+ Gobierno debe garantizar cobertura presupuestal de nuevo andamiaje legal

Mientras el gobierno y la Legislatura del Estado continúan perdidos en discusiones bizantinas sobre la corrupción y el combate a la impunidad, los actos indebidos continúan ocurriendo sin que la sociedad constate una respuesta clara hacia ellos. En Oaxaca, el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción existe sólo documentalmente. Y de hecho es una doble derrota para la sociedad, tanto que ni el gobierno ni los diputados sepan exactamente para cuándo el Sistema pasará de las normas a los hechos; y que tampoco haya certidumbre respecto a posibilidad de que se cubran las necesidades económicas que implica ese nuevo esquema, como una promesa de combate efectivo a la corrupción.

En efecto, el panorama del combate a la corrupción en Oaxaca es desolador. En mayo pasado los diputados de la LXIII Legislatura aprobaron la Ley del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, aunque hasta la fecha sigue pendiente la aprobación de diversas leyes que necesitan ser armonizadas para darle operatividad técnica y jurídica a dicho sistema. En el Congreso del Estado trabajan en la adecuación de dichas normas, aunque lo cierto es que no se tiene ninguna certidumbre ni fecha probable para la aprobación de todo el andamiaje legal complementario del Sistema.

Al mismo tiempo, el Gobierno del Estado ha estado más preocupado por los temas cosméticos que por los de fondo, en lo que toca al combate a la corrupción. Muestra de ello, fue la decisión de enviar como iniciativa preferente la propuesta de reforma constitucional para eliminar la necesidad de llevar a cabo la declaratoria de procedencia, como el paso previo y necesario para que los servidores públicos estatales puedan ser procesados penalmente. ¿Acaso no era preferible enviar una iniciativa preferente que tuviera como fondo toda una miscelánea de reformas para reforzar los trabajos que se realizan en la adecuación del marco legal para el sistema anticorrupción?

Esa situación, en realidad, refleja al menos dos cuestiones concomitantes: una, que las instancias gubernamentales encargadas de llevar a cabo el trabajo complementario de adecuación normativa de cara a la puesta en marcha del sistema anticorrupción, en realidad no tienen ninguna prisa ni interés por intervenir institucionalmente en el diseño normativo; o que si lo tienen, éste no se ha demostrado tan denodadamente como para impulsar propuestas al mayor nivel posible para conseguir que éstas se conviertan en leyes.

La segunda cuestión que esto revela, es que en realidad no parece existir la correcta integración de los trabajos de diseño normativo en todo el gobierno. ¿Responsabilidad de quién es esto? Es, evidentemente, responsabilidad de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, que hasta ahora ni ha demostrado eficacia en los planteamientos que ha hecho al Poder Legislativo, ni tampoco ha dado pautas concretas de una verdadera labor de integración de todos los esfuerzos institucionales en materia jurídica, para hacer propuestas consistentes al Poder Legislativo, en un tema tan sensible como el del combate a la corrupción y el control a la gestión pública.

De hecho, a casi dos meses de su nombramiento como consejero Jurídico del Gobierno del Estado, queda claro que Octavio Tinajero Zenil no ha logrado ningún resultado consistente en los temas que debieran ser de la mayor prioridad para quien se supone que tiene la responsabilidad de los temas jurídicos del gobierno. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, no ha sido capaz de plantear una agenda integral respecto a un tema tan trascendente como el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, en el que el gobierno estatal realmente pudiera ser un coadyuvante del Poder Legislativo en la confección del entramado jurídico necesario para la implementación del sistema; y por el otro, tampoco ha demostrado capacidad de gestión para llevar a buen puerto temas tan delicados como el procesamiento del Plan Estatal de Desarrollo (PED) en el Congreso del Estado, o la posibilidad de sacar adelante sin problemas la iniciativa preferente presentada por el Ejecutivo para la eliminación del llamado “fuero constitucional”.

La falla ha sido evidente, porque el Consejero Jurídico parece no asumir que temas como el del PED o el del sistema anticorrupción, no sólo son problemas de los funcionarios y las dependencias encargadas de intervenir directamente en los temas, sino de todo el gobierno; y que particular debieran ser temas de su interés por ser de naturaleza jurídica.

