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¿Por qué sorprende que la tecnocracia regrese al PRI?

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+ EPN no es político tradicional, ni tecnócrata. ¿Entonces?


Es común que las nuevas generaciones no sepan bien qué es un tecnócrata, por la sencilla razón de que no tienen como punto de referencia, qué había antes de la tecnocracia en los gobiernos mexicanos. Esta cuestión toma relevancia ante el anuncio de la llegada de Enrique Ochoa Reza a la dirigencia nacional del PRI. ¿De verdad es importante —o riesgoso— que un tecnócrata asuma ese cargo que, para la idea de muchos, debe estar en manos de un político?

En efecto, el 20 de junio Manlio Fabio Beltrones presentó su renuncia a la dirigencia nacional del PRI, luego de los escandalosos resultados globales para ese partido, en los comicios del 5 de junio. Interinamente, asumió la presidencia, la hasta entonces secretaria General, Carolina Monroy del Mazo, pero rápidamente atajó las especulaciones sobre su posible permanencia en la presidencia del partido.

Fue hasta finales de la semana pasada que la CTM anunció —vía la “cargada priista” que se creía extinta de la praxis política— su apoyo al director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa Reza, como posible candidato de unidad para la presidencia nacional del PRI. Esto generó muchas suspicacias, básicamente por dos razones: la primera, que Ochoa carece de experiencia y trabajo político en el PRI; y segunda, que es visto como un “tecnócrata” hasta por integrantes de su mismo partido. ¿De verdad la tecnocracia puede ser vista como algo tan nocivo para un partido, para un gobierno, o para el país?

Realmente lo que tendríamos que hacer es, de entrada, un ejercicio de retrospectiva para distinguir cuál es la diferencia entre un político y un tecnócrata. Pues, de hecho, en México hubo una larga tradición de Presidentes preparados en universidades mexicanas —la UNAM, básicamente—, y formados política y administrativamente, en el PRI y en el gobierno federal.

Esa historia se remonta a los gobernantes emanados del PRI desde que se estableció la era de los civiles en la Presidencia (el general Manuel Ávila Camacho fue el último militar en ser titular del Ejecutivo federal en México) y que habría terminado en el gobierno del presidente Miguel de la Madrid, al establecer los primeros puentes con la globalización, e incorporar al gobierno a una nueva clase instruida en el extranjero y alejada de la praxis y el trabajo político en el PRI, como base para la ascensión al poder presidencial.

De hecho, Carlos Salinas de Gortari ha sido el símbolo de la tecnocracia en México, y Ernesto Zedillo Ponce de León su constatación más acabada. Ambos se formaron en universidades de Estados Unidos (Harvard y Yale, respectivamente) y regresaron a México pensando como estadounidenses, y poniendo en práctica los conocimientos y las bases políticas aprendidas en su formación académica.

Ambos —cada uno en su circunstancia— desplazaron a los políticos de la vieja guardia, e instauraron esa nueva era en la que se le pretendió aplicar base técnica al ejercicio político. De ahí que tecnocracia tenga como traducción simple “el gobierno de los técnicos”.

¿POLÍTICO O TECNÓCRATA?

Los políticos puros —esos que son muy eficaces para la operación política, pero que no tienen ningún respaldo ni preparación académica— reprocharon largamente a la tecnocracia, haber desmantelado al PRI. Para todos los presidentes, hasta antes de Salinas de Gortari, la dirigencia nacional del tricolor era vista no sólo como una dependencia gubernamental más, sino como un símbolo del orgullo de una ideología política llevada al poder.

De ahí que había una especie de sacralización, que se rompió cuando Salinas llegó a la presidencia y, dentro de sus decisiones más básicas, estuvo la de comenzar a menguar al partido en la importancia moral y política que había tenido hasta entonces para los presidentes y para los militantes de ese partido.

Salinas y Zedillo nunca aplicaron de lleno la tecnocracia al PRI, sino que más bien, como tecnócratas, desdeñaron al partido como fuente relevante del acceso al poder presidencial, privilegiando otros aspectos sobre la militancia partidista para los cargos públicos, para la integración de los círculos del poder, e incluso para la toma de decisiones sucesorias. De hecho, salvo Luis Donaldo Colosio, no hubo otro personaje al que se le pudiera catalogar como “tecnócrata” al frente del PRI, desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, hasta la actualidad.

Por esa razón, llama mucho la atención que, de entrada, a Ochoa Reza se le califique como tecnócrata, y se le critique por eso en su arribo al CEN del PRI. Para sustentar esa crítica, habría que preguntarse si el propio presidente Enrique Peña Nieto tiene la calidad de “político” o de “tecnócrata”. En un breve repaso por sus antecedentes, podremos ver que no tiene ni una calidad, ni la otra.

VAIVÉNES

De hecho, el Presidente es el ejemplo de un burócrata de un gobierno local venido a más, e integrante de una élite regional encumbrada por las circunstancias que, sin embargo, no puede presumir la calidad de tecnócrata —no tiene ninguna ascendencia en círculos académicos, o estudios o labor en el extranjero dentro de la “tecnocracia”, como para ser considerado como tal—, y mucho menos de las de un personaje —y ni siquiera su grupo— formado en la puritana tradición priista. Con Beltrones, el Presidente optó por el prototipo del político de larga trayectoria; con Ochoa el PRI está virando, por primera vez en décadas, hacia un tecnócrata que, para variar, se encuentra con la circunstancia de que difícilmente podría obtener resultados más devastadores, que con los que está recibiendo a su partido.

Nochixtlán: las disculpas sólo pueden llegar cuando se sepa la verdad

Campa

+ Para llegar a la verdad debe haber investigaciones ordinarias y serias


La práctica de que el Estado se disculpe, a través de sus funcionarios, por la comisión de algún delito en contra de los derechos humanos, se ha venido reiterando a partir de la conciencia de que las violaciones a derechos humanos agreden a toda la especie humana, y que el reconocimiento de la responsabilidad, y las disculpas, son una parte determinante del resarcimiento al que tienen derecho todos aquellos que fueron víctimas de una transgresión de ese tipo. En ese marco, ¿debía disculparse el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, a nombre del Estado mexicano, ayer que se encontró con los afectados de Nochixtlán?

