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Suspende actividades el Poder Judicial para verificar posibles daños a edificios

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  • Personal especializado realizará las evaluaciones respectivas sobre las condiciones de los diferentes inmuebles

El Poder Judicial del Estado suspenderá labores este miércoles 20 de septiembre tanto en los edificios J1 y J2 del Tribunal Superior de Justicia del Estado que se ubican dentro del Centro Administrativo del Poder Ejecutivo “General  Porfirio Díaz” en Reyes Mantecón como en los órganos jurisdiccionales, con la finalidad de realizar las evaluaciones respectivas sobre las condiciones de los diferentes inmuebles, luego del sismo magnitud 7.1 grados con epicentro en los límites de Morelos y Puebla.

El director de Administración del Consejo de la Judicatura, Antonio Javier Díaz Aragón señaló que personal especializado y brigadas de protección civil verificarán las condiciones de los edificios para garantizar la seguridad de los trabajadores y los usuarios de los servicios de impartición de justicia.

Indicó que los juzgados de oralidad penal contarán con la debida guardia y de esta manera desahogar los procedimientos que se lleven a cabo.

Durante el sismo, ocurrido a las 13:14 horas del martes,  los servidores públicos judiciales siguieron los protocolos de protección civil para desalojar las instalaciones y cumplieron con la evacuación con orden y disciplina, como  en estos casos debe llevarse a cabo, en cuidado de su seguridad y la de los demás.

El gobierno federal debe hacer lo necesario para que Oaxaca no quede hipotecada por la reconstrucción

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El gobierno federal debe hacer lo necesario para que Oaxaca no quede hipotecada por la reconstrucción

El sismo del pasado siete de septiembre, es una circunstancia trágica y extraordinaria a la que ahora el gobierno federal debe atender con sensibilidad y responsabilidad. Aunque en un primer momento el acceso a los recursos del Fondo de Desastres Naturales es una buena noticia, lo cierto es que ante una situación como la que ahora viven miles de comunidades de la entidad, tan extensa y profunda en los daños, la federación debe hacer un esfuerzo extraordinario de solidaridad con Oaxaca para que la reconstrucción no implique endeudar —aún más— las arcas estatales. Es un tema por demás importante, del que vale la pena abundar.

En efecto, el pasado 14 de septiembre se publicó en el Diario Oficial de la Federación una primera declaratoria de desastre natural para 284 municipios de la entidad, por el sismo ocurrido siete días antes; ayer, 18 de septiembre, se emitió una segunda declaratoria para 41 municipios más ubicados en la región del Istmo de Tehuantepec.

Dichas declaratorias tienen como efecto inmediato que el gobierno estatal pueda tener acceso a los dineros del Fonden, en lo referente a los recursos que son necesarios para la atención de las emergencias. Es decir, que según los lineamientos del Fonden, a través de dichas declaratorias se logra acceder a dinero público, pero sólo el destinado para la provisión de ayuda humanitaria en las comunidades afectadas y contenidas en las declaratorias, consistente en comida, medicamentos, y algunos insumos básicos para garantizar la subsistencia de los damnificados.

En una segunda etapa, el Fonden también contempla recursos para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura pública y privada, y ahí es donde verdaderamente tendrá que haber sensibilidad del gobierno federal ante una situación tan extraordinaria como la que ahora vive Oaxaca. Pues de acuerdo con los hechos, son cientos de comunidades oaxaqueñas las que sufrieron daños importantes tanto en edificios públicos —escuelas, hospitales, clínicas de salud, oficinas gubernamentales, etcétera— como en inmuebles privados en los que habitan o comercian las personas, y respecto de las cuales tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, han prometido que habrá tareas inmediatas de reconstrucción.

Ante tales promesas, es necesario comprender que el Fondo de Desastres Naturales es una herramienta de fondeo federal muy importante, pero que está lejos de ser la solución de fondo a las calamidades sociales derivadas de una contingencia, y que su operación afecta mucho más a las entidades federativas económicamente rezagadas, que a las que tienen una situación menos comprometida por su capacidad recaudatoria. ¿De qué hablamos?

De que para la atención de emergencias, el Fondo de Desastres Naturales establece recursos federales que pueden ser utilizados casi de manera inmediata. Sin embargo, para las tareas que se encuentran más allá de la atención durante la emergencia, las propias reglas de operación del Fonden establecen la necesidad de que los gobiernos de las entidades federativas, y los ayuntamientos, aporten ciertos porcentajes de los recursos necesarios para la reconstrucción y rehabilitación de infraestructura, como requisito para que la federación pueda realizar las inversiones correspondientes.

Para el gobierno federal constituye una ventaja contar con el Fonden, ya que éste es un fondo específico para la atención de las consecuencias ocasionadas por los desastres naturales. El problema es que generalmente las entidades federativas no cuentan con un fondo más o menos similar al Fonden, pero a nivel local; y que si eso ya es improbable, resulta aún menos posible que los gobiernos municipales cuenten con una partida, o un fondo, para poder garantizar las aportaciones necesarias para el acceso a los recursos del Fonden.

EL FONDO Y SUS VICISITUDES

Por ejemplo, las reglas de operación del Fonden establecen que ante un desastre natural que implique daños en infraestructura pública, el Fonden aportará el 100 por ciento de los recursos que sean necesarios para la reconstrucción o rehabilitación de comunicaciones y transportes del orden federal; pero que aportará sólo el 50 por ciento en infraestructura del orden estatal o municipal, y que, respectivamente, tanto la entidad federativa como el municipio que corresponda deberá aportar el porcentaje de recursos que haga falta (50 por ciento) para realizar dicha reconstrucción.

El problema es que ocurre más o menos lo mismo, en prácticamente todas las áreas que son susceptibles de reconstrucción o rehabilitación, tanto de infraestructura pública como en bienes muebles e inmuebles de orden privado, en un desastre natural identificado por las propias reglas de operación como un “fenómeno geológico”, que en este caso es un sismo. Cuando esto ocurre en una sola localidad, o en un conjunto determinado de municipios, las coinversiones municipales, estatales y federales pueden ser manejables.

