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El Congreso y los partidos deben promover, no derruir, la democracia

Elecciones desleales

+ OPLE-IEEPCO debe dejar de estar bajo el asedio del interés partidista


Frente a las circunstancias, no está de más la pregunta siguiente: ¿a quién le conviene socavar la democracia representativa en Oaxaca? Si las dirigencias o representaciones políticas de los partidos se vieran obligados a responder tal cuestionamiento, necesariamente tendrían que decir que, a cualquiera, menos a ellos. Si a los partidos no les conviene el descrédito de la democracia y los procesos electorales, como el que está en puerta en la entidad, ¿por qué son ellos quienes lo promueven?

En efecto, la pregunta no es menor, y más bien debe verse a la luz de las propias circunstancias: como la autoridad electoral quedó políticamente debilitada por el efecto que causó la declaratoria de inconstitucionalidad de la reforma político-electoral realizada por la Suprema Corte, entonces todos —partidos, candidatos, organizaciones y camarillas— asumieron que Oaxaca es tierra sin ley en materia electoral, y desataron una feroz guerra por la gubernatura y las posiciones políticas que se disputarán en 2016.

Hasta ahora, lo han hecho con libertad porque la autoridad electoral pareciera que no alcanza a reorganizarse. Pero si lo que se pudiera esperar es que el propio Estado sentara la bases para una competencia prudente, equitativa y democrática, resulta que éste promueve exactamente lo contrario. Y el resultado es una competencia fuerte y “nutrida” pero también corrosiva y con altos riesgos de convertirse en suicida, porque pareciera que está matando toda la credibilidad y certeza en la democracia representativa que encuentra a su paso.

Esta cuestión es seria. Pues pareciera que de nueva cuenta los partidos pasan por alto que no es lo mismo luchar por el poder, que luchar contra el poder. En los hechos, al tratar de hacer lo primero, terminan haciendo lo segundo. Y el problema es que si bien ambas cuestiones tienen por objeto conseguir el poder, en la primera se lucha dentro de las reglas y las instituciones establecidas por el propio Estado, en la segunda lo que se hace es socavar todas las bases en las que descansa el sistema democrático, hasta dinamitarlas, para —según— construir un nuevo sistema basado en reglas distintas.

Así, si se supone que el ejemplo clásico de la primera definición debiera ser la lucha entre partidos, y el de la segunda sería la lucha armada, resulta que en los hechos es el propio sistema de partidos, por sus propios vicios, quien intenta socavar las bases de la democracia representativa en aras no de construir un nuevo sistema, sino simplemente de alcanzar el poder.

Eso es lo que ocurre en Oaxaca. Parece que los partidos ya perdieron toda noción sobre los límites que deben guardar. Por eso alientan disimuladamente las campañas anticipadas, no moderan a quienes aspiran a un cargo público bajo sus siglas, y a través de sus representaciones legislativas continúan tratando de colonizar al órgano electoral. El conjunto de ese quebranto de normas, y de debilitamiento de la autoridad electoral, es una ciudadanía incapaz de creer en su sistema de partidos.

Pues si ven que los mismos partidos son los promotores de la ruptura únicamente para tratar de sacarle algo de ventaja a sus adversarios, entonces a todos termina quedándoles claro que sólo se puede ganar una competencia electoral rompiendo las reglas, minando a la autoridad y tomando superioridad “a la brava”.

Eso finalmente no beneficia a nadie. Porque gane quien gane, y pierda quien pierda, de todos modos el resultado electoral va a ser cuestionado e impugnado, y de todos modos al final todos van a acusar las mismas irregularidades de las que todos son asimismo copartícipes. ¿Quién pierde? Pierde la democracia; pierde la ciudadanía y, en el fondo, pierden los mismos partidos que con esa competencia feroz y caníbal están engullendo su propio valor como fuerzas representativas de la ciudadanía organizada.

VAN TRAS LA AUTORIDAD

Uno de los aspectos relevantes que invalidó la Corte respecto a la ley electoral en Oaxaca, y que se le ha dado poca importancia, es lo relacionado con la excesiva injerencia que el Congreso del Estado se otorgó en la conformación del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. Aunque la tendencia nacional apunta a que éstos órganos sean cada vez más ajenos a las tentaciones colonizadoras de los partidos y poderes locales, resulta que aquí ocurrió exactamente eso.

¿Qué facultades se dio el Congreso? Por ejemplo, la de continuar interviniendo en la conformación de las direcciones ejecutivas y órganos técnicos del Organismo Público Local Electoral; en la creación de un Consejo Estatal de Sistemas Normativos Internos, que también rompía con la autonomía del organismo, y con la dependencia que éste debe tener únicamente al Instituto Nacional Electoral. Y así como esas, la Corte invalidó diversas disposiciones que tenían por objeto justamente que los grupos parlamentarios en el Congreso local —es decir, los partidos— continuaran “metiéndole mano” a la autoridad electoral, como si con ello ganaran algo.

Ayer justamente, el consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova, apuntaba en un texto denominado “En defensa de la autonomía de los OPL” y publicado en El Universal, lo siguiente: “Dado el sentido de la reforma electoral, es fundamental que el personal directivo de los OPL (en sus oficinas estatales, distritales y/o municipales) sea designado sin ningún tipo de injerencia de algún poder o autoridad. Lo contrario implicaría contravenir el concepto de los organismos constitucionales autónomos y los propósitos mismos de la reforma…

“No puede haber confusiones: la autonomía constitucional de los OPL se estableció respecto de los poderes locales, y en contraparte, estableció los vínculos y herramientas para que el INE intervenga en el funcionamiento de esas autoridades electorales para garantizar la imparcialidad de los comicios en los estados. Por ello los nombramientos son decisiones que deben tomarse con amplios consensos, no con mayorías simples, menos de manera unipersonal, e invariablemente deberán hacerse honrando la autonomía que gozan frente a los poderes locales”.

QUE EN OAXACA LO ENTIENDAN

Eso es lo que falta: que los grupos políticos en Oaxaca entiendan que no pueden continuar socavando todo lo que encuentran a su paso únicamente porque no se ajusta a sus intereses políticos. Y eso está en riesgo de provocarle un daño total y permanente a nuestra incipiente democracia en Oaxaca.

En Oaxaca los tiempos electorales se volvieron tierra sin ley

Electorales sin ley.

+ Los aspirantes deben moderarse; el excederse es contraproducente.


El proceso electoral está en fase de preparación, y en todos los partidos las cosas están que arden. La falta de reglas electorales claras, el revés de la Suprema Corte a la legislación electoral de la entidad, y la incapacidad tanto del órgano electoral, como de partidos y candidatos por establecer una línea de moderación, están provocando un desbordamiento anticipado y total de los ánimos electorales. Si seguimos como hasta ahora, llegaremos a la mitad del proceso electoral en medio de una guerra política, y esto culminará con un resultado cuestionado por todos. Si esa es la expectativa, entonces vamos muy bien. Pero si no, es buen momento para detenerse.

En efecto, el proceso electoral se declaró abierto el 8 de octubre, y a muchos todavía les queda duda por qué, si apenas tres días antes la Suprema Corte de Justicia de la Nación había invalidado prácticamente toda la reforma constitucional y legal en materia político electoral de nuestra entidad. Quienes tienen esa duda, se encuentran en un dilema válido: pareciera que al echar por tierra la legislación electoral, lo que quedaba vigente era el anterior sistema y calendario, en el que todo arrancaba en la primera semana de noviembre para que los comicios ocurrieran el primer domingo de julio.

