Home Blog Page 263

Urgente, un debate serio y alejado de la falsa moral con respecto a la legalización de la marihuana

Uno de los rasgos más complejos de la personalidad de los mexicanos, radica en la incapacidad que en general tenemos para abordar sin rodeos las discusiones, máxime cuando éstas implican dilemas morales a los que no queremos enfrentarlos. Un ejemplo de eso es la discusión relacionada con la posibilidad de la legalización de la marihuana, sobre la que quién sabe con qué ánimo, el Secretario de Turismo federal volvió a poner en el centro de la atención al fijar una postura que, luego supimos, era de índole personal —y lamentablemente no institucional— al respecto.

En efecto, durante el fin de semana el secretario Enrique de la Madrid hizo una propuesta por demás inusual en la clase política, aunque no así entre quienes entienden y estudian las implicaciones sociales, políticas, de seguridad y de criminalidad de la legalización de la marihuana. El titular de la Secretaría de Turismo propuso la legalización del consumo, venta y producción del enervante en regiones del país que tienen alta incidencia turística, como una forma de estabilizar algunas situaciones que hoy se encuentran fuera de control, y que ponen en riesgo a la ciudadanía.

De hecho, la propuesta y la reflexión de Enrique de la Madrid resulta por demás interesante y honesta, en este contexto nacional en donde, a pesar de la enorme crisis que vive el país en distintos aspectos, todos parecen estar acostumbrados y ceñidos a las poses de lo prudente y lo políticamente correcto para evadir esas reflexiones y discusiones de fondo honestas y realistas, que le vendrían muy bien a este país que, como lo hemos apuntado reiteradamente, padece un profundo ayuno de ideas y propuestas por parte de la clase política, incluso en los tiempos electorales en los que se supone que ese debería ser el principal insumo de las campañas.

En ese sentido, hay varios argumentos muy rescatables de la aparentemente espontánea propuesta del secretario De la Madrid. Los recuperamos del texto publicado ayer al respecto, por el escritor Héctor Aguilar Camín (http://bit.ly/2GwGnu4) en su columna de Milenio: “México es tan grande”, dijo De la Madrid, “que deberíamos pensar en ejercicios diferenciados. Así lo han hecho en Estados Unidos, donde, a pesar de que, a nivel federal, sigue prohibido el tema del consumo y la producción de mariguana, es un hecho que en diferentes estados, como en California, ya se legalizó para fines médicos y recreativos. Es absurdo que como país no demos ya ese paso”.

También dijo: “Me gustaría ver qué se puede hacer en Baja California Sur y en Quintana Roo, los dos principales destinos de México, que no tienen que ser víctimas de la violencia de un trato inadecuado del problema de las drogas en México” (…) “Nos haría un enorme daño perder esos destinos turísticos por temas de combate al narcotráfico. El hacer legal, no solamente el consumo,  sino la producción y venta de la mariguana, que no de otras drogas, contribuiría junto con otras acciones a destinos más seguros”.

“Lo que no se justifica es que un consumidor vaya a dar a la cárcel porque consume mariguana. Lo que no se justifica es que sea víctima de extorsiones porque consume mariguana. Es un absurdo. (…) Tampoco creo yo que se justifique desviar recursos de escuelas y de hospitales para combatir un crimen que, científicamente hablando, la mariguana es mucho menos dañina que el alcohol y que el tabaco”.

DEBATE NECESARIO

¿Era tan grave que un Secretario de Estado se pronunciara en el sentido que lo hizo Enrique de la Madrid? Para el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto sí lo fue, porque por eso mismo publicaron un comunicado estableciendo que lo dicho por el Titular de Turismo era a título personal y que no reflejaba la postura del gobierno federal sobre la situación actual de la marihuana.

Evidentemente, la segura preocupación del gobierno federal se enfocó en la distorsión que significa para su política de combate a la delincuencia organizada, el argumento de uno de sus integrantes sobre la legalización de uno de los productos por los que hoy el gobierno federal persigue de manera violenta a los capos criminales. También es cierto que respecto a la posibilidad de la legalización de la producción, venta y consumo de la marihuana, el gobierno federal se ha mantenido en una postura alejada de los compromisos y muy cercana a la prudencia y la evasión, porque esto lo volvería a confrontar con algunos de los sectores conservadores a los que les atribuye alguna de sus derrotas políticas.

En particular, recordemos que en 2015 el presidente Peña Nieto propuso al Congreso el reconocimiento de los matrimonios entre personas del mismo sexo; y que rápidamente su propuesta fue rechazada por algunos de los sectores más conservadores del país, a los cuales el propio Presidente les terminó achacando una campaña negativa contra los candidatos del PRI, y la derrota de muchos de ellos en los comicios federales intermedios de aquel año, a pesar de que en realidad no hubo datos sustantivos que asociaran con claridad los descalabros electorales, con un posible boicot de los sectores conservadores, aún cuando en medio se quedó el grueso de la ciudadanía mexicana a la que nunca le preguntaron si estaba de acuerdo o no en un tema tan sensible y progresista como el del reconocimiento constitucional a la diversidad sexual en México.

En el fondo, quizá el gobierno federal hoy asuma que una discusión de ese tipo, es innecesaria en los tiempos electorales que ya se sienten con particular vigor. Políticamente, sería ya imposible que el Congreso abordara una discusión de esa dimensión en los meses siguientes; y seguramente el gobierno federal está ya evitando que cualquier otra propuesta atrevida, lo siga involucrando en más problemas y cuestionamientos de los que ya enfrenta por sus males endémicos —la corrupción o la impunidad, entre otros—, y lo siga enredando y poniendo en más peligro de cara a la elección presidencial.