El problema es que en este caso son más de 300 los municipios incluidos en la declaratoria de emergencia por el terremoto del pasado siete de septiembre, y muy probablemente sea un número similar el que quede determinado en las necesidades finales de inversión por parte del Fonden para labores de reconstrucción o rehabilitación de carreteras, escuelas, clínicas, hospitales, y todos los edificios públicos y privados del orden federal, estatal y municipal que colapsaron, o quedaron definitivamente dañados por el terremoto.

Todo esto es, además, independiente de lo que se debe invertir en la rehabilitación, reubicación y/o reconstrucción de viviendas. En ese caso, en la Sección Segunda de las Reglas de Operación del Fonden (numeral 32, cuadro 3 “Sector vivienda. Acciones de vivienda para damnificados”), se establece que para el rubro de Reparación y reconstrucción, el Fonden aportará el 70 por ciento de los recursos necesarios, y la entidad federativa o municipio aportará el 30 por ciento restante; pero que en el caso de reubicación y reconstrucción, para la adquisición de suelo apto para la reubicación, el Fonden sólo aportará el 10 por ciento de los recursos, y 90 por ciento restante será de recursos estatales; que para la introducción de servicios urbanos básicos, el Fonden aportará el 20 por ciento y el 80 restante por la entidad federativa; y que para la construcción en el mismo sitio, el Fonden aportará el 70 por ciento y el 30 por ciento restante se pagará con recursos estatales.

FUTURO ¿SOMBRÍO?

¿Qué significa esto frente a una contingencia del tamaño de la actual? Que para responder, el Estado de Oaxaca tendría que contraer una deuda monumental para responder a las reglas de operación del Fonden. Lamentablemente, Oaxaca no es una entidad robusta en fuentes de financiamiento propias: no tiene una recaudación local importante ni cuenta con recursos  para hacer frente a una contingencia de esa magnitud. Por eso, debería ser el momento para que el gobierno federal estableciera un trato diferenciado y acorde a la situación, y no obligue a generar otro problema presupuestal de mediano y largo plazo para nuestra entidad.

Revisan Jueces del PJO aspectos de la readaptación a la reinserción social

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Revisan Jueces del PJO aspectos de la readaptación a la reinserción social

En coordinación con la organización Asilegal, jueces de Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado se capacitan en el tema

La implementación del sistema penal acusatorio en México, establecida a partir de la reforma constitucional de 2008, contempla la reinserción social como una de las aspiraciones del proceso penal, reconoce a las personas sentenciadas como sujetos de derecho y deja atrás el paradigma de la readaptación social, según el cual, las instituciones penitenciarias buscan únicamente “curar” a los autores del delito para hacerlos socialmente funcionales.

Así lo señaló el director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), José Luis Gutiérrez Román al impartir el curso “De la regeneración a la readaptación, de la readaptación a la reinserción social y la Ley Nacional de Ejecución Penal” a juezas y jueces de Ejecución de Sanciones del Poder Judicial del Estado, quienes tienen entre sus facultades  la revisión y control judicial de una serie de actuaciones que se dan al cumplir una sentencia.

Entre éstas, el ponente explicó que se encuentran la aplicación de penas alternativas a prisión, la concesión de beneficios como la libertad anticipada, y la vigilancia del respeto a los derechos humanos de las personas sentenciadas, de ahí la importancia de que cuenten con una capacitación especializada derivado de las modificaciones constitucionales relativas al sistema penitenciario enfocadas a evitar que existan efectos nocivos para la salud física y psicológica de los presos.

El director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos (Asilegal), apuntó que debido a que la mayoría de los centros penitenciarios en México registra sobrepoblación, son comunes situaciones que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, lo que repercute en un deterioro de las posibilidades de reinserción y frena la concurrencia a actividades de recreación, educativas, entre otras, de las personas privadas de su libertad.

Durante el curso, organizado por la organización civil en coordinación con la Escuela Judicial del Consejo de la Judicatura, se revisaron temas como La regeneración, la readaptación, la reinserción social el cambio de paradigma de la readaptación social a la reinserción social; los derechos humanos y los ejes de la reinserción social a la luz de los instrumentos internacionales  de la Ley Nacional de Ejecución Penal.

 

Oaxaca debería aprovechar la incidencia del sismo, para reforzar la cultura de la prevención

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Oaxaca debería aprovechar la incidencia del sismo, para reforzar la cultura de la prevención

Si la sociedad y el gobierno en Oaxaca lograran aprovechar integralmente la dolorosa experiencia del sismo del pasado siete de septiembre, esta sería el momento de convertir la crisis en una oportunidad. Es cierto que hoy el gobierno estatal se encuentra volcado en organizar la ayuda humanitaria para las miles de personas damnificadas, y que de la mano con el gobierno oaxaqueño, el federal trabaja en la organización de la reconstrucción de comunidades enteras. Lo que hasta ahora nadie ha hecho es considerar la necesidad de aprovechar esta circunstancia para redoblar la cultura de la prevención y la organización durante un evento de este tipo, que tanta falta hace en Oaxaca.

En efecto, hay una extraña coincidencia entre los expertos y la gente que ha recibido algún tipo de capacitación en materia de protección civil, y en aquellos que han vivido experiencias más o menos similares a la del terremoto del pasado siete de septiembre. Todos, sin excepción, afirman que si dicha eventualidad hubiera ocurrido en días y horas hábiles, muy probablemente el resultado habría sido exponencialmente mayor en cuanto a pérdidas humanas y lesionados. La razón simple, que esgrimen de entrada, radica en el hecho de que el pánico habría descontrolado a muchas personas y habría provocado accidentes que afortunadamente no ocurrieron, por la hora y circunstancia en que ocurrió el siniestro.

