+ Deben cambiar los modos de acceso y permanencia en el poder público

La inercia del país hace cada vez más urgente la discusión sobre la reforma al poder público. Se trata de pensar y poner en marcha una reforma de gran calado que pase no sólo por los mecanismos electorales, sino por la misma permanencia y los periodos en que se ejerce el poder público, así como de las relaciones entre poderes. La reforma que necesita el país es una de gran calado que modifique también la estructura del federalismo y que corresponsabilice a los órdenes de gobierno estatales y municipales para hacerlos más equilibrados frente al poder federal.

En efecto, sabemos que todo poder público en el sistema republicano tiene como características esenciales la temporalidad, la renovación periódica y el acceso democrático al poder. Esto se traduce en el hecho de que cada cierto periodo de tiempo se renueva la integración de los poderes Legislativo y Ejecutivo; que dicha renovación, lleva implícito el cambio y la rotación de sus integrantes, justamente para dinamizar y robustecer regularmente el ejercicio del poder público; y que una de sus formas esenciales radica en que esa renovación periódica tiene que ocurrir sólo a partir de la decisión tomada por la mayoría de los ciudadanos.

Todas ellas son piedras angulares del poder que ya conocemos. En México, el sistema electoral señala que la renovación periódica del Poder Legislativo se da en periodos intercalados de tres y seis años, para la renovación del sistema bicameral; y que, en el caso del Poder Ejecutivo, la elección se realiza cada seis años a través del voto universal, libre, secreto y directo de cada ciudadano de la república, y que gana quien obtiene la mayor cantidad de votos de entre todos los contendientes, en una sola jornada electoral. Dicho sistema hoy necesita reformas. Pero no es en lo único en lo que deberíamos pensar para mejorar el ejercicio del poder público.

En ese marco, resulta que hoy México se encuentra en un momento excepcional, por complejo. La primera alternancia en el año 2000 no trajo como resultado una reforma real al poder público, aunque la sociedad mexicana daba señales de madurez y de crecimiento en el ejercicio de sus derechos. Lejos de eso, crecieron las calamidades: corrupción, impunidad, inseguridad, criminalidad, violencia e ingobernabilidad.

En 2012, y por la crisis de esos factores, vino una segunda alternancia que tampoco pasó por reformar al poder. El régimen del presidente Enrique Peña Nieto optó por las reformas estructurales, pero no por el cambio profundo que necesitaba el poder público. ¿Dónde se notaban las grietas democráticas? En el hecho de que Peña Nieto, como sus dos antecesores, luego de su tercer año de gobierno han sido víctimas de un mal común: sus gobiernos se ven totalmente agotados, liquidados, como si no tuvieran más futuro o margen de maniobra que el de esperar pacientemente —administrando la crisis permanente del país— hasta que se cumpla el periodo sexenal para irse.

Todo esto tiene una explicación: los tres (Fox, Calderón, Peña Nieto) han enfrentado una crisis de legitimidad que se terminaría con la renovación de los mecanismos de acceso al poder. Pero también enfrentan una crisis en el ejercicio del poder que no se resolvería con el cambio de las llaves de acceso a la Presidencia, sino con una reforma a las condiciones mismas del ejercicio del poder público.

REFORMAR AL EJECUTIVO

Instaurar la segunda vuelta electoral —el ‘balotaje’, como se conoce en algunas naciones sudamericanas— robustecería la legitimidad presidencial inicial, pero no resolvería su crisis permanente de ser rebasado por los problemas nacionales. Un gobierno de coalición sólo funcionaría en un régimen parlamentario que, en las condiciones del país, sería imposible de establecer al menos en el corto y mediano plazo. Por eso, junto con la exploración de dichos mecanismos, lo que hace falta también revisar es la manera en que se reparte el poder, y la forma y periodos en que se ejerce.

En este sentido, una reforma profunda al poder tendría que pasar por la transferencia de responsabilidad a los gobiernos estatales, que han demostrado una dolorosa minoría de edad frente a las alternancias de poder federales y, sobre todo, frente a la posibilidad de ejercer su propio espectro de poder. Hoy, por eso, los gobernadores son símbolo de corrupción, impunidad, excesos, complicidades y saqueo, cuando en realidad debieron ser la alternativa de gobernabilidad frente a la crisis del modelo presidencial, durante estos 16 años de alternancias carentes de derroteros definidos.

Ello explica por qué la federación avanza a pasos firmes en la recentralización de atribuciones en detrimento de los gobernadores, aunque ello en realidad sea una salida alterna sólo de contingencia, y de efectos únicamente en el corto plazo.  Al final, habría que comenzar a considerar la eliminación del modelo sexenal de gobierno, para pasar a periodos más cortos con capacidad de convalidación ciudadana, ahí sí a través de mecanismos como la segunda vuelta electoral, o con el establecimiento de los gobiernos de coalición a través de un nuevo modelo de reparto de responsabilidades.

