+ Ciudadanía, polarizada al extremo ante posturas de la Sección 22

Cuando ocurrió el desastre de Nochixtlán, el 19 de junio, había mucha preocupación en ciertos sectores de la ciudadanía por las afectaciones que estaban provocando los cierres carreteros en varias regiones y la capital del Estado, por profesores de la Sección 22 del SNTE. Pero una vez que ocurrió la incursión policiaca, de inmediato surgieron otras voces –o las mismas, quizá— que repudiaron fuertemente la represión de que eran objeto los profesores, y salieron a respaldar su lucha. ¿Somos los oaxaqueños corresponsables de este caos, por no asumir posturas responsables frente a problemas, como el educativo, que son de todos?

En efecto, la pregunta no resulta ociosa a partir de que parece que la sociedad oaxaqueña está dividida sólo en dos posturas: una, que en medio del hartazgo demanda que el gobierno aplique el Estado de Derecho y haga uso de la fuerza para restablecer el orden, independientemente de cuál sea el resultado de esas acciones; en el otro extremo, se encuentran quienes consideran que la lucha de los profesores de la Sección 22 y de la CNTE es justa, que es necesaria, y que es legítima frente a los abusos de un gobierno que quiere coartar sus derechos.

En ese escenario de claroscuros, resulta evidente que los que exigen el uso de la fuerza creen tener la razón a partir de la afectación de sus intereses; y quienes respaldan la lucha magisterial, lo hacen inopinadamente porque por voluntad dejan de ver la dimensión real y las condiciones palpables de esa lucha. Vale la pena revisar ambos escenarios, para hallar la responsabilidad ciudadana de esta derrota para la educación, para la gobernabilidad, y para todos, de la que somos hoy en día testigos todos los ciudadanos.

¿De qué hablamos? De que, en el primero de los extremos, hay quienes demandan la aplicación lisa y llana de la fuerza para despejar las vialidades y las carreteras, como si esa fuera una salida única al problema de fondo. La incursión policiaca de junio demostró que es imposible que el Estado despeje en una sola acción todas las vías de comunicación, porque luego de los enfrentamientos y del paso de los convoyes policiacos, los manifestantes regresaron a sus mismas acciones de siempre, y entonces la violencia, la movilización policiaca, y los muertos y heridos, sirvieron exactamente para nada.

En ese sentido, el uso de la fuerza resultaría tan contraproducente como inútil porque de todos modos el Estado no ha tenido la capacidad de romper las inercias magisteriales que ganan la movilización de los agremiados a favor de la lucha magisterial. Esto pasa porque el gobierno —estatal y federal— nunca lograron socializar el contenido de la reforma, y romper los mitos que han generado los grupos radicales del sindicato magisterial, respecto al quebranto a los derechos laborales de los trabajadores, a la supuesta privatización de la educación, y a la “punibilidad” de la reforma educativa.

Por eso, aunque ocupen la fuerza, de todos modos las escuelas seguirían cerradas, y con eso se convalidaría la derrota de tal postura.

¿LUCHA LEGÍTIMA?

Hay quien denodadamente se alegra de que los profesores den la lucha en contra de las reformas estructurales, y hasta celebran su valentía y disciplina para la defensa de sus causas. Incluso llegan a corear consignas como la que dice que luchando, el maestro también está enseñando. ¿De verdad es así?

Es importante revisar qué es lo que en verdad está haciendo la Sección 22 en estos momentos. Ellos, por ejemplo, establecieron un programa de acción que incluye el cierre de carreteras, las afectaciones a comercios establecidos, y el cierre de escuelas. La única intención de todas esas acciones es generar sabotaje y presión al gobierno, utilizando a la ciudadanía, para que finalmente éste ceda al cumplimiento de sus pretensiones, o utilice la fuerza y entonces les vuelva a dar las banderas de la represión para continuar su discurso cíclico de la presión y la represión.

Frente a eso, esa ciudadanía que los respalda, se ha preguntado de verdad qué se está haciendo por la educación. Pues lo que tal postura pasa deliberadamente por alto, es que la Sección 22 y la Coordinadora en realidad no están haciendo nada por defender la educación; no tienen argumentos sostenibles a favor de que la reforma es punitiva o privatizadora.

Y entonces, la ciudadanía que los respalda únicamente repite tales argumentos sin establecer una postura razonada y crítica respecto al contenido del mensaje. En esa lógica, los defensores a ultranza de la lucha magisterial convalidan que la educación quede supeditada a los derechos laborales de los profesores. Y por ende asumen silenciosamente una postura tan perniciosa como la de quienes demandan el uso inopinado de la fuerza pública.