En efecto, esta resulta ser una pregunta muy actual a la luz de varios sucesos relacionados con el enfrentamiento de Nochixtlán, y las consecuencias arrojadas por un acontecimiento como ese. Pues resulta que subidos en la posición que les dio el resultado del conflicto, los deudos y los afectados por el enfrentamiento de Nochixtlán, anticiparon le pedirían al Subsecretario federal que, como punto de partida para cualquier tipo de diálogo, les ofreciera una disculpa pública a nombre del gobierno federal por los muertos y heridos ocasionados por la refriega del domingo 19 de junio en la súper carretera Oaxaca-Cuacnopalan.

En ese mismo contexto, se anunció que la Procuraduría General de la República había ejercido su facultad de atracción de los legajos de investigación que abrió la Fiscalía General del Estado en Oaxaca, para llevar a cabo los peritajes e indagatorias relacionadas con ese enfrentamiento.

El Ministerio Público de Oaxaca inició investigaciones sobre las causas y móviles de los decesos ocurridos en el enfrentamiento, y por las lesiones que sufrió más de un centenar de personas. Paralelamente a ello, la PGR inició sus propias averiguaciones previas por los delitos federales cometidos —entre ellos, por el de uso de armas de fuego y explosivos. De esta forma, la PGR concluyó que como eran investigaciones relacionadas, atraía la investigación para deslindar responsabilidades y saber exactamente qué ocurrió el domingo 19 en Nochixtlán.

Este anuncio, particularmente, fue importante porque desde el mismo día del enfrentamiento, la Fiscalía estatal denunció que tanto pobladores de Nochixtlán, como profesores de la Sección 22, habían obstaculizado el inicio de las investigaciones, y el acceso a objetos, escenarios y datos probatorios que permitieran deslindar responsabilidades sobre lo ocurrido.

De hecho, varios días después del enfrentamiento, el Ministerio Público estatal anunció que tenía los primeros elementos relacionados con la investigación. Pero ésta irremediablemente tendrá que llegar al punto de deslindar exactamente quiénes dispararon, quiénes le provocaron las lesiones a todos los heridos —incluyendo a varios policías heridos de bala, independientemente de los afectados por piedras, golpes o explosiones de cohetes—; y quiénes deben responder ante la justicia por esos actos.

¿OFRECER DISCULPAS?

El Estado mexicano sólo ha hecho públicas sus disculpas frente a delitos de orden internacional relacionados con derechos humanos, cometidos por agentes del Estado, y con base en sentencias dictadas por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso Radilla Pacheco es, en ese sentido, parte aguas en cómo el Estado mexicano se vio obligado a asumir esa conducta como parte de la concepción de la reparación del daño que han construido los tribunales internacionales, contemplando no sólo el resarcimiento económico, sino también el moral, como resulta ser una disculpa pública.

Incluso, fuera de esos casos contenciosos —contadísimos—, la única ocasión en la que un servidor público federal voluntariamente ha ofrecido una disculpa pública, a nombre del Estado, por una conducta de ese tipo, fue hace unos meses cuando el General Secretario de la Defensa Nacional, reconoció la responsabilidad de integrantes del Ejército mexicano en la tortura a una mujer en Guerrero, y ofreció disculpas a la sociedad mexicana por tal conducta, y ofreció investigaciones a fondo y castigos contundentes.

Considerando todo eso, ¿el subsecretario Campa debía ofrecer una disculpa por los hechos de Nochixtlán? Muy seguramente sí, pero no en este momento. No, porque no se han concluido las investigaciones. No, porque aún no hay certeza jurídica sobre qué ocurrió exactamente en Nochixtlán en aquel enfrentamiento. No, además, porque así como se debe saber quién disparó las armas que hirieron y mataron a varios manifestantes en aquel bloqueo carretero, también se debe saber quién disparó las armas que hirieron a una decena de elementos estatales y federales, y quién ocasionó las lesiones a todos los descalabrados.

En el fondo, es necesario entender que tanto los policías como los manifestantes son personas, con los mismos derechos e imperativos, y que el punto de partida para que el Estado se disculpe, es que se conozca toda la verdad sobre esos hechos, y que también quien deba enfrentar responsabilidad penales —policías o civiles— sean presentados en las mismas circunstancias ante las autoridades jurisdiccionales competentes.

PATRAÑAS

Se debe desterrar el propagandismo que habla de conformar una comisión de la verdad —oooootra— para conocer qué pasó en Nochixtlán. Deben ser las autoridades regulares las encargadas de la investigación, pero sí bajo una estricta y equilibrada supervisión ciudadana. En el fondo, las comisiones de la verdad a modo, son tan nocivas como los tribunales de esas características. Y en Oaxaca ya hemos tenido demasiado de eso como para seguir insistiendo en esas patrañas.

La crisis magisterial tiene como fondo la ilegitimidad de la representación

Reforma

+ Ley educativa es legal, pero ilegítima; CNTE padece mismo cuestionamiento


Es increíble cómo la discusión pública alrededor del conflicto magisterial de Oaxaca, y del sureste del país, difícilmente logra pasar de la controversia sobre si la reforma educativa es en realidad una transformación administrativa o laboral, o sobre la representación que puede tener la Sección 22, o la CNTE, del pueblo de Oaxaca, o del sentir de la mayoría de la población en la región donde ocurre el conflicto social. No alcanzamos a ver que en realidad lo que existe es un enorme problema de legitimidad, porque ni los mexicanos nos sentimos legítimamente representados por quienes aprobaron la reforma educativa, como tampoco por quienes dicen luchar por nosotros desde la Coordinadora.

En efecto, hasta ahora uno de los puntos del análisis versa sobre si la reforma educativa es en realidad educativa, o si es en realidad una reforma laboral o de tipo administrativa de los trabajadores de la educación. Otra vertiente del análisis gira alrededor de si el Estado comete o no represión cuando intenta actuar en situaciones como las que se viven en Oaxaca y Chiapas. Y una más, incluso, pretende dilucidar qué tan legítima es la lucha emprendida por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y por qué ésta sí representa al grueso de la población.