En ese sentido, afirman que, si el terremoto hubiera ocurrido de día, se habrían repetido muchas de las escenas que se han visto en otras eventualidades, pero magnificadas. Por ejemplo, en los complejos administrativos del gobierno estatal —Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, que son las de mayor tamaño—, se han realizado realmente pocas actividades calendarizadas y estandarizadas sobre qué se debe hacer en caso de una eventualidad de esta magnitud. Existen comités de Protección Civil por cada área administrativa —que en la mayoría de los casos cuenta con personal que sabe qué debe hacer—, pero la realidad es que no sólo ellos, sino todos los trabajadores de esos complejos, deberían estar verdaderamente conscientes de los riesgos que implica el no seguir las indicaciones adecuadas y preestablecidas de Protección Civil para un siniestro como ese.

Por eso, en un sismo anterior —el que ocurrió en Oaxaca el 20 de marzo de 2012—, en el complejo de Ciudad Administrativa hubo varios lesionados, pero ninguno como consecuencia directa del temblor de 7.4 grados en la escala de Richter, que ocurrió alrededor del mediodía de aquel martes. ¿Qué ocurrió? Que, como siempre, todos repetían hasta con cierto sarcasmo las cuatro indicaciones básicas frente a los temblores: no corro, no grito, no empujo, y me dirijo a la zona de seguridad. Sin embargo, en el momento en el que ocurrió la eventualidad, en su mayoría las personas —los trabajadores, jefes y demás— no sólo no atendieron correctamente las indicaciones de Protección Civil, sino que en muchos casos hicieron lo contrario.

Es decir, salieron despavoridos, gritando y suplicándole a Dios que detuviera el sismo, y corriendo sin control a través de las escaleras de los edificios para llegar de inmediato a las zonas de seguridad. Los trabajadores que sí lograron controlarse y decidieron, o dirigirse a una zona de seguridad dentro de cada uno de los edificios, o bajaron de acuerdo con las indicaciones y los planes de Protección Civil, pudieron corroborar que las personas que resultaron con alguna lesión fue por correr, por empujar, por resbalarse en las escaleras, por ser pisadas o lastimadas por otras personas que no cumplieron con las indicaciones básicas, o que —eso sí es irremediable— sufrieron de crisis nerviosa por el hecho.

Otra cosa que ocurrió en aquella ocasión, y que también fue muy recurrente en el sismo del 30 de septiembre de 1999, fueron las personas que salieron a las calles fuera de sí para tratar de llegar a sus casas. Ambos temblores ocurrieron en días y horas hábiles, y en las calles hubo infinidad de accidentes de tránsito derivados no del sismo en sí, sino de la falta de control de las personas que trataban de llegar a sus casas, o de ir por sus hijos a la escuela, pero lo hacían sin respetar las normas cotidianas de urbanidad al conducir.

REFORZAR LA PREVENCIÓN

Es perfectamente entendible que un padre o madre de familia quiera llegar de inmediato donde se encuentran sus familiares —sus hijos, sobre todo, máxime si son pequeños— para corroborar que todos se encuentran a salvo, luego de un sismo. Lo que no es comprensible es que pierda el control o, sobre todo, que su angustia se derive de la inexistencia de un plan previo de actuación para el caso de una contingencia.

Esto es nada nuevo: permanentemente, las autoridades y los promotores de la Protección Civil recomiendan a las familias establecer un sencillo plan de contingencias, consistente en que cada uno de los integrantes de la familia sepa qué hacer, a quién acudir, y fijar un punto de reunión para el caso de un sismo, en el que normalmente se interrumpen las comunicaciones y la situación puede tornarse caótica. En casos como esos, dicho plan llevaría a todos a hacer lo previamente planeado, independientemente de haberse podido comunicar o no. El problema es que en la mayoría de los casos, el miedo hace su presa a las personas, y la inexistencia de dichos planes hacen que se pierda el control y entonces la situación se torne doble o triplemente riesgosa para terceros.

En esa lógica habría que establecer algunas coordenadas básicas y hoy el gobierno estatal tiene esa oportunidad que no debe desaprovechar: debe explicar, por ejemplo, por qué —por su estructura de acero— es casi imposible que colapsen los edificios de Ciudad Administrativa y Judicial; por qué todos deberían tener un plan personal, familiar y grupal de protección civil para contingencias como la del pasado 7 de septiembre; y por qué es importante la realización de simulacros que no se presten a la chacota o las bromas que son muy comunes entre los trabajadores.

Del mismo modo, entre la población en general sería muy importante impulsar y redoblar esa parte de la cultura cívica en general. Tendría que ubicarse como parte de la ciudadanía, saber qué hacer en esas situaciones. Por eso mismo, no debería ganarle la soberbia a ninguno de los órdenes de gobierno frente a esta situación, ni suponer que como en la capital oaxaqueña, los Valles Centrales y algunas regiones no hubo daños, entonces se puede pensar que todo está muy bien y que no es necesario redoblar esfuerzos en la cultura de la prevención.

APROVECHAR LA CIRCUNSTANCIA

La sensibilidad actual frente al siniestro debería ser una oportunidad, derivada de la crisis, para concientizar a la población sobre el tema, y evitar correr los riesgos que implica un comportamiento inadecuado en una circunstancia como esta. Los oaxaqueños acabamos de vivirlo a flor de piel. No desaprovechemos esta oportunidad.

El Frente PAN-PRD desdeña nuevamente la necesidad de establecer gobiernos de coalición

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El Frente PAN-PRD desdeña nuevamente la necesidad de establecer gobiernos de coalición

Puede considerarse como una nueva tragedia democrática, que mientras las dirigencias nacionales del Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano dan pasos hacia la formación de un nuevo frente opositor rumbo a los comicios de 2018, ni ellos ni nadie hablen sobre la necesidad de establecer acuerdos y programas concretos a favor de la democracia y los no pocos problemas nacionales. Pareciera que, asomándose la sucesión presidencial —y la enorme elección que traerá aparejada 2018— de nuevo la política se olvidó de su razón de ser, y está centrando todo en ganar las elecciones.