En el fondo, el problema innecesario que el gobierno y los diputados crearon alrededor de la aprobación del PED, en gran parte tuvo su origen en la indolencia de ciertos funcionarios —con Tinajero Zenil a la cabeza— para darle un seguimiento puntual a sus temas de interés institucional, dentro del Congreso; por despreciar la posibilidad del cabildeo y del diálogo respetuoso con el Poder Legislativo; y por suponer que siguen viviendo en los viejos tiempos en los que la orden del Ejecutivo es suficiente para que todos los poderes y voluntades se alinearan alrededor de un tema, y que ellos pueden seguir instalados en la frivolidad, como si el cargo fuera un premio y no una responsabilidad.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN, EN RIESGO

Ahora bien, junto a todo lo anterior hay otro problema que en el futuro cercano el gobierno y el Congreso tendrán que reconocer y abordar: nadie sabe hasta ahora de dónde van a salir los recursos para poner en funcionamiento el Sistema Estatal de Combate a la Corrupción. En el Congreso no tienen aún clara la ruta, y las instancias del Ejecutivo no han dado directrices mínimas de cuál será el nivel de inversión pública para la instalación y la puesta en marcha del sistema.

El asunto no es menor: el gobierno estatal atraviesa por una crisis profunda que cada vez parece menos explicable, a la luz de que ha transcurrido más de la mitad del año y frente a todos los problemas la respuesta ha sido la misma, relativa a la insuficiencia presupuestal del gobierno. Al final del año, tendrán que enfrentarse o a explicar cómo se ejerció el presupuesto gubernamental del presente año, o a reconocer que hubo subejercicios o derivados de diversas situaciones, o gastos hasta ahora no explicados a la ciudadanía oaxaqueña. Por eso, hasta ahora en diversos rubros sólo existen interrogantes. Pero eso no podrá ser sostenible en el largo plazo.

Por todo eso, sería muy riesgoso que en los meses siguientes todos determinaran echar a andar nuevas dependencias y órganos de combate a la corrupción, pero que sólo tengan existencia testimonial. El primer destello de eso, lo puso el también recién nombrado Fiscal Anticorrupción, que sin ningún pudor ha justificado su ausencia prácticamente total de la escena pública —y su total inmovilidad institucional—, bajo el argumento de que no cuenta ni con los recursos mínimos indispensables para realizar las funciones para las que fue electo.

Nadie puede apostar a tener instituciones sólo de papel, y menos a tener funcionarios fantasmales disculpándose de manera permanente en las precariedades. Todo el Sistema debe ser implementado, de tal forma que el propio Estado demuestre su voluntad por el tema, y no que todo resulte en una nueva tomadura de pelo para la ciudadanía que genuinamente espera mucho del sistema anticorrupción. Pronto lo veremos.

METEN REVERSA

A través de terceros, la diputada Eufrosina Cruz Mendoza anunció que presentarán un nuevo dictamen al pleno para la eliminación sólo de la figura de la declaratoria de procedencia, pero sin tocar el juicio político. Qué bueno que lo hizo; pero qué mal que esto sólo ocurrió después de que quedaran al descubierto todas las implicaciones de lo que ella y los demás integrantes de la Comisión de Estudios Constitucionales —Donovan Rito García, Adriana Atristain Orozco, León Leonardo Lucas y Horacio Antonio Mendoza— iban a hacer, si nadie les señalaba el “error” —deliberado— que estaban en vías de cometer.

+ El sistema político adolecerá de figuras de experiencia por generación truncada

Hasta hace relativamente pocos años, cuando un gobernador terminaba su mandato, comenzaba su preparación para su siguiente responsabilidad política, ya fuera como legislador, como funcionario del gobierno federal, o incluso como líder moral de su grupo en la entidad que estaba a punto de dejar de gobernar. Hoy, los ex gobernadores en México siguen una dinámica distinta: terminan su mandato y, en el mejor de los casos, quedan en el descrédito y en el desempleo político. Otros más recientes, al concluir su gestión han sido investigados, perseguidos y encarcelados. México está perdiendo así una generación de políticos que, al final, sólo profundizará los errores en la gestión pública nacional.

En efecto, si volteamos a revisar la historia de los gobernadores mexicanos de antes de la primera alternancia de partidos en el poder, veremos que su historia común no era la de ejercer un cargo terminal para su vida política. Aquí mismo en Oaxaca, todos los ex gobernadores hasta José Murat tuvieron una conclusión activa de sus respectivos mandatos: Heladio Ramírez ha sido dos veces senador y líder del sector campesino en su partido; el ex gobernador Diódoro Carrasco fue secretario de Gobernación y continúa activo en el gobierno de Puebla; y luego de concluir su gestión en Oaxaca, el ex gobernador Murat fue diputado federal y ha sido un personaje regularmente cercano al poder federal por su experiencia y capacidades políticas.

