces ¿qué futuro pueden tener las candidaturas independientes?

NO HAY CULTURA CÍVICA Y  SÍ MUCHA HAMBRE Y MARGINACIÓN

Hay dos cuestiones en las que Gutiérrez Candiani parece tener cierta claridad. La primera, cuando afirma que quien aspire ser gobernador en Oaxaca por la vía independiente lo tendrá que hacer a través de los partidos políticos, pero lo que sí vale es que tenga una posición ciudadana al cien por ciento; la segunda, cuando sostiene que el triunfo de “El Bronco”, en Nuevo León, es muy diferente a lo que aquí podría ocurrir, “pues Oaxaca es muy complicada, porque aquí tenemos cerca de 12 mil poblados, 570 municipios; su orografía es complicada, su conectividad es de cerca del 30 por ciento más de la población total, entonces tienes condiciones diferentes que Nuevo León”.

Aunque no lo dice, parece entender que, en la primera de sus afirmaciones, encierra el reconocimiento a que en Oaxaca un candidato sólo puede ganar a través de las estructuras electorales de los partidos políticos. ¿Cómo se alimentan esas estructuras políticas? En gran medida, gracias a la dádiva y al uso de los recursos públicos y privados para la captación del voto, a través de la compra, la coacción o el “intercambio” por cierto producto que es necesario para la subsistencia.

Aquí es verdaderamente reducida la posibilidad de captar votos volátiles (o “útiles”, como en los tiempos de Vicente Fox como candidato presidencial), y es mucho más posible conseguir todo eso a través del clientelismo. En relación al total del padrón electoral, es muy poca la gente que no se dejaría comprar su voto; y es mucha la que está esperando el proceso electoral no sólo para que se lo compren, sino incluso para ofrecerlo a cambio de algún beneficio social.

¿Es eso un orgullo? Evidentemente, no. Pero es parte de esa realidad lacerante por la que Oaxaca no es Nuevo León, y por la que aquí no podría haber tan fácilmente un candidato como el Bronco, que captara la suficiente cantidad de sufragios independientes como para ganar una elección al margen de los partidos o de las estructuras electorales. Por eso aquí las candidaturas independientes son un logro a medias (o a menos de las medias) porque no hay cultura cívica, porque no hay convencimiento de que se puede conquistar a la ciudadanía; y porque finalmente la partidocracia sigue siendo la principal interesada en que el estado de cosas en los procesos democráticos no varíe en nuestra sociedad.

EL TIBURÓN

Así se reveló que le decía su padrino político, y ahora parece que su equipo intenta tomar el mote a guasa. Tratan de minimizar el impacto haciendo escarnio de su desgracia. Porque todo lo que refiera a Ulises Ruiz, invariablemente remonta a tiempos aciagos para Oaxaca. ¿Habrán pensado en eso?

PAN-PRD: la alianza va, pero sin establecer aún ruta del candidato

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PAN-PRD

+ La definición pasa por los procesos electorales de Veracruz y Puebla

Las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, han manifestado su decisión de ir en coalición por lo menos en seis de las doce entidades federativas en las que habrá elección de Gobernador el año próximo. Esta definición viene acompañada de la pregunta sobre cómo se van a definir las respectivas candidaturas. En esa cuestión hay varias claves que pueden darnos luces de lo que podría ocurrir en Oaxaca.

En efecto, según información del periódico El Universal, las distintas tribus del perredismo nacional analizan ir en alianza con el blanquiazul en entidades como Oaxaca, Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Zacatecas y Durango. Según la información, en las reuniones privadas que han sostenido las tribus con la dirigencia nacional del PRD, se ha puesto sobre la mesa que el PAN quiere encabezar —con sus respectivos candidatos— la alianza con la izquierda en Puebla, Durango y Veracruz; mientras que el PRD busca que sus abanderados vayan en Oaxaca, Tlaxcala y Zacatecas.

Básicamente, esta tendencia confirma la idea de que para decidir a sus respectivos candidatos en los estados donde vayan en coalición, tanto el PAN como el PRD tendrán que hacerse concesiones recíprocas para la aceptación de sus abanderados. Según el perredismo, el hecho de que el PAN ponga a su candidato en estados como Puebla o Veracruz, hace desbalanceada la alianza porque esas entidades federativas tienen un padrón electoral mayor que los de las entidades —Oaxaca, entre ellas— en las que se le dejaría al PRD la responsabilidad de nombrar al candidato.

En este escenario, una de las variables que no hay que perder de vista es en quién recae la responsabilidad de la conformación de las alianzas; quién será el responsable de elegir a los candidatos, y cuál será el método para ello. Pues en el caso particular de Oaxaca, pareciera que las agendas políticas de las dirigencias estatal y nacional van por caminos distintos, que están a punto de generar una situación mucho más compleja. Pues esencialmente, la dirigencia estatal ha delineado una agenda en la que parece estar seguro de poder dictarle a la dirigencia nacional quién será el Candidato a Gobernador por ese partido, y por ende de la coalición de partidos, ante la debilidad del PAN como fuerza política en la entidad.