CRISIS PERMANENTE

Mientras eso no ocurra, seguiremos viendo a Presidentes totalmente agotados, y anulados, en su cuarto año de gestión; seguiremos también viendo a gobernadores corruptos, pequeños jeques o virreyes que ejercen su poder a plenitud ante la falta de mecanismos democráticos de control. Y enfrentaremos a una sociedad cada vez más presionada, impaciente y enojada, que buscará los cambios a través de otros métodos. No hay que esperar hasta entonces.

+ La justicia no puede quedar sujeta a la “equidad” entre partidos

El gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, está procesado judicialmente, y prófugo, pero ello no debe llevar a nadie a considerar que su caída ahora debe propiciar la de gobernadores de otros partidos, como si la justicia en México fuera un asunto de “equilibrios políticos” y no un tema de persecución a la corrupción. La caída de Duarte coincide con la de Padrés. Y junto con ellos debían ser procesados todos los demás gobernadores a los que se les llegaran a probar actos de corrupción, pero no como un asunto de “cuotas de procesados”.

En efecto, la semana pasada Duarte anunció que solicitaría licencia para “limpiar su imagen” luego de las injurias de las que, según dijo, era objeto. El lunes se supo que la Procuraduría General de la República había conseguido una orden de aprehensión de un juez federal por delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, a partir de investigaciones y pruebas ya ventiladas en medios de comunicación. Para entonces, hace dos días, el gobierno federal reconoció que desconocía el paradero de Duarte, y hoy se dice lo mismo que aún se encuentra en el país, que habría viajado a Canadá.

Casi al mismo tiempo, la Interpol anunció que había emitido una ficha roja de captura internacional en contra del ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés Elías, a quien también el gobierno federal le instauró varios procedimientos penales motivados en la adquisición de diversos bienes inmuebles con recursos de procedencia ilícita y por haber cometido irregularidades durante su gestión como mandatario estatal.

Entre las coincidencias que surgieron entre los casos de Padrés y Duarte, es que ambos fueron gobernadores recientemente; que ambos representan abominables actos de corrupción; y que ambos representan la bandera con la que el Partido Acción Nacional, y el Revolucionario Institucional, se intentan lavar la cara frente a la ciudadanía para tratar de demostrarle que sus promesas de ir en contra de los corruptos, y que para probarlo está comenzando por su propia casa.

Frente a todo esto, disimuladamente los líderes de esos dos partidos han esgrimido un tercer argumento: que ahora debe caer un gobernador emanado del PRD, como dando la idea de que con eso habría una especie de “equilibrio”, o de “piso parejo”, en la lucha contra la corrupción. No les queda claro que esa ruta del combate a la corrupción no tendría que estar basada en esa noción de justicia, sino en castigar a todos los que hayan incurrido en actos de corrupción independientemente de su filiación u origen político.

¿TENDRÍA QUE CAER UNO DEL PRD?

Seguramente hay uno, o más, gobernadores del PRD que han incurrido en casos de corrupción en la misma medida en la que han incurrido los gobernadores del PRI y del PAN que ahora son señalados. En el caso de gobernadores del PRD como Graco Ramírez Garrido, al inicio de 2016 hubo relevo de autoridades municipales en Morelos. En Temixco, asumió como alcaldesa Gisela Mota Ocampo, y en Cuernavaca, el ex futbolista Cuauhtémoc Blanco Bravo. Mota Ocampo, de filiación perredista, fue asesinada la mañana del sábado por un comando a las afueras de su domicilio. Según la información, luego de los hechos, alrededor de las 7:30 horas, el Mando Único estatal desplegó un operativo para dar con los responsables y, tras una persecución por la colonia Primavera,  al menos dos sicarios fueron muertos y tres detenidos por la policía municipal.

En lo que corresponde a la ciudad de Cuernavaca, en vísperas de la toma de posesión del polémico Cuauhtémoc Blanco Bravo como alcalde, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudió a las instalaciones de la Policía Municipal de la capital para desarmar a los elementos. La razón que ofreció el Comisionado de la Policía Estatal, era que como el nuevo Alcalde había adelantado su intención de no renovar el convenio para la aplicación del Mando Único Policial en ese municipio, entonces el gobierno estatal debía recoger todo el armamento y equipos que anteriormente había otorgado a la Policía Municipal.

Así, al asumir el cargo municipal, Blanco tenía una policía desarmada y, por ende, una ciudad a merced de la delincuencia que prácticamente podría hacer lo que le viniera en gana ante la incapacidad operativa de su corporación. La salida que encontró el nuevo gobierno de Blanco Bravo fue solicitar al Ejército que tomara el control de la seguridad pública en tanto se resolvía la diferencia con el gobierno de Graco Ramírez Garrido por la aplicación del Mando Único Policial.