Lo particular, en este caso, es que la jurisdicción de las normas electorales cambió, para pasar de un sistema federalizado de sistemas electorales, a uno centralizado. Es decir, que si antes había una “convivencia” entre normas y órganos electorales que se dedicaban a organizar los procesos electorales federales, y los correspondientes en las entidades federativas, ahora existe un solo espectro electoral que es nacional. Por eso el antiguo Instituto Federal Electoral pasó a ser nacional, y por eso las normas electorales emitidas por el Congreso de la Unión ahora son de observancia general en todo el país. Ese es un problema mayor, a la luz del vacío de autoridad y de la anarquía política que se vive en Oaxaca.

Pues resulta que aquí la legislación electoral se emitió al cuarto para las doce, y con un cúmulo desbordado de fallas que provocaron la invalidación de prácticamente toda la legislación estatal por parte de la Suprema Corte. Este hecho en específico generó una reacción en cadena que de inmediato desacreditó al órgano electoral (que ya no es de integración local, sino que es una extensión del INE) y que abrió un espacio en el que muchos suponen que sólo hay vacío. Ese vacío, creen —quizá válidamente—, es de normas, pero también de autoridad y de límites, sobre lo que pueden o no hacer quienes aspiran a un cargo público en los comicios estatales del año próximo.

¿Por qué el proceso electoral arrancó la semana pasada, si hubo invalidación de la legislación electoral estatal? Porque el artículo 25 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que en los procesos para la elección de gobernador, diputados locales y ayuntamientos en las entidades federativas, los comicios deben ocurrir el primer domingo de junio, y por ende los tiempos para la preparación del proceso electoral debían anticiparse a los establecidos en el régimen anterior, en virtud del esa y otras disposiciones de orden nacional.

Ello significa, claramente, que a pesar de que no hay ley electoral local, y que supletoria y complementariamente se aplicarán algunas de las normas del régimen anterior, sí existe una observancia de las reglas establecidas en la legislación nacional vigente de la materia, aunque evidentemente el problema radica en la forma en cómo los partidos y candidatos están entendiendo esta circunstancia.

NO HAY AUTORIDAD

El problema es que todos creyeron que con la caída de las normas electorales, Oaxaca se convertiría en tierra sin ley, para efectos políticos. Eso se alimentó con el enorme descrédito que, gratis, se ganó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca al convertirse en cómplice del régimen en la legitimación del Centro Cultural y de Convenciones a través de una consulta que, salvo a sus impulsores y organizadores, no dejó convencido a nadie. Todo eso hizo crecer la estela de ingobernabilidad electoral que hoy es cosa de todos los días en Oaxaca.

Pues a simple vista se puede observar que nadie tiene el menor pudor por al menos guardar ciertas formas de cara al proceso electoral que ya arrancó. Vemos a aspirantes a la gubernatura, en su calidad de servidores públicos, realizando “giras de trabajo” constantes a la entidad, en las que abiertamente ocupan recursos del Estado para la organización de eventos masivos que no tienen otro fin más que el de un acto proselitista.

Vemos a legisladores, ex legisladores y “ciudadanos comunes” impulsando campañas costosísimas a la vista del público, en la que abiertamente promueven sus “logros” —como si no hubieran cobrado dietas y salarios por realizar esa función— o los supuestos beneficios que le llevaron a la ciudadanía. Hay quienes abiertamente ya promueven su nombre, iniciales y propaganda de cara a las encuestas que se realizarán próximamente para medir la popularidad de quienes aspiran a la gubernatura, las diputaciones y los cargos municipales que estarán en disputa el año próximo.

¿Por qué lo hacen sin ningún pudor? Porque no hay autoridad. Porque el IEEPCO parece ser el gran pasmado en todo este devenir de acontecimiento, y parece ser también el gran pagador de las facturas por la incertidumbre jurídica que priva en la entidad no sólo después del revés de la Corte, sino del desaseado trabajo que realizaron los legisladores al impulsar una legislación electoral confeccionada de prisa, y sobre las rodillas.

EL DESCRÉDITO

Al final, ¿cuál va a ser el resultado de todo esto? Un proceso electoral salpicado por la ilegalidad, dominado por la incertidumbre y, en resumen, un proceso que terminará siendo cuestionado por todos. Lo que no ven es que con esta rienda suelta al desorden todos promueven la incredulidad por el resultado. Sea cual sea. Esto no lastima a nadie más que a los que hoy invierten tiempo, recursos y capitales en esta lucha. La gran ausente es la autoridad, que desde ahora se ve liquidada y desacreditada, y que no alcanza a generar las condiciones ya no para que alguien la respete, sino al menos para que los actores políticos distingan que a pesar de todo, sigue ahí para ser árbitro de la contienda.

El problema no es la alianza; la cuestión es quién será el candidato

Elecciones

+ En Oaxaca el PAN irá tras el PRD; en Puebla ocurrirá lo contrario


El escenario electoral en Oaxaca está determinado por las circunstancias nacionales, y en ellas ya se dibujan algunas definiciones rumbo al 2016. En la alianza de partidos que gobierna la entidad ya se vislumbra una reedición de la coalición que llevó a Gabino Cué Monteagudo a la gubernatura en 2010. Lo que sigue siendo una incógnita es quién será el abanderado de esa alianza. Y para entender esta situación es necesario considerar no sólo el escenario y las definiciones locales, sino los roles que juegan los distintos grupos políticos al interior del PAN y el PRD en el escenario nacional, y la influencia que eso puede tener en Oaxaca.

En efecto, este fin de semana el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Juan Mendoza Reyes, lanzó la convocatoria “a los institutos políticos que en 2010 coincidieron en la búsqueda de la alternancia”, así como a la sociedad civil, “a construir una gran coalición para impedir que Oaxaca tenga una regresión democrática”. Mendoza dijo que el PAN cuenta con cuadros sobresalientes para la contienda, pero resaltó que esperarán los tiempos dictados por el CEN y, en caso de concretarse la unión de partidos, efectuar la propuesta ante los mismos.

En paralelo, en el PRD —porque el PT perdió su registro como partido político nacional— hay una enorme rebatinga entre la dirigencia estatal, que tiene su propia agenda política, y el Comité Ejecutivo Nacional que atraviesa por un profundo proceso de transformación luego del reconocimiento de las inconsistencias que lo llevaron al peor descalabro electoral de toda su historia, en los comicios federales de 2013, que lo llevaron a una lejana tercera posición como fuerza política nacional y como grupo parlamentario en el Congreso federal.

¿Qué ocurre en el PRD? Que la dirigencia estatal ha delineado una agenda en la que parece estar seguro de poder dictarle a la dirigencia nacional quién será el Candidato a Gobernador por ese partido, y por ende de la coalición de partidos, ante la debilidad del PAN como fuerza política en la entidad.

El problema que parece haber en esa intención, es que la agenda local no corresponde con la agenda nacional del perredismo. Pues mientras en Oaxaca hay un grupo cerrado que pretende impulsar una candidatura en base a intereses políticos y no a competitividad electoral, en el perredismo nacional parecen estar muy claros que la ruta hacia los años siguientes, debe ser la de la búsqueda de triunfos, y no necesariamente la de la satisfacción de caprichos de grupos políticos estatales.

