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En México, la corrupción inicia a través de los mecanismos más simples

+ Necesario, comenzar a establecer controles sobre circulación de efectivo


Parece una broma, pero al pensar en la corrupción, en México ésta comienza en los trámites más simples y escala hasta los temas más complejos, como la contratación de grandes volúmenes de obra o la compra de insumos para el Estado. Así, podemos ver que este fenómeno no terminará mientras no se impulsen iniciativas como la del Sistema Nacional Anticorrupción, pero también, en tanto no se pongan en marcha otras medidas como la limitación en la circulación de dinero en efectivo. Mientras ello no ocurra, la corrupción será una forma cotidiana de convivencia entre nosotros.

En efecto, en su edición de ayer, TIEMPO informaba que según mediciones del Instituto Nacional de Geografía y Estadística y del Instituto Mexicano para la Competitividad, nuestra entidad se encuentra en el sitio número 12 con mayor corrupción. Señala que otro estudio del Huffington Post realizado entre empresarios, pone a la entidad en el sitio número nueve, y que desde hace cuatro años Oaxaca ha escalado al llamado ‘top ten’ de las entidades donde los moches son exigidos por funcionarios a ciudadanos —y ofrecidos por éstos a aquellos— y emprendedores para otorgar permisos y facilitar la realización de trámites. Es dramático el caso oaxaqueño, pero es una realidad que eso mismo se extiende a todo el país.

Esto, a la luz de la cotidianidad, no resulta ser ninguna novedad. De hecho, deberíamos poner en perspectiva algunas cuestiones que nos son particularmente familiares y que tienen como fondo el hecho de que, para muchas cosas, la estructura institucional está hecha para la corrupción entendida como el intercambio de dinero a cambio de la realización o el otorgamiento de un servicio público, pero también como una forma en la que el propio Estado cierra los ojos frente a necesidades que no se cumplen de la forma correcta, o que simplemente no son como deberían ser, y en ello resulta implicado el interés de la ciudadanía.

Un ejemplo muy simple es el de la tramitación de una licencia de conducir. Aquí ese es uno de los temas que menos importan para la seguridad de las calles es la licencia de conducir. Pues salvo casos excepcionales, en la gran mayoría de los casos es la propia autoridad quien promueve la falta de cumplimiento de los requisitos que, por pura lógica, debieran exigirse y cumplirse para que alguien fuera autorizado para conducir un vehículo de motor.

¿Por qué es la propia autoridad? Porque en muchos casos, es el propio gobierno quien establece formatos impresos en los que se establece, bajo protesta de decir verdad, que el solicitante de una licencia de conducir conoce a la perfección los reglamentos relacionados con la conducción de vehículos, que sabe conducirlos, y que además tiene las nociones precisas de las precauciones y medidas que debe cumplir para poder conducir.

Eso basta, en la gran mayoría de los casos, para que la propia Dirección de Tránsito correspondiente dé por hecho que el requisito de probar los conocimientos y las habilidades en la conducción de vehículos están cumplidas, y que por ende se encuentra en posibilidad de expedir la licencia correspondiente, que es a la vez un requisito formal, una validación del Estado sobre la conducción de vehículos, y un instrumento que sirve para hacer válidos otros mecanismos legales de protección que debieran ser igualmente más rígidos, como el seguro de daños a terceros, que en México tampoco es requisito para que un vehículo pueda circular por las calles de cualquier ciudad.

CORRUPCIÓN, POR OMISIÓN

Todo esto es tan común que ya lo vemos como cosa de nada. Sin embargo, vale la pena preguntarnos cómo funciona ese proceso en otros países. La sola comparación testimonial puede darnos muchas luces sobre el grado de responsabilidad que tienen los propios gobiernos con sus ciudadanos. Vemos el caso de España, que se entiende que es uno de los países de habla hispana donde el proceso es rígido.

Un testimonio da cuenta de ello. “Sacar el mentado carnet es una pesadilla –dice un bloguero mexicano que reside en España-. Aunque conozco algún mexicano que lo ha sacado sin problemas, hay gente que nunca lo logra. Hay que invertir mucha lana, tiempo y paciencia. Es bastante normal ventilarse entre 1.000€ y 2.000€ en autoescuelas… y en ocasiones mas. Todo este tema del carnet da para uno o varios post en sí mismo, que dejaré para mas adelante.

“Pero si estas de turista o quieres aprovechar tus seis meses de vigencia, enhorabuena! En contraparte con lo anterior, te encontraras con que España cuenta con una red de carreteras bastante buena y bien señalizada. Puedes usar los sistemas de GPS sin problemas, y si no cometes infracciones no tienes porqué temer de los policías, que no están aquí para extorsionarte.

“No olvides que hay muchas señales diferentes a las mexicanas y alguna incluso puede tener significado contrario. Por ejemplo, en México el amarillo intermitente de los semáforos indica preferencia con precaución. Aquí indica que no tienes preferencia, y puedes pasar cuando no venga nadie (y eso incluye a peatones y bicicletas). Ojo, que muchas veces te lo ponen por ejemplo ante un paso de peatones. Otra norma genérica es que a falta de señal, siempre pasa primero el que llega por la derecha. Y la recomendación eterna: conduce con precaución cuñao!”

Ahora bien, pensemos: ¿Por qué en México el trámite es generalmente laxo y, hasta en el caso de las licencias de manejo para el transporte público, la corrupción es tan común? La respuesta está en el hecho de que como todos estamos acostumbrados a la facilidad de que la corrupción ocurra como algo cotidiano, y como algo más simple de cumplir —sin comprobar— frente a las dificultades que implican los trámites que se supone que se deben cumplir pero que no queremos que se cumplan. Si se tomaran medidas que impactaran también en los particulares, habría mayores formas de controlar los actos de corrupción. Una de esas medidas, toral pero hasta ahora muy temida en México —puesta en marcha en algunos rubros, con demasiado tiento aún—, es la de la limitación del dinero en efectivo que circula entre la gente.

Esta es una medida que frenaría muchos actos indebidos, o que al menos haría más compleja su realización. Por ejemplo, cuando no había control sobre los depósitos bancarios, mucha gente tenía su “cuenta fiscal” y sus “cuentas personales”. La primera era la que declaraban ante las autoridades hacendarias, y las segundas quedaban exentas, hasta en tanto sus operaciones no levantaran las sospechas de lavado de dinero o de realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hoy eso se terminó con la última reforma fiscal y la emisión de la llamada “ley anti lavado”, que definitivamente enlazó todas las cuentas de una persona para someterlas a la revisión de fisco federal en cualquier momento, y por ende se frenó en gran medida la utilización discrecional del sistema bancario como una forma de esconder el dinero. El problema es que eso resolvió la mitad del problema, porque hoy sigue habiendo más gente que utiliza y almacena dinero en efectivo como una forma de evadir las revisiones fiscales, o de realizar operaciones fuera de la revisión fiscal y, obviamente, seguir siendo susceptible a la corrupción.

FRENAR EL EFECTIVO

Una solución es frenar la circulación del dinero en efectivo, pero a niveles superiores a los que hasta ahora conocemos. Hay experiencias donde lo han logrado. Aquí la gran interrogante es cuándo estará lista la autoridad para poner ese freno a la corrupción cotidiana, pero también a las operaciones de la criminalidad, que tienen como una de sus piedras angulares justamente al dinero en efectivo. Es un tema de mediano y largo plazo que no debemos perder de vista.

Avilés alienta la presunción sobre activismo electoral desde Sedesol

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+ Viola la Constitución al hacer propaganda institucional con su nombre


Acostumbrado a ser un individuo que no guarda las formas, Alejandro Avilés Álvarez asumió la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, y menos de una semana después él mismo está reviviendo sus fantasmas sobre actos indebidos. Por un lado, ya sostuvo, en oficinas y con logotipos del gobierno federal, una reunión —de trabajo o social, da lo mismo— con delegados del PRI en la entidad; y desde el inicio emprendió una inexplicable —y poco útil— campaña de promoción personal utilizando recursos institucionales. Avilés viola la Constitución, quizá pensando equivocadamente que en este regreso ya nada puede perjudicarlo.

En efecto, la noche del lunes el autor de este espacio dio a conocer a través de su cuenta de Twitter (@ortizromeroc) una imagen en la que se ve al delegado Alejandro Avilés Álvarez acompañado de un grupo de personas que son ampliamente conocidos como delegados del PRI, pero que carecen de vinculación institucional como empleados, integrantes de organizaciones, o gestores ante Sedesol. Uno de los que aparece en la imagen es Orlando Acevedo, quien fue director de Gobierno durante el breve paso de Avilés por la Secretaría General de Gobierno, y que antes había sido uno de sus operadores políticos precisamente en el PRI. Luego del cese de Avilés, Acevedo regresó a sus antiguas labores políticas dentro de su partido, y hasta ahora no ostenta responsabilidad pública alguna.

