+ Morenistas ignoran por completo la lógica del funcionamiento del Pleno

En la sesión ordinaria del miércoles pasado, un grupo de diputados de la fracción de Movimiento de Regeneración Nacional elevó una protesta como una especie de ‘resaca’, por no haber sido convocados a la sesión de toma de protesta del 1 de diciembre. El reproche político es entendible. Sin embargo, nadie les dijo a los diputados morenistas que la base de sus planteamientos era equivocada. Y que lejos de generar alguna inquietud con su protesta, sólo exhibieron su irresponsabilidad e ignorancia de los principios que rigen el funcionamiento de cualquier órgano legislativo, incluido el oaxaqueño.

En efecto, en la sesión del miércoles, seis de los ocho diputados locales de la fracción de Morena subieron a la sección que ocupa la mesa directiva en el salón de plenos del edificio legislativo de Jalpan, para protestar por el hecho de no haber sido convocados a la sesión del 1 de diciembre. Antes, esos mismos diputados habían tratado de impedir la aprobación del contenido del acta de la última sesión —cuya lectura se obvia casi por definición—. Y por si algo faltara, sus errores fueron alimentados por la pésima conducción de la discusión y el desahogo de la sesión por parte del presidente de la Mesa Directiva, el priista Samuel Gurrión Matías.

Vale la pena desmenuzar esa cadena de errores que son muestra de la ignorancia de los propios diputados —y de sus respectivas áreas técnicas— de los principios y procedimientos que rigen la vida parlamentaria, y de cómo ante la combinación de esos yerros ocurren discusiones estériles —y chabacanas— como la que ahora señalamos. ¿Por qué tantos errores juntos? Porque, de nuevo, prefieren el show a la posibilidad de generar una postura real y civilizada de oposición, como pudiera esperarse de un partido que, como Morena, se concibe como un opositor sistemático al PRI.

¿De qué hablamos? De que, de inicio, era imposible que los seis diputados de Morena pudieran revertir la propuesta realizada por la Mesa Directiva de que se obviara la lectura del acta de la sesión previa. Según los diputados inconformes —seis de 42, que componen el pleno del Congreso—, exigían que se diera lectura al acta de la sesión anterior porque ellos desconocían el contenido de la misma no sólo en el documento, sino porque tampoco fueron convocados a dicha sesión.

Aunque el Presidente de la Mesa Directiva —Samuel Gurrión— pudo haber simplemente aplicado la norma respectiva para llevar la propuesta a votación y dar por superado el tema, su impericia provocó una discusión bizantina sobre si debía o no darse lectura a las actas. De hecho, permitió que varios diputados tomaran la palabra a favor y en contra de la propuesta, sin que eso fuera una obligación, para finalmente someter a votación la aprobación de las actas con la dispensa de la lectura de las mismas.

¿Por qué sí habría podido hacerlo desde el inicio? Porque los diputados de su partido, y los de todas las demás fuerzas políticas que sí acudieron a la sesión del 1 de diciembre, respaldarían la aprobación de dichas actas, con la dispensa de lectura respectiva. Esos diputados —de las fracciones del PRI, PAN, PRD, PT y los que no integran fracción parlamentaria— habrían hecho, desde el primer momento, una mayoría muy superior a simple (esa que se conforma de la mitad más uno), que exige la ley para dar por válida una decisión de ese tipo.

TORPEZAS

Luego de ese primer intento, los diputados de Morena subieron a la tribuna para reprocharle a Samuel Gurrión por no haberlos convocado a la sesión antes referida. La chabacanería la puso la diputada María de Jesús Melgar Vásquez, quien subió al área de la Mesa Directiva con una cartulina que, literalmente, decía: “Hoy si nos comvocas a sesión Sami Gurrión o nos vemos en Cortv”. El error ortográfico era evidente. Y aunque como acto político la protesta podría ser llamativa y evidenciar la molestia de los diputados de Morena, lo cierto es que si el acto tenía como intención generar algún tipo de consecuencia, en realidad lo que estaban haciendo los legisladores morenistas, es simular una inconformidad para convalidar el acto por el que según se sienten agraviados.

