+ La percepción es que el gobierno capituló frente a la Sección 22

Aunque llama inicialmente la atención, no es extraño que en Oaxaca no se haya articulado ningún esfuerzo para replicar las marchas de unidad realizadas ayer en más de 15 ciudades del país en contra de las políticas del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Llama la atención porque éste fue un esfuerzo nacional, genuino, de búsqueda de identidad frente a los desafíos que vienen; pero el hecho de que nada haya ocurrido en Oaxaca no resulta extraño a partir de que el gran pivote de las acciones sociales es la Sección 22, que ayer sí marchó pero por otras causas. En ese escenario, es más importante que nunca que el gobierno estatal mande las señales correctas frente a esa silenciosa demostración de fuerza del magisterio oaxaqueño.

En efecto, hasta la tarde de ayer medios de la capital del país daban cuenta que al menos en 15 ciudades del país se realizaban acciones de protesta, a partir de la convocatoria lanzada por dos organizaciones de la sociedad civil tanto para llevar a cabo esa manifestación en la Ciudad de México, como para que otros grupos se organizaran en el interior del país para replicar el esfuerzo. La idea era simplemente salir a marchar, como una forma pacífica y ciudadana de responder a los improperios y políticas lanzadas por Donald Trump contra nuestro país, y para refrendar la idea de la unidad frente a las adversidades que podrían derivar de la nueva relación con los Estados Unidos.

En Oaxaca, la Sección 22 convocó a una marcha, pero que nada tenía que ver con el tema de Trump. Según la convocatoria para la manifestación de ayer domingo, el objetivo de la manifestación fue recibir a la Caravana “Teniendo 43 esperanzas”, que encabezan los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos desde hace más de dos años.

Efectivamente, la manifestación se realizó ayer pasadas las 12 horas a lo largo de céntricas calles de la capital oaxaqueña; pero tal como lo había anunciado la Sección 22, ésta no tuvo ningún contenido relacionado con las otras manifestaciones que se desarrollaban simultáneamente en el país. Y no hubo registro de que alguna otra organización de la sociedad oaxaqueña convocara a la réplica de la marcha “Vibra México”, por lo que al menos en la entidad dicha manifestación pasó prácticamente desapercibida.

En ese escenario, el primer punto que resulta llamativo es cómo, aún cuando hubo difusión masiva de la convocatoria para las manifestaciones anti Trump en el país, en Oaxaca ninguna organización, partidista, corporativa o de la sociedad civil, haya tenido capacidad de articular alguna acción coordinada con las de la Ciudad de México, y otras ciudades importantes del país, para replicar un esfuerzo que siempre fue presentado como ciudadano, a pesar de las descalificaciones de algunos partidos de izquierda, que consideraron que esas manifestaciones eran un apoyo disfrazado al Presidente de la República. Lo cierto es que ni ellos, ni el PRI, ni las organizaciones que trabajan o se identifican políticamente con el gobierno estatal o con el partido gobernante, tuvieron disposición alguna para hacer algo.

Si eso ya resulta una cuestión interesante –que ni el oficialismo ni el priismo local, a todos sus niveles, haya hecho algo por demostrarle lealtad o apoyo al Presidente—, lo que resulta todavía más llamativo es que al mismo tiempo la Sección 22 haya desahogado un punto similar de su agenda particular, primero sin pasar por las manifestaciones anti Trump —cuestión que para nada es extraordinaria en ellos— pero también demostrando silenciosamente que son ellos quienes tienen el poder de convocatoria y que lo pueden utilizar prácticamente para lo que sea.

Eso quedó claro con el hecho de que hubo, sí, una convocatoria, pero que nada tenía que ver con lo que se supone que podría ser un tema importante y de interés nacional. Si se ve desde la lógica de que la Sección 22 jamás respaldará al Presidente, es comprensible; pero si se aprecia desde la perspectiva de que apoyan a quien quieren, y que también pueden no hacerlo, esto se pone aún más interesante a la luz de la gobernabilidad y de la capacidad de movilización de los grupos sociales más importantes de la entidad. De todo eso, queda claro, ellos un factor particularmente importante en Oaxaca.

