+ Gobierno y concesionarios unen fuerzas y desmovilizan a los grupos afectados

El campanazo que la semana pasada dieron el gobierno estatal y los concesionarios del transporte urbano sobre el incremento a la tarifa del pasaje, es sólo el anuncio de un conjunto de movimientos que ahora comenzarán a preparar para consumar el alza. Los antecedentes de los últimos incrementos así lo indican; y —por medio de un “incendio controlado” de aparentes inconformidades— están preparando el terreno para que eso ocurra sin oposición alguna de la sociedad afectada.

En efecto, la semana pasada hubo un anuncio por parte de los concesionarios del transporte urbano y sub urbano, en el sentido de que estaban listos para incrementar la tarifa del pasaje en días próximos. Igual que frente a cada movimiento de esa naturaleza, adujeron una serie de circunstancias relacionadas con el incremento al costo del servicio y la atomización de sus utilidades frente al incremento en el costo de los combustibles e insumos.

Este anuncio era, además, el último eslabón en la serie de escaramuzas que han sostenido dos de los grupos de transporte público concesionado durante el presente año, no queda claro si por el control de una de las dos principales líneas camioneras que prestan el servicio en la capital y municipios conurbados, o si por conseguir la mayor injerencia posible en los asuntos del transporte, más allá de lo que la autoridad de papel —Sevitra, que encabeza Francisco García López— puede hacer en estos casos. A las pugnas legales y laborales habidas en meses anteriores al interior de Choferes del Sur, ahora se sumó la decisión unilateral de uno de los grupos —es decir, el grupo detractor a la pro gobiernista Aurora López Acevedo— por impulsar un tema en el que, lamentablemente, al final todos terminarán estando de acuerdo en detrimento del interés de la ciudadanía.

El movimiento dado en este caso por un grupo de concesionarios, ha sido el acostumbrado cuando ya traen entre manos la posibilidad de un incremento: lanzan el llamado al incremento, esperando de antemano que la autoridad lo detenga; luego realizan algunas acciones de presión específicamente en contra de la dependencia estatal encargada de la regulación del transporte público concesionado; y finalmente, en un acuerdo construido desde el inicio, por un lado los concesionarios legitiman su conquista del incremento a la tarifa tras algunas semanas —o meses— de espera; y finalmente la autoridad justifica su determinación de permitir el incremento aduciendo la respuesta política a las presiones y al reconocimiento de la realidad y las condiciones económicas.

El problema, en este caso, es que en esa colusión —que bien puede ser entendida como una complicidad que si bien no rompe la ley, sí viola la equidad en una relación de esta naturaleza— que existe entre los concesionarios y la autoridad del transporte, la ciudadanía queda relegada porque es la única que no tiene relación ni intervención en las decisiones que se toman entre ellos. Queda claro que en ese conjunto de movimientos no aparece por ningún lado la defensa del interés ciudadano y tampoco la consideración a lo que la gente necesita.

Lejos de eso, lo que la autoridad y los concesionarios ofrecen son las mismas mentiras de siempre: además de sus reconocimientos mutuos —las presiones económicas y políticas que los incomodan a ellos—, le dicen permanentemente a la ciudadanía que habrá mejora en el servicio, mejores unidades de transporte, mayor capacitación a los conductores y demás representantes, y una serie de ofrecimientos que en realidad nunca han visto la luz y han servido como meros argumentos que justifican las decisiones tomadas a espaldas de la ciudadanía.

Así, aunque pareciera imposible un acuerdo entre ambos grupos que hoy libran una pugna abierta por el “liderazgo” (si es que se le puede llamar así) entre las empresas y los concesionarios —concretamente, el grupo que aún encabeza Alejandra Gómez Candiani, contra el de su prima, la ex secretaria de Transporte, Aurora López Acevedo, que al amparo del poder busca regresar por sus viejos y cuestionados fueros—, lo cierto es que bien puede ocurrir —y al final así terminará pasando— que puedan construir un acuerdo interlocutorio para beneficio mutuo.