Lo cierto, en esa lógica, es que mientras ese tema siga sin discutirse la llamada guerra contra el crimen organizado continuará su curso, y se mantendrá en su sangrienta estela de muerte y terror entre la población de amplias zonas del país. Es cierto que muchísima de la violencia que se padece en México, la mayoría, es producto de la acción de los grupos criminales. Pero también lo es que mientras no se tomen medidas de fondo para arrancar el problema de la población, el eterno círculo vicioso que hoy es la guerra antidrogas continuará para siempre aquí, mientras que nuestro vecino del norte ya utiliza las drogas con fines lúdicos, recreativos y de consumo habitual.

DIFERENCIAS

La diferencia está, en realidad, en la capacidad para discutir un tema sin falsos dilemas morales. Al norte de la frontera hicieron lo primero; aquí, insistimos en evadir el problema y mantenernos en la caótica situación que vive el país.

Con la definición de candidatos, el PRI en Oaxaca está ante su mayor desafío electoral y de gobernabilidad

1

† En memoria de mi padre, don Ismael Humberto Ortiz Romero


Conforme avance la presente semana, se irá conociendo la baraja electoral del priismo oaxaqueño rumbo a los comicios de julio próximo. Éste es el mayor desafío que haya enfrentado el tricolor en Oaxaca en todos los tiempos. No es exageración: el PRI gobierna la entidad en una segunda alternancia; pero al menos de entrada, la posibilidad de que el priismo gane la elección presidencial, es lejana. Al ser ésta una elección concurrente, en la misma jornada se definirán los rumbos local y nacional, el primero con las diputaciones locales y las alcaldías, y la segunda por los cargos federales en juego. Por eso mismo la apuesta, y el riesgo para el PRI oaxaqueño, son mayúsculos.

En efecto, en la jornada electoral del primer domingo de julio se definirá la elección presidencial, la de senadores y diputados federales, la de presidentes municipales y la de diputados locales. Es la elección más grande que se haya organizado en el país, y en Oaxaca será la jornada en la que al mismo tiempo se definirán más cargos de índole estatal y federal. Uno de los signos distintivos de esta elección será la ausencia previsible de voto diferenciado. Y siendo así, aquí ganarán todos los candidatos del partido cuyo candidato presidencial aventaje en las preferencias de los electores.

Para el PRI eso es un problema. Tradicionalmente, el priismo está acostumbrado a sumar y restar posibilidad a partir del llamado “voto duro”, que no es sino el conjunto de votos corporativos que se supone que tienen cautivos gracias a sus sectores, organizaciones y la compra, condicionamiento o coacción del voto a través de programas gubernamentales. El problema es que, al menos en Oaxaca, ese voto duro ha demostrado ser insuficiente para determinar el rumbo de una elección, y más bien ha quedado claro que es el trabajo, los candidatos o incluso las inercias electorales las que hacen que un candidato gane o pierda, pero sin que el voto duro resulte uno de los esquemas determinantes para ello.

En esa lógica, otro dato relevante es que en las últimas dos elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador —y sus candidatos— han obtenido resultados favorables de manera abrumadora en el conteo estatal. A pesar de haber perdido las dos elecciones presidenciales, López Obrador ha sido el gran ganador en la entidad, y su inercia ha hecho cómodamente diputados federales y senadores a personajes que en realidad trabajaron poco para llegar a sus curules y escaños, respectivamente, a partir de que muy pocos electores diferencian el voto marcado en las diferentes boletas, y la gran mayoría de ellos al decidir por qué candidato presidencial vota, en automático destina su voto a los demás abanderados de ese mismo partido, incluso independientemente de quiénes sean éstos.

Eso es por demás relevante. En los comicios de 2018 esa inercia podría hacer perder al régimen espacios valiosísimos de gobernabilidad tanto en las presidencias municipales como en el Congreso local, que son las dos anclas en las que todo Gobernador asegura su propia estabilidad. Por eso, un cálculo incorrecto de esas dos últimas variables podrían ser monumentalmente desastrosas para el futuro y la estabilidad del régimen.

LA ENCRUCIJADA

Ganar, evidentemente, es la premisa de toda competencia. Pero en lo electoral la perspectiva cambia: a veces se gana perdiendo, o se pierde ganando. No es un juego de palabras, sino una circunstancia permanente que obliga al gobernante y al político a establecer escenarios diversos. Oaxaca está en esa encrucijada.

En esa lógica, el gobernador Alejandro Murat deberá definir si gana perdiendo o pierde ganando. En el más idóneo de los escenarios, José Antonio Meade gana la presidencia y mantiene el impulso de gobiernos priistas y panistas. Pero en un hipotético triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno priista de Oaxaca sería una isla. Pensar en la sobrevivencia es inminente en estos dos escenarios que se dibujan más cercanos aún cuando Meade, el precandidato, va en tercer lugar de las preferencias electorales.

Ahora bien, para cuando se defina la presidencia de la República, al régimen actual le faltarán aún cuatro años aproximadamente para la conclusión del mandato constitucional, periodo que deberá prever desde ahora porque no ha sido para nadie sencillo cuando la federación cambia de partido. Ya lo vivieron con Fox y Calderón.

Por eso, en el mejor de los escenarios, el gobierno de Murat requerirá aliados: un Congreso local mayoritariamente priísta; presidencias municipales que también lo arropen. Y diputados federales que lo respalden en una eventual solicitud de recursos. El problema hoy, es que al menos el escenario actual, estadístico, sitúa a Morena por encima de cualquier oferta política.

De ahí que la operación en tierra tendría que enfocarse a ganar la mayoría en el Congreso local y las presidencias municipales o, como lo hemos apuntado en diversos momentos, establecer vasos comunicantes para que tanto en el PRI como en Morena haya candidatos capaces de dialogar y generar acuerdos con el régimen. Hablamos, pues, de un escenario micro que no descobije a un gobierno que tendrá que mover sus piezas a las candidaturas.