En efecto, hoy el escenario electoral se divide en tres: por un lado se encuentra el PRI, que bajo la posible candidatura de José Antonio Meade pretende establecer un rostro de ciudadanía que en realidad esconde el intento de preservación de lo que aquí también pudiéramos ubicar como el “establishment”; en el segundo gran frente se encuentra Andrés Manuel López Obrador, que bajo las siglas de Morena asume que va solo por la Presidencia de la República, porque sigue planteando un escenario en el que él es la voz dictante de todas las directrices del partido que, hasta ahora, es también sólo de él. Y en una posible tercera vía van juntos el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano que ya registraron su intención de competir juntos en la elección de 2018.

El problema es que, hasta ahora, el único común denominador sigue siendo el ayuno de ideas. Quién sabe, en el primero de los polos, qué pueda ofrecer de diferente un candidato ciudadano —Meade, o eventualmente Aurelio Nuño— que en realidad no representa a la ortodoxia priista, sino concretamente al triunfo y la consolidación de la tecnocracia en el poder público en México.

Esto significa, en términos llanos, el encumbramiento de una segunda fase de la tecnocracia, ahora ya no guarecida bajo el paraguas de un partido político, sino ahora claramente utilizándolo como un instrumento de acceso al poder. Sería, de hecho, algo así como un segundo capítulo de la apariencia que fue el gobierno de Ernesto Zedillo respecto al PRI, pero ya sin la chabacanería de que el Presidente era también “el primer priista del país” que en realidad no era, ni quería, ni le interesaba ser.

En este caso, Meade sería algo así como el guardián del establishment pero desde el rostro ciudadano. Es decir, sería el Presidente, pero sobre todo el cuidador de que el modelo económico, social y político construido y establecido por los últimos seis Presidentes —con todo y sus monumentales deficiencias y vicios, como la corrupción— continuara libremente para no alterar el orden establecido, los mercados, la política económica y los compromisos internacionales con la apertura de diversos sectores que antes se encontraban excluidos de la especulación comercial.

En el caso de López Obrador, se asegura que éste no termina de convencer —y así lo han reconocido los analistas financieros de la banca norteamericana— con quienes se entrevistó en su reciente visita a los Estados Unidos porque no establece planteamientos convincentes. Más bien, pareciera que ha sido como es toda su forma de conducirse: con argumentos dulces, pero con movimientos amargos. Es decir, ofreciendo disciplina financiera y recursos abundantes para diversos rubros, pero anticipando que habrá cero impuestos; ofreciendo democracia e inclusión, pero ejerciendo un poder absoluto como dirigente partidista y líder político; u ofreciendo diálogo pero cerrándole la puerta a cualquier interlocución posible con cualquier otro que no sea afín a él por ser parte de “la mafia en el poder”.

Fuera de eso, López Obrador tampoco ha sido claro en sus esbozos y mucho menos en la posibilidad de gobernar en consenso. No está en su naturaleza y queda claro que de llegar a la presidencia gobernaría igual que como ha sido: un lobo solitario exigiendo incondicionalidad… a pesar de que el país reclama consensos que definitivamente no podrían pasar por la derrota aplastante de unos, a menos de otros, carentes de cualquier capacidad de transigir.

TERCERA VÍA… CANCELADA

El problema, en todo esto, es que tampoco hay un esbozo claro de qué quieren los partidos que se están uniendo en un frente. El lugar común dice que juntar a la derecha y a la izquierda es como tratar de unir al agua y el aceite. Sin embargo, además de que esa es una lección ya vieja para el país —en términos electorales—, lo verdaderamente importante tendría que ser no si se juntan en una coalición, alianza o frente, sino para qué lo hacen. Eso es lo que sigue sin discutirse, y ahí es donde tendría que estar el valor agregado de una coalición actual, luego de tantas uniones fallidas en el pasado reciente.

¿De qué hablamos? De que el frente panista-perredista sigue empeñado en los lugares comunes. Dicen que van, por ejemplo, en contra del gasolinazo, de la corrupción y la impunidad, la eliminación del fuero, y otros temas que en realidad no dejan de ser temas más bien coyunturales. En todo eso, no quitan el dedo del renglón en el hecho de establecer la anteposición de que para lograr todo su aparente paquete reformador, primero deben ganar las elecciones, y que para hacerlo deben juntarse.

Esa práctica poco clara, en realidad encierra lo que todos sabemos: de nuevo se están juntando para tratar de ser electoralmente competitivos, y después repartirse el poder en parcelas como tanto ha ocurrido en los últimos 17 años en México, tanto en las alianzas electorales regionales, por estado y en todos donde han ido juntos a los comicios. Si eso ha ocurrido antes, ¿qué nos haría suponer que ahora va a ser distinto?

Otro problema, que es concomitante al anterior, es que en realidad no están apostando de fondo a la posibilidad de un gobierno de coalición. Lo utilizan hoy en día como una justificación de sus argumentos electorales, pero sin demostrarlo a partir de la conformación de una agenda de coyuntura temporal, que desde ahora demostrara que sí pueden caminar juntos por lo menos en algunos temas. Sin embargo, a pesar de sus argumentos, lo cierto es que hoy los intereses del PAN y el PRD siguen corriendo en carriles separados —y muy frecuentemente, distantes— sin considerar que si de hacer una especie de gobierno de coalición se trata, bien podrían comenzar desde ahora y no esperar hasta ver si ganan la elección del año próximo.

En el fondo, de nuevo la apuesta parece por lo electorero y por la demagogia. No se dan cuenta que con eso sólo contribuyen a deteriorar aún más, algunas figuras constitucionales —como la de los gobiernos de coalición— que ni siquiera se han puesto en práctica, pero de las que están haciendo ya que los electores desconfiemos.

Apoya Poder Judicial barra de abogados con capacitación

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Apoya Poder Judicial barra de abogados con capacitación

La Escuela Judicial inició una jornada de capacitación para un grupo de integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco

En respuesta a una petición que integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco hicieran al presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado, Dr. Raúl Bolaños Cacho para que integrantes de la comunidad jurídica se capaciten sobre el Sistema Penal Acusatorio, la Escuela Judicial inició un curso-taller en la materia dirigido a los profesionales del derecho que forman parte de dicha agrupación.