En el fondo, el incremento a la tarifa les cae bien a todos; la autoridad puede terminar diciendo —como siempre lo ha hecho— que el alza era irremediable; y al final, la ciudadanía es quien nuevamente se quedaría desamparada frente a este acuerdo abusivo de autoridades y concesionarios, que sólo es cuestión de tiempo para que se concrete.

LA CIUDADANÍA, SOLA

Cuando ocurrió el último incremento a la tarifa del transporte público —a través de ese mecanismo del aviso previo, la aparente resistencia de la autoridad, y el mutuo acuerdo final para incrementar la tarifa—, una de las cosas que más se comentaban entre los propios concesionarios era que el entonces titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte, Carlos Alberto Moreno Alcántara, había hecho perdediza una cantidad de dinero superior a los dos millones de pesos que habría de ocupar en el pago a los grupos de choque al interior de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, para mantenerlos controlados.

Esta es una vieja estrategia que de alguna forma es equiparable a la caja china, en la que utilizan a algunas de las supuestas organizaciones ciudadanas y estudiantiles para hacer creer a la propia ciudadanía que de todos modos el incremento es irremediable, aún con oposición. Pues en el momento en que se decreta el incremento de la tarifa, los mismos concesionarios buscan a algunos grupos porriles, y les pagan alguna cantidad de dinero para que hagan desmanes que, además, son tolerados por la autoridad estatal. En no pocas ocasiones, incluso les ofrecen algunas unidades viejas y destartaladas, para que esas sean las que destrocen, quemen o vandalicen, y con eso justifiquen las supuestas acciones de resistencia en contra del alza de la tarifa del transporte.

Pues en realidad, la ciudadanía está sola en esta conspiración orquestada por los concesionarios y la autoridad. Está sola porque hace muchísimo tiempo que los grupos más fuertes e influyentes al interior de la Universidad, fueron superados por los grupos porriles que son auténticos mercenarios al servicio de quien mejor les pague.

En otros tiempos, las nutridas y auténticas protestas estudiantiles fueron un verdadero dique en contra del pulpo camionero y la autoridad, porque las movilizaciones eran resultado de verdaderas acciones ciudadanas. Todo eso fue relevado, por un lado, por grupos verdaderamente violentos que responden a intereses económicos para la generación de una apariencia de inconformidad; y en el otro extremo fueron también superados por la complicidad de quienes hoy utilizan esos mecanismos para asestar verdaderos golpes a la lastimada economía familiar. Por eso, en realidad la ciudadanía esta sola frente a los incrementos y es en realidad muy poco lo que pueden hacer para contrarrestarlo.

¿Y LAS VOCES LEGISLATIVAS?

Llama la atención que en todo este embrollo haya también reinado el silencio entre casi todos los diputados. La gran mayoría evadió el tema porque saben que al final terminarán arrollados por los intereses económicos y las conveniencias políticas que están en juego. Incluso, los diputados de Morena que tanto se dijeron en contra del alza del combustible y a favor de la economía familiar, se quedaron callados. El único que protestó fuerte fue el diputado Jesús Romero López, denunciando además las complicidades y el juego perverso sobre este incremento pactado. Con esas actitudes de la mayoría de los diputados, ¿cómo seguirse diciendo “representantes populares”?

+ Acuerdos de diciembre son muy trascendentes para estar sujetos a radicales

Este fin de semana el gobierno de Oaxaca y la Sección 22 del SNTE establecieron acuerdos importantes que lo que buscan es darle estabilidad a sus relaciones y negociaciones del presente año. Para ambos bloques, resulta por demás trascendente defender los acuerdos del siete de diciembre del año pasado. Pero para que eso ocurra era necesario establecer los parámetros de influencia que pueden tener los sectores más radicales del magisterio, al interior de sus órganos de decisión. Por eso, lo establecido el sábado por la dirigencia de la Sección 22 resalta en la consolidación de sus acuerdos.