Es el dilema. Cómo lograr fortalecer el gobierno y cómo presentar buenos candidatos que ganen la confianza del electorado. En este primer año, algunos de quienes ahora aspiran a cargos de elección popular no han ido al mismo ritmo del Gobernador. Muchos de ellos tendrían serios problemas para demostrar su competitividad en tierra. En esta encrucijada, también deberán contener las diferencias internas en el PRI que ya se pueden notar en algunos casos, donde los conflictos son creados o se dejan pasar como en una especie de fuego amigo generado desde algunos espacios domésticos.

Algunos, incluso, parecen no terminar de asumir que estamos viviendo nuevos tiempos. La tardanza en las definiciones del PRI, la ausencia de precampañas locales y la pugna interna por posiciones, abre la posibilidad a los otros partidos políticos que sí han hecho presencia en algunas regiones, aún con las molestas movilizaciones de las que los ciudadanos están hartos.

DILEMA

Al final, las decisiones más trascendentes debieran transitar por acuerdos en los que los candidatos en la oposición sean lo menos radicales posibles para que pueda haber relación civilizada a partir del día siguiente de la elección. Se trata de fortalecer al gobierno con aliados. Ganar perdiendo. Ceder algunas posiciones para ganar estabilidad y concertación. De ese tamaño es la importancia de la operación que necesita ya no el PRI, sino Oaxaca, para asegurarse espacios que de verdad abonen a la gobernabilidad democrática.

La irritación social, tiene su base en la lejanía entre el discurso político y lo que necesita la gente

2

Es muy particular, y muy preocupante, el altísimo nivel de irritación social que existe entre el electorado mexicano. Un pulso más o menos asequible, lo ofrecen las redes sociales, en las que se descarga un nivel de furia nunca antes visto entre la ciudadanía, que opina e interactúa no con los políticos, sino con quienes les manejan sus redes sociales. ¿Por qué la irritación social? Porque la gente está enojada. Y parece estarlo porque los políticos insisten en mantener la distancia entre lo que ellos quieren decir, y lo que la ciudadanía desea que le respondan.

En efecto, basta ver prácticamente cualquier comentario publicado por cualquier figura política en redes sociales. En el común, la respuesta inmediata —de los llamados bots, trolles, y de usuarios reales— es una descarga infinita de furia, señalamientos, recriminaciones, ataques e insultos, los cuales en alguna medida tienen su origen en las campañas de seguimiento y desprestigio generadas por sus adversarios políticos, pero en eso también existe una enorme carga de sentimientos genuinos de desaliento, decepción y enojo en contra de la clase política, cualquiera que sea su vertiente.

¿Por qué ocurre esto? Porque en realidad, para hacerse rentable, la clase política se ha valido del recurso bajo de la confrontación como medio para hacer presencia. Han utilizado ese mismo encono como vehículo para la transportación de todos los odios a partir de los cuales han creado sus plataformas políticas. Acaso, luego del proceso electoral del año 2000, en el que propios y extraños tuvieron —tuvimos— la convicción de que la alternancia de partidos en el poder derivaría en una auténtica transición a la democracia, la constante ha sido la decepción de todo lo que han hecho, dicho, prometido e incumplido los distintos integrantes de la clase política.

Esto bien puede explicar la situación actual. Aunque digan lo contrario, lo cierto es que, por un lado, existe una enorme proclividad de la clase política por ceñirse a lo que la gente quiere escuchar, pero justamente en el terreno del reproche, la confrontación, el encono y los insultos; en el otro extremo, existe la paradoja relacionada con el hecho de que existe toda una vertiente de argumentos respecto de los cuales la clase política cree abordar y agradar a la ciudadanía, pero sin abordar en realidad ninguno de los problemas sustantivos que le darían un rostro distinto a nuestro país, o que cuando menos resolverían algunos de los asuntos que generan ese encono.

De hecho, desde hace casi dos décadas uno de los constructores de ese encendido encono social ha sido el propio Andrés Manuel López Obrador, que ha mantenido un discurso que en gran medida es antisistémico, pero que ha ido variando según el tiempo, la circunstancia y la conveniencia política.

En su propia vertiente, López Obrador ha sido un constructor del discurso de confronta a la clase gobernante, a partir de los propios errores y excesos que ésta ha cometido en los últimos lustros. Y el problema hoy no ha sido sólo ese, sino el hecho de que eso ha generado una inercia entre la ciudadanía que, al no tener otros puntos de referencia, hoy tiende a odiar de manera exponencial independientemente de si esa fue o no la intención inicial de quienes generaron esa tendencia que ha carecido de autocontroles o al menos de la prudencia por parte de quienes la impulsaron.

Esto no significa, sin embargo, que esa haya sido la única forma de incitar al encono o a la irritación social. De hecho, aunque esta parece ser la forma más visible, en realidad es la menos grave porque esa gravedad se centra en quienes, con hechos y con decisiones contrarias a las aspiraciones de la ciudadanía, ha contribuido a alimentar esa inconformidad social.

ENOJO SOCIAL

Hace veinte años una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía era la recurrencia de la crisis económica. A finales de la década de los noventas, la delincuencia organizada y la violencia criminal no eran parte central de los temas en la agenda de la ciudadanía. El entonces presidente Ernesto Zedillo dijo que por primera vez en décadas, en un final de sexenio, no habría crisis económica. Y no sólo lo cumplió, sino que además fue parte de quienes construyeron la alternancia pacífica de partidos en la presidencia de la República —algo que en otros países provocaba guerras, o cuando menos periodos prolongados de inestabilidad política.