En esa lógica, el problema no es que Avilés se reúna con sus amigos, colegas o compañeros de partido, o que lo haga fuera del horario de trabajo. El problema, en realidad, es que lo haga en instalaciones con logotipos del gobierno federal, y que lo haga en medio del cúmulo de sospechas y cuestionamientos —que han alcanzado a toda la clase política estatal, incluyendo al Titular del Poder Ejecutivo en Oaxaca— derivados del reciclaje de un personaje políticamente tan cuestionado, por haber sido un operador electoral acostumbrado a tomar cualquier ventaja posible de las labores que ha tenido bajo su responsabilidad, y precisamente por haber sido colocado en el espacio institucional en el que la entrega de apoyos sociales y de combate a la pobreza, los puede hacer susceptibles de manipulación o coacción, en los periodos de campañas electorales.

Bajo esa perspectiva, parece claro que Alejandro Avilés parece seguir sin entender que la función pública no se conduce de la misma forma que los liderazgos de partido, a los que él está acostumbrado. En los temas políticos, él estuvo acostumbrado a generar una percepción compleja de sí mismo, y a llevar su actuación a los límites con tal de que todos advirtieran sus capacidades y sus alcances como dirigente y operador político. El problema, en este caso, es que la conducción de un servidor público no puede ser la misma de la de un líder político; éste último no está anclado al cumplimiento de ninguna norma ni a la vigilancia de los órganos administrativos de control. El servidor público, en cambio, sí lo está. Y máxime cuando se trata de responsabilidades como las que ahora encabeza.

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Por si eso fuera poco, todo servidor público debe estar dotado de legitimidad, que parte del hecho mismo de no tener ni generar cuestionamientos derivado de sus funciones, y de las apariencias. En este último caso, queda claro que Alejandro Avilés no ha aprendido nada. Pues en el entrelazamiento de sus antecedentes como operador político y los cuestionamientos surgidos desde el mismo día que fue nombrado delegado de Sedesol, con las reuniones —sociales, de trabajo, políticas, da igual— que sostiene con los delegados de un partido político, da como resultado el abono al descrédito que tanto debería estar cuidando de evitar para poder sostenerse en el cargo, si es que de verdad algo quiere hacer en beneficio del desarrollo social y de la dependencia que representa en nuestra entidad.

AVILÉS VIOLA LA CONSTITUCIÓN

Hay una especie de moda entre muchos políticos, líderes partidistas y, lamentablemente, también servidores públicos, que los ha hecho tener fotógrafos personales y community managers que se dedican a alimentar permanentemente sus redes sociales con imágenes de sus actividades. En muchos de los casos, esas imágenes son intervenidas para agregarle logotipos oficiales, descripciones y, en el caso de Alejandro Avilés, también su nombre al mismo nivel que los logotipos e identificadores de la Secretaría de Desarrollo Social y del Gobierno de la República.

En su cuenta de Twitter, por ejemplo, Alejandro Avilés tiene, en su calidad de funcionario federal, imágenes de eventos en la costa oaxaqueña, el Istmo de Tehuantepec y Valles Centrales, entre otros, en las que aparecen los logotipos e identificadores antes mencionados, e incluso el sello alusivo a los 25 años de existencia de la Sedesol, y al lado de ello aparece su nombre completo y una leyenda que dice “Delegado de Sedesol en Oaxaca”.

¿Qué nadie le habrá advertido a Alejandro Avilés que eso puede constituir un delito electoral pero que, además, ello significa una violación franca a lo que establece el artículo 134 de la Constitución federal en materia de propaganda gubernamental? Puede ser una cuestión accidental.

Sin embargo, como es bien sabido, nadie puede alegar el desconocimiento de la ley para justificar su inobservancia. Y en este caso, los tres últimos párrafos del precepto antes mencionado señalan lo siguiente: “Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. 

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“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

“Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen de sanciones a que haya lugar.”

Es muy probable que nadie le haya dicho a Avilés que ya no es ni líder partidista ni tampoco legislador local, como para seguir siendo ajeno al régimen que establece la Constitución para los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno en materia de comunicación social o propaganda gubernamental. Pudiera ser entendible que esté muy contento de volver a la escena política, y que esté tratando de que todos se enteren de su regreso. El problema es que, de nuevo, está haciendo a un lado las normas, y está poniendo en riesgo la ya de por sí desgastada legitimidad con la que asumió el cargo hace apenas unos días.

EL MISMO ERROR, DOS VECES

Al final, las muestras de desdén hacia una actuación personal e institucional correcta y moderada, y la irresponsabilidad en su propia conducción, fue lo que ya lo llevó a perder uno de los cargos más importantes de su carrera política. Quizá esté empeñado en repetir esa misma “hazaña”.

Los diputados deben apurar la puesta en marcha del sistema anticorrupción

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Tenorio

+ Gobierno debe garantizar cobertura presupuestal de nuevo andamiaje legal


 

Mientras el gobierno y la Legislatura del Estado continúan perdidos en discusiones bizantinas sobre la corrupción y el combate a la impunidad, los actos indebidos continúan ocurriendo sin que la sociedad constate una respuesta clara hacia ellos. En Oaxaca, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción existe sólo documentalmente. Y de hecho es una doble derrota para la sociedad, tanto que ni el gobierno ni los diputados sepan exactamente para cuándo el Sistema pasará de las normas a los hechos; y que tampoco haya certidumbre respecto a posibilidad de que se cubran las necesidades económicas que implica ese nuevo esquema, como una promesa de combate efectivo a la corrupción.

En efecto, el panorama del combate a la corrupción en Oaxaca es desolador. En mayo pasado los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aunque hasta la fecha sigue pendiente la aprobación de diversas leyes que necesitan ser armonizadas para darle operatividad técnica y jurídica a dicho sistema. En el Congreso del Estado trabajan en la adecuación de dichas normas, aunque lo cierto es que no se tiene ninguna certidumbre ni fecha probable para la aprobación de todo el andamiaje legal complementario del Sistema.

Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado ha estado más preocupado por los temas cosméticos que por los de fondo, en lo que toca al combate a la corrupción. Muestra de ello, fue la decisión de enviar como iniciativa preferente la propuesta de reforma constitucional para eliminar la necesidad de llevar a cabo la declaratoria de procedencia, como el paso previo y necesario para que los servidores públicos estatales puedan ser procesados penalmente. ¿Acaso no era preferible enviar una iniciativa preferente que tuviera como fondo toda una miscelánea de reformas para reforzar los trabajos que se realizan en la adecuación del marco legal para el sistema anticorrupción?

Esa situación, en realidad, refleja al menos dos cuestiones concomitantes: una, que las instancias gubernamentales encargadas de llevar a cabo el trabajo complementario de adecuación normativa de cara a la puesta en marcha del sistema anticorrupción, en realidad no tienen ninguna prisa ni interés por intervenir institucionalmente en el diseño normativo; o que si lo tienen, éste no se ha demostrado tan denodadamente como para impulsar propuestas al mayor nivel posible para conseguir que éstas se conviertan en leyes.

La segunda cuestión que esto revela, es que en realidad no parece existir la correcta integración de los trabajos de diseño normativo en todo el gobierno. ¿Responsabilidad de quién es esto? Es, evidentemente, responsabilidad de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que hasta ahora ni ha demostrado eficacia en los planteamientos que ha hecho al Poder Legislativo, ni tampoco ha dado pautas concretas de una verdadera labor de integración de todos los esfuerzos institucionales en materia jurídica, para hacer propuestas consistentes al Poder Legislativo, en un tema tan sensible como el del combate a la corrupción y el control a la gestión pública.

De hecho, a casi dos meses de su nombramiento como consejero Jurídico del Gobierno del Estado, queda claro que Octavio Tinajero Zenil no ha logrado ningún resultado consistente en los temas que debieran ser de la mayor prioridad para quien se supone que tiene la responsabilidad de los temas jurídicos del gobierno. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, no ha sido capaz de plantear una agenda integral respecto a un tema tan trascendente como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en el que el gobierno estatal realmente pudiera ser un coadyuvante del Poder Legislativo en la confección del entramado jurídico necesario para la implementación del sistema; y por el otro, tampoco ha demostrado capacidad de gestión para llevar a buen puerto temas tan delicados como el procesamiento del Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el Congreso del Estado, o la posibilidad de sacar adelante sin problemas la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo para la eliminación del llamado “fuero constitucional”.

La falla ha sido evidente, porque el Consejero Jurídico parece no asumir que temas como el del PED o el del sistema anticorrupción, no sólo son problemas de los funcionarios y las dependencias encargadas de intervenir directamente en los temas, sino de todo el gobierno; y que particular debieran ser temas de su interés por ser de naturaleza jurídica.