Esta situación tiene un elemento adicional que, con el paso del tiempo y el avance del proceso electoral, incrementará el nivel de complejidad en la toma de la decisión final de quién será el candidato a Gobernador. Pues por un lado, Cué tratará de hacer valer su posición y su fuerza política al interior del PRD como uno de sus gobernadores que más triunfos electorales le ha reportado al perredismo; y por el otro estará la posición delineada por Agustín Basave —inminente dirigente nacional de ese partido— que ha establecido la necesidad de que sea la competitividad quien determine las candidaturas.

Y todo esto se enmarca en el hecho de que las definiciones relacionadas con la conformación de coaliciones y todo lo relacionado con ellas —incluyendo lo relacionado con la definición del Candidato a Gobernador— está definido estatutariamente como una facultad exclusiva del Consejo Nacional del PRD, sin injerencia de los grupos locales, las llamadas tribus, los consejos estatales o los factores materiales de poder en ese partido.

PUEBLA Y OAXACA

En Puebla el gobernador Rafael Moreno Valle llegó al cargo gracias a una coalición de partidos similar a la que impulsó a Gabino Cué al gobierno de Oaxaca. La diferencia entre Moreno Valle y Cué es que mientras éste último se ha definido como un Gobernador de izquierda, y específicamente del PRD, Moreno Valle está claramente definido como un Gobernador del PAN, que se entrevera con las fuerzas de izquierda de acuerdo con las circunstancias.

En Puebla, el gobernador Moreno Valle tiene claro que la ruta del establecimiento de su sucesor será a través del PAN. Por esa razón, desde hace meses impulsó al ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco, como representante de Puebla en la Ciudad de México, no necesariamente como una forma de representación institucional del gobierno poblano, sino como el impulso abierto de quien es su interlocutor político con el panismo. En esa ruta tan delineada en la preferencia del gobernador Moreno hacia el PAN, parece que al PRD no le quedará otro camino que secundar la decisión que ellos tomen de cara a la coalición.

En Oaxaca, las cosas van en un rumbo distinto. Aquí, por la definición de la candidatura a Gobernador, hay una clara disputa entre el senador Benjamín Robles Montoya y el grupo que aparenta ser el respaldado por el grupo gobernante. El primero tiene el soporte de su competitividad electoral, y del respaldo que le han manifestado diversos sectores del perredismo nacional; los segundos, se sienten respaldados por el apoyo institucional del gobierno oaxaqueño y por la influencia del Gobernante oaxaqueño, que intentará hacer valer su posición frente al perredismo nacional.

Al final, será el CEN del PRD quien tenga la definición sobre Oaxaca. Entregarán la candidatura a Gobernador de Puebla al PAN, a cambio de que éste no cuestione la definición perredista en el caso de Oaxaca. Y si la ruta marcada por el consenso perredista nacional, apunta a que debe ser la competitividad electoral lo que determine las candidaturas, entonces lo que se espera en Oaxaca es un fuerte choque de trenes entre lo que quiere el perredismo local, y lo que finalmente decida el Consejo Nacional del PRD.

UNA PERLA

Se lee en un comunicado enviado por el diputado federal Oscar Valencia: En el marco del “Día de la Raza”, Valencia (…) dijo: “con la conquista de los españoles en 1492, hace más de 500 años, los pueblos de México, muchos de ellos aún siguen sin alcanzar su desarrollo integral”. ¿Notan por qué se dice que la educación básica es tan deficiente en Oaxaca? Al diputado Valencia nunca le enseñaron en la primaria —o nunca lo aprendió— que en 1492 sólo ocurrió el descubrimiento de América, y no la conquista de México, que se dio en 1521 a través de la expedición comandada por Hernán Cortés; por esos mismos años ocurrió la conquista de otras civilizaciones en nuestro continente. ¡Pero en 1492 España no conquistó nada!

¿Con pasividad Oaxaca y EPN quieren demostrar que hay reforma educativa?

Escuela Cerrada

+ Hechos de ayer demuestran que el magisterio intenta tomar una nueva medida


A las ocho de la mañana de ayer, cuando en un noticiero televisivo de la capital del país entrevistaron al director del IEEPO, Moisés Robles Cruz, sobre el impacto que había tenido en Oaxaca el llamado al paro de labores de la CNTE, éste soltó una cifra que nadie supo si era totalmente real, o cuál era la estadística que la soportara. Con esos titubeos, y con las declaraciones vacías del titular de la SEP sobre la firmeza de la ley —mientras en Oaxaca los maestros desquiciaban la capital—, todo más bien parecía ser una burla para la sociedad mexicana.

En efecto, ayer ante la pregunta del periodista Carlos Loret sobre el número de escuelas que sí habían tenido labores en Oaxaca, Robles aseguró que era un 35 por ciento. Por el tono y la espontaneidad con la que soltó la cifra, más bien parecía que había improvisado el número para salir del paso, pues luego aclaró que aún no tenía cifras concretas sobre el total de escuelas que abren a las 7 de la mañana que sí habían tenido labores, y que además faltaba que se generara el reporte de cuántas escuelas primarias (que inician la jornada a las 8 am) sí habían tenido clases. Es decir, que según sus propios dichos la cifra ofrecida era un mero número al aire.

Luego, un par de horas después, el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación de la capital del país, en la que hizo una larga defensa de la reforma educativa, y repetía una y otra vez que habría descuentos a los maestros que no laboraran este lunes. “estamos de lado de las niñas y los niños, y los maestros que creen que es válido dejar sin clases a los menores están equivocados (…) De tal suerte que no vamos a dialogar bajo presión y mucho menos cuando se está violando la ley; si están haciendo una marcha dejando a niños sin clases, que es el derecho fundamental para exigir diálogo, esa no es la manera de exigirlo”, subrayaba.

Del mismo modo, Nuño intentaba decir, con energía, que en la SEP harían un balance del paro de labores realizado este lunes, y que de inmediato procederían a descontar el día a los maestros que no hubieran ido a trabajar, para posteriormente hacer una revisión de los directores y supervisores que no hubieran hecho los reportes sobre las inasistencias, para que éstos también fueran sancionados administrativamente. Y quienes acumulen más de tres faltas en un mes, serán dados de baja del servicio, reiteraba.

Mientras esto ocurría, los maestros le daban rienda suelta a sus movilizaciones. En la capital oaxaqueña no lograron hacer todas las acciones que habían previsto, pero sí lograron cerrar varios cruceros importantes para la movilidad de una buena parte de la ciudadanía. Aunque no todos participaron en las movilizaciones, sí en la capital y en la mayoría de los municipios de la entidad las escuelas estuvieron cerradas.

Esto significa que, por un lado, los maestros continúan respondiendo a los llamados de su sindicato sobre los paros de labores; por el otro, que no le tienen ningún temor ni a los descuentos ni a la amenaza velada sobre la pérdida de su empleo; y en un tercer ángulo pareciera que ninguno de los llamados de la autoridad han logrado permear entre las bases magisteriales que no reparan en reincidir en la dosis de los paros anunciados y consumados de labores.

¿Qué es lo que más llama la atención? Que a diferencia de algunos otros momentos, en los que el gobierno intentaba hacer presencia aunque fuera simbólica frente a las movilizaciones magisteriales, ahora no ocurrió. Todavía en las primeras horas de la tarde había reportes de que los profesores mantenían bloqueos en varios puntos de la entidad, y ni los discursos del Director General del IEEPO, ni las amenazas del titular de la SEP podían persuadirlos de deponer su decisión de mantener las movilizaciones.

¿Qué significa todo esto? Que al menos ayer, en Oaxaca volvimos al pasado. Ese pasado en el que la autoridad es una caricatura; en el que los maestros hacen y deshacen a placer; y en el que la ciudadanía es presa silenciosa de la ira magisterial sin control. ¿En esas condiciones quieren que creamos que ahora sí la reforma educativa va, y que las cosas van a cambiar en Oaxaca?