¿De qué hablamos? De que, como casi siempre ocurre, la inconformidad de los morenistas fue la pose para convalidar el acto por el que según se duelen. De haber un intento de oposición real, los diputados habrían tratado de impugnar la legalidad de la sesión a través de mecanismos jurisdiccionales, partiendo del hecho de que no fueron convocados, y quizá después alegando posibles inconsistencias en el cumplimiento de los requisitos esenciales para el desarrollo de la sesión.

ESTULTICIA COMÚN

Sin embargo, lejos de eso —y de saber que cuando se es minoría, dentro de otra minoría, hay muy poco margen de maniobra jurídica—, los diputados de Morena prefirieron una protesta sin derroteros, sin capacidad de incidir en los mismos asuntos por los que se dicen inconformes, y sin siquiera la posibilidad de ser tomada en serio por la opinión pública. Eso fue lo que pasó, y eso se alimentó —de nuevo— por la ignorancia del diputado Gurrión de las normas que rigen la discusión y el desarrollo de las sesiones del órgano legislativo, que aduciendo ‘condescendencia’ permitió que ese circo creciera y trascendiera cuando no había ninguna necesidad, y ninguna razón o fundamento legal, para que ello ocurriera. Algo lamentable, desde donde se le vea.

+ Federación debe ahora sí cumplir, dando certidumbre económica

Es ya conocido el argumento de que el conflicto social ocurrido en 2006 no se remedió, porque el intento de arreglo que en diversos momentos promovió el gobierno federal, fue sólo entre las organizaciones sociales en pugna. Nunca volteó hacia la ciudadanía y sus agravios. Y por eso, en esa lógica del chantaje como condicionante de la paz social, la crisis magisterial se convirtió en un conflicto que ya supera la década vigente. Hoy, el anuncio de reactivación económica debe ser consistente porque de ello depende en gran medida la certidumbre social que tanto anhela Oaxaca.

En efecto, ayer el gobernador Alejandro Murat Hinojosa dio a conocer tres medidas inmediatas para la reactivación económica de la entidad, ante el desastre que enfrentan diversos sectores productivos. Dijo que en coordinación con el gobierno federal, se atenderán de manera urgente los adeudos y pasivos que dejó el gobierno anterior y que al día de hoy suman aproximadamente dos mil 200 millones de pesos. Pasivo, explicó, que puede crecer una vez que se vaya conociendo la información de las demás secretarías del gobierno de Oaxaca.

También mencionó que habrá una mesa permanente de participación del sector productivo, como se ofreció en campaña, para poder atender sus demandas a partir de escuchar sus necesidades. Además, se incorporarán las cámaras empresariales una vez instalado el Coplade al Comité Técnico Estatal, “como fue el compromiso de mi campaña, para que juntos en los demás órdenes y sectores, podamos hacer la planeación estatal y regional de nuestro estado”.

Este anuncio resulta trascendente no sólo por los problemas de inmovilidad económica que han ocurrido en los últimos meses en la entidad, sino porque en ese contexto la demanda de una verdadera reactivación económica, ha sido una de las más sentidas, pero también de las menos atendidas en la entidad en la última década.

Pues durante los seis años de su gobierno, Gabino Cué Monteagudo decidió no sólo guardar silencio, sino profundizar la crisis económica que ya había en Oaxaca, producto de un primer reclamo no atendido por parte del gobierno de Ulises Ruiz, e incumplido por la federación, luego del conflicto magisterial y popular de 2006. Quizá para muchos ese ya es un antecedente remoto que, sin embargo, resulta relevante a la luz del cada vez más perceptible riesgo de estallido social en la entidad por la inmovilidad económica de prácticamente todo el sector privado, que da trabajo e ingresos a toda la gente que no depende de los empleos del Estado.

DEMANDA AÑEJA

En ese sentido, vale atender a ese primer antecedente: en 2006, las pérdidas por el conflicto magisterial fueron monumentales en cuanto a empleo, actividad económica y capacidad productiva porque todo lo que giraba alrededor de la prestación de servicios de turismo —única actividad económica de la entidad— quedó colapsado por la crisis magisterial que se extendió a lo largo de prácticamente todo aquel año. Dentro de las medidas que anunció en aquel entonces el gobierno federal, se supone que para paliar la crisis y el enojo social, fue la de la reactivación económica. Dijo, de hecho, que invertiría unos 20 mil millones de pesos en la reactivación económica, aunque en realidad nada de eso ocurrió.