En el fondo, hay una gruesa nata de irresponsabilidad. Por encima de cualquier argumento o derecho debería estar la educación, y no la fuerza pública o la presión social. Sólo que hay muchos que asumen esas últimas como posturas irreductibles, y entonces lejos de sumarse a una demanda de responsabilidad, alimentan y convalidan los discursos irreconciliables de la Sección 22 y el Estado mexicano.

SEGURIDAD EXTREMA

El diputado local electo del PRI, Samuel Gurrión Matías, se pasea por la ciudad nada menos que con seis escoltas. A varios de esos elementos, los identifican como integrantes de la Policía Estatal, y portan armas que a nadie le queda claro si son las propias de su cargo. ¿Quién ha permitido o alimentado, desde el gobierno saliente, tales excesos?

+ Ley y la autoridad, ante crisis de legitimidad, de legalidad y de constitucionalidad

¿De qué sirve que la Suprema Corte de Justicia de la Nación preserve la Constitución, cuando de hecho el Poder Ejecutivo no tiene capacidad ni legitimidad para hacer cumplir ese mandato? Esa es una pregunta trascendente, ante el hecho de que los tribunales del país siguen cumpliendo con su misión de salvaguardar el mandato constitucional, pero se enfrentan al hecho de que las autoridades administrativas del país —el gobierno federal, y los estatales— parecen estar alimentando una especie de auto sabotaje, a pesar de que tienen la ley de su lado.

En efecto, este resulta ser un problema muy propio de nuestro tiempo, en el que la lucha ni siquiera se encuentra en el espectro de la institucionalidad sino en el estricto terreno de las presiones y la debilidad de quienes deben aplicar la ley. Desde que fue emitida la reforma constitucional en materia educativa, y su respectiva legislación secundaria, los tribunales del país —con la Suprema Corte a la vanguardia— se han dedicado a defender la constitucionalidad y la legitimidad legal de dichas normas. Paradójicamente, ha sido el Poder Ejecutivo de los ámbitos federal y estatal —quienes, por mandato constitucional, tienen la obligación de cumplir, y hacer cumplir la ley— quien parece estar decidido a que esto no ocurra.

En ese sentido, el trabajo de la Corte ha sido notable, en la defensa de la Constitución. En un primer fallo, emitido el pasado 10 de agosto, los integrantes de la Corte señalaron que el incumplimiento de las condiciones de permanencia en el empleo, como la acreditación de evaluaciones, da lugar a una consecuencia jurídica consistente en la terminación del nombramiento y la separación del Servicio Profesional Docente, lo cual no es violatorio de derechos fundamentales.

Todo ello, derivado de la disposición contenida en la Ley General del Servicio Profesional Docente, respecto a que todos los trabajadores del sistema educativo deben evaluarse luego del segundo año de haber obtenido su nombramiento definitivo. La Corte avaló lo dispuesto en la ley, en el sentido de que cuando un trabajador haya reprobado en tres ocasiones consecutivas la evaluación puede ser dado de baja del servicio sin responsabilidad para el patrón.

Ahora bien, en otros amparos que están en vías de ser resueltos por la Corte, los maestros que lo solicitaron señalan que a raíz de las nuevas reglas con que se rige su actividad se pierde su derecho a solicitar días de licencia, lo que va en detrimento de sus derechos laborales. La Corte, en este caso, considera que aunque cambiaron las reglas para acceder a esos días de licencia, sigue siendo posible tenerlos, lo que no lastima su derecho. Aunque se trata de nuevas reglas, dice el proyecto de resolución elaborado por la ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán, estas no eliminaron prestaciones y derechos laborales de los trabajadores del sector educativo.

INCUMPLIMIENTOS

El común denominador de estos fallos, radica justamente en el hecho de que la Corte ha reiterado que no existen las violaciones a derechos fundamentales que han alegado los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que se han quejado en vía de amparo, y que todas las normas emitidas por el Congreso fueron confeccionadas en los parámetros establecidos por la propia Constitución. En esa lógica, el resultado es una negativa lisa y llana a las concertacesiones que sorprendentemente siguen promoviendo las autoridades administrativas frente al sector magisterial que no acepta los términos de la reforma, y que ahora intenta su abrogación —de iure y de facto.