NO HAY REFORMA

Podemos suponer válidamente que los profesores oaxaqueños, y de varias entidades del país, siguen pensando que todo eso de los descuentos y los ceses por inasistencias, es una falacia que únicamente sirve para asustarlos pero que no va a ocurrir porque la SEP —que es ahora quien paga directamente la nómina magisterial en todo el país— no tiene el control de las incidencias y, le guste o no a Aurelio Nuño, los coordinadores, directores y supervisores de todo el sistema educativo nacional —y más aún los de la CNTE, que tienen un adoctrinamiento profundo sobre su militancia y lealtades políticas— siguen siendo profesores que, sin excepción, velarán por cuidar a sus compañeros, antes que entregarlos a la autoridad para que les descuenten.

Incluso, se puede suponer válidamente que los profesores tienen esa idea porque en realidad el único paro de labores que habían realizado antes que el de ayer, fue el del pasado 2 de octubre, cuando también se tomaron el día para protestar en las calles, o simplemente como de asueto, ante el llamado de su sindicato para cerrar las escuelas. Son dos paros de labores de un solo día en lo que va de una quincena.

¿Qué debería hacer entonces la SEP? Descontar cuanto antes, los días no laborados. Pero para eso necesita tener respaldos documentales —es decir, reportes de inasistencias— que quién sabe si llegue a conseguir sobre el 70 % por ciento de los profesores que no laboraron el 2 de octubre; y sobre el 65 % que según el director del IEEPO no fue ayer a clases. Sólo así podría descontar y no meterse en problemas. De lo contrario, descontará y luego reintegrará ante su imposibilidad de comprobar la inasistencia. Irremediablemente, para esos efectos, todos los profesores habrán laborado, y todos serán blanco de una persecución política. Podemos adelantarlo.

LA PRUEBA DEL ÁCIDO

Si este escenario previsible, ocurre, entonces estaremos ante el ocaso material de una reforma educativa que ha sido muy cuestionada, muy defendida, y muy implementada hasta con el cuidado de la fuerza pública, pero que no podría sortear la circunstancia del proceso administrativo para hacerla valer.

El CCCO, ¿qué destino tiene frente a la siguiente administración?

Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca

+ Es necesario aceptar el proyecto, no transar con él… como la velaria


La instalación de la velaria en el Auditorio Guelaguetza, fue una de las banderas políticas de la actual administración, cuando hace seis años era el principal grupo opositor al grupo que entonces gobernaba la entidad. Esa situación deben verla en perspectiva, a la luz de varias posibilidades relacionadas con el Centro Cultural y de Convenciones, que por el rechazo, la polémica y la incertidumbre que genera, hoy por hoy es al actual gobierno, lo mismo que fue la velaria para la gestión del gobernador Ulises Ruiz.

En efecto, es importantísimo ver el destino que tiene la construcción del Centro Cultural y de Convenciones, a partir de una circunstancia específica: en los trece meses y medio que le quedan de gobierno a Gabino Cué, su gobierno difícilmente podrá culminar las obras relacionadas con el estacionamiento del complejo, y es prácticamente nula la posibilidad de que termine toda la edificación del CCCO.

Por esa razón, era muy importante una legitimación real del proyecto —y no el engaño que terminó siendo la consulta ciudadana realizada hace dos fines de semana—, para que éste no quedara al arbitrio de los cálculos políticos del gobierno que arranque en diciembre de 2016 —quizá contrario al actual, quizá no—; o simplemente fuera blanco del olvido o la connivencia, como lo fueron para esta administración varias obras como la velaria del Auditorio Guelaguetza, o los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Judicial.

En este sentido, es claro que el gobierno estatal debe revisar con puntualidad todos los escenarios, a partir de diciembre de 2016. Una de las posibilidades (la esperada, pero no necesariamente posible) era que por su grado de legitimación y respaldo ciudadano, la administración siguiente se viera obligada a continuar las obras del CCCO tal y como la dejó planeada el gobierno saliente.

Otra (más posible) es que el CCCO termine siendo una de las banderas políticas para los tiempos electorales, y que por tratar de conseguir respaldo ciudadano algún candidato o partido ponga en la arena electoral la promesa de no continuar con la obra del Centro de Convenciones, para captar la simpatía —y, sobre todo, el voto— de los que rechazan la obra. Una tercera posibilidad, radica en que simplemente el siguiente gobierno se desinterese de la obra, por no ser un proyecto propio ni respaldado por la ciudadanía.

A partir de este análisis, el gobierno de Gabino Cué debe revisar qué hizo con la velaria del Auditorio Guelaguetza, que en su tiempo fue una obra casi tan polémica y cuestionada como hoy lo es el Centro de Convenciones. Pues resulta que hace seis años (por ahí de 2009) el actual grupo gobernante era oposición, y una de sus varias banderas de rechazo al gobierno de Ulises Ruiz se centraba en la crítica a la arbitrariedad de la instalación de la velaria, y la exigencia de una consulta ciudadana para que los oaxaqueños opinaran sobre ella.

De hecho, abiertamente ellos se decían en contra del proyecto, y durante los tiempos electorales siempre hicieron creer a la ciudadanía que, de ganar los comicios, ellos corregirían esta situación devolviendo a los oaxaqueños un Auditorio Guelaguetza al aire libre, como se supone que la mayoría de las personas lo exigía.

En su momento, esa era una bandera legítima porque ellos, como muchísimos oaxaqueños, no estábamos de acuerdo en que se invirtieran alrededor de 200 millones de pesos en esa obra innecesaria, costosa y de poca utilidad para un recinto que anualmente se utiliza sólo en contadas ocasiones. Aún así, el gobierno siguió el proyecto. Y lo que ya no cuadró fue que sus antiguos opositores, una vez en el gobierno se convirtieran en los principales defensores de la velaria, y hoy tengan la firme intención de utilizar esa misma velaria como parte del contexto de su proyecto del CCCO, que tendría una conexión directa con el Auditorio (techado) para hacer de ambos inmuebles un solo complejo.

EL CCCO NO TIENE PERSPECTIVA

El CCCO se enfrenta a un problema mayor: la legitimación ciudadana que dice el gobierno que tiene el proyecto, es ficticia. Es así, porque a la consulta ciudadana sólo acudieron 19 mil personas (y seis mil votaron en contra), lo cual no constituye ni el uno por ciento de la ciudadanía con que cuenta sólo el municipio de Oaxaca de Juárez. A su vez, la consulta se supone que tenía como objetivo demostrar la aceptación ciudadana, y por ende la legitimidad que le permitiría al proyecto superar el cambio de los tiempos políticos.

No hay tal respaldo ciudadano y por eso lo único que quedaría es que el siguiente gobierno vea la conveniencia (sí, puramente la conveniencia) de continuar con el proyecto. ¿Se recuerda al entonces secretario de las Infraestructuras de este gobierno, Netzahualcóyotl Salvatierra López, argumentando denodadamente a favor de la velaria, cuando el grupo con el que llegó al gobierno la rechazaba firmemente? Su postura era, por un lado, la de un funcionario sometido ya no por la demagogia sino por los compromisos institucionales. Pero sobre todo, dejaba ver un acuerdo de negocios para concretar la obra, ahora con nuevos proveedores y nuevos beneficiarios, entre los que ya se encontraban personas del actual régimen a las que ahora les convenía continuar con el proyecto.