Así, en estas dos historias hay un común denominador que no habría por qué tener relación con la seguridad pública, pero que ha sido determinante: la insistencia del gobierno de Graco Ramírez por condicionar o retirar el apoyo en cuanto a la seguridad, a partir de definiciones políticas. Pues para nadie es un secreto que, por ejemplo, tiene una diferencia política abismal no con Cuauhtémoc Blanco, sino con sus impulsores políticos.

CASOS OAXAQUEÑOS

En el caso de Oaxaca hay muchas más cosas que decir: casos de impunidad, de corrupción y de sospechas fundadas de que existen formas de evasión a la ley, insospechadas. La forma en las que deben responder ante la justicia son evidentes: que cada gobernador enfrente a la justicia en la misma forma en la que gobernó su entidad durante seis años, sin preferencias ni canonjías. No es un asunto de equidad ni de equilibrios, sino simplemente de igualdad ante la ley: todos debían responder en la misma forma por sus actos. ¿Es difícil comprenderlo?

+ Gestión de injusticias: Huerta se fue pero sigue abusando de la gente

No está definido qué mal fario están pagando los habitantes del municipio de Santa Lucía del Camino, como para tener recurrentemente gobiernos como el de Galdino Huerta Escudero, que desde las penumbras sigue esquilmando y lastimando a sus habitantes, y a la ciudadanía en general. Santa Lucía tiene un gobierno que no provee de ningún servicio ni regula las actividades económicas que ahí se realizan, pero que sí perturba a los ciudadanos a través de sus abusos, disposiciones y omisiones. ¿Hasta cuándo gobiernos y autoridades como esos podrán seguir en la impunidad?

En efecto, en este espacio hemos documentado los abusos cometidos por el gobierno de Huerta Escudero, lo mismo en contra de los habitantes de su municipio que con quienes realizan actividades comerciales en la zona; y de cómo al mismo tiempo se ha encargado de proteger y ampliar las actividades relacionadas con giros negros, hasta convertir a Santa Lucía en una verdadera zona roja, espacio de tolerancia, y patio trasero de la capital oaxaqueña, sin que hasta ahora haya poder humano capaz de ponerle un freno a su voracidad y a los acuerdos por los que se ha mantenido como cabeza de ese gobierno de ignominia.

A estas alturas, son ya ejemplos negros para las autoridades municipales en Oaxaca, lo que el gobierno de Galdino Huerta hizo con empresas como la extinta Cablemás, con la maderería La Asunción, o con colegios privados a los que quería cobrar cantidades millonarias por la continuación de operaciones, como si unos y otros fueran los prolíficos giros negros a los que se ha dedicado a proteger, y a los que también le cobra cantidades millonarias por protección y continuación de operaciones, sin reportar los ingresos a las arcas municipales.

¿Qué pasó con Cablemás? Que a mediados del año pasado, Huerta decidió emprender acciones para que dicha empresa pagara “derechos municipales” por concepto de uso de suelo y continuación de operaciones. Y aunque de entrada el cobro de esas contribuciones no parece ser totalmente legal —porque la actividad de Cablemás deviene de una autorización federal—, lo que verdaderamente llama la atención es la forma en que intentaron presionar a la empresa para que pagara.

¿Qué hizo el Ayuntamiento de Santa Lucía? Que como si ese pueblo sin ley estuviera aislado del mundo, decidió ir unilateral e ilegalmente a sabotear el servicio de transmisión de cable, telefonía e internet que ofrecía la empresa a unos 15 mil usuarios en esa demarcación, desmantelando y destruyendo equipos instalados en los postes de energía eléctrica (que también son de propiedad federal) para impedir que continuara prestando el servicio, y obligándola con ello a entablar una negociación.

Santa Lucía realizó esas acciones a plena luz del día, con funcionarios municipales, y sin tomar ninguna previsión legal para realizar el cobro de las contribuciones a través de los cauces y los mecanismos jurídicos adecuados. Perpetró, en términos sencillos, un acto de sabotaje, a través de prácticas porriles de chantaje institucionalizado, y bajo la lógica de la venganza privada, pasando por alto que lo que debió hacer —si de verdad estaba convencido de que el derecho le daba la razón— era emprende medidas de cobro para tratar de que se cubrieran los créditos fiscales pendientes, pero sin afectar la integridad y funcionamiento de los equipos de la empresa, porque ello constituye la comisión de delitos del orden federal.