En suplencia, el gobierno de Ulises Ruiz trató de inyectar recursos a partir de su necesidad de que los sectores productivos no demandaran su salida. El magisterio y organizaciones sociales habían basado su demanda de desaparición de poderes en el repudio social, y entonces Ruiz trató de congraciarse con todas las representaciones de la iniciativa privada para evitar también una confrontación con ellos. Por eso, el gobierno se esmeró en consumir lo local, y en pagar a tiempo; aunque siempre fue claro que eso era apenas si alcanzaba a ser un mejoral para la gigantesca crisis económica que prevalecía, y que tocaba a toda la gente que a causa del 2006 había perdido su empleo.

Así, en 2010 Gabino Cué llegó al gobierno y se negó a reconocer la crisis económica, porque su gestión tuvo como génesis justamente al conflicto magisterial. Por eso, reconocer el problema económico era tanto como aceptar los daños ocasionado por la Sección 22 y las organizaciones sociales, de las que Cué fue aliado permanente bajo la idea —errónea— de que ellas le permitirían los márgenes de gobernabilidad que su gobierno demandaba.

En eso, el gobierno de Cué pasará a la historia como un fracaso doble: por un lado, la Sección 22 y las organizaciones sociales convirtieron la alianza en un chantaje abierto siempre sometiendo la gobernabilidad; y por el otro, la resistencia a aceptar la crisis económica generó el colapso que hoy vemos. El problema es que a Cué eso nunca le importó. Por eso su gobierno tuvo una resistencia permanente a cualquier forma de activación económica. Dejó de consumir lo local hasta en los aspectos más básicos, y generó un profundo cuello de botella en las finanzas estatales, que terminó ahogando a prácticamente toda la economía local, que hoy se encuentra —y no es exageración— en riesgo de extinción en varios de sus sectores.

RECONCILIACIÓN

En el fondo, esa será una de las claves para la reconciliación. Hay sectores que, igual que el magisterial y de las organizaciones que exigieron reparación de los daños ocasionados por el conflicto, hoy esperan la atención del Estado para continuar en un marco de existencia digna. Es, por ende, un tema toral que pasa por la necesidad de reconocimiento para generar un mejor clima social para Oaxaca.

+ Mensaje de certidumbre y prudencia, frente al desastre que le hereda GCM

Ante el inicio del gobierno de Alejandro Murat Hinojosa en Oaxaca, hay algunos puntos fundamentales que marcan el inicio de su gestión. Los oaxaqueños debemos asumirlos con prudencia y serenidad no sólo frente a quienes quisieran ver empañado este arranque de gobierno, sino también respecto a los que las propias circunstancias los lleva a titubear sobre lo que ocurrirá este día.

En efecto, hay algunos puntos que debemos repasar concretamente para entender lo que veremos a lo largo de este 1 de diciembre:

En primer término, Alejandro Murat Hinojosa es Gobernador Constitucional del Estado desde el primer minuto del 1 de diciembre de 2016. Ese fue el periodo para el que fue electo, y aún cuando nuestra Constitución no establece criterios específicos sobre el momento exacto del inicio de sus responsabilidades, los propios requerimientos y complejidades del cargo permiten entender que la gestión inicia con el solo paso del tiempo, y que la toma de protesta es un acto de solemnidad por demás importante, pero que éste no resulta ser una condicionante para ejercer sus responsabilidades.

Esto está reforzado por varias situaciones, que vale la pena repasar brevemente. En 2006 había inquietud sobre la posibilidad de que Felipe Calderón no pudiera rendir la protesta que señala la Constitución, ante el pleno del Congreso. Esto finalmente ocurrió. Sin embargo, también quedó establecido el precedente de la necesidad frente a la formalidad, y por esa razón hoy la Constitución federal establece diversos mecanismos de protección constitucional para garantizar la estabilidad y la continuidad en el ejercicio del Poder Ejecutivo, incluso frente a circunstancias de hecho como las vividas en 2006.