En efecto, a través de su Secretario de Prensa y Propaganda, la Sección 22 anunció que actuará con “mano firme” contra “aquellos traidores y mercenarios del movimiento que en reiteradas ocasiones han intentado violentar y bloquear los diferentes acuerdos tomados en las asambleas estatales anteriores y la última reciente, en donde con toda puntualidad se ha acordado el cumplimiento de la minuta del 7 de diciembre del 2016, la misma que contempla el tema de regularizados y su certeza laboral a partir del cumplimiento del proceso administrativo, señaló que este grupo de compañeros ha sido utilizado como bandera por los mercenarios y traidores del movimiento a fin de conseguir dividendos económicos”.

Del mismo modo, la Comisión Política de la Sección 22 expresó que “se debe denunciar a todos aquellos dirigentes que impidan o intenten boicotear los acuerdos de asambleas estatales, a aquellos que se movilicen al margen de los acuerdos de las instancias de toma de decisiones y lo más grave, que intenten señalar o afectar a aquellos que han cumplido con la minuta respecto al tema de regularizados, y que amenacen o amedrenten a los compañeros que de manera disciplina a los resolutivos de las asambleas estatales y mesas de trabajo”.

La propia Sección 22 reconoció que sus agremiados que son parte del acuerdo del siete de diciembre del año pasado “asistirán a la ciudad de Puebla para presentar su evaluación que los Acredite como trabajadores con movimiento 95, todos los que asistan a la evaluación estarán siendo respaldados por este movimiento y los niveles serán garantes del cumplimiento de todas las partes”, y exhortó a toda la estructura del Comité Ejecutivo Seccional “a estar vigilantes de denunciar a todo esquirol que se movilice al margen de las instancias de este movimiento”.

¿Por qué es tan importante este reconocimiento expreso al acuerdo del siete de diciembre? Lo es porque, en términos económicos, ese acuerdo tiene gran significado para el propio magisterio primero por el monto económico que representa, pero también por su trascendencia política dentro del movimiento magisterial, porque lo que hicieron tanto la SEP como el IEEPO y la Sección 22, fue avalar un acuerdo —el del siete de diciembre— que tiene un costo anual superior a los mil 200 millones de pesos.

Eso es lo que cuesta la regularización de las más de cuatro mil plazas docentes y administrativas que demandaba la Sección 22, y por eso este acuerdo era también muy importante para la dirigencia magisterial que encabezaba Rubén Núñez Ginez al momento de la firma, y que es lo que ahora está defendiendo el sucesor de Núñez, Eloy López Hernández.

VAN TRAS EL ACUERDO

Este acuerdo, de hecho, es la más importante conquista que la Sección 22 ha conseguido desde que se rompió el diálogo previo a los comicios federales de 2015, cuando Gobernación dio por concluidas las negociaciones de orden político con el magisterio oaxaqueño, y canalizó todas las demandas a la autoridad administrativa en la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, para la SEP y el IEEPO era muy importante avanzar en esta negociación, así tuviera que generar cuatro mil plazas más con cargo al presupuesto educativo federal, y permitir que éstas fueran un logro político de la Sección 22, y no del gobierno de Oaxaca. Esa importancia radicó siempre en el hecho de que asegurar esas plazas significaba, primero, desactivar la principal demanda magisterial de los últimos años; y, segundo, afianzar la realización de los procesos de evaluación, a los que quedarán supeditadas esas nuevas plazas ya regularizadas.

De hecho, si se revisa el pliego de demandas de la Sección 22 en el último año, la regularización de esas más de cuatro mil plazas era la que estaba a la cabeza, de entre todo lo que sí podía ser alcanzable. Es decir, que al margen de las demandas políticas (como la abrogación de la reforma educativa, la libertad de los presos políticos y algunas otras), la exigencia de la regularización de dichos trabajadores es para la 22 oxígeno puro en su necesidad de demostrar que sigue teniendo capacidad para avanzar en sus demandas sustantivas, como las salariales y de condiciones de trabajo de sus agremiados.

