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El Nuevo IEEPO debe moderar sus promesas sobre los aviadores

Moises Robles Cruz

+ No debe repetir historia demagógica de la mayoría de autoridades


El titular del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Moisés Robles Cruz, debe tener mucho cuidado en las aseveraciones que está realizando sobre los aviadores y los excesos cometidos en el Instituto durante el tiempo que estuvo bajo la connivencia del gobierno estatal y la Sección 22 del SNTE. Si bien es cierto que nadie quiere impunidad frente a quienes cobraron y no laboraron, también lo es que la posibilidad de que éstos reintegren lo que cobraron indebidamente no es sencilla, y sobre todo que la mayoría de los oaxaqueños apuesta a un funcionamiento eficaz del nuevo Instituto, por encima de los ajustes de cuentas.

En efecto, en entrevista con TIEMPO publicada ayer martes, Robles Cruz dijo que quien haya cobrado de forma indebida en el IEEPO, “deberá regresar los recursos que recibió pues no laboró para ganárselo como sucedió con muchas personas que han aparecido en nómina y no ejercieron alguna labor”.

Dijo además que “se debe tener una investigación, pues algunas personas pidieron licencia, pero como abogado puedo decirte [a nuestro compañero reportero Iván Castellanos] que, quienes cobraron de manera indebida, deberán regresar los recursos”. Incluso, Robles Cruz indicó que se mantiene el proceso de revisión para analizar los casos, verificar las personas, con qué director de la institución llegaron, con qué líder sindical; sin distinción, deberán estar sujetos a estos procedimientos.

¿De qué tipo de procedimiento habla Robles Cruz? Debe referirse a procedimientos resarcitorios, aunque en realidad debiera ser prudente en señalar posibles responsabilidades de quienes devengaron salarios indebidamente, porque de forma irremediable esto podría alcanzar a la misma institución. A estas alturas, lo que ha sido el medio sancionador más eficaz es la exhibición pública de quienes gozando de una plaza administrativa o docente en el instituto educativo, realizan funciones políticas, partidistas o legislativas, demostrando fehacientemente con ello que cobran un salario que no desquitan con trabajo.

Pero ni uno solo de los que han sido exhibidos como aviadores del IEEPO, ha manifestado su disposición a devolver lo ya cobrado, e incluso hay quienes —como en el caso de la diputada María Luisa Matus— ni siquiera hicieron manifestación alguna ante las evidencias de que aparecen como trabajadores en activo de la educación en la entidad, cuando al mismo tiempo ocupan responsabilidades en otros ámbitos como el Congreso del Estado, o la administración pública.

Junto a eso, hoy en día ni siquiera hay certeza de que el gobierno federal pretenda iniciar los procedimientos respectivos, e incluso de que cuente con las herramientas jurídicas idóneas para conseguir que se devuelvan al fisco federal los recursos que fueron cobrados indebidamente.

Con lo que Moisés Robles debe tener aún más cuidado es con no seguir la ruta del clásico nuevo funcionario —o gobernante, da lo mismo— que gasta el primer tercio de su gestión persiguiendo a sus antecesores; luego ocupa el segundo tercio en reconocer los propios y crecientes problemas de su administración; y el tercero, en tapar sus propios faltantes y hacer lo necesario para garantizar que su sucesor no lo persiga y, si lo hace, no llegue a los asuntos que a esas alturas ya sabe que fueron incorrectos de su propio desempeño.

EL CICLO FUNESTO

Puede decirse que Robles comenzó a ser Director del IEEPO el 21 de julio pasado, cuando los gobiernos estatal y federal anunciaron la expropiación del instituto educativo a la dirigencia magisterial. Antes de entonces, Robles era un Director de membrete que, paradójicamente, también era de los que cobraba sin realizar las funciones para las que fue designado, simplemente porque las condiciones políticas no permitían que ejerciera plenamente el cargo de Director del IEEPO que en noviembre del año pasado asumió.

Si tomamos esa fecha como punto de arranque de su verdadera gestión como titular del IEEPO, Robles estaría hoy entonces —a 35 días de haber asumido el cargo— en la fase de perseguir a sus antecesores, y de revisar el pasado como forma de legitimarse. Es claramente lo que está haciendo, aunque seguramente ni él tiene del todo claro el derrotero que le espera, o las vicisitudes legales o de hecho a las que habrá de enfrentarse intentando perseguir el pasado.

En ese sentido, Robles debe considerar que desde el momento mismo en que emergió el llamado Nuevo IEEPO, éste ha realizado funciones y actos de autoridad que generarán sus propias consecuencias sobre las cuales no podrá responsabilizar al pasado. Aquí dimos cuenta ya de algunas, como por ejemplo lo que apuntamos el 5 de agosto pasado en este espacio, en el sentido de que los oficios de cambios de adscripción notificados a cientos de trabajadores que laboraban en las oficinas centrales del instituto educativo, no fueron realizados conforme a derecho. Como ese, que es apenas un botón de muestra, están ocurriendo a diario actos y decisiones que pueden generar todo tipo de consecuencias a este nuevo IEEPO.

Así pues, dentro de no mucho tiempo Robles tendrá que dejar cualquier tipo de actitud desafiante, para ponerse a reconocer los claros y oscuros de su propia gestión. Evidentemente, esto no significa que todo lo que haya hecho esté mal, pero tampoco que no haya negativos. Y más o menos dentro de 11 meses, Robles tendrá que comenzar a preparar lo necesario para su propio proceso de entrega-recepción. Pues a más tardar el 30 de noviembre del año próximo tendrá que abandonar su cargo.

¿Qué significa todo esto? Que Robles sólo debe invertir el tiempo indispensable en revisar el pasado, y debe asegurarse que su propia gestión sea lo más eficaz posible, y que cumpla la expectativa educativa del nuevo Instituto. Aunque suene a lugar común, a Robles le tocó un momento histórico que debe aprovechar de la mejor manera. Ojalá haya claridad para entender su circunstancia y las verdaderas prioridades para la educación de los niños y jóvenes oaxaqueños.

¿CUÁNDO RESARCIRÁN?

Es lo que muchos nos seguimos preguntando, por ejemplo, de Bulmaro Rito y las tres docenas de personas a las que la ex Contralora acusó de “saqueadores” del erario en el gobierno de Ulises Ruiz. ¿Cuándo devolverán lo que se llevaron? En la respuesta, y el silencio frente a esa pregunta, está el futuro de lo que hoy se exige respecto a los aviadores del IEEPO.