¿Qué ocurrió con los complejos de edificios de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial? Funcionalmente, el gobierno actual los olvidó, y regresaron a la vieja práctica de llenar de oficinas (ahora denominadas “alternas”, pero también rentadas, con cargo al erario estatal) en el primer cuadro de la capital. De entonces a la fecha, los dos conjuntos inmobiliarios han sido permanentemente soslayados y menospreciados por un gobierno que no sabe si sirven o no, pero que de antemano se decidió a no utilizarlos en sus verdaderas capacidades por ser una herencia del régimen anterior.

¿Qué futuro le espera, en esta perspectiva, al CCCO? Puede ser cualquiera de los antes descritos, los cuales pasan más por las conveniencias que por un verdadero sentido de actuar en función de lo que quiere la ciudadanía, y lo que le conviene al gobierno.

SOBREVALUACIÓN

Por cierto, siguen creciendo las historias (leyendas urbanas, hasta ahora, pero no por ello erradas) de que los terrenos aledaños al CCCO pasan por un momento de jauja. ¿Quiénes serán los adinerados que estarían haciendo en estas semanas, millonarias compras “de oportunidad” con esos predios?

¿Independientes? En Oaxaca no podría haber un “Bronco”

El Bronco

+ Independientes ganan, vale decir, con gente independiente


En Oaxaca varios sueñan con emular a Jaime Rodríguez Calderón, que como candidato independiente ganó la gubernatura de Nuevo León, y este fin de semana pasado tomó posesión en medio de una gran euforia ciudadana, y el respaldo a un político no visto desde hace 15 años cuando Vicente Fox le ganó la Presidencia de la República al PRI. El análisis simple dice que cualquiera que se envuelva en la bandera de “candidato independiente” y tenga un buen discurso, puede ganar. Sin embargo, hay condiciones objetivas que dificultan sobremanera esa posibilidad, en una entidad federativa como la nuestra.

En efecto, en los comicios de julio pasado la novedad fueron, por un lado, Rodríguez Calderón, que arrasó en la elección de Gobernador de Nuevo León como candidato independiente, asestándole una paliza a todos los partidos políticos. En el otro extremo, se ubicó Pedro Kumamoto Aguilar, que también ganó como candidato independiente el distrito correspondiente a Zapopan, Jalisco, y que llamó la atención por el bajo costo que tuvo su campaña y la enorme influencia que tuvo en su destino electoral el uso estratégico de las redes sociales.

En otro extremo se encuentra un contexto como el nuestro, en el que las condiciones sociales, económicas y políticas son totalmente distintas. Oaxaca es una de las entidades federativas que no únicamente concentra más condiciones de pobreza y marginación que casi todas las demás entidades del país, sino que además es una entidad en la que la dispersión poblacional es enorme, y en la que el acceso no sólo a conectividad, sino a servicios básicos de educación son deficientes y limitados en la gran mayoría de los centros de población que, a su vez, son zonas rurales.

En ese contexto, en Oaxaca los procesos electorales no son un asunto de convencimiento, sino una cuestión de dinero y de estructuras electorales. Históricamente, Oaxaca fue uno de los bastiones priistas cuando los comicios se acostumbraba ganarlos invirtiendo recursos económicos para los programas sociales o para el llamado “voto verde” o voto del campesinado, que por décadas estuvo fuertemente adoctrinado, y condicionado con los apoyos gubernamentales, a que dieran siempre su voto al PRI.

Cuando llegó la pluralidad de partidos al país, lo único que cambió en Oaxaca fue el color del partido que generaba la movilización y el uso de los recursos; pero finalmente ha sido un uso y costumbre que las elecciones las gane quien reparte más recursos, quien utiliza con mayor eficacia los programas de asistencia social con fines electorales, y quien crea la mejor estructura de promoción y captación del voto. Todo eso lo saben priistas, panistas y perredistas, porque todos han ejercido esas prácticas por igual para ganar los espacios de los que hoy gozan.

¿Cuál es la diferencia? Que, por un lado, las normas electorales abrieron la posibilidad de las candidaturas independientes, y esto ha incrementado el número de personas que quieren competir por un cargo de elección popular, y que saben que en esa condición no necesitan mantener ni demostrar disciplina a un partido sino que deben trabajar para conquistar la simpatía ciudadana.

Por el otro lado, están los grupos políticos que, ante su falta de prospectos para heredar o conquistar el poder, pretenden impulsar a independientes para ganar los comicios, para luego ir a reclamarles el apoyo ofrecido y continuar viviendo de las prebendas políticas. Por esa razón, hemos visto que sin ningún pudor gente que todavía milita en un partido habla de convertirse en candidato independiente. Un ejemplo de ello es el priista Samuel Gurrión Matías; pero no es el único que intenta hasta emular las muletillas del Bronco a ver si con eso gana popularidad entre la “raza”.

UN ESTADO POBRE

No se trata de la victimización de siempre. Oaxaca es un estado que tiene grandes problemas sociales, y rezagos de todo tipo, y por esa razón sería muy difícil –quizá imposible— que un candidato independiente tuviera el éxito de Nuevo León o Jalisco.

Por ejemplo, La candidatura de Kumamoto al Congreso llamó la atención de medios internacionales por el uso casi exclusivo de redes sociales para realizar su campaña, así como el bajo presupuesto con que se financió. Según su página de internet, recibió 18 mil 626 pesos por parte del gobierno para iniciar su campaña y más de 240 mil pesos por parte de simpatizantes, a quienes se les pidió no donar más de siete mil pesos. El límite de aportaciones fue impuesto con la intención de lograr una campaña sostenible sin necesidad de hacer grandes gastos, esto como acto proselitista para demostrar la diferencia entre las candidaturas de partidos y su candidatura independiente.

¿Podría hacerse una campaña así en Oaxaca? Evidentemente no, porque en Oaxaca el número de hogares que cuentan con algún tipo de conectividad a internet continúa siendo muy reducido incluso en los centros urbanos, y porque si bien cada vez más personas tienen un teléfono celular, sigue siendo una cuestión propia de los espacios más urbanizados que las propias redes de cobertura de las compañías de telefonía móvil ofrezcan algún servicio de datos para las personas. Así pues, en Oaxaca internet no es sinónimo de redes sociales. Y por eso un Kumamoto oaxaqueño no podría ganar unos comicios con el solo uso de Twitter o Facebook porque su penetración sigue siendo menos reducida que la oferta de una despensa o el condicionamiento de un programa social.

¿Y un Bronco oaxaqueño? Tampoco, porque aquí el candidato vale de forma similar a la estructura electoral que lo respalda. Rodríguez Calderón también recibió un fuerte apoyo de las redes sociales. Pero debemos entender las abismales diferencias entre Nuevo León y Oaxaca.

al final, tiene mucho que ver el discurso, la forma de presentarse ante el electorado, y los antecedentes. Sin embargo, la gran inercia contra la que se debe luchar es la de la pobreza. Sí, esa pobreza que tiene marginadas a cientos de miles de personas, y que las hace blanco de las conocidas prácticas de ingeniería electoral que llevan a simular resultados obtenidos legítimamente, y que le provocan un daño profundo a la democracia en México.

¿QUÉ INDEPENDIENTES?

En ese contexto, llama la atención que políticos como senador Benjamín Robles Montoya siga guardando silencio acerca de si dejará el PRD para también buscar una candidatura independiente. Pareciera que su intención no es esa. ¿Entonces?