¿Y EL GOBIERNO?

Paralelamente a ello, el gobierno estatal entabló una nueva relación con la Sección 22 que, según parece, ha enviado señales poco claras tanto de sus derroteros como de las condiciones en que ésta ocurrirá. ¿De qué hablamos? De que por un lado el Gobierno del Estado ha reconocido la necesidad de entablar una nueva dinámica democrática con el magisterio, aunque al mismo tiempo ha dejado ver —o ha cuidado poco su discurso— la intención de generar una especie de cogobierno con la Coordinadora.

Esto, en general, ha sido muy mal recibido tanto por la opinión pública como por las voces especializadas. Es perfectamente conocido en Oaxaca, y en el gobierno federal, lo engañosa que resulta la idea de que se puede cogobernar con la Sección 22, y aún más de que ese cogobierno puede darse cediendo espacios de privilegio para el magisterio. La larga experiencia oaxaqueña en el tratamiento del conflicto educativo, como una condicionante permanente para la gobernabilidad, ha demostrado reiteradamente que no es posible cogobernar con ellos; que las únicas dos relaciones posibles, excluyentes entre sí, entre el gobierno y la 22, es la del sometimiento, o la de la disputa abierta.

Todo eso se ha venido reiterando, y quedó perfectamente delineado en la administración pasada: durante los cuatro primeros años de gobierno, Gabino Cué no cogobernó sino que se sometió al mandato de la Sección 22; y el 21 de julio de 2015 decidió que la nueva relación con el magisterio —respaldado por el gobierno federal— sería la de la disputa abierta. Si bien ninguna de las dos es una fórmula perfecta, sí queda claro que la única forma que tuvieron los gobiernos estatal y federal de que la reforma educativa diera sus primeros pasos fue sólo a través del escenario de la confrontación abierta.

Eso explica por qué, hoy que el gobierno de Alejandro Murat habla de generar una nueva relación de bilateralidad con la Sección 22, la generalidad de las voces que se dedican a analizar el conflicto educativo consideren que eso se trata de una capitulación —es decir, una rendición— disfrazada.

No ayuda el hecho de que el gobierno estatal esté siendo tan poco cuidadoso en la construcción de la narrativa de esta nueva relación, y que la Sección 22 —que sí entiende a la perfección este nuevo contexto— esté completamente desbordada aprovechando su posición de fuerza y la percepción a su favor, contribuyendo a la idea de que el diálogo con el gobierno de Oaxaca no es más que la formalización de un nuevo periodo —o la recuperación— de supremacía magisterial sobre el Gobierno del Estado.

SILENCIO FEDERAL

En todo esto, hasta el momento las expresiones del gobierno federal respecto a la situación que prevalece en el sector educativo de Oaxaca no ha sido muy consistente. Ellos se han limitado a señalar que la implementación de la reforma educativa continúa con normalidad y que no hay ningún cambio en las condiciones en que se aplica la Ley del Servicio Profesional Docente. Fuera de eso, han evitado involucrarse en las suspicacias que generan las nuevas sinergias gobierno-magisterio en Oaxaca, quizá porque saben que volver a formalizar la relación de los temas educativos con la gobernabilidad, es algo así como jugar con fuego. Y como eso es justamente lo que hoy están haciendo en Oaxaca, parece que por eso están optando por el silencio.

+ Error de comunicación, dejar al garete margen de especulación con plazas

El 2 de diciembre pasado el gobierno de Oaxaca, la SEP, y la Sección 22 del SNTE pactaron la regularización de alrededor de tres mil 600 plazas docentes. Ese fue el acuerdo más importante que ha firmado el Estado mexicano —los gobiernos estatal y federal son parte de él— con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, pero pareciera que de entonces a la fecha a nadie le ha quedado claro qué es lo que se sigue dialogando con la Sección 22 y cuáles son los derroteros concretos de la aparente nueva relación del gobierno estatal con el magisterio.