Samuel Gurrión, muestra de la demagogia que debe desaparecer

Samuel Gurrión

+ Es un diputado sin producción; sus “logros” son sólo faramalla


Muy pocas veces se ha visto en Oaxaca un despliegue tan amplio de recursos para un evento de tan poca importancia, y protagonizado por un personaje que tiene todo menos un compromiso con su estado. Es lo que ocurre con el diputado federal Samuel Gurrión Matías que ha gastado una suma millonaria de recursos para promover un “informe de resultados” tan insustancial como su producción legislativa.

En efecto, ayer TIEMPO daba cuenta en su primera plana de los evidentes actos anticipados de campaña en los que está incurriendo el Legislador federal al promover su informe de actividades, así como del despliegue millonario de recursos y del sospechoso silencio de la autoridad electoral ante esta abusiva muestra de protagonismo y dispendio de recursos. En las últimas dos semanas los oaxaqueños vimos cómo la capital fue verdaderamente tapizada de anuncios espectaculares y todo tipo de publicidad impresa, además de insistentes mensajes transmitidos a través de diversos medios informativos. Hasta donde se recuerda, nunca un diputado federal oaxaqueño había gastado tanto dinero en promover su imagen.

Esto se explica, por el momento político por el que atraviesa Oaxaca, en la intención clarísima de Samuel Gurrión de posicionarse como uno de los aspirantes a la gubernatura en 2016. Sólo a partir de ese afán es que puede entenderse su disposición a gastar cantidades millonarias de dinero en promoción de su imagen, aprovechando como mero pretexto el final de su gestión como legislador federal. Lo más sorprendente de todo, es que Gurrión se presenta como un “diputado de resultados”, en una Legislatura en la que la diputación federal oaxaqueña que debiera quedar inscrita en la historia de las vergüenzas nacionales.

Pues a pesar de que no tuvo ninguna relevancia como legislador, de que no participó en uno solo de los debates e intercambios importantes ocurridos en la Legislatura, y que más bien fue medianamente conocido en el Congreso federal por su interminable cauda de frivolidades y excentricidades personales y políticas —su “informe” mismo de este fin de semana, es muestra de ello— pero nunca por haber presentado alguna iniciativa trascendente o por haber demostrado cualidades políticas o negociadoras, en una Legislatura en la que lo que sobraron fueron temas para participar y lucirse.

Nada de eso importó a Samuel Gurrión, que decidió invertir su dinero pretextando un informe en el que hasta de obras habló, únicamente para conseguir dos cosas: una percepción de fortaleza política que no sabemos si en algún espacio político se la den por buena; y dos, que la gente viera su nombre hasta en la sopa, a pesar de no tener ningún antecedente político, para que eso le permita aparecer en la encuesta que, según, va a definir la candidatura a Gobernador por el PRI, el próximo año.

Evidentemente, Gurrión no tiene ninguna posibilidad de convertirse en el candidato. Pero está utilizando la conocida estrategia de “posicionarse” en las encuestas, para demostrar que —según— representa algún capital político, y después negociar alguna posición de cara al proceso electoral del próximo año, en el que el PRI no tiene ninguna seguridad aún de recuperar la gubernatura.

Samuel Gurrión debía preguntarse cuántas de las personas que fueron a su informe lo hicieron convencidas de su asistencia, o al margen de alguna dádiva. Evidentemente, lo que hubo de por medio fueron diversos mecanismos de clientelismo político que, como suele ocurrir, al final no son más que un espejismo para quien decide invertir en ellos. Pues hubo caminata, acto multitudinario y hasta una especie de verbena. ¿Eso lo hace tener, en automático, el mismo número de votos del total de personas que asistieron a su evento? Evidentemente no.

Pero en el juego de las percepciones entre políticos, esas muestras de apoyo cuentan mucho. Incluso después de su “informe de resultados” —y de las millonarias cantidades de dinero que gastó—, ¿Samuel Gurrión sería capaz de ser competitivo legítimamente en una elección como la que se avecina, en un escenario como el de la capital en el que no tiene ni el arraigo ni los antecedentes de la región por la que es diputado?

La respuesta es tan incierta como sus resultados como legislador.

DIPUTADOS GESTORES

Es un escándalo que los congresos legislativos en México consideren presupuestos anuales millonarios para satisfacer las demandas de recursos para “gestión” de sus diputados. Y es, o cuando menos debiera ser, un escándalo que en nuestro país la gestión se pague con recursos públicos en los poderes legislativos, porque la función de los legisladores no es la gestionar recursos como dádivas para sus representados; porque, además, la gestión de recursos es en sí mismo un símbolo del fracaso institucional del gobierno; y porque nadie debiera aceptar que la gestión fuera uno de los mecanismo más idóneos para construir el recurrente futurismo político de los legisladores.

Pues resulta muy común afirmar, por ejemplo, que se desea llegar a cualquiera de las cámaras legislativas “para seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”. Dicha frase es uno de los mayores engaños demagógicos, de los que todos los mexicanos ya debiéramos estar curados.

Frente a esto, debiéramos preguntarnos. ¿De verdad es una promesa sostenible, esa de “seguir contribuyendo al desarrollo de Oaxaca”? ¿De verdad debíamos tomarla como una propuesta seria? Aunque muchos le dan crédito, en realidad debiéramos desconfiar de quienes dicen eso. Pues la función principal de un legislador es la de participar, con su representación popular, en la creación de leyes que rigen al estado o a toda la nación. Todo eso, lamentablemente, parecen no entenderlo quienes inopinadamente se presentan como “diputados de resultados”.

FRAGUAS, OTRA VEZ

Aseguran que finalmente será Miguel Ángel Carballido Díaz, a quien la bancada priista apoye como “su cuota” para ser consejero del nuevo Instituto de Acceso a la Información. La votación es pasado mañana. Y a estas alturas quedan claras dos cosas: primera, que José Antonio Hernández Fraguas no quita el dedo del renglón en los órganos autónomos locales; y segunda, que este es el resultado del berrinche, y el chantaje, con el que hace unas semanas el ex Munícipe citadino anunció que iba por la gubernatura. Es la misma maniobra que ha utilizado en repetidas ocasiones, y que sorprendentemente sigue dando resultados.

El Congreso consolida el agandalle en el control de líos electorales

LXII-Legislatura-Oaxaca

+ Legislatura quebranta principios de autonomía y autodeterminación


Si fue escandalosa la forma en que el Congreso se agandalló el control político de la controversial figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas, hoy ya no sorprende que la ominosa Junta de Coordinación Política (Jucopo) también se haya engullido la facultad de nombrar y controlar a los integrantes del Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. El quebranto a varios principios constitucionales es obsceno, y desde ahora puede preverse que con esto el Congreso se consolida como un gran generador de problemas, y no de soluciones, para Oaxaca.