Los diputados deben “tomar nota” de todo lo que hicieron mal

SCJN

+ Ministros, en muy pocas palabras resumieron pifias legislativas


Si hubiera más sentido de responsabilidad, los diputados de la LXII Legislatura deberían estar pugnando hoy en día por un mejor trabajo legislativo, y por una administración civilizada de sus recursos económicos. Es una locura que hoy en día el Congreso local atraviese por una gran crisis debido, por un lado, a la deficiencia del trabajo técnico legislativo que realizan; y por el otro, por la incapacidad de las fracciones parlamentarias por hacer el trabajo político que se supone que legitima su existencia. Esta situación los evidencia como improvisados y no como los profesionales de la vida política y parlamentaria que debieran ser.

En efecto, esta semana la Suprema Corte le “tumbó” a la Legislatura local un conjunto importantísimo de reformas en materia político-electoral, debido en gran medida a que los diputados no pudieron hacer un trabajo legislativo que cumpliera con los parámetros exigidos por la Constitución y la democracia en nuestro país. Casi al mismo tiempo, un grupo importante de diputados denunció también esta semana que en el Congreso habría un problema importante con la administración del presupuesto asignado para el presente año al Poder Legislativo. Ninguno de los dos temas es menor, y vale la pena resaltarlo.

Pues en el primero de los asuntos, los diputados debieran releer, repensar, y analizar, las razones por las que el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena propuso declarar inconstitucional toda la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca, las cuales fueron aceptadas por el pleno de la Corte para superar la votación de ocho votos que, según el artículo 105 constitucional, era necesaria para “expulsar” del orden jurídico nacional todo el contenido de la norma referida.

Al exponer el proyecto de resolución, el ministro Gutiérrez dijo: “se sostiene que, haciendo una valoración integral y en conjunto de todo el trabajo legislativo, se actualiza una trasgresión a los principios de legalidad y democracia deliberativa. Primero, no hay constancia de las respectivas convocatorias a la sesión extraordinaria de la sesión de nueve de julio; segundo, tampoco existen constancias de que se haya repartido el dictamen del proyecto de ley a los integrantes del Congreso del Estado, previo a la sesión o durante la misma; tercero, ante la inconformidad de un grupo de diputados por la falta de entrega de dictamen y el desorden generalizado en el interior del recinto legislativo, se decidió́ cambiar el lugar para llevar a cabo la sesión en una sala de juntas de un partido político de manera inmediata; cuarto, sin solventar la inconformidad de un grupo de diputados y sin entregar el dictamen, se dio inicio a la sesión en la sala de juntas del partido con la presencia de sólo veintitrés diputados de los cuarenta y uno que antes se encontraban en el Salón de Plenos del Congreso.

“Consecuentemente —continuó el Ministro en la sesión del lunes pasado—, de todas estas violaciones se advierte que la Mesa Directiva canceló todas las causas que permiten tanto a las mayorías como a las minorías expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública en consideraciones de libertad e igualdad, lo cual provoca una violación directa a los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución Federal; por lo tanto, se propone declarar inconstitucional la totalidad del decreto reclamado” (Versión taquigráfica de la sesión de pleno de la SCJN. 5 de octubre de 2015, págs. 51 y 52).

Todas esas son cuestiones que desde el primer momento fueron señaladas como errores y deficiencias en la conducción de la sesión en la que fue aprobada dicha ley. Incluso, puede decirse que no se necesitaba ser Ministro de la Corte para distinguir lo que ahí había ocurrido, y cómo los vicios del procedimiento habían sido tan profundos y tan visibles que el contenido de esa atropellada sesión se hacía insostenible.

Los propios diputados lo supieron siempre pero prefirieron el circo legislativo, y la soberbia de sostener sus decisiones a costa de todo, antes que reconocer sus pifias y enmendarlas. Por eso, el resultado final fue la Corte echó por tierra la norma sin siquiera entrar a su análisis. Y por eso mismo —por esa derrota “por default” — si hubiera conciencia, los diputados tendrían que repensar sobre su actuación y los resultados que le están entregando a Oaxaca.

LA JUCOPO, UN DESASTRE

Es hasta romántica la naturaleza jurídica de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, según la Ley Orgánica del Poder Legislativo. En su artículo 39 ésta señala: “La Junta de Coordinación Política, es la expresión de la pluralidad del Congreso; por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le corresponden”.

Según el artículo siguiente (el 40), es facultad de la Junta de Coordinación Política proponer al Pleno del Congreso la designación del Oficial Mayor, el Tesorero y el Contralor Interno (fracción XV). Y según los artículos 45 y 46 del Reglamento Interior del Congreso del Estado, la Tesorería recibirá́ de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, previo acuerdo de la Comisión de Hacienda, el Presupuesto correspondiente para los gastos que origina el Congreso del Estado; y el Tesorero hará́ los pagos de dietas, gastos y sueldos de los Ciudadanos Diputados, Funcionarios y Empleados del Congreso, los días designados para este efecto.

¿Por qué traer a colación todo esto? Porque resulta inverosímil, y hasta indigno, que diputados de varias filiaciones políticas le pidan cuentas públicamente al Tesorero, como si éste fuera un empleado superior a ellos, o como si éstos no tuvieran la potestad de solicitarle cuentas no sólo a él, sino también a la Comisión de Hacienda, por la forma en cómo se ha ejercido su presupuesto.

INCÓGNITAS

Esto se acentúa aún más, cuando fue esta misma Legislatura quien aprobó una reforma constitucional para hacer “irreductible” su presupuesto ante la tentación del Ejecutivo de reducirlo. Hoy en día, y a la luz de esos hechos, los diputados debieran explicar para qué querían un presupuesto anual ascendente, y para qué pelearon tanto por sostener su reparto partidista de las posiciones administrativas en el Congreso local, si hoy sus subordinados están más empoderados que ellos, y parece que no pueden controlarlos.

Con la ley de LIPEO se va un buen escenario para la coalición

Alianza

+ Adiós a candidaturas comunes, que eran “coalición selectiva”


El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó completamente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO), que contenía una serie de disposiciones claramente convenientes para los partidos políticos que acostumbran a conformar alianzas para ir a los procesos electorales. Una de las figuras que incorporaba esa ley —declarada inconstitucional por el desaseo en el procedimiento legislativo— era la de las coaliciones, frentes, fusiones y candidaturas comunes. Al anular la ley se dejó fuera esa figura, y con ello habrá un quebranto para la ingeniería electoral de varios partidos el año próximo.

En efecto, es necesario revisar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por la Suprema Corte más allá de los asuntos que fueron inicialmente ruidosos. Una de las cuestiones que había llamado la atención de esta norma, fue la incorporación de varias figuras que permitían “coaliciones light” de las cuales podían beneficiarse todos los partidos selectivamente, según la geografía política, y las fortalezas y debilidades de cada partido según sus estructuras electorales y de movilización. Esas figuras son las que a continuación señalaremos.

Las candidaturas comunes. Si bien la Ley General de Partidos Políticos contempla las fusiones, coaliciones y frentes, deja abierta la puerta para que los congresos locales legislaran otras figuras de participación o asociación de partidos políticos con el fin de postular candidatos. En el caso de Oaxaca, la figura alterna que utilizó el Congreso local en la LIPEO, fue la de las candidaturas comunes.