Por esa misma razón, en 2012, Enrique Peña Nieto asumió la Presidencia desde el primer minuto del 1 de diciembre, designando a los titulares de las áreas estratégicas del país (gobernabilidad, seguridad pública, fuerzas armadas) incluso antes de haber rendido protesta, lo cual fue no sólo aceptado sino convalidado por todas las fuerzas políticas, que entienden que la necesidad de que exista continuidad y certidumbre en las tareas del Estado, sin que ello constituya la posibilidad de poner en entredicho las solemnidades que establece la ley, como la referente a la toma de protesta, con la cual un servidor público perfecciona sólo el último de los requisitos que le impone la ley para ostentar su cargo en términos de la Constitución, pero que no le impide cumplir con sus responsabilidades desde el momento en que asume el cargo.

MOMENTO CRÍTICO

Al mediodía de ayer, Alejandro Murat ofreció una conferencia de prensa que muchos supusieron que era para anunciar la conformación de su gabinete de gobierno. No fue así. En concreto, Murat reconoció el estado crítico en el que recibe la entidad, anunció que no habrá ningún tipo de celebración por el inicio de su gestión, y llamó al diálogo inmediato a la Sección 22 del SNTE. Y fue particularmente enfático al señalar que trabajará desde el primer minuto de su gobierno a favor de las comunidades y familias oaxaqueñas.

¿Qué significa esto? Que por un lado Murat asume la complejidad del problema de gobernabilidad que priva en la entidad, y que por eso su primer anuncio no tuvo como objetivo el reparto de cargos, sino el reconocimiento de sus responsabilidades y del momento tan álgido que vive la entidad. Por esa razón atajó lo relativo a los festejos y arrancó llamando a la Sección 22 al diálogo para tratar de hallar salidas a la protesta que desde ayer realizan en inmediaciones del Recinto Legislativo, para tratar de impedir la toma de protesta.

En ese marco, vale considerar que el Congreso establezca una sede alterna para la toma de protesta del Gobernador, que debe ocurrir ante la Legislatura —es decir, ante los diputados— pero no necesariamente en su recinto ordinario. La ley contempla tal posibilidad, y la circunstancia podría apuntar a que se llegase a tomar una decisión de esa naturaleza. Ello, de ocurrir, no haría más que recalcar la vocación intolerante del sindicato magisterial, que estaría cuestionando al nuevo Mandatario, incluso sin haber antes dialogado con él para hallar respuesta o encauce a su pliego de demandas.

Finalmente, esto es consecuencia del escenario heredado por el gobierno de Gabino Cué Monteagudo. Ante la circunstancia, serán muy relevantes las primeras responsabilidades que delegue el gobernador Murat Hinojosa para tareas como la gobernabilidad y la seguridad. Serán ellos quienes este día tengan su primera prueba importante de eficacia y capacidad de interlocución. Quizá mañana, 2 de diciembre, pueda llegar el sosiego para analizar con detalle los nombres, perfiles y antecedentes de las personas en las que hayan recaído esos primeros cargos. Pero su labor de este día, será básicamente la de lograr que no sea una jornada trágica ni de sobresaltos, sino que se cumpla con lo anunciado por el Gobernador el día previo. 

ACELERADOS

Lo dijimos reiteradamente en este espacio, y este día lo ratificamos: las famosas “listas” de posibles integrantes del gabinete no sólo eran perniciosas, sino también equivocadas. Todavía anoche la mayoría de los prospectos para integrar el equipo de trabajo del gobernador Murat Hinojosa, seguían en la incertidumbre sobre qué decisión final se tomaría sobre el gabinete. Eso sólo no lo vieron quienes quisieron engañar, y engañarse, con las listas que periódicamente circularon en los últimos cinco meses.

@ortizromeroc

+ ¿El Estado está reconociendo las deudas educativa y de salud?