En efecto, en su sesión del jueves pasado la Jucopo presentó una iniciativa que crea la Ley de Sistemas Electorales Indígenas para el Estado de Oaxaca. Al remitir la propuesta a la Mesa Directiva —junto con otra iniciativa para elevar la jerarquía del Contralor del IEEPCO-OPLE, y también someterlo al control y nombramiento de la Legislatura local—, sin ofrecer ningún tipo de explicación los integrantes de la Junta de Coordinación Política solicitaron que se le diera el tratamiento como de obvia y urgente resolución, para eliminar los requisitos de la remisión de la iniciativa a comisiones y la elaboración del dictamen correspondiente. Ávidos de consolidar el agandalle, los legisladores locales votaron a favor de la urgencia en la resolución del asunto, y elevaron a rango de ley una de las mayores aberraciones jurídicas de que se tenga memoria en Oaxaca.

¿De qué hablamos? De que, por principio de cuentas, la semana pasada en este espacio dimos cuenta de cómo la Jucopo impulsó la adición de un capítulo a la Ley Orgánica Municipal, y la derogación implícita del artículo 282 de la ley electoral, a través de una nueva regulación de la figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas. ¿Qué dice esta nueva reforma?

Establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio, como lo establecía el ahora derogado artículo 282 de la LIPEEO. Es decir, que irresponsablemente el Congreso redujo de forma drástica el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, y establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del Tribunal Estatal Electoral, para remitirla al IEEPCO, y básicamente al Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declararán la procedencia de la terminación anticipada de mandato, para que se realice la Asamblea en la que todo un Cabildo de procedencia indígena puede ser destituido, dejando sin ningún tipo de regulación y protección, varios principios básicos que deben tener las autoridades que pueden ser sometidas a este procedimiento, como su derecho de audiencia, sus garantías de seguridad jurídica o el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento —es decir, que conozca por qué se le demanda la destitución, que tenga posibilidad de contar con una defensa, de presentar y aportar pruebas, de formular alegatos y de tener derecho a un fallo fundado en derecho—, entre otros.

VAN POR TODO

Según la nueva Ley, el Consejo de Sistemas Normativos Electorales Indígenas concentrará un enorme poder respecto a la substanciación de las peticiones de terminación anticipada de mandato. Será algo así como un censor de las comunidades indígenas, que tendrá amplio margen para decidir en qué casos procede, y en cuáles no, el inicio y desarrollo de estos procedimientos; y después, qué determinaciones de asambleas comunitarias —en las que retira el mandato a sus autoridades— remite al Congreso local para su aprobación por una (increíblemente baja) mayoría simple.

La semana antepasada, la Junta tomó el control de este procedimiento de terminación anticipada de mandato, pero no hizo lo relativo al Consejo de Sistemas Normativos Internos sino hasta el jueves pasado. Pues al presentar una Ley de Sistemas Electorales Indígenas establecieron que los integrantes de este Consejo serán nombrados directamente por el Congreso del Estado a propuesta de la Jucopo.

Asimismo, quienes aspiren a integrar el citado Consejo, no necesitan probar indubitablemente los conocimientos y la experiencia en cuestiones electorales relacionadas con los sistemas normativos internos —a través de exámenes de oposición, trabajo en órganos electorales o conocimientos profesionales—, sino únicamente convencer a los integrantes de la Jucopo, quienes tienen a su criterio, como único parámetro de suficiencia sobre el cumplimiento de este requisito.

Así, sobre este conjunto de determinaciones vendrá un aluvión de acciones de defensa por parte de las comunidades indígenas de Oaxaca. Estas reformas sucesivas, de entrada son inconvencionales porque incidirán profundamente en la organización política de las comunidades indígenas, y porque para su aprobación no se realizó ningún tipo de consulta a los pueblos que intenta regular. Por si esto no fuera poco, este conjunto de determinaciones del Congreso local también generan una fuerte fricción con principios establecidos en la Constitución de la República para las comunidades indígenas relacionados con su autonomía y libre determinación.

Y finalmente, si hubo una intención clara en la reforma política nacional de brindar de autonomía, profesionalización e independencia a los órganos electorales en sus distintos niveles, con este verdadero asalto a sus funciones también queda de manifiesto que al Congreso local lo último que le importa es lo que dice la ley, si esto se contrapone a sus intereses.

TRANSPARENCIA, UNA FARSA

No hay un solo viso de que vaya a haber un proceso competitivo de elección de los integrantes del nuevo Instituto de Transparencia. Los partidos y sus fracciones parlamentarias, voraces, van con todo al reparto de algo que se supone que debería ser ciudadano. Anticípenlo: todo el que tenga “padrino” dentro del Congreso, quizá tenga futuro. Los que no, de nuevo irán de comparsa para legitimar este mal chiste. Triste, pero cierto.

QUIEN NADA DEBE…

Carlos R. Aguilar Jiménez


Quien nada debe, quien se comporta ética y honestamente, quien de forma individual en familia y sociedad es integro, justo, no miente y su comportamiento es honrado, no tiene nada que temer o inquietar por donde esconderse, porque su conducta y actuar es intachable. Quizá pueda preocuparse de alguna injusticia, accidente, deslealtad o ilegalidad, pero siempre sabrá que es inocente. Quien por el contrario a los hombres y mujeres justas, es alguien corrupto, ilegal, tramposo, mentiroso y falso, siempre tendrá que temer, vivirá con miedo y preocupación por no saber dónde esconderse cuando se descubran sus engaños e imposturas, como ocurre en general con los políticos y desde hace dos décadas con los profes de la SS22, a quienes aunque ya lo sabíamos, ahora se están exhibiendo, al publicarse, su excesiva corrupción y fraudes al interior del IEEPO.

Sección 22

Los políticos o profes que cumplen con su deber, que acatan la ley y se conducen con probidad, honradez y escrupulosidad, no tienen nada que temer de auditorías o averiguaciones, porque saben que están limpios y pueden dar la cara en cualquier lugar a donde se presenten o se exija demuestren que hacen en su desempeño, como ocurre con algunos profes que siempre han cumplido con su obligación docente, que pueden dignamente enfrentar cualquier pesquisa o examen, no obstante, quienes no tienen escrúpulos, los que nacieron corruptos, los profes que se dedicaron a engañar, violentar, secuestrar, amenazar a los niños e intimidar a los ciudadanos, los que si deben, ahora pagarán, porque el transfigurar el IEEPO y retomar el estado la autoridad correspondiente, se está descubriendo quienes son los corruptos, revelándose para sí mismos, para sus hijos y familiares, que en realidad son personas infames, perversos, retorcidos y malignos, y aunque le digan a su familia o a los demás que no es cierto, que les imputan lo que no son, aunque quieran engañarse a sí mismos, quieran mentirle a Dios o las nuevas autoridades, a la sociedad ya no la pueden engañar más y ahora sabemos que tan corruptos y perversos son.  Tendrán que regresar a su trabajo y trataran de mentirle a quienes estén cerca, a sus alumnos, a la autoridad municipal, a sus hijos, pero de nada servirá porque en su subconsciente saben que son falsos, que siempre lo serán y esa es la peor condena que alguien puede tener, aunque si son psicópatas o fanáticos no lo sufrirán.