Para el IEEPO y la SEP, avanzar en esa negociación era también importante porque lo que han buscado es la implementación gradual de la reforma educativa, y el establecimiento de una relación más civilizada con las secciones integrantes de la Coordinadora. En esencia, eso es lo que explica por qué el acuerdo del siete de diciembre fue tan trascendente; por qué lo llevó de inmediato la dirigencia a su Asamblea Estatal; y por qué, aunque la propuesta fue inicialmente rechazada por la Plenaria del magisterio oaxaqueño en diciembre del año pasado, de todos modos era previsible que al final dicho acuerdo sería confirmado por la Asamblea Estatal y avalado por el Comité Ejecutivo para no poner en riesgo la regularización y la estabilidad laboral de los más de tres mil nuevos integrantes que tiene la Sección 22 gracias al acuerdo.

En esa lógica, queda también claro por qué desde hace por lo menos un mes y medio el gobierno y la Sección 22 han venido trabajando en la construcción de este acuerdo que se concretó el fin de semana. Tenían que construir el acuerdo milimétricamente de tal forma que cuando se diera a conocer, quedara claro que ni el gobierno ni el propio Comité Ejecutivo le darían más cabida ni eco a los grupos radicales que reiteradamente intentaron romper esta importante posibilidad de acuerdo, y que —algunos— lo hicieron como una respuesta de los grupos políticos a los que ellos responden, pero que —otros— lo hicieron porque tienen una especie de convicción por no aceptar ninguna negociación con el gobierno porque para ellos eso significa claudicar en su movimiento y traicionar las causas por las que iniciaron sus movilizaciones.

Esto resulta importante para todos, porque el gobierno de Alejandro Murat debe preparar sus verdaderas baterías de negociación y diálogo rumbo al año próximo, que es de elección presidencial; y para la Sección 22 también era relevante porque al menos en 2017 esto deja prácticamente conjurada la posibilidad de un paro indefinido de labores, y los deja también a salvo en el proceso de acumulación de fuerzas para poder participar políticamente en la elección presidencial del próximo año, a través de sus ya conocidos mecanismos de influencia en los procesos electorales.

¿QUÉ SIGUE?

Administrativamente, continuarán las mesas de trabajo entre el gobierno y la Sección 22, para establecer los “cómos” que le darán contenido y estructura a los acuerdos ya alcanzados. Políticamente, lo que queda es generar las condiciones para que el previsible enrarecimiento que intentarán sembrar los grupos radicales, no merme el delgado equilibrio que está intentando alcanzar la relación gobierno-sindicato en las condiciones actuales.

+ La intención por el retroceso viene desde la reforma en derechos humanos

Apenas se cumplió el primer año de la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, y un peligroso cúmulo de voces se pronuncia reiteradamente a favor de una reforma que frene al sistema de justicia. La razón principal que se esgrime radica en que la modificación del esquema actual es necesaria, a partir de que en el último año se ha incrementado la delincuencia por la laxitud del nuevo sistema de justicia, que permite a los imputados por diversos delitos se les procese en libertad. Esa tentación, que no es nueva, debe ser frenada.

En efecto, hay voces como la del jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, quien tomó la bandera de la contrarreforma en materia penal como propia, a partir del desbordamiento de la delincuencia que había tenido más de una década controlada al menos en la capital del país. Como hoy la comisión de ciertos delitos violentos ha vuelto a florecer en la Ciudad de México, Mancera pareció hallar su justificación idónea en el nuevo sistema de justicia y no en el descontrol operativo que su propio gobierno generó frente a la delincuencia.

En esa lógica, Mancera ha seguido adelante y en el camino ha ganado otras voces que hoy se pronuncian en el mismo sentido. En el primero de los casos, Mancera sostiene que el sistema penal acusatorio “tiene bondades, sobre todo en transparencia, en derechos humanos, en seguridad y en una exigencia de mayor capacitación”, pero advierte que “cuando pasamos a la práctica, hay problemas que se deben afinar”. Por eso, dice que la Conago —que él preside actualmente— ha preparado un documento que tiene toque de reforma constitucional y procesal, para 34 o 35 artículos.