LATROCINIOS TOLERADOS

En otro caso conocido, Huerta ha intentado chantajear a la empresa operadora de la Macro Plaza, que en mala hora decidió instalarse en ese municipio. Lo mismo hizo con La Asunción, a la que violentamente llegó personal municipal a clausurar, golpeando y amedrentando a los propios trabajadores, e incluso, hace algunos meses un colegio privado de educación básica denunció públicamente la extorsión de que era objeto por parte del ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, que pretendía cobrarle 130 mil pesos por continuación de operaciones, y que intentaba clausurar la escuela (¡una escuela!) por haber obtenido su permiso en la agencia municipal de San Francisco Tutla.

Por si eso no fuera suficiente, el gobierno de Galdino Huerta ha obtenido cantidades millonarias de dinero que cobra a los automovilistas en los diversos puntos de revisión de alcoholemia que instala cada fin de semana en la demarcación. El objetivo de esos controles no es el de evitar accidentes, sino los cobros excesivos e ilegales que realiza en contra de los automovilistas que conducen en estado de ebriedad.

El colmo de esas barbaridades los cometen sus propios agentes de la Policía Vial, que sólo se dedican a levantar infracciones pero carecen hasta de las nociones más básicas del control del tráfico. Por ejemplo, la semana pasada dos días no funcionaron los semáforos de Hornos y Avenida Ferrocarril. A ninguna hora los agentes viales de Santa Lucía hicieron algo para organizar el tránsito. Mañosamente, preferían situarse metros delante de los semáforos para detener a los vehículos que se pasaran el alto o, a su criterio, cometieran una infracción… ¡cuando los semáforos no servían!

VORACIDAD

Huerta se siente protegido, y quizá quede en la impunidad, gracias a la protección que le da el impresentable diputado y dirigente estatal del PRI, Alejandro Avilés Álvarez. Raúl Cruz, el presidente electo, ha intentado darle un giro a la disminuida imagen de la autoridad municipal, organizando trabajo comunitario constantemente. Ojalá no siga los pasos de su antecesor, que le va a entregar un ayuntamiento devastado, y a una ciudadanía enojada y agraviada por los excesos de Huerta y los demás que tienen a Santa Lucía como zona de desastre.

+ ¿Sirve quitar fuero y reelección, así como bajar salarios?

Los diputados de la LXIII Legislatura están en vías de definir cuáles serán sus rutas de trabajo, pero desde ahora puede verse —con preocupación— que ninguno de ellos da luces sobre una verdadera agenda para los ciudadanos. Particularmente, los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) plantean una agenda replicada del discurso de su Líder nacional el cual, a la luz de la realidad, está plagado de inexactitudes, contradicciones y poco sentido común respecto a lo que se necesita para un mejor y más democrático ejercicio de gobierno.

En efecto, lo único que hasta ahora han dicho los legisladores electos de Morena en Oaxaca sobre su posible agenda de trabajo para los dos años de la LXIII Legislatura, es que seguirán los planteamientos que en los últimos meses ha hecho su dirigente nacional, Andrés Manuel López Obrador. Básicamente, éste se ha referido a temas muy concretos como la eliminación del fuero para servidores públicos y representantes populares; la reducción de salarios para la burocracia, o el reestablecimiento —como norma de conducta estatutaria para sus militantes, y como planteamiento político— del principio de no reelección para todos los cargos populares. ¿De verdad es muy democrática esa agenda?

Habrá que verla no a partir de discursos demagógicos y populistas, sino de las necesidades reales de nuestro sistema de gobierno y nuestra democracia. Y, en eso, resulta que ninguno de esos temas debería estar incluido en una agenda útil para los ciudadanos, simplemente porque ni la eliminación del fuero, ni la reducción de salarios de la alta burocracia, y mucho menos la no reelección, serían determinantes para tener un gobierno. Sólo hay que ir un poco más allá del discurso ruidoso sobre la austeridad y la justcia, que ondea el Líder de Morena, para corroborar estas afirmaciones. Veamos.

En el caso del llamado “fuero” o inmunidad constitucional, nadie se había acordado del tema quizá en la última década —desde 2006 cuando López Obrador fue desaforado para ser procesado judicialmente por el desacato en el procedimiento judicial relativo al predio El Encino—, y poco se había discutido la necesidad de transformarla o eliminarla.

Acaso, el único precedente que justificaría la eliminación del fuero por haber sido una herramienta de impunidad, fue el del diputado de la LXI Legislatura federal (2009-2012) Julio César Godoy Toscano, a quien se le sigue un proceso penal federal por sus presuntos vínculos con el crimen organizado. Fue su antiguo partido, el de la PRD, quien lo protegió y le dio la pauta para que asumiera su cargo y con ello evitara que se le ejecutaran las órdenes de aprehensión que existían en su contra por delincuencia organizada. Hasta entonces, el PRD decía que Godoy Toscano era inocente y perseguido político. Pero fue la filtración a la prensa de unas grabaciones telefónicas, lo que puso en evidencia que éste no parecía ser tan inocente como decían los perredistas.