Razonable, que Gabino Cué pida a ediles vigilar que maestros cumplan

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Escuela

+ Con esta convocatoria, se municipaliza de facto la educación en Oaxaca


El pasado miércoles, El gobernador Gabino Cué Monteagudo llamó a un diálogo por la educación a los presidentes municipales de todo el estado. Específicamente, el Mandatario convocó a las autoridades municipales “a que sean vigilantes de lo que necesitan las escuelas de sus comunidades, así como de que los profesores cumplan con el ciclo escolar”. Este llamado constituye un paso decisivo en el control de la Sección 22 del SNTE, a través de un proceso fáctico de municipalización de la educación. El nuevo marco jurídico de la educación no lo impide, y de ahí parte este llamado.

En efecto, en dicho encuentro efectuado en las instalaciones de Ciudad Administrativa, el gobernador Cué señaló que todos los munícipes aceptaron y apoyaron la modificación al decreto 2 del 23 de mayo de 1992, mediante la cual se creó el “nuevo IEEPO”, y se entregó la rectoría de la educación pública a la Federación. Dijo que “por ley”, los presidentes municipales “nos tienen que ayudar para el diagnostico de cómo están las escuelas; para saber si las maestras y los maestros están yendo a la escuela”. Y subrayó que por tratarse de servidores públicos, “por mandato de ley” los maestros tienen la obligación de cumplir con la función por las que se les paga su salario.

¿Qué significa esto? Que por fin el gobierno estatal está asumiendo que un elemento fundamental del control y vigilancia de cómo se imparte la educación pública en Oaxaca, se encuentra en los municipios. Este es, por ende, un encuentro inédito en el que cada uno de los ámbitos de gobierno parece estar asumiendo su parte de responsabilidad con la educación ya no como una cuestión política o partidista, sino para que se cumpla el derecho humano de los niños y jóvenes a recibir la educación de calidad que imparte el Estado.

En este sentido, hay dos notas que diferencian este encuentro: la primera, es el llamado del Gobernador a que las autoridades de los 570 municipios de la entidad, vigilen el cumplimiento del ciclo escolar en sus términos normales; y segundo, que sean las propias autoridades municipales quienes denuncien a los profesores y autoridades educativas cuando no cumplan con sus horarios o periodos de trabajo. Este es un proceso fáctico de municipalización en lo que toca al control de la educación, y ahora lo que habrá que ver es si la población y las autoridades municipales asumen su papel.

Pues resulta que en el marco de la reforma educativa, puede ser cualquier persona quien denuncie a un maestro por no asistir a clases, y este solo hecho puede desencadenar sanciones. Veamos. El artículo 76 de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD), establece que con el propósito de asegurar la continuidad en el servicio educativo, el servidor público del sistema educativo nacional, el Personal Docente y el Personal con Funciones de Dirección o de Supervisión en la Educación Básica y Media Superior que incumpla con la asistencia a sus labores por más de tres días consecutivos o discontinuos, en un periodo de treinta días naturales, sin causa justificada será́ separado del servicio sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o para el Organismo Descentralizado, y sin necesidad de que exista resolución previa del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje o sus equivalentes en las entidades federativas.

Dice el precepto que dicha sanción se impondrá a través del procedimiento establecido en el artículo 75 de dicha norma. ¿Qué dice ese precepto? Señala que cuando la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado (el IEEPO, en este caso) considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición de sanciones, lo hará́ del conocimiento del probable infractor para que, dentro de un plazo de diez días hábiles, manifieste lo que a su derecho convenga y proporcione los documentos y demás elementos de prueba que considere pertinentes.

LA RUTA LEGAL

En esta columna nos referimos a ese asunto específico en nuestra entrega del 8 de julio pasado, un par de semanas antes de que el Estado mexicano tomara la decisión de expropiarle el IEEPO a la 22. En aquel momento, en un contexto en el que parecía vivo el maridaje entre el gobierno y el magisterio; en el que el IEEPO estaba totalmente controlado por la 22; y ante la pregunta de si podía ser un ciudadano común quien denunciara a un maestro que no fuera a clases, haciendo valer los preceptos antes señalados, nos preguntamos y apuntamos lo siguiente:

¿Podrían denunciar los padres de familia a un profesor que ha faltado a clases tres días consecutivos o discontinuo en un periodo de treinta días? El IEEPO podría decir que no, y con eso seguir solapando a los maestros. Empero, existen aún mecanismos legales que podrían obligar al Instituto educativo a no segregar a los padres de familia, que incluso podrían certificar notarialmente —echando mano de la fe pública— que un maestro no ha asistido a sus labores por un periodo determinado, y en base a eso exigirle la aplicación de la ley.

¿Bajo qué lógica? A través, quizá, del uso de mecanismos de control constitucional como el amparo. Bajo un supuesto como el señalado, un padre de familia que ve socavado el derecho de su hijo “a recibir educación” (así inicia diciendo el artículo tercero) debido a que su maestro no asiste a clases, podría primero utilizar certificaciones notariales para comprobar que dicha situación está ocurriendo. Esto lo haría del conocimiento del IEEPO, que podría negarse a tomar algún tipo de sanción.

¿Ahí terminaría todo? No. Ante la negativa, podría recurrir al amparo para obligar al IEEPO, o la SEP, o ambas, a reconocer que dicho maestro no asiste a clases, y por ende nombrar a otro para que satisfaga el derecho violado. Esa situación sería, a su vez, el reconocimiento implícito de que hay un maestro faltista que debe ser sancionado conforme a los artículos 75 y 76 de la LGSPD. Y la autoridad estaría obligada a actuar en consecuencia. No hacerlo, implicaría incurrir en un desacato al amparo, que además de ser la ventana a sanciones administrativas, es un delito que quién sabe si el Director del IEEPO —que no tiene fuero— querría enfrentar.

GOBIERNO Y CIUDADANÍA

Hoy sabemos que esos escenarios fatalistas de un gobierno solapando al magisterio, quedaron eliminados. Es el propio gobierno quien está municipalizando de facto la educación. Y ahora es corresponsabilidad de gobierno y ciudadanía que se cumplan cuestiones básicas pero esenciales, como el ciclo escolar completo.