De acuerdo con Mancera, uno de los problemas es lo que calificó de liberación masiva de delincuentes. La curva es perfectamente observable, dice. Lo vivimos en todas y cada una de las entidades y lo tenemos que complementar, pues es un tema de interpretación, que tiene un margen muy abierto; es algo de lo que consideramos en el análisis, más el consenso de la Conago

En esa misma lógica se ha pronunciado el comisionado Nacional de Seguridad, Renato Sales Heredia, quien consideró que el incremento delictivo que se registró el mes de mayo —el más alto en veinte años—, se debe a que el Nuevo Sistema de Justicia Penal dejó fuera la prisión preventiva a delitos cometidos con arma de fuego. Pues de acuerdo con el corte sobre incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, el mes de mayo registró dos mil 186 homicidios dolosos, por lo que superó a este mes pero, del 2011 que alcanzó dos mil 131. Sin embargo, hay un delito que es la portación de arma de fuego reservada para uso exclusivo del Ejército, que ahora no amerita prisión preventiva oficiosa, antes de junio del 2016 si. Esto ocasiona que al detener personas con armamento de alto poder, por ley, el juez ordena que sigan su proceso en libertad.

Sales atribuyó la alta incidencia de homicidios al sistema de justicia penal, por lo que también se sumó —sin apoyar directamente a Mancera, aunque sí argumentando en el mismo sentido—, a quienes dicen que es necesaria una reforma al sistema de justicia penal, dicen que no para desmantelarlo sino para “mejorarlo”. Esa mejora, sin duda, implicará necesariamente un retroceso, ubicado coloquialmente como lo que se entendería una contrarreforma.

¿Por qué una contrarreforma? Porque a diferencia del sistema inquisitivo, que establecía penas de prisión a partir de la existencia de un amplísimo catálogo de delitos considerados como graves, en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio son muy pocos los delitos por los que se decreta la pena de prisión preventiva oficiosa —homicidio, secuestro, violación, y delincuencia organizada, entre algunos otros— al ser considerados como graves.

Sin embargo, frente a la comisión todos los demás delitos, tanto el ministerio público como el juez, en cada caso, deben valorar una serie de circunstancias para solicitar la aplicación de alguna medida cautelar, con los límites que establece la propia ley, como en el caso de lo que señala hoy Sales Heredia respecto al delito de portación de arma de fuego.

TENTACIÓN REGRESIVA

Algo más o menos similar ocurrió cuando en 2011 se aprobó la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que es considerada la más importante de los últimos tiempos. Esa modificación a la Constitución de la República estableció en el punto más alto de la escala jurídica a los derechos fundamentales de las personas, e incorporó a la legislación nacional todos los tratados internacionales firmados y ratificados por México en los que estén contenidos derechos fundamentales, incluso independientemente si esos tratados tienen como fin normar derechos humanos, o si éstos se desprenden de alguna parte de su contenido, aún persiguiendo los tratados otros fines.

Esta cuestión alarmó a diversos sectores económicos y políticos que luego también pugnaron por una contrarreforma. En muchos de los casos, los detractores de dicha reforma señalaban que la incorporación al orden jurídico nacional de la legislación internacional en materia de derechos humanos, era algo así como abrir la caja de pandora porque se desconocían los alcances que pudieran llegar a tener la aplicación de dichas normas y las resoluciones basadas en esas nuevas disposiciones. En términos generales, sectores como el bancario le temían enormemente a que un mayor garantismo jurídico pusiera en riesgo el estado de cosas favorable a ellos que han defendido con todo denuedo durante décadas.

Afortunadamente, en aquellos momentos —los años 2012 y posteriores— los sectores que se pronunciaban contra la reforma no hallaron el suficiente eco entre los sectores políticos más influyentes del país, como para poder impulsar una contrarreforma en esa materia y hacerla transitable en el Congreso de la Unión. El problema hoy en día, sin embargo, radica en que parece existir cierto consenso entre los gobernadores a favor de una contrarreforma al sistema de justicia, y eso sí podría abrir la posibilidad real de que eso se concretara, máxime si se considera que también el gobierno federal parece estar viendo la situación en ese mismo sentido.