En el fondo, el problema innecesario que el gobierno y los diputados crearon alrededor de la aprobación del PED, en gran parte tuvo su origen en la indolencia de ciertos funcionarios —con Tinajero Zenil a la cabeza— para darle un seguimiento puntual a sus temas de interés institucional, dentro del Congreso; por despreciar la posibilidad del cabildeo y del diálogo respetuoso con el Poder Legislativo; y por suponer que siguen viviendo en los viejos tiempos en los que la orden del Ejecutivo es suficiente para que todos los poderes y voluntades se alinearan alrededor de un tema, y que ellos pueden seguir instalados en la frivolidad, como si el cargo fuera un premio y no una responsabilidad.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, EN RIESGO

Ahora bien, junto a todo lo anterior hay otro problema que en el futuro cercano el gobierno y el Congreso tendrán que reconocer y abordar: nadie sabe hasta ahora de dónde van a salir los recursos para poner en funcionamiento el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. En el Congreso no tienen aún clara la ruta, y las instancias del Ejecutivo no han dado directrices mínimas de cuál será el nivel de inversión pública para la instalación y la puesta en marcha del sistema.

El asunto no es menor: el gobierno estatal atraviesa por una crisis profunda que cada vez parece menos explicable, a la luz de que ha transcurrido más de la mitad del año y frente a todos los problemas la respuesta ha sido la misma, relativa a la insuficiencia presupuestal del gobierno. Al final del año, tendrán que enfrentarse o a explicar cómo se ejerció el presupuesto gubernamental del presente año, o a reconocer que hubo subejercicios o derivados de diversas situaciones, o gastos hasta ahora no explicados a la ciudadanía oaxaqueña. Por eso, hasta ahora en diversos rubros sólo existen interrogantes. Pero eso no podrá ser sostenible en el largo plazo.

Por todo eso, sería muy riesgoso que en los meses siguientes todos determinaran echar a andar nuevas dependencias y órganos de combate a la corrupción, pero que sólo tengan existencia testimonial. El primer destello de eso, lo puso el también recién nombrado Fiscal Anticorrupción, que sin ningún pudor ha justificado su ausencia prácticamente total de la escena pública —y su total inmovilidad institucional—, bajo el argumento de que no cuenta ni con los recursos mínimos indispensables para realizar las funciones para las que fue electo.

Nadie puede apostar a tener instituciones sólo de papel, y menos a tener funcionarios fantasmales disculpándose de manera permanente en las precariedades. Todo el Sistema debe ser implementado, de tal forma que el propio Estado demuestre su voluntad por el tema, y no que todo resulte en una nueva tomadura de pelo para la ciudadanía que genuinamente espera mucho del sistema anticorrupción. Pronto lo veremos.

METEN REVERSA

A través de terceros, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza anunció que presentarán un nuevo dictamen al pleno para la eliminación sólo de la figura de la declaratoria de procedencia, pero sin tocar el juicio político. Qué bueno que lo hizo; pero qué mal que esto sólo ocurrió después de que quedaran al descubierto todas las implicaciones de lo que ella y los demás integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales —Donovan Rito García, Adriana Atristain Orozco, León Leonardo Lucas y Horacio Antonio Mendoza— iban a hacer, si nadie les señalaba el “error” —deliberado— que estaban en vías de cometer.

La LXIII Legislatura confunde premeditadamente el juicio político con el fuero

Sesion

+ Eliminar ambas figuras inopinadamente, un error y una pifia de gran calado


La Comisión de Permanente de Estudios Constitucionales de la LXIII Legislatura del estado de Oaxaca, tiene listo un proyecto de dictamen para la derogación del fuero en la Constitución local. El problema, es que dicho documento que será presentado el miércoles en sesión ordinaria del Congreso, también intenta derogar la figura del juicio político. De consumarse esta posibilidad, habrán eliminado una figura que ni conocen, ni entienden, y lo harán excediendo los límites naturales de la iniciativa preferente que con ese motivo presentó el Gobernador del Estado.

En efecto, en el marco de la sesión legislativa de la semana pasada, la diputada Eufrosina Mendoza aseguró que la comisión que preside estaba en vías de emitir el dictamen sobre la reforma que derogaría la figura conocida coloquialmente como fuero. Cuando dicho documento fue socializado entre los diputados, de inmediato surgió la interrogante de por qué también se intentaba derogar la figura del juicio político. Técnicamente, existen varios problemas importantes. Y políticamente, el daño podría ser todavía más grave.

¿Por qué? Porque de entrada, el dictamen que emitió la Comisión Permanente de Estudios Constitucionales mezcla la iniciativa preferente enviada por el Gobernador, con otras iniciativas que en ese mismo tenor habían presentado diputados de varias fracciones parlamentarias. Cuando se trata de una iniciativa preferente, la Comisión que dictamina, debe hacerlo respecto a esa sola iniciativa, ya que por eso tiene el carácter de preferente, y el Pleno debe votar la iniciativa dictaminada únicamente aceptándola o rechazándola, pero no mezclándola con otras propuestas, ya que eso abre la posibilidad de entrampar un debate —como está ocurriendo ahora por el desconocimiento y los consecuentes errores legislativos— que debe resolverse dentro del mismo periodo ordinario de sesiones en el que se presenta, para priorizar la propuesta específica presentada por el Ejecutivo.

De hecho, dice el artículo 51 de la Constitución local que si las comisiones a las que se turnaron las iniciativas preferentes no presentan el dictamen correspondiente en el plazo de treinta días naturales, la Mesa Directiva del Congreso formulará excitativa pública para que lo hagan en los siguientes diez días.

En caso de que no presenten el dictamen, indica la Constitución, la Mesa Directiva presentará la exposición de motivos de la iniciativa como dictamen y lo someterá a consideración del Pleno del Congreso del Estado, para que éste lo discuta y vote a más tardar en la siguiente sesión del mismo periodo ordinario, en los mismos términos y condiciones que prevea la ley. Señala la Constitución que en el caso de que la Mesa Directiva no cumpla con lo establecido anteriormente, sus integrantes dejarán de ejercer ese cargo, con independencia de las sanciones que para los diputados prevé la Constitución.

Por eso, de entrada existe un error básico de técnica legislativa que se ahonda por la falta de argumentación y fundamentación, dentro del Dictamen, de las razones por las que la Comisión de Estudios Constitucionales dispone la eliminación de la figura del juicio político. Porque más que una cuestión fundamentada en la posible falta de materia para la permanencia de la figura del juicio político, a la luz del sistema anticorrupción, lo que queda claro es que existe una enorme confusión y desconocimiento de la naturaleza y alcances del juicio político, como un mecanismo de control, de orden político, que tiene el Congreso del Estado para revisar la actuación de un determinado servidor público.

DESAFUERO Y JUICIO POLÍTICO

La Constitución de Oaxaca establece dos vertientes de responsabilidad para los representantes populares. Una es el juicio político, y la segunda es la declaratoria de procedencia. ¿Qué alcances tiene cada una de esas figuras?, ¿Cómo se llevan a cabo esos procedimientos? Y, sobre todo, ¿ante quién se llevan a cabo?

Primero, el artículo 115 de la Constitución estatal dispone que los diputados tienen el carácter de servidores públicos. Luego, el artículo 117 establece que, en base a lo anterior, qué servidores públicos y representantes populares pueden ser sujetos del juicio político —que no es lo mismo que el desafuero—. Y luego establece: “Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su caso inhabilitación para desempeñar sus funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”.

¿Cuándo procede el juicio político? Dice la fracción I del artículo 116 que se llevará a cabo, y se impondrán las sanciones respectivas, “cuando en ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”.

¿Y cómo se desahoga el juicio político? El mismo artículo 117 establece que “el Congreso del Estado integrará una comisión de Diputados (…) la que se encargará de analizar la acusación y que a su vez substanciará el procedimiento respectivo con audiencia del inculpado; para que posteriormente proceda a emitir su dictamen. Conociendo el dictamen el Congreso del Estado erigido en Jurado de Sentencia, aplicará la sanción respectiva mediante resolución de las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado”.

Ahora bien, la segunda vertiente de responsabilidad para los servidores públicos es la declaratoria de procedencia. Esto es lo que comúnmente conocemos como “desafuero”.  ¿Para qué sirve la declaratoria de procedencia? Dice el artículo 118 constitucional local que “para proceder penalmente contra los Diputados al Congreso del Estado (…) por la comisión de delitos (ojo, la “traición al pueblo de Oaxaca” no es un delito, tipificado y sancionado en alguna norma) durante el tiempo de su encargo, la Legislatura declarará, por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado”.

¿Qué significa esto? Que esto, el desafuero, sirve para que el propio Congreso quite la inmunidad constitucional que protege a los legisladores para no ser procesados judicialmente durante su encargo, para que la autoridad pueda proceder en su contra por la comisión de un delito. Sobre esto, dice el sexto párrafo del mismo artículo que “El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal…”.