Los problemas vinieron después, ya que en el aspecto democrático y de gobierno, Vicente Fox hizo muy poco para desmontar las estructuras que alimentaban el régimen de partido hegemónico; no se decidió a combatir la corrupción ni a establecer los parámetros de una nueva gobernabilidad basada en el Estado de Derecho. Únicamente generó los equilibrios indispensables para sobrellevar su gobierno, pero sin demostrar una verdadera intención por una transición democrática que partiera de un nuevo orden jurídico, político y social.

Lejos de eso, crecieron exponencialmente otros problemas, hoy centrados en dos aspectos: el avance imparable de la criminalidad; y el crecimiento, en esa misma medida, de la corrupción entre la clase política en los tres órdenes de gobierno. El gobierno de Felipe Calderón hizo muchas cosas pero evitó abordar esa, que era la problemática de fondo. A él no se le acusa directamente de haber participado en un acto de corrupción; pero es evidente que su indolencia frente al crecimiento de este fenómeno lo hace corresponsable de esa vorágine que consumió los recursos del Estado y la confianza de la ciudadanía en sus gobernantes.

En esa misma lógica, el gobierno de Enrique Peña Nieto coronó los esfuerzos para enconar a la ciudadanía. Fue un gobierno que, primero, se asumió dominante al establecer un pacto cupular de gobierno —el llamado Pacto por México, que ni de lejos habría podido ser equiparable a otros acuerdos de gobierno como el Pacto de la Moncloa, en España— con el que sacó adelante su proyecto reformista pero sin pasar por el combate a la criminalidad y a la corrupción. Luego vino la desaparición de los 43 de Ayotzinapa y las revelaciones sobre su llamada casa blanca, y ello constató que el gobierno no tenía voluntad por hacer eco de los temas que a la ciudadanía le preocupaba.

Al final, Peña Nieto no ha tenido que hacer o decir algo en concreto, para seguir enojando a la ciudadanía. Ésta se sigue enojando cada día más por su inacción, por su impermeabilidad a la irritación social, y por su convicción por seguir adelante en sus objetivos sin considerar la irritación de la ciudadanía.

AYUNO DE IDEAS

¿Acusar al adversario equivale a proponer? Evidentemente, no. Pero es lo único que hace la clase política respecto a temas como la corrupción, la inseguridad, la violencia y los altos índices de ineficacia gubernamental, en todos sus niveles. Poco o nada es lo que se propone antes, durante y después de cada campaña electoral.

Visita Bolaños Cacho, juzgado y centro de justicia de Ixtlán

0

El titular del Poder Judicial de Oaxaca reinicia sus recorridos por los juzgados instalados en la entidad

IXTLÁN DE JUÁREZ.- El Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Magistrado Raúl Bolaños Cacho, visitó este jueves el Juzgado Mixto ubicado en este municipio, así como el Centro de Justicia que entrará en operación en fecha próxima.

Acompañado de las autoridades municipales, el también presidente del Consejo de la Judicatura recorrió, primero, el juzgado mixto, en donde entabló un diálogo directo con el personal encabezado por la jueza, Graciela Maldonado González.

Bolaños Cacho les aseguró que ha reiniciado sus visitas a los juzgados que se encuentran instalados en la entidad para constatar de manera directa las condiciones en las cuales labora el personal, así como el estado de los inmuebles.

Maldonado González le agradeció su visita y le indicó “que la falta de material de oficina comenzó a subsanarse a partir de su llegada al Poder Judicial”.

Al visitar el Centro de Justicia que se ubica al sur de esta población serrana y en compañía de la regidora de Cultura y Deporte, Verónica Gisela Ruiz, representante del presidente Román Manuel Aquino Matías, Bolaños Cacho reconoció el apoyo de ese ayuntamiento al dotar de servicios a este complejo que albergará también a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía, así como la Defensoría Pública.

“Este Centro de Justicia le dará un cambio positivo a Ixtlán que se ubica en la Sierra Juárez cuyos habitantes son apegados a la ley pues a través de los usos y costumbres contribuyen a la paz de la entidad”, señaló.

Acompañaron al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado en este recorrido, el director de Infraestructura Judicial, arquitecto Rafael Vergara Rodríguez, así como el visitador general, licenciado Roberto López Sánchez.

En todos lados, menos en México, escandaliza el nivel de degradación del salario mínimo

 

Para nadie es un secreto que el salario mínimo en México es uno de los más deprimidos del mundo, y que es urgente tomar acciones para que éste no sólo recupere su poder adquisitivo, sino que se eleve en términos reales. Aunque el gobierno mexicano ha dicho que tiene la voluntad de que esto ocurra, y ha intentado dar muestra de ello, lo cierto es que este sigue siendo un tema latente y un problema que en el exterior genera también preocupación. Y quizá, eso termine siendo uno de los temas determinantes en la compleja renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

En efecto, en el marco de la última ronda de negociación de las posibles nuevas condiciones del Tratado, se dio a conocer que a la petición de sindicatos canadienses de incluir el tema de ajustes salariales en México en el capítulo laboral del TLCAN, se sumó un grupo de legisladores de la Cámara de Representantes, quienes pidieron al gobierno de Estados Unidos integrar a las discusiones las políticas laborales mexicanas, tanto por los bajos salarios como por la libertad sindical.

De acuerdo con la información, aproximadamente 185 congresistas enviaron al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, una carta en la que aseguran estar preocupados por el avance de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), especialmente en lo que se refiere a las políticas laborales mexicanas.

La supresión de salarios y la falta de derechos laborales tiene como resultado el que haya un outsourcing de los trabajos estadounidenses de manufactura y un bajo crecimiento salarial, explicaron en la carta que enviaron al funcionario estadounidense. Para los congresistas demócratas y republicanos la política de mantener bajos salarios, evitar que las voces de los trabajadores se oigan y proteger a las inversiones es un imán para el crecimiento industrial mexicano. “Cualquier nuevo TLCAN debe tener una fuerte, clara y obligatorias provisiones que agenden condiciones laborales en México”, aseguraron.