Pues resulta que, en el caso de los gobernadores, éstos generalmente tienen amplia capacidad de interlocución con los diputados federales y senadores por su estado, y una reforma al sistema de justicia penal no pasaría por la Constitución, sino básicamente por la modificación de varios artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales para “moderar” el garantismo actual de la ley. La Conago puede impulsar cualquier cantidad de iniciativas pero se seguirá enfrentando al hecho de que, jurídicamente, la Conago no existe. Sin embargo, lo que sí tienen es la suficiente fuerza a través de sus diputados y senadores, como para impulsar la contrarreforma, y como para tratar de convencer a la sociedad mexicana, de que la ley intenta ser bondadosa en un mundo sin moral, y que por eso es mejor envilecer la ley para adecuarse a los torcidos cánones sociales de la actualidad mexicana.

OTRAS CONTRARREFORMAS

¿Alguien recuerda un intento más? Ahí estuvo el de Gabino Cué, durante años, por lograr una contrarreforma en materia educativa para congraciarse con la Sección 22. De ese tamaño son los miedos y los complejos de algunos, frente a la modificación del panorama jurídico y social. Es importante no olvidar cada uno de los decimonónicos intentos contrarreformistas y reaccionarios que ha padecido nuestro país en los tiempos actuales.

+ Peimbert, fustigado por su empecinamiento de mantener latente el conflicto

La riña que se suscitó el pasado 19 de junio en uno de los actos conmemorativos al primer aniversario del desastre de Nochixtlán, entre personas afines al ombudsman local Arturo de Jesús Peimbert Calvo, e integrantes de otras organizaciones periféricas de la Sección 22 del SNTE, es una muestra clara de cómo la aparente lucha por la defensa de las víctimas de aquellos hechos, se encuentra plagada de intereses y posiciones políticas que no necesariamente tienen que ver con la justicia y la reparación a las víctimas, sino con el empecinamiento de mantener viva la crisis incluso a costa del dolor y la revictimización de quienes sí sufrieron algún quebranto en la refriega del año pasado.

En efecto, desde el fin de semana se realizaron tanto en la capital oaxaqueña como en Nochixtlán, diversas actividades conmemorativas al primer aniversario del enfrentamiento en aquella comunidad de la Mixteca oaxaqueña. Cada quien por su lado, tanto la Sección 22 del SNTE como algunas organizaciones afines al titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, realizaron actividades encaminadas a rememorar los hechos de aquel fatídico 19 de junio de 2016, así como a denunciar otras violaciones a derechos humanos por parte del gobierno estatal y federal en los últimos años.

Por un lado, la Sección 22 realizó varias actividades culturales y de denuncia, y organizó también una marcha en la capital oaxaqueña además de una caravana rumbo a Nochixtlán. Peimbert, por su lado, invitó al ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, a encabezar varias actividades como si fueran activistas particulares, y no titulares de sendos organismos autónomos del Estado, encargados de proteger los derechos fundamentales de las personas. Como haya sido, Peimbert y González Pérez dejaron de lado cualquier posibilidad de establecer un criterio equilibrado de acuerdo a su investidura y funciones institucionales, y asumieron el rol de denunciantes como lo hacen integrantes de organizaciones civiles cuya única función se centra en denunciar los excesos de unos sin hacer la revisión de fondo del contexto en el que ocurrieron los hechos.

Así llegaron a Nochixtlán el 19 de junio. Por un lado, Peimbert y las organizaciones que lo respaldan, continuaron con su agenda de actividades; y por el otro, la Sección 22 y sus organizaciones periféricas desahogaron su propio programa de trabajo. La trifulca ocurrió cuando, por la tarde, coincidieron en la población las actividades de Peimbert con las de algunos grupos relacionados con el magisterio. Los ánimos no se moderaron porque en realidad existe un cuestionamiento de fondo relacionado con el empecinamiento de algunos grupos porque no se llegue a una solución de fondo en lo relativo a la reparación de las víctimas del enfrentamiento.

