+ No buscan que se vaya, buscan derrotar a institución electoral
En torno a la filtración de una conversación telefónica entre el Consejero Presidente, y el Secretario Ejecutivo del INE, hay dos perspectivas que, en cualquier caso, constituyen un golpe fatal para el Estado de Derecho y la democracia en México. En la primera, los personajes exhibidos deben abandonar sus cargos; en la segunda, deben permanecer en ellos, a partir de la ilegalidad del recurso utilizado para exhibirlos, e incluso del contenido de la conversación, por parecer ésta una comunicación privada. Vale la pena repasar, y repensar con seriedad, estos dos escenarios.
En efecto, tal y como lo apuntábamos en nuestra entrega de ayer, el martes fue subido a la página de videos Youtube, un audio en el que se escucha una conversación telefónica, obtenida ilegalmente, entre el Consejero Presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y el secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina. En la conversación se escuchan diversas expresiones burlonas y sarcásticas dichas por el propio Córdova, respecto a una reunión que acababa de sostener con representantes de algunos pueblos indígenas. En su charla, se escucha al Titular del INE burlarse de las expresiones de uno de los personajes con quien acababa de entrevistarse. Y esto fue tomado de inmediato como una demostración de su doble moral, y de la vena racista y clasista que nunca había demostrado en público.
El asunto de inmediato se convirtió en un escándalo, y en las redes sociales rápidamente escaló la tendencia a exigir su renuncia. Momentos después, el INE aceptó la autenticidad de la grabación y condenó la intervención de comunicaciones telefónicas privadas, además de anunciar que presentaría una denuncia penal ante la PGR por esta franca violación al principio constitucional contenido en el artículo 16, en el sentido de que todas las comunicaciones son en esencia privadas, y sólo pueden ser intervenidas mediante una orden judicial.
A partir de esto hoy en día es intensa la polémica entre quienes acusan la ilegalidad de la intervención telefónica como base de la discusión, y quienes simplemente exigen que Córdova renuncie. Es indispensable detenerse a analizar con más detalle cualquiera de estas intenciones, porque en ellas —y así lo asegurábamos en nuestra entrega anterior— existe la intención de fondo de dañar a la institución electoral llevando a Lorenzo Córdova como vehículo e incluso como daño colateral. Veamos por qué.
Quienes acusan la ilegalidad de la intervención, se resisten a aceptar que de fondo Lorenzo Córdova hoy no enfrenta un cuestionamiento de orden jurídico o político, sino social, y que éste lo acompañará durante el tiempo que dure su encargo como Titular del órgano garante del ejercicio de la democracia representativa en el país. El desgaste político que enfrenta Córdova irremediablemente le será extensivo al INE, y esto le provocará un perjuicio aún mayor del que hasta ahora ha enfrentado.
El problema de aceptar, por esta vía, la renuncia de Córdova, o su permanencia en el cargo a partir de la ilegalidad del medio por el que fue exhibido, es que en cualquiera de los casos el derrotado es el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque si se queda, irremediablemente el INE pagará el costo generado por los dichos de Córdova.
Y porque, en el otro extremo, si se va, entonces en México se aceptará y se institucionalizará —de facto, pero con toda la fuerza que eso implica— la posibilidad de que un acto ilegal impacte en la vida pública de tal manera que se pase por alto la forma en aras de centrarse en el contenido de fondo de lo que se exhibe. En cualquiera de los casos pierde la legalidad, pierde la institucionalidad, y pierde el Estado de Derecho en México.
¿Y SI CÓRDOVA SE QUEDA?
No podemos pasar por alto que la postura de Córdova es la de permanecer en su cargo, y que posiblemente esto es lo que quieran aquellos que hicieron pública la conversación telefónica intervenida ilegalmente.
¿De qué hablamos? De que la democracia electoral en México tiene hoy adversarios más añejos y radicales que el envalentonado Partido Verde, y que quien filtró la charla bien pudo haber ocupado como contexto de oportunidad los diferendos y las sanciones que el INE le ha impuesto al PVEM, como forma de disimular el verdadero origen y la intención de la filtración.
Este cálculo, claramente perverso, tendría como finalidad que Córdova decidiera —como lo ha manifestado— continuar en su cargo, y entonces ocupar esta circunstancia como una forma de continuar lastimando al INE. ¿Cómo? Justamente, generando desgaste a partir del hecho de que Córdova no deja su cargo. Según esta lógica, Córdova está totalmente desacreditado y deslegitimado como persona, como académico, como servidor público y sobre todo como cabeza de la autoridad electoral nacional, que por mandato constitucional ahora también tiene atribuciones en los procesos electorales estatales y municipales.
Al estar Córdova desacreditado y deslegitimado, pero siguiendo en su cargo, entonces le transmitiría el descrédito al INE, a quien tratarían de presentar como una institución electoral sin calidad moral, social y política para fungir como árbitro en los procesos electorales… y esta sería una vuelta más a la tuerca de la presión política que se ha ejercido desde hace algunos años en contra de la institución electoral, a manos de los propios partidos políticos que al no tener capacidad de autorregularse y de asumir con responsabilidad sus compromisos democráticos con el país y los electores, optan por la argucia de desacreditar al Frankenstein que hoy intenta regularlos.
En el fondo lo terrible es que quien pierde, y mucho, es el país. El análisis simplón lleva a suponer que fue el Partido Verde el único que pudo haber filtrado la conversación de Córdova. Sí pudo haber sido éste en respuesta a las sanciones impuestas, como también pudieron haber sido otros, que han sido adversarios del INE de más largo aliento y que así como han denunciado fraude sin haberlo nunca podido comprobar, hoy estarían intentando esta maniobra como una nueva ruta para lograr su cometido.
TODOS PUEDEN “ALAMBREAR”
Lo que de verdad resulta alarmante es la recurrencia de las grabaciones telefónicas ilegales en México. Los llamados audioescándalos se dan a plena luz del día, casi todos los días, sin que haya capacidad del Estado para impedirlo o investigarlo. Esa es también una forma de complicidad y, según vemos, de canibalismo.