Al parecer, los diputados locales o confunden sobradamente estas dos figuras, o a partir de una pretenden desaparecer la otra. En realidad, el juicio político no juzga la comisión de faltas administrativas o delitos por parte de los servidores públicos, sino que esencialmente es una sanción política. Ello nada tiene que ver con el sistema anticorrupción, que está enfocado a perseguir los actos que quebranten el orden jurídico justamente por constituir irregularidades administrativas o delitos cometidos en el ejercicio de la función pública.

LEGISLAR BIEN

Lo menos que pueden hacer los diputados, si en realidad pretenden desaparecer el juicio político, es impulsar un debate por separado que el de la derogación de la declaratoria de procedencia. Hasta ahora, todos los diputados que se han referido al tema han demostrado ignorancia e irresponsabilidad. Máxime Eufrosina Mendoza, que debería retirar su dictamen, y elaborar otro que cumpla tanto con lo relativo al desahogo de una iniciativa preferente, como con lo relacionado a la eliminación de figuras. Como está hoy, ese dictamen desaparecería el juicio político sin ningún argumento. Ello, en sí mismo, sería gravísimo para el orden constitucional oaxaqueño. Aún más, cuando esto parece una confusión intencional por parte de los diputados.

En la aprobación del PED, los diputados terminarán violando la ley

PDE

+ Plan Estatal, un documento que técnicamente debe ser reconsiderado


 

Para aprobar el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 del gobierno de Oaxaca, los diputados tendrán que violar la ley. Lo harán, porque cualquiera que sea el camino que tomen para procesar dicho documento, implicará poner en entredicho su propia actuación, así como lo que dictan las leyes que rigen los procesos para la planeación del desarrollo. Basta con hacer un análisis simple para entenderlo.

En efecto, el diputado Carol Antonio Altamirano salió a la escena pública para advertir que si el Ejecutivo mandaba a publicar el Plan Estatal de Desarrollo sin la aprobación del Poder Legislativo, él y otros legisladores presentarían una acción legal para combatir ese acto inconstitucional. Según su razonamiento, al ser facultad expresa del Congreso la autorización del Plan, esto debe ocurrir independientemente de que se actualicen o no algunos supuestos establecidos en la Ley Estatal de Planeación respecto a la forma en que dicho documento debe ser presentado al Congreso para que sus integrantes tengan la posibilidad de hacer observaciones.

Aunque por un sentido simple de jerarquías normativas pareciera que el Legislador tiene razón, lo cierto es que ninguno de sus argumentos logra ser lo suficientemente convincente de cara al funcionamiento del sistema de frenos y contrapesos que determina al sistema jurídico y político mexicano, y lo que parece es que a estas alturas, independientemente de la forma en cómo se resuelva este embrollo, de todos modos habrá violaciones legales. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, el diputado Antonio tiene razón al decir que es facultad expresa del Congreso expedir el PED, y que por eso debe hacerlo independientemente de las circunstancias. Para fundamentar sus afirmaciones, éste se ha referido a la fracción LXV del artículo 59 de la Constitución del Estado, que establece que es facultad del Congreso la autorización del Plan Estatal de Desarrollo. Dice, además, que a partir del establecimiento de esa facultad, la aprobación del Plan debe ocurrir mediante un acto legislativo y no mediante un acuerdo administrativo como ocurría antes. Y por eso, dice que debe ser el Congreso y no el Ejecutivo quien mande a publicar el PED.

¿De dónde nace la posibilidad de que el PED sea mandado a publicar por el Ejecutivo? Surge, en realidad, de la incapacidad de los diputados para cumplir con lo que establece la Ley Estatal de Planeación, respecto al proceso en el que la propuesta del PED debe ser sometida a la consideración del Congreso, para que éste emita las observaciones que considere pertinentes, y finalmente autorice el plan.

En esa lógica, la Ley Estatal de Planeación establece que el Ejecutivo, a través de Coplade, debe entregar el PED a más tardar al cumplirse seis meses de haber tomado posesión. Luego señala (artículo 34) que el Congreso, en un plazo que no excederá de sesenta días naturales contados a partir de su recepción, podrá emitir un acuerdo económico que contenga las opiniones respecto a dicho plan o bien a su actualización o sustitución; al término de este periodo, sin haber emitido el acuerdo económico de referencia, se entenderá que el Congreso no tuvo consideraciones que hacer al PED o a sus actualizaciones, por lo que será publicado en los términos que señala esta Ley. Y luego, ese mismo artículo dispone: “Con base en las opiniones emitidas por el Congreso, si las hubiera, el Titular del Poder Ejecutivo dará contestación a las mismas por escrito, justificando sus determinaciones finales y realizará, en su caso, las adecuaciones que considere pertinentes, previo a su publicación.”

¿Qué ocurrió en realidad? Que, efectivamente, el Ejecutivo entregó el PED al Congreso en el último día que tenía de plazo para hacerlo. Esto ocurrió el 31 de mayo pasado. A partir de entonces, el Congreso tenía 60 días naturales para emitir un acuerdo con las opiniones sobre el documento.

No lo hizo, a pesar de que varios diputados sí presentaron individualmente observaciones. Pero lo que no ocurrió fue el consenso para la emisión del acuerdo económico que establece la Ley. Como eso no pasó, y el plazo para hacerlo venció el pasado 1 de agosto, entonces se incurrió en la figura de la positiva ficta. Es decir, que el silencio del Legislativo convalidó la propuesta del Ejecutivo, que ahora está en facultad de mandar a publicar el PED tal y como lo presentó, al no haber un documento formal con las observaciones del Legislativo.

ROMPERÁN LA LEY

En su insistencia, Carol Antonio Altamirano dice que la ley secundaria no está por encima de la facultad del Congreso establecida en la Constitución para autorizar el PED. El problema y la disposición constitucional que quizá no vio, es aquella en la que la Constitución le ordena al Legislativo observar las disposiciones de la Ley Estatal de Planeación, en la participación que debe tener dentro del Sistema de Planeación Democrática. Esto se encuentra en el último párrafo del artículo 20 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.

Así, si el propio diputado Carol Antonio dice que nada está por encima de la Constitución, lo cierto es que uno de los muchos que están sometidos a ella es el Congreso del Estado que, como lo dice la disposición antes mencionada, en materia de planeación del desarrollo no tiene facultades lisas y llanas, sino atribuciones delineadas por lo que dice la ley que reglamenta dicho proceso. Por eso, de entrada se equivoca cuando dice que, al margen de la circunstancia, el PED debe ser autorizado por el Legislativo.

El problema es que en esto, ya todos juntos se metieron en un callejón sin salida: por un lado, el Ejecutivo está en entredicho por la posibilidad de mandar a publicar el PED con base en las disposiciones de la Ley Estatal de Planeación, y entonces marginar al Poder Legislativo de dicho procedimiento. Ello ocurriría, sin embargo, a partir del razonamiento simple de que así como la ley no puede establecer facultades ilimitadas o carentes de reglamentación cuando se trata de procesos, también lo es que la ley siempre debe prever supuestos alternativos para evitar la parálisis institucional en cualquiera de sus formas. Para eso justamente, fue ideado el sistema de frenos y contrapesos. No obstante, podría mandar a publicar el PED sin satisfacer lo que dice el artículo 59 constitucional sobre la facultad legislativa de autorizarlo.

Ahora bien, puede también ocurrir que por una cuestión de forma, o de capricho, decidan que el PED será aprobado por el Legislativo a pesar de que está fuera de tiempo. Pueden decidirlo incluso como parte de una formalidad o solemnidad para no dejar un precedente de que por incapaz, el Legislativo no aprobó el Plan y el Ejecutivo lo mandó a publicar con base en una afirmativa ficta. El problema, en tal caso, es que entonces lo estarían haciendo como una demostración de que las reglas del sistema de planeación para el desarrollo, pueden ser burladas según la conveniencia política.

UN TRAJE A LA MEDIDA

Una última posibilidad radicaría en que antes de aprobar el PED modifiquen la Ley Estatal de Planeación para adecuar los supuestos a las circunstancias actuales. Ello implicaría la legalización y la legitimación de este desastre. Por eso se afirmaba desde el inicio que, al final, independientemente de la forma en que lo hagan, el Plan saldrá violando alguna de las leyes que rigen su formulación. Menudo precedente para el ya de por sí cuestionado Estado de Derecho en Oaxaca.

En Oaxaca casi nadie entendió la responsabilidad de la reelección consecutiva

Diputados

+ Alcaldes y diputados, en su mayoría serán reprobados por abulia y frivolidades


 

La elección del año próximo será atípica respecto a todo lo que conocemos, porque será la primera vez que los legisladores y concejales tendrán la posibilidad de reelegirse. Esta situación tendrá su propio impacto, aunque lo cierto es que hasta ahora no se tienen grandes expectativas de la reciente apertura constitucional a la reelección consecutiva de diputados y autoridades municipales. Esa disposición fue añadida a la Constitución para promover la productividad y la responsabilidad entre los alcaldes y legisladores, que de entre toda la clase política son quienes tienen de la peor fama. El problema es que ni eso los alentó a ser mejores.