El problema que parece haber en esa intención, es que —como lo apuntamos en este espacio hace más de tres meses— la agenda local no corresponde con la agenda nacional del perredismo. Pues mientras en Oaxaca hay un grupo cerrado que pretende impulsar una candidatura en base a intereses políticos y no a competitividad electoral, en el perredismo nacional parecen estar muy claros que la ruta hacia los años siguientes, debe ser la de la búsqueda de triunfos, y no necesariamente la de la satisfacción de caprichos de grupos políticos estatales.

Esta situación tiene un elemento adicional que, con el paso del tiempo y el avance del proceso electoral, incrementará el nivel de complejidad en la toma de la decisión final de quién será el candidato a Gobernador. Pues por un lado, Cué tratará de hacer valer su posición y su fuerza política al interior del PRD como uno de sus gobernadores que más triunfos electorales le ha reportado al perredismo; y por el otro estará la posición delineada por Agustín Basave que ha establecido la necesidad de que sea la competitividad quien determine las candidaturas.

Y todo esto se enmarca en el hecho de que las definiciones relacionadas con la conformación de coaliciones y todo lo relacionado con ellas —incluyendo lo relacionado con la definición del Candidato a Gobernador— está definido estatutariamente como una facultad exclusiva del Consejo Nacional del PRD, sin injerencia de los grupos locales, las llamadas tribus, los consejos estatales o los factores materiales de poder en ese partido.

CANDIDATO, ¿CÓMO?

Una de las cuestiones que no ha definido el Consejo Nacional del PRD, y que quién sabe cómo se vaya a establecer en el convenio de coalición entre el PAN y el PRD en las entidades en las que finalmente se decida ir en alianza, es el método para la selección del candidato. Es claro que la mitad de esa definición ya se está estableciendo a partir de la idea de que, entre partidos, se van a repartir la facultad de designación en las entidades federativas en las que irán en coalición. Lo que no se ha dicho es cómo se hará esa selección al interior de cada partido.

Pues resulta que, por ejemplo, en el caso de Puebla hay una intención clara y manifiesta de que sea el Gobernador quien ponga al candidato, y que lo haga a través del Partido Acción Nacional. Pero en Oaxaca, esa situación está sujeta a otras variables que tienen que ver con la incapacidad de generar un consenso por parte de la dirigencia estatal entre todos los aspirantes, y la distancia que existe —además— entre la competitividad electoral del aspirante que no es el favorito de la dirigencia estatal y del grupo gobernante, y la intención de éstos últimos de impulsar a un candidato que tendría que crecer muchísimo, electoralmente hablando, para poder ofrecer competencia a los candidatos de los otros partidos políticos.

Ello explica, en gran medida, por qué hoy al interior del PRD hay una batalla campal entre los aspirantes. Al no haber estándares establecidos, y al haber de todos modos una competencia natural entre aspirantes, pero sin puntos de referencia y sin reglas específicas, lo que estamos viendo es una competencia plagada de rudeza y señalamientos que evidentemente no abonan a la construcción de un consenso entre ellos.

Si las cosas siguen en el rumbo que llevan hasta ahora, dentro de muy poco tiempo ya no habrá posibilidad de recomposiciones internas o de operaciones “cicatriz” para ir a competir contra los candidatos de otros partidos.

Esa indefinición sería aún más tóxica, si implícitamente tiene también la intención de dilatar la definición para también inhibir el brinco de uno de los precandidatos a la ruta independiente.

EL ENREDO DE LAS ENCUESTAS

Imaginamos la insistencia de algunos candidatos por publicar encuestas a modo, como una forma de hacer terapia de grupo, en la que el chiste no es hablar con la verdad ni buscar soluciones de fondo, sino únicamente darse un poco de tranquilidad a base de autoengaño. Bonito ejercicio, que al final no le sirve ni a los que pagan por éstos.

El sistema nacional anticorrupción: el trauma de la “casa blanca”

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Corrupción

+ Que las normas avancen, pero que haya compromiso con honestidad

Es tan amplio el cambio que promueve la reforma que establece el sistema nacional anticorrupción, que esto no puede explicarse en otra causa que el impacto tan profundo que tuvo el escándalo de la corrupción por la llamada “casa blanca” del presidente Enrique Peña Nieto. Si debemos lamentarnos por la pobre actuación de quienes investigaron el conflicto de interés en ese asunto, también debemos reconocer que ese fue el parte aguas de un cambio jurídico y político que puede ser trascendental para las décadas siguientes. Sólo falta que haya voluntad y decisión para no abandonar esa ruta.

En efecto, en noviembre de 2014 el equipo de investigación de la periodista Carmen Aristegui dio a conocer el resultado de una investigación que los llevó a corroborar que la esposa del presidente Peña Nieto había adquirido una casa, a precios y condiciones preferenciales, con uno de los constructores más beneficiados por Peña Nieto durante su gobierno en el Estado de México, y luego en su gestión como Titular del Poder Ejecutivo Federal. Esto generó un escándalo de proporciones nunca vistas en el país, que por primera vez obligó a un Presidente en funciones a someterse a una investigación sobre su actuación y posible conflicto de interés.