Esto “justificó” la exigencia de la eliminación de la figura del fuero, aunque en realidad no hay forma de corroborar sustantivamente que el fuero constitucional haya sido utilizado como una forma de impunidad, por encima de los pactos entre gobernantes para evitar las persecuciones.

MÁS DEMAGOGIA

Otro de los temas de la “justicia para los pobres” que ondea Morena en Oaxaca y en el país, es el de la urgencia de bajar los salarios de la burocracia. ¿De verdad funcionaría algo así en Oaxaca? Porque hasta donde se sabe, altos salarios sólo tienen quienes se aprovechan de algún tipo de favoritismo, tráfico de influencias, o corrupción, en el gobierno de Oaxaca. Todos los demás, incluída la burocracia media y alta, tienen salarios muy por debajo del nivel de responsabilidad que enfrentan.

El tema no da espacio a las evasivas: una burocracia mal pagada, aquí y en China, es la puerta de entrada a la corrupción. En Oaxaca casi todos los servidores públicos tienen salarios muy por debajo de la media nacional de ingresos. Y no nos referimos al gobernador, a los secretarios, directores y demás burocracia de primer nivel, sino a todos los que están debajo de esa escala superior, y que son quienes realmente ejecutan las labores públicas. Un elemento que en Oaxaca no consideramos es que ese mismo nivel de responsabilidad en la iniciativa privada —sobre todo en los altos niveles, que en la IP son conocidos como directivos o gerenciales— tienen salarios muy superiores a los de la burocracia en general, y mucho más respecto a la maltratada burocracia media oaxaqueña.

Esa burocracia está mal pagada, es explotada, sobre exigida y además está inmersa en innumerables cuestionamientos por esos mismos problemas. ¿A ellos hay que castigarlos más? Más bien, en lugar de miserables discursos demagógicos, AMLO y sus seguidores —legisladores electos, incluidos— deberían ver porque disminuyeran los privilegios y la discrecionalidad de la que se sirven para obtener beneficios muy por encima de los que la ley les permite. A los mismos diputados, les vendría bien no una disminución de salarios, sino de privilegios económicos, presupuestales y políticos.

¿REELECCIÓN?

Quizá ni AMLO lo sabe, pero la única irrelegibilidad emanda de la Revolución fue la del Presidente. Las demás (de diputados, senadores, autoridades municipales) surgió cuando se consolidó el régimen de partido hegemónico priista, como uno más de sus mecanismos de control (ceder espacios en calidad de privilegios a los servidores y aliados del régimen) político. ¿Esa es su democracia? Lo cierto es que, más bien, esa agenda demagógica y trasnochada, tiene poca utilidad y, frente a los imperativos de la democracia, deja mucho que desear.

+ Sin control eficaz, el sistema político va rumbo a la devastación

Cada que un gobernador deja las finanzas estatales, o la gobernabilidad, o la administración, convertida en un desastre, alimenta la tentación recentralizadora del régimen federal. Esto debería verse ya como un fenómeno no sólo por la irresponsabilidad, la falta de compromiso, y la minoría de edad que demuestran muchos gobiernos estatales en la actualidad, sino por el regreso de la intervención federal no como un mecanismo de rendición de cuentas sino como una forma extra constitucional de intervención en los estados de la república, “justificado” por la indolencia y corrupción de los mandatarios estatales. ¿Ese camino queremos para nuestra nación?

En efecto, el miércoles el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, solicitó licencia a su cargo motivado por la presión que el gobierno federal ejerció en su contra a partir de investigaciones ministeriales y fiscales. En estos días, ampliamente se ha dado cuenta de cómo el gobierno federal desde hace un año contemplaba la posibilidad de la salida del mandatario veracruzano, y cómo hasta ahora endureció la presión para orillar a que presentara la solicitud de licencia. Lo paradójico es que, independientemente de la ilegitimidad de la maniobra federal, con su irresponsabilidad y desastre institucional, Duarte había dado amplia justificación para su dimisión.

En esa lógica, hagamos un supuesto no imposible: que un Gobernador estatal, con toda la soberbia, la intolerancia y la codicia de Duarte de Ochoa, hubiera ejercido un gobierno en el que ninguna cuenta hubiera salido mal, independientemente de las tropelías o no cometidas durante la gestión. Basados en la lógica de que a los pillos los cazan a partir de sus errores, pudiera darse el caso de un Mandatario groseramente excesivo, pero pulcro en sus movimientos, que no hubiera dejado los cabos sueltos por los que hoy están tras las tropelías de Duarte. ¿Qué haría, en ese caso, el gobierno federal para intervenir como hoy lo está haciendo con Duarte?