Acaso, la figura más parecida a ésta última que existe en la legislación nacional, es la de las coaliciones totales, parciales y flexibles, en las que dos o más partidos se comprometen a postular a la totalidad de sus candidatos en un mismo proceso electoral local o federal bajo esa figura, o a hacerlo —en el caso de las coaliciones parciales— en un 50 por ciento; o en un 25 % en el caso de las flexibles. No obstante, las candidaturas comunes contempladas en la ley electoral local daban aún más margen a los partidos políticos para postular candidatos comunes o en solitario, según fueran sus conveniencias.

Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, Las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

Incluso, el numeral 5 del apartado 3 de ese artículo 299, señalaba lo siguiente: “No será motivo de negación de la candidatura común el que los partidos participen en coaliciones en otros puestos de elección popular, salvo lo dispuesto en el artículo 88 numeral 3 y 4 en la Ley General de Partidos Políticos”.

GOLPE A LA INGENIERÍA ELECTORAL

¿Por qué esto es un duro golpe a los partidos que acostumbran coaligarse? Porque todo aquel que sepa de ingeniería o alquimia electoral, debe entender que cada partido tiene repartidas sus fuerzas y sus capacidades según la geografía del Estado, y que esa es una de las razones fundamentales por las que en cada proceso electoral define qué distritos o municipios son sus prioridades y a ellos enfila sus “esfuerzos” para ganar.

Esos “esfuerzos” bien pueden ser trabajo político genuino, pero también mecanismos de compra o coacción del voto. Y las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde son débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías.

Pongamos un ejemplo. En los últimos procesos electorales el PAN ha ganado siempre distritos como el de Ejutla, y el PRD era siempre de sus más cercanos competidores. Separados dividían su votación, pero, ahí, juntos la potenciarían. En las elecciones estatales no se han conformado coaliciones totales, porque no se juegan intereses superiores como los de la gubernatura.

A todo esto, la salida perfecta eran las candidaturas comunes porque constituían una forma de “coalición selectiva” en la que en cada distrito o ayuntamiento habría una definición propia sobre ir juntos, o por separado, según fueran sus posibilidades de triunfo frente a los adversarios naturales. En Oaxaca PAN, PRD y buena parte de los partidos minoritarios pueden aliarse; y el enemigo natural es el PRI.

Esto era magnífico para los partidos aliancistas porque les permitiría potenciar sus posiciones e incrementar sus márgenes de votación sin comprometerse en coaliciones totales, parciales o flexibles, al utilizar ese mecanismo de coalición selectiva. Así, se unirían donde les conviniera, y no lo harían donde de todos modos son bastiones de sus adversarios naturales, y esto multiplicaría la capacidad captadora de votos de esos partidos en el supuesto de tener un candidato a Gobernador postulado por una coalición de esos mismos partidos, al no haber en la entidad una cultura fuerte del voto diferenciado.

ADÍOS “DÍA DE CAMPO”

Esta es una de las figuras que cayó como parte de la LIPEO. Era un mecanismo muy útil, que siempre tuvieron escondido ciertos partidos, para utilizarlo en los tiempos precisos. Ahora tendrán que ir a coaliciones en las que tendrán que comprometer algo más que la voluntad del candidato. Esto quitará margen de acción a los que ya pensaban que, por figuras como éstas, 2016 sería un día de campo para su futuro político.

Congreso: Nadie va a responder por la vergüenza legislativa

SPCJN

+ Se constata Legislatura como costosa, improductiva e ineficaz


Ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prácticamente toda la reforma político-electoral aprobada en junio por el Congreso del Estado, y promulgada por el Ejecutivo local. Esta decisión judicial tendría que ser parte aguas, primero para que los poderes locales a los que les invalidaron la norma respondan a la sociedad por este yerro; y segundo, para que esos mismos poderes asuman la responsabilidad que han evadido, al pactar normas por intereses políticos y no considerando que Oaxaca es parte de una federación en la que existe una jerarquía normativa —federal e internacional— que deben considerar al emitir normas.

En efecto, ayer el pleno de la Corte concluyó la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que varios partidos políticos presentaron en contra de la reforma político electoral aprobada de última hora por el Congreso local. Los integrantes de la Corte no únicamente criticaron y reprobaron el hecho de que el procedimiento legislativo en este caso haya sido deficiente, sino que también invalidaron preceptos que son claramente contrarios a la norma constitucional federal. En todo eso, los ministros dejaron ver que la actitud de los legisladores locales fue inadecuada por pretender sobrepasar su marco de actuación, y por querer involucrarse en temas y situaciones para las que ellos no tienen facultades.

En ese sentido, uno de los argumentos fundamentales utilizados por los ministros al exponer los razonamientos en los que fundaron la decisión de optar por la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, fue el relacionado a que el procedimiento legislativo no se llevó a cabo correctamente, debido a que no existen indicios de que la convocatoria a los legisladores para la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, hubiera sido entregada en tiempo y forma a cada legislador para estar en condiciones de participar en el acto legislativo.

Otro fue el relacionado a que la mayoría de diputados que aprobó el dictamen, no permitió que se desarrollara una sesión en la que las minorías pudieran participar y exponer sus consideraciones. Empero, los argumentos más sólidos de los ministros tuvieron que ver con la clara intención de los legisladores locales por entrometerse en asuntos que no se encuentran en el ámbito de lo “decidible” a nivel local.

Así, los ministros hicieron una larga exposición de los aspectos que declararon inconstitucionales de la reforma político electoral, aunque técnicamente nunca surgió polémica alguna entre ellos, lo que significa que la unanimidad con la que se votó cada uno de los puntos alegados por los partidos promoventes era directamente proporcional a la invasión de competencias que nunca consideró la mayoría que aprobó esas normas.

¿Cuál es el problema? Que la LXII Legislatura ya no está en condiciones de enmendar sus yerros y aprobar una reforma que sea acorde con lo que marca la Constitución, y útil para ser utilizada en el proceso electoral que se avecina. Resulta que las normas electorales no pueden ser modificadas sino antes de 90 días antes de que inicie el proceso electoral siguiente. Por eso al finalizar el mes de junio, los diputados locales tenían una urgencia enorme de aprobar la reforma constitucional, y ya sobre el tiempo emitieron las normas reglamentarias de las nuevas disposiciones federales.

Tomando como base esta misma disposición, aunque los diputados llegaran a emitir una nueva legislación durante todo el año siguiente, ésta no sería eficaz porque no podría regir el proceso electoral que inicia dentro de unos días. Y si se supone que el mandato de armonización tenía como finalidad normar los procesos electorales venideros, entonces resulta que tenemos un Congreso que no sólo no hace su trabajo, sino que deja a la entidad que representa en un completo estado de incertidumbre jurídica y política, y a merced de las situaciones que regulan las normas federales.

RESPONSABILIDAD

Sabemos que México es el país de “no pasa nada” y por eso ante pifias como la que ayer terminó de exhibir la Suprema Corte del Congreso de Oaxaca, no habrá un solo responsable y mucho menos rodará cabeza alguna. Es así porque los legisladores finalmente vieron este trabajo de armonización de las normas electorales locales a las federales, como una oportunidad de obtener ganancias políticas en la intervención en diversos temas que no estaban bajo su potestad, y como un espacio para el “a ver si pega”.

No pegó. Y ahora resultará que en la LXII Legislatura local no habrá ni un solo responsable, porque como la iniciativa fue una entreveración de intereses, entonces todos son corresponsables, aunque eso signifique que en los hechos nadie responda en concreto.

