+ Gobierno y la CNTE, dispuestos a “legalizar” cualquier acuerdo político

La CNTE denuncia —con razón— que sus dirigentes encarcelados son “presos políticos”. Sólo que con esa misma claridad y denuedo debería también reconocer que la decisión de trasladar a cuatro de esos dirigentes, a un reclusorio en territorio oaxaqueño, es también consecuencia de un acuerdo político tomado con la Secretaría de Gobernación. En este país en el que las decisiones políticas son legalizadas a través de formalismos, y nadie se sorprende de ello, esto no debería ser un asunto de poses sino de la demostración de cómo grupos de presión —como la Coordinadora— pueden conseguir negociaciones efectivas.

En efecto, en las primeras horas del martes 12 de julio —horas después de que se llevara a cabo el tercer encuentro entre la CNTE y Gobernación—, se anunció que el líder de la Sección 22, Rubén Núñez, había sido trasladado junto con Francisco Villalobos, Aciel Sibaja y Heriberto Margariño al penal de Miahuatlán, Oaxaca durante la madrugada.

Tal información fue confirmada por el abogado Hugo Paz a un medio de la capital del país, y de inmediato se especuló que éste había sido uno de los acuerdos políticos tomados para facilitar la distensión del conflicto, a pesar de que el traslado de los dirigentes magisteriales detenidos no aparecía en la lista de acuerdos alcanzados entre Gobernación y los representantes de la Coordinadora que acudieron a la mesa de trabajo.

Ayer miércoles, a pesar de la coincidencia en tiempo y circunstancias, la Coordinadora intentó aclarar el punto asegurando que el traslado de los cuatro dirigentes no era parte de los acuerdos con Gobernación, sino que más bien era un logro de la defensa de los procesados. Edith Santibáñez, integrante del equipo Jurídico de Sección 22, aseguró que el traslado de cuatro líderes magisteriales fue un acuerdo judicial  y “no un favor” ni “rotación” de las autoridades, aunque no descartó que la comisión negociadora haya puesto el asunto sobre la mesa de diálogo.

“Teníamos no nada más un acuerdo, teníamos hasta tres acuerdos de traslados emitidos por los jueces, sin embargo las autoridades hacían caso omiso. Hasta el día lunes que se le emplazó al juez segundo de lo penal de Oaxaca, el tenía que darle vista al agente del Ministerio Público en cumplimiento de su mandato judicial”, explicó Santibáñez. ¿De verdad podemos quedarnos con esta versión?

DECISIONES POLÍTICAS

Pues es claro —porque en estos asuntos las casualidades nunca son tal— que esta fue una más de las decisiones políticas a las que luego buscan darle forma jurídica para legalizarlas y —es un decir— “legitimarlas”. La mejor prueba de ello es la propia detención de todos los dirigentes de la Sección 22 y la Coordinadora, que fue un acto político revestido de formalidades jurídicas, no con la intención de castigar la comisión de delitos sino de tratar de desmembrar a un movimiento de presión, que —¡vaya paradoja!— ahora tiene de rodillas a la Secretaría de Gobernación.

En ese sentido, en esta columna apuntamos desde el 14 de junio que lo primero que debíamos tener claro es que las aprehensiones —no “arrestos”— de Rubén Núñez y Francisco Villalobos, secretario General y de Organización, respectivamente, del comité estatal de la Sección 22, son eminentemente políticas.

¿Por qué?, nos preguntábamos. Porque la base de su persecución judicial radica —como siempre en México— en su actividad política. Si Núñez y Villalobos, junto con todos los demás integrantes del comité seccional que ya fueron detenidos, no se hubieran opuesto a la reforma educativa, ahora mismo seguirían gozando de los dividendos que arrojan los porcentajes pagados por empresas a cambio de que la Sección 22 les permitiera realizar negocios con sus agremiados. Por eso hay una evidente connotación política que no debemos dejar de ver.