En efecto, hace algunos días medios nacionales publicaron información en el sentido de que la administración estatal habría pactado con la Sección 22 y con la CNTE, la entrega de alrededor de 700 nuevas plazas de trabajo a normalistas recién egresados. La nota distintiva de la información radicaba en señalar que dicha entrega se hacía por un compromiso político y no a través de los mecanismos de evaluación y competencias establecidos en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Junto a eso, se recuperó el contenido del acuerdo del 2 de diciembre, en el que, según las versiones difundidas, el gobierno estatal habría también pactado con la Coordinadora la entrega de esa cantidad de plazas docentes al margen de las disposiciones de la reforma educativa.

Parece que, en todo esto, el gobierno de Oaxaca ha tenido un problema importante a la hora de transmitir el sentido y la finalidad de los acuerdos alcanzados con la Sección 22 —cabeza de playa de la Coordinadora en el país—, y que tiene también un problema grave para comunicar las razones por las que está instalando sendas mesas de trabajo con el magisterio oaxaqueño.

Por un lado, son evidentes los fallos gubernamentales en sus estrategias de socialización —a todos los niveles— de las razones que ha tenido para emprender esta peligrosa tarea de negociar con el magisterio; pero por el otro, es también un hecho que no parecen estar considerando en su magnitud real el alto nivel de desconfianza —por los negros y ventajosos antecedentes de la Coordinadora, al negociar con el gobierno— que tiene la Sección 22 frente a la ciudadanía.

¿De qué hablamos? De que, por ejemplo, ni el gobierno estatal ni el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca han sido lo suficientemente eficaces para comunicar correctamente que el famoso primer acuerdo del 2 de diciembre entre la administración estatal y la Sección 22, no era para entregar nuevas plazas laborales sino para reconocer al personal que ya se encontraba trabajando, pero que por alguna causa su situación laboral era irregular.

En esa lógica, ni el gobierno estatal ni la SEP tuvieron el cuidado de puntualizarle a la ciudadanía, a la opinión pública, y a las voces más influyentes en la discusión de los temas educativos, que la finalidad del acuerdo no estaba en el incremento de la burocracia sino en un acto tardío de reconocimiento de miles de personas que, por la razón que fuera, se corroboró física y documentalmente que ya laboraban en el sector educativo sin el reconocimiento respectivo.

Eso dejó un primer espacio abierto a la especulación que, lamentablemente, nadie se ha preocupado por atajar. Han descuidado, en general, aquella vieja máxima de que todo espacio de silencio o incertidumbre en la comunicación de un hecho relevante, es ocupado por la especulación o por la información intencionada —y, la mayoría de las veces, por información malintencionada—. Y eso en nada ayuda a la legitimación de dichas decisiones.

¿QUÉ NEGOCIAR?

Otro de los frentes que están en el descuido, es el del contenido de las mesas de trabajo entre el gobierno y la Coordinadora. Los espacios de silencio han sido también determinantes a partir de una razón ampliamente comprensible: cada que una administración ha intentado negociar con la Coordinadora, ésta ha tomado ventaja para aprovecharse del contexto de la negociación y obtener ventajas desmedidas a cambio de nada.

Fue un primer aliciente el intento de que dichas negociaciones fueran abiertas y públicas. Sin embargo, fue clara la resistencia de la Sección 22 a esa apertura, y eso se ha reflejado en el hecho de que los encuentros verdaderamente importantes han sido a puerta cerrada y con la decisión conjunta, del gobierno y el magisterio, de suministrar muy pocos elementos a la opinión pública para conocer los detalles y las características de dichas mesas de negociación.