Vale decir, en el primero de los casos, que indudablemente esta reforma emprendida por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es de administrativa y laboral para los trabajadores de la educación en el país. Lamentablemente, en este rubro México vive hoy la misma tragedia que al haber hecho otras reformas imprescindibles para la estabilidad nacional, hasta que la situación era insostenible.

Por ejemplo, en las décadas previas reformó la legislación relacionada con la seguridad social. Primero hizo una reforma a la ley del Seguro Social, y hace pocos años hizo una modificación similar al régimen de quienes cotizan al ISSSTE. ¿Qué les faltó? Reformar la situación de los propios trabajadores de esas instituciones, cuestión que hicieron hasta que las situaciones financieras del IMSS y el ISSSTE estaban colapsadas. ¿Por qué? Por la intención de los gobiernos de evitar lo más posible el pago del costo político que esas reformas traerían aparejado.

Con la reforma educativa parece haber ocurrido al revés. Aquí el gobierno se centró en reformar la situación laboral de los trabajadores de la educación como aparente punto de partida de la reforma educativa. Ésta primera reforma se llevó a cabo bajo la estratagema de ser una reforma educativa.

No lo era, porque en realidad no se ha planteado la refundación del sistema educativo, o al menos de las bases teóricas a partir de las cuales se imparte la educación pública en el país. De hecho, al parecer el gobierno federal tuvo la idea de que reformando el régimen laboral y administrativo de los maestros, el sistema educativo cambiaría. Por eso ofreció esta reforma como educativa cuando en realidad tiene otras intenciones.

¿Por qué nunca reconoció abiertamente que era una reforma laboral —tampoco es algo tan grave, frente al hecho de que en los últimos 20 años el Estado reformó el régimen de casi todos los sectores productivos del país, públicos y privados— para así evitar que la oposición se centrara en si ésta era una reforma educativa, o laboral de los trabajadores de la educación? Parece que tampoco lo tuvieron lo suficientemente claro, y al esconderlo o confundirlo, le regalaron a los opositores uno de sus argumentos centrales en contra de esta reforma.

EL PROBLEMA ES DE LEGITIMIDAD

¿Qué tendría de distinto si esta reforma se hubiera presentado como laboral, y no como educativa? Que, básicamente, todos estaríamos claros de qué se está discutiendo. Pues en realidad, mientras el gobierno federal defiende la reforma educativa, los inconformes repudian una reforma laboral. Lo cierto es que ninguna de las dos debiera ser vista como algo negativo, o ilegítimo, si quienes argumentan sobre ella tuvieran el respaldo social suficiente para ser la voz de sectores sociales amplios.

Ahí hay una base hasta ahora inexplorada: en realidad, en las condiciones actuales habría la misma oposición, independientemente de cómo se hubiese presentado la reforma a los artículos 3 y 73 constitucionales. Esto sólo fuera distinto si en realidad los poderes federales (Legislativo y Ejecutivo) tuvieran el grado de legitimidad del que hoy carecen frente a la sociedad; o si, por el contrario, de verdad la Coordinadora representara el sentir y los intereses de los 4 millones de habitantes que tiene el Estado de Oaxaca, o los casi cinco millones que tiene el estado de Chiapas.

El problema es que tanto el Legislativo —ente soberano que emitió la reforma educativa— como la CNTE —cabeza de playa del grupo que se opone a ella—, tienen graves problemas de legitimidad. Los diputados y senadores, por ejemplo, son de los servidores públicos más rechazados por la sociedad, y son de los que más se desconfía por considerarlos indiferentes a los problemas sociales, o corruptos.

Por su parte, la CNTE se ha encargado de minar la amplia base social que tuvo en otros tiempos, y si bien a sus manifestaciones acuden los sectores que le siguen profesando respaldo, lo cierto es que, juntos la Coordinadora y sus grupos de apoyo, son minoritarios frente a la población que quién sabe si comulga con sus fines, pero sí discrepa profundamente de sus métodos de lucha por ser demasiado abrasivos para la situación y las actividades productivas de miles de personas.

NO NOS CONFUNDAMOS

Por eso, este es un problema de legitimidad, no de si la reforma es educativa o laboral para los trabajadores de la educación.

Clara, advertencia de la guerrilla sobre su presencia en el sureste

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EPR

+ Levantamiento en la región; hay mensajes de inminente actividad


Dos visiones polarizadas intentan analizar y hallar conclusiones sobre las constantes comunicaciones de grupos armados, respecto a la problemática magisterial que prevalece en el corredor del Pacífico Sur del país: unos, los que aseguran que grupos como el EPR son prácticamente lo mismo que la CNTE, y que por eso hay efervescencia frente a las circunstancias; y otros, que niegan tajantemente cualquier relación y desvían la atención frente a situaciones como la toma de control de las acciones de rebeldía por otras organizaciones, y el desplazamiento del magisterio en el liderazgo y la organización de las protestas. El análisis sustantivo, sin embargo, debe considerar otras cuestiones que hasta ahora parecen poco analizadas, y que son tanto o más relevantes que esas dos conclusiones primarias.

En efecto, este fin de semana el Ejército Popular Revolucionario dio a conocer un nuevo comunicado —han emitido cuatro en los últimos 15 días, algo muy inusual en organizaciones de esa naturaleza— en el que respalda las acciones magisteriales, y a la par de hacer advertencias al gobierno federal sobre la decisión del pueblo organizado de no rendirse, llama a ciudadanos y organizaciones a estar alertas para defender su dignidad frente a los embates de la oligarquía gobernante. Evidentemente, más allá de su lenguaje cotidiano, lo que verdaderamente debe llamar la atención de esos comunicados no son las advertencias sino los mensajes que se envían entre las organizaciones que participan —o que simpatizan— con la resistencia magisterial. ¿De qué hablamos?