Y es que, de hecho, la situación del salario mínimo en México es nada alentadora. Ante la mirada internacional que volteó a México por la implementación de las reformas estructurales, el salario mínimo mexicano también se reveló como el más bajo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y de los menores en América Latina, en dólares corrientes o constantes. Su nivel es el 15% del PIB per cápita, frente al 30% en Chile o Brasil, y equivale al 19% de la media salarial nacional; porcentaje muy bajo para la región. Como afirma OIT en México “el salario mínimo está por debajo de los niveles del mercado, aún para los trabajadores no calificados”, y según CEPAL “México es el único país al final de la década donde el valor del salario mínimo es inferior al del umbral de pobreza per cápita”.

SALARIO Y JUSTICIA SOCIAL

No hay ninguna seguridad de que la clase política entienda esto, pero el debate sobre el salario mínimo ha marcado al país. Como lo apuntan Juan Carlos Moreno-Brid y Stefanie Garry (http://www.nexos.com.mx/?p=24115), en primer lugar creó conciencia del agudo deterioro que ha tenido por décadas y que le coloca en un monto lejos de garantizar el nivel de vida digno que estipula nuestra Constitución Política como derecho de los y las mexicanas. Su deterioro ha frenado el alza real de los demás salarios y, con ello, contribuido a que hoy el salario del 43% de la población no alcance para comprar la canasta alimentaria básica y a que la participación de las remuneraciones laborales en el PIB de México sea de las menores en la OCDE y en América Latina.

En segundo lugar, en menos de ocho meses el debate conformó una masa crítica y presión política convencida de la necesidad de insertar al salario mínimo en una senda de recuperación acorde con el mandato constitucional, misma que se tradujo en la presentación de tres iniciativas —incluso por el Presidente— ante la Cámara de Diputados para desvincular legalmente al salario mínimo de toda función de unidad de referencia de transacciones ajenas al mercado laboral. Estas fueron dictaminadas positivamente por dicha Cámara y hoy son ley vigente en el país. En tercero, reveló que muchas de las objeciones a colocar el salario mínimo en una pauta de repunte considerable y sostenido tienen poco sustento en la concepción moderna del mercado laboral o en la evidencia histórica comparativa regional. En particular, el debate ha hecho evidente que afirmar que las mejoras en productividad laboral beneficiarán significativa y automáticamente a los receptores del salario mínimo es iluso o falso.

A fin de cuentas elevar el salario mínimo al nivel acorde con la Constitución es una cuestión de respeto a la ley ( The Rule of Law), de conducta ética con los trabajadores que menos ganan y de compromiso con la sociedad más igualitaria y la economía más dinámica que debemos y podemos construir en México. Quizás el mayor impacto del debate ha sido hacer patente la desigualdad en el país y su relevancia como un obstáculo al crecimiento económico. Cifras recientes de OCDE indican que la desigualdad ha restado 10 puntos de crecimiento del PIB de México entre 1990 y 2010.8 Al respecto, el modelo de desarrollo seguido por México en los últimos 30 años ha fracasado en insertar a la economía en una pauta de crecimiento elevado y sostenido de la actividad económica y del empleo. La discusión ha subrayado que este fracaso se ha acompañado de, y en parte se explica por, una dinámica de distribución de los beneficios de la productividad que incluye insuficientemente a los trabajadores, sobre todo a los receptores de salarios mínimos.

LOS RETOS

Reconstruir la dinámica de distribución del ingreso con una orientación más igualitaria hacia los trabajadores, y que fortalezca el mercado interno y lo potencie como motor del crecimiento económico va más allá de la indispensable renovación de la política de fijación de salarios mínimos que tan buena manera sería de dar expresión concreta al objetivo de democratizar la productividad de la actual administración. Requiere un acuerdo nacional en torno a una estrategia de desarrollo en la que, como sostiene CEPAL, la igualdad y el crecimiento económico sean reconocidos como objetivos complementarios e inseparables, en vez de antagónicos y secuenciales como han sido vistos tradicionalmente. Todo esto, en el contexto de la renegociación del TLCAN y la fijación de este como uno de los temas centrales, le dará una nueva dimensión al problema del grave rezago del salario mínimo en México que en todos lados, menos aquí, se reconoce y se dimensiona como algo prioritario.

Juzgar con perspectiva de género, prioritario para el Poder Judicial

0

La doctora Francisca María Pou impartió el cuarto módulo Análisis de resoluciones relevantes en materia de género diplomado sobre Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género

Como parte de la campaña ‘Únete’ que promueve la no violencia contra las mujeres y la conmemoración del Día naranja el 25 de cada mes, impulsado desde 2008 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Poder Judicial de Oaxaca, que preside el magistrado Raúl Bolaños Cacho impulsa diferentes acciones para sensibilizar al personal y a la sociedad civil sobre la importancia de prevenir, atender, sancionar y eliminar la violencia hacia este sector de la población.

En seguimiento al proyecto “Ciudadanizando la Justicia: un modelo de acompañamiento al Poder Judicial del Estado de Oaxaca”, ejecutado por EQUIS: Justicia para la Mujeres, A.C., los días 19 y 20 de enero, se impartió el cuarto módulo Análisis de resoluciones relevantes en materia de género, como parte del diplomado sobre Argumentación Jurídica con Perspectiva de Género.

La Dirección de Derechos Humanos de la Judicatura, detalló que este módulo tuvo como objetivo analizar las resoluciones nacionales e internacionales, así como del derecho comparado relevante en materia de género. También resaltar la importancia de las resoluciones que contienen criterios sobre discriminación, violencia, debida diligencia, acceso efectivo a la justicia y reparación transformadora con perspectiva de género.