En esa lógica, son claros los temores que tiene la gente: desde hace años, la primera parte de todos los pliegos de exigencias —que no de demandas— de la Sección 22 es ocupado por planteamientos de orden político. Éstos van desde temas ideológicos hasta la exigencia de que se abroguen leyes, se reforme la Constitución, se desaplique o se derogue la reforma educativa, se destituya a servidores públicos o se decrete la libertad de personas que están siendo procesadas, y que se encuentran en prisión, por la comisión de delitos como el de secuestro.

A eso le tiene mucho recelo la ciudadanía: a que dichas mesas de negociación sirvan para que la Sección 22 presione al gobierno al cumplimiento de esas demandas, y que éste —porque así ha sido en el pasado, desde hace décadas— termine pactando con la Coordinadora a espaldas de la ciudadanía, temas tan sensibles como la liberación de un grupo de integrantes de la Sección 22 a los que se les responsabiliza del secuestro de dos menores de una familia conocida de la capital oaxaqueña, pero a los que la Coordinadora considera como “presos políticos y de conciencia” del gobierno federal, y por tanto exige su liberación incondicional.

Lamentablemente, ese recelo generalizado, está fundado en la realidad y en los propios antecedentes de las relaciones entre el gobierno y la Sección 22. Y por esa misma razón, los espacios de silencio y especulación que deja la administración estatal alrededor de qué temas se están negociando en las mesas de trabajo con la Coordinadora, permiten que se alimente el morbo y las versiones intencionadas sobre el contenido de las negociaciones.

Esta situación, al final, no debe convertirse en el signo distintivo de la nueva relación del gobierno de Oaxaca con la Sección 22 y con la Coordinadora. Es muy lamentable que por haber dejado esos espacios descuidados hoy el común sean las interrogantes —en la prensa local, y en la de la Ciudad de México— sobre qué se está negociando, qué es lo que potencialmente puede acordarse, y qué temas siguen vedados de las mesas de trabajo porque el gobierno no puede ya ceder a presiones políticas relacionadas con temas como la asignación discrecional de plazas docentes.

El problema es que hasta ahora no hay señales ni decisiones claras para impedir que eso termine ocurriendo. Y de ser así, entonces los espacios vacíos le ganarán la batalla de las percepciones al gobierno estatal que, independientemente de lo que termine negociando y consiguiendo en su relación con la Coordinadora, será perseguido por el cuestionamiento y la duda de lo que habría acordado discrecionalmente a cambio de conseguir cordialidad o el trabajo pacífico —¡vaya paradojas!— por parte del magisterio.

AJENOS A TODO

Curioso, pero en estos tiempos en los que se intenta exacerbar el sentimiento patriótico y de unidad, nadie desde las trincheras políticas en Oaxaca ha buscado hacer algo. Nadie: ni el gobierno o su partido; ni las fuerzas opositoras, ni el empresariado y tampoco la sociedad civil. Parece que a nadie le importa que Oaxaca funciona en gran medida por el dinero de las remesas, o que haya pueblos enteros de oaxaqueños en los Estados Unidos. Nadie. Sólo silencio. Algo que resulta algo sospechoso y muy desalentador.

+ El Ejecutivo reprueba a la Segego, por decidir sin recabar su acuerdo

No es común que un gobernante deje sin efecto sus propios actos. No lo es, y tampoco tendría por qué serlo, a partir de que existe un mandato constitucional en el sentido de que todos los integrantes de la administración pública deben recabar el acuerdo del Titular del Poder Ejecutivo antes de dictar disposición alguna en el área de su competencia (artículo 89 de la Constitución de Oaxaca), y por esa razón se supone que toda decisión importante para el gobierno debe ser consultada con el Gobernador por sus funcionarios para recabar su autorización. Queda claro, según los hechos, que nada de ello ocurrió con la designación de los administradores municipales.