Ahora bien, en este contexto es menester considerar otro factor imprescindible: en la mesa de Gobernación, hoy en día todo está sujeto a una negociación política. ¿Cómo quiere la Coordinadora, por ejemplo, que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto “abrogue” la reforma educativa, si ello no está entre sus facultades? ¿Cómo consiguió la CNTE que el gobierno federal claudicara en su anuncio de despedir a más de tres mil por incurrir en los supuestos de responsabilidad que establece la Ley General del Servicio Profesional Docente, por faltar más de tres días a sus labores, en el periodo de un mismo mes? ¿Y cómo quieren que se distienda el conflicto de Oaxaca, Chiapas y otras entidades del país? La respuesta a cualquiera de esas preguntas —incluyendo el traslado, y quizá hasta la próxima liberación de Núñez Ginez y compañía— pasa por una negociación política, revestida de formas jurídicas.

Por eso la Coordinadora debe dejar esos maniqueísmos cuando no le conviene, y reconocer que el traslado de Núñez fue una decisión tomada en Gobernación, y luego legitimada por los acuerdos judiciales y el cumplimiento de la autoridad penitenciaria. Nada tan simple —y tan visible— como eso.

ARDOR

Se siguen preguntando por qué fue el ex gobernador Ulises Ruiz, el único priista del país que públicamente salió a rechazar la “elección” de Enrique Ochoa Reza como líder nacional del PRI. La respuesta es simple: porque Ochoa representa a la misma generación de políticos a la que pertenece Alejandro Murat. Sabe también que esa decisión fortalece políticamente —en el mediano plazo— al ahora Gobernador electo. Y que —es lo que le duele— eso lo tendrá aún más alejado de lo que ya está del poder en Oaxaca, luego de sus recurrentes saldos rojos, y sus derrotas recientes.

+ EPN no es político tradicional, ni tecnócrata. ¿Entonces?

Es común que las nuevas generaciones no sepan bien qué es un tecnócrata, por la sencilla razón de que no tienen como punto de referencia, qué había antes de la tecnocracia en los gobiernos mexicanos. Esta cuestión toma relevancia ante el anuncio de la llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI. ¿De verdad es importante —o riesgoso— que un tecnócrata asuma ese cargo que, para la idea de muchos, debe estar en manos de un político?

En efecto, el 20 de junio Manlio Fabio Beltrones presentó su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, luego de los escandalosos resultados globales para ese partido, en los comicios del 5 de junio. Interinamente, asumió la presidencia, la hasta entonces secretaria General, Carolina Monroy del Mazo, pero rápidamente atajó las especulaciones sobre su posible permanencia en la presidencia del partido.

Fue hasta finales de la semana pasada que la CTM anunció —vía la “cargada priista” que se creía extinta de la praxis política— su apoyo al director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, como posible candidato de unidad para la presidencia nacional del PRI. Esto generó muchas suspicacias, básicamente por dos razones: la primera, que Ochoa carece de experiencia y trabajo político en el PRI; y segunda, que es visto como un “tecnócrata” hasta por integrantes de su mismo partido. ¿De verdad la tecnocracia puede ser vista como algo tan nocivo para un partido, para un gobierno, o para el país?

Realmente lo que tendríamos que hacer es, de entrada, un ejercicio de retrospectiva para distinguir cuál es la diferencia entre un político y un tecnócrata. Pues, de hecho, en México hubo una larga tradición de Presidentes preparados en universidades mexicanas —la UNAM, básicamente—, y formados política y administrativamente, en el PRI y en el gobierno federal.

Esa historia se remonta a los gobernantes emanados del PRI desde que se estableció la era de los civiles en la Presidencia (el general Manuel Ávila Camacho fue el último militar en ser titular del Ejecutivo federal en México) y que habría terminado en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, al establecer los primeros puentes con la globalización, e incorporar al gobierno a una nueva clase instruida en el extranjero y alejada de la praxis y el trabajo político en el PRI, como base para la ascensión al poder presidencial.

De hecho, Carlos Salinas de Gortari ha sido el símbolo de la tecnocracia en México, y Ernesto Zedillo Ponce de León su constatación más acabada. Ambos se formaron en universidades de Estados Unidos (Harvard y Yale, respectivamente) y regresaron a México pensando como estadounidenses, y poniendo en práctica los conocimientos y las bases políticas aprendidas en su formación académica.