¿Qué pasa con el Ejecutivo en los ámbitos federal y estatal? Que, al parecer, la misma inercia de este conflicto los ha llevado a una especie de política de auto sabotaje, en la que a pesar de tener la ley a su favor, y de recibir el respaldo de los otros poderes —que no cuestionan la vigencia de la ley, que la defienden y declaran y remarcan su constitucionalidad—, parecen estar empeñados en buscar salidas alternativas a la de la aplicación de las normas vigentes.

Esta es una situación que resulta particularmente preocupante, porque pareciera que entonces el Estado enfrenta una especie de enfermedad autoinmune, en la que el propio sistema inmunológico de la Constitución se está volviendo en su contra, desconociendo a sus mecanismos de defensa, saboteándola, y generando con ella un escenario en el que puede ocurrir cualquier cosa menos el imperio de la ley, cuando ésta no tiene ningún argumento en contrario qué atender.

CUESTIONAR SIN CONOCER

Al final, todo confluye en un cuestionamiento que, para variar, tampoco quiere asumir el gobierno: la reforma educativa necesita ajustes, pero éstos deben ocurrir a partir de la socialización de la reforma y de su puesta en marcha. El primero proceso —la socialización— nunca ocurrió porque el gobierno hizo la reforma a partir de un monólogo; el segundo proceso —los ajustes— tampoco tienen vías legítimas para ocurrir porque no ha logrado generar un clima que le permita la puesta en marcha del nuevo mecanismo. Así, parece que todos están empeñados en trabajar en contra de la Constitución, aún con la paradoja de que nadie conoce el funcionamiento, los alcances y la viabilidad operativa de la reforma educativa. Algo terrible para el país.

+ Todas, medidas excluyentes frente a urgencia de una solución de fondo

Oaxaca se encuentra en el umbral de escenarios nuevos y trascendentes para la gobernabilidad del país, pero en cualquiera de ellos, la ciudadanía y la educación oaxaqueños parecen —parecemos— ser los inminentes derrotados. Basta con revisar el cúmulo de decisiones trascendentes pero contradictorias que se están tomando ahora mismo, para comprobarlo.

En efecto, del recuento de escenarios posibles el único común denominador es la imposibilidad de un arreglo de fondo, y la previsión —casi inamovible— que de los elementos a enumerar, saldrá cualquier cosa menos una solución benéfica para la gobernabilidad y la educación en Oaxaca. veamos.

1. El gobierno federal ha abierto completamente, y cerrado de la misma forma, el diálogo con la Sección 22 de Oaxaca, y con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ese titubeo en su toma de decisiones, provoca hoy una fuerte crisis de credibilidad al gobierno federal, que no ha sido consistente en sus políticas, en sus acuerdos y en sus decisiones; y, además, esa inestabilidad ha sido el espacio perfecto para que grupos bien organizados, como la Coordinadora, le tomen la medida.
2. La CNTE ha sido vencida, en dos ocasiones, por su propio éxito. Previo a los comicios federales intermedios de 2015, y ahora, la Coordinadora había conseguido negociaciones muy exitosas y redituables en mesas de negociación con Gobernación. Pero en aquel momento, y ahora, perdió todos los avances conseguidos por la voluntad de sus grupos radicales por no permitir batallas parciales. Por eso, a pesar de que en dos ocasiones la CNTE ha doblado al gobierno exitosamente, en esas mismas dos ocasiones ha sido derrotada por la codicia, la voracidad y la rapacidad de sus grupos radicales.
3. Oaxaca lleva dos grandes movilizaciones policiacas que han servido para nada. En 2015, para garantizar la realización de la jornada electoral, el gobierno federal movilizó a unos 15 mil elementos a la entidad, que sólo vinieron a hacer una demostración de fuerza pero —afortunadamente— nunca actuaron. Lo pernicioso fue que un año después, esa gran movilización estaba prácticamente desmantelada (aún cuando la Policía Federal había anunciado el establecimiento de un cuartel en Oaxaca) y por eso cuando ocurrió el bloqueo de Nochixtlán, Oaxaca quedó aislada y las fuerzas federales tuvieron que movilizarse descoordinadamente para generar el desastre del 19 de junio. El resultado de esa operación demostró no sólo su falta de conocimiento e información sobre los movimientos sociales que venían a contener, sino también su desgaste e improvisación operativos. Hoy, por eso, lejos de generar certidumbre, la movilización policiaca genera recelo y desconfianza hasta en quienes inicialmente creyeron en la presencia federal para desmovilizar a los grupos sociales.