La respuesta sería nada halagüeña, porque entonces la federación no tendría elementos legales para intervenir políticamente en esa entidad federativa para expulsar a dicho gobernador, como hoy lo hace abiertamente en Veracruz. Nadie reclama, nadie se ofende y nadie denuncia esa injerencia, porque todos consideran —consideramos— como algo urgente que, independientemente de la forma, Duarte de Ochoa dejara la gubernatura. Poco reparamos en que, en este caso, la forma sí es fondo, porque se están utilizando canales y mecanismos legales para una intervención de orden eminentemente político.

¿Qué resulta grave? Por un lado, pues, la intervención federal; pero por el otro —y es aún peor— que Duarte, Guillermo Padrés, Roberto Borge y todos los que se acumulen, le han dado al gobierno federal montañas de elementos legales para perseguirlos, a partir de las rapacidades cometidas, los desfalcos heredados y los abrumadores actos de soberbia cometidos durante sus respectivas gestiones. Por ello, si el remedio es terrible, éste resulta paradójica y preocupantemente justificado por la irresponsabilidad de los mandatarios estatales que no supieron ejercer el poder no que les dio la federación, sino que les otorgó la ciudadanía mediante el voto.

RECENTRALIZACIÓN

El clarísimo riesgo que esto implica es que, como en muchos otros casos, la federación siga interviniendo “justificadamente” en los asuntos que debían ser propios de las entidades federativas. En este caso, la situación parece un callejón sin salida: un puñado de gobernadores que se excedieron profusamente en sus respectivas gestiones; que dejaron tiraderos administrativos, deudas estratosféricas, ciudadanías agraviadas por la soberbia y los excesos, y problemas de inseguridad generados en gran medida por la poca atención puesta a las atribuciones que les correspondían. Esto, por un estado de necesidad, justificaría la intervención del orden superior de gobierno. ¿Pero en una democracia —se supone que madura— como la nuestra, algo así puede ocurrir a pesar de no existir en la propia ley algún mecanismo de intervención?

El problema es que esta ya es una tendencia en México que va sumando situaciones. Pues antes, en temas estrictamente legales, vimos cómo el gobierno federal impulsó la reabsorción facultades en las reformas educativa, político-electoral, financiera, de transparencia y hasta la fiscal y energética.

Ninguna de las reformas constitucionales y legales tuvo algún ingrediente que denotara la disposición a incluir a las entidades federativas en algunas de las tareas de reorganización y administración de facultades o funciones. La federación, en eso, recogió todas las facultades, dejando ver que, al haberlas antes tenido los estados de la República, las habían subutilizado o viciado. A partir de eso, ubicó a las entidades federativas como menores de edad y de esa misma forma justificó la recentralización de todo tipo de facultades.

Al final, lo que queda claro es que los propios gobernadores irresponsables dieron pie a esta práctica abusiva federal. Los ciudadanos, al final, parece que no nos queda más que elegir entre lo malo de esos terribles gobernantes abusivos; o elegir lo peor de un gobierno federal que quiere recentralizar aunque sea incapaz de manejar las situaciones que genera.

OAXACA, SEPULTADO

Hoy tendría que haber arrancado, o pasado por Oaxaca, La Carrera Panamericana. Es el evento automovilístico más importante del año en México, sólo después de la Fórmula Uno. Oaxaca dejó de ser sede. ¿La razón? La inestabilidad social, que es la misma por la que agoniza la economía local, la imagen turística del estado, y miles de empleos. Bien, profes. ¡Bien!

+ ¿Quién obligó a Duarte a pedir licencia? ¿Y quién debió presionarlo?

Son pocas las noticias sustantivas que surgen desde las entidades federativas, que actualmente tienen el nivel de relevancia de la renuncia de Javier Duarte a la gubernatura de Veracruz, 48 días antes de culminar su mandato. Esta dimisión ocurre como consecuencia del retiro del apoyo político del gobierno federal, y del PRI, a un Gobernador emanado de ese mismo partido, y al avance en las investigaciones ministeriales sobre su presunta responsabilidad en la comisión de delitos. Aunque linealmente esto parece parte del destino manifiesto de un gobernador corrupto, en realidad debíamos ver más allá, y reparar en que el gobierno federal insiste peligrosamente en presentar a los gobiernos estatales como menores de edad, para encubrir sus propios pecados.

En efecto, ayer miércoles, Javier Duarte de Ochoa anunció en cadena nacional, que se separaría de su cargo, cosa que se oficializó horas después. En esto, lo que hay que ver con detenimiento es el mecanismo de presión utilizado para lograr su renuncia; el ámbito de gobierno que le generó la presión; los factores políticos que fueron decisivos; y el enrarecido contexto en el que se decidió su caída, cuando ya de por sí era —es— un cadáver político.