De que, como lo apuntábamos en entregas anteriores, los grupos armados no actúan con base en los momentos históricos o en las fechas predestinadas, sino que más bien buscan aprovechar las coyunturas. Decíamos en aquella entrega (Al Margen xXXXXXX) que esa dinámica es la que marcó la participación de varias organizaciones armadas en el movimiento magisterial de 2006 en Oaxaca, cuestión que expresamente aceptó el EPR cuando un año después, denunció la detención-desaparición también en Oaxaca, de dos de sus integrantes. 2006 fue para ellos una circunstancia construida y aprovechada. Pero, en contraparte, en 2010 —cuando se pensaba que podía haber algún levantamiento por la llegada del ciclo centenario 1810-1910-2010, que marcaría la historia nacional— ninguna organización armada tuvo una actividad relevante.

Este es un elemento de análisis de gran importancia porque hoy lo que queda claro es que el EPR está llamando expresamente a la combinación de todas las formas de lucha. Esto significa que está impulsando una especie de “acuerdo” tácito de participación para que todas las organizaciones afines (armadas, gremiales, y de lucha social) utilicen sus propios mecanismos para llegar a un mismo fin: en primer término, la derrota del Estado en la implementación de las reformas “burguesas”; y en un plano más de fondo, la instauración de un nuevo régimen bajo los principios que ellos defienden.

Este planteamiento no es menor. Pues nuevamente Oaxaca representa esa posibilidad, y Nochixtlán marcó la definición de la coyuntura en la que varias de esas organizaciones —algunos grupos armados, gremios como el magisterio, organizaciones de lucha social, e incluso un partido político, por las simpatías que le ha profesado a este movimiento— pudieran estar dispuestas a ir tras ese objetivo.

CLAVES DEL LLAMADO

Vale considerar, dentro de todo este contexto, algunos elementos que son importantes. En su último comunicado, por ejemplo, el EPR apunta: “No son tiempos de desmovilización, de doblar banderas por temor a la represión, tampoco de rendiciones indignas ante el manotazo autoritario; la demanda popular de la abrogación de la reforma educativa no es de una minoría obcecada, sino de un pueblo que responde con resistencia y dignidad por la defensa de sus derechos (…) Todos debemos estar alerta y preparados para responder combativamente a la nueva escalada de represión; cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares. La consigna es, que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”.

Esto significa, en términos muy llanos, que el EPR está convocado a esa unidad en torno a los objetivos planteados por la Sección 22 y la Coordinadora. De ahí frases como “cada cual en su respectiva trinchera prepárese para nuevos combates populares” o “que la voluntad de combatir se exprese en la inagotable creatividad de nuestro pueblo en la lucha contra sus opresores”. Con toda claridad, ese llamado es la combinación de formas de lucha. Es decir, que cada quien haga lo que pueda, por los cauces que prefiera, pero que todos juntos intenten llegar a los fines que finalmente les son comunes a todas esas organizaciones.

DEMOSTRAR PRESENCIA

Incluso, otro elemento que es necesario considerar es el relativo a sus comunicaciones. La constancia con la que han aparecido comunicados, desde distintas representaciones del EPR en el sureste del país, parece una forma de demostrar y advertir su presencia para la potencial conformación de un movimiento regional. En 2007, ante la detención-desaparición de sus dos militantes en Oaxaca, a través de comunicados el EPR hizo primero patente su actividad en diversos estados del centro y sureste del país, para luego adjudicarse las explosiones en ductos de Pemex en Guanajuato y Querétaro. Esos dos elementos demostraron su capacidad operativa. ¿Esos llamados actuales pueden considerarse una simple casualidad o una mera actividad retórica?

Suspensión de la evaluación docente: con ese acuerdo, perdimos todos

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OChong

+ ¿A EPN le cumplen maldición de aplicar evaluación sólo con policías?


Este fin de semana, el gobierno federal anunció la suspensión de la evaluación a profesores del sistema educativo oaxaqueño. Esto ocurrió luego de que el viernes el titular de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, estableciera que el tiempo se había agotado, y que de no haber distensión a las protestas magisteriales, actuarían incluso utilizando la fuerza pública para liberar las vías de comunicación. Como si fuera magia, varios de los bloqueos carreteros cesaron, la fuerza federal no llegó a Oaxaca, y bajó el tono de las advertencias. El problema es que de nuevo, negociando, sacrificaron la evaluación y la condenaron a seguirla implementando siempre con resguardo policiaco.

En efecto, el sábado el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) informó que la evaluación docente programada para este fin de semana, se realizará hasta el mes de septiembre. Según una nota de Milenio, el vocero de la dependencia, Jorge Oropeza, dijo que esta evaluación estaba prevista inicialmente para realizarse este sábado pero que desde el mes de mayo, cuando los maestros instalaron el plantón en el centro de Oaxaca, se acordó posponerla hasta septiembre.

Frente a estas afirmaciones, la Sección 22 aclaró que en realidad la suspensión de la evaluación había ocurrido como parte de los acuerdos alcanzados en Gobernación, sobre los cuales no se había dado a conocer nada en los días previos. El Financiero tuvo acceso a fuentes magisteriales, quienes no sólo admitieron que el aplazamiento del examen fue resultado de una de mesa como parte de los acuerdos previos y a solicitud de la Sección 22, sino que también dieron a conocer cuáles habían sido esos cinco acuerdos sobre los que, ni ellos ni Gobernación, habían informado a la ciudadanía, como principio para distender el conflicto.

Estos acuerdos son los siguientes: 1. La salida de las fuerzas federales de Oaxaca 2. Negociación sin la presencia de Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, y Gabino Cué, gobernador de Oaxaca 3. La cancelación del examen del 2 de julio 4. La entrega de cheques de la quincena 11 a quienes retuvieron para notificarles la aplicación del examen 5. La suspensión de los procedimientos de rescisión para los mil 359 maestros que según la SEP acumularon 4 faltas y la reposición de los descuentos

Fuentes magisteriales que dieron esta información a El Financiero, dijeron que la primera petición se cumplió de manera parcial, pues sigue habiendo presencia de la Policía Federal, aunque en menor medida. El segundo punto se ha cumplido pues no han participado Nuño ni Cué, el tercer punto se dio este sábado, con la suspensión del examen, que incluye el de este 2 de julio que es parte de la primera etapa y el del 28 de noviembre, la segunda etapa.

Que, además, será a partir de hoy lunes que se inicie con el cumplimiento del cuarto y quinto acuerdo, que se dará con la liberación de los pagos. En su perspectiva, el diálogo no está cancelado pero en la medida que se dé el cumplimiento de esos cinco puntos, también el magisterio irá dando muestras de distención del conflicto.