NO HAY DIÁLOGO

4. Los canales de diálogo siguen cerrados. Esa situación, evidentemente, ya no sorprende de la relación gobierno federal-Coordinadora, sino más bien que todos los actores y fuerzas políticas que están alrededor siguen actuando con mezquindad sorprendente. Por ejemplo, por un lado, Andrés Manuel López Obrador suavizó, hace algunas semanas, su discurso relacionado con el movimiento magisterial, para señalar que debe haber adecuaciones y no la abrogación de la reforma, y para refrendar su idea de que asimismo debe prevalecer el principio de autoridad. El problema es que, ni él ni su partido (Morena), han tenido mayor disposición para fungir como un puente de entendimiento entre los dos polos naturales que —hoy sabemos— no tienen ni la más mínima posibilidad de entenderse y construir acuerdos solos. AMLO es, acaso, el más visible, pero no el único actor político que podría abonar a la solución de este conflicto. Pero ni él, ni nadie en México, quiere tomar esa responsabilidad, porque siguen basando sus movimientos en función de sus intereses, y porque no quieren contaminarse de este conflicto capaz de necrosar cualquier tejido que toque.
5. El gobierno se respalda en un bloque titubeante. Es sorprendente la forma en cómo —en medio de esta crisis y de cara a los movimientos que se avecinan en esta crisis magisterial— el presidente se refrenda ante fuerzas políticas que no tienen la más mínima posibilidad de incidir en el conflicto magisterial. El Presidente incrementa sus reuniones con el PRI, con el Partido Verde y con algunas otras fuerzas políticas, como si eso le diera certidumbre de que no habrá una contrarreforma. El problema es que ese respaldo es estéril porque ni la incondicionalidad de esos partidos sirve de algo —al contrario— para atenuar o resolver la crisis magisterial y, silenciosamente, minimiza cualquier posibilidad de tender puentes de entendimiento con las fuerzas de oposición a su gobierno, que todos los días crecen por la inminente cercanía de la sucesión presidencial.

OAXACA PIERDE

Tristemente, es la única certeza en todo esto. El gobierno federal está movilizando a cientos —quizá miles— de elementos federales no porque quiera mandarlos de vacaciones, sino porque prevé un escenario en el que tenga que hacer valer el uso de la fuerza. La Coordinadora está más empecinada que nunca en no iniciar el ciclo escolar. Esos dos ingredientes son suficientes para más meses de incertidumbre, como si no contaran los más de diez años que Oaxaca lleva en crisis. ¿Quién pierde? De nuevo, no los protagonistas del conflicto, sino las víctimas colaterales del conflicto. Es decir, los oaxaqueños.

+ Ciudadanos, aislados; sólo hasta que son afectados quieren solidaridad

Es muy grave que en Oaxaca, frente al problema magisterial, los ciudadanos estemos solos, aislados y disgregados. Esto es así, porque tal parece que además del grave problema que representa la inconformidad de los trabajadores de la educación, entre todos los sectores productivos y de la ciudadanía sólo nos estamos profesando mezquindad mutua. Es fuerte decirlo, y aceptarlo, pero tal parece que aparentamos que nos preocupan los problemas públicos, pero sólo cuando somos afectados. Cuando no, dejamos que esos asuntos públicos corran como si fuéramos ajenos a ellos.

En efecto, hoy la educación es ejemplo de esa mezquindad mutua entre ciudadanos, aunque claramente no es el único. Como ciudadanos, parecemos haber olvidado que los asuntos públicos tienen ese carácter —de “públicos”— justamente porque son los que nos involucran a todos por igual, independientemente de nuestra condición social, económica, política o intelectual. Si comprendemos a cabalidad dicho concepto, entonces entenderíamos también la existencia de una sociedad civil interesada por los problemas comunes, independientemente de si se ve o no involucrada su esfera personal, familiar o social.

El problema en Oaxaca es que, en los momentos más determinantes, esa sociedad civil parece reducirse a un espejismo. Entendemos que hay sociedad civil, pero resulta que sólo nos interesa que ésta se vea cuando se trata de la realización de labores sociales o de altruismo, o cuando en un profundo acto de mezquindad, los políticos aparentan convertirse en integrantes de la sociedad civil —esa masa amorfa tan escandalosamente mal comprendida en nuestra sociedad— para brindarse un rostro ciudadano, y así alejarse —también en apariencia— del mal fario de los partidos y de sus intereses… hasta conquistar un cargo público, y entonces olvidar el supuesto cariz ciudadano obtenido a través de la labor social interesada.