Primero, Duarte era uno de los gobernadores que generaba mayores negativos en el país. Él todavía fue producto del envión generado por los viejos gobernadores fuertes del primer tramo de la alternancia presidencial del año 2000 (Fidel Herrera Beltrán), que aún tuvo la capacidad de imponer a su sucesor de acuerdo a sus intereses, e independientemente de cuán aceptado, popular u honesto fuere en el manejo de los asuntos públicos.

Duarte, por eso, encabezó esa generación indeseable de gobernadores jóvenes —los herederos de los viejos gobernadores fuertes, de la que también fue beneficiario Ulises Ruiz en Oaxaca—, pero soberbios, sobrados e irresponsables. En ese sentido, todos sabemos que Duarte disparó la deuda, abrió una amplísima brecha con la ciudadanía, abandonó la seguridad de los veracruzanos y nunca demostró eficacia. Por eso la ciudadanía le cobró la factura el día de la elección, llevándolo a la derrota a manos de su más feroz adversario político.

En este punto, es indispensable diferenciar las variables y las presiones que jugaron a favor de la caída de Duarte. Pues, por un lado, si hubiera sido la decisión ciudadana expresada en votos el día de los comicios lo que hizo a Duarte temer con ir a la cárcel, o a sentir la necesidad de solicitar licencia a su cargo para enfrentar las acusaciones que la gente todos los días expresaba, entonces habría dimitido de su cargo al día siguiente de la elección, y no cuatro meses después.

Es decir: a Duarte no lo presionó el repudio de la ciudadanía veracruzana; no lo amenazó el tiradero de su gobierno, ni tampoco las amenazas del gobernador electo —Miguel Ángel Yunes Linares— de meterlo en la cárcel apenas comience la nueva administración.

A Duarte lo presionaron otros —peligrosos— factores. ¿Cuáles fueron?

PRESIÓN FEDERAL

Desde hace por lo menos un año se ha mencionado lo insostenible que resultaba Duarte como gobernador de Veracruz, no sólo por la exorbitante deuda pública o por su soberbia como gobernante, sino también por los escalofriantes hechos de inseguridad y violencia en aquella entidad. Un tema que presionó fuertemente al gobierno federal para intervenir en Veracruz —como si México fuera una corona, un imperio, o un virreinato— fue el incesante número de periodistas asesinados en aquella entidad.

Esto último generó una fuerte presión mediática ya entre la opinión pública nacional, que luego se extendió a los actos de corrupción cometidos durante el gobierno Duarte, y se combinó con la propia presión que ya sentía el Presidente por las denuncias en su contra por corrupción y abusos. Por eso, al menos desde hace un año el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha deslizado la posibilidad de ejercer presión política sobre Duarte para que dejara su cargo.

Nada de eso ocurrió, y fue simplemente por el semillero electoral que representaba Veracruz para el PRI, y que no quería arriesgarse a perder antes de los comicios. Por un cálculo electoral no presionó a Duarte a dejar su cargo antes de junio. Querían ver si, con todo y ese lastre, podían conservar la gubernatura para el PRI. Casi lo logran. Aunque finalmente el electorado veracruzano pudo más que los cálculos federales sobre el destino no de Duarte sino del partido en la gubernatura. ¿Qué pasó después?

Que entonces Duarte sí se convirtió en un cadáver político; y que entonces sí se echó a andar la maquinaria federal para quitarlo del camino: el retiro de la gracia presidencial; la intervención de la PGR a través de investigaciones ministeriales; la oficialización de la expulsión de la gracia presidencial a través de la suspensión de sus derechos como priista. Todas, señales propias de una presión política, no ciudadana, para que dejara su cargo. Cosa que ocurrió ayer, y que lejos de ser un triunfo de la justicia, debe ser una nueva preocupación para la ciudadanía.

EXCESOS

¿Quiso demostrar fuerza el Presidente quitando a Duarte? Más bien, aprovechó la circunstancia para conseguirlo, y ver si eso minimiza los negativos presidenciales. ¿Y los demás gobernadores ya pensaron que sus excesos, su irresponsabilidad, y su soberbia nos regresa, como estados, como país y como supuesta “democracia en consolidación”, a los tiempos de las cavernas? Esta es una combinación perniciosa que nos hace dar un paso más en la ruta de la recentralización, que se supone que se acabó con el régimen de partido hegemónico pero que, según vemos, está de regreso. Mal por todos.

+ La clave de decir lo que quieren oír no es más que demagogia

Con un abrazo solidario para mi amigo y

colega Juan Pérez Audelo, en esta mala hora.