Ambos —cada uno en su circunstancia— desplazaron a los políticos de la vieja guardia, e instauraron esa nueva era en la que se le pretendió aplicar base técnica al ejercicio político. De ahí que tecnocracia tenga como traducción simple “el gobierno de los técnicos”.

¿POLÍTICO O TECNÓCRATA?

Los políticos puros —esos que son muy eficaces para la operación política, pero que no tienen ningún respaldo ni preparación académica— reprocharon largamente a la tecnocracia, haber desmantelado al PRI. Para todos los presidentes, hasta antes de Salinas de Gortari, la dirigencia nacional del tricolor era vista no sólo como una dependencia gubernamental más, sino como un símbolo del orgullo de una ideología política llevada al poder.

De ahí que había una especie de sacralización, que se rompió cuando Salinas llegó a la presidencia y, dentro de sus decisiones más básicas, estuvo la de comenzar a menguar al partido en la importancia moral y política que había tenido hasta entonces para los presidentes y para los militantes de ese partido.

Salinas y Zedillo nunca aplicaron de lleno la tecnocracia al PRI, sino que más bien, como tecnócratas, desdeñaron al partido como fuente relevante del acceso al poder presidencial, privilegiando otros aspectos sobre la militancia partidista para los cargos públicos, para la integración de los círculos del poder, e incluso para la toma de decisiones sucesorias. De hecho, salvo Luis Donaldo Colosio, no hubo otro personaje al que se le pudiera catalogar como “tecnócrata” al frente del PRI, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hasta la actualidad.

Por esa razón, llama mucho la atención que, de entrada, a Ochoa Reza se le califique como tecnócrata, y se le critique por eso en su arribo al CEN del PRI. Para sustentar esa crítica, habría que preguntarse si el propio presidente Enrique Peña Nieto tiene la calidad de “político” o de “tecnócrata”. En un breve repaso por sus antecedentes, podremos ver que no tiene ni una calidad, ni la otra.

VAIVÉNES

De hecho, el Presidente es el ejemplo de un burócrata de un gobierno local venido a más, e integrante de una élite regional encumbrada por las circunstancias que, sin embargo, no puede presumir la calidad de tecnócrata —no tiene ninguna ascendencia en círculos académicos, o estudios o labor en el extranjero dentro de la “tecnocracia”, como para ser considerado como tal—, y mucho menos de las de un personaje —y ni siquiera su grupo— formado en la puritana tradición priista. Con Beltrones, el Presidente optó por el prototipo del político de larga trayectoria; con Ochoa el PRI está virando, por primera vez en décadas, hacia un tecnócrata que, para variar, se encuentra con la circunstancia de que difícilmente podría obtener resultados más devastadores, que con los que está recibiendo a su partido.

+ Levantamiento en la región; hay mensajes de inminente actividad

Dos visiones polarizadas intentan analizar y hallar conclusiones sobre las constantes comunicaciones de grupos armados, respecto a la problemática magisterial que prevalece en el corredor del Pacífico Sur del país: unos, los que aseguran que grupos como el EPR son prácticamente lo mismo que la CNTE, y que por eso hay efervescencia frente a las circunstancias; y otros, que niegan tajantemente cualquier relación y desvían la atención frente a situaciones como la toma de control de las acciones de rebeldía por otras organizaciones, y el desplazamiento del magisterio en el liderazgo y la organización de las protestas. El análisis sustantivo, sin embargo, debe considerar otras cuestiones que hasta ahora parecen poco analizadas, y que son tanto o más relevantes que esas dos conclusiones primarias.