Fuera de esos supuestos, todo se reduce a la inexistencia de la sociedad civil organizada, y a la incapacidad de comprender que esa sociedad civil debería actuar independientemente de los intereses políticos, de las poses, y hasta de las necesidades exclusivas de los sectores vulnerables, para entender que esa sociedad civil —simplemente reducida al concepto de ciudadanía organizada— tendría que actuar frente a los problemas públicos. Sí, frente a esos problemas que son de todos, que afectan a todos, y que por eso requieren la atención de todos.

No existe en Oaxaca ejemplo de lo anterior, porque hasta las organizaciones altruistas tienen como límite los intereses de quienes los financian, las conveniencias de quienes las integran, y las posibilidades de obtener un lucro político. Y eso no sería problema, si en medio de todo eso no hubiera grandes problemas —como el magisterial— que nos afectan a todos independientemente de si somos maestros o no, si somos empresarios o no, o si enviamos o no a nuestros hijos a instituciones educativas del sector público.

NO HAY CIUDADANÍA

A los maestros les importa un carajo la ciudadanía, y eso mismo le sucede a la Iniciativa Privada, no respecto a los profesores, sino a la ciudadanía y los asuntos públicos. ¿De qué hablamos? De que vilmente, los trabajadores afiliados a la Sección 22 del SNTE aseguran que luchan por el pueblo de Oaxaca, cuando groseramente pelean por sus privilegios, por su “estabilidad” laboral, por la inaplicación de la evaluación a los docentes, y por la preservación del estado de cosas que los privilegia. ¿La educación pública, laica y gratuita que dice la Constitución? Esos postulados, frente a las escuelas cerradas, es evidencia de que les importa un comino.

Pero lo mismo pasa con la IP, que todos los días reclama a la Sección 22 por los daños que le ocasiona a la educación. Sin embargo, antes de que la 22 iniciara sus jornadas de protesta, ¿cuándo vimos a una iniciativa privada pujante, incidiendo en la discusión pública sobre la educación, haciendo ciudadanía, o preocupándose por el drama que viven cientos de miles de niños y jóvenes, a los que las acciones de lucha del sindicato magisterial les están cancelando la posibilidad de un futuro digno, y de posibilidades de desarrollo que al menos les permitan superar sus condiciones actuales? No los vimos nunca.

Y es que a todos debería preocuparnos lo que, finalmente, nos involucre directamente o no, nos afecta a todos. ¿No nos afecta el hecho de que, en general, Oaxaca tenga un problema por la deficiente educación que reciben o nuestros hijos, o los hijos del vecino, lo que provoca un problema generalizado de ignorancia, de incompetencia, de subdesarrollo, de marginación y de segregación? ¿No nos afecta a todos que haya niños que superan por inercia la educación básica, y que fracasan en la educación media superior, porque no saben leer y porque ni siquiera logran comprender los signos que casi mecánicamente aprendieron a traducir en palabras?

…Y TAMPOCO HAY FUTURO

Esos, finalmente, serán los ciudadanos de mañana. Serán los empleados de la IP. Serán la herencia del magisterio. Serán también las personas que supuestamente sacarán adelante a nuestro estado. ¿No es este, entonces, un problema generalizado? Por eso mismo debería preocuparnos a todos, siempre, y no sólo cuando nos afecta en el bolsillo, en las amistades o en los intereses.

+ Liberación de presos de la Coordinadora es una injerencia en Poder Judicial

Propios y extraños se dicen sorprendidos de cómo los dirigentes de la Sección 22 del SNTE, Rubén Núñez Ginez y Francisco Villalobos Ricárdez, recobraron tan rápido su libertad, a pesar de tener instaurados en su contra al menos cuatro procesos judiciales. Esa sorpresa pasará al estupor cuando el gobierno federal se vea obligado a explicar tanto el sentido de esas decisiones, como la influencia que tuvo el acuerdo en una mesa de negociación sobre los dictados de un Poder distinto al Ejecutivo, una vez que esta tormenta pase y el caso Nochixtlán pase al escrutinio internacional.

En efecto, con una decisión de esa naturaleza, México sufrirá una regresión democrática de cuando menos dos décadas, al dejar ver al mundo que en pleno 2016 el gobierno sigue utilizando las aprehensiones con fines políticos, y sigue influyendo en las decisiones del Poder Judicial. De ese tamaño es el problema. Por eso, es necesario comprender desde ahora qué ocurre frente a la liberación de los dos dirigentes de la Sección 22, y sobre todo qué tanto debe explicar el gobierno federal sobre esas aprehensiones.