En este sentido, el módulo se desarrolló en dos sesiones impartidas por la doctora Francisca María Pou Giménez: en la primera, las y los juzgadores del Poder Judicial del Estado analizaron sentencias con perspectiva de género emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como son: Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs México; Caso Fernández Ortega y otras vs México; Caso Bueno Alves vs Argentina; Caso Artavia Murillo y otros vs Costa Rica, entre otras.

También, la sentencia de Konstantin Markin vs Rusia, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En la segunda sesión, analizaron las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como son: ADR 554/2013; ADR 1754/2015; y ADR 992/2014. De igual forma, el caso Sisneros, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

Durante su ponencia, la especialista señaló que las personas juzgadoras juegan un papel de gran transcendencia y de importancia en la aplicación del derecho, ya que sus sentencias inciden en la política institucional en materia de derechos de las mujeres, y en el acceso efectivo a la justicia; por ello, invitó a las y los jueces del Poder Judicial del Estado aplicar la perspectiva de género en sus resoluciones o sentencias.

La doctora Francisca María Pou Giménez, es profesora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho, perteneciente a la División Académica de Economía, Derecho y Ciencias Sociales del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), con antelación se desempeñó como Secretaria de Estudio y Cuenta en la Ponencia del Ministro José Ramón Cossío, de la SCJN.

Ley de Seguridad Interior: contrastes entre qué necesita, y a qué aspira nuestra nación

Una de las características que comparten las Constituciones, es que su contenido es el reflejo de las aspiraciones de la población de un país, respecto a sus derechos y obligaciones, así como a la forma en que pretenden organizarse políticamente para conseguir el bien común, que es la finalidad principal, y última, de todo Estado democrático. Hoy, el debate judicial en México sobre la Ley de Seguridad Interior —que está próximo a ocurrir—, pondrá en contraste esas aspiraciones constitucionales, frente al reto del combate a la cada vez más poderosa y violenta delincuencia organizada.

En efecto, en diciembre pasado el presidente Enrique Peña Nieto promulgó y mandó a publicar la Ley de Seguridad Interior, en medio de una enorme polémica relacionada con la perspectiva de que dicha norma no sólo es violatoria del sistema federal que rige a nuestro país, sino que además rebasa diversos principios constitucionales relacionados con derechos humanos, y con tratados internacionales firmados y ratificados por nuestro país, que hoy están también reconocidos como parte del orden jurídico nacional. Acaso por eso, el decreto que expidió dicha ley fue publicado el 21 de diciembre en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, pero como lo anunció el propio Presidente, no se emitió declaratoria de protección hasta que la Suprema Corte decida sobre su constitucionalidad.

¿Qué es lo que debe decidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Esencialmente, deberá resolver diversas acciones de inconstitucionalidad que han presentado tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como algunos organismos estatales de defensa de los derechos fundamentales, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y otros entes que asimismo anunciaron que recurrirían al Máximo Tribunal de Justicia en el país para poner a consideración lo que ellos consideran como violaciones a derechos humanos contenidas en las disposiciones de dicha norma.

De hecho, el propio Presidente saludó la posibilidad de que la Corte establezca los parámetros de constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior. Esa fue la razón por la que promulgó dicha norma —ya que la Corte sólo puede conocer de acciones de inconstitucionalidad respecto de normas ya promulgadas, cuestión que habría sido imposible con una norma vetada, o no publicada para iniciar su vigencia— al tiempo de resaltar que el hecho de que la SCJN resuelva, “no significa que dejará de haber intervención de la federación en materia de seguridad pública en auxilio de los estados que hoy lo necesitan”.

En todo esto, vale la pena entender que, en sí misma, la Ley de Seguridad Interior representa una afrenta para la civilidad constitucional en México no sólo por las posibles violaciones concretas a derechos fundamentales, sino esencialmente porque su existencia es la confirmación de que, por un lado, el federalismo en México ha fracasado concretamente en lo que tiene que ver con la preservación de la seguridad pública y de las personas —ya que los tres órdenes de gobierno no han sido capaces de cumplir con sus tareas—; y que, en el otro extremo, por eso se debió institucionalizar la presencia de las fuerzas armadas en las calles, dejando atrás el viejo principio constitucional de que en tiempos de paz —es decir, siempre que no exista una ley marcial en vigor, o una declaratoria de guerra— las fuerzas armadas deben permanecer en sus cuarteles.

ALEGATOS CONSTITUCIONALES

Además de lo anterior —que resulta incluso en transgresiones a principios aspiracionales relacionados con nuestra Constitución—, también hay alegatos formales relacionados con los posibles excesos constitucionales concretos cometidos en la Ley de Seguridad Interior.

En esa lógica jurídica formal, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad alegando, en uno de los puntos, que la expedición de la Ley de Seguridad Interior, implica perpetuar la intervención de facto por parte de las Fuerzas Armadas, en tareas de Seguridad Pública y dicha intervención dentro del Estado Democrático de Derecho, si bien ha sido reconocida como constitucional, se ha llevado a cabo históricamente bajo el mando de una autoridad civil y a condición de su petición expresa y de forma transitoria, situación que de forma contrastante, la Ley de Seguridad Interior pretende cambiar el paradigma constitucional y la interpretación histórica-teleológica de los artículos 21 y 129 constitucionales que la Suprema Corte estableció, previo a la reforma constitucional de 2011, en materia de derechos humanos.

Del mismo modo, la CNDH considera que los artículos 11, 15, 20, 26, 27 y 31 de la Ley de Seguridad Interior representan una transgresión del derecho de seguridad jurídica y el principio de legalidad toda vez que constituyen disposiciones que favorecen la arbitrariedad de los órganos del Estado, que so pretexto de la seguridad interior, pueden vulnerar los derechos consagrados en la Norma Fundamental y por lo tanto resultan incompatibles con los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Federal, tal y como el Pleno de esa Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido.