El presidente de la Barra, Misael Reyes López reconoció la atención del titular del Poder Judicial para que los abogados postulantes fortalezcan sus conocimientos sobre el nuevo modelo de justicia, lo que les permitirá contar con las destrezas necesarias y tener un buen desempeño en su papel como defensores dentro de la reforma al sistema de justicia penal.

Indicó que un grupo de 40 profesionales del derecho se encuentra cursando el curso-taller que consta de seis módulos con temas como: generalidades del Proceso Penal, el Control de Detención, Imputación inicial, medidas cautelares, orden de aprehensión, etapa intermedia, mecanismos alternativos de solución de controversias, etapa de juicio y etapa de ejecución, así como recursos.

El jurista destacó que los abogados deben adaptarse al nuevo modelo basado en los juicios orales, que dio otro rostro al sistema jurídico del país y ha impactado en quienes ejercen esta profesión. “Es necesario siempre tener una relación estrecha con las autoridades, instituciones y la ciudadanía, nuestro objetivo es humano y debemos darle a quienes buscan resolver un asunto jurídico la mejor atención”, dijo.

A través de la Escuela Judicial, jueces especializados en el tema imparten el curso, que se realiza en el auditorio “Benito Juárez”, anexo al edificio de los juzgados Civiles y Familiares. La actividad es gratuita y su terminación está prevista para el 3 de octubre.

A través de la Escuela Judicial se capacita a integrantes de la Barra de Abogados del Valle Eteco

¿Cómo debería resolverse el reto del nuevo titular del Órgano de Fiscalización en Oaxaca?

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¿Cómo debería resolverse el reto del nuevo titular del Órgano de Fiscalización en Oaxaca?

Una vez que pase el aluvión crítico del sismo del pasado siete de septiembre, habrá algunos temas que superarán la coyuntura. Uno de ellos, central, será el de la designación del nuevo titular del Órgano de Fiscalización Superior en Oaxaca. Al margen de los nombres y las circunstancias políticas, vale la pena centrarse inicialmente en los perfiles posibles y necesarios. Ahí los diputados tendrán un reto mayúsculo que ojalá puedan superar para legitimar de fondo sus decisiones. 

En efecto, hasta antes de que ocurriera el terremoto del pasado siete de septiembre, uno de los temas centrales que estaba en la agenda política estatal, era la decisión del Poder Legislativo de decretar la desaparición constitucional de la Auditoría Superior del Estado, para darle paso al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca. La determinación estuvo justificada en las necesidades del hasta ahora nonato Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, pero basada, en realidad, en la urgencia de retirar al actual titular de la ASE, Carlos Altamirano Toledo, a quien el nuevo régimen identifica como un orgánico de la administración de Gabino Cué, y que a todas luces deseaba ver fuera del órgano fiscalizador estatal. 

La decisión que tomó el Poder Legislativo fue algo así como salomónica, aunque necesita ser dotada de mayor contenido. En realidad, el Congreso del Estado decidió la desaparición lisa y llana de la ASE, como una forma de allanarse el camino para todo lo que deba o pueda ocurrir en el mediano plazo. Sin embargo, justificó la medida en la urgencia de establecer un nuevo órgano de fiscalización que cumpliera con los requisitos del nuevo sistema de combate a la corrupción. En todo eso, lo cierto es que utilizaron una cuestión de coyuntura, para dotar de contenido —justificar— una cuestionada decisión de fondo relacionada con la eliminación de un órgano fiscalizador como tema central de la reforma constitucional.

El argumento central, sin embargo, ha radicado en el endurecimiento de los requisitos que debe cumplir quien sea el nuevo titular del órgano fiscalizador estatal. Hasta ahora, lo cierto es que Carlos Altamirano Toledo no ha recibido el apoyo político, y el respaldo institucional que hubiera pensado en otros momentos: con su silencio, todos reconocen que —desde el inicio— el actual Titular de la Auditoría Superior del Estado no cubría los requisitos técnicos profesionales necesarios como para acceder a ese cargo; que nunca se pudo legitimar en sus responsabilidades;y que en realidad, dicho cargo le fue concedido por otras cuestiones que no necesariamente están relacionadas con sus capacidades como auditor, o como un experto en fiscalización superior, control y auditoría, tal y como lo marca la ley. 

¿Qué ocurre ahora? Que basado en esas razones, el Congreso del Estado tomó la determinación de desaparecer al órgano fiscalizador actual para darle paso a uno nuevo con distinta integración. Pero ahora lo que falta ver es que tomen todos las decisiones correctas. 

¿Y LA NUEVA —VIEJA— LEY?

Técnicamente, el Auditor Superior del Estado, o el Titular del nuevo Órgano Superior de Fiscalización, debería ser un verdadero experto en los temas que estaría destinado a conocer. En el ideal, debería existir un examen de oposición o de conocimientos, como un parámetro mínimo para que cualquier aspirante pudiera legitimarse en sus aspiraciones de convertirse en el titular del órgano fiscalizador, y luego demostrarlo a través de otros mecanismos técnicos. Así lo decía la antigua Ley de Fiscalización —que está en proceso de liquidación— y muy seguramente así lo dirá la nueva ley que se emita al respecto.

¿Por qué, en esto no hubo el proceso de legitimación que señala la ley? Seguramente, porque en aquellos momentos no había un parámetro específico para identificar los perfiles, pero sobre todo porque ni en los mismos diputados hubo la claridad suficiente como para allegarse de los mejores perfiles sociales y académicos, independientemente de su condición social o preferencia política, según fuera el caso. Por eso, terminaron allanándole el camino al entonces Gobernador Gabino Cué, que ya tenía visto a un prospecto como para dejarlo “sembrado” en una de las posiciones, pero sin asumir que lo más importante era que el organismo funcionara correctamente —en términos constitucionales— lo antes posible. 