Entre esos ex mandatarios, y Ulises Ruiz y Gabino Cué, hay una diferencia sustancial: Ruiz, luego de dejar el gobierno de Oaxaca, fallidamente intentó liderar un grupo político al interior del PRI; trató de incidir en la vida política estatal a través del fortalecimiento del grupo que lo acompañó mientras fue gobernante, y también falló; y, en términos sustantivos, nunca consiguió reposicionarse él como figura política gracias a sus incontables escándalos personales y políticos en los que se vio involucrados cuando fue Gobernador; y por eso desde entonces no ha ocupado sino los cargos partidistas que le consiguieron sus antiguos tutorados políticos, como el ex gobernador Roberto Borge de Quintana Roo, que consiguió que a Ruiz lo hicieran delegado del CEN del PRI en aquella entidad. Pero fuera de eso ninguna candidatura a cargos públicos, ni posiciones políticas de relevancia, ni nada.

La historia de Cué es aún peor: él, que llegó al gobierno de Oaxaca como un verdadero baluarte de la lucha política de la oposición contra el régimen de partido hegemónico que aún imperaba en Oaxaca, hizo de su gobierno —y de su reputación como político— un desastre que hoy lo tiene arrinconado en la Ciudad de México, buscando supuestos proyectos profesionales para entretenerse, pero muy lejos de lo que se habría podido pensar de un ex gobernador que supuestamente se tendría que haber echado a la bolsa los paradigmas de haber vencido al partido gobernante por décadas y de, supuestamente, de haber sentado las bases de nuevas formas de gobernabilidad democrática y Estado de Derecho.

Es evidente que Cué falló en todo, y aún cuando en otro tiempo se pudo haber pensado que su experiencia y su capacidad política lo tendrían haber llevado a niveles superiores de responsabilidad política —ser nuevamente senador, llegar a una secretaría de Estado, o ser líder partidista— luego de terminar su gestión como gobernador, lo cierto es que la estela de corrupción, y las múltiples interrogantes que dejaron él y sus funcionarios, hoy lo tiene de vuelta como un simple ciudadano, y no como la figura política que muchos de sus aliados pensaron que sería, y en la que sí pudo haberse convertido de no haber caído en la permisividad o en las tentaciones por las que se le acusa.

GENERACIÓN PERDIDA

Estos de Ulises Ruiz y Gabino Cué, lamentablemente para el país, no son casos aislados. En realidad, ambos son parte de una generación ya perdida de políticos y administradores que sólo se caracterizaron por su incapacidad para comprender el momento político que les tocó vivir. Hoy se puede decir que en docenas de casos —hay 17 ex gobernadores en problemas con la justicia, y varios de ellos en prisión— las tentaciones fueron superiores a su posibilidad de entender que el de gobernador no era un cargo para finalizar la vida activa de un político, sino un peldaño más para continuar creciendo.

Incluso, hoy en día tampoco sería posible pensar en otro gobernador con aspiraciones presidenciales posibles, como hace relativamente poco tiempo lo fue Enrique Peña Nieto. Es cierto que él fue un gobernador también lleno de excesos e interrogantes por la corrupción demostrada por él mismo y muchos de sus funcionarios. Sin embargo, a pesar de ser un gobernador de oposición al gobierno federal —el Presidente era Felipe Calderón, pero la corrupción aún no era el factor más emocional y determinante de la agenda pública de aquellos años, como sí lo es hoy—, Peña Nieto logró construir los consensos necesarios en su partido y logró controlar la dimensión de los señalamientos de corrupción.

Por eso logró convertirse en candidato presidencial, y luego en Presidente; y no fue sino hasta entonces, que el desenvolvimiento de la sociedad mexicana estableció las condiciones para que se dieran a conocer casos de corrupción como el de su ‘casa blanca’, los contratos irregulares que otorgó a empresarios amigos de su gestión cuando era gobernador del Estado de México, y otras cuestiones que irremediablemente lo han perseguido durante su gestión. A Peña Nieto, en realidad, se le criticó porque ahora es el Presidente; pero con todo y lo que se diga de él, su gestión no llegó a tener los niveles de corrupción —o al menos no de manera demostrada— por los que hoy se acusa a otros ex gobernadores como Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Andrés Granier, y otros que se encuentran en graves problemas con la justicia.

