+ Nunca lo pudieron legitimar con alguna contraprestación
Aunque no lo acepta públicamente, con la eliminación de una franja importante del impuesto a la tenencia y uso de vehículos, el gobierno de Oaxaca está reconociendo tácitamente el fracaso de su política de continuar cobrando ese impuesto impopular, costoso y rechazado por parte de los contribuyentes oaxaqueños. Esto ocurre en año electoral, aunque resulta ser más trascendente por lo económico que por lo político.
En efecto, hace algunos días se anunció que el Ejecutivo local, al confeccionar la ley de ingresos del año siguiente, incluyó en el paquete económico 2016 el cobro de un peso por concepto de tenencia vehicular. Esta medida aplicará para vehículos con un precio de factura por debajo de los 250 mil pesos, sin importar su marca, modelo o año de fabricación. El secretario de Finanzas de la entidad, Enrique Arnaud, presentó la semana pasada la propuesta del ejecutivo local de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, donde destaca la reducción en el costo del impuesto vehicular. Con este descuento, explicó, se recaudarán alrededor de 100 millones de pesos menos que en otros años.
Cuestionado sobre el hecho de que el descuento coincida con que el año que entra se llevarán a cabo elecciones en el estado, Arnaud se limitó a responder: “No le puedo decir si lleva un mensaje (esta medida) político-electoral”, pero recordó que el paquete económico también incluye un aumento del uno por ciento en el Impuesto sobre la Nómina, que ahora será del 3% del salario del trabajador. Con este aumento, recalcó, se recuperarán los 100 millones que dejarán de percibirse por tenencia, y se recaudarán 100 millones más.
¿Qué significa esto? Que luego de cinco años de intentarlo, el gobierno de Oaxaca finalmente reconoció que el cobro de la tenencia vehicular no era viable por la sencilla razón de que los contribuyentes oaxaqueños nunca respondieron al llamado de cumplir con este impuesto, y porque el gobierno nunca encontró un mecanismo eficaz para conseguir que por la vía de la coacción se obligara a la ciudadanía a pagar en la entidad el emplacamiento de sus vehículos. Esto era, de forma anunciada, un fracaso que sólo intentó disimular el gobierno estatal.
En ese sentido, los oaxaqueños debemos tener presente la historia trastabillante de la tenencia como impuesto estatal. Pues resulta que por disposición de una reforma ocurrida en 2007 a la Ley de Coordinación Fiscal federal, se estableció que a partir del 1 de enero de 2012 el gobierno federal dejaría de cobrar el Impuesto sobre Tenencia y Uso de Vehículos, como gravamen federal, y lo dejaría a la libre determinación de las entidades federativas para que cada una de ellas decidiera si continuaba aplicando su cobro pero ahora como gravamen de tipo local.
Cuando eso ocurrió, en Oaxaca la administración del gobernador Gabino Cué anunció que mantendría este gravamen, fundamentalmente por dos razones: primera, porque la recaudación estatal es de por sí mínima frente a la dependencia que tiene el gobierno estatal de los ingresos que cada año se transfieren a la entidad a través del Presupuesto de Egresos de la Federación. Sobre eso, la Secretaría de Finanzas sostenía que la recaudación estatal no podía darse el lujo de perder un impuesto como ese, debido a que esos recursos eran necesarios para acceder a más dinero del presupuesto federal.
El segundo argumento versaba sobre la imposibilidad de eliminar dicho impuesto, debido a que la administración anterior había llevado a cabo un proceso de bursatilización de recursos comprometiendo los ingresos por concepto de derechos vehiculares a cambio de obtener préstamos para la construcción de Ciudad Administrativa y Ciudad Judicial, y para otras inversiones. Así, decían, eliminar el impuesto a la tenencia de vehículos era imposible.
IMPUESTO RECHAZADO
El problema es que nunca dieron una alternativa a los particulares, ni establecieron incentivo alguno para motivar a que éstos continuaran pagando la tenencia, aún cuando en varias entidades federativas vecinas el cobro de dicho impuesto había sido ya eliminado. ¿Qué hicieron en Oaxaca? Que a partir de 2012 el gobierno inició una agresiva campaña para el cobro de dicho impuesto. Finanzas comenzó a enviar requerimientos a los domicilios advirtiendo a los tenedores de vehículos registrados en sus archivos, que de no pagar se les impondrían todavía más gravámenes, por concepto de multas y recargos.
A la par de ello, la Dirección de Tránsito, y la Policía Estatal, iniciaron operativos de verificación de la documentación de los vehículos. Así, sacando automóviles de circulación, y asustando a los contribuyentes, intentaron mantener la recaudación que tenían cuando la tenencia era un impuesto federal. Pero lo único que consiguieron fue fracasar estruendosamente.
Fue así, primero porque no tuvieron claridad ni ganas de convencer al contribuyente de que pagar ese impuesto en Oaxaca era benéfico para la economía gubernamental pero también para gozar de mejores derechos como ciudadano. Pero fracasaron también porque la misma regulación federal que rige el tránsito de vehículos, no prohíbe —porque es una garantía constitucional, de las más importantes— que un automotor circule libremente por una entidad federativa distinta a la que registró su emplacamiento, y el cobro de los derechos vehiculares.
Además, nunca pudieron hacer ese impuesto socialmente amigable, porque ni siquiera las vialidades mejoraron. Y es que las calles de Oaxaca, que son la banda de rodamiento por la que transitan los vehículos de motor por los que el gobierno estatal nos cobra un impuesto altísimo, se encuentran parcialmente destruidas. Eso no es privativo de la capital oaxaqueña sino que más bien se replica en prácticamente todas las ciudades de importancia en la entidad, y no se diga en las carreteras que están bajo la tutela estatal.
¿AÑO ELECTORAL?
Eliminar la tenencia, sin embargo, ya no parece algo tan atractivo como hubiera podido serlo en años anteriores. Todos los que tienen vehículos que pagan una tasa relativamente alta de impuestos, han preferido emplacar sus vehículos en otras entidades federativas. Eso no va a cambiar. Quienes tienen vehículos de menor precio, tampoco tienen un incentivo real —alguna mejora por pagar ese impuesto en Oaxaca— como para dejar sus placas foráneas y regresar a las locales. Y lo realmente fuerte está en el impuesto sobre nóminas, que lastimará la economía de los empleadores… en año electoral. ¿Entonces?