En efecto, en las últimas semanas la capital oaxaqueña se ha visto lastimada por el arribo de protestas por conflictos postelectorales que terminaron en la designación de administradores municipales. De los primeros 17 ayuntamientos a los que se les designó una autoridad provisional, al menos 10 han venido hasta la capital a externar su inconformidad y a generar algún tipo de protesta. El límite llegó el pasado martes cuando la capital se vio ahogada por siete protestas simultáneas, varias de las cuales tenían que ver con personas inconformes provenientes de poblaciones sobre las que recayó la designación de un administrador municipal.

La respuesta del Gobernador vino el miércoles. En conferencia de prensa hizo suya una disposición del Tribunal Estatal Electoral, en el sentido de que los administradores sólo deben durar un mes en el cargo, y luego implícitamente dejó sin efecto las instrucciones dadas por el titular de la Secretaría General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez, al reconocer que el mandato superior en esas comunidades debe ser que prevalezca la voluntad popular en la elección de sus autoridades municipales.

“Hoy giro instrucciones a la Secretaría General de Gobierno y a los Administradores Municipales para que apoyen al IEEPCO y generen las condiciones necesarias para la realización de elecciones extraordinarias,  en los municipios que la autoridad jurisdiccional en materia electoral determine”, dijo el Mandatario, al tiempo que remarcaba la necesidad de no dejarles el camino de la discrecionalidad a los enviados como administradores, al instruir expresamente a la Secretaría de la Contraloría “para que supervise la actuación de los administradores, en tanto se realicen las elecciones municipales extraordinarias y se constituyan las autoridades respectivas”.

IMPLICACIONES POLÍTICAS

¿Qué significa todo esto? De entrada, que fue el propio Gobernador quien reconoce que la figura del administrador municipal, como se conoce actualmente, va de salida; segunda, que sus instrucciones fueron precisas respecto al periodo (30 días) en el que los administradores deben contribuir a la realización de elecciones, y ahora habrá que ver en qué medida cumplen —o desafían— al Mandatario con tal de tratar de continuar con el negocio y el (pequeño) coto de poder que significa una administración municipal.

Tercero, que esta decisión constituye también un reconocimiento implícito del Gobernador a la idea que tienen muchas comunidades —aunque en la mayoría de los casos, es una realidad—, de que los administradores municipales son esencialmente picapleitos, y no facilitadores de los procesos de avenencia democrática, por la razón simple de que mientras persista el conflicto estará justificada la permanencia del administrador.

Cuarto —aunque no por ello menos relevante—, también queda claro que la decisión del Gobernador de salir al paso en este tema, constituye una desaprobación clara al hecho de que la decisión y la lista de administradores nombrados, no pasó por su acuerdo. Es evidente que si bien la figura jurídica en sí misma del administrador genera incomodidad en las comunidades, en este caso gran parte de la molestia no radicó en el ejercicio de la facultad de nombramiento, sino que la gran mayoría de los administradores designados son gente relacionada con Alejandro Avilés y que, además, han dejado una estela de quebrantos y agravios en otras comunidades, por lo que en este caso hubo un consenso casi unánime de los municipios en conflicto de no admitir a los administradores porque, además, Avilés no respetó el mandato de consensar con las comunidades o de al menos explicarles las razones objetivas por las que estaban nombrando a esas personas, y no otras, en las administraciones provisionales.

Una quinta implicación tiene que ver con el fin de la pésima costumbre de Alejandro Avilés de decidir sin consultar ni consensar sus decisiones. Cuando no había Gobernador priista, Avilés se sintió un pequeño virrey que tenía plena capacidad de decidir según sus intereses. Así lo hizo en la LXII Legislatura; igualmente lo hizo cuando fue Presidente del PRI estatal; pero también debe irle quedando claro que esos tiempos de la autonomía de sus intereses, quedaron atrás.