En efecto, uno de los cambios más trascendentales de la reforma constitucional en materia político-electoral publicada en mayo de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, establece que los diputados de las entidades federativas pueden reelegirse consecutivamente hasta por cuatro ocasiones. Esta fue una de las decisiones más polémicas porque confrontó a los partidos y a los representantes populares, al dilema histórico de revisar el tema de la no reelección en México, que es uno de los grandes tabúes de nuestro sistema político por los problemas que provocó en el pasado. Quienes se negaban decían que eso era abrir las puertas a las tentaciones presidenciales rumbo a la reelección. Y quienes lo apoyaron sostuvieron —según— que ese era el mecanismo idóneo para revitalizar a los Congresos.

Dentro de la misma reforma, se estableció que las entidades federativas debían armonizar sus respectivas constituciones para establecer la reelección consecutiva de legisladores y autoridades municipales hasta por un máximo de cuatro periodos. Oaxaca armonizó en la Legislatura pasada la Constitución local, y por esa razón quedó establecido que a partir de la LXIII Legislatura, los legisladores integrantes podrían acceder al mecanismo de la reelección, y que también a partir de entonces los concejales podrían tener la posibilidad de buscar ser convalidados en sus cargos por el voto ciudadano de forma consecutiva.

En ese panorama, lo que parece es que, en lo ortodoxo, ambas posturas tienen sus razones sólidas: los anti reeleccionistas sostienen que no había razones para repensar esas figuras en un país que busca avanzar hacia una democracia rotativa y participativa; quienes están a favor, dicen que ese es el mecanismo idóneo para eliminar el “cheque en blanco” que cada tres años les hemos entregado a nuestros legisladores locales y federales para que hagan lo que quieran con el fuero —figura constitucional en vías de extinción, con todos sus asegunes—, con el cargo y con sus privilegios, sin que al final tengan que rendirle cuentas a alguien o demostrar trabajo o responsabilidad e interés por el deber que les fue conferido. En ese sentido, también parecen tener razón. Sin embargo hay más aristas que deben ser también analizadas.

Esto porque en un primer momento es claro que hoy como nunca los diputados locales y federales, y los senadores, son símbolo y representación de los intereses de sus partidos y de las cúpulas a las que representan, antes que de la ciudadanía. En su mayoría, los diputados que fueron a una elección abierta y ganaron terminan convirtiéndose en “borregos” de las cúpulas, que en la gran mayoría de los casos están integradas por los legisladores de representación proporcional, que a su vez simbolizan a sus cúpulas partidistas, aunque no necesariamente para defender y preservar los principios del partido político que los postuló, o a la ciudadanía.

En este sentido, con el hecho de que a los diputados y senadores no se les permita la reelección abre el espacio para que hagan lo que les venga en gana, pues durante el tiempo de su encargo no existe un solo mecanismo para que la ciudadanía los llame a cuentas o pueda reprenderlos por su falta de actividad; y cuando están a punto de terminar su gestión, tampoco. Es decir, que como no pueden volver a aspirar a ser diputados en el futuro inmediato, entonces no hay aliciente alguno para que se esmeren en el trabajo legislativo, y entregando buenas cuentas a sus electores puedan aspirar a ser ratificados en el cargo.

NADIE ENTENDIÓ

En Oaxaca hubo la idea el año pasado de que tanto los diputados locales como las autoridades municipales plantearían sus respectivas gestiones con miras a dos periodos, o más. El hecho de que este periodo actual de los diputados locales y los alcaldes fuera de dos años, con el aliciente de la reelección consecutiva, generaba la expectativa de que unos y otros buscarían extender sus mandatos, por lo menos de dos a cinco años abarcando dos periodos. Pero todo ha sido un fiasco.

Acaso, el que más habló de eso en su momento fue José Antonio Hernández Fraguas en Oaxaca de Juárez. Según sus cálculos, él haría un gobierno con miras para convertirse en una gestión extendida de cinco años, a partir de la eficacia que dijo que demostraría en este primer periodo de dos años. El problema es que hasta ahora todos han sido fracasos, que han ido de lo importante a lo intrascendente, pero que sí han demostrado que en realidad no tenía ni la capacidad política ni el proyecto sustentado para conseguirlo. Por eso la ciudad ha padecido de manera importante, y por mucho, el gobierno municipal ha contado más escándalos y fracasos, que posibilidades de consolidar una gestión responsable que pudiera generar confianza en la ciudadanía para refrendarles su voto para un segundo periodo.

Lo mismo le ha pasado a otros alcaldes como Raúl Cruz González de Santa Lucía del Camino, Emanuel Alejandro López Jarquín de Santa Cruz Xoxocotlán, y otros que han intentado hacer gestiones en apariencia más sensibles y cercanas con la ciudadanía, pero sin lograr resultados tangibles. En Santa Lucía del Camino, Cruz González ha tratado de acercarse a la ciudadanía, pero no ha logrado hacer nada relevante con los temas torales de aquella comunidad. Temas como la delincuencia organizada, la abundancia de giros negros, y los conocidos abusos de sus corporaciones policiacas, además de la forma poco ortodoxa en el cobro de impuestos, han sido pendientes que los electores de aquella demarcación le siguen reclamando a su munícipe.

En el caso de Xoxocotlán, las cosas son más o menos similares. López Jarquín ha gastado cantidades millonarias en la promoción de su imagen, pero en realidad no ha hecho lo suficiente para resolver ni los problemas básicos de aquella comunidad. El paso de Oaxaca de Juárez a Xoxocotlán permite ver el descuido o la incapacidad de la autoridad municipal para enfrentar responsabilidades tan básicas como los baches o la delincuencia común.

Esa misma incapacidad se nota, exacerbada, en la mayoría de los legisladores. Muy pocos de ellos han entendido que las cosas no pueden seguir teniendo las inercias de siempre, para plantear su representación popular con un sentido más ciudadano. No lo han hecho. Y por eso, aún cuando haya quienes intenten reelegirse en sus comunidades, nada garantiza que puedan lograrlo. La mayoría de ellos se entregaron a las frivolidades propias de los cargos legislativos, o a asumir la comodidad de los diputados a la antigua, que no se sentían evaluados por nadie. En esas condiciones, quién sabe qué destino tenga la reelección consecutiva en un escenario en el que nadie ha asumido la responsabilidad y la trascendencia de esa figura.

CONTRASTES

A propósito de la unción de Alejandro Avilés como delegado de Sedesol, vale la pena el contraste: Raúl Bolaños Cacho Cué, el secretario más joven de la administración estatal, ha sido uno de los funcionarios más disciplinados y cuidadosos en su conducción personal e institucional, y es quien más ha recorrido la entidad cumpliendo con las responsabilidades encomendadas por el Gobernador del Estado. El contraste, abismal, lo tiene con Avilés que no puede decir lo mismo en ninguno de los rubros anteriores, independientemente de su turbio historial como dirigente político. Sustantivas diferencias que serán determinantes en 2018, para esos dos personajes que —dicen— aspiran al mismo escaño en la cámara alta. Sólo será cuestión de tiempo para corroborarlo.

Con Avilés queda demostrado que en Oaxaca sí se premian los excesos

Aviles

+ No es buena noticia su arribo a delegación de Sedesol; pago, ¿a qué?


Ayer finalmente se consumó el arribo del ex titular de la Secretaría General de Gobierno en la entidad, Alejandro Avilés Álvarez, a la delegación en la entidad de la Secretaría de Desarrollo Social. Esto ocurrió —aparentemente— como una forma de resarcimiento luego de su cese como funcionario estatal por el uso indebido de una aeronave gubernamental para fines particulares. Públicamente, nunca se aclaró la dimensión de ese acto indebido, ni tampoco de los resultados de la investigación administrativa que se prometió a la ciudadanía sobre el hecho. A pesar de todo, Avilés regresa a la función pública, ahora como funcionario federal, a pesar del negro historial que arrastra tanto en la función pública como en su actividad como líder legislativo y partidista.

En efecto, la asunción del nuevo Titular de la Delegación de la Sedesol en la entidad fue un acto político. A él acudió toda la clase política estatal que vio el regreso triunfante de quien hace apenas tres meses era símbolo de los excesos. Quién sabe de qué tamaño será el acuerdo o los débitos políticos que el régimen tiene con Alejandro Avilés, que a pesar no sólo del escándalo por el uso del helicóptero, sino de todo su historial político, fue revivido políticamente para asumir la representación de una de las delegaciones federales más importantes de la entidad.

Esta, de hecho, no debería ser una buena noticia para Oaxaca, ya que si se atiene a los antecedentes políticos de Avilés en la entidad, lo único esperable es que, por un lado, todos los beneficios sociales que otorga el Estado mexicano a través de la Sedesol quedaran nuevamente sujetos a los condicionamientos y las transacciones que son ampliamente conocidas como prácticas comunes de Avilés para hacerse de recursos; y que, por el otro, hubiera un manejo abiertamente político-electoral de los recursos destinados a los programas sociales federales.