Los hechos son los siguientes: la mañana del viernes 12 de agosto, Núñez Ginez y Villalobos Ricárdez obtuvieron su libertad luego de una estancia de alrededor de 24 horas recluidos en el penal de Ixcotel. El último mes lo habían pasado en Miahuatlán, a donde fueron trasladados luego del acuerdo entre la Secretaría de Gobernación y representantes de la Coordinadora que se sentaron a dialogar luego del desastre de Nochixtlán, el domingo 19 de junio, en el que resultaron muertas nueve personas y hubo casi un centenar de heridos por el enfrentamiento entre elementos federales e integrantes y simpatizantes de la Coordinadora.

Frente a esa sorpresiva liberación, el mismo viernes 12 la Procuraduría de Justicia de Oaxaca informó, mediante un comunicado, que con motivo de la solicitud de revisión de las medidas de prisión promovidas por los procesados (Núñez y Villalobos), en las causas penales del fuero común, “los Jueces Penales del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, declararon procedente la revisión solicitada por la defensa de los imputados, y en consecuencia modificaron la prisión preventiva dictada en contra de los citados procesados”.

En lugar de la situación de privación de la libertad impuesta a Rubén Núñez Ginéz y Francisco Manuel Villalobos Ricárdez —continúa el comunicado—, los jueces determinaron imponer algunas de las medidas previstas en el Código Nacional, determinando que pueden continuar su proceso en libertad, sin que esto los exima de responsabilidades. Los Jueces del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, determinaron imponer a los referidos, la presentación mensual ante el Juzgado de la causa que se les instruye, una garantía económica, así como la prohibición de participar en hechos masivos que tengan como propósito dar lugar a actos violentos.

Todo lo anterior —dice el boletín, y este dato resulta muy relevante— “en atención a la aplicación del artículo Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales …”.

INJERENCIA FEDERAL

No perdamos de vista una situación concreta: el aludido Quinto Transitorio del decreto por el que se expidió el Código Nacional de Procedimientos Penales, establece la necesidad de revisión de todos los procedimientos judiciales para ajustarlos a la nueva norma. Esto significa, la posibilidad —y necesidad— de utilizar los nuevos parámetros legales para continuar los procedimientos judiciales que ya existían antes de la reforma.

Lo sorprendente es que en innumerables casos, la autoridad judicial se ha negado a beneficiar a los reos a través del llamado quinto transitorio, al argumentar que no existen ni la autoridad de supervisión de las medidas cautelares, ni tampoco los acuerdos y lineamientos su organización y funcionamiento.

Ese ha sido, esencialmente, el argumento por el que le han negado beneficios preliberatorios a muchísimos procesados que intentan acogerse a los principios del nuevo Código, pero es exactamente el mismo por el que la Procuraduría de Oaxaca dice que fueron dejados en libertad —en un aparente acto de garantismo, que no es sino el disfraz de la injerencia del Ejecutivo en las decisiones del Poder Judicial— Núñez y Villalobos.

Todo esto, en el fondo, deja en claro dos cuestiones: primera, que el gobierno federal encarceló y liberó a los dirigentes magisteriales por motivos políticos; y segundo, que para llevar a cabo esas dos maniobras manipuló averiguaciones previas, acuerdos judiciales, órdenes de aprehensión, autos de formal prisión, medidas penitenciarias, y beneficios preliberatorios, con tal de cumplir su cambiante agenda política relacionada con los dirigentes y el conflicto magisterial de Oaxaca.

¿CÓMO EXPLICARÁN?

No es tan longeva la disposición del Estado mexicano a permitir que organismos internacionales vigilen y den seguimiento a la situación de la justicia en el país. En este caso, aunque pareciera que se resarcieron al dejar en libertad a los dirigentes magisteriales, ¿cómo explicarán sus decisiones sucesivas? ¿Cómo explicarán su aprehensión a partir de la manipulación y la injerencia del Ejecutivo, y luego su liberación a partir de la utilización de criterios que son excepcionalmente heterogéneos? Hay miles de expedientes esperando —sin éxito— los beneficios de la aplicación del Quinto Transitorio. Núñez y Villalobos lo lograron pero a partir de una grosera manipulación. ¿Cómo lo explicarán eso a las misiones de observación internacional cuando, tarde o temprano, lo objeten?