LASTRE JURÍDICO

Al final, la persistencia de la figura del administrador municipal en la Constitución local, en sus condiciones actuales, es una vergüenza para la democracia y la civilidad institucional en Oaxaca. Si hoy tanto el Tribunal Electoral, como el Ejecutivo, están convencidos de la urgencia de su transformación, deben buscar junto con el Congreso, formas más novedosas y equilibradas para replantearlo. Oaxaca no puede seguir siendo rehén de disposiciones constitucionalizadas como esa, que difícilmente se justificarían en una necesidad o contingencia, y que sí le generan muchos problemas y tentaciones a quienes tienen en las manos las tareas de la gobernabilidad del Estado.

+ ¿Dónde está la gestión para que se aprueben los recientes acuerdos?

Todos en el gobierno de Oaxaca, pero particularmente en las áreas involucradas con temas de gobernabilidad, deben tener claro —y trabajar consecuencia— que la relación política más importante del gobierno en la entidad es con la Sección 22 del SNTE. Todos deben trabajar en mantener una relación sana y provechosa. Por eso, la forma en cómo arranca el diálogo con la nueva dirigencia magisterial debe ser un ejemplo de lo que no les puede volver a ocurrir a las áreas y dependencias estatales, que se supone que trabajan a favor de Oaxaca.

En efecto, el pasado miércoles se realizaría un primer encuentro de trabajo entre el gobernador Alejandro Murat y la nueva dirigencia de la Sección 22, que encabeza el profesor Eloy López Hernández. Ante la complicada coyuntura que vive el país, para la misma fecha se estableció una reunión extraordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores con el Presidente de la República. La complejidad del tema —la nueva relación bilateral México-Estados Unidos— hacía necesaria la presencia de los 32 gobernadores como un mensaje de respaldo institucional al Titular del Poder Ejecutivo Federal, al gobierno de la república y al pacto federal.

Ante ello, ¿no había alguien dispuesto y atento en el gobierno estatal para adecuar y empatar a tiempo la agenda estatal del Gobernador, con los asuntos de relevancia nacional que apremiaban su presencia? El asunto no es menor, porque lo grave no radica en que el Mandatario no haya llegado a una cita de trabajo, sino al hecho de que su equipo de trabajo falló gravemente en la previsión de las necesidades y los asuntos de la entidad, y en el tratamiento no a uno de los temas de relativa importancia, sino al tema de mayor relevancia para la agenda política y de gobernabilidad estatal.

En ese sentido, resulta que no se trabajó con la dedicación necesaria para establecer el espacio de diálogo que era necesario para evitar no sólo la cancelación del encuentro, sino la apariencia de que en los asuntos de la agenda pública, uno de los temas más importantes es relegado. En ello, nadie cuestiona la importancia y la necesidad de la presencia del Gobernador del Estado en la reunión con el Presidente, sino el hecho de que no hubo la previsión necesaria en los funcionarios en quienes recayó la atención a ciertas tareas básicas del gobierno, tales como la agenda de gobernabilidad y el apoyo logístico al propio Mandatario.

Lamentablemente, esa ha sido una característica de muchos servidores públicos de la presente administración: no han entendido que su lealtad y compromiso está con Oaxaca y con el Gobernador, y que deben trabajar sin soberbia ni petulancia en las tareas que les fueron encomendadas.

Es común que ni siquiera entre funcionarios de primer nivel se tomen las llamadas para tratar asuntos oficiales; que sean comunes las dificultades para entablar diálogo institucional porque hasta los titulares de las áreas de apoyo se asumen como inalcanzables; y que muchos de ellos —incluso en el staff del Mandatario— no asuman que su función debiera estar lejos de los desplantes y esencialmente enfocada en facilitar la labor del Gobernador, y evitarle problemas.

¿Y LA RELACIÓN CON LA 22?

Junto a esto debieran plantearse otras preguntas, y responderlas con seriedad: ¿Cuál es el estado real del avance y cumplimiento de los acuerdos firmados el 2 de diciembre entre el Gobernador y la dirigencia seccional de la Sección 22? ¿Qué han hecho las áreas del gobierno estatal con injerencia en la relación con el magisterio, para facilitar el cumplimiento de los acuerdos? ¿Y qué han hecho quienes debieran haberse encargado de tiempo completo a generar los cabildeos necesarios con los factores de poder al interior de la Sección 22, para que ocurriera la aceptación formal de ese importante acuerdo signado en el marco del relevo de poderes en la entidad?