Quizá así fue como llegó al cargo Carlos Altamirano, pero no debería ser así como llegaran los nuevos auditores y subauditores del nuevo órgano de fiscalización. Más bien, deberían cubrir perfiles técnicos por demás sofisticados como para que no hubiera duda de su autenticidad, y sobre todo, para dotar a la ciudadanía de los elementos necesarios como para que no hubiera una repetición de las prácticas autoritarias del pasado. Es un tema por demás complejo pero que ya debería estar plenamente abordado en la Constitución. 

¿De qué hablamos? De que dicha Carta Magna establece una serie de requisitos que no parecen estar los suficientemente claros pero que deberían ser los mínimos para un posible auditor. Por esa razón, los requerimientos establecidos deberían ser por naturaleza altos y complejos —si de darle contenido social y político se trata—, y no de darle condiciones mínimas al Estado para que se los pudiera llegar a brincar. 

Por esa razón resulta importante lo que decidan, pero lo es más allá de la coyuntura política. El nuevo auditor debería ser a todas luces un experto en fiscalización, pero además un conocedor de los temas de control, auditoría y los demás rubros que establece ya la Constitución como prerrequisitos para aspirar a la titularidad del nuevo órgano. Ese debería ser uno de los puntos más finos de la actual discusión, y seguramente será uno de los temas por los que pasen los diputados, además de la autonomía y la independencia del poder público que cada uno de ellos demostrara.

De no ser así, entonces se estaría en repetición del pasado. Esto sería por demás cuestionable porque entonces sería repetir el esquema bajo el cual se eligió a Carlos Altamirano. ¿De nuevo querrían un auditor a modo? Ahí sí habría un enorme, y brutal, costo político.

PERFILES DE FONDO 

Por eso mismo deben apostar a perfiles especializados más allá de las filias políticas. Eso alimentará al órgano y dará legitimidad a los legisladores. Pero quién sabe si lleguen a entenderlo. 

Nuño en Juchitán, y el descuadre de la estrategia política de la Sección 22

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Nuño en Juchitán, y el descuadre de la estrategia política de la Sección 22

La semana pasada, la Sección 22 del SNTE tenía trazada una estrategia política rumbo al 2018, cuyo arranque se encontraba justamente en la visita del presidente Enrique Peña Nieto a nuestra entidad, para inaugurar las obras del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO). El plan magisterial consistía en generar el caos de aquel aciago jueves, y continuarlo de manera intermitente hasta llegar a finales de año —exacerbando temas como el de la “represión” ocurrida durante la visita presidencial—, cuando se supone que se definirán las candidaturas presidenciales. El terremoto de ese mismo día, cambió todas las variables de dicha estrategia, y ahora se verá hasta dónde llega la mezquindad de esos factores que ahora están trenzados en la tragedia que ocurre en el Istmo de Tehuantepec.

En efecto, el jueves pasado era un día crucial en la ruta política rumbo a 2018 en Oaxaca. La Sección 22 tenía establecido —en la lógica normal, que no consideraba la contingencia por el sismo— que ese sería el punto de arranque de la estrategia política de largo aliento que terminaría en la elección presidencial del año siguiente. La presencia en Oaxaca del Presidente representaba una afrenta para el magisterio democrático, porque el primero representa la reforma educativa, que rechazan los segundos.

Al tener la 22 entre sus victorias, que no hubiera ocurrido una visita presidencial a la capital Oaxaca durante más de seis años, el solo anuncio de la visita para la inauguración del CCCO constituía una afrenta que la 22 no sólo debía combatir, sino además tratar de capitalizar política y electoralmente. Esa fue la razón por la que el magisterio decidió emprender diversas acciones de resistencia, que incluían un despliegue importante de grupos de choque dispuestos a enfrentarse con las fuerzas de seguridad.

Del lado del Estado —el Estado Mayor Presidencial, que tomó el control de la seguridad, y que se respaldó en las fuerzas de seguridad pública estatales— hubo una visión egoísta de la visita presidencial, ya que no fueron capaces de prever no sólo que no estuviera en riesgo la integridad del Jefe del Poder Ejecutivo Federal y la comitiva que lo acompañara —cuestión que falló parcialmente, por el incidente del cohetón que impactó en una de las aeronaves federales que transportaba a reporteros de la fuente presidencial—, sino también que no ocurrieran incidentes que trastocaran el orden de la ciudad.

Esto último no fue previsto, y fue tomado como una oportunidad para los grupos magisteriales de choque que, más allá del perímetro protegido para la visita presidencial, hicieron lo que quisieron. Se fueron a enfrentar con el primer círculo protegido por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, pero también lograron mantener diversos bloqueos en las calles aledañas al CCCO, e incluso incendiaron dos unidades de motor que tomaron mientras realizaban sus protestas.

Esos hechos —algunos descalabrados durante la refriega con las fuerzas estatales, y las unidades incendiadas— eran elementos suficientes para desplegar sus primeras estrategias de denuncia. Esa misma tarde, cuando el Presidente ya había volado de regreso a la Ciudad de México, la 22 inició las denuncias relacionadas con la represión y con el repudio del llamado “pueblo de Oaxaca” al Presidente que traía como una de sus principales banderas de gobierno, la reforma educativa.

EL TERREMOTO Y EL CAMBIO DE ESTRATEGIA

El terremoto que ocurrió esa misma noche, cambió toda la estrategia política que se había trazado la 22. A las 23.49 de la noche ocurrió un sismo de 8.2 en la escala de Richter que devastó la región del Istmo de Tehuantepec. Esto provocó la movilización inmediata de las autoridades estatales, y al día siguiente el propio Presidente de la República visitó la zona del desastre.

En medio de eso, muchos no dejaban de preguntarse dónde estaba la Sección 22. Para ese caso, el magisterio demostró no tener o el suficiente interés, o la suficiente capacidad de organización y movilización para solidarizarse y actuar a favor de los damnificados. Aunque con lentitud y desorganización, la ayuda gubernamental estatal y federal comenzó a fluir desde las primeras horas de la tragedia. Y, sin embargo, la 22 más bien quedó atrapada en un abrupto cambio de coordenadas que los ponía en una situación —política— por demás complicada.