Terminación anticipada de mandato: Congreso retoma el negocio

Congreso

+ LXII Legislatura arregla sus errores y retoma facultades perdidas


El Congreso local se ha caracterizado por tener un sospechoso interés en todo lo que se relaciona con los administradores municipales, y el jugoso negocio que éstos representan. En la reciente reforma constitucional en materia político electoral, los diputados locales establecieron una polémica figura denominada “terminación anticipada de mandato” en los ayuntamientos regidos por sistemas normativos internos. Con ella, estuvieron a punto de perder gran parte del control sobre los conflictos municipales; pero para tranquilidad —de ellos y sus intereses— ya retomaron el control a pesar de lo cuestionable tanto del mecanismo como de la forma en que lo hicieron.

En efecto, cuando en junio pasado se aprobó la polémica reforma constitucional, se estableció en la nueva redacción del artículo 113 que “La asamblea general o la institución encargada de elegir a las autoridades indígenas, podrá decidir por mayoría calificada la terminación anticipada del periodo para el que fueron electas, de conformidad con sus sistemas normativos y la Ley Orgánica Municipal”. A través de esta figura se pretendía establecer, para los municipios indígenas, un mecanismo análogo al de la revocación del mandato en el caso del Poder Ejecutivo del Estado, a través del cual la población pudiera retirarle anticipadamente el mando otorgado al Cabildo de su comunidad.

Por hacer las cosas rápido, y sin el menor cuidado, el Congreso del Estado cometió un primer error al incumplir el mandato de la Constitución estableciendo la reglamentación de esa figura de la terminación anticipada de mandato en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Oaxaca (LIPEEO), y no en la Ley Orgánica Municipal (LOM), como claramente lo estableció la nueva redacción del artículo 113 de la Constitución del Estado.

Eso no era lo más grave, según los intereses de los diputados. Pues según lo que se estableció en la LIPEEO (artículo 282), para la terminación anticipada del mandato de un ayuntamiento indígena había que recorrer un largo e intrincado camino legal, y cumplir un conjunto complejo de requisitos ante el Tribunal Estatal Electoral (TEE), únicamente para que éste autorizara la celebración de la asamblea en la cual se decidiría, mediante votación de las dos terceras partes del total del padrón de ciudadanos del municipio o comunidad, si se declaraba la terminación anticipada del mandato de sus autoridades. El resultado de dicha asamblea debía ser revisado por el TEE, quien resolvería la procedencia de la determinación y, en caso de tratarse de municipios, lo remitiría al Congreso.

Únicamente en este punto, el Congreso conservaría la facultad de continuar nombrando a los administradores municipales y autorizando la celebración de nuevos comicios. Pero básicamente perdía todo el control respecto al manejo político de los conflictos municipales, entregándolo al TEE, cuyos integrantes ya no serán designados por el Poder Judicial del Estado, sino por el Senado, y por ende ya no responderán a los intereses del régimen o los diputados en turno, y tampoco estarán sujetos a sus conocidas medidas de presión o chantaje.

LOS CAMBIOS

La imposibilidad de generar consenso respecto a la urgencia de esta reforma, fue una de las razones que mantuvo trabados los trabajos legislativos durante cuatro semanas continuas. El PRI se negaba a perder las atribuciones que en materia de nombramiento y control de los administradores municipales, tenía la Comisión de Gobernación que encabeza la priista Lilia Mendoza Cruz. Por esa razón, el Congreso pudo reanudar sus sesiones únicamente después de que se logró construir un acuerdo para hacer reformas que permitieran que el Congreso recuperara sus facultades respecto a los administradores municipales.

¿Qué hicieron los egregios integrantes de la Junta de Coordinación Política? Impulsaron la adición de un capítulo a la LOM, y la derogación implícita del antes señalado artículo 282 de la LIPEEO —y las facultades que repartía a otros poderes y quitaba al Congreso local— a través de una nueva regulación de la figura de la terminación anticipada de mandato en los ayuntamientos indígenas. ¿Qué dice esta nueva reforma?

Establece que la terminación anticipada procederá únicamente cuando lo solicite el 30 por ciento del número de integrantes de la Asamblea que eligió a las autoridades, y no el 20 por ciento del total de la ciudadanía reconocida conforme al sistema normativo del municipio. Es decir, que el Congreso redujo drásticamente el número de personas que se necesitan para pedir la revocación, para establecer que se necesita únicamente un porcentaje del número de personas que participaron en la Asamblea, independientemente de que éstas hubieran participado o no en la asamblea electiva.

Otra diferencia notable es que eliminaron completamente la participación del TEE, para remitirla al IEEPCO. Ahora será éste, y no el Tribunal y su nueva autonomía, quienes substanciarán el procedimiento y declarar su procedencia para que se realice la Asamblea.

Incluso, para que pareciera que éste es un requisito muy rígido, el Congreso incurrió en un abominable pleonasmo al establecer que para que la terminación anticipada sea válida, se requiere la aprobación de una mayoría calificada, que “en ningún caso podrá ser menor a las dos terceras partes de los miembros presentes en la Asamblea”. Todas las mayorías calificadas requieren, siempre, la participación de las dos terceras partes de los miembros presentes en una asamblea.

Todo ese procedimiento, sin embargo, no sirve para decidir la terminación anticipada. Ésta únicamente ocurrirá cuando el Congreso determine, por mayoría simple, emita un decreto declarando la terminación anticipada. Y entonces sí, el Congreso nombrará al administrador municipal y —cosa que no ocurre hoy en día— “autorizará” al IEEPCO a que convoque a la Asamblea para elegir a sus nuevas autoridades.

OSCURIDADES

Es trágico que el Congreso sólo se ponga de acuerdo, y sea productivo en legislación, cuando se trate de preservar sus intereses. Lo más cuestionable, es que dicha reforma no pasaría ni el análisis judicial más simple, de cara a derechos fundamentales como la seguridad y certeza jurídicas de las autoridades electas, la estabilidad de sus cargos, así como lo tocante a las formalidades esenciales del procedimiento que debieran considerarse, pero que en este caso no se cumplen ni de cerca.

Reintegración del órgano de transparencia, totalmente opaca

Congreso

+ El Congreso reincide en no transparentar sus determinaciones


El lunes el Congreso del Estado aprobó la convocatoria para la integración del nuevo Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, que sustituirá el desastre que fue la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Oaxaca (Cotaipo). Aunque es bienvenida la noticia de la conformación del nuevo órgano de transparencia, no lo es tanto que el Congreso lo haga incurriendo en las mismas prácticas y tentaciones de opacidad del pasado.