En cualquiera de los supuestos, la situación es escandalosa. A Avilés no se le conocen dotes de destacado servidor público; tampoco se le conoce ascendencia académica, social o intelectual como para suponer que tiene alguna posibilidad de incidir en la política social del país aplicada a Oaxaca; mucho menos se le conocen antecedentes de sensibilidad social o política, como para asegurar que ha ayudado desinteresadamente a los sectores vulnerables, o que cuenta con trabajo social de bases. En esencia, Avilés ha sido un operador político que ha aprovechado cada una de las circunstancias políticas que ha tenido para sacar un provecho, tanto a nivel personal como para su partido, en ese orden.

Por esa razón no deja de ser una interrogante la motivación de la Secretaría de Gobernación, y de la de Desarrollo Social, para haber impulsado y autorizado su nombramiento como nuevo delegado de la Sedesol en la entidad; y tampoco cuáles fueron los motivos del gobierno de Oaxaca para impulsar y permitir su reincorporación a la vida pública estatal, cuando es perfectamente sabido que él no cuenta con ninguna experiencia ni ascendencia administrativa, y que sus únicos antecedentes son como operador electoral, en un contexto en el que ahora más que nunca se le cuestiona al gobierno federal de utilizar los recursos públicos con fines electorales.

PERSONAJE CONOCIDO

Las dudas sobre sus sucesivos nombramientos han sido ampliamente señaladas en este espacio. El 29 de junio señalamos en esta columna, que no parecían ser suficientes todos los negativos políticos con los que cargaba, y tampoco parecieron ser suficiente las muestras de opacidad toleradas en el Congreso durante el periodo trianual en el que, independientemente de las posiciones orgánicas, él fue el verdadero líder cameral. Durante la LXII Legislatura, fue escandalosa la forma en la que se administraron los recursos del Congreso del Estado; además, la Junta de Coordinación Política —que siempre estuvo bajo su potestad— nunca permitió la realización de auditorías y, al contrario, sistemáticamente bloqueó cualquier intento por transparentar la utilización de los recursos que les eran transferidos.

Asimismo, fueron ampliamente conocidos y documentados los mecanismos a través de los cuales se transferían recursos económicos, en efectivo y en especie, para que cada diputado hiciera labores de gestión legislativa con total opacidad; y cómo todos juntos se dedicaron a sangrar al presupuesto estatal a través de la realización de obra pública en los municipios que nadie sabía cómo era adjudicada, cuáles eran sus costos reales y quiénes sus beneficiarios de fondo.

Si todo eso fue lo que hizo Avilés en el tiempo que fue diputado y coordinador de la fracción priista en la LXII Legislatura, las cosas no cambiaron mucho durante su efímero paso por la Secretaría General de Gobierno.

Ahí, dos temas fueron particularmente ruidosos: primero, el afán que tuvo por mantener el control en el nombramiento y control político de los administradores municipales —a partir de la vieja práctica de nombrarlos, primero por los diputados y ahora por la Secretaría General de Gobierno, para luego pedirle ‘moches’ extraídos de los recursos del municipio adjudicado, para comprar la protección y el respaldo político para no ser removido de la administración municipal— aún contraviniendo las indicaciones del Titular del Poder Ejecutivo de que todos los administradores durarían en su cargo sólo el tiempo indispensable para el establecimiento de condiciones de gobernabilidad para la realización de elecciones, sin acceder ni administrar recursos municipales.

Y segundo: la utilización discrecional que desde su primer día como Secretario, hizo de los recursos de la Segego. De hecho, menos de una semana antes de ser removido por el escándalo por la utilización de un helicóptero oficial para la transportación de su hijo a un destino vacacional, se habían hecho públicas listas que detallaban el uso de recursos públicos para temas como el equipamiento de sus negocios personales, pagos sin sustento a particulares, y otros rubros que además nunca fueron explicados.

Incluso, en aquella ocasión dijimos que en esa idea del “PRI renovado” que muchos intentan impulsar para lavarle un poco la cara a su partido frente a la abrumadora realidad, ¿cómo podría encajar un candidato como Avilés, que carga con uno de los pasados y presentes más cuestionables de la clase política estatal? ¿Esa sería una demostración de que los excesos y los actos indebidos se perdonan, y hasta se premian? ¿Cómo pensarían sostener la idea de un “nuevo PRI”, pero que pondera los acuerdos entre grupúsculos por encima del deber mínimo de ofrecerle a la ciudadanía candidatos presentables y medianamente honorables? Incluso, ¿cómo hacer una comparación entre Avilés y Martín Vásquez Villanueva, sobre quién aún pesan innumerables interrogantes sobre su gestión como titular de los Servicios de Salud de Oaxaca en el periodo del gobernador también priista, Ulises Ruiz?

FUTURO DESALENTADOR

En aquella entrega del 29 de junio nos hacíamos una pregunta que ahora cobra particular valor moral y político en el contexto de crisis que vive Oaxaca y el país, y que se agrava con gente como el nuevo delegado federal: ¿de veras vale tanto políticamente Avilés, como para que el Gobernador se juegue su propio futuro político con él, o con cualquier otro de los impresentables que día y noche ambicionan con seguir siendo candidatos a algo, o cuando menos aprovechándose de cualquier circunstancia favorable —para ellos— que esté a su alcance?

La ‘productividad’ de los diputados debe dejar de ser medida por sus iniciativas

Sesion

+ El Congreso de Oaxaca se resiste a la fiscalización y a mecanismos de eficiencia


 

Los ciudadanos y nuestros legisladores, vivimos en mundos paralelos pero opuestos. Nosotros, la gente de a pie, pensamos que en general la actividad de nuestros legisladores es demasiado onerosa y muy poco productiva, frente al cúmulo de problemas que existen en la entidad. Pero en su mayoría, los legisladores asumen que la demostración —y la justificación— de su eficiencia se basa en el número de iniciativas que presentan; y por eso, hay muchos diputados que enferman de “iniciativitis” durante todo su periodo; hay algunos otros que no se preocupan ni por presentar iniciativas; y, los menos, son los que verdaderamente se enfocan en proyectos de fondo para dar por lo menos un resultado positivo a la ciudadanía. Y en medio de eso, hay incontables resistencias que deberían terminarse.

En efecto, al hacerse un acumulado de los recursos públicos que se han gastado —porque esa, evidentemente, no ha sido una inversión— en las últimas tres Legislaturas en Oaxaca, veremos que la cifra es verdaderamente escandalosa. En promedio, los diputados han ejercido alrededor de 700 millones de pesos anuales, que multiplicado por los años que comprende el periodo antes mencionado, da como resultado una cifra estratosférica que, esencialmente, no corresponde al nivel de improductividad e ineficiencia que los diputados han demostrado ante la ciudadanía.

El problema de eso, de entrada, es que en realidad entre la gran mayoría de los legisladores no existe la autocrítica. Por un lado, algunos de ellos están convencidos de que la política tiene sus propias circunstancias —la pluralidad, entre ellas— que hace compleja la posibilidad de alcanzar acuerdos consensados, y que esa es una situación de hecho que entorpece la posibilidad de un trabajo legislativo más fluido. Por eso, de acuerdo con esa visión, la ciudadanía debe agradecer que a pesar de las circunstancias haya ciertos resultados, y debe entender que la aparente situación de improductividad es producto de una circunstancia que no alcanza a ser responsabilidad específica de alguien.

Otra idea que es muy común entre los legisladores, es la de que su productividad únicamente debe ser medidas en términos cuantitativos. Basta con ver la enorme cantidad de iniciativas que los diputados y las fracciones parlamentarias presentan en cada sesión, y que se turnan a comisiones para ahí tener un destino incierto.

En la gran mayoría de los casos, lo que los diputados buscan es ganar el reflector momentáneo de tener una iniciativa que presentar y por la cual subir a la tribuna legislativa, pero lo hacen sin ninguna convicción y sin ningún interés por darle seguimiento a las propuestas. En realidad, lo único que casi todos pretenden ganar es la titularidad en el record de iniciativas presentadas, aunque en realidad éstas no sirvan para nada porque nadie les da un seguimiento específico ni promueve el trabajo en comisiones.

Incluso, en el Congreso del Estado existe un enorme descontrol sobre las iniciativas que se encuentran archivadas, porque a pesar de que el Reglamento Interno del Congreso del Estado establece los casos en que se deben dar por precluidas las iniciativas presentadas por los diputados, al término de la Legislatura, lo cierto es que existe tal desorden en ese rubro que en apariencia se mantienen “en estudio” iniciativas que fueron presentadas hace dos o tres legislaturas, o las propuestas se “enciman” de Legislatura en Legislatura, porque los diputados de las posteriores reciclan los proyectos de ley de sus antecesores para volverlos a presentar como novedosos, cuando existen iniciativas idénticas en las comisiones legislativas ya que nunca se declaran esos asuntos como definitivamente concluidos, en los términos que señala la ley.