Es tan complejo el entramado legal y financiero de la deuda de una entidad federativa, y tan pobre y poca la voluntad del gobierno por explicar y reconocer los montos y las causas por las que en realidad enfrenta deudas, que conocer con exactitud la deuda estatal de Oaxaca es casi imposible. No sólo eso: el vacío de información ha abierto un enorme espacio de especulaciones sobre el monto real de los pasivos financieros de la entidad, que lo mismo pueden ser ciertos, que haber sido resultado de la imaginación o la intención de quienes los hicieron circular. El problema más complejo es que a estas alturas, nadie cree lo que el gobierno dice y eso profundiza la incertidumbre sobre la situación financiera de la entidad.

En efecto, en reiteradas ocasiones el gobernador Gabino Cué ha señalado que su administración dejará una deuda de alrededor de 14 mil millones de pesos, y que deja unos dos mil 500 millones más en el pago pendiente a proveedores del gobierno estatal a los que él ya no alcanzó a pagar. Ayer, sin embargo, el aún gobernador Electo, Alejandro Murat Hinojosa señalaba que el monto que recibirá de deuda no es de 14 sino de 16 mil millones de pesos, además de los dos mil 500 millones de pagos pendientes a proveedores. En todo este tiempo, el gobierno de Cué se ha resistido a clarificarle a la ciudadanía por qué sí enfrenta una deuda por el monto que asegura, y eso abre espacios para engañar no sólo a los oaxaqueños, sino para ofrecerle lo mismo la realidad que medias verdades al nuevo gobierno de la entidad.

En ese sentido, es evidente que el problema de fondo no radica sólo en el monto exacto de la deuda, sino en la credibilidad de la palabra del Gobernador saliente. Pues resulta que durante mucho tiempo ofreció a los oaxaqueños explicaciones y promesas que no resultaron. Básicamente ocurrió lo mismo con todos los sectores con los que tiene adeudos (a los que asimismo prometía pagos que no llegaban); y la opacidad fue el único común denominador en todo lo relativo a la justificación del crecimiento exponencial de la deuda estatal, a pesar de no haber realizado grandes obras ni haber enfrentado contingencias naturales como en otros tiempos. Incluso, el gobierno ni siquiera se responsabilizó por el desastre social y económico provocado por la crisis magisterial, como para tratar de justificar que en la reconstrucción invirtió los recursos que hoy se cuentan como pasivos financieros.

Esa combinación de opacidad y resistencia a la información, es lo que ha generado el enorme vacío en el que ya nadie sabe quién dice la verdad, cuál es el monto real de la deuda, qué conceptos son los que tienen pasivos, y cuál es el tratamiento posible para el pago de la misma. Gracias a ese vacío, han corrido versiones que —por la misma incertidumbre— ya no se sabe qué tanto nivel de verdad puedan tener.

VERSIONES

Hace algunas semanas corrió una versión que decía que la deuda de Oaxaca no era de 14 mil, sino superior a los 45 mil millones de pesos. Es imposible constatar la veracidad de la información —porque no se ofrecen pruebas—; pero el vacío y el silencio informativo provocado por el gobierno, pone en entredicho la información, básicamente con las mismas posibilidades de ser real que falsa.

¿Qué dice la nota? Que las finanzas públicas de Oaxaca soportan una deuda superior a los 45 mil millones de pesos, producto de la acumulación de compromisos financieros de los gobiernos de Ulises Ruiz Ortiz y Gabino Cué. A pesar de ello, las condiciones de pobreza, marginación e inmovilidad económica son todavía más graves de las que prevalecían a principios de la década pasada.

Hoy —continúa la información, disponible en http://bit.ly/2fOnDL2—, Gabino Cué y su Secretario de Finanzas, Enrique Arnaud Viñas han reconocido que la deuda de su administración asciende a los 16 mil millones de pesos, sólo en pasivos directos y deuda contratada, según han asegurado dentro de un mar de cuestionamientos, para la realización de obra pública.

Dicha deuda, acumulada a la dejada por Ulises Ruiz, hacen un subtotal de más de 28 mil millones de pesos, a los que deben añadirse los nueve mil que siguen existiendo como pasivo del sector educativo y que involucran directamente al IEEPO por los sobresueldos  y privilegios salariales que siguen teniendo los trabajadores agremiados en la Sección 22 de la CNTE, los cuales no son pagados por la federación sino que se siguen cargando a la deuda educativa estatal.