En efecto, como producto de la reciente reforma constitucional, se estableció la liquidación de la Cotaipo y la integración de un nuevo órgano de transparencia. Esto ocurrió, sí, por mandato de la reciente reforma constitucional federal en materia de acceso a la información, pero sobre todo por el sonoro escándalo que por casi tres años protagonizaron permanentemente los actuales Comisionados del llamado “órgano garante”. Por eso, en la comunidad académica e interesada en la transparencia en Oaxaca, e incluso en el mismo gobierno, fue bien recibida la decisión de reintegrar dicho organismo.

Las razones sustantivas, eran abundantes: la Cotaipo siempre adoleció de consideración y respeto por el público interesado y especializado por la transparencia, debido a que ninguno de sus tres integrantes tenía al menos idea de lo que era la materia que institucionalmente les fue encargada por el Congreso local. De hecho, la Comisión nunca pudo superar la expectativa de al menos igualar el trabajo hecho por el antiguo Instituto Estatal de Acceso a la Información, integrado básicamente por Genaro Vásquez Colmenares y Raúl Ávila Ortiz. Lo único que hizo la Cotaipo fue montarse en la plataforma —normativa, de reglamentación y criterios, y operativa— creada por estos dos personajes, únicamente para administrar el presupuesto y justificar su labor.

En estos tres años la Cotaipo no generó ninguna actividad importante; no sentó precedentes atendibles para alguno de los Poderes del Estado respecto al funcionamiento de sus comités de información o sus unidades de enlace de transparencia; no incidió en el ámbito académico y de la investigación ni siquiera en Oaxaca —que tiene una comunidad académica meramente testimonial interesada en el tema—, y mucho menos en el escenario nacional; y tampoco pudo nunca obligar a que algún aspecto relevante de la vida pública oaxaqueña fuera dado a conocer frente a las resistencias oficiales.

De hecho, si en algo se caracterizó la Cotaipo fue en estimular el establecimiento del criterio de reserva en docenas de datos relevantes para la vida pública de Oaxaca, comenzando por sus propios procesos administrativos internos, y la publicación detallada del manejo de sus recursos.

Incluso, en la recién publicada Métrica de la Transparencia realizada por CIDE-COMAIP, la Cotaipo se ubicó en el penoso lugar número 31. Es decir, cayó 19 lugares en la medición nacional en apenas en cuatro años —en 2010 se ubicó en la posición 12—, de los cuales más de la mitad de la gestión corresponden a la actual integración del órgano garante.

Según la Métrica, el órgano garante de Oaxaca tiene serias deficiencias en cuanto a sus capacidades institucionales. Esto porque sostiene que su dirección es mucho menos independiente que la media nacional, ya que mientras la Cotaipo apenas alcanzó una calificación de 0.560, el promedio nacional se ubica en 0.719; lo mismo ocurre en el rubro de organización, en el que el órgano garante de Oaxaca resultó con una calificación de 0.389 frente a la media nacional, que es de 0.668; incluso, en el rubro de operación la Cotaipo tampoco pudo registrar un desempeño notable, ya que apenas obtuvo una calificación de 0.314 frente a la media, que es de 0.408.

Con ese desastre, era urgente la reintegración del órgano de transparencia. Lo que ahora genera dudas, y revive fantasmas del pasado, es el cuestionable método que utilizará el Congreso para elegir a los nuevos comisionados.

LAS TENTACIONES DEL CONGRESO

Según la convocatoria aprobada el lunes por la LXII Legislatura, se elegirán Comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el término cinco, cuatro y tres años, respectivamente. En un primer plano la convocatoria parece demasiado abierta al no prever criterios de especialización en materias relacionadas con el acceso a la información (el desempeño de sólo seis meses en actividades académicas o de servicio público es una burla), pero nada se compara con la discrecionalidad total que se le dio a la Comisión Instructora para la elaboración de las ternas que someterá a la votación del Pleno del Congreso.

Pues dice la base octava de la convocatoria que Una vez realizada las entrevistas tratándose de aspirantes a ocupar el cargo de Comisionado del Instituto, la Comisión Permanente Instructora “se reunirá en sesión de trabajo para analizar, discutir y elaborar el dictamen correspondiente, que contendrá las ternas para Comisionados para cinco, cuatro y tres años, misma que será puesta a la consideración del pleno del Congreso del Estado de Oaxaca para su elección y aprobación”.

¿Por qué es tan oprobiosa esa determinación en la convocatoria? Primero, porque no establece ningún criterio para transparentar tanto la discusión como la elaboración del dictamen con las ternas; y segundo, porque en las dos experiencias anteriores (en la conformación del IEAIP, y luego en lo tocante a la Cotaipo) se comprobó y se reiteró que ese margen de discrecionalidad fue determinante en la conformación partidizada, colonizada por el poder gobernante, y contraria al interés público, que caracterizaron al órgano garante de la transparencia tanto bajo la titularidad de Genaro Vásquez Colmenares en su primera época, como del impresentable consejero presidente, Esteban López José, en la actualidad.

CRISIS DE LEGITIMIDAD

Será interesante ver cómo resuelve el Congreso local el serio problema de legitimidad que hoy enfrenta: nadie, ninguna de las personas que verdaderamente podrían lavarle la cara al órgano de transparencia, y al Poder Legislativo, estará dispuesto a involucrarse en un proceso electivo que, según sus antecedentes, será una farsa. Lo peor, es que los nombres que hasta ahora han deslizado los partidos como sus posibles prospectos, no son más que un puñado de villamelones de la transparencia. Por eso, si lo que intentan es otro proceso simulado, van muy bien.

Demandas de daño moral vs medios, mojigatería de la Sección 22

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Seccion XXII

+ Los demandantes son públicos por su actividad y relevancia, ¿o no?


Es francamente ridículo que en medio de la peor crisis política de su existencia, la Sección 22 del SNTE haya decidido malgastar su tiempo y energía en tratar de silenciar las voces críticas, mediante acciones judiciales que desde ahora puede preverse que carecen de todo futuro. Para corroborarlo, basta con ver quiénes son los demandantes —y su importancia dentro del contexto del movimiento magisterial de Oaxaca— y revisar los más recientes criterios de los tribunales de justicia respecto a la actividad periodística frente a los alegatos del daño moral.

En efecto, según una nota de El Financiero (http://bit.ly/1LgptMD), la Sección 22 presentó demandas de daño moral en contra de seis medios informativos de Oaxaca y la capital del país, por haber reseñado los actos vandálicos que protagonizaron en los meses previos, así como lo relacionado con los salarios que ostentan específicamente los tres demandantes. Según la nota, la denuncia fue interpuesta en julio pasado por tres integrantes de la Sección 22 (Norma Cleyver Cruz Vásquez, Othón Nazariega Segura y María del Carmen López Vásquez), quienes participaron en ataques en Oaxaca, como la destrucción de cámaras de vigilancia, tomas del aeropuerto y amenazas contra reporteros.