RESISTENCIAS

Si ya es un problema que los diputados asuman que con presentar muchas iniciativas —la mayoría de ellas, inútiles— ya son en automático muy productivos, lo que resulta igualmente alarmante es que en el Congreso del Estado no existan mecanismos de rendición de cuentas sobre el trabajo legislativo, y que tampoco exista preocupación alguna sobre la profesionalización sobre el trabajo técnico de la labor legislativa. Esos, que son temas tabú en el Congreso, podrían abordarse de una forma relativamente sencilla, pero no se hace porque nadie quiere asumir la responsabilidad de evidenciarse en los verdaderos alcances de su pingüe trabajo legislativo.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, la ya tradicionalmente inservible página web del Congreso del Estado no sólo no cumple ni con los estándares mínimos que requiere la Ley de Transparencia, sino que tampoco existe proyecto alguno para mejorarla o adecuarla a estándares mayores. Por ejemplo, es casi imposible saber si el compendio de leyes y reglamentos estatales contenidos en su página web, contiene las versiones más actualizadas según las resoluciones legislativas y las publicaciones en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado. Como no hay certeza alguna de que esto es así, entonces todo el público usuario debe conformarse con confiar en que las normas publicadas en la página web del Congreso son las vigentes, y nada más.

Evidentemente, si respecto a algo tan simple como eso el Congreso no puede ofrecer certeza, ya sería mucho pedirle que también publicara el contenido de las iniciativas que por montones presentan los diputados en cada sesión, al menos para que los ciudadanos tuviéramos la posibilidad de conocer exactamente qué están proponiendo, cuándo lo hicieron, bajo qué condiciones y con qué alcances.

Nada de eso ocurre. Por eso, cuando algún particular desea analizar alguna iniciativa o propuesta, debe cumplir con una serie de requisitos burocráticos para acceder a la información, cuando lo que en realidad debería ocurrir es que esa información de oficio tendría que estar puesta a disposición de la gente,  y debería ser publicada de la forma en que su acceso fuera lo más sencillo posible. Pero los diputados no quieren hacer eso, y por esa misma razón también esconden el trabajo legislativo en comisiones que la mayoría de ellos nunca realiza personalmente, y todo se limitan a hacerlo mediante actas llenadas y cuidadas por sus secretarios técnicos para no evidenciar la indolencia de los legisladores.

Al final, otro tema que debería ser analizado y abordado con más seriedad, es la de la profesionalización de los llamados “asesores legislativos”. El esquema actual es totalmente discrecional. Por eso, hay legisladores que sí se preocupan por contratar al personal adecuado para cumplir con las cuestiones técnico jurídicas que requiere el trabajo legislativo. Pero como para eso no existe ninguna regla, también hay diputados que contratan a sus amigos, a sus novias, o a sus compromisos políticos; y eso explica por qué hay diputados que durante toda la Legislatura tienen un trabajo escasísimo hasta en lo referente a las iniciativas de ley, y ha llegado a haber casos en los que hay legisladores que durante todo su periodo nunca suben a tribuna ni presentan iniciativa alguna.

LES VALE

Incluso, se pensaba que la apertura a la reelección consecutiva de diputados, los impulsaría a hacer un trabajo más apegado a la gente, como una demostración de eficacia para luego estar legitimados para pedir el refrendo del voto para un nuevo periodo. Pero ni así. La mayoría de los diputados evade sus responsabilidades y sigue asumiendo que el mandato legislativo fue un cheque en blanco que no se debe convalidar con nada, y menos con trabajo.

Fiscalización: los diputados deben demostrar convicción por fortalecerla

Auditor

+ La ASE es un ente débil; en esas condiciones nunca podrá dar resultados


Uno de los temas que cobrará mayor relevancia una vez que se discuta formalmente el paquete de reformas que completará el marco jurídico del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es el del fortalecimiento a las capacidades institucionales para la fiscalización. Los diputados locales podrán decir misa, pero en las condiciones actuales es imposible que la Auditoría Superior del Estado (ASE) tenga más alcances de los que hasta ahora se ha demostrado. Por eso, al margen de nombres y circunstancias políticas, lo que le vendría muy bien a Oaxaca es el fortalecimiento de la fiscalización, como una demostración de que en el Congreso toman en serio el combate a la corrupción y a la impunidad, y de que están dispuestos a dejar de ser cómplices y alcahuetes de los actos de corrupción.

En efecto, como institución, la Auditoría Superior del Estado enfrenta grandes problemas, siendo el presupuestal el mayor de ellos. Como es sabido, la ASE ha enfrentado reducciones y regateos presupuestales sostenidos por parte de los diputados, quienes a pesar de sostener en el discurso político que ellos son aliados de la legalidad y de la rendición de cuentas, en los hechos han mermado de forma profunda los alcances del órgano de fiscalización superior, al rehusarse a incrementar los recursos económicos de la Auditoría, como una forma de fortalecer no a su titular, sino los hasta ahora muy limitados alcances de revisión que tiene.

El asunto no es menor. La Auditoría Superior de Oaxaca es el órgano fiscalizador que tiene más entes auditables en todo el país (alrededor de 630), y ya de por sí era la auditoría de una entidad federativa que tenía menos presupuesto —antes incluso de que en 2014 le redujeran otros 18 millones de pesos a su presupuesto para la creación de un elefante blanco legislativo denominado Órgano Técnico de Fiscalización, que depende de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoría Superior del Congreso del Estado—; la ASE tiene menos de cien auditores —lo cual haría, en el mejor de los casos, seis auditorías por cada servidor público, y cada una de las revisiones lleva por lo menos dos meses de trabajo— y cada uno de ellos gana menos de 10 mil pesos al mes.

Sin justificar una conducta indebida, pensemos: ¿cómo suponer que un auditor estatal habrá de resistirse a la tentación de incurrir en un acto de corrupción (extorsionar a una autoridad municipal con problemas de comprobación, por ejemplo; o simplemente dejarse corromper por un edil que, además, si ha robado, tiene dinero suficiente para su “defensa”) cuando su salario lo pone en una situación que prácticamente lo invita a incurrir en ese tipo de conductas?

Por eso, a nadie debiera sorprenderle cuando el propio auditor Carlos Altamirano sostiene públicamente que cada año sólo puede auditar a alrededor de los 70 de los 570 ayuntamientos que tiene la entidad, y que por eso sean también las revisiones a las entidades del gobierno estatal sean aleatorias y por muestras, dada su enorme incapacidad técnica para llevar a cabo más revisiones.

Es, en el fondo, la muestra de que la impunidad está sostenida desde el propio Congreso del Estado, que ni ha hecho una Auditoría fuerte, ni ha generado las condiciones para que los servidores públicos le teman de verdad a una revisión de su ejercicio, y tampoco ha demostrado con hechos tangibles su supuesta convicción por la legalidad y la rendición de cuentas, incluso en estos tiempos en los que ha quedado demostrado que uno de los asuntos que más agravia a la ciudadanía es justamente la excesiva tolerancia del Estado a los actos de corrupción que cometen sus funcionarios, en colusión con particulares que alientan, toleran o permiten esos actos indebidos.

AUDITORES EXTERNOS

Una de las propuestas que el Congreso del Estado deberá valorar con seriedad y determinación, si es que ahora sí tiene la voluntad por fortalecer las capacidades institucionales de la Auditoría Superior, y convertirla en un órgano de revisión digno y decoroso que sea útil para el funcionamiento del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, es la de integrar en las reformas a la Ley de Fiscalización Superior que realicen próximamente, la posibilidad de que despachos externos contribuyan a las funciones de auditoría que debe realizar la ASE, pero que por su reducida capacidad instalada no puede realizar en todos los entes susceptibles de auditoría.

Ese mecanismo de revisión, planteado técnicamente por el sub auditor Ramón Icazbalceta Carrete, ya se utiliza en otras entidades del país, y tiene un funcionamiento práctico que multiplica las capacidades de fiscalización: a través de despachos especializados y certificados en auditoría, los propios Ayuntamientos contratan y pagan la dictaminación de sus estados financieros —en este caso, de su Cuenta Pública—, en la misma forma en que las personas físicas y morales contratan a un contador público certificado como auditor, para que elabore los estados financieros de su actividad económica o empresa, y al hacer la dictaminación de los mismos, el contador auditor es corresponsable de lo que ahí se asienta.