¿LA EVALUACIÓN,

SÓLO CON POLICÍAS?

En noviembre del año pasado, el gobierno estatal y federal celebraron la primera fase de la evaluación docente, que se realizó en la sede de la Ciudad Administrativa y fue custodiada por más de diez mil elementos federales. La sección 22 de la CNTE trató de boicotear estos exámenes atacando los autobuses de los cuatro mil 100 aspirantes, de los cuales, sólo dos mil 100 presentaron la prueba.

La aplicación de aquella prueba con blindaje policiaco, y los recientes acuerdos entre la CNTE y Gobernación, confirman dos cosas: que en su visión cortoplacista, al magisterio sólo le importa que no ocurra la evaluación; y que el gobierno federal se está resignando a repetir, indefinidamente, el ejercicio de negociar, suspender y aplicar la evaluación con resguardo policiaco.

En el primero de los rubros, queda claro que la 22 sigue sin entender que su lucha tiene mucho más de fondo que el solo rechazo a la evaluación. Deben ver, por ejemplo, qué futuro tienen como organización, cómo podrán mantener la base social que tuvieron hasta hace poco tiempo gracias al terror disciplinario que aplicaban sobre sus agremiados; deben reconocer que mientras más tiempo pierdan en estas luchas parciales, más espacio pierden en los espacios educativos de decisión, en los que hasta hace poco tiempo eran nada menos que los amos y señores.

En cuanto a la resignación federal a la evaluación, es evidente su fracaso. En noviembre pasado (Al Margen 25.11.2015) apuntamos algo que, por lo que vemos, revela la derrota del Estado. Dijimos: El Estado debe asumir que no puede vivir cuidando con policías los procesos de evaluación de la educación. De hecho, los términos “educación” y “policías” resultan ser excluyentes, y por esa razón debe buscar cuanto antes la forma de dejar que las evaluaciones docentes tengan como contexto el resguardo policiaco y militar.

Si coyunturalmente es necesario utilizar a la fuerza pública, en el corto plazo debe establecer los canales de diálogo necesarios para que ese resguardo militarizado deje de ser necesario, y debe entablar el diálogo suficiente con sus adversarios para que sus respectivas luchas continúen por otras vías. De no hacerlo, entonces se constataría no sólo la sordera del aparato federal, sino también su incapacidad de generar más escenarios que los de la aplicación de la fuerza.

EPÍLOGO

Quizá haya calma ahora. Calma, sí, de aquí a septiembre. Y así, volver a empezar. De locos.

Federación piensa en el uso de la fuerza sin autoevaluarse

PF

+ PF es corresponsable del desastre en que se volvió Oaxaca


A pesar de las buenas intenciones iniciales frente al diálogo con la CNTE, la Secretaría de Gobernación rápidamente está virando el discurso hacia la posibilidad del uso de la fuerza. No es extraño, cuando desde el principio se sabía que cualquier posibilidad de diálogo con el magisterio disidente era tiempo perdido, por la inviabilidad de alcanzar acuerdos que significaran la negociación de la ley. Más bien, lo que resulta alarmante es que el gobierno federal vuelva a pensar en la aplicación de la fuerza pública, a menos de una quincena del desastre —en todos los sentidos— de Nochixtlán que, de nuevo, puso a Oaxaca en la picota de la crisis de gobernabilidad.

En efecto, desde el miércoles la Secretaría de Gobernación envió un primer mensaje en el que, en voz de Miguel Ángel Osorio Chong, vislumbraba que de fracasar el diálogo que están teniendo con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y algunas otras organizaciones que encabezan los bloqueos en la entidad, cabría la posibilidad de los “desbloqueos”. Ayer, el Titular de Gobernación fue más específico al advertir que el diálogo no puede ser prolongado, y amagó con el uso de la fuerza para retirar los bloqueos que impiden el abasto de productos en los estados de Oaxaca y Chiapas.

Si bien tienen que ser escuchadas las exigencias de distintos grupos, dijo Osorio Chong, existe también otra parte que pide libertad para utilizar las vías de tránsito. “Hoy muchos miles de niños no tienen clases y alimentación. Nosotros tenemos un mandato de regresar a la normalidad y estamos abriendo los espacios, no se ha cancelado el diálogo, pero sí lo digo con toda claridad: tenemos que dejar, generar las condiciones, si no se dan éstas por vía del diálogo, entonces tenemos que actuar porque no pueden seguir las cosas, las condiciones, como hasta ahora están”, señaló.

Claramente, los mensajes que está enviando Gobernación son de previsión sobre el inminente uso de la fuerza pública. Ayer mismo, el presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth respaldó la posibilidad planteada por Gobernación, al afirmar que irremediablemente se debe hacer valer el Estado de Derecho cuando no existen las condiciones para lograr una solución por la vía del diálogo. Todo esto ocurre en el contexto de que la Coordinadora planteó como condición indispensable para continuar el proceso de negociación, que el gobierno federal acepte la abrogación —de jure, o de facto— de la reforma educativa, cuestión a la que el propio Titular del Ejecutivo se ha referido en sentido negativo.

De hecho, desde que iniciaron las rondas de diálogo en Gobernación, se preveía que la Coordinadora no cedería en sus exigencias, y que por su parte el gobierno federal tampoco accedería a dar marcha atrás a la reforma educativa, que hasta el momento ha sido el buque insignia de la implementación de las reformas estructurales del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.

Así, si el uso de la fuerza pública es la posibilidad irremediable para el restablecimiento de la libertad de tránsito en Oaxaca y Chiapas, lo primero que tendría que hacer el gobierno federal es reconocer el desastre que resultó el operativo de Nochixtlán no sólo para la fuerza pública federal, sino para la gobernabilidad del sureste del país. Una deficiente acción de fuerza está a punto de incendiar la pradera en el corredor del Pacífico Sur. Por eso, el volver a pensar en operativos debe pasar primero por el tamiz —y las responsabilidades— de Nochixtlán.