Ya podemos prever el hecho de que el PRI diga que ellos no son responsables porque fueron parte de la “minoría” a la que supuestamente no dejaron participar.  PAN y PRD van a argumentar que ellos sometieron a consideración del supuesto pleno, un dictamen que previamente habían confeccionado y consensado con la fracción priista; y finalmente los diputados que no tienen partidos se sentirán “orgullosos” de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas locales, aunque eso no signifique ninguna mejoría para la salud política de la entidad, salvo la posibilidad de enmendar todo lo que se hizo mal en una reforma futura, que ya no harían ellos.

De facto, la Legislatura actual terminará casi en el mismo tiempo que el proceso electoral llegue a su fase final. Y en la vorágine del cambio de gobierno y de Legislatura —todo esto va a ocurrir en los siguientes 13 meses—, nadie tendrá ánimos ni capacidad política para impulsar una reforma como ésta que sí es urgente para Oaxaca. Así que la “armonía” político-electoral seguirá esperando, igual que el deber de al menos saber quién fue el o los responsables de esta pifia, y por qué razones todos en Oaxaca permitieron que esto ocurriera.

EL PRIISMO CANÍBAL

Ayer una parte del priismo festejaba porque, según ellos, la Corte había sacado de la jugada sucesoria a uno de los prospectos de su propio partido. No alcanzaron a ver que tumbando la nueva redacción del 68 constitucional, quedaba el precepto como se encontraba inicialmente, el cual tiene aún más espacios para la participación política de la ciudadanía en los procesos democráticos. Al final, el juego de espejos sirvió para exhibir el canibalismo, no para sacar a alguien de la ruta sucesoria.

Los defensores del Fortín de todos modos deben impulsar el plebiscito

Defensa del Fortín

+ Consulta carece de base legal, por ende no inhibe vías constitucionales


A raíz de la urgencia por legitimar la ubicación del nuevo Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal desplegó la más amplia campaña publicitaria para un proyecto específico de todo el sexenio. Movilizó a miles de personas, gastó cantidades millonarias en publicidad y no tuvo rubor en transgredir las condiciones de equidad que se supone que debieron existir para la realización de la consulta. Y como esto fue un simple ejercicio potestativo, carente de fuerza vinculante, y ajeno a cualquier mandato legal, entonces lo que los opositores al proyecto debieran hacer es de todos modos impulsar un plebiscito sobre el asunto.

En efecto, de entrada es necesario revisar y entender la naturaleza jurídica de la consulta realizada ayer por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Pues es necesario comprender, primero, que no es no son lo mismo, ni pueden ser equiparables, la figura del plebiscito con la de una simple consulta ciudadana; y segundo, que el “ejercicio democrático” que fue la consulta realizada ayer no cancela ni agota la posibilidad de emprender otra consulta, pero ésta sí legitimada por los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución del Estado.

¿De qué hablamos? De que, quizá, con la realización de la consulta ciudadana ayer, el gobierno estatal intentó adelantarse a la ciudadanía organizada en al menos dos supuestos: el primero, ganarle a los ciudadanos el paso de la exigencia de consulta, al ser el propio gobierno quien lo propuso directamente al IEEPCO, aunque mañosamente no a través de la figura del plebiscito que contempla la Constitución, sino por medio de una consulta sin bases legales y, por ende, sin obligatoriedad en sus resultados. Lo segundo que el gobierno intentó ganar a los ciudadanos es el hecho de que una vez realizada la consulta no hay más que hacer, y el resultado —seguramente muy amañado a su favor, por la enorme campaña que desplegó— tendría que ser acatado por las partes.

Es posible que en el campo político esto sí pudiera ocurrir, pero no en el campo de lo jurídico. Pues con el solo hecho de que la consulta realizada ayer no tiene fundamento legal —y más bien parte de una interpretación torcida de la Ley de Participación Ciudadana— se puede y debe entender que su realización y su resultado, tampoco inciden frente a los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran contemplados en el apartado C del artículo 25 de la Constitución local. Como jurídicamente la consulta no existe, entonces siguen perfectamente vigentes, y en posibilidad de ser ejercidos, los mecanismos de participación ciudadana relacionados con el Cerro del Fortín, y la construcción del CCCO en aquella zona.

Esta es la principal ventana de oportunidad que ahora tienen los opositores a que el CCCO se construya en el Cerro del Fortín, porque fuera de esos mecanismos parece que ya no existen otros que puedan llegar a ser igual de eficaces no sólo para obligar al gobierno a que cumpla con un resultado, sino también a establecer una verdadera línea de legitimación entre la ciudadanía.

A nadie le va a sorprender, por ejemplo, que la consulta de ayer haya tenido una bajísima participación ciudadana espontánea, y que se haya nutrido de las formas tradicionales de influir en algún proceso electoral. Esto ocurre porque una parte importante de la ciudadanía no logró ser convencida de algunas de las posturas que han establecido los impulsores y detractores del CCCO en el Fortín, y por ende la participación real es escasa, y ese será uno de los defectos principales de la legitimidad que quieran sacar de la consulta para la edificación de la obra.

QUE NO SE DETENGAN

La mañana de ayer, el artista plástico Francisco Toledo afirmaba que no participaría en la Consulta Ciudadana que se realizaría este domingo en la capital del estado para determinar si se construirá o no el Centro Cultural y de Convenciones pues, dijo, es una farsa; dudó que el proceso a cargo del IEEPCO, sea transparente y autónomo. “Mi postura se mantendrá firme, no puede cambiar, pues hay muchos elementos para afirmar que el Cerro del Fortín no es el mejor lugar para su construcción. Es un mal proyecto, está mal planeado”, agregó.

De lo que ya no dijo nada el Artista Plástico, y debiera ser fundamental en estos momentos, es de las supuestas 70 mil firmas que había ya recabado antes de que arrancara todo este proceso de la consulta. ¿Por qué son fundamentales? Porque esa cantidad de firmas bien podrían ser la punta de lanza para el impulso de un plebiscito ante el órgano electoral. Como debemos recordar, ese mecanismo de participación ciudadana sí puede ser impulsado directamente por la ciudadanía o por el Congreso local, para obligar al Ejecutivo a someter a consideración de la ciudadanía una disposición de naturaleza administrativa, como lo es la construcción de un edificio público en un espacio determinado.

Nada inhibe la posibilidad de esa participación. A Oaxaca no le sirve el derrotismo de quienes anticipadamente han acusado que la consulta de ayer domingo era una farsa o un fraude, como tampoco le sirve la simulación del gobierno de un supuesto ejercicio democrático, cuando lo que abiertamente ha hecho es manipular a distintos sectores de la ciudadanía, y trabar alianzas con grupos de presión como el transporte público, los locatarios de los mercados, o los sindicatos de la construcción, que finalmente dentro de muy poco tiempo irán a cobrar su apoyo a través de prebendas.

Al final, lo que Oaxaca necesita es una ciudadanía proactiva que ataje, con la ley en la mano, los intentos del sector público de simular acciones en las que en verdad no cree. La consulta de ayer es irrelevante en su resultado. Como no es vinculante, de todos modos el gobierno continuará construyendo el Centro de Convenciones, y esto quedará como un simple ejercicio indicativo que no tiene ninguna trascendencia. Y como todos los mecanismos de participación ciudadana están a salvo, entonces la ciudadanía necesita empoderarse para asumir su importancia en estos procesos.

ÚLTIMA ESCALA

Esta semana será determinante en la política oaxaqueña. La consulta de ayer fue el último dique antes del desbordamiento que será la sucesión del año próximo. A partir de ya, todo en Oaxaca puede esperar: son tiempos electorales, y el hambre, la injusticia, la pobreza y demás, quedarán en segundo plano.