Además de esos 37 mil millones, el gobierno de Gabino Cué ha evitado reconocer que existen otros seis mil millones más, por concepto de pasivo de los Servicios de Salud de Oaxaca, que está a punto de colapsar por la falta de insumos y materiales de curación y cirugía básicos en clínicas, centros de salud y hospitales dependientes de dicho sistema.

Y un último elemento a agregar es la deuda a corto plazo por 2 mil 500 millones de pesos que se le debe a los proveedores y contratistas del gobierno. Por eso en realidad la deuda estatal rebasa los 45 mil millones de pesos, que el gobierno de Gabino Cué se niega a reconocer, y que también contempla la protección a los abundantes actos de corrupción tanto de sus funcionarios, como los cometidos durante el periodo de Ulises Ruiz que nunca fueron investigados y sancionados como debiera corresponder de acuerdo a la ley.

INCERTIDUMBRE

¿Cómo saber si esa información tiene fundamentos? Ante tanto dispendio e irresponsabilidad, ¿cómo no pensar que algo hay de cierto? ¿Le habrán dicho toda la verdad al Mandatario entrante? Pronto lo sabremos.

+ Medir fuerzas entre organizaciones, muestra de primitivismo, no de poder político

Desde la mañana de ayer lunes, la sede del Congreso del Estado en San Raymundo Jalpan, amaneció resguardada por elementos de la Policía Estatal, pero también por transportistas agremiados a la CTM, que pretenden garantizar la toma de protesta del nuevo Gobernador, el próximo 1 de diciembre. ¿De verdad es buena señal, para el Estado de Derecho, que el recinto legislativo sea hoy custodiado no sólo por la fuerza pública, sino también por grupos de presión que buscan evitar la acción de otros grupos similares?

En efecto, uno de los principios básicos de la división de poderes, establece que tanto el Legislativo, el Ejecutivo, y el Judicial, se encuentran en un plano constitucional de igualdad, y que por ende están obligados a respetar los límites que les impone la propia Constitución. Dentro de esos límites se encuentra uno, natural, que es el relacionado con el respeto y la inviolabilidad de sus respectivas sedes.

En ese sentido, la propia Constitución sobreentiende el hecho —y por eso no lo establece de manera expresa en la ley— de que el Ejecutivo goza de plenas facultades para proteger su sede, habida cuenta que es quien tiene al mando el conjunto de la fuerza pública estatal, en la misma proporción de la obligación que tiene de mantener la paz pública, el orden y la gobernabilidad a partir de sus mismas funciones ejecutivas. No es tal el caso del Poder Legislativo, sobre el cual sí existen disposiciones para normar su resguardo, custodia e inviolabilidad.

En ese sentido, no es la Constitución sino la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Oaxaca, la que señala en su artículo 15 que “el Recinto del Congreso es inviolable, toda fuerza pública tiene impedido el acceso al mismo, salvo con el correspondiente permiso del Presidente del Congreso o de la Diputación Permanente en su caso, bajo cuyo mando quedarán dichas fuerzas.”

A nivel federal, una disposición similar se encuentra en la Constitución. Sin embargo, en el ámbito estatal eso se encuentra en la ley secundaria, aunque básicamente resulta para los diputados la misma obligación de protección del recinto legislativo  —es decir, del predio que alberga el Congreso—, y para los demás poderes de abstenerse de realizar alguna de las conductas prohibidas sino es con la anuencia del Presidente del Congreso.

Esto resulta relevante porque, con base en dicha disposición, en la comunicación entre poderes sí existe un mecanismo de concertación sobre la seguridad y el resguardo del Poder Legislativo. Éste, de forma ordinaria, cuenta con una guardia que no depende de ninguna corporación policiaca, sino que es un cuerpo de seguridad integrado por el Legislativo para el resguardo de su recinto. Políticamente, además, eso es considerado como una forma de salvaguarda de la soberanía y la independencia del Poder Legislativo frente al Ejecutivo.