Pues resulta que concretamente, la Sección 22 no ha sido obstáculo para que el gobierno federal y estatal brinden las atenciones necesarias a las víctimas para continuar su proceso de la reparación —económica, médica, moral, psicológica, emocional, social, etcétera—, sino que ésta se ha centrado en exigir el castigo —que todavía no llega— para quienes ordenaron y ejecutaron las acciones que dieron como consecuencia ocho muertos y más de un centenar de heridos durante la refriega del 19 de junio.

En esa lógica, la Sección 22 ha reprochado duramente a otras organizaciones, afines a Peimbert Calvo y a los sectores radicales de la Iglesia Católica, que hayan tomado indebidamente el control de varios de los sectores organizados de la población de Nochixtlán que se supone que tienen como objeto pedir justicia, para llevarlos por el ominoso camino del enredo y la obstaculización sistemática a cualquier solución, en aras justamente de mantener vivo el conflicto, la exigencia y las banderas políticas que eso significan.

PEIMBERT Y SUS EXIGENCIAS SIN SENTIDO

A lo largo del presente año, los grupos de víctimas de Nochixtlán a los que ha comandado Arturo Peimbert, han hecho de todo para no llegar a la solución de sus demandas. A lo largo del presente año, por ejemplo, retuvieron varias veces a los funcionarios federales que venían a atender las mesas de trabajo con las víctimas, y de igual manera se dedicaron a maltratar al personal que venía también enviado por el gobierno federal para brindar atención médica a quienes sufrieron alguna afectación a su salud e integridad física.

Luego, cuando lograron construir el acuerdo para el establecimiento de un esquema reparatorio, Peimbert azuzó a sus afines para que exigieran medidas de reparación que eran incosteables, imposibles de cubrir o solventar, o absurdamente innecesarias para lo que ellos se supone que necesitaban. Cada una de esas exigencias, además, venían acompañadas del amague de desconocer a los funcionarios estatales y federales que participaban en las negociaciones si no se cumplía al pie de la letra lo que ellos estaban exigiendo.

Peimbert ha tenido, desde el día en que ocurrió el enfrentamiento de Nochixtlán, un solo objetivo: mantener vivo el señalamiento de violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en contra de la administración del ex gobernador Gabino Cué Monteagudo, a quien por extrañas razones —personales o políticas— hoy le guarda un sentimiento de aversión, cuando fue Cué quien hizo todo —incluso torcer la ley— para permitirle su arribo a la Defensoría.

Peimbert, además, tiene otras razones: denunciar sistemáticamente a Gabino Cué ha sido su manera de congraciarse con la administración actual. Éste ha buscado no sólo refrendar la amistad personal que dice tener con el mandatario estatal, sino legitimarse a través de la denuncia al propio grupo que lo cobijó y le permitió el acceso a la responsabilidad que hoy ostenta.

En el fondo —y más allá de sus esfuerzos y poses de aparente rebeldía y compromiso con la defensa de los derechos humanos— queda claro que si existe un paralelismo entre dos ex aliados traidores de Gabino Cué, esos son Arturo Peimbert y Benjamín Robles Montoya: ambos son hechuras de Cué; los dos son pequeños herederos de su gracia política; y los dos lo han repudiado públicamente como su único camino para tratar de mantenerse vigentes. Quién sabe si lo entiendan, pero ambos son reconocidos únicamente como traidores, y socialmente son tan mal vistos como los amigos, “facilitadores” y socios cleptómanos de Cué.

MANIPULACIÓN

Al final, esa es la razón por la que el lunes la conmemoración por los caídos y el desastre de Nochixtlán terminó en trifulca: porque Peimbert ha utilizado vilmente a las víctimas de aquellos hechos como sus arietes en contra del régimen de Cué —y como su base social para venderle al actual régimen la idea de que él tiene el control de Nochixtlán y por eso necesitan sostenerlo y alimentarlo políticamente—; y porque los grupos más radicales que orbitan alrededor de la Sección 22 no tienen ninguna razón para convalidar —con su silencio o con su apoyo— las intenciones manipuladoras de Peimbert porque no se resuelvan los problemas de fondo derivados de aquel enfrentamiento.