Incluso, la CNDH considera también que el artículo 7, restringe las obligaciones constitucionales de todos los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior, limitándolos exclusivamente al respeto, protección y garantía de los derechos humanos, en oposición a lo dispuesto por el artículo 1° de la Norma Suprema, relativo a las obligaciones de toda autoridad de promover, respetar, proteger y garantizarlos aunado al deber de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.

Además, dicho precepto establece como parámetro de regularidad los protocolos emitidos por la autoridad competente, lo que tendría como efecto que los actos de autoridad puedan basarse en la voluntad discrecional de la autoridad administrativa, o la autoridad que en su caso estuviera facultada para emitir dichos protocolos, sin estar estrictamente apegado a las reglas constitucionales, lo que se traduce en una vulneración al derecho a la seguridad jurídica.

El artículo 10, segundo párrafo —señala la CNDH en su acción de inconstitucionalidad— vulnera el derecho a la seguridad jurídica y el principio de legalidad, en tanto que excluye la materia de seguridad interior de lo dispuesto en la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sin prever en todo el contenido de la norma un procedimiento que regule el actuar de la autoridad frente a los particulares, así como los recursos procedentes en contra de un posible actuar indebido o inadecuado por parte de la autoridad, derivado de la falta de encauzamiento de su actuar, lo que se traduce en un margen excesivo de discrecionalidad para la autoridad, pues su actuación no está regulada por ningún procedimiento legal ante los particulares.

DISCUSIÓN AMPLIA

Al final, estos temas concretos impactarán en la discusión de fondo de la Ley de Seguridad Interior, en tiempos de definiciones profundas sobre el futuro de la nación. Será, en esencia, un cruce entre lo que el país desea y refleja en su Ley Suprema, y lo que necesita en estos momentos aciagos de violencia, inseguridad e incertidumbre.

“Oaxaca está listo para operar los juicios orales mercantiles”, afirma Raúl Bolaños Cacho

0

 El Magistrado Presidente sostuvo una reunión de trabajo con funcionarios de la COFEMER los cuales le presentaron el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles

Al presidir una reunión de trabajo con funcionarios de las secretarías de Economía nacional y estatal, el Presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia, Magistrado Raúl Bolaños Cacho aseguró que el Poder Judicial de Oaxaca está listo para iniciar este jueves 25 de enero el Juicio Oral Mercantil, tal y como lo establecen las reformas nacionales al Código de Comercio.

En este encuentro realizado en el Consejo de la Judicatura, en presencia del secretario de Economía estatal, Juan Pablo Guzmán Cobián; el coordinador general de Proyectos Especiales de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER), Daniel Jiménez Ibáñez presentó el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles realizado en coordinación con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia (CONATRIB).

Bolaños Cacho valoró el trabajo realizado por la Comisión de Oralidad Mercantil integrada por los magistrados Eduardo Pinacho Sánchez y Ricardo Herrera Muzgo Rebollo, ahí presentes, quienes, dijo, han sentado las bases para que este nuevo sistema entre en operación puntualmente en la entidad.

También destacó el apoyo que la Secretaría de Economía a través de la COFEMER otorgará en materia de infraestructura y capacitación a los tribunales de justicia del país para acompañar la implementación de los juicios orales mercantiles.

“Estamos abiertos a todos los apoyos, sobre todo en materia de mobiliario y capacitación para que este nuevo sistema sea un éxito en esta entidad que fue pionera en los juicios orales. Este nuevo sistema será también una oportunidad profesional para que los jóvenes abogados oaxaqueños destaquen en esta carrera”, refirió.

A su vez, el titular de Economía estatal, Juan Pablo Guzmán Cobián dijo que es prioridad del gobernador Alejandro Murat Hinojosa trabajar de manera conjunta para que Oaxaca sea referente a nivel nacional en materia de los juicios orales mercantiles.

De su lado, el funcionario de la COFEMER, Daniel Jiménez Ibáñez precisó que el Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles fue diseñado en coordinación con la CONATRIB, el CIDE, Banco Mundial, así como el INEGI y “tiene cuatro ejes estratégicos que son: Salas de Audiencia, Capacitación, Estructuras Organizacionales y Sistema de Estadística Judicial”.

“El objetivo es que acompañemos a todos los tribunales de justicia del país para garantizar que los juicios orales sean eficientes al cien por ciento, sobre todo con la última reforma del 25 de enero de 2017 donde se amplía la cuantía para la resolución de controversias mercantiles; en un periodo de tres años se va a liberalizar la cuantía de tal suerte que todos los juicios ordinarios se van a convertir en juicios orales mercantiles, entonces necesitamos que el Tribunal del Estado de Oaxaca esté listo, tenga la infraestructura, esté capacitado y tenga todos los elementos necesarios para afrontar la oralidad en mercantil en beneficio de todos los justiciables”, aseguró.

Paradoja democrática: los más populares no necesariamente serán los más idóneos

0

En México se ha discutido largamente —sin éxito y sin derroteros— por qué a los aspirantes a la candidatura a un cargo de elección popular, se les deberían exigir estudios universitarios, o cuando menos la acreditación de experiencia y capacidades en el desempeño de las tareas para las que intentan postularse. Esta, que es una cuestión bastante engañosa, en los hechos queda abatida cuando vemos que la frivolidad triunfa: igual un candidato como el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco, que la cantante Susana Harp, o los presentadores de noticias a los que postula Morena. Todos ellos son pequeños referentes de una realidad que apunta en sentido contrario a quienes quisieran candidatos más sólidos, menos frívolos, y que ofrecieran más certidumbre sobre su potencial desempeño.