En efecto, este fin de semana el Ejército Popular Revolucionario dio a conocer un nuevo comunicado —han emitido cuatro en los últimos 15 días, algo muy inusual en organizaciones de esa naturaleza— en el que respalda las acciones magisteriales, y a la par de hacer advertencias al gobierno federal sobre la decisión del pueblo organizado de no rendirse, llama a ciudadanos y organizaciones a estar alertas para defender su dignidad frente a los embates de la oligarquía gobernante. Evidentemente, más allá de su lenguaje cotidiano, lo que verdaderamente debe llamar la atención de esos comunicados no son las advertencias sino los mensajes que se envían entre las organizaciones que participan —o que simpatizan— con la resistencia magisterial. ¿De qué hablamos?

De que, como lo apuntábamos en entregas anteriores, los grupos armados no actúan con base en los momentos históricos o en las fechas predestinadas, sino que más bien buscan aprovechar las coyunturas. Decíamos en aquella entrega (Al Margen xXXXXXX) que esa dinámica es la que marcó la participación de varias organizaciones armadas en el movimiento magisterial de 2006 en Oaxaca, cuestión que expresamente aceptó el EPR cuando un año después, denunció la detención-desaparición también en Oaxaca, de dos de sus integrantes. 2006 fue para ellos una circunstancia construida y aprovechada. Pero, en contraparte, en 2010 —cuando se pensaba que podía haber algún levantamiento por la llegada del ciclo centenario 1810-1910-2010, que marcaría la historia nacional— ninguna organización armada tuvo una actividad relevante.

Este es un elemento de análisis de gran importancia porque hoy lo que queda claro es que el EPR está llamando expresamente a la combinación de todas las formas de lucha. Esto significa que está impulsando una especie de “acuerdo” tácito de participación para que todas las organizaciones afines (armadas, gremiales, y de lucha social) utilicen sus propios mecanismos para llegar a un mismo fin: en primer término, la derrota del Estado en la implementación de las reformas “burguesas”; y en un plano más de fondo, la instauración de un nuevo régimen bajo los principios que ellos defienden.

Este planteamiento no es menor. Pues nuevamente Oaxaca representa esa posibilidad, y Nochixtlán marcó la definición de la coyuntura en la que varias de esas organizaciones —algunos grupos armados, gremios como el magisterio, organizaciones de lucha social, e incluso un partido político, por las simpatías que le ha profesado a este movimiento— pudieran estar dispuestas a ir tras ese objetivo.

CLAVES DEL LLAMADO

Vale considerar, dentro de todo este contexto, algunos elementos que son importantes. En su último comunicado, por ejemplo, el EPR apunta: “No son tiempos de desmovilización, de doblar banderas por temor a la represión, tampoco de rendiciones indignas ante el manotazo autoritario; la demanda popular de la abrogación de la reforma educativa no es de una minoría obcecada, sino de un pueblo que responde con resistencia y dignidad por la defensa de sus derechos (…) Todos debemos estar alerta y preparados para responder combativamente a la nueva escalada de represión; cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares. La consigna es, que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”.

Esto significa, en términos muy llanos, que el EPR está convocado a esa unidad en torno a los objetivos planteados por la Sección 22 y la Coordinadora. De ahí frases como “cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares” o “que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”. Con toda claridad, ese llamado es la combinación de formas de lucha. Es decir, que cada quien haga lo que pueda, por los cauces que prefiera, pero que todos juntos intenten llegar a los fines que finalmente les son comunes a todas esas organizaciones.

DEMOSTRAR PRESENCIA

Incluso, otro elemento que es necesario considerar es el relativo a sus comunicaciones. La constancia con la que han aparecido comunicados, desde distintas representaciones del EPR en el sureste del país, parece una forma de demostrar y advertir su presencia para la potencial conformación de un movimiento regional. En 2007, ante la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca, a través de comunicados el EPR hizo primero patente su actividad en diversos estados del centro y sureste del país, para luego adjudicarse las explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro. Esos dos elementos demostraron su capacidad operativa. ¿Esos llamados actuales pueden considerarse una simple casualidad o una mera actividad retórica?

+ ¿A EPN le cumplen maldición de aplicar evaluación sólo con policías?