La querella se interpuso en el Juzgado Séptimo de lo Civil en Oaxaca, ante el cual el magisterio denunció al presidente del Consejo+ Demandas de daño moral vs medios, mojigatería de la Sección 22

de El Financiero, Manuel Arroyo y a la reportera Mariana León, Televisa y su periodista Raúl Sánchez Lemus. También se incluye al director de Milenio Diario, Francisco González Albuerne, al igual que a los reporteros Víctor Hugo Michel y Paola Wong; al director de Noticias, Ericiel Gómez; y al director del diario Eje Central, Edgar Manuel Landazuri y a su reportera Gabriela Rivera, así como al director de La Razón, Rubén Cortés y a los reporteros, María Cañadas y Carlos Jiménez.

En la demanda, dice El Financiero, la disidencia magisterial exige “una indemnización suficiente para resarcir el daño patrimonial (lucro cesante) causado, mismo que deberá calcularse por el juez competente”. Rechaza que la dirigencia del gremio perciba altos sueldos: “el salario que percibimos nos fue asignado desde que se nos entregó la comisión sindical, en base (sic) a los lineamientos que tiene el IEEPO, y actualmente sin que hasta la fecha haya sido modificado el que paga la SEP”.

Llama la atención, en primer término, que los tres profesores de la Sección 22 que presentaron las demandas, hayan sido particularmente selectivos con los medios demandados. Pues a pesar de que toda la llamada “prensa nacional”, y la de Oaxaca, han publicado de forma permanente toda la información relacionada con sus movimientos, desmanes y salarios, la 22 sólo decidió demandar a seis publicaciones que hoy tienen una importancia sólo relativa frente al universo de publicaciones que dan cuenta de las actividades de un grupo tan relevante de la vida pública de Oaxaca, y del país, como lo es el magisterio.

Además, al margen de sus salarios, los tres profesores demandantes han sido particularmente relevantes en las actividades magisteriales de los últimos años. Para muestra, un botón: Carmen López fue una verdadera protagonista del conflicto magisterial de 2006 dada la radicalidad que siempre demostró en las actividades de protesta y en las transmisiones tanto de Radio Plantón como de las estaciones que secuestró el magisterio para difundir sus actividades.

En los últimos meses, Carmen López reapareció como activista magisterial siendo la responsable de expulsar a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional que resguardaban la paquetería electoral en los Consejos Distritales del INE previo a la elección, y fue una de las principales responsables del bloqueo a la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en El Tule, por esas mismas fechas.

FIGURAS PÚBLICAS

Hace muy poco tiempo, la Primera Sala de la Corte emitió una jurisprudencia justamente sobre los límites de la libertad de expresión frente al daño moral. Para el análisis de estos límites a la libertad de expresión, la Corte adoptó el denominado “sistema dual de protección”, según el cual los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública.

En dicha jurisprudencia (registro 2003303, Tesis: 1a./J.38/2013), la Corte es enfática en señalar que esa diferenciación de esos límites de crítica, señalando que el umbral de tolerancia deberá ser mayor en las personas públicas solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia pública. Esto no significa que la proyección pública de las personas las prive de su derecho al honor, sino simplemente que el nivel de intromisión admisible será mayor, aunque dichas intromisiones deben estar relacionadas con aquellos asuntos que sean de relevancia pública. Y señala que para que haya daño moral, debe haber “real malicia” o “malicia efectiva”, que no es sino la difusión de información falsa, o su fabricación con fines dañinos en contra de una persona.

¿Se cumplen estos parámetros? Evidentemente, no. Porque las manifestaciones de la 22, son públicas y notorias. Y lo relacionado a los salarios de esas, y muchas más personas, ha sido publicado en base a los datos que la propia SEP ha puesto a disposición del público como un deber relacionado con la transparencia. Finalmente, aunque los tres demandantes no ostentan un cargo público, sus actividades sí tienen relevancia pública porque sus acciones y determinaciones involucran e inciden en la vida de millones de personas en todos los lugares donde realizan sus acciones de lucha.

ROUND DE SOMBRA

Es necesario que cada persona defienda su honor. Sin embargo, de asistirles la razón, los profesores inconformes debieran ir en contra de la SEP que ofrece en transparencia datos incorrectos. El problema es que lejos de eso, quieren —como siempre— acallar al mensajero en lugar de atacar la cuestión de fondo. Un paradójico acto autoritario de quienes defienden las banderas de la democracia.

Oaxaca necesita sosiego de sus aspirantes a gobernarla

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Gobernador

+ El ejercicio del gobierno debe pasar por análisis realista


El proceso electoral 2016 está a la vuelta de la esquina, y las pasiones en todos los partidos están apresuradamente desbordadas. Como si gobernar la entidad fuera una fiesta, y como si el éxito del gobierno consistiera en el solo hecho de ganar la candidatura, o aún de salir avante en la elección de Gobernador, todos los aspirantes parecen subido a un tren que no es el de la realidad de Oaxaca. Por eso, si de verdad tienen respeto y compromiso con la ciudadanía, los aspirantes a la gubernatura deberían dejar el oropel y bajarse a la implacable realidad oaxaqueña.

En efecto, prácticamente desde el día siguiente de los comicios federales de junio pasado arrancó la carrera sucesoria en Oaxaca. En todas las fuerzas políticas hay personajes que abierta o disimuladamente han dejado ver sus aspiraciones de conseguir la candidatura a Gobernador, o se están moviendo para abrir márgenes de negociación que les permita seguir navegando en la política local. En todas esas personas, pareciera que lo que buscan es un premio o la gracia de la ciudadanía, pero omitiendo las circunstancias reales de la entidad y perdiéndose en las engañosas muestras prefabricadas de “apoyos electorales”. ¿De qué hablamos?

De que, desde el inicio, todos los aspirantes a la gubernatura han intentado generar percepciones de fortaleza electoral y capacidad política, pero sin demostrarlas. Uno, en el PRD, ha venido insistiendo en la veracidad de encuestas que lo colocan como el posible ganador de la contienda de Gobernador. El problema es que si ni siquiera sus encuestas pueden ser verificables, mucho menos el supuesto respaldo abrumador que dice tener. Y el solo hecho de recurrir al albazo y la percepción desacredita las aseveraciones de que sus aspiraciones son legítimas, y sus posibilidades de triunfo corroborables.