De ahí que sólo en ocasiones muy particulares —como la entrega del Informe de Gobierno (cuando sí asiste el Titular del Poder Ejecutivo), o frente a acontecimientos como la toma de protesta de un nuevo Mandatario, o cuando se llegase a registrar un riesgo grave— el Ejecutivo solicite al Legislativo su anuencia para tomar el control de la seguridad del perímetro y del interior del inmueble. Es un protocolo sencillo, pero simbólico, en el que el Ejecutivo solicita por escrito al Presidente de la Mesa Directiva el resguardo temporal del inmueble, y una vez concedido, sus respectivos delegados dan cumplimiento a la disposición.

MEDICIÓN DE FUERZAS

En este caso, la circunstancia política se explica sola: el fin de semana, la Sección 22 del SNTE dispuso que realizaría dos días de protesta previo a la toma de posesión del nuevo gobierno, y anunció también que boicotearía el acto formal de protesta de Alejandro Murat como nuevo Titular del Poder Ejecutivo, a realizarse el próximo jueves en la sede del Congreso del Estado.

Ante ello, transportistas de la Confederación de Trabajadores de México —cabeza de playa del sector obrero del Partido Revolucionario Institucional— anunciaron que acordonarían la sede del Legislativo para garantizar la realización del acto de toma de protesta. Éstos lo cumplieron puntualmente desde las primeras horas de ayer lunes, cuando establecieron un primer perímetro de seguridad, paralelo al instalado legalmente por la Policía Estatal, que ya tomó la seguridad del recinto legislativo mientras se llevan a cabo los actos preparatorios para el próximo 1 de diciembre.

¿Es este acordonamiento fáctico algo aceptable? Parece claro que no, a partir de la necesidad que tiene ya no nada más el gobierno saliente, sino también el entrante, de demostrar capacidad de interlocución con las organizaciones sociales para evitar este tipo de actos.

Incluso, en la circunstancia actual, la nueva administración se ve aún más obligada a encauzar este problema por la vía civilizada y adecuada, antes que hacer demostraciones indecorosas de fuerza que sólo revelan la incapacidad real de concertación de quien tendría que haber tomado ya las tareas relacionadas con la gobernabilidad, independientemente de que su cargo formal inicie el 1 de diciembre.

RIESGO PARA OAXACA

Además, este acto de presión de la CTM deben considerarlo seriamente por sus efectos a mediano plazo. ¿O los oaxaqueños tendremos que vivir a merced de los caprichos, de las prebendas, y del pago de favores a esa organización, sólo porque por la fuerza garantizó lo que el inminente Secretario General de Gobierno —¿Alejandro Avilés? ¿Celestino Alonso?— no pudo hacer por la vía del diálogo? No es, por donde se le vea, una buena señal ni un buen inicio para quien reciba la encomienda de la política interior del Estado para los años siguientes.

+ Es necesario normar y transparentar alianzas y los procesos que ocurren

Estamos a escasas horas de la transmisión de poderes en Oaxaca, y la única constante es la incertidumbre. Parece que eso es parte de la cultura política, que indica que el gobierno saliente hace y entrega lo que quiere, y que el entrante debe alimentar mientras la incertidumbre sobre los grupos a su interior. Esta situación no genera ningún beneficio y sí alimenta el caos que hemos visto en las últimas semanas, y que se agudizará conforme avance la semana. Es necesario repensar con seriedad esto que estamos viendo, para regular y transparentar todo esto, que es opacidad pura.

En efecto, estamos a tres días del cambio de Titular en el Poder Ejecutivo, y los oaxaqueños seguimos esperando que, por ejemplo, se norme la relación de alianza entre los partidos Revolucionario Institucional y Morena, en el Congreso del Estado; seguimos también esperando algún pronunciamiento concreto sobre el proceso de entrega-recepción, ya no sólo en lo documental y administrativo, sino también en el rubro de la gobernabilidad, la seguridad y otros temas estratégicos; y, por si fuera poco, los oaxaqueños estamos en medio de un clima de incertidumbre total por la ausencia de gobierno en los últimos días. Ninguno de estos es tema menor, y por eso es necesario hacer algunos apuntes sobre ellos.