En el fondo, todo esto revela un problema endémico de los gobernadores actuales, que también debe evitar seguir siendo tendencia. El país no va a aguantar la profundización de esa generación perdida de gobernadores sometidos por la corrupción. No lo va a soportar porque una de las reglas del poder político en el sistema democrático radica justamente en la necesidad de la renovación periódica de las personas que detentan el poder.

Evidentemente, no existe una regla que diga que un presidente debió ser antes gobernador, y tampoco es un requisito constitucional para quien aspire a ese cargo. Sin embargo, lo cierto es que ese sí tendría que ser un requisito político y moral indispensable, para aquella persona que aspire a gobernar y administrar los recursos de toda la nación.

¿ENTENDERÁN?

El problema es que al menos en el futuro cercano no veremos a nadie de esa generación perdida, con tal posibilidad. Quizá lo lleguemos a ver con este nuevo ciclo reciente de renovación de las gubernaturas, pero eso también dependerá de la eficacia y la contundencia con la que se castiguen los delitos cometidos por los ex mandatarios que ahora son perseguidos por la justicia. Si ello no ocurre con la suficiente intensidad, que sirva como demostración y escarmiento para quienes están asumiendo ese cargo, entonces lo lógico será esperar no sólo la repetición sino la profundización de esas medidas. Pero mientras, lo que queda esperar es un periodo más de reciclaje de las figuras políticas ya conocidas, o el debut de una nueva clase inexperta de funcionarios que tendrán que aprender sobre la marcha, y de los que todos tengamos que pagar por sus errores.

+ No necesitan a toda su membresía; sus bases están acumulando fuerza

Bien se podría decir que durante las fiestas de la Guelaguetza, la Sección 22 del SNTE únicamente se movilizó para hacer “presencia de marca”. Se movilizó, pero no para verdaderamente poner en riesgo las actividades culturales preparadas para la ocasión, y tampoco para auténticamente ahuyentar al turismo, sino simplemente para hacerles saber —a habitantes oaxaqueños y turistas por igual— que Oaxaca no puede entenderse sin el magisterio y tampoco sin la movilización de organizaciones sociales. Por eso sí bloquearon, sí se enfrentaron a la policía, y sí generaron molestias, pero no con la finalidad de boicotear las festividades sino simplemente para que todos supieran que ellos también están aquí. ¿Cómo comprender todo eso?

En efecto, según los mercadólogos la construcción una marca comercial valiosa, implica lograr que al conocer e identificar esa marca, los consumidores generen creencias, sentimientos y comportamientos “más favorables” respecto al producto o servicio del los que tendrían si la marca no existiera. Y, también en términos estrictamente mercadológicos, se entiende que la presencia de marca es la piedra angular del valor de marca; es el nodo en la memoria al cual el público objetivo va a vincular todas las asociaciones y conceptos que se pretenden construir para generar respuestas cognitivas, afectivas y conductuales favorables hacia la marca que deriven en la lealtad del consumidor.

Esto es exactamente lo que hizo la Sección 22 del SNTE con sus movilizaciones relativas a los Lunes del Cerro. Evidentemente, no lo hizo en términos comerciales ni tampoco para buscar comportamientos más favorables por parte de la ciudadanía frente al “producto” de su lucha —que son las demandas que largamente le ha planteado al gobierno estatal y federal en distintos momentos— sino específicamente para hacer notar una diferencia entre cómo es Oaxaca hoy, y cómo fuera si no existieran las inconformidades magisteriales.

En la creación de ese concepto de “Oaxaca ideal” —sin marchas, bloqueos ni movilizaciones magisteriales—, ellos intentan decir que la existencia material de esas circunstancias es gracias a la insensibilidad del gobierno que no cumple sus demandas. Por eso, atendiendo al lenguaje del secuestrador, ellos justifican todas sus acciones en la inatención a sus demandas.

Evidentemente, al hacer “presencia de marca” con movilizaciones y acciones de protesta que no inhibieron ninguna de las actividades relacionadas con los Lunes del Cerro, la Sección 22 buscó permanentemente que todos asumieran que ellos están ahí, que son un poder fáctico determinante en la entidad, y lograr que cualquier asociación de la gente con protestas y acciones los lleve a pensar que es la Sección 22 la responsable. Con eso mismo, ellos “ganan” la presencia en la conciencia colectiva, cuando se trata de movilizaciones o de acciones en contra del gobierno independientemente de que en realidad ello lo realicen organizaciones de campesinos, de trabajadores o grupos de lucha social que han copiado los métodos de lucha de la Sección 22 para hacer valer sus demandas.