Este fin de semana, el gobierno federal anunció la suspensión de la evaluación a profesores del sistema educativo oaxaqueño. Esto ocurrió luego de que el viernes el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableciera que el tiempo se había agotado, y que de no haber distensión a las protestas magisteriales, actuarían incluso utilizando la fuerza pública para liberar las vías de comunicación. Como si fuera magia, varios de los bloqueos carreteros cesaron, la fuerza federal no llegó a Oaxaca, y bajó el tono de las advertencias. El problema es que de nuevo, negociando, sacrificaron la evaluación y la condenaron a seguirla implementando siempre con resguardo policiaco.

En efecto, el sábado el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que la evaluación docente programada para este fin de semana, se realizará hasta el mes de septiembre. Según una nota de Milenio, el vocero de la dependencia, Jorge Oropeza, dijo que esta evaluación estaba prevista inicialmente para realizarse este sábado pero que desde el mes de mayo, cuando los maestros instalaron el plantón en el centro de Oaxaca, se acordó posponerla hasta septiembre.

Frente a estas afirmaciones, la Sección 22 aclaró que en realidad la suspensión de la evaluación había ocurrido como parte de los acuerdos alcanzados en Gobernación, sobre los cuales no se había dado a conocer nada en los días previos. El Financiero tuvo acceso a fuentes magisteriales, quienes no sólo admitieron que el aplazamiento del examen fue resultado de una de mesa como parte de los acuerdos previos y a solicitud de la Sección 22, sino que también dieron a conocer cuáles habían sido esos cinco acuerdos sobre los que, ni ellos ni Gobernación, habían informado a la ciudadanía, como principio para distender el conflicto.

Estos acuerdos son los siguientes: 1. La salida de las fuerzas federales de Oaxaca 2. Negociación sin la presencia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y Gabino Cué, gobernador de Oaxaca 3. La cancelación del examen del 2 de julio 4. La entrega de cheques de la quincena 11 a quienes retuvieron para notificarles la aplicación del examen 5. La suspensión de los procedimientos de rescisión para los mil 359 maestros que según la SEP acumularon 4 faltas y la reposición de los descuentos

Fuentes magisteriales que dieron esta información a El Financiero, dijeron que la primera petición se cumplió de manera parcial, pues sigue habiendo presencia de la Policía Federal, aunque en menor medida. El segundo punto se ha cumplido pues no han participado Nuño ni Cué, el tercer punto se dio este sábado, con la suspensión del examen, que incluye el de este 2 de julio que es parte de la primera etapa y el del 28 de noviembre, la segunda etapa.

Que, además, será a partir de hoy lunes que se inicie con el cumplimiento del cuarto y quinto acuerdo, que se dará con la liberación de los pagos. En su perspectiva, el diálogo no está cancelado pero en la medida que se dé el cumplimiento de esos cinco puntos, también el magisterio irá dando muestras de distención del conflicto.

¿LA EVALUACIÓN,

SÓLO CON POLICÍAS?

En noviembre del año pasado, el gobierno estatal y federal celebraron la primera fase de la evaluación docente, que se realizó en la sede de la Ciudad Administrativa y fue custodiada por más de diez mil elementos federales. La sección 22 de la CNTE trató de boicotear estos exámenes atacando los autobuses de los cuatro mil 100 aspirantes, de los cuales, sólo dos mil 100 presentaron la prueba.

La aplicación de aquella prueba con blindaje policiaco, y los recientes acuerdos entre la CNTE y Gobernación, confirman dos cosas: que en su visión cortoplacista, al magisterio sólo le importa que no ocurra la evaluación; y que el gobierno federal se está resignando a repetir, indefinidamente, el ejercicio de negociar, suspender y aplicar la evaluación con resguardo policiaco.

En el primero de los rubros, queda claro que la 22 sigue sin entender que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

En cuanto a la resignación federal a la evaluación, es evidente su fracaso. En noviembre pasado (Al Margen 25.11.2015) apuntamos algo que, por lo que vemos, revela la derrota del Estado. Dijimos: El Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

EPÍLOGO

Quizá haya calma ahora. Calma, sí, de aquí a septiembre. Y así, volver a empezar. De locos.