Ese último concepto, el de conflicto de interés, era en México conocido, pero nunca había sido factor de una crisis política. Desde siempre se ha sabido —porque hasta parece parte de la cultura política mexicana— que desde el poder se toman decisiones para beneficiar a amigos, a compromisos políticos, a familiares y hasta a sí mismo, en una práctica que hemos conocido como “dedazo”, “compadrazgo”, “amiguismo” y, a veces, como “tráfico de influencias”, “prestanombres”, “empresas fantasma” y “negocios fachada”, entre otros.

Todos tienen la peculiaridad de ser nombres para un solo tipo de actos: el conflicto de interés que se genera cuando una persona funge al mismo tiempo como autoridad y como beneficiaria —o intermediaria— en un negocio con particulares. Esto ha sido ampliamente conocido, aunque la cultura política ha permitido y hasta fomentado ese tipo de prácticas, porque en los tiempos del régimen de partido hegemónico, la corrupción era una de las formas de inclusión, de tolerancia y hasta de permisividad con los propios y con los contrarios, en aras de mantener eso que era conocido como la “estabilidad política”.

De hecho, nunca se habría imaginado que un Presidente mexicano en funciones pudiera ser sometido a un escándalo como esos, primero porque hasta hace pocos años nadie se hubiera atrevido a exhibirlo; segundo porque el Presidente era visto como un verdadero monarca con un reinado de sólo seis años; y tercero porque todos habrían sabido que, en otros tiempos, la posibilidad de hacer tambalear habría sido mínima, y la consecuencia de enfrentarlo habría sido mayúscula.

Y aunque este no fue un caso exitoso del todo —la periodista Carmen Aristegui fue sacada del aire con su exitoso noticiero radiofónico en la cadena MVS, y el Presidente fue exonerado por el subordinado que lo investigó— sí generó un cambio profundo que ahora debe ser empujado lo más posible para que al menos ese sea el gran dividendo de este innegable escándalo de corrupción.

¿QUÉ ES EL SNA?

La reforma constituye un logro significativo para la vida democrática mexicana, en principio porque es, en mucho, producto de la acción social manifiesta de diversas maneras, directas e indirectas, concatenadas en una expresión de inconformidad y hartazgo ante las cotidianas revelaciones de excesos y actos apartados de la legalidad por parte de entes públicos o privados. En esto, es notable la revelación de la llamada “casa blanca” y de los otros escándalos de funcionarios federales que surgieron tras la publicación del conflicto de interés en que había incurrido el propio Presidente de la República.

En segundo término, porque la autoridad reconoce explícitamente la gran amenaza que constituye para la estabilidad, la seguridad y el progreso de la nación el ejercicio público apartado de la legalidad y la connivencia con particulares para beneficio propio. El incluir en el Título Cuarto constitucional a los particulares vinculados con “Faltas Administrativas Graves o Hechos de Corrupción” da cuenta de ello.

Cierto es que la mera inclusión de estas reformas no es garantía absoluta de que las prácticas apartadas de la ética se erradiquen de nuestra realidad, toca a los legisladores la parte más compleja para la generación de un real sistema, el tejido fino que permita la articulación de fines, alcances y estructuras con el soporte legal y funcional que le dote de eficiencia y eficacia. El Congreso de la Unión sólo cuenta con el plazo de un año para generar la legislación secundaria que obliga la reforma, pero el verdadero reto será la construcción del andamiaje operativo que armonice las responsabilidades y facultades de las diferentes entidades que integrarán el sistema.

Tres son los frentes principales que deberán observarse: la prevención, la contención y la sanción y ello demandará la integración de un subsistema muy fino que será el corazón de todo el aparato y sin el cual difícilmente será eficaz en su funcionamiento y resultados. El sistema anticorrupción demanda, además de un marco normativo sólido, claro y sin ambigüedad, los mecanismos indispensables para la obtención de los elementos de juicio necesarios, tanto para la detección oportuna, como para la acción consecuente.

En el fondo, parece que el Presidente, orillado por las circunstancias y presionado por la sociedad mexicana de una forma nunca antes vista, decidió lanzar el SNA de una forma tal que sea un verdadero parteaguas. Aún continúa en el Poder Legislativo la discusión sobre cómo se establecerá la legislación secundaria, que será lo que establezca todas las formas y candados que se deben establecer para combatir la corrupción.

GENERAR CULTURA

Lo que hace falta también establecer, y ese no es un problema de normas sino de cultura, es lo relacionado a dejar de ver la corrupción como parte de nuestro entorno y convertirla —como debió haber sido siempre— en un asunto repudiado, rechazado y perseguido por la propia sociedad mexicana, que ya no debería tolerar más el intercambio de democracia por estabilidad, o de corrupción por estado de cosas. Sin ese ingrediente, podríamos tener el mejor sistema anticorrupción del mundo, y no avanzar. Algo así como lo que ocurre en materia de procesos electorales.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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