Primero, Oaxaca necesita que, por primera vez, se norme la relación y los compromisos de corresponsabilidad en la conformación de la alianza fáctica entre el PRI y Morena, en el Congreso del Estado. Hasta el momento, las coordinaciones parlamentarias de ambos partidos han negado la existencia de una alianza, aunque los hechos revelan la existencia de un acuerdo político que, por una cuestión de pulcritud elemental —si es que se desea demostrar voluntad de un ejercicio político distinto al de Gabino Cué y su coalición—, debía abrirse al escrutinio ciudadano y, sobre todo, establecer una agenda de trabajo en la que existan no sólo coincidencias para gobernar, sino también compromisos por cumplir y responsabilidades por las cuales responder ante los ciudadanos.

En ese sentido, María de las Nieves García Fernández e Irineo Molina, tienen el deber de clarificar el sentido de su alianza. De hecho, no debieran existir cuestionamientos por definición a una alianza entre esos, o cualquier otro partido, pero lo que sí debe haber es un programa conjunto en el que se defina para qué se alían, qué compromisos asumen, y qué agenda pretenderían impulsar de forma conjunta.

Hasta ahora, lo que hemos visto es que esa alianza ha dado algunos resultados —como Molina presidiendo la Junta de Coordinación Política, a cambio de servirle al PRI como flotador de concertación parlamentaria— pero sin dejar en claro para qué más se están aliando. Por eso, hasta ahora dichos acuerdos sólo han sido vistos como una alianza “a la antigüita” —es decir, opaca, discrecional, pragmática y sin ningún tipo de contenido de agenda—; pero lo saludable para una democracia que se supone que se está transformando —para bien—, debiera ser que ese acuerdo se concretara de cara a los ciudadanos, se formalizara y se le diera un contenido de certidumbre para saber qué están haciendo y decidiendo con la representación popular que los oaxaqueños les delegamos.

ENTREGA-RECEPCIÓN Y VACÍO DE GOBIERNO

Otros dos temas que son concomitantes al cambio de gobierno, es el relativo al proceso de entrega-recepción, que sigue sin abrirse al escrutinio ciudadano; y otro, que es aún más relevante, que tiene que ver con el largo proceso de descomposición que hemos visto en las últimas semanas, en gran medida alimentado por la ansiedad de los grupos en poder de Oaxaca ante las indefiniciones del gobierno saliente y el silencio del gobierno entrante, pero también determinado por esta percepción —al menos constante en las últimas semanas— de que hay un vacío de gobierno en todas las áreas. Este no es un tema menor, y debiera preocupar a las dos administraciones porque todo un estado no puede quedar al garete mientras se definen los entresijos políticos del cambio de la administración gubernamental.

¿De qué hablamos? De que, por un lado, existe la idea de que el proceso de entrega-recepción sigue siendo tan discrecional como en el pasado. Sigue sin haber disposición de las dos administraciones —saliente y entrante— por dar a conocer a la ciudadanía se está entregando y recibiendo. El tema cobra relevancia cuando se asume que no se están transmitiendo bienes y deberes particulares, sino asuntos y bienes públicos, que por ese solo hecho trascienden al interés de toda la ciudadanía. No obstante, lo único que reina es el silencio.

Al lado de ello está el otro tema: hoy la gobernabilidad sufre fuertes presiones, en gran medida porque el gobierno saliente —todo— está preocupado por cerrar la administración y ya no por atender los asuntos relevantes; en el otro extremo, pareciera que también los grupos al interior del gobierno entrante están estresando la gobernabilidad como una forma de presionar los nombramientos y las decisiones relevantes hacia un extremo en específico. El problema es que en medio de ese vacío estamos los ciudadanos que sólo padecemos los efectos de esas presiones, sin que existan la posibilidad de que alguien pueda incidir directamente sobre ellas.

NOMBRAMIENTOS

Por eso, lejos de las perniciosas especulaciones sobre la integración del gabinete, no debiera ser descabellado pedir que los gobiernos —saliente y entrante— nombraran con anticipación, a los encargados —definitivos o provisionales, pero sí con responsabilidad— de los temas prioritarios, como la gobernabilidad, la seguridad y algunos otros, que no esperan ni dan tregua, por las vicisitudes del cambio de gobierno.