En esa lógica, aunque es importante todo lo relacionado con la “presencia de marca” lograda por la Sección 22 del SNTE a través de sus acciones desplegadas durante las festividades de la Guelaguetza, lo que no debe escapar al análisis es el hecho de que a pesar de todas sus acciones, ninguna tuvo como objetivo lograr una nueva mesa de trabajo o exponer un nuevo pliego de demandas; todas, fueron justificadas en las concertaciones ya existentes, y ninguna movilizó a la mayoría de sus bases.

Así, si no había el objetivo de plantear nuevas demandas, y tampoco había la intención de realizar movilizaciones contundentes como para lograr un verdadero boicot a cualquiera de las celebraciones de los Lunes del Cerro, ¿Entonces dónde están los objetivos y las bases magisteriales, pues según su discurso ellos están en lucha permanente, pero los hechos demuestran su aparente desarticulación?

RUMBO AL 2018

A eso nos referimos en nuestra entrega del 16 de mayo, cuando apuntamos que ante la interrogante de dónde están hoy las bases magisteriales, hay que considerar algunos factores: el primero de ellos, es que la forma que históricamente ha tenido de participar en los momentos políticos y en los procesos electorales —recordemos que ellos han sido siempre, además de un gremio, un movimiento social y de abiertas motivaciones políticas— es a través de la movilización. Es una falacia pensar que los maestros sólo se movilizan como estructura electoral en las jornadas de votación, o que su apoyo a tal o cual candidato o partido se hace presente a través del activismo.

Ellos, pensando todo lo anterior en sentido contrario, participan en los momentos políticos a través de la movilización de sus bases —paros, marchas, plantones, y todas sus formas tradicionales de manifestación—, y también definen su rumbo político no a través de discursos o de posturas retóricas, sino a través de la materialización del voto de castigo y el apoyo silencioso a la fuerza política o al candidato que previamente dejaron fuera de su censura como gremio. Eso es lo que ellos han hecho en todos y cada uno de los procesos electorales en los que han participado, y es una de sus formas de manifestación más conocidas.

Otro factor que, en esa misma lógica se debe considerar, es que la Sección 22 necesita permanentemente, procesos intermitentes de acumulación y expresión de fuerzas. En los últimos años mantuvieron intensas movilizaciones relacionadas con la reforma educativa, con los procesos de evaluación, con la expropiación que el gobierno de Gabino Cué les realizó de la estructura orgánica del IEEPO, y por la regularización de sus agremiados que tenían problemas en el cobro de sus salarios. Es decir, que en los últimos cuatro o cinco años, la 22 ha desgastado intensamente a sus bases y ahora necesita pasar por un proceso natural de acumulación de fuerzas, y de establecimiento de sus prioridades reales de movilización y de protesta.

En ese marco, ¿qué pudiera ser tan importante en 2017 —que no es año electoral, que nada relevante se define en Oaxaca, y que cuenta además con un interlocutor que ofrece apertura y atención a sus demandas coyunturales— como para movilizar y desgastar a sus bases? Aún mejor: ¿qué pudiera ser tan importante como para preferir el 2017 por encima del 2018, que es un año en el que ocurrirán las mayores definiciones políticas de las últimas décadas en México, por la elección presidencial y su empalme con los procesos electorales locales, como los que ocurrirán en Oaxaca para renovar la integración del Congreso del Estado y los poderes municipales?

PRESENCIA TESTIMONIAL

De hecho, en aquella entrega de mayo antes referida, dijimos algo que se cumplió al pie de la letra: “en este año, podría ocurrir que la Sección 22 opte por no generar movilizaciones de gran desgaste. Ello lo reflejaron en el contenido de su pliego petitorio, que en realidad no contiene ninguna exigencia irrealizable —más allá de sus demandas políticas, de abrogación de leyes, o algunas otras que de antemano ellos mismos saben que no lograrán— y que más bien está limitado a temas de coyuntura, como regularizaciones y dotación de infraestructura y algunos insumos que, quizá a través de un esfuerzo, el gobierno estatal sí podría darles.” El problema, pues, no será este año sino el siguiente, cuando el gobierno y el magisterio se midan pero desde sus respectivas posiciones electorales. Sólo cuestión de tiempo.