Esas cuestiones no son menores. El 2 de diciembre, el acuerdo entre el gobernador Murat y la Sección 22 implicaba el reconocimiento de más de 3 mil trabajadores de la educación sobre los que se comprobó que efectivamente laboraban en una situación irregular, y a los cuales el gobierno federal se comprometió a regularizarles sus plazas y salarios.

El arreglo, en términos económicos, implicó el compromiso federal de expandir en más de mil 200 millones de pesos el presupuesto educativo anual de la entidad; y eso mismo hacía muy importante el acuerdo para la dirigencia magisterial saliente, porque éste representaba la conquista más importante de la Sección 22 a la administración federal que, con todo y su resistencia, les impuso y comenzó a aplicar la reforma educativa.

Hoy, frente a los dislates de la Secretaría General de Gobierno, y de la Oficina de la Gubernatura, que con su labor no ayudan al Gobernador, debería haber claridad en la importancia del acuerdo signado en diciembre, y sobre todo en la relevancia de mantener una relación institucional clara y saludable con el factor de gobernabilidad más importante de la entidad.

EXTRAVIADOS

¿Acaso querrán esperar a que, por fallas y distracciones de funcionarios de segundo nivel, esa relación tan importante se descomponga? ¿De verdad no comprenden la complejidad que representa Oaxaca? Cada uno de esos funcionarios, en sus respectivos ámbitos, debieran entender que la gobernabilidad del Estado es mucho más que las grillitas con los partidos políticos; y que la responsabilidad que tienen en Oaxaca no tiene nada que ver con el esnobismo y los escenarios controlados de la capital del país, en los que estaban acostumbrados a moverse.

+ Jarquín, igual de cuestionado que su antecesor en Ayuntamiento

Es muy particular la disputa en la que se enfrascaron las autoridades actuales del Ayuntamiento de Santa Cruz Xoxocotlán, con sus antecesoras. Lo es porque pareciera que cuando se trata de hablar de corrupción, los conversos se sienten puros, y viceversa. Es cierto: en los últimos lustros, Xoxocotlán ha sido un territorio permanentemente lastimado por las disputas políticas y por los excesos de sus autoridades. Sin embargo, queda claro que en ese microcosmos, hoy menos que nunca unos pueden convertirse en verdugos de los demás, cuando todos son parte del mismo problema.

En efecto, en las últimas semanas edil actual de ese municipio conurbado a la capital oaxaqueña, Emanuel Alejandro López Jarquín, ha estimulado las denuncias —públicas y mediáticas, aunque no queda claro si también en la vía jurídica— en contra de Héctor Santiago Aragón, acusándolo de cualquier cantidad de desvíos y actos de corrupción.

Ha facilitado, mediante gacetillas (con el viejo método del “ahí publícalo como si fuera tuyo”), documentos e información para exhibir a Santiago Aragón que, vale decirlo, durante su gestión fue ejemplo de todo tipo de frivolidades y excesos que, por las solas apariencias, hoy le dan la razón a quienes lo acusan. No obstante, en ese cruce de acusaciones no debieran quedar extraviadas las coordenadas de fondo que determinan tanto al acusador como al acusado. ¿De qué hablamos?

De que por un lado, en Oaxaca hay pocos ejemplos tan acabados de personajes cuestionados de principio a fin al frente de ayuntamientos importantes, como lo pueden ser hoy Héctor Santiago Aragón, y Galdino Huerta Escudero, en Xoxocotlán y en Santa Lucía del Camino. El llamado Lobo Mayor, fue cuestionado desde antes de ser electo como candidato del PRI al Ayuntamiento de Xoxocotlán por haber aprovechado su fama populachera de locutor cumbiero, junto con los favores económicos y políticos que intercambió con el entonces dirigente priista, y hoy secretario General de Gobierno, Alejandro Avilés Álvarez para convertirse en abanderado priista para ese ayuntamiento.