La razón era obvia: el viernes 8 el Presidente estuvo nuevamente en Oaxaca. Estuvo en uno de los principales epicentros de la resistencia magisterial. Lo hizo acompañado de la mitad del gabinete federal. Y todo ocurrió no en un escenario controlado, sino en un espacio de contacto directo con los damnificados de varias zonas de la Ciudad de Juchitán de Zaragoza. ¿Dónde estuvo la 22? No apareció. Y no lo hizo no sólo por desorganización, sino también porque una protesta en esas condiciones sería vista como un profundo acto de oportunismo e insensibilidad, frente a la dimensión de esta tragedia.

Esa ausencia en medio de la crisis, ayer tuvo un segundo episodio. Igual, como parte de la crisis derivada del terremoto, por la mañana aterrizó el titular de la SEP, Aurelio Nuño. Acompañado del gobernador Alejandro Murat, recorrió varias escuelas de la región que sufrieron daños de consideración por la contingencia, y anunció que con la demolición de la que había sido una primaria, iniciaba el proceso de reconstrucción no sólo de las instalaciones educativas, sino de todos los inmuebles destruidos, y aprovechó para hablar de que esto era parte de los esquemas de la reforma educativa.

Igual que en la visita presidencial, nadie increpó al Secretario de Educación Pública. Nadie lo hizo porque, igual que en la anterior ocasión, esto sería visto como un acto de oportunismo y rapiña política, en medio de la tempestad social que provocó el sismo. Fue así, además como una consecuencia poco observada, pero directa, del desmoronamiento de la estrategia de la 22, que estaba enfocada justamente a impedir que Oaxaca volviera a ser escenario de una visita federal, principalmente del Presidente de la República —como emblema del poder al que repudian—, y mucho más del Titular de la SEP, al que repudian por ser el estandarte de la reforma educativa.

Para nadie es un secreto que todos los movimientos, todos, son parte de los estertores de 2018. El terremoto puso a Oaxaca en el candil político, y a partir de esto la presencia presidencial y de funcionarios federales será permanente. Casi vivirán en Oaxaca durante varios meses. En medio de todo eso, habrá que preguntarse cuál será la estrategia de reorganización política del magisterio, que indudablemente hará cualquier cosa por reorientar sus esfuerzos, quién sabe si frente a la tragedia, pero sí con toda seguridad rumbo a 2018.

Convoca la Conatrib a los Tribunales de Justicia a solidarizarse con Oaxaca

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El Poder Judicial del Estado de México inició una colecta de víveres que entregará al  Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca

La Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (Conatrib)  manifestó su solidaridad con las personas damnificadas  en Oaxaca por el sismo del pasado jueves, por lo que en respuesta a este llamado y como como una de las primeras acciones de los integrantes de este organismo, el Poder Judicial del Estado de México inició la colecta de víveres “De tribunal a tribunal”.

Lo recaudado se hará llegar mediante un transporte del Poder Judicial del Estado de México al Honorable Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca que lo entregará a las instancias oficiales encargadas de su distribución en los lugares que resultaron mayor afectados, como es la región del Istmo de Tehuantepec.

El Poder Judicial del Estado de México abrió tres centros de acopio donde se encuentra recibiendo enlatados como atún, sardinas, frijoles, sopa y leche en polvo y otros no perecederos como galletas, café soluble, arroz, agua embotellada.  Además de jabón, papel higiénico, toallas sanitarias, pañales desechables, detergente y cloro.

Los Centros de Acopio están instalados en el Palacio de Justicia del Estado de México que se ubica en Nicolás Bravo Norte 201, en Toluca; Palacio de Justicia del Valle de México localizado en Paseo del Ferrocarril 85 en Los Reyes Iztacala, Tlalnepantla y el Palacio de Justicia de Texcoco que se localiza en Carretera Texcoco-Molino de Flores km 1+550.

Por otro lado, el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca realizó este martes  la entrega en el Gimnasio Ricardo Flores Magón, de tres toneladas y media de productos al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) para los damnificados del Istmo y los cuales fueron donados por el personal jurisdiccional y administrativo.

La colecta de víveres prosigue en tres centros de acopio instalados en la sede del Consejo de la Judicatura, en la calle de Sabinos 106,  Colonia Reforma y del Tribunal Superior de Justicia, en Ciudad Judicial, así como en los juzgados civiles y familiares ubicados en División Oriente 618 Ex Marquesado, donde la generosidad de las personas ha permitido canalizar diversos apoyos para su entrega a través del DIF Estatal.

La posverdad y las mentiras han sido moneda corriente frente al sismo en Oaxaca

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La posverdad y las mentiras han sido moneda corriente frente al sismo en Oaxaca

Debería ser muy preocupante y poco satisfactorio saber que en los casi cinco días que han transcurrido desde que ocurrió el terremoto del pasado siete de septiembre, varias de las noticias más trascendentes e influyentes entre la población, han sido mentiras. Esto refleja la enorme capacidad que tienen las redes sociales para difundir todo tipo de información –incluida la falsa—, pero sobre todo la susceptibilidad de la gente para darle crédito a noticias que son sólo aparentes y desdeñar la posibilidad de otorgar valor a la información —y a los medios— verificables. Esto resulta por demás traumático frente a una crisis como la que se vive en varias regiones de Oaxaca, luego del terremoto.

En efecto, en los últimos días se han propagado todo tipo de información falsa relacionada con el terremoto ocurrido la noche del pasado jueves, y un problema importante radica en que mucha gente le ha dado más crédito del debido. De hecho, esa persistencia malintencionada nos hace pensar en el hecho de que vivimos en la era de la posverdad, en la que pareciera que s más importante la apariencia que lo que realidad puede ser verificable. Pudiéramos pensar que ese fenómeno no nos toca ni corresponde, aunque lo cierto es que a la luz de los hechos estamos viviendo una demostración de ello.