En otros partidos, como el PRI, hay una abierta medición de fuerzas entre aspirantes. El problema es que hasta el momento, el elector común no entiende lo que intentan hacer, o a quién intentan demostrarle fuerza o capacidad de aglutinar a las masas. Algunos en cargos públicos federales, y otros desde diputaciones o desde supuestas organizaciones sociales, están aferrados a construir una idea de que tienen respaldo popular.

El motivo y la finalidad de las reuniones es lo de menos. Incluso, muchas de ellas ni siquiera tienen un destinatario claro porque están inducidas por los temas institucionales que generan las reuniones. Por eso, para un elector común no es fácil comprender que un evento organizado para dar a conocer o difundir un programa oficial, sirva al mismo tiempo como una demostración de fuerza electoral. Esa supuesta demostración se anula sola ante dos circunstancias invariables: primera, que la “masividad” de la reunión es provocada por el programa o beneficio que se anuncia, y no porque la gente quiera ir a ver al funcionario que aspira a ser candidato; y segundo, que si su partido —que es quien se supone que ellos quieren que los vea— también cree en ese espejismo, entonces estará tomando una decisión no únicamente equivocada sino alarmante por el nivel de autoengaño que se estaría infligiendo en su futuro electoral inmediato.

Así las cosas, las aspiraciones electorales son un espejismo para los propios partidos, aunque realmente palidecen frente a la nula capacidad de análisis, y de propuestas —aún disfrazadas— a la ciudadanía de lo que harían para conseguir un gobierno exitoso en este escenario tan árido y descompuesto que tiene Oaxaca.

EL QUÉ Y EL CÓMO

El gobierno de Gabino Cué parece estar comenzando a resolver de fondo uno de los muchos problemas graves que enfrenta la entidad: el magisterial. Para ello tuvieron que pasar cinco años de gobierno, golpes durísimos a la imagen y estabilidad del gobierno por su incapacidad de enfrentar solo el problema magisterial; y tuvo que ocurrir una crisis institucional federal para que el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto encontrara en Oaxaca una vía para recomponer su escenario a partir del abordaje del problema magisterial.

¿Por qué no se había podido resolver, aquí en Oaxaca, el secuestro del IEEPO? Porque no Gabino Cué, sino el gobierno estatal no tiene la fuerza institucional suficiente. No la tiene, y no la ha tenido en décadas. Además, el Congreso no tiene mayorías definidas, y hay un fuerte proceso de polarización social que hace necesaria la presencia de miles de gendarmes y policías federales para garantizar el orden. Esa es apenas una pequeñísima muestra de que Oaxaca es todo menos una fiesta, y que las tareas de gobierno son mucho más complejas que ganar una elección.

De hecho, Gabino Cué ganó la gubernatura con una holgura que no tendrá quien lo suceda el año próximo. Eso, sin embargo, no determinó nada respecto a su futuro no como político, sino como gobernante. ¿Esos que hoy andan en la fiesta creyendo que con eso tienen su futuro asegurado, se han puesto a pensar que independientemente de la forma y condiciones en que ganen, no tendrán un Congreso de mayorías a su favor, ni encontrarán alguno más de los muchos problemas que tiene Oaxaca, resueltos?

Por eso es urgente que haya sosiego de quienes aspiran a la gubernatura. Tienen que demostrar mucho más que un poder de convocatoria inducida por los programas sociales o por las prebendas que “gestionan” y que regalan a su nombre, aunque las adquieren con recursos del Estado. En todos los partidos, sus aspirantes debieran ser más solidarios con la gente que sufre, que no tiene para comer, o que vive angustiada por las precarias condiciones sociales que prevalecen en la entidad.

Nada menos que a eso se habrían de enfrentar si llegaran a ganar la gubernatura. Y por eso Oaxaca necesitaría cuando menos aspirantes sensibles y ocupados en esos asuntos, y no gente que está preocupada con llegar al cargo, aunque de cara a la ciudadanía no sepa claramente por qué ni para qué.

LOS PARTIDOS LOCALES

Por cierto, ¿cuál será el futuro de los partidos locales, que en Oaxaca también van a competir por la gubernatura en 2016? Algunos de ellos podrían ser una vía de despresurización idónea frente a los grandes acuerdos cupulares que se avecinan. Su disyuntiva será si le apuestan a ganar respaldo de sectores de la ciudadanía hasta ahora relegados, o si privilegian la construcción de una alianza que les garantice la conservación de su registro.

REIVINDICAR

Carlos R. Aguilar Jiménez


Reivindicar es exigir o defender aquello a lo que se tiene derecho, recuperando o reclamando lo que por razón de dominio u otro motivo nos pertenece. Y, normalmente es la historia la que absuelve o reivindica, porque en la dinámica social o política en que la supuesta verdad la escriben los vencedores, son estos quienes se enaltecen, glorifican y aplauden, manipulando datos, sucesos y acontecimientos para que su comportamiento y desempeño quede establecido como heroico o memorable, difamando a los vencidos.

Oaxaca 2006

2006 fue terrible para los oaxaqueños, el conflicto social que protagonizo la APPO y la SS22 del magisterio contra el gobierno estatal, derivo casi en guerra fratricida entre dos o tres bandos beligerantes dejando en medio a los ciudadanos que nada teníamos que ver con sus mezquinos intereses, pero que fuimos afectados en todo sentido, culpándose desde entonces, porque la historia la escriben los vencedores, al gobierno del estado, quedando casi establecido que las acciones y operaciones de la autoridad en turno fueron criminales, despóticas y dictatoriales, hasta ahora, cuando el otro protagonista del conflicto, quien no tenía posibilidad en los medios o la sociedad de expresar su “verdad” o versión de los hechos, que además desde un principio fueron condenados e inculpados por quienes se dicen ofendidos, hoy publica un libro donde expone una versión diferente de los acontecimientos, con explicaciones y razonamientos distintos de la Gestapo magisterial y de la asamblea de pueblos, que servirán para que quienes vivimos el conflicto y fuimos testigos de los hechos, moderemos nuestros juicios y en función de lo que vimos y padecimos, tengamos una visión más nítida de lo que realmente sucedió, sin el fanatismo y necedad de ninguna de las partes. Quienes no vivieron el conflicto de 2006 ni sus antecedentes previos por vivir en otro lugar, juzgan de oídas, pero quienes fuimos testigos sabemos que es lo que sucedió y quizá por qué. Al final quizá nunca sabremos la realidad de los hechos, pero es justo que también sepamos la otra versión para así tener un mejor juicio y no solo el de satanización, destierro y condena del magisterio y sus aliados contra el gobierno, especialmente ahora que se está descubriendo tanta podredumbre y corrupción que había en el IEEPO y que pretenden continuar los líderes de la SS22 manipulando conciencias y criterios