Sin explicación ni argumentos sostenibles, el PRI lo lanzó a la alcaldía y ganó la elección pero no por su fortaleza en campaña, sino por el favor que le hizo el PRD postulando en la diputación que incluye a ese municipio, al ex también edil de Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, y a un endeble Juan Carlos Ignacio Esteva, que terminó siendo arrollado por el repudio y el ‘fuego amigo’ lanzado en contra de José Julio. Eso, quizá sintió Santiago Aragón, habría sido como sacarse la lotería.

¿Por qué? Porque durante su gestión hubo todo tipo de excesos. Xoxocotlán padeció los signos del abandono y la simulación de obras y acciones de gobierno. De hecho, hoy lo acusan de haberse ido sin comprobar alrededor de 500 millones de pesos, y de acrecentar pública e inexplicablemente su patrimonio durante ese periodo. Ello revela que Santiago Aragón no sólo no tuvo interés en generar certidumbre sobre su gestión, sino que además cometió los pecados propios de la imprudencia y de la ostentación, que directamente lo hicieron parecer responsable —independientemente de si se logra acreditar, o no, que desvió recursos públicos, y si los usó para su beneficio personal— de todo lo que se le acusa.

PARADOJAS

Así, Héctor Santiago Aragón enfrenta ya no sólo las responsabilidades jurídicas —administrativas y penales— que puedan derivar de su gestión como edil, sino también el repudio popular por su frivolidad y soberbia. No obstante, lo que no hay que perder de vista es que quien lo acusa, y para mal de Xoxocotlán, tendría también mucho que explicar sobre su desempeño como diputado y como titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en el gobierno del —también repudiado— gobernador Gabino Cué Monteagudo.

¿De qué hablamos? De que como no tenemos memoria, pareciera que muchos de nosotros ya olvidamos que, por ejemplo, Alejandro López Jarquín fue el cuestionado presidente de la Junta de Coordinación Política durante el último año de la LXII Legislatura, cuando se dieron a conocer millonarios desvíos de recursos del Poder Legislativo que quedaron en cuentas bancarias de particulares.

De él, particularmente, se exhibieron estados de cuenta bancarios en los que se reflejaba el importante y acelerado crecimiento de sus ahorros e inversiones, las cuales no eran proporcionales a lo que se decía que ganaba un legislador local. A pesar de todo eso, López Jarquín fue uno de los que bloqueó cualquier posibilidad de que se auditaran los recursos del Congreso, y luego fue protegido por el Gobernador a través de la Sedesoh.

En esa dependencia aún hace falta por aclarar cuál fue la razón por la que persisten los claroscuros respecto a programas sociales como el de las ayudas económicas a adultos mayores, a estudiantes, de útiles escolares y de dotación de uniformes. López Jarquín fue titular de esa dependencia justo hasta el momento en que se anunció su candidatura a la alcaldía de Xoxocotlán. Se fue, pero los cuestionamientos —que ya existían en su periodo como servidor público— sobre las irregularidades en la gestión de los programas sociales de esa dependencia continuaron hasta el último día del gobierno de Cué Monteagudo.

POBRE XOXOCOTLÁN

Así, queda claro que son iguales tanto el pinto como el colorado. Acusador y acusado padecen exactamente del mismo mal. Aunque el problema es que, como siempre, a la inmensa mayoría nos falla la memoria. Qué injusto destino para ese importante municipio, porque a través de esas disputas palaciegas siguen evadiendo los temas verdaderamente dolorosos para la ciudadanía, como la inseguridad, los giros negros y otros que están perfectamente identificados pero de los que coincidentemente no habla la autoridad. Ni la actual, ni la que se fue.