¿De qué se trata? De acuerdo con Katharine Viner, citada por Arnoldo Kraus (http://eluni.mx/2h9Qs7y), la “posverdad” denota circunstancias en que los hechos objetivos influyen menos en la formación de la opinión pública, que los llamamientos a la emoción y a la creencia personal. Viner, directora de The Guardian, al reflexionar sobre el tema, asegura que “la nueva medida de valor para demasiados medios es la viralidad, en vez de la verdad o la calidad”. Elegir, decantarse por una situación o una persona, escoger entre un ¡no!, o un ¡sí!, sin corroborar, sin escrutar, sin elementos para construir una opinión, conlleva peligros. Ignoro los motivos por los cuales los hacedores del Diccionario Oxford escogieron posverdad como palabra del año; la razón más plausible es Donald Trump, y en segundo término el movimiento Brexit (de Britain y Exit; salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Incluso, en 2004, Ralph Keyes, ensayista estadounidense, publicó el libro La era posverdad: deshonestidad y decepción en la vida contemporánea, como una forma de prever esto que ahora presenciamos casi ante cada hecho relevante de nuestra existencia. En una entrevista reciente se le preguntó a Keyes “¿Cuáles son las consecuencias de que la sociedad deje de buscar la verdad?”; su respuesta fue precisa, “Vamos a dejar de confiar unos en otros, porque ya no sabremos quién está siendo honesto con nosotros y quién no. Sospecho que las consecuencias de vivir en un mundo posverdad serán cada vez peores…”.

Ello, en su dimensión, es exactamente lo que ocurre en Oaxaca ante el terremoto del pasado siete de septiembre. ¿Qué hemos visto? Junto con los hechos, hemos visto todo un mar de información falsa que profusamente circula a través de algunas cuentas en redes sociales, cadenas de mensajería instantánea, y chats de noticias que manejan ciudadanos interesados en información pero que en realidad muchas veces tienen poco o nulo cuidado en corroborar que lo que publican o retransmiten, es cierto. De esa manera, las apariencias y la desconfianza le han ganado un importante espacio a la información, y con ello han generado percepciones por demás riesgosas.

INFORMACIÓN FALSA

En un breve recuento realizado por esta columna, pueden hallarse cuando menos siete episodios distintos de información falsa relacionados con el reciente terremoto. La primera de esas notas fue una relativa a que un supuesto comité de expertos de la ONU alertaban que durante las siguientes 48 horas al primer gran movimiento sísmico, ocurriría un segundo terremoto de dimensiones todavía mayores.

Incluso, la supuesta información ofrecía ubicaciones, magnitudes y posibles daños y pérdidas humanas que esto ocasionaría. Tuvo que salir a las cadenas nacionales de televisión un grupo de expertos —esos sí— de la UNAM y del Sismológico Nacional para reiterar lo que ha sido sabido desde siempre: que ese supuesto comité de la ONU no existe y que esa organización jamás se atrevería a difundir información falsa de esa magnitud; y que, ni ahora ni nunca, los sismos han podido ser predichos.

Luego vino otra información. Se dijo que la noche del terremoto habría un tsunami. Alguien rescató fotos de otros eventos en los que el mar se ha alejado de las costas, y dijo que esto ocurría en las playas de Oaxaca. Evidentemente esto provocó más alarma y preocupación de la que ya había por el sismo, hasta que en las primeras horas del ocho de septiembre se confirmó que ni había ocurrido en Oaxaca y Chiapas tales alejamientos de las aguas, ni existía un riesgo real de que ocurriera un tsunami.

Después, se propagó un video en el que un supuesto experto aseguraba que el sismo era consecuencia de las ondas irradiadas por el sol, y —de nuevo— que el gobierno “sabía” tanto del sismo del pasado jueves, como de otros que ocurrirán en fechas próximas. Una vez más, la información circuló profusamente en redes sociales y servicios de mensajería instantánea, alimentando la necesidad de la gente de creer en una apariencia, aún a costa de desdeñar los conocimientos básicos respecto a la impredecibilidad de los movimientos sísmicos, y de que el gobierno pudiera saber de ello. Algo tan ilógico, sin embargo, fue creído a pie juntillas por miles de personas que vieron dicho video.

Como si algo faltara, entre el domingo y lunes se propagaron dos versiones más, también falsas: la primera, que contenía supuestas instrucciones sobre qué hacer para notificar al Fonden sobre los daños en viviendas y demás inmuebles, para que el personal del Fondo iniciara el procedimiento para la obtención de los recursos para ejecutar las reparaciones. La segunda información era la que señalaba que la Presa Benito Juárez había sufrido una fisura en su cortina principal, y que por esa razón las autoridades federales habían decretado la evacuación de la población que habita en Jalapa del Marqués. Ambas, evidentemente, eran notas falsas que incluso provocaron que el gobierno de Oaxaca emitiera sendos comunicados desmintiendo las versiones y precisando la situación real que prevalecía respecto a esos tópicos.

Ayer mismo se generó información direccionada por “haters” —esos a los que se les conoce como “odiadores”, o promotores del odio en redes sociales— para acusar a diversos personajes políticos de estar acaparando despensas o ayuda humanitaria para los damnificados, con fines políticos. Hubo algunos señalamientos que sí estuvieron corroborados con imágenes. Pero lo cierto es que buena parte de esa información estaba hecha con el objeto no de denunciar un hecho en concreto, sino de alimentar el odio en contra de alguna persona en específico.

DAR VALOR A LA INFORMACIÓN

Es importante, en este mar de información falsa, tener un criterio ecuánime y sostenible para discernir entre lo que es real, lo que es falso y lo que es aparentemente real. Tan simple como que los sismos no son predecibles, o que la ayuda gubernamental debe llegar a través de sus cauces y no de redes sociales o Whatsapp. Pero como hoy vivimos en el imperio de las apariencias… todo puede ser posible.

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Columna Al Margen. Autor: @ortizromeroc. Espacio para la reflexión y el análisis político. #Oaxaca #AlMargenMX.

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