En términos contables, los estados financieros elaborados por un auditor certificado tienen plena validez frente a terceros, porque es corresponsabilidad del propio auditor establecer la situación que guardan las finanzas que revisa, bajo la posibilidad de que al no dictaminar correctamente corra el riesgo de perder su certificación o patente para realizar ese tipo de actividades. Por eso, cuando se trata de estados financieros, difícilmente un contador público se presta a asentar datos falsos o inexactos, ya que lo que está de por medio es su prestigio, su reputación, y su actividad profesional.

De este modo, en algunas entidades del país ya se utiliza la figura de los despachos externos coadyuvantes a la Auditoría Superior. Éstos realizan la auditoría y ponen los resultados a disposición de la ASE, evitándose así todo el trabajo de gabinete. En Oaxaca esa posibilidad potenciaría los alcances de la Auditoría ya que nuestra entidad es la que tiene la mayor cantidad de entes auditables del país, y —como se estableció en líneas anteriores— la ASE es el órgano de fiscalización presupuestal y técnicamente más débil de todo el país.

Al final, en cuestiones como esa se verá si en realidad los diputados locales de la LXIII Legislatura tienen convicción por fortalecer las tareas de fiscalización superior, o si sólo están buscando repetir grosero el “quítate tú, para que me ponga yo” que dentro de poco consumarán respecto a la posición de Carlos Altamirano Toledo. En el fondo, si no demuestran esa voluntad ajustando la ley y dotándola de mayores recursos, todos terminarán pagando el costo social y político de no fortalecer a la ASE y a los demás órganos que participarán en las tareas propias del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción.

PRÓXIMAS CONVULSIONES

Aseguran que no pasará mucho tiempo antes de que los sindicatos universitarios comiencen nuevamente a movilizarse, ahora para defender el viejo privilegio de tener espacios de ingreso para diversas escuelas y facultades, los cuales comercializan de forma pública como si ello fuera una mercancía. Ello se potencializa en facultades como la de Medicina, en donde un ingreso puede llegar a cotizarse en cantidades de seis cifras. Si de verdad la administración universitaria logra erradicar esa práctica, habrá dado un paso importante aún cuando eso genere inestabilidad de quienes no quieren perder el coto económico de esa práctica inadmisible, pero por demás común en la UABJO.

Debe haber rendición de cuentas en el Congreso… y también legitimidad en la ASE

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+ Opacidad, signo de los tiempos de partidocracia legislativa (que está agotándose)


En la misma medida en que debe haber un Congreso materialmente auditable y con posibilidades de demostrar que rinde cuentas sobre los recursos que ejerce, debe haber un órgano de fiscalización superior que tenga capacidades comprobables de autonomía y legitimidad. No existe lo primero, como tampoco existe lo segundo. Por eso, en el cambio de paradigma sobre la transparencia y el combate a la corrupción, debe haber una transformación profunda de la forma en que se desenvuelven el Congreso y la ASE, cada uno en su respectivo ámbito.

En efecto, de acuerdo con una nota publicada por TIEMPO en su edición de ayer jueves, el Titular de la Auditoría Superior del Estado, Carlos Altamirano Toledo señalaba que los 42 diputados que integran el Congreso local se distribuyen 700 millones de pesos al año sin que nadie les pida cuentas o informen a la sociedad en qué y cómo los gastan.

Altamirano Toledo, consideró que se debe iniciar una auditoría al Congreso, pero son los mismos diputados los que autorizan el presupuesto para ello y éste ha sido insuficiente. Señaló que los legisladores gastan enormes sumas de dinero sin rendir cuentas ni permitir la fiscalización respectiva. Dijo también que los legisladores no deberían oponerse a la auditoría, puesto que son recursos públicos y es una exigencia de la sociedad conocer cómo se maneja, y además consideró que el problema no es de leyes, pues la de Oaxaca está considerada como una de las mejores legislaciones del país en materia de auditoría, sin embargo, no se aplica.

Ante ello, habría que desmenuzar un poco las afirmaciones del Titular de la ASE que, además, ocurren en el contexto en el que, paralelamente, se discute en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado la posibilidad de la reintegración del órgano de fiscalización como parte de la reconfiguración de los entes públicos que serán parte del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. Hay que entender, por un lado, las afirmaciones de Altamirano Toledo con relación a la opacidad que priva en el Congreso del Estado; y que, por el otro, esas afirmaciones bien pueden estar ocurriendo en este momento en específico como una forma de presión desde la ASE hacia los diputados, mientras éstos discuten si se reintegra o no dicho órgano.

En el primero de los contextos, habría que entender que en realidad la opacidad legislativa no data de la actual Legislatura, sino que más bien los legisladores locales actuales han continuado con la “tradición” de opacidad que heredaron de las dos legislaturas anteriores, en las que la ASE quedó verdaderamente sometida a las presiones y designios políticos de los anteriores pastores camerales para que no hubiera revisión.

Si hacemos memoria, en la LXI Legislatura se vieron involucrados diputados de varias fracciones parlamentarias —Juan Mendoza del PAN, Francisco García López (actual titular de Sevitra) por el PRI, y Emanuel Alejandro López Jarquín por el PRD— en abultados señalamientos por haber impedido por todos los medios posibles que se auditaran los millonarios recursos que ellos habían ejercido, máxime cuando se comprobó que al menos en el caso de López Jarquín y de García López, habían ocurrido posibles manejos irregulares de recursos que incluso habrían ido a parar a sus cuentas personales. Con todo y las evidencias, ninguno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política en aquella Legislatura se abrieron a las auditorías y más bien prefirieron dejar pasar la crisis a través de pactos políticos con el entonces gobernador Gabino Cué.

Luego vino la LXII Legislatura, que por mucho fue la más escandalosa de todas, y en la que tuvo una activa participación el ex funcionario estatal Alejandro Avilés Álvarez. Fue, de hecho, Avilés, quien manejó la mayor cantidad de recursos discrecionalmente, gracias a que logró dividir a las otras fracciones parlamentarias integrantes de la Jucopo, y con base en ello pudo tener un margen amplísimo para utilizar el presupuesto legislativo discrecionalmente durante los tres años que duró la anterior Legislatura.

Incluso, Carlos Altamirano Toledo tendría también que aclarar una de las tantas historias que vociferaba Avilés, de cuando en particular lo citó en el restaurante de un conocido hotel para decirle, entre insultos y amenazas, que no permitiría que realizara ninguna revisión al Congreso del Estado, a pesar de que desde el inicio de la anterior Legislatura se impulsó un acuerdo del Pleno para solicitar que la ASE llevara a cabo una auditoría, cuestión que como sí reconoce, nunca ocurrió.

ARIETE POLÍTICO

Por el momento en el que ocurren las declaraciones de Carlos Altamirano Toledo, éstas no fueron bien recibidas en el Congreso local. Y no, no se trata de que los diputados se hubieran ‘ofendido’ porque el Auditor haya señalado que ahí se ejercen los recursos con total opacidad —eso todo el mundo lo sabe—, sino más bien porque ello ocurre en un contexto específico en el que parece haber una intención de continuar la disputa retórica entre el anterior régimen y el actual, por las responsabilidades derivadas de posibles actos de corrupción.

En esa lógica, no es casual que esta misma semana hubiera accedido el ex gobernador Gabino Cué a reaparecer en una entrevista con la Agencia Quadratin, para atajar los señalamientos relativos a que en su administración hubo desvíos, y asegurar que finalmente todo quedará aclarado ante las instancias correspondientes.

Una de esas instancias es justamente la que aún encabeza Carlos Altamirano Toledo, y coincidentemente él salió en solitario a dispersar las presiones que vive el anterior régimen, acusando a un tercero —los diputados— de opacidad y corrupción. Por eso, en realidad, Carlos Altamirano parece estar sirviendo más como ariete del régimen para el que trabajó —y que lo puso en la posición política en la que hoy se encuentra—, que como una voz autorizada para hablar sobre rendición de cuentas, antes, ahora o en el futuro.

Al final, lo que queda claro es que en la misma medida en que el Congreso del Estado dé los pasos relativos a la implementación efectiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, debe también abrirse a la rendición de cuentas de su propio ejercicio. Sería ilógico y por demás cuestionable que —como lo ha hecho en los últimos años— siga insistiendo en que la transparencia ocurra, pero sólo en las yuntas de los demás, y que al mismo tiempo siga evadiendo su propia responsabilidad de abrir su ejercicio al escrutinio público y a la fiscalización superior.

Los diputados deben terminar con el régimen de discrecionalidad, con el galopante uso de dinero en efectivo, con los gastos para gestión que nadie sabe bien a bien dónde terminan, y con todas las resistencias ampliamente conocidas relacionadas con la transparencia en su propio ejercicio.

RECONFIGURACIÓN TOTAL

Pero también, la ASE, debe pasar por un proceso de transformación profunda, en el que queden como integrantes sólo los mayores expertos en fiscalización, y se le dé salida a personajes como Altamirano Toledo que sólo se ha dedicado a cuidar su posición, y que, aislado y en solitario, ahora también parece decidido a hacerse parte de las presiones entre grupos políticos.