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Con la ley de LIPEO se va un buen escenario para la coalición

Alianza

+ Adiós a candidaturas comunes, que eran “coalición selectiva”


El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó completamente la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Oaxaca (LIPEO), que contenía una serie de disposiciones claramente convenientes para los partidos políticos que acostumbran a conformar alianzas para ir a los procesos electorales. Una de las figuras que incorporaba esa ley —declarada inconstitucional por el desaseo en el procedimiento legislativo— era la de las coaliciones, frentes, fusiones y candidaturas comunes. Al anular la ley se dejó fuera esa figura, y con ello habrá un quebranto para la ingeniería electoral de varios partidos el año próximo.

En efecto, es necesario revisar los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad realizada por la Suprema Corte más allá de los asuntos que fueron inicialmente ruidosos. Una de las cuestiones que había llamado la atención de esta norma, fue la incorporación de varias figuras que permitían “coaliciones light” de las cuales podían beneficiarse todos los partidos selectivamente, según la geografía política, y las fortalezas y debilidades de cada partido según sus estructuras electorales y de movilización. Esas figuras son las que a continuación señalaremos.

Las candidaturas comunes. Si bien la Ley General de Partidos Políticos contempla las fusiones, coaliciones y frentes, deja abierta la puerta para que los congresos locales legislaran otras figuras de participación o asociación de partidos políticos con el fin de postular candidatos. En el caso de Oaxaca, la figura alterna que utilizó el Congreso local en la LIPEO, fue la de las candidaturas comunes.

Acaso, la figura más parecida a ésta última que existe en la legislación nacional, es la de las coaliciones totales, parciales y flexibles, en las que dos o más partidos se comprometen a postular a la totalidad de sus candidatos en un mismo proceso electoral local o federal bajo esa figura, o a hacerlo —en el caso de las coaliciones parciales— en un 50 por ciento; o en un 25 % en el caso de las flexibles. No obstante, las candidaturas comunes contempladas en la ley electoral local daban aún más margen a los partidos políticos para postular candidatos comunes o en solitario, según fueran sus conveniencias.

Según el numeral 1 del artículo 299 de la inconstitucional LIPEO oaxaqueña, Las candidaturas comunes constituyen una forma de participación y asociación de los partidos políticos con el fin de postular candidatos en las elecciones a Gobernador, a diputados por el principio de mayoría relativa y a Presidentes Municipales; según el numeral 2 del mismo artículo, “se entiende por candidatura común cuando dos o más Partidos Políticos, registren al mismo candidato, fórmula o planilla de candidatos, en la elección de que se trate”. ¿Dónde estaba el truco?

En que esa figura de las candidaturas comunes dejaba al total albedrío de los partidos políticos fijar a sus candidatos según su propia geografía política, sin necesidad de poner en riesgo otros distritos. Según esta disposición no había más límite para la postulación de una candidatura común que el candidato estuviera de acuerdo, y que se fijaran ciertas condiciones de gastos de campaña y de plataforma política de los partidos postulantes, pero sin establecer ninguna condición sobre en cuántos distritos o ayuntamientos podría hacerse, ni el porcentaje respecto al total de distritos o ayuntamientos en juego que debieran cubrirse.

Incluso, el numeral 5 del apartado 3 de ese artículo 299, señalaba lo siguiente: “No será motivo de negación de la candidatura común el que los partidos participen en coaliciones en otros puestos de elección popular, salvo lo dispuesto en el artículo 88 numeral 3 y 4 en la Ley General de Partidos Políticos”.

GOLPE A LA INGENIERÍA ELECTORAL

¿Por qué esto es un duro golpe a los partidos que acostumbran coaligarse? Porque todo aquel que sepa de ingeniería o alquimia electoral, debe entender que cada partido tiene repartidas sus fuerzas y sus capacidades según la geografía del Estado, y que esa es una de las razones fundamentales por las que en cada proceso electoral define qué distritos o municipios son sus prioridades y a ellos enfila sus “esfuerzos” para ganar.

Esos “esfuerzos” bien pueden ser trabajo político genuino, pero también mecanismos de compra o coacción del voto. Y las candidaturas comunes eran la oportunidad perfecta para afianzar las fortalezas de cada partido, y minimizar sus pérdidas donde son débiles, con el añadido de que esto también generaría un impacto fuerte en comicios donde al mismo se definen la gubernatura, las diputaciones locales y las alcaldías.

Pongamos un ejemplo. En los últimos procesos electorales el PAN ha ganado siempre distritos como el de Ejutla, y el PRD era siempre de sus más cercanos competidores. Separados dividían su votación, pero, ahí, juntos la potenciarían. En las elecciones estatales no se han conformado coaliciones totales, porque no se juegan intereses superiores como los de la gubernatura.

A todo esto, la salida perfecta eran las candidaturas comunes porque constituían una forma de “coalición selectiva” en la que en cada distrito o ayuntamiento habría una definición propia sobre ir juntos, o por separado, según fueran sus posibilidades de triunfo frente a los adversarios naturales. En Oaxaca PAN, PRD y buena parte de los partidos minoritarios pueden aliarse; y el enemigo natural es el PRI.

Esto era magnífico para los partidos aliancistas porque les permitiría potenciar sus posiciones e incrementar sus márgenes de votación sin comprometerse en coaliciones totales, parciales o flexibles, al utilizar ese mecanismo de coalición selectiva. Así, se unirían donde les conviniera, y no lo harían donde de todos modos son bastiones de sus adversarios naturales, y esto multiplicaría la capacidad captadora de votos de esos partidos en el supuesto de tener un candidato a Gobernador postulado por una coalición de esos mismos partidos, al no haber en la entidad una cultura fuerte del voto diferenciado.

ADÍOS “DÍA DE CAMPO”

Esta es una de las figuras que cayó como parte de la LIPEO. Era un mecanismo muy útil, que siempre tuvieron escondido ciertos partidos, para utilizarlo en los tiempos precisos. Ahora tendrán que ir a coaliciones en las que tendrán que comprometer algo más que la voluntad del candidato. Esto quitará margen de acción a los que ya pensaban que, por figuras como éstas, 2016 sería un día de campo para su futuro político.

Congreso: Nadie va a responder por la vergüenza legislativa

SPCJN

+ Se constata Legislatura como costosa, improductiva e ineficaz


Ayer el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional prácticamente toda la reforma político-electoral aprobada en junio por el Congreso del Estado, y promulgada por el Ejecutivo local. Esta decisión judicial tendría que ser parte aguas, primero para que los poderes locales a los que les invalidaron la norma respondan a la sociedad por este yerro; y segundo, para que esos mismos poderes asuman la responsabilidad que han evadido, al pactar normas por intereses políticos y no considerando que Oaxaca es parte de una federación en la que existe una jerarquía normativa —federal e internacional— que deben considerar al emitir normas.

En efecto, ayer el pleno de la Corte concluyó la discusión de las acciones de inconstitucionalidad que varios partidos políticos presentaron en contra de la reforma político electoral aprobada de última hora por el Congreso local. Los integrantes de la Corte no únicamente criticaron y reprobaron el hecho de que el procedimiento legislativo en este caso haya sido deficiente, sino que también invalidaron preceptos que son claramente contrarios a la norma constitucional federal. En todo eso, los ministros dejaron ver que la actitud de los legisladores locales fue inadecuada por pretender sobrepasar su marco de actuación, y por querer involucrarse en temas y situaciones para las que ellos no tienen facultades.

En ese sentido, uno de los argumentos fundamentales utilizados por los ministros al exponer los razonamientos en los que fundaron la decisión de optar por la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas, fue el relacionado a que el procedimiento legislativo no se llevó a cabo correctamente, debido a que no existen indicios de que la convocatoria a los legisladores para la sesión en la que se aprobó la reforma constitucional, hubiera sido entregada en tiempo y forma a cada legislador para estar en condiciones de participar en el acto legislativo.

Otro fue el relacionado a que la mayoría de diputados que aprobó el dictamen, no permitió que se desarrollara una sesión en la que las minorías pudieran participar y exponer sus consideraciones. Empero, los argumentos más sólidos de los ministros tuvieron que ver con la clara intención de los legisladores locales por entrometerse en asuntos que no se encuentran en el ámbito de lo “decidible” a nivel local.

Así, los ministros hicieron una larga exposición de los aspectos que declararon inconstitucionales de la reforma político electoral, aunque técnicamente nunca surgió polémica alguna entre ellos, lo que significa que la unanimidad con la que se votó cada uno de los puntos alegados por los partidos promoventes era directamente proporcional a la invasión de competencias que nunca consideró la mayoría que aprobó esas normas.

¿Cuál es el problema? Que la LXII Legislatura ya no está en condiciones de enmendar sus yerros y aprobar una reforma que sea acorde con lo que marca la Constitución, y útil para ser utilizada en el proceso electoral que se avecina. Resulta que las normas electorales no pueden ser modificadas sino antes de 90 días antes de que inicie el proceso electoral siguiente. Por eso al finalizar el mes de junio, los diputados locales tenían una urgencia enorme de aprobar la reforma constitucional, y ya sobre el tiempo emitieron las normas reglamentarias de las nuevas disposiciones federales.

Tomando como base esta misma disposición, aunque los diputados llegaran a emitir una nueva legislación durante todo el año siguiente, ésta no sería eficaz porque no podría regir el proceso electoral que inicia dentro de unos días. Y si se supone que el mandato de armonización tenía como finalidad normar los procesos electorales venideros, entonces resulta que tenemos un Congreso que no sólo no hace su trabajo, sino que deja a la entidad que representa en un completo estado de incertidumbre jurídica y política, y a merced de las situaciones que regulan las normas federales.

RESPONSABILIDAD

Sabemos que México es el país de “no pasa nada” y por eso ante pifias como la que ayer terminó de exhibir la Suprema Corte del Congreso de Oaxaca, no habrá un solo responsable y mucho menos rodará cabeza alguna. Es así porque los legisladores finalmente vieron este trabajo de armonización de las normas electorales locales a las federales, como una oportunidad de obtener ganancias políticas en la intervención en diversos temas que no estaban bajo su potestad, y como un espacio para el “a ver si pega”.

No pegó. Y ahora resultará que en la LXII Legislatura local no habrá ni un solo responsable, porque como la iniciativa fue una entreveración de intereses, entonces todos son corresponsables, aunque eso signifique que en los hechos nadie responda en concreto.

Ya podemos prever el hecho de que el PRI diga que ellos no son responsables porque fueron parte de la “minoría” a la que supuestamente no dejaron participar.  PAN y PRD van a argumentar que ellos sometieron a consideración del supuesto pleno, un dictamen que previamente habían confeccionado y consensado con la fracción priista; y finalmente los diputados que no tienen partidos se sentirán “orgullosos” de la declaratoria de inconstitucionalidad de las normas locales, aunque eso no signifique ninguna mejoría para la salud política de la entidad, salvo la posibilidad de enmendar todo lo que se hizo mal en una reforma futura, que ya no harían ellos.

De facto, la Legislatura actual terminará casi en el mismo tiempo que el proceso electoral llegue a su fase final. Y en la vorágine del cambio de gobierno y de Legislatura —todo esto va a ocurrir en los siguientes 13 meses—, nadie tendrá ánimos ni capacidad política para impulsar una reforma como ésta que sí es urgente para Oaxaca. Así que la “armonía” político-electoral seguirá esperando, igual que el deber de al menos saber quién fue el o los responsables de esta pifia, y por qué razones todos en Oaxaca permitieron que esto ocurriera.

EL PRIISMO CANÍBAL

Ayer una parte del priismo festejaba porque, según ellos, la Corte había sacado de la jugada sucesoria a uno de los prospectos de su propio partido. No alcanzaron a ver que tumbando la nueva redacción del 68 constitucional, quedaba el precepto como se encontraba inicialmente, el cual tiene aún más espacios para la participación política de la ciudadanía en los procesos democráticos. Al final, el juego de espejos sirvió para exhibir el canibalismo, no para sacar a alguien de la ruta sucesoria.

Los defensores del Fortín de todos modos deben impulsar el plebiscito

Defensa del Fortín

+ Consulta carece de base legal, por ende no inhibe vías constitucionales


A raíz de la urgencia por legitimar la ubicación del nuevo Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal desplegó la más amplia campaña publicitaria para un proyecto específico de todo el sexenio. Movilizó a miles de personas, gastó cantidades millonarias en publicidad y no tuvo rubor en transgredir las condiciones de equidad que se supone que debieron existir para la realización de la consulta. Y como esto fue un simple ejercicio potestativo, carente de fuerza vinculante, y ajeno a cualquier mandato legal, entonces lo que los opositores al proyecto debieran hacer es de todos modos impulsar un plebiscito sobre el asunto.

En efecto, de entrada es necesario revisar y entender la naturaleza jurídica de la consulta realizada ayer por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO). Pues es necesario comprender, primero, que no es no son lo mismo, ni pueden ser equiparables, la figura del plebiscito con la de una simple consulta ciudadana; y segundo, que el “ejercicio democrático” que fue la consulta realizada ayer no cancela ni agota la posibilidad de emprender otra consulta, pero ésta sí legitimada por los mecanismos de participación ciudadana que contempla la Constitución del Estado.

¿De qué hablamos? De que, quizá, con la realización de la consulta ciudadana ayer, el gobierno estatal intentó adelantarse a la ciudadanía organizada en al menos dos supuestos: el primero, ganarle a los ciudadanos el paso de la exigencia de consulta, al ser el propio gobierno quien lo propuso directamente al IEEPCO, aunque mañosamente no a través de la figura del plebiscito que contempla la Constitución, sino por medio de una consulta sin bases legales y, por ende, sin obligatoriedad en sus resultados. Lo segundo que el gobierno intentó ganar a los ciudadanos es el hecho de que una vez realizada la consulta no hay más que hacer, y el resultado —seguramente muy amañado a su favor, por la enorme campaña que desplegó— tendría que ser acatado por las partes.

Es posible que en el campo político esto sí pudiera ocurrir, pero no en el campo de lo jurídico. Pues con el solo hecho de que la consulta realizada ayer no tiene fundamento legal —y más bien parte de una interpretación torcida de la Ley de Participación Ciudadana— se puede y debe entender que su realización y su resultado, tampoco inciden frente a los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran contemplados en el apartado C del artículo 25 de la Constitución local. Como jurídicamente la consulta no existe, entonces siguen perfectamente vigentes, y en posibilidad de ser ejercidos, los mecanismos de participación ciudadana relacionados con el Cerro del Fortín, y la construcción del CCCO en aquella zona.

Esta es la principal ventana de oportunidad que ahora tienen los opositores a que el CCCO se construya en el Cerro del Fortín, porque fuera de esos mecanismos parece que ya no existen otros que puedan llegar a ser igual de eficaces no sólo para obligar al gobierno a que cumpla con un resultado, sino también a establecer una verdadera línea de legitimación entre la ciudadanía.

A nadie le va a sorprender, por ejemplo, que la consulta de ayer haya tenido una bajísima participación ciudadana espontánea, y que se haya nutrido de las formas tradicionales de influir en algún proceso electoral. Esto ocurre porque una parte importante de la ciudadanía no logró ser convencida de algunas de las posturas que han establecido los impulsores y detractores del CCCO en el Fortín, y por ende la participación real es escasa, y ese será uno de los defectos principales de la legitimidad que quieran sacar de la consulta para la edificación de la obra.

QUE NO SE DETENGAN

La mañana de ayer, el artista plástico Francisco Toledo afirmaba que no participaría en la Consulta Ciudadana que se realizaría este domingo en la capital del estado para determinar si se construirá o no el Centro Cultural y de Convenciones pues, dijo, es una farsa; dudó que el proceso a cargo del IEEPCO, sea transparente y autónomo. “Mi postura se mantendrá firme, no puede cambiar, pues hay muchos elementos para afirmar que el Cerro del Fortín no es el mejor lugar para su construcción. Es un mal proyecto, está mal planeado”, agregó.

De lo que ya no dijo nada el Artista Plástico, y debiera ser fundamental en estos momentos, es de las supuestas 70 mil firmas que había ya recabado antes de que arrancara todo este proceso de la consulta. ¿Por qué son fundamentales? Porque esa cantidad de firmas bien podrían ser la punta de lanza para el impulso de un plebiscito ante el órgano electoral. Como debemos recordar, ese mecanismo de participación ciudadana sí puede ser impulsado directamente por la ciudadanía o por el Congreso local, para obligar al Ejecutivo a someter a consideración de la ciudadanía una disposición de naturaleza administrativa, como lo es la construcción de un edificio público en un espacio determinado.

Nada inhibe la posibilidad de esa participación. A Oaxaca no le sirve el derrotismo de quienes anticipadamente han acusado que la consulta de ayer domingo era una farsa o un fraude, como tampoco le sirve la simulación del gobierno de un supuesto ejercicio democrático, cuando lo que abiertamente ha hecho es manipular a distintos sectores de la ciudadanía, y trabar alianzas con grupos de presión como el transporte público, los locatarios de los mercados, o los sindicatos de la construcción, que finalmente dentro de muy poco tiempo irán a cobrar su apoyo a través de prebendas.

Al final, lo que Oaxaca necesita es una ciudadanía proactiva que ataje, con la ley en la mano, los intentos del sector público de simular acciones en las que en verdad no cree. La consulta de ayer es irrelevante en su resultado. Como no es vinculante, de todos modos el gobierno continuará construyendo el Centro de Convenciones, y esto quedará como un simple ejercicio indicativo que no tiene ninguna trascendencia. Y como todos los mecanismos de participación ciudadana están a salvo, entonces la ciudadanía necesita empoderarse para asumir su importancia en estos procesos.

ÚLTIMA ESCALA

Esta semana será determinante en la política oaxaqueña. La consulta de ayer fue el último dique antes del desbordamiento que será la sucesión del año próximo. A partir de ya, todo en Oaxaca puede esperar: son tiempos electorales, y el hambre, la injusticia, la pobreza y demás, quedarán en segundo plano.

El matrimonio como ente dinámico: ¿lo que sigue es legalizar la poligamia?

Unión Gay

+ En nuestro sistema, primero se debe consolidar la protección a los menores


Mientras en otras ciudades del país se ha explorado con éxito la posibilidad de legislar en materia del matrimonio civil con figuras vanguardistas como los matrimonios entre personas del mismo sexo, o el llamado divorcio exprés, en Oaxaca seguimos instalados en las figuras jurídicas tradicionales que además de ser infuncionales, son perniciosas para la sociedad, para los hijos de las parejas que ya no quieren continuar en matrimonio, y para quienes ven lastimados sus derechos por la negativa de nuestro Congreso a reformar esas figuras. En otros sistemas se habla de nuevas figuras. Aquí no alcanzamos ni siquiera a proteger y hacer valer lo que ya existe. Vale la pena revisarlo.

En efecto, hace algunos meses el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación constató en jurisprudencia la inconstitucionalidad del artículo 143 del Código Civil del Estado de Oaxaca al considerar que éste era discriminatorio al establecer que el matrimonio es un contrato que se celebra “entre un solo hombre y una sola mujer”. La discriminación, evidentemente, es para las personas del mismo sexo que pretenden hacer vida en pareja y, además, que pretenden establecer relaciones jurídicas de diversos tipos entre ellas, como poseer bienes, hacerse extensivos derechos sociales o, entre otras, asegurar sus respectivas sucesiones al momento de fallecer.

Por eso la Corte estableció que no sólo el precepto del código civil oaxaqueño, sino cualquiera en el país que tenga una redacción similar o equiparable, son inconstitucionales y que por ende frente a esas disposiciones debe entenderse que lo que dice es que el matrimonio es simplemente un contrato civil que se celebra entre dos personas. Hace tiempo ya, la Corte dijo que no podía obligar al Congreso de Oaxaca a cambiar la redacción de dicho artículo, pero sí le hizo una conminación muy enfática en el sentido de que debía “corregir” la redacción del precepto para evitar que éste fuera discriminatorio.

No es raro que, hasta el momento, el Congreso del Estado no lo haya hecho, y que tampoco tenga interés en hacerlo. Si nuestra honorable Legislatura no tiene capacidad ni para resolver sus asuntos más relevantes, mucho menos va a tener capacidad y “consensos” para entrar al análisis de estos asuntos que no reportan ganancias políticas, ni votos, ni dinero, pero que sí podrían impactar de forma importante en la vida de miles de personas que en su vida cotidiana enfrentan diversos problemas relacionados con su estado civil.

El Congreso bien podría tomar varias medidas, si un tema como ese fuera de su interés. El primero tendría que ser el de corregir esta inconstitucionalidad declarada en lo relativo al concepto del matrimonio. Otro, sería establecer nuevos lineamientos para la solicitud de divorcio. En otros estados del país se ha legislado el llamado “divorcio exprés”, en el que el contrato de matrimonio puede disolverse con la solicitud y la manifestación de voluntad de una sola de las partes, y no lo ata a arreglos interminables, o juicios por divorcios necesarios, que pueden durar años y de todos modos no cumplir con el objetivo de proteger a la mujer, a los hijos y todo lo que se relaciona con un matrimonio que sentimentalmente se termina.

Junto a eso hay otras figuras que en Oaxaca ni siquiera se conciben porque nuestro atraso es mayúsculo. No obstante, lo que llama la atención es que en otros lugares ya se está discutiendo la evolución de esas figuras que para nosotros son de vanguardia. Una de las rutas, se dice, es la relativa a continuar ahora con la revisión del matrimonio bajo la duda de si éste sólo puede darse entre dos personas, o si podría incluir la legalización de la poligamia.

¿DOS… O MÁS PERSONAS?

Hace cincuenta años, dice Cuitláhuac Castillo Camarena, en el blog El Juego de la Corte de la revista Nexos, era inimaginable pensar que dos hombres o dos mujeres lograran unirse en matrimonio, ¿por qué no podría ser similar con el hecho de que tres o más personas puedan hacerlo bajo una misma unión marital? Y si quisiéramos defender a capa y espada las uniones monogámicas –como ya es típico—bajo el interés superior de la niñez. ¿Ello no supondría mayor amor, recursos económicos y cuidado para los niños?

Sentencias como Obergefell v. Hodges y la jurisprudencia 43/2015, nos guste o no, fracturan un sistema tan añejo como la heteronormatividad y, en este caso, la monogamia como presunción aceptada por el derecho. Ambas nos obligan a cuestionarnos la finitud y contingencia de nuestras instituciones y, por consecuencia, de nuestros propios modos de vida. Al final, quizá sea nada más y nada menos acostumbrarse a los cambios y entender que estos no son más que lecciones de humildad.

Incluso, el autor de dicho texto señala que el ministro José Ramón Cossío, aseveró respecto al matrimonio que “es un producto cultural, dinámico y variable, construido de diversas representaciones y anhelos individuales que terminan por darle contenido social y, finalmente, forma jurídica”. Entonces, ¿es también la cantidad de personas que pueden integrar el matrimonio dinámica y variable?

Si la cantidad es una construcción social que en determinado momento fue útil, ¿acaso hoy existe alguna razón para impedir su variación? Aquellos adultos que comunitariamente se amen (si es que es o no pensable que puedan generar sentimientos de amor más de dos personas, en conjunto y ser recíprocamente correspondidas), ¿pueden o no aspirar a ser incluidas dentro del matrimonio?

En nuestro propio país, en el estado de Jalisco, por ejemplo, tenemos la breve y contradictoria Ley de Libre Convivencia que entró en vigor el 1 de enero de 2014, en su artículo tercero señala que: “La libre convivencia es un contrato civil que se constituye cuando dos o más personas físicas, mayores de edad, con capacidad de goce y ejercicio, se asocian con el objeto de otorgarse ayuda mutua.” El único requerimiento es tener la voluntad de cohabitar, no estar en alguna relación matrimonial, e ir ante un notario público para celebrar el feliz nacimiento de una relación polígama permitida por el ordenamiento jurídico mexicano (http://bit.ly/1QPv9yK).

EMPUJAR LOS CAMBIOS

Hoy se nos hace de locos creer en la legalización de la poligamia. Pero hace no tantos años pensábamos lo mismo del reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Al final, podemos estar a favor o en contra, pero lo importante es que temas como éstos se discutan.

¿Cuánto tiempo va a pasar antes que el ulisismo traicione a sus candidatos?

Ulises Ruiz

+ Coquetean con el oficialismo, en su desesperación por ver perdido el futuro


El ejercicio de la política tiene a la oportunidad como de sus pilares, y a la traición como uno de sus principales lados oscuros. Esos son dos puntos clave para entender los movimientos actuales de uno de los principales grupos políticos en la entidad, que está perfilando sus baterías rumbo a la sucesión gubernamental del año próximo. Todo parece indicar que el ulisimo está haciendo lo necesario para transitar hacia un ansiado retorno al poder, aunque eso implique traicionar a sus prospectos orgánicos y trabar una alianza con un sector del grupo gobernante.

En efecto, en Oaxaca la política es un quesillo y sus avatares lo demuestran. En todos los partidos políticos hoy se libra una lucha feroz por las definiciones tempraneras rumbo a las candidaturas del 2016. En todos los institutos políticos, y en todos los grupos, campea la idea de que la contienda hay que ganarla desde ahora, y que para hacerlo hay que actuar con más oportunidad que estrategia. Sólo así se puede entender esta ruta precoz hacia la sucesión gubernamental, y la inquina que rápido está aflorando entre los grupos en su intento por ganar los espacios que aún no están en disputa. El PRI es un claro ejemplo de ello.

En ese partido, dos grupos políticos luchan por tomar la delantera en la carrera por la candidatura a gobernador, y después por la sucesión. Uno es el grupo del ex gobernador Ulises Ruiz, que ha caminado más o menos cohesionado en los últimos años, pero que no ha visto coronada su intención de ser el grupo dominante. A todos ellos, les pesa sobremanera la derrota electoral de 2010, y su incapacidad de ganar alguna otra posición importante en la entidad, de entonces a la fecha. El otro grupo, es el que se ha amalgamado de todas las demás corrientes políticas que no aceptan la idea de que un grupo derrotado y desacreditado sea quien continúe definiendo el rumbo de ese sector político en la entidad, y que también tiene a sus aspirantes a la gubernatura, destacadamente entre ellos el director general del Infonavit, Alejandro Murat Hinojosa.

Si ese es el contexto doméstico del priismo, esto se entrelaza de forma importante con el panorama político general de la entidad. El ulisimo fue el principal grupo que combatió al actual grupo gobernante, al que no le pudo ganar en los comicios de 2010, y al que no ha podido derrotar en la entidad de entonces a la fecha. El grupo comandado por el ex gobernador Ulises Ruiz ha sido no sólo señalado, sino perseguido judicialmente por el actual régimen, y aún tiene pendientes diversas cuentas administrativas y penales de su propio desempeño al frente del gobierno oaxaqueño entre 2004 y 2010. Parecía, frente a todo eso, que no habría podido haber puntos de encuentro entre el anterior grupo gobernante y el actual, simplemente porque uno intentó derrotar al otro, y porque el actual gobernante ha perseguido a sus antecesores.

¿Qué ocurre? Que hoy parece que en el ánimo de recuperar el poder, el ulisismo parece estar dispuesto a pactar hasta con sus peores adversarios en otros partidos siempre que esto implique combatir al grupo priista que no les permitió ejercer su poder plenamente luego de la derrota electoral de 2010. Comienzan a dar pautas sobre esa intención, aunque en realidad todo parece un intento desesperado por recuperar el poder público que, de otro modo, no podrían reasumir prácticamente bajo ninguna circunstancia. Veamos.

EL PASE DE LISTA

Hace dos días apuntamos en este mismo espacio: “El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata”.

¿De qué hablábamos? Del evento social organizado por el diputado federal del PRD, José Antonio Estefan Garfias, al que inopinadamente asistió un nutrido grupo de ulisistas orgánicos que en otros años hicieron hasta lo imposible por encontrar un pretexto para disculparse por su inasistencia a ese mismo evento. Evidentemente, el diputado Estefan se encuentra en una posición distinta a la que tuvo en los últimos años, y hoy es nuevamente uno de los integrantes de la baraja política del régimen rumbo a la sucesión del año próximo. Esta circunstancia implica un cambio de posición importantísimo que es el que parece que ha impulsado al ulisismo para tratar de acercarse a este personaje, en busca de un posible acuerdo político para caminar juntos en la ruta del 2016.

Evidentemente, la circunstancia común es la posible ruptura de toda posibilidad de alcanzar una candidatura importante a través del priismo. José Antonio Estefan Garfias es un aspirante natural a la candidatura, ahora por los partidos del actual régimen, y entonces parece que el ulisismo está tratando de generar empatía con ese grupo, para tratar de abrirse una ruta rumbo a la gubernatura ahora que sus credenciales dentro del PRI están más desvalorizadas que nunca.

El problema es que ese grupo, el del ex gobernador Ruiz, tiene a sus propios prospectos a los que tendría que abandonar en aras de su nostalgia por el poder. Esos personajes son el senador Eviel Pérez Magaña y, eventualmente, el director general de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez Puga Leyva. Este escenario en ninguna forma es descabellado y más bien pinta de cuerpo entero una posibilidad real, en la que por conquistar eventualmente una parte del poder político en la entidad, el grupo del ex gobernador Ruiz tendría que traicionar a varios de los suyos, comenzando por sus dos prospectos a la gubernatura. Sólo sería cuestión de tiempo.

LAS DISCORDIAS

¿Cómo procesaría el ulisimo, ahora que intenta acercarse a sus adversarios naturales, la cercanía que a su vez tiene con dicho grupo, el ex secretario de Gobierno de Ulises Ruiz, y su principal enemigo declarado, Jorge Franco Vargas? Es, por ejemplo, uno de los asuntos que tendrían que procesar quienes ahora están dispuestos a dar todo con tal de regresar al poder.

Sordera política por CCCO: “escuchar” a quienes no deben

Obra CCCO

+ Hay un preocupante y deliberado vacío técnico sobre la obra


Una de las manifestaciones más claras de la sordera política, y de la demagogia que envuelve la consulta ciudadana sobre el proyecto del Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), es la de ir preguntarle a quien no deben, y al mismo tiempo dejar de lado todas las opiniones calificadas. Al final, la continuación de dicho proyecto no es un asunto de popularidad ni exclusivamente de aceptación ciudadana. Más bien, es un asunto técnico y de seguridad para la ciudad, sobre el cual nada se ha abundado.

En efecto, este fin de semana se va a realizar la llamada consulta ciudadana sobre la realización del CCCO, para conocer el sentir de la ciudadanía. El ejercicio es organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), y según lo que ha manifestado el consejero Presidente del órgano electoral, Gustavo Meixueiro Nájera, la jornada durará nueve horas el domingo próximo y se instalarán 147 mesas receptoras de opinión, en las que se distribuirán 213 mil 105 boletas correspondientes al listado nominal del Registro Federal de Electores en el municipio de Oaxaca de Juárez. La idea es que todos los ciudadanos con registro en la capital oaxaqueña estén en condiciones de acudir a emitir su opinión sobre la realización del proyecto.

Este ejercicio, más allá del matiz democrático que le han intentado dar el gobierno estatal con la anuencia del IEEPCO, este ejercicio demuestra varias cosas: primera, que al final el gobierno le apuesta a la forma más precaria de legitimidad —un burdo disfraz de democracia—, equiparando la aceptación popular del proyecto con la viabilidad técnica y urbanística, que finalmente tendría que ser el principal parámetro para aceptar o rechazar la obra.

Segunda, que en aras de hacer un ejercicio fácil y controlable, el gobierno estatal impuso —y el IEEPCO aceptó— que la consulta se circunscribiera únicamente a Oaxaca de Juárez, como si el municipio citadino fuera una isla en medio de la nada, y como si a la demarcación correspondiente a la capital no hubiera por lo menos una veintena más de municipios en los que habita, trabaja y se desarrolla la gran mayoría de las personas que todos los días fluctúan en la capital y realizan algún tipo de actividad en la zona céntrica en la que se intenta edificar la obra.

Tercera, que ni el propio IEEPCO tiene certeza de que el resultado de su consulta ciudadana de verdad puede ser un indicativo verificable y sostenible de una auténtica opinión mayoritaria, y de la viabilidad, de la construcción de la obra. Por esa razón, en cada declaración que ofrece a los medios informativos, el consejero Meixueiro Nájera a los medios informativos, se limita a señalar que el IEEPCO “sólo organizará y proveerá el andamiaje para que la voz de los oaxaqueños sea escuchada”. Esto choca con la necesidad básica de que un ejercicio como éste sea interpretado, valorizado y hasta encauzado, si lo que se requiere es que de verdad éste sirva como referente del respaldo y la legitimidad ciudadana. El IEEPCO nada dice al respecto, y por eso lo que puede esperarse es que todos atiendan al resultado lineal de la consulta sin ir más allá de lo que la ciudadanía considera sobre este asunto.

¿A QUIÉN PREGUNTARLE?

Esta es una de las cuestiones más relevantes. Pues lo que se hará es únicamente abrir la consulta a la ciudadanía, sin importar que sólo un número muy menor de ciudadanos esté verdaderamente consciente de lo que implica la construcción de una obra como la que se quiere, en el espacio en el que se desea. Si no todos tienen esa conciencia razonada, son menos aún los que podrían tener una opinión técnica especializada sobre las implicaciones y los riesgos, o los beneficios y las bondades, de que una obra como esa se construya específicamente donde planea el gobierno.

Pues parece que al final el gobierno optó por evadir cualquier cuestionamiento técnico para dejar el asunto únicamente en manos de la popularidad. Y como en ese campo de lo “electoral” es mucho más fácil moverse que en el técnico, entonces decidieron convertir la consulta en un auténtico acarreo, y dejar que la manipulación supla la necesidad de contar con respaldo y opinión de las personas o grupos especializados a los que, desde el inicio, la STyDE les fue a preguntar —en su afán de “socializar” el proyecto, pero a puerta cerrada— y sólo le espetaron cuestionamientos, advertencias y hasta reclamos por la temeraria intención de construir el CCCO en un espacio como las faldas del Cerro del Fortín.

Al final, es cierto que la opinión del pintor Francisco Toledo únicamente tiene fuerza moral y legitimidad por su calidad de defensor permanente de la ciudad, pero no porque sea una opinión técnica o especializada. No obstante, el gobierno tampoco ha tenido intención alguna de cubrir ese espacio vacío con la consulta a los colegios de profesionistas relacionados con la planeación, cimentación, construcción y urbanización del CCCO. Es decir, que deliberadamente ha evadido escuchar la opinión de los colegios de arquitectos, de ingenieros o de urbanistas, entre otros, que existen en Oaxaca, y mucho menos a los colegios nacionales, los institutos científicos relacionados con el tema, o las instituciones académicas de mayor prestigio, como debiera ameritar el caso.

Al final se debía tratar de gozar de la mayor legitimidad posible, para continuar adelante con la obra. Pero esa legitimidad debía ser una cualidad bien ganada, bien cimentada e irrefutable. ¿De qué serviría la opinión de un artista, frente a un aluvión de opiniones técnicas calificadas a favor de un proyecto como ese? El problema es que quieren avalar el CCCO a partir de una cuestión de popularidad pero no de sustento real. En esas condiciones, no extrañan las prácticas del acarreo, de la inducción de la opinión ciudadana, y hasta acciones de ingeniería electoral con tal de lograr el objetivo fácil de ganar una consulta.

¿MITO O VERDAD?

Entre la gente —y también entre algunos grupos políticos— se comenta que recientemente fue comprada una propiedad, en efectivo y por una suma multimillonaria, que es contigua al hotel del que es accionista el secretario José Zorrilla. Un asunto de plusvalía que ya habría disparado el interés y la codicia por las áreas aledañas a donde estará el CCCO. No hay certeza sobre la operación, pero sí de que, si aún no ha comenzado la puja feroz por esos predios, esto ocurrirá a partir del lunes próximo.

La SCJN ya le resolvió los conflictos educativos fuertes al Congreso

LXII Legislatura

+ Ahora diputados deben armonizar según esos lineamientos concretos


Ahora que los diputados de la LXII Legislatura se dicen tan dispuestos a aprobar la ley estatal de educación aún frente a los amagues de la Sección 22 del SNTE, debieran aprovechar que al resolver controversias por las legislaciones de otros estados del país, la Suprema Corte está estableciendo puntos específicos que deben ser recogidos por el Congreso de Oaxaca para armonizar con eficacia y sin entrar en más conflictos supuestamente ideológicos o con el magisterio oaxaqueño.

En efecto, esta misma semana la Suprema Corte está resolviendo varias de las controversias que en junio del año pasado presentó el Presidente en materia educativa. Como bien debemos recordar, junto con la controversia presentada en contra de Oaxaca por la no armonización de las leyes estatales con la reforma educativa federal, el Ejecutivo de la nación presentó varias controversias más en contra de las legislaciones de otros estados del país, que al armonizar habían incurrido en algunas cuestiones que la federación consideró como inconstitucionales.

En la mayoría de los casos, esa inconstitucional surgió, a juicio de la federación, porque los estados habían invadido facultades federales en temas como el servicio profesional docente, la evaluación, la contratación o la permanencia de los profesores en sus deberes. Oaxaca fue el único caso de una entidad federativa que simplemente no hizo nada. Y por eso a la par de la conminación del máximo tribunal de justicia del país para que los poderes locales oaxaqueños armonicen en un plazo de seis meses, están estableciendo una serie de parámetros que el Congreso local ahora debe recoger para hacer una armonización más sencilla, más eficaz —que no sea objeto de una segunda controversia, ahora por el contenido de la ley armonizada— y más alejada de los mitos y atavismos que sigue esgrimiendo el magisterio oaxaqueño.

De hecho, en un artículo publicado ayer en El Universal, el ministro José Ramón Cossío Díaz hace referencias específicas sobre uno de los temas torales de la reforma educativa, en el que varios estados del país incurrieron en normas que ya fueron declaradas inconstitucionales. A este respecto, el ministro Cossío recuerda que en febrero de 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una reforma al artículo 73 de la Constitución federal para establecer que el Congreso de la Unión era el único facultado para legislar en materia del servicio profesional docente.

Con ese parámetro, el ministro Cossío señala que a partir de lo decidido por la Suprema Corte en sus últimas sesiones con base en el criterio anterior —y frente al hecho de que varios estados establecieron disposiciones relacionadas con el servicio profesional docente en sus constituciones y leyes locales—, se han actualizado dos efectos.

Por una parte, se han anulado las leyes o preceptos en que los legisladores locales hubieren regulado al “servicio profesional docente”, lo que se fundó en su señalada falta de competencias en la materia. Y por otra parte, la Corte ha ordenado a los legisladores locales que hubieren sido omisos al emitir leyes en materia educativa que, en un plazo no mayor a seis meses, legislaran a fin de armonizar su régimen educativo a lo previsto en la reforma de febrero de 2013, sin imponer obligación alguna a los congresos locales en materia de servicio profesional docente, pues ello corresponde sólo al Congreso de la Unión.

Abundando en lo anterior, ayer en Excélsior el senador Arturo Zamora aclaraba puntualmente el punto: La cuestión, señalaba, es que las leyes combatidas repiten artículos o capítulos de las leyes generales de educación y servicio profesional docente fuera de contexto, o peor aún, los reformulan ambiguamente, abriendo la puerta a convalidar acuerdos locales como se hizo en Oaxaca con el convenio que engendró al IEEPO.

Nada menos que en eso último radica la importancia del trabajo de la Suprema Corte en estas materias, y de lo útil que pueden ser todos esos criterios para la emisión de una ley estatal de educación en Oaxaca que sea armónica con la Constitución, y útil para las cuestiones que debe abordar.

ALEJARSE DE ATAVISMOS

El Congreso de Oaxaca, como lo hemos apuntado en enésimas ocasiones, ni siquiera ha iniciado el análisis de las iniciativas de ley estatal de educación que se han presentado, bajo el argumento de que no existen consensos entre los legisladores para que eso ocurra. Esa supuesta “falta de consensos” la han llenado de contenido a partir del argumento de que algunos partidos, como el PRD y las fuerzas de izquierda, respaldan a pie juntillas las iniciativas que presentaron, por un lado, los profesores de la Sección 22, y por el otro, el Ejecutivo del Estado; y que el PRI sólo respaldará una armonización lisa y llana de las normas locales a la legislación federal.

Esos argumentos son engañosos, porque al final de lo que se trata es de que lo que se legisle en Oaxaca no invada las normas federales ni intente re legislar a favor de la Sección 22, en materias que son de exclusiva competencia de los poderes federales. Fuera de eso, todo lo demás es paja. El problema es que esa paja es la que ha sido utilizada como pretexto por los diputados para esquivar la urgencia y la responsabilidad de hacer el trabajo político y legislativo que sea necesario para aprobar las normas locales en la materia.

Por eso, si verdaderamente tienen ganas de hacer algo por Oaxaca deberían revisar con detalle todo lo que en estos días ha resuelto la Suprema Corte, para impulsar una ley educativa capaz de abordar y resolver algunos de los muchos problemas educativos locales, y verdaderamente ser un factor de solución política, y no de más problemas, para la educación pública en Oaxaca.

LA TRAICIÓN QUE VIENE

El ulisismo está desatado: en un evento político, disfrazado de “un cumpleaños”, este fin de semana todos los herederos del ex gobernador Ulises Ruiz se fueron a alinear con los prospectos a la gubernatura del grupo gobernante. Dejaron ver sus dos rutas: por un lado, seguir respaldando a sus desechables “candidatos naturales” (el senador Eviel Pérez y Héctor Pablo Ramírez); y por el otro —¡lo increíble!—, buscar una alianza con el gobierno estatal, para ir contra sus adversarios domésticos del PRI. Por eso, al “cumpleaños”, todo el ulisismo fue al pase de lista. Todo. De ese tamaño son las ambiciones, cuando de tratar de regresar al poder se trata.

En el Congreso: ¿esperan “línea” o ya tienen dictamen de la ley de educación?

+ LXII Legislatura pudo ser factor determinante, pero prefirió “política avestruz”


Ahora que la Suprema Corte conminó a los poderes locales a que en un plazo máximo de seis meses emitan las leyes estatales que deben ser parte de la reforma constitucional en materia educativa, el Congreso del Estado debería transparentar el proceso que según ha conducido para confeccionar el dictamen con el proyecto de ley que presentarían al pleno legislativo, e informar a la ciudadanía en qué consiste la supuesta “falta de consensos” que ha impedido la aprobación de la ley estatal de educación. No hacerlo sólo confirmaría lo que es un secreto a voces: que en más de un año los diputados no han hecho nada.

En efecto, según el presidente de la Comisión Permanente de Educación, y ahora también presidente de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura, Jesús López Rodríguez, desde el mes de abril “está listo” el dictamen de la nueva Ley Estatal de  Educación para ser presentado al Pleno. Desde entonces, decía, ese dictamen “enfrenta varios problemas relacionados con el consenso entre las fracciones parlamentarias”.

Según el diputado López Rodríguez el dictamen no había podido ser llevado a la agenda legislativa debido a que “no tenemos mayoría ni en comisiones unidas y estamos entrampados legalmente” (TIEMPO, 18.04.2015). Y lo que desde entonces se sabía es que, formalmente, la única certeza que existía era la de un atasco político y una profunda falta de consensos entre las fracciones legislativas.

No obstante, también en el Congreso se decía que todos esos eran simples argumentos para justificar la inacción de la Comisión Permanente de Educación; la inexistencia de algún dictamen relacionado con las diversas iniciativas de ley estatal de educación presentadas por el Ejecutivo, por la Sección 22, y por al menos dos fracciones parlamentarias de la LXII Legislatura; y también se decía que, incluso, era una realidad la inexistencia de cualquier trabajo político o técnico al seno de la propia Comisión Permanente de Educación, o respecto a las demás comisiones legislativas, a las que se turnó el estudio y dictaminación de las diversas iniciativas.

¿Por qué es importante conocer hoy estas cuestiones? Porque resulta que hoy la situación política entre el gobierno y el magisterio enfrenta una circunstancia distinta, en la que ya no es necesario discutir qué enfoque debe tener la ley estatal de educación, sino apurar la emisión del conjunto normativo que se supone que va a complementar la reforma educativa impulsada por el gobierno federal.

Sería muy provechoso que la ciudadanía pudiera conocer qué ha hecho el Congreso en todos estos meses, no únicamente para contar con un panorama claro de qué se debe establecer en la reforma educativa estatal, o para conocer la postura de cada grupo político respecto a ese proceso que sigue rechazando la Sección 22, sino incluso para poder entender por qué los diputados no han podido ser parte de la solución al problema magisterial emitiendo una norma consensada y políticamente viable, mientras han cobrado millonarios salarios en todo este tiempo.

PARTE DEL PROBLEMA

Es muy llamativa la forma en cómo en el Congreso local todos los disensos son “de mentiritas”. Es decir, si tomamos como ejemplo la reforma educativa, y los supuestos “disensos” existentes en la Legislatura local, lo lógico sería que esas discordancias hubieran sido vertidas en acaloradas discusiones en el pleno legislativo, y todo eso se reflejara en el diario de los debates y todos los oaxaqueños pudiéramos ser testigos de esa supuesta defensa de posturas distintas, e irreconciliables, entre los legisladores locales.

El problema es que no existe una sola constancia de ese disenso y de esa falta de acuerdos. Si los debates han ocurrido en esa supuesta máxima tribuna del Estado, y en la supuesta “casa del diálogo” que según que es la cámara de diputados, los ciudadanos no tenemos una sola forma de conocer esos disensos o discusiones o posturas ideológicas o razones políticas que —también se supone— han esgrimido los legisladores locales para sostener sus posiciones discordantes. Si no conocemos esos argumentos, entonces también es imposible entender el supuesto disenso que aseguran que existe, y que es la razón por la que no se ha podido aprobar la ley educativa.

Razones para el debate sobran, pero no les interesan a los diputados. Por ejemplo, el gobernador Gabino Cué presentó una polémica iniciativa de ley de educación que construyó la Sección 22, y que su administración únicamente pulió para que —según— pudiera pasar por el tamiz del análisis constitucional federal. La Sección 22 presentó una iniciativa muy similar, pero en la cual se establecía —como originalmente se confeccionó, y que fue lo único que le quitó el Ejecutivo al hacer suya la propuesta— que el gobierno estatal tenía el deber de otorgar incentivos económicos a los trabajadores de la educación, y que debía contratar a los egresados de las normales ubicadas en territorio oaxaqueño. El PRI y PAN, por su parte, presentaron iniciativas que eran copias exactas de la legislación federal, trasladadas como normas locales.

¿No había materia en esos proyectos, como para entablar una discusión pública formidable entre los representantes populares? Evidentemente sí. El problema es que los diputados locales nunca sacaron del ámbito privado sus supuestas diferencias, y siempre le negaron a la ciudadanía la posibilidad de conocer por qué no se podían construir los consensos que supuestamente impedían la emisión de dicha norma. Por esa razón, al final, terminó siendo un argumento vacío el relacionado a que ya había un dictamen pero que no se podía subir al pleno porque no había la suma de voluntades necesaria entre los legisladores, para que ello ocurriera.

SILENCIO

Al final, todos sabemos cuál es la realidad: nunca entre los diputados hubo discusión alguna; tampoco en comisiones hubo algún análisis o trabajo relacionado; lo dicho fueron simples pretextos. Y en el fondo, los legisladores esperarán —como siempre— a que desde el Ejecutivo les envíen el contenido íntegro del dictamen supuestamente consensado, para que una vez que ellos hayan negociado su contenido (en el Congreso no es lo mismo “consensar” que “negociar”) lo pasen al pleno y lo voten. Eso ocurrirá cualquier día de estos, y tampoco veremos una discusión porque los diputados están convencidos de que los oaxaqueños no merecemos saber cómo y por qué toman las decisiones que sólo nos imponen.

Consulta por el CCCO: quieren aplastar, no socializar con la ciudadanía

Si CCCO

+ El gobierno se lanza a la calle; ¿Toledo va a seguir en la parsimonia?


Con el impulso a la consulta ciudadana que realizará el órgano electoral sobre el Centro Cultural y de Convenciones de Oaxaca (CCCO), el gobierno estatal abrió formalmente el frente de batalla contra los grupos opositores. Esto presenta una disyuntiva formidable: habrá una consulta, y el gobierno ya se lanzó a ganarla. Frente a esto, ¿qué harán las organizaciones y ciudadanos que se oponen al gobierno para contrarrestar la embestida?

En efecto, en apenas una semana se definió el rumbo de la consulta ciudadana sobre el centro de convenciones: a finales de la semana antepasada el gobernador Gabino Cué Monteagudo y el consejero Presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), Gustavo Meixueiro Nájera, formalizaron la realización de una consulta, circunscrita a dos condiciones: primera, que sólo se realizaría entre los habitantes del municipio de Oaxaca de Juárez; y segunda, que ésta consulta sería indicativa, sin efectos vinculatorios pero, dicen, con la voluntad del gobierno de acatar su resultado. Así, la semana pasada el IEEPCO delineó la forma de la consulta, y ésta se llevará a cabo en menos de diez días.

Ante este panorama, el gobierno tomó una decisión escandalosa pero que indica hasta dónde está interesado en ganar la consulta: como en los tiempos más rancios del priismo gobernante, dispuso a todo el aparato burocrático del gobierno estatal, bajo coacción, para hacer promoción a favor del proyecto del CCCO. Y no sólo eso, literalmente sacó a media burocracia a las calles para promover las bondades del proyecto, y para recabar información sobre los posibles participantes en este ejercicio, sobre los cuales el funcionario “promovente” tendrá el deber de asegurarse que el día de la consulta acudan a los centros de votación y emitan una opinión favorable al proyecto.

Mientras, el gobierno emprendió otras tareas de promoción —que no socialización— del proyecto. En los últimos días desplegó la más grande campaña de promoción que haya hecho en todo el sexenio de un tema específico, lo mismo comprando publicidad en medios informativos, espectaculares y publicidad móvil, que utilizando redes sociales, mensajes de texto y todas las formas conocidas de generar aceptación hacia su objetivo.

Sólo haría falta conocer que también utilizara a su favor la promoción dentro de los programas sociales estatales en el área de la consulta. Al final, el gobierno espera que con la combinación de todos esos mecanismos, quede segura una votación favorable y tenga legitimidad para continuar con una obra que no se ha detenido ni un día desde que arrancó a principios de julio pasado.

Evidentemente, esto da una dimensión clara del nivel de preocupación que tiene el gobierno sobre el proyecto, y su urgencia por cerrar este capítulo polémico en el que se ha enfrentado abiertamente con los defensores tradicionales de la ciudad y el Centro Histórico, que opinan que dicho proyecto no debe realizarse en la zona donde ya comenzó a construirse.

Hoy la duda que queda, es qué harán esas organizaciones opositoras para también asegurar un papel digno frente a la cascada de medidas que ha utilizado el gobierno para afianzar su “triunfo” en la consulta.

¿QUÉ HARÁ LA OPOSICIÓN AL CCCO?

La misma semana pasada vimos al pintor Francisco Toledo emprendiendo otro tipo de acciones. Personalmente acudió a un crucero de la capital (el de la calzada Niños Héroes de Chapultepec con la calzada Porfirio Díaz) para verificar la instalación de un espectacular en el que hace referencia al rechazo a que la obra sea convalidada en el sitio donde se pretende construir.

Evidentemente, la instalación de ese espectacular causó el interés que genera prácticamente todo lo que hace el maestro Toledo. Medios de información, redes sociales y personas en general reseñaron el hecho y hasta vieron con agrado la acción. Quizá en lo que no reparan el Artista, ProOax, y todas las organizaciones que lo acompañan, es que hay una parte muy importante de la ciudadanía que no es “tocada” por los medios tradicionales o por las redes sociales, y que por ende no puede enterarse de su posición de rechazo.

Quizá no han asumido que en la misma ciudad de Oaxaca hay muchísimas personas a las que, por sus condiciones de pobreza o marginación no tienen un teléfono celular o acceso a internet, y que por ese solo hecho hay que ir directamente a sus colonias y barrios para decirles qué está pasando, por qué rechazan la obra, y por qué ellos están obligados a ir hasta ahí a invitarlos a respaldar su posición el día de la consulta.

Esto, en la circunstancia actual, no tendría que ser una pose ni un “baño de pueblo” para los artistas y ciudadanos que impulsan el rechazo a la obra. Más bien, tendría que ser la consecuencia natural a lo que está haciendo el gobierno, que además de generar su propio efecto mediático, sí sacó a la burocracia a las calles, y que sí tiene a miles de personas volcadas en la promoción, casa por casa, del proyecto.

Al final, se trata de ver quién gana más adeptos. El maestro Toledo y quienes lo respaldan, deben asumir que, en este caso, el imán mediático natural que significa la imagen del pintor no es suficiente, y que verdaderamente necesitan socializar el proyecto, comenzando por salir de su zona de confort y acudiendo personalmente a esos lugares, donde podrían encontrar el apoyo para ganar la consulta.

No lo están haciendo, y el riesgo que corren es que al final su oposición sea evidenciada como meramente testimonial, pero no real, debido a que no fueron lo suficientemente agresivos, ni estuvieron a la altura de la posición que manifestaban, y que por ende no tomaron las decisiones de la magnitud adecuada para enfrentarse a esta inusual embestida del Estado oaxaqueño para defender el cuestionado proyecto del Centro de Convenciones.

¿Y LOS RADICALES?

Cuando en junio los opositores al CCCO dijeron que tenían 70 mil firmas en contra del proyecto, en este espacio (Al Margen 01.07.2015) se sugirió que el camino correcto debiera ser el impulso a un plebiscito. Algunos integrantes del Frente en Defensa del Fortín se rieron de la “ingenuidad” de esa propuesta y dijeron que la ruta efectiva era la protesta en las calles. ¿Dónde están esos “radicales” ahora que el mismo Frente, tarde y ya sin ningún futuro, está pidiéndole al IEEPCO que se desista de la consulta y opte por el plebiscito?

Confirmado: nadie confía en las instancias de procuración de justicia

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Padres de Normalistas

+ Padres piden permanencia internacional; a EPN le pega condescender


Es una verdadera paradoja que hoy el principal cuestionamiento que los organismos de investigación internacional, y los propios padres de los normalistas desaparecidos, le hacen al gobierno federal y al presidente Enrique Peña Nieto, sean justamente los relacionados con la decisión presidencial de no ventilar ninguna hipótesis que relacionara a los estudiantes de Ayotzinapa con la delincuencia organizada. Es una paradoja que eso ocurra, pero es necesario reflexionar seriamente sobre las consecuencias institucionales que puede traer la insistencia general, de que sean organismos ex profeso, y no la justicia ordinaria, este que indague este abominable asunto.

En efecto, el jueves el presidente Peña Nieto sostuvo un segundo encuentro con los padres de los normalistas desaparecidos, que no terminó ni en concordia, ni en entendimiento, ni en una mejor posición para el gobierno federal. En la reunión, el Presidente se comprometió con los padres de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa a que no habrá “carpetazo” y las investigaciones se mantendrán hasta llevar a todos los responsables ante la justicia.

Además, Peña Nieto ordenó a la PGR crear la Fiscalía para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, y giró seis instrucciones, a saber: Investigar todos los hallazgos y posibles responsables que arroje la investigación, reiterando que la investigación no se ha cerrado y llegará a donde tenga que llegar; sumar las recomendaciones y líneas de investigación que ha propuesto el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes; que se continúen los trabajos para saber qué fue lo que pasó de manera individual con cada uno de los desaparecidos.

La cuarta instrucción fue que la Subsecretaría de Derechos Humanos, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva de Atención a Víctimas, deberá asegurarse de que todos los afectados tengan acceso a los mecanismos de atención a víctimas, y se garantice la atención médica de todos aquellos que resultaron lesionados en los sucesos de septiembre de 2014.

La quinta instrucción presidencial fue que, atendiendo la recomendación del Grupo de Expertos, la PGR integrará un equipo de peritos del más alto nivel para analizar los hechos ocurridos en el basurero de Cocula, en el cual podrá participar, si así lo acepta, el especialista José Torero; la sexta orden es la creación de la fiscalía para búsqueda de desaparecidos.

De todo esto, lo más relevante es que el Presidente prácticamente se allanó a la exigencia de que se creara una instancia específica para investigar los hechos, e incluyó al GIEI, que sistemáticamente ha sido un detractor de la investigación del gobierno federal, paradójicamente a partir de que denunció que la PGR había abandonado la línea de investigación relacionada con el llamado “quinto autobús” que podría explicar los hechos pero que involucraría a los normalistas con la delincuencia organizada.

Desde hace meses, el gobierno federal decidió no seguir esa línea de investigación —y desde noviembre del año pasado el entonces procurador Jesús Murillo Karam, así lo señaló— que (casi por decreto) no había ninguna relación entre los normalistas y el crimen y que por ende no se sugeriría ninguna línea de investigación al respecto para no ofender a los padres de los desaparecidos.

INSTANCIAS EX PROFESO

Los padres de los normalistas entregaron un documento al Presidente, en el que plantean exigencias muy puntuales, comenzando por pedir que dicho documento no se analice, sino que se asuma. Llaman la atención algunas cuestiones. En especial, el punto 3 de dicha carta, que a la letra dice lo siguiente:

“3. Replanteamiento de la investigación en una unidad especializada de investigación, con supervisión internacional, compuesta por dos instancias: una que indague a profundidad dónde están nuestros hijos y otra que investigue el montaje con que se nos pretendió engañar. Al saber que la Procuraduría quiso engañarnos, una y otra vez nos preguntamos cómo podríamos volver a confiar en una institución que se burló de nosotros. Lo cierto es que no podemos volver a confiar. Pero si fue el Estado el que desapareció a nuestros hijos, no podemos dejar de exigir al Estado que los busque. Sabemos que formalmente la investigación debe continuar, pero para revertir el daño hecho exigimos que la indagatoria:  

“a) Salga de la SEIDO y sea ubicada directamente en la Oficina de la Procuradora; b) Sea conducida por un fiscal que tenga el visto bueno del Grupo de Expertos; c) Se guíe en función de un plan de investigación que deberá diseñarse conjuntamente con los expertos y la coadyuvancia; d) Pida apoyo externo a la Procuraduría cuando requiera dictámenes periciales, con el visto bueno del Equipo Argentino de Antropología Forense; e) Presente periódicamente los avances de la investigación; f) Cuente con los recursos y facultades para incentivar la cooperación de testigos e informantes, previo visto bueno del Grupo de Expertos; g) Haga suyo el peritaje generado por el Grupo de Expertos respecto del supuesto fuego de Cocula; h) Agote todas las líneas de investigación, incluyendo las relativas al Ejército y a los políticos corruptos de Guerrero; y j) Parta de la base fáctica de hechos comprobados por el GIEI.

“Sin esas condiciones, es imposible cumplir con el replanteamiento recomendado por los expertos. Por otro lado, la unidad especial de investigación que demandamos deberá también investigar a quienes por acciones u omisiones pueden tener responsabilidad en la obstrucción de la justicia fabricando versiones carentes de prueba. En particular, exigimos que se investigue la responsabilidad del ExGobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero; del ExProcurador de Guerrero, Iñaky Blanco; del ExProcurador, Jesús Murillo Karam; del Titular de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio; y de la responsable de los servicios periciales de la Procuraduría, Sara Mónica Medina Alegría” (http://bit.ly/1NRWTTW).

DESCONFIANZA, POR DOQUIER

No deja de llamarnos la atención que haya tanta disposición federal en este asunto. Como lo apuntamos en nuestra entrega anterior, más bien parece que el gobierno federal tiene enormes ganas de quitarse la carga de encontrar, comprobar y decir la verdad. Por eso quiere incluir a grupos internacionales. La intención es que le crean. Pero en el intento está ahondando la desconfianza en las instituciones investigadoras de nuestro país.