A estas alturas, la elección presidencial en Estados Unidos es algo así como una comedia muy peligrosa. En los últimos quince días hemos visto cómo el candidato republicano, Donald Trump comenzó el irremediable declive frente a su adversaria demócrata, Hillary Clinton no por sus planteamientos políticos o por sus posiciones ideológicas, sino por sus escándalos personales. Desde México, muchos vemos el proceso electoral estadounidense como un reallity show, y aseguramos que nadie tomaría en serio a un candidato con esos rasgos en nuestro país. Sin embargo, a la vista de todos, en nuestra clase política tenemos la misma manipulación, los mismos engaños y, casi, los mismos argumentos. Y esos sí los tomamos en serio.

En efecto, desde que se realizó el primer debate entre candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Donald Trump comenzó un declive en las encuestas electorales que nadie hubiera creído, a partir de la idea siempre de que muchos nunca pensamos que un individuo como él, llegaría hasta la candidatura presidencial de una de las dos principales fuerzas políticas estadounidenses. Como hemos visto, el Candidato republicano basó su crecimiento electoral en el hartazgo de la clase media estadounidense que, como en casi todo el orbe, ha sido el estrato social más castigado por la desigualdad, por el bajo crecimiento económico, y por el incremento de las tasas impositivas por parte del Estado.

En eso basó Trump su discurso, y lo aderezó con las particularidades que tiene la nación  norteamericana —el pueblo— respecto a su composición demográfica. Básicamente, Trump lanzó su campaña política reivindicando las demandas más básicas de la clase media estadounidense, y tratando de cautivar a las clases bajas prometiéndoles, a la primera, un mayor crecimiento económico, y a la segunda, la recuperación de elementos básicos de la economía como el empleo que, dice, le han arrebatado al estadounidense promedio las nuevas minorías dominantes en aquel país como la latina y, particularmente, la mexicana, tanto a través de los ilegales en la Unión Americana, como en las industrias que se han trasladado de Estados Unidos a México por los bajos costos de la mano de obra mexicana.

Para lograr el sustento de esos argumentos, Trump echó mano de algunos fantasmas sociales estadounidenses, como el racismo y la segregación de las minorías, contra la que tanto han luchado desde la abolición de la esclavitud, y más cercanamente desde el reconocimiento pleno de los derechos civiles de todos los estadounidenses independientemente de su ascendencia racial. Para hablarle a esos “estadounidenses promedio”, Trump desempolvó esos argumentos y los utilizó a su favor. Eso estremeció al mundo, pero no a casi la mitad de los votantes, que se manifestaron a favor de concederle su voto.

¿Dónde perdió Trump? Curiosamente, en sus escándalos personales; en las demostraciones de su rapacidad y de su sevicia hacia las mujeres. Esencialmente, hasta el primer debate Trump era un candidato fuerte y competitivo. Las demostraciones de misoginia, son lo que principalmente ha marcado su caída —y eventual derrota—; pero no esos argumentos patéticos relacionados con el racismo, con la segregación, con el odio racial y con varios males sociales que se supone que estaban erradicados de una sociedad que ha intentado marcar la pauta de la civilidad y el reconocimiento a todas las formas de convivencia bajo la idea de que, al margen del color de piel o el origen, todos somos personas.

¿Y MÉXICO?

Candidatos populistas como Andrés Manuel López Obrador explotan, en nuestro propio contexto, explotan más o menos los mismos argumentos que Trump en su país. Aquí, por ejemplo, AMLO se ha dedicado a cultivar simpatizantes entre las clases sociales enojadas o segregadas del desarrollo económico y social. En un país con más de la mitad de la población total sumida en alguno de los subsectores de la pobreza o de la marginación, no es extraña la popularidad de un político que habla de reivindicar esas condiciones independientemente de lo posible —o imposible— que resulte el cumplimiento de ese paquete de propuestas, e incluso de lo demagógicas que resulten sus propuestas a la luz de cualquier análisis serio.

Esto es lo que nos pone ante políticos muy parecidos a Trump, por lo populistas y por lo relativo a los escándalos personales, aunque en el caso mexicano esto último no tenga que ver con la misoginia y el abuso sexual o laboral hacia las mujeres, sino con la corrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que aunque ambas sociedades han demostrado ser muy receptivas a esos discursos rentables pero demagógicos, la estadounidense parece estar comenzando a demostrar que cuando menos es intolerante frente a quien abusa de las mujeres, pero la mexicana parece ser muy impermeable a los casos de corrupción.

POCAS DIFERENCIAS

Evidentemente, ninguno de los dos ejemplos es halagador, porque en realidad el riesgo de los discursos demagógicos sigue presente, y sigue también siendo aceptado por ambas sociedades, cada una en su propio contexto. En los Estados Unidos ese discurso racista, segregacionista y falsamente reivindicador, sólo deberá ser tomado por un político más serio que no tenga tras de si la estela de escándalos personales que tiene Donald Trump. En México, con políticos como López Obrador, que hasta ahora ha sido inmune a todas las muestras de corrupción en su contra, parece que tenemos para rato.