POLICÍA FEDERAL, EN ENTREDICHO

Sorpresas puede haber en contingencias, en hechos fortuitos y hasta en acciones espontáneas. En donde las sorpresas no son aceptables es cuando éstas sobrevienen —en apariencia— en actos calculados y planeados. Y una de las premisas fundamentales de toda fuerza de seguridad pública en la contención de disturbios y manifestaciones sociales, es justamente la previsión basada en información, en planeación y en la creación de escenarios.

Nada de eso ocurrió en Nochixltán. A decir del comisionado General de la Policía Federal, Enrique Galindo Ceballos, los 800 elementos estatales y federales que fueron al operativo del domingo 19 de junio, fueron “sorprendidos” por una turba de más de dos mil personas que salieron a defender el bloqueo en el entronque con la autopista Oaxaca-Cuacnopalan. Todo esto lo dijo el Comisionado como preámbulo a la cadena de medias verdades que ha venido ofreciendo sobre el operativo, sobre la presencia de elementos federales armados, sobre la balacera que se desató, y sobre las causas reales de este fracaso.

Todo eso, resulta ser causa sobrada —sobradísima— para que el Comisionado hubiera sido ya separado de su cargo, no como una concesión a las organizaciones que piden castigo a los responsables de las muertes (la renuncia o cese del Comisionado no ha sido parte de las exigencias) de los manifestantes en Nochixtlán, sino como una cuestión básica de responsabilidad por parte de la Secretaría de Gobernación, frente a un operativo que no sólo no logró sus fines, sino que provocó muertes (algo que se supone que no debe ocurrir cuando una policía es profesional en tareas de contención) e impactó directamente en la gobernabilidad, al provocar —por el fracaso del operativo— un efecto bumerang que puso de rodillas a amplios sectores de la población del sureste del país.

DUDA RAZONABLE

Por esas razones, el comisionado Galindo es insostenible. ¿Piensa el gobierno federal en volver a utilizar la fuerza, sin revisar ni reconocer sus fracasos?

Para actuar, los movimientos armados buscan coyunturas, no simbolismos

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EZLN

+ ¿Que si esperaban 2010 para la “revolución”? No: buscan la oportunidad


Una premisa básica para entender la relación que se presume entre el movimiento magisterial oaxaqueño y organizaciones armadas como el Ejército Popular Revolucionario, apunta a que, más allá de las especulaciones, los movimientos armados no tienen planteamientos ni estrategias lineales o previsibles. Más bien, los movimientos armados tienen como base de actuación, la organización de largo aliento, y el aprovechamiento de las coyunturas sociales. Actualmente, Oaxaca es un caldo de cultivo perfecto. Y por esa razón no sería rara su presencia en ellos.

En efecto, existen razones palmarias para hablar de la relación entre organismos de lucha social y movimientos armados. En el caso de Oaxaca, la Sección 22 ha encabezado no sólo la insurgencia y el movimiento magisterial desde principios de los años ochentas, sino que la pluralidad de sus corrientes —que van desde las más moderadas y priistas, hasta las más radicales— los ha llevado a generar sinergias con otras organizaciones que, teniendo fines similares, tienen métodos distintos de lucha. El innegable contacto social de unos y otros con los sectores sociales más marginados, hizo hasta natural dicho contacto. ¿De qué hablamos?

De que, por un lado, luego del periodo conocido como la guerra sucia de los años setentas, las organizaciones armadas —el EPR, entre ellos, aunque no es la única que existe en Oaxaca, y en el país— pasaron de ser movimientos rurales a organizaciones urbanas con presencia y base social en sectores marginales de las principales urbes.

Esos sectores marginales son los mismos a los que llegan los maestros, que en estratos como esos es donde también han tenido una presencia y una ascendencia social muy importante. En el fondo, esa relación magisterio-guerrilla parte de la conciencia y el contacto que cada uno de esos grupos, por su lado, tuvo con factores sociales lacerantes como la pobreza o la marginación de esos grupos de población, y de ahí la legitimidad de sus banderas de lucha.

Eso, en sus propias circunstancias, es lo que explica la existencia de históricos maestros-guerrilleros provenientes de sectores rurales, como Lucio Cabañas, o Genaro Vásquez, pero es también lo que actualmente explica la presencia de movimientos armados en zonas urbanas marginales, que son tanto o más pobres y marginados como históricamente lo fueron las poblaciones rurales del país, en las que germinaron los primeros brotes de insurgencia armada en el país, a partir de Rubén Jaramillo como referente de los movimientos armados posteriores a la Revolución Mexicana.

COMBINACIÓN DE FORMAS

En gran medida, esa relación —y ese trabajo de bases— tanto de los maestros, como de algunas organizaciones armadas, entre los estratos más marginados de la población, explica el respaldo espontáneo (al margen de la guerrilla) en las acciones de resistencia. Hay quien no puede entender por qué la gente sale a respaldar a los maestros cuando éstos ofrecen resistencia a la presencia policiaca, e incluso cuando llevan a cabo acciones de protesta que incluyen perturbaciones como el cierre de calle, los plantones, las marcas o, ahora, los cierres carreteros. Aún con esas molestias, hay gente que va a apoyarlos, que los provee de víveres, y hasta quien sale a resistir con ellos. Esa —sin que sea la única— es una causa razonable de ese apoyo aparentemente espontáneo.

Ahora bien, diversos movimientos armados ha manifestado, desde hace por lo menos una década, que ellos no esperan ni planean sobre los periodos históricos. Esto lo dejaron muy claro cuando en el umbral del 2010 hubo cierta expectativa de que esas organizaciones “despertaran” y organizaran una revuelta armada con las que iniciaron en 1810, y exactamente un siglo después. En aquellos momentos, dejaron en claro que para ellos los periodos históricos eran sólo referenciales, pero que ellos más bien trabajaban en la generación de las condiciones para una insurgencia con capacidad de cumplir sus objetivos políticos y militares.

Eso apunta a las coyunturas, y explica lo que ahora mismo podría estar ocurriendo en Oaxaca. En 2006, por ejemplo, hubo una presencia probada de integrantes de los movimientos armados que, en palabras del propio EPR —en un comunicado de junio de 2007, al que hicimos referencia textual en entregas anteriores—, participaron en la revuelta magisterial en su calidad de luchadores sociales. Esa es la muestra concreta de cómo intentan llevar a los hechos un planteamiento reiterado en sus comunicaciones sobre la necesidad de la combinación de todas las formas de lucha, para la defensa del pueblo.

Ese llamado a la unificación y combinación de luchas, al final, significa que buscan actuar en las coyunturas más que con simbolismos, y que están dispuestos a aprovechar todos los momentos en los que pueda haber condiciones adecuadas para la implementación de sus formas de lucha con las que, paralelamente, tienen organizaciones como el magisterio y sus aliados, y las que al mismo tiempo implementa la comunidad cuando hace patente su “mal humor social” frente a ciertas acciones gubernamentales. Por eso, las condiciones actuales que privan en Oaxaca, hacen posible la existencia de este coyunturas como esta.

DE LUTO

Con profunda pena, el autor de este espacio hace patentes sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento del licenciado Rubén Vasconcelos Beltrán. Oaxaqueño ejemplar, universitario, cronista de la Verde Antequera y, sobre todo, pilar de una familia entrañable en nuestra ciudad. Respetuosamente. Descanse en paz.

S-22 y la CNTE no avanzarán mientras no negocien la reforma

Diálogo

+ Cualquier circunstancia, posibilidad para tumbar ley educativa


En realidad era muy previsible que el encuentro entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y el Titular de la Secretaría de Gobernación, arrojara resultados francamente intrascendentes para la paz y la gobernabilidad de Oaxaca. El único acuerdo concreto logrado en este segundo encuentro, es que el gobierno federal reciba a los familiares de las víctimas —muertos y heridos— del enfrentamiento de Nochixtlán. Por lo demás, los oaxaqueños podemos esperar sentados porque el gobierno federal anunció que la reforma educativa no está a discusión, y la Coordinadora no tiene otro tema en la agenda más que ese.

En efecto, la noche del pasado lunes se llevó a cabo una segunda mesa de trabajo entre representantes de la Coordinadora y el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. El representante de mayor nivel por parte de la CNTE, fue dirigente de la Sección 7 del SNTE en Chiapas, Adelfo Alejandro Gómez. También participaron algunos integrantes de la de la Comisión Nacional de Mediación, que encabeza el sociólogo Miguel Álvarez Gándara. No hubo ningún acuerdo significativo salvo el encuentro que, según se acordó, sostendrán representantes de Gobernación con los familiares de las víctimas civiles del enfrentamiento de Nochixtlán.

Por lo demás, los avances no son mínimos sino nulos, y los oaxaqueños tendremos que asumir con serenidad esta realidad. Desde Canadá, el presidente Enrique Peña Nieto fue enfático en señalar que su administración no negociará ni la reforma educativa, ni la aplicación de cualquier otra norma jurídica, y esa es la razón por la que la mesa de trabajo del lunes no tuvo avances en cuanto a la distensión no del conflicto, sino de los actos de presión que la Coordinadora sigue ejerciendo en Oaxaca en contra de la ciudadanía.

Esta cancelación de facto del diálogo entre Gobernación y el magisterio, fue previsible desde el momento en que, luego del enfrentamiento del domingo 19 en Nochixtlán, la Secretaría de Gobernación legitimó a la Coordinadora como interlocutora por el conflicto magisterial en Oaxaca. Hasta el momento, los grupos magisteriales que han encabezado los encuentros con Gobernación, no han informado si en ese grupo de trabajo de la CNTE se encuentran representantes de la Sección 22 de Oaxaca, o si la Coordinadora está actuando con base en alguna directriz, “mandamiento” o planteamiento hecho por la sección gremial de Oaxaca.

Como nada de eso ha quedado claro, lo que parece es que entonces los muertos, los heridos y la crisis política generada por el desastre de Nochixtlán, es el elemento con el que ahora Gobernación, y la Coordinadora, van a trabar cualquier posibilidad de solución al problema real de los oaxaqueños —los bloqueos, el hostigamiento y un conflicto en manos de organizaciones radicales que ya rebasaron a la Sección 22 en el control de los bloqueos carreteros y las acciones de protesta—, por la voluntad de unos de poner como condición indispensable la negociación de la reforma educativa; y por la decisión de otros de negociar quién sabe qué, cuando saben que su interlocutor actual —legitimado por ellos— no tiene interés por los muertos o por la paz de Oaxaca, sino por conseguir la rendición federal en cuanto a la reforma educativa.

OPORTUNISMO FALLIDO

Desde hace dos años, en su calidad de movimiento social nacional, la Coordinadora ha buscado capitalizar diversos hechos para tratar de aterrizarlos en sus intentos de negociación de la reforma educativa. La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un ejemplo de ello. Pues ante tal acontecimiento, la Coordinadora buscó llevar la protesta legítima de millones de personas por la detención-desaparición de los normalistas en Iguala —y por la grave situación que impera en cuanto a los derechos humanos en México—, a un plano en el que ellos pudieran negociar la reforma educativa con el gobierno federal.

No pudieron hacerlo, porque la naturaleza de los hechos ocurridos en Iguala —crímenes de lesa humanidad— fueron, en todos los sentidos, muy superiores a la demanda de la derogación de la reforma educativa. Por eso, en aquel momento no tuvieron oportunidad de incidir con su interés en las mesas de trabajo con los padres de los normalistas, que finalmente ponderaron sus demandas en temas de derechos humanos, investigación sobre los desaparecidos y exigencias sobre el castigo que deben recibir los responsables de estos hechos.

Paralelamente a ello, la Coordinadora ha buscado respaldo en ese tema a través del Movimiento de Regeneración Nacional, de Andrés Manuel López Obrador. Éste ha manifestado su respaldo total a la lucha magisterial contra la reforma educativa —en Oaxaca incluso prometió que si ganaba su candidato a Gobernador, devolvería el control de la educación a la Sección 22—; y a su vez la CNTE pretende militar activamente en Morena para reposicionar en la agenda nacional la abrogación de la reforma educativa. En ese escenario, es alarmante el error de Gobernación de volver a abrir ese tema como una forma de abordar el problema de Oaxaca.

DIÁLOGO SIN DERROTEROS

No calculan su negociación: ¿Si el gobierno federal concediera a la CNTE la abrogación de la reforma educativa, entonces ésta le “perdonaría” los muertos y los abusos cometidos por la Policía Federal en Nochixtlán? ¿Dónde está la Sección 22 en este proceso de supuesta “pacificación de Oaxaca”? Lo que queda es una gran incógnita, que no hace sino confirmar que este es un diálogo sin derroteros y que, con toda seguridad, Oaxaca sigue perfectamente enfilado hacia un callejón sin salida.

Algunos puntos para comprender la crisis magisterial en Oaxaca

Nochixtlán

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Aunque parezca increíble, en Oaxaca hay muchas personas que desconocen las coordenadas esenciales que determinan el conflicto magisterial que mantiene en estado de sitio a varias regiones del Estado. Informar implica siempre ofrecer esos puntos esenciales que contextualizan una situación. De ahí el interés de ofrecer esta breve radiografía que, en alguna medida, explica lo que hoy ocurre en Oaxaca.

En efecto, resulta erróneo suponer que el conflicto magisterial brotó sólo de la intolerancia gubernamental, o de la sola voracidad o irracionalidad del magisterio oaxaqueño adherido a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Más bien, este conflicto es consecuencia del desinterés y la incapacidad gubernamental por ponderar a la educación pública sobre los cálculos y las conveniencias políticas de coyuntura. El poder político de la Sección 22 del SNTE, surgió y se consolidó al amparo del poder, y el cambio de circunstancia fue lo que generó esta crisis que hoy no tiene ni forma ni fin.

¿Por qué hablar del cambio de circunstancia? Porque el sindicato magisterial oaxaqueño ha sido siempre un factor real de poder en Oaxaca. Pero mientras hubo un poder político necesitado corporativismos aliados, el magisterio fue uno de los gremios alimentados y estimulados desde el poder, igual que muchos otros que fungían como satélites legitimadores del régimen de partido hegemónico.

Fue así como la Sección 22 se hizo del control total de la educación pública en Oaxaca. Esa circunstancia intentó cambiar en 2006, cuando el gobierno de Ulises Ruiz quiso quitarles ese control. Falló no sólo por la errónea acción policiaca emprendida el 14 de junio para desalojar el plantón magisterial del Centro Histórico de la capital de Oaxaca, sino sobre todo, erró al no considerar que durante largos años el magisterio había aquilatado su respaldo social, a partir de la identificación de su lucha gremial con eso que ahora el propio Presidente de la República definiría como el “mal humor social” de algunos sectores de la sociedad mexicana.

Y es que en Oaxaca, como en el país, ese “mal humor social” tiene como base la corrupción, la impunidad y la ineficiencia gubernamental, pero aquí remarcada por la pobreza, por el abandono y por la marginación que padecen a diario miles de comunidades indígenas y rurales a las que nunca llegó la justicia social ni las acciones por las que el Presidente dice que México está avanzando.

Por décadas, el magisterio oaxaqueño ubicó esos rezagos sociales como uno de los fundamentos de su lucha. Por eso, cuando en junio de 2006 el gobierno de Ruiz emprendió una acción de fuerza su contra, amplios sectores sociales salieron a respaldar la lucha magisterial, primero con la resistencia al desalojo policial, y después con amplias muestras de solidaridad que se reflejaron en un prologando conflicto social que rebasó por mucho a las acciones y demandas magisteriales.

En aquella crisis, el gobierno federal optó por cumplir íntegramente el pliego petitorio de la Sección 22. Gobernación, en los tiempos de Carlos Abascal como titular, cedió íntegramente a la demanda de rezonificación salarial de todos los integrantes de la Sección 22, y a mantener sin cambios las estructuras de poder que respaldaban a la Sección 22. Y por eso, una de las decisiones naturales de la Sección 22 fue la de respaldar a Gabino Cué como sucesor de Ruiz.

DIÁLOGO CANCELADO

En ese periodo ocurrió la reforma educativa impulsada por el gobierno federal. Éste ubicó como su adversaria a la profesora Elba Esther Gordillo Morales, sin darse cuenta que en realidad la CNTE —corriente política que aglutina a varias secciones sindicales del magisterio en las regiones centro y sureste del país— sería la principal opositora a la reforma. Esto era previsible, y explicable: junto con la lucha por su democracia interna, las secciones adheridas a la Coordinadora lucharon también por la preservación de sus condiciones laborales y salariales. Y la CNTE, no estaría dispuesta a perder lo que había ganado en más de treinta años de lucha.

Ese era uno de los aspectos medulares de la reforma educativa: eliminar los privilegios no ganados por competencias, y establecer parámetros mínimos a cumplir para conservar el empleo. Ahí se trabó la reforma educativa. Mediante la presión, la Coordinadora intentó vencer al gobierno federal. Llegado el momento, éste cerró la puerta del diálogo e incrementó sus medidas de presión a través de la extinción del IEEPO.

Mayo siempre ha sido complicado para Oaxaca. Y en este 2016 lo fue mucho más: en junio había elección de Gobernador, y la renovación del Congreso local y 153 alcaldías que se rigen bajo el sistema de partidos políticos. La Sección 22 emprendió acciones el 15 de mayo, en la conmemoración del Día del Maestro, que iban encaminadas al paro indefinido de labores. Aurelio Nuño anunció descuentos y despidos, que no arredraron a los grupos afines a la Coordinadora. Y 22 días después —el 12 de junio— el gobierno federal respondió aprehendiendo a los dos dirigentes más importantes de la Sección 22: Rubén Núñez y Francisco Villalobos Ricárdez.

INTOLERANCIA

Así fue como llegó el momento crítico de Nochixtlán. La Policía Federal anunció que rompería los bloqueos. El problema es que en la mixteca se encontró con la “capitalización” del mal humor social, a través de población que espontáneamente salió a resistir, comandada por grupos que sabían exactamente qué hacían. Por eso, este diálogo en Gobernación está marcado no sólo por la violencia sino también por la intolerancia. Eso mismo, dificulta las perspectivas de solución que, desde ayer y desde hace 36 años, han sido añoradas por quienes sólo esperan vivir en paz.