En efecto, tal parece que estamos frente al triunfo de la frivolidad: ahora mismo, en los Estados Unidos, su Presidente es un personaje que no nació para ser presidente, que no se preparó para ello, y que quizá ni quería serlo. En el libro publicado recientemente sobre la vida de Donald Trump en la Casa Blanca, se dice que él inició su periplo como aspirante a la candidatura presidencial, como una forma de incrementar su fama con miras a invertir en una cadena televisiva.

El autor del libro, Michael Wolff, relata que Trump estaba seguro que no sería candidato, pero decidió aprovechar el momento; que luego, cuando sorpresivamente venció a los demás precandidatos del Partido Republicano, decidió seguir adelante seguro de que no ganaría la elección presidencial. Incluso, menciona, un par de días antes de los comicios, Trump comentó con sus allegados que ese habría sido un gran escaparate para los negocios en los que planeaba invertir después de ese fatídico 4 de noviembre.

Incluso al momento de ganar la elección se encontraba aterrado, sin saber exactamente qué hacer por la enorme responsabilidad que le había caído de manera intempestiva. Él mismo no sabía que podía ganar. Pero el discurso fácil, el tono agresivo de su mensaje, y su larga trayectoria como magnate/estrella de televisión, contribuyeron de manera importante a la formación de este personaje que hoy mantiene en vilo a la política de su país y del mundo por sus inconsistencias, su carácter voluble y la impredecibilidad de sus decisiones, a partir de su propia falta de preparación e inexperiencia en las tareas del gobierno más influyente del planeta.

¿Qué tiene que ver esto con nuestros ejemplos locales? Mucho: en su propio nivel, y en sus circunstancias específicas, queda claro que siempre las ocurrencias electorales terminan siendo por demás peligrosas para el ejercicio del poder, que requiere de mucho más que figuras populares o conocidas, o con cierta facilidad para ganar una elección. Queda claro que si se tratara de popularidad, Pedro Infante, Cantinflas o Chespirito fácilmente habrían sido presidentes de este país.

Sin embargo, en su momento se estableció que no era lo mismo acumular fama gracias a alguna actividad artística, que el ejercicio de las tareas de gobierno o de representación popular que, si bien no exigen una preparación académica específica, sí se sobreentiende —o se sobreentendería anteriormente— que el ejercicio de gobierno requiere ciertas habilidades y virtudes que no se obtienen gracias a la fama.

TRIUNFO DE LA FRIVOLIDAD

La política siempre ha tenido a la fama televisiva presente. Por eso en otros tiempos llegaron a ser figuras de cierta relevancia política actrices como Silvia Pinal o Irma Serrano, o Sasha Montenegro o Angélica Rivera, esposas de sendos Presidentes en México. ¿Cuál es la diferencia entre antes y ahora? Que antes eran inercias específicas las que llevaban a un partido a postular a un personaje de ese tipo. Hoy, sin embargo, en la loca carrera para ganar una elección todos parecen dispuestos a postular a quien sea, siempre que garantice un margen de votación.

Ahí es donde se inscribe el riesgo de no guardar los equilibrios entre lo que exige la ley, y lo que demandan las circunstancias. La Constitución en México no solicita requisitos de índole académico para permitir el acceso a los cargos de elección popular, por la sencilla razón de que éstos son de naturaleza política. Es decir, para ser diputado, senador o presidente —además de gobernador o autoridad municipal— se piden requisitos de ciudadanía y de buena fama pública.

En esa lógica, se sobreentiende que quienes tienen el monopolio del acceso a los cargos públicos —o sea, los partidos políticos— son quienes deben mantener cierto tipo de perfiles en las candidaturas. Por eso, debieran ser los partidos y no la ley quienes exigieran cierta ascendencia profesional, académica y de trascendencia social a quienes quisiera postular como candidatos. Hacer eso debería de ser un requisito no sólo legal o estatutario sino esencialmente de responsabilidad con la ciudadanía, al ser los partidos el “filtro” final por el que pasan todos aquellos que aspiran a acceder a los espacios de mayor relevancia en el sector público.

En esa lógica, es preocupante que hoy los encargados de hacer esa especie de “profilaxis política” sean los primeros en estar decididos a enrarecer el ejercicio de la política con figuras que, independientemente de su fama, deberían estar haciendo lo que saben hacer, y no aprovechando su fama para involucrarse en el ejercicio de la política —y aún más riesgoso: en el terreno de la administración pública— del que son completamente ajenos.

Tal es el caso de Cuauhtémoc Blanco Bravo, el futbolista más famoso en México de los últimos tiempos —Hugo Sánchez y Rafa Márquez construyeron carreras futbolísticas de un talante muy distinto— que igual que Trump, por un negocio aceptó ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca, y que ahora será postulado por Morena al gobierno del Estado de Morelos.

¿Qué hizo Blanco de relevante como para ganarse la postulación al cargo más importante de aquella entidad, y uno de los más relevantes del país? Nada sustantivo, como autoridad municipal. Al contrario: deshizo algunos esquemas de seguridad, se confrontó con los gobiernos a su alrededor y, por sus reyertas, paralizó muchos de los servicios que debieron haber sido prestados por su administración a la ciudadanía. Aún así, sus grandes activos fueron, en ese orden, su fama futbolística y su capacidad de mantenerse en pleito con el gobernador saliente, Graco Ramírez Garrido.

FAMA Y DESVENTURA

Pueden ser muy famosos, pero desastrosos en el ejercicio de la política. El ejemplo se repite desde “el Cuauh” hasta Donald Trump. Todo por aprovechar la fama para acceder al cargo que, a estas alturas, queda claro que es lo menos importante de todo, porque el verdadero reto no se encuentra en llegar sino en hacer un